SAT contra ley de inversión

Si bien no creo que el proyecto de fomento a la inversión y empleo del ejecutivo sea lo que el país necesita ni que esté realizado bajo parámetros de verdadera justicia y equidad tributaria, no me sorprende que SAT emita un dictamen negativo. Era de esperarse. Por naturaleza y gracias a las reformas que se le introdujeron a la ley orgánica de SAT el año pasado, SAT deja de ser un ente técnico y se convierte en un ente represor con el único fin de recaudar.
Acá la noticia: SAT se opone

SAT debería ser un ente puramente técnico de administración de la recaudación. Sin embargo se está convirtiendo en el mayor problema contra el desarrollo del país. Su enfoque es estático y con el único interés de lograr metas de recaudación que se hacen bajo el prisma que nuestro problema es el ingreso tributario y que es el gobierno quien debe contar con recursos, a toda costa.
Nuestro país no atrae inversión porque no presenta condiciones necesarias para garantizar estabilidad y rentabilidad a los capitales.
Somos un mercado demasiado pequeño. Alrededor de 4,000 de personas son económicamente activas. Una industria local no tiene mercado suficiente para ser sustentada en el mediano plazo. Los conflictos sociales que provocan grandes ideas e inversiones, como proyectos eléctricos, hidroeléctricos, mineros y hasta turísticos, nos hacen ver como una verdadera república bananera. Los conflictos laborales del sector sindical, que muchas veces son razones válidas, someten a toda la población a sus caprichos. Burocracia, ésta, que aumenta sus salarios simplemente por el transcurso del tiempo y coadyuva a un aparato estatal ineficiente que hace de manifiesto que es un simple botín político.
Problemas para atraer inversión tenemos suficientes. El problema no es el ingreso tributario.
¿Protección arancelaria y no arancelaria? Contamos con ella porque la primera representa ingresos tributarios y la segunda es una justificación a los puestos de varios “técnicos” en varios ministerios. Realmente no sirve de mucho, pues el mismo diario que presenta la noticia que acá comento, en su portada señala que el contrabando implica una pérdida “fiscal” de Q420 millones.
Lo ridículo es que los derivados de petróleo son altamente regulados. A nadie le importa. Acá se compra por precio y el contrabandista lo sabe. Vende más barato. Deja de pagar impuestos y lo hace en las narices de todas las autoridades.
El problema, visto desde la perspectiva del fisco es hacer más fuerte el control… Desde el público consumidor, es un alivio al bolsillo. El fisco, me consta, siempre trató de “evasores” a las compañías petroleras. Eran unos grandes “evasores”. Si bien, nunca les probó nada, ni les ganó ningún proceso importante, sí logró hartarlos a tal punto que hoy día, queda sólo una. Hoy no tenemos combustible importado por los fabricantes. Se compra al mejor postor, salvo el combustible de una marca americana que aún se vende, no sabemos a ciencia cierta qué tipo de combustible llega a nuestros tanques. Vea que ninguna marca importante a nivel mundial domina -hoy día- el mercado de estaciones de servicio en Guatemala. Tenemos una guerra de precios con marcas locales, principalmente. Dos marcas internacionales, una productora y otra sólo es comercializadora, se mantienen en Guatemala. La otra marca británico-holandesa, es franquicia.
Es el producto de políticas “El contribuyente es malo” y “el problema es la recaudación”.

El problema nunca es la recaudación. El problema siempre es el gasto. De allí deriva la recaudación.

Mario E. Archila M.

Otros aspectos de la llamada “Reforma Tributaria”

¿Finalidad de un Gobierno?

Allí hay otro problema en cuanto a la Reforma Tributaria. Evidentemente no todo puede ser hecho por el gobierno. Hay acciones para las que no está hecho y acciones que principalmente le corresponden.

¿Sabemos cuáles son cuáles? He allí un primer gran problema que la reforma no trató. La misma se hace con una programación de gasto que es más una lista navideña a Santa Clós que un programa que responda a acciones de gobierno.

Mucho del gasto no representará mejora de condiciones para los ciudadanos. Es más, mucho del gasto, por el simple hecho que el gobierno anuncie que lo hará, causará falsas expectativas y eso, a su vez, mayores conflictos sociales.

Coincidimos que tenemos problemas tan graves como la seguridad. Aunque la violencia haya disminuido, cuando vemos cifras de muertos, no necesariamente vemos que las causas de dicha violencia están siendo atacadas. Un conflicto de tránsito termina en una persona muerta. Un robo de mercadería resulta en competencia desleal y extorsión de la propia policía. Un incumplimiento de un proveedor puede llevar a la tumba a alguien.

¿Qué es lo que sucede? No hay mitigación de conflictos pequeños. Los tribunales son inservibles para la gran mayoría de los conflictos y las instituciones públicas de “seguridad” ven únicamente la justicia penal, de alto impacto, como importante. Es la justicia “de paz”, es decir, la civil y mercantil de ínfima cuantía la que evitará violencia. Es la válvula que hará que la conflictividad se reduzca. Menor conflictividad, mayor posibilidad de crear