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Reforma a la Constitución

Durante muchos años he dicho que nuestra Constitución sirve tanto como el papel de baño. La razón para ello es porque no está pensada como instrumento republicano de limitación a quien ejerce el poder, sino al contrario, está pensado como un instrumento que establece sueños para ser cumplidos por un aparato estatal en favor de grupos de poder o de interés.

Con esa perspectiva, evidentemente los resultados de su aplicación son los que saltan a la vista: inconformidad, corrupción, abusos de todos lados, legalización del compadrazgo como método de garantía de derechos y carreras políticas mesiánicas que logran enriquecimiento absurdo de los que ganan y sus allegados.

El Presidente Otto Pérez Molina exalta y promueve una reforma constitucional. De nuevo, no niego su necesidad. Cuestiono, eso sí, que haya una clase política, empresarial o académica que realmente esté planteando una reforma que resuelva los problemas arriba establecidos.

No creo que la reforma que el señor Presidente promueva ataque esos problemas. No creo que cuente con asesores que estén dispuestos a ceder sus cuotas de poder y hacer planteamientos que vayan encaminados a regresar a Guatemala por la senda de una vida republicana (lea “regresar” con un tono sarcástico, pues nunca lo hemos sido) y mucho menos que busque reducir los ámbitos de intromisión de los funcionarios, para reducir el nivel de corrupción por interferencia.

Se dice que la constitución debe ser más democrática, más participativa, más abierta y más inclusiva, pero todos esos términos son simplemente para darle espacios a más organizaciones y grupos de interés y reducir cada vez más las esferas de derechos de todos. Se compartimentalizan los derechos y se reparte la piñata a costa de los ciudadanos. Se agrupa falsamente a la sociedad “civil” en grupúsculos de interés particular, sin ver que son los ciudadanos de a pie, los trabajadores y emprendedores (no empresarios) los que requieren que se les expedite el camino al éxito personal, sin importar cómo considere definir dicho éxito mas que con la clara y delimitada esfera de no intervenir con el del vecino.

Veo muy peligrosa una reforma constitucional en este momento, pues los grupos que apoyan la misma no han presentado proyectos que resuelvan el fondo, sino que lo agravarán en el futuro.

Mario E. Archila M. 

Reformas del Partido Patriota II (El cambio al ISR)

La técnica legislativa es deplorable en esta propuesta, que ya cuenta con dictamen favorable de la comisión de finanzas. La propuesta incluye 7 libros, mismos que implican un par de impuestos nuevos. El gran defecto es que no considera la interacción que los impuestos “nuevos” tienen con otros tributos ya existentes. Entre que la ley la hicieron “economistas” (el término “Derecho Tributario” sí les vino del norte) y que los señores diputados no entendieron, demuestran que no solo no saben de impuestos, sino que no saben de leyes… ni modo… vamos a lo que venimos:

En cuanto a la exposición de motivos que presenta el Ministerio de Finanzas (ojo que el proyecto no lo hizo el Ministerio de Finanzas sino el famoso G40) dice que “Es moderna porque, entre otras características, contiene normas internacionales, precios de transferencia, normas de subcapitalización, conceptos de establecimiento permanente y de residente. La equidad se hace efectiva mediante la ampliación de las bases imponibles: grava ingresos que actualmente no tributan; amplía el ámbito de aplicación subjetivo: precisa con claridad los contribuyentes y los agentes de retención”, sin embargo, habla que “Al mantener la deducción única de Q 48,000 anuales (mínimo vital), excluye del impuesto de la renta del trabajo en relación de dependencia a los trabajadores que devengan un salario menor a los Q 5,000 mensuales, acatando el principio constitucional de capacidad de pago.”

Acá varios errores graves: En tributación muchas veces “moderno” quiere decir “nueva manera de clavar”. Si bien es cierto que causa muchos problemas de aplicación el no saber cuándo se es “residente tributario” porque no tenemos el concepto y pudiera ser (hay que ver la forma en que se redactó el proyecto) que los conceptos de establecimiento permanente y de residente tributario ayuden a clarificar (no así a cobrar o pagar), los demás “modernos” conceptos son de los que me dan alergia porque causan distorsiones enormes en la operación dinámica de los mercados:

  1. Subcapitalización.
  2. Precios de transferencia.

El primero es normalmente un tope a la creatividad, pues castiga a quien tiene ideas pero no dinero. Evidentemente favorece a quien ya tiene dinero y a los bancos del sistema. Logran mejores condiciones de crédito quienes ya cuentan con capital, por lo que ser “emprendedor” costará más. A la larga, se beneficia el status quo.

El segundo tema es el “orgasmo” de los que se dedican a esto, porque ven una fuente de ingresos, bastante rayando en el fraude, para asesorar en cuánto la aplicación de esto. ¿Por qué? No se puede normar el principio de “libre negociación”. Si está normado, ya no es libre. Si me dicen que no puedo vender a menos de X precio, para efectos de tributar, aún y cuando, es el precio realmente convenido, tengo una distorsión significativa. Claro que los señores están buscando recaudar, pero la recaudación debe obedecer al principio de neutralidad y los precios de transferencia es un mecanismo que los gobiernos buscan para “corregir” la distorsión que su propio sistema impositivo causó. Lo veremos mas adelante.

Y por último, el más grave error acá es que una deducción única no responde, ni por asomo, al principio de capacidad de pago. Se sigue gravando a los empleados en relación de dependencia sobre lo que se denomina “rentas ficticias”. ¿Cómo así? Simplemente dice que cualquier persona debe gastar para su manutención y la de su familia Q48,000. (Que valga decir que equivalen a Q4,000 mensuales, no Q5,000. Vaya que le dieron dictamen favorable después de leerla bien…) Eso viola totalmente la capacidad de pago, la justicia y equidad tributaria y el principio de igualdad en materia tributaria. Una persona casada que mantiene su hogar podrá tener un salario de Q10,000 mensuales, con lo que tendrá un monto deducible, de entrada, de Q48,000, pero mantiene económicamente a su pareja y 3 hijos. Su ingreso gravable será de Q120,000-48,000=Q72,000. Sin embargo, cada hijo cuesta Q1,000 de colegio y Q750 de alimentación mensuales (ropa, comida, entretenimiento); su pareja y los gastos del hogar alrededor de Q3,000 mensuales, que equivale a Q8,250.00. Al final tendría esta persona Q21,000 en la bolsa, no Q72,000. Con el mismo salario, un soltero que vive con sus papás y no tiene gastos, probablemente en sus “obligaciones” económico familiares no gaste ni Q1,500 al mes. Con ello, evidentemente, su posición es que tiene Q102,000.00 en su bolsa y le cobrarán el impuesto únicamente sobre Q72,000.00

La doctrina, en este punto, ya discute la inconveniencia de este tipo de tributación “ficticia” y presiona a que se busque gravar -si se decide gravar la renta- sobre una base de “renta real”. Es decir, sobre lo que “queda” una vez que se han incurrido en los gastos de una honesta y prudente administración. El sistema como está planteado, genera una total injusticia por no gravar la “capacidad de pago” y por tanto, el tributo y el sistema tributario es injusto e inequitativo. Eso ya es hoy día, pero acá se reincide. Viola los artículos 239 y 243 de la Constitución Política de la República.

El proyecto, en cuanto al ISR, también mantiene graves distorsiones al seguir siendo “cedular”. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se gravan los ingresos según se hayan originado. Si son “por trabajo”, se gravan de una manera; si son “financieros”, se gravan de otra manera; si son provenientes de “inversión de capital”, de otra. La pregunta lógica es ¿por qué no se grava la utilidad por utilidad que es y no por “procedencia”? Los principios más básicos de conducta indican que el ser humano busca maximizar y por tanto, estoy totalmente seguro, que si tenemos diferentes regímenes para esto, tendremos “creativos” que disfrazarán una renta de trabajo como inversión de capital, si fuera más bajo o de capital como financiero, si fuera más conveniente.

Dentro del régimen de asalariados, de nuevo, se busca la eliminación del crédito por IVA pagado. Este mecanismo, quiera o no quiera aceptar el Fisco, el Ministerio y el Congreso, crea incentivos para el consumo en el mercado informal. Esto por dos razones:

  1. Alrededor del 75% del mercado en Guatemala es informal;
  2. No hay incentivo en reportar los gastos bajo ningún esquema por parte del trabajador.

El mecanismo de control cruzado que la planilla del IVA permitía estaba empezando a dar resultados, con lo que la recaudación de los contribuyentes que proveían facturas subiría y se mantendría controlado. La eliminación de gastos o la no inclusión (porque actualmente tampoco se permite) dentro del régimen del asalariado, nos deja con 1.4 millones de personas que hacían trabajo de fiscalización indirecta. Se supone que el Decreto 4-2012 aumenta controles por la venta “sin factura”. Esos controles sólo caen sobre los contribuyentes que ya están siendo controlados. De manera que ese 1.4 Millones de personas tienen ahora una opción económica más rentable en comprar todo lo que consumen en el ya ignorado mercado negro.

En un par de días publicaré el análisis de los artículos de esta parte del proyecto.

Mario E. Archila M.

Reformas Tributarias del Partido Patriota

Es momento ya de entrarle a la reforma de una manera más técnica, pues leo y leo conjeturas, suposiciones, porras y críticas, pero nadie dice por qué aplaude o por qué critica.

El 3 de febrero a las 10:55, el Congreso recibió la propuesta. La propuesta está contenida en más de 100 páginas y consta de 7 libros que, supuestamente, de forma ordenada, reforman o transforman lo siguiente:

  1. Impuesto Sobre la Renta;
  2. Impuesto a la Primera Matrícula de Vehículos Automotores Terrestres;
  3. Ley Aduanera Nacional;
  4. Reformas a la ley del Impuesto al Valor Agregado;
  5. Reformas a la ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos;
  6. Reformas a la ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos;
  7. Disposiciones Transitorias y Finales.

Tristemente, consta en el envío que el anteproyecto fue conocido por el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, quien emitió una opinión favorable, pues SAT no ha cumplido, desde hace varios años, con su papel de Administrador Tributario, sino de herramienta para la comisión de hechos que pueden calificarse de “terrorismo” fiscal. No es tema actual, pero da pena que un ente que ha comprobado no ser técnico en su actuar (pierde más del 85% de los procesos de ajustes tributarios en tribunales) es quien opina favorablemente.

La  exposición de motivos justifica el proyecto en “el cambio climático y las crisis financieras e inmobiliarias de los años 2008 y 2009, los cuales si bien es cierto, no fueron creados por los gobiernos y los habitantes del país, sí han sido sufridos y sus consecuencias deben ser compensadas con el esfuerzo de todos”… y habla luego que debe cubrirse el déficit fiscal que durante los períodos 2000-2008 registró un promedio de 1.7% del PIB, para lo que deben implementarse políticas “contracíclicas” para promover el crecimiento económico y los niveles de empleo y sobre todo tratar de compensar los niveles de pobreza del país. Habla que el déficit fue financiado con un incremento de la deuda pública contratada que es, para finales de 2011, un 24.9% del PIB y representa la utilización del 18.2% de los ingresos totales del Gobierno para el servicio de la deuda.

La recaudación, según la propuesta, fue de 10.5% del PIB (“sigue siendo una de las más bajas de Latinoamérica y del mundo”) y está “muy por debajo del 12.1% de 2007, año en que se impusieron las reformas conocidas como “ley antievasión”.

Habla también del Agatha y otros fenómenos que destruyeron las carreteras y eso ha incrementado los costos de “transporte a los empresarios guatemaltecos, limitando la calidad de vida de la población en general”.

Voy por la página dos y ya merece comentarios todo esto.

Déficit y deuda

Lo que la propuesta realmente dice para nosotros los mortales y comunes ciudadanos es que, tanto la administración de Portillo, Berger como la de Colom fueron unos irresponsables con el gasto y ahora, usted y yo, que no tenemos “vela en el entierro” la tenemos que pagar.

La historia del Derecho Tributario nos enseña que la cosa no es así. El gobernante debe pedir permiso para gastar. Debe existir un acuerdo sobre qué “necesidades del Estado” deben realmente ser cubiertas. Ese permiso determina que los ciudadanos le autoricen o no el gasto y luego, le autoricen o no el cobro de los tributos.

¿Está usted de acuerdo en el gasto realizado durante los años 2000 al 2011? Principalmente sabiendo que mucho de ese dinero paró en saber dónde.

Fenómenos Externos

El cambio climático como “justificación de impuestos” me ha parecido lo más folklórico que pudieron encontrar, pues existe un gran debate serio sobre el cambio climático en el mundo científico y cada vez son más los científicos serios que han expresado que es un fenómeno que no puede ser parado. Que es natural y por tanto, cualquier esfuerzo es vano.

Luego lo de las políticas “contracíclicas” indica que la postura Estatista. De crecimiento burocrático, mismo que fue el que creó la crisis inmobiliaria y financiera. Esto, ya sé que los “economistas mainstream” no estarán de acuerdo, pero claro, ellos viven del sistema.

¿Qué quiero decir con ese párrafo? Que no haremos más que seguir en crisis y pagando por distorsiones que nos llevarán a nuevas crisis. No es la salida.

Carga Triburtaria sobre PIB

Ya hablé respecto a la tontería que es buscar recaudar un % del PIB. Uno de los países con mejores ingresos per cápita del mundo recauda únicamente 12% del PIB y no está comparándose con nadie. Hong Kong lo logró sin impuestos altos. Es más, solo tiene 1 impuesto. Sin control de cambios, sin restricciones aduanales… Sin justificaciones de nada y eso que no tienen ni agua potable propia.

Es ilustrativo que la reforma anterior (2006) funcionó únicamente en el año que se implementó. Luego la recaudación se cayó. ¿Qué quiere decir esto? Como la recaudación se mide en PIB, no importa el monto en dinero del PIB pues siempre se debería recaudar lo mismo en porcentaje. Si ese porcentaje cayó, lo que quiere decir es que hay menos contribuyentes pagando tributos. Si toda la economía se contrae en números absolutos 10%, la recaudación debería ser siempre cercano al mismo porcentaje del PIB. Pero si el porcentaje de recaudación cae, indica, claramente, que hay menos agentes pagando. Hay un PIB que representa 100 y ya no hay pagos de impuestos por 12.5%, sino sólo por 10%, porque algunos dejaron de cumplir. Dejaron de pagar.

Esto es lo que yo llamo “recaudación voluntaria”. Evidentemente el PIB se compone aún de actividades que no pagan tributos (informales) y la caída en la recaudación obedece a que muchos pasaron de la formalidad a la informalidad. En otras palabras: NO ACEPTAN EL GASTO DEL GOBIERNO.

Regresamos al punto de la razón de ser del Derecho Tributario: los contribuyentes debemos aceptar el gasto para aceptar el cobro.

Los dejo con esta primera entrega, para luego entrarle a la carne…

 

Mario E. Archila M.

Más gasto no. Mejor análisis de las necesidades del Estado, sí.

Luis Figueroa, cita a Pedro Trujillo hoy en su blog. Véanlo acá.

Coloqué allí un comentario que reproduzco, pues la intención de este blog es cabalmente hacer consciencia que estamos enfocando nuestras ideas sobre los impuestos en el problema equivocado:

“La discusión debe ser “qué necesidades SON del Estado”, como dice la Constitución en el artículo 239.
La justificación única para el pago de impuestos es que sean “para necesidades del Estado”. Hartarse hasta la saciedad no es una necesidad del Estado, como se aprecia acá.
Derecho quiere decir dar lo que por “origen” corresponde. Esto no es por origen. Si no hay una justificación de “derecho” para la asignación a dichas “necesidades”, no hay obligación jurídica para que el Estado exija impuestos y tampoco hay obligación legal ni moral para su cobro. La obligación moral es aquella que existe por la naturaleza del reclamo, aunque no se haya cumplido con los requerimientos legales. Y legal es una obligación moral que se asciende a exigible por vía coactiva. Al no haber “origen jurídico”, porque no hay origen moral del reclamo, no existe dicha obligación de pago.
Todo esto lo derivo del mismo artículo 239 de la Constitución.”

No debe atacarse el problema de la “suficiencia” o “insuficiencia” de los recursos, si primero no establecemos cuáles son las necesidades del Estado por el origen y naturaleza misma de un Estado. No puede confundirse las necesidades de los seres humanos con aquellas del Estado y no puede transformarse la razón de ser de la existencia misma del Estado para justificar gastos sin relación a dicha naturaleza.

El Estado es el monopolio del uso de la fuerza para:

1. Proteger la vida de los ciudadanos;

2. Proteger la propiedad justa y legalmente adquirida;

3. Hacer cumplir los contratos libremente acordados entre las personas.

Todas las demás funciones pueden ser deseables, pero requieren de un cumplimiento de estas tres básicas antes de pensar en otras. La historia de la tributación y del Derecho Tributario sustenta que los tributos son para cubrir dichos gastos y por encima de ello se requiere un acuerdo casi unánime para su cobro. Si se descuidan esas tres funciones connaturales al Estado, caeremos en un estado fallido.

Hemos cumplido la meta de ser un Estado fallido. ¿Qué falló?

 

Mario E. Archila M.

Respecto a la revisión histórica

Tomamos prestado el blog de Luis Figueroa en una pequeña tertulia con Carlos Fajardo. Él tiene una visión, yo otra. Acá aclaro un poco de esa visión, para que comprendamos el error que comete Carlos cuando dice: “Posiblemente, y en eso caemos ya en elucubraciones, cuando las masas campesinas hayan desaparecido por completo, subsumidas en el proletariado agrícola o industrial, sea cuando comience el segundo round: la lucha por el poder del estado por el proletariado contra la ya bien definida clase dominante. 200 años mínimo de lucha por delante

El ideal libertario no es la que se ha aplicado en los últimos 50 años… Ni en los últimos 150… es más, en Guatemala nunca se ha aplicado. Eso estamos tratando de hacer unos pocos. Bien incomprendidos, pues se cree que ser libertario o liberal clásico, es algo que ya se “probó” en Guatemala. Vea que no.

En Guatemala, seguro, desde tiempos de Justo Rufino Barrios, hemos tenido aplicación de políticas, pensamiento y conductas de la “Ilustración Francesa”, que derivan en el chirmol que somos hoy en Guatemala. Así tenemos que de dichos los orígenes filosóficos que le comento, surgen:

A) el positivismo, especial trascedencia, el jurídico. Estas corrientes fundamentan a los Nazis y Franquistas, entre otros… ah, sí y los Fascistas.
B) la dialéctica y las escuelas de Hegel y Marx, con su desarrollo en la práctica del leninismo y castrismo.
C) el mercantilismo, con sus intervenciones en toda Latinoamérica y en Guatemala, desde 1871, con la reforma “liberal” -francesa- de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, la cual pasa por Carrera y Ubico. No muere allí y se revive en los gobiernos militares de 1955 a 1985. Algo modernizado lo encontramos en el gobierno de Álvaro Arzú y la tendencia del FRG liderada por el General Ríos Montt.
D) La socialdemocracia, que es un punto medio entre mercantilismo y socialismo, con expresiones en todas las actuales democracias latinoamericanas. Vinicio Cerezo y versiones light como Serrano Elías, a versiones más “duras” en Portillo y Colom, en Guatemala; Evo, Correa, Lula y Chavez, por citar algunos más.

Se dice que los libertarios abogamos por la “autoregulación” como milagro del cielo. Bueno, sí, pero realmente no es que todo se “autoregula” porque a uno se le ocurre…

Puede ser que no nos entiendan, quizás por un problema comunicacional, en una parte y por otra, por el error doctrinal que ha copado a nuestro sistema educativo, gracias a la bendita “Ilustración Francesa”. Recuerde que la “Avenida de la Reforma”, la hicieron los liberales en 1870’s para que se pareciera a los Campos Elíseos de París… hasta eso copiamos.

La autoregulación la interpretan los que no les gusta el término, como que se propone “anarquía” y “nada de Estado”. Pero no, lo único que se propone es un Estado que realmente haga lo que tiene que hacer, al que se le amarren las manos para que no puedan andar por allí haciendo piñata los recursos. Combatir la delincuencia viene de “cumplir los contratos y acuerdos voluntarios”, “proteger lo que es de cada cual” y “la vida” de cada cual. Para ello se necesita un Organismo Judicial realmente operante, fuerte, rápido. Ese costo del Estado es el que menos se paga. Todo se va en la fiesta navideña de los “gorrones”, o como técnicamente se llama a los gorrones: Buscadores de Rentas o Rentseakers.

El positivismo y la Ilustración como tal, crean un marco legal. Lo malo es que cualquier marco legal crea incentivos. Muchos “Revolucionarios de Izquierda”, correctamente perciben que los incentivos de los últimos 50 años -de los últimos 150 te diría yo- están colocados en lo que no queremos. Eso sí, se equivocan al pretender achacarle ese error a los libertarios. Que Don Justo y Don Miguel se hayan llamado “liberales”, nada tiene que ver con los libertarios, liberales clásicos y seguidores de la escuela austriaca, pues eso “liberales” Rufinianos y Garcianos, son “franceses”, no escoceses.

¿Quiere ver una Guatemala sin pobreza? Haga lo contrario que se ha hecho desde Justo Rufino Barrios. ¿Quiere ver una Guatemala próspera? No vea en Guatemala una lucha de clases o grupos, pues la lucha sólo es una metáfora colectivizadora que no es real. En el mundo real, no hay tal lucha.

El Estado no necesita “hacer” más que garantizar seguridad y justicia. Después cada cual puede salir adelante.

Se requiere confianza en la sociedad y la confianza se alcanza cuando hay certeza y puede predecirse la conducta de cada uno. ¿Con un sistema judicial débil y un sistema político que responde a intereses no ha derechos, puede predecirse? Seguro que no.

Mario E. Archila M.

Alianzas Público Privadas I

Surge la pregunta en el entorno: ¿Cómo salir de la pobreza? El Encuentro Nacional de Empresarios que se lleva a cabo en Guatemala el 7 de octubre de 2010, tiene ese tema.

Los discursos políticos tienen esa temática: acabar con la pobreza. Los programas “sociales” que surgen en los distintos países, tienen ese enfoque.

En Guatemala, la ley de Alianzas Público Privadas busca ser una herramienta para combatir y acabar con la pobreza.

Desde la perspectiva histórica, la pobreza es el estado natural del hombre. El hombre, como especie, nació en la pobreza. En los últimos 2000 años de historia, para tomar el contexto del calendario occidental actual, la pobreza es el común denominador. La gente vivía en pobreza. Los reyes de la Francia de los Luises, es una familia pobre en relación a un ciudadano de clase media de un país “medianamente avanzado”.

La riqueza debe hacerse. Las comodidades y el nivel de vida representa el nivel de riqueza a la que una persona tiene acceso.

El paradigma de la pobreza es un paradigma que puede afectar salir o perpetuar el problema. Para salir de pobres, no hay que repartir, sino crear. Veamos con esta perspectiva si la ley de Alianzas Público-Privadas cumple o no.

Usted puede ver el Decreto, que ya es ley de Guatemala, haciendo clic acá.

No me referiré a artículos en particular, salvo que la redacción específica tenga implicaciones importantes.

El fin de la ley es promover la construcción de infraestructura con un marco legal particular. Me pregunto al leer la ley, si esto no es al final una nueva ley de concesiones  o hubiera sido mejor llamarle ley de contrataciones del Estado. En algún lugar habrá algo que me dé la respuesta.

El artículo 4 llama poderosamente la atención, en cuanto a que los principios que deben regir las alianzas de este tipo incluyen la “distribución de riesgos”, bajo el parámetro de que “…los riesgos que asumen específicamente el Estado y el participante privado…” deben ser establecidos expresamente y su distribución entre particular y el Estado será compartida y definida en cada contrato de alianzas. ¿No tenemos acá un seguro para inversión sin riesgo por parte del “privado”?

Dentro de esos principios tenemos también -mismo artículo 4- un proceso de participación competitivo, que permita, previo a la adjudicación del proyecto, escoger al participante privado que pueda prestar el servicio más eficiente. Era de preguntarle a los congresistas que propusieron esto: “¿No han leído los periódicos que se llenan de noticias de corrupción, de uso de sociedades de cartón, de tráfico de influencias y demás, en los actuales procesos de licitación?” Insistimos en el mismo mecanismo: que un grupo de funcionarios “omnisapientes” escoja honrada e imparcialmente, cuando la historia nos demuestra que, en palabras de Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.

Agreguen el principio de seguridad jurídica (estaba en la Constitución, por cierto) que busca el cumplimiento irrestricto de las obligaciones de esto actos, entre ellas, el plazo, que puede ser un máximo de 30 años. Me han comentado por allí, por ejemplo, que el primer tramo del Transmetro tiene unos derechos a favor de quienes “costearon” la construcción de paradas y pasarelas con un plazo la mitad que el plazo que le dieron, por la misma inversión, a los que “costearon” la construcción del eje central (el nuevo que pasa por la zona 9 hasta la zona 13). ¿Este plazo tendrá algo que ver con eso?

Vea usted, si hago una inversión que recupero en 10 años, pero logro “negociar” con quien me adjudicará la cosa, que el 30% será para él, si el plazo es de 15, 20 ó 30 años, gané mucho más…

El principios de responsabilidad fiscal, que debería ser que si el Estado no tiene dinero, no paga nada, se convierte en un principio en esta ley, que si “necesito” (como habla el político) hacer la obra, los pagos que le tocan al Estado serán “deuda pública”. LINDOS. Si esto quiere decir que “hipotecan mi futuro y el de mi familia”, y tal y como se aprobaron los bonos, nos endeudamos para transferir esa riqueza, sin riesgo real, al “inversionista”. No me parece.

¿Cuáles son las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial? ¿Apoyar programas de gobierno “contra la pobreza” o alinear mi empresa con los fines de la empresa de modo que todos los “stakeholders”, es decir, los interesados -y esto es económico- ganen? Veo acá la posibilidad de manejar las puntuaciones para adjudicación con criterios “políticos” de darle la calificación de este tipo de programas a personas específicas, con dedicatoria, pues, por si no me expliqué claramente.

Con esto termino por hoy el análisis del primer título de la ley. No es conclusivo aún, pero para que vea un poco el lenguaje usado.

Seguimos en las entradas que vienen.

Mario E. Archila M.

¿Fines del Estado?

La historia nos enseña que quien puede cobrar impuestos tratará a toda costa de cobrar lo más posible.

Si bien el poder tributario es manifestación del poder del Estado, este poder no es absoluto ni ilimitado.

En Guatemala, gracias a una rica historia de abusos por parte de la administración tributaria, se incorporó a la Constitución del año 1985 lo que a muchos es un “candado” constitucional al cobro de impuestos.

Claro que es un candado constitucional. Esa es la razón, su espíritu, su justificación: evitar que quien quiere cobrar impuestos cobre lo que quiera.

Ahora en Guatemala se discute el presupuesto para el año 2011. Los ministros salen pidiendo ampliaciones presupuestarias, eliminar candados legales para reasignacioens del presupuesto, aprobación de bonos y financiamiento para la “reconstrucción”. Al lado de ello, nos enteramos de cada vez más actos de corrupción, malversación o priorización dudosa de los recursos tributarios y no tributarios del Estado por parte de la Administración Central.

El texto constitucional dice (artículo 239): Corresponde con exclusividad al Congreso de la República establecer los impuestos, ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales de conformidad con las necesidades del Estado… (luego dice acorde a los principios de equidad y justicia tributaria, tema de otras entradas a este blog).

Ahora bien, ya de dudosa calidad es el gasto en los programas de Cohesión Social, no digamos que de dudoso resultado en el largo plazo también. Las acusaciones de corrupción saltan como pulgas en perro callejero. La destrucción por lluvias hace que los ministros (Willy Castillo entre ellos. Extracto de entrevista en Siglo XXI: Ninguno de ustedes está a la fuerza y saben que están asumiendo una responsabilidad; ¿qué respuesta van a dar a ello? Este es un gran reto y una prueba muy fuerte. Cuando voy al Congreso y me citan, pregunto qué Guatemala queremos. Si queremos una con buenas carreteras, estoy convencido de que hay que hacer lo que se hizo en el Mitch: un impuesto temporal para hacer esa inversión. Traigamos al BID, a Cepal, que nos apoyen a monitorear, a la contratación, a esta empresa internacional que tengo que contratar para que nos certifique y nos verifique. Hagamos todo eso), pidan “impuestos temporales como para el Mitch”. Y yo digo: “Willy, perdón, que Guatemala no ha tenido impuestos extraordinarios nunca: el ISET en el 1991 ya es ahora el ISO, sin dejar de cobrarse, salvo 6 meses durante el año 2004“.

¿Pero, cuáles son las necesidades del Estado que deben cubrirse con los tributos? Sin entrar en discusiones “ideológicas”, seguro que “justicia, seguridad y educación” vienen a su mente…

¿En qué quiere invertir esta administración? En una exposición pictórica conmemorando la revolución del 44. Estoy de acuerdo con Luis Figueroa.

Ya párenle con la revolución del 44, eliminen esa memoria, que no es más que vivir anclados en un pasado que ni siquiera dio frutos. Veamos hacia el futuro, sin divisiones y centrando la capacidad del Estado a lo que verdaderamente son necesidades y que es la Guatemala que estoy seguro todos anhelamos:

1. Salir de casa con la certeza que SUS derechos son respetados;

2. Que en caso de que dichos derechos sean violados, haya un aparato de justicia que sirva pronta y cumplidamente tan apreciado Bien (justicia).

3. Que tenga la certeza que sus hijos no tendrán, desde su nacimiento, una deuda encima que cubrir, que es lo que la deuda pública está haciendo: hipotecando SU futuro, el de sus hijos y nietos.

¿Es moral pagar impuestos cuando sirven a intereses particulares y no de Estado?

Mario E. Archila M.

Lo que hay de nuevo 2

Hoy leía el Siglo XXI mientras pacientemente esperaba por la nueva batería de mi carro, cuando sorprende la noticia de la cifra de muertes violentas diarias en el país: 15.
Es alarmante que salgan estas cifras. Triste, sin embargo, que la noticia se enfoca en quién es el Ministro de Gobernación. El asunto de la seguridad no es por allí que va. La justicia pronta y cumplida requiere una red de tribunales civiles, menores, conocidos como tribunales de Paz, que resuelvan cobros “insignificantes” de una deuda de un par de gallinas o la garantía de un electrodoméstico de Q200.
El Ministro de Gobernación tiene a su cargo la persecución policial, pero la seguridad del Estado involucra a muchos más actores y con mayor importancia que quien comanda a la policía.
El artículo 2 de la Constitución de Guatemala establece que uno de los fines de Estado es la seguridad de la persona. Este fin es del Estado.
Una función básica y aneja al Estado, como lo es la tinta a las páginas de un libro.
¿Dónde radica el problema?
La estructura de nuestro sistema jurídico. Nuestra Constitución que no sirve para lo que debería.
Vea usted: el constitucionalismo surge como el mecanismo para limitar el ejercicio del poder por quien lo ostenta. Ya lo decía Lord Acton.
Lea nuestra constitución y verá que no limita nada, al contrario, establece un montón de nobles deseos y parece que con ello da carta blanca a los gobernantes para que hagan lo que les da la gana. ¿Le parece bueno?
Tenemos una enorme repartición de recursos por intereses, no por prioridades. Así el deporte recibe 3% del presupuesto, la USAC el 5%, pero el Organismo Judicial únicamente el 2%.
¿De qué nos sirve una asignación al deporte tan alta, si matan a 15 chapines al día? ¿O destinar 5% del presupuesto a una Universidad cuando sólo 1% de la población llega a ese nivel y repartida en varias otras, pero el 100% de la población requiere seguridad?
La seguridad deviene de la certeza de una consecuencia. Esa certeza da paz. El deber esencial del Estado es el ejercicio del poder público y la coacción. Sin eso, el Estado deja de ser Estado.
De allí, como Locke lo propuso, el Organismo Judicial debe ser el máximo y más importante Organismo del Estado. No son los tribunales penales ni el Ministerio Público y mucho menos el Ministro de Gobernación los principales actores en materia de seguridad.
Allí la importancia de esa justicia menor pronta y cumplida. Si resolvemos el 90% de esos conflictos en los tres días hábiles a que surgen, tendremos paz generalizada. Eso dará seguridad.
Una constitución que asigne esas prioridades y obligue a los funcionarios a respetar las esferas de actuación de los ciudadanos, es el primer paso para la seguridad general. Hay que quitarse de la cabeza la idea de que la Constitución es la carta a Santa Close. No tendremos Navidad así.

Mario E. Archila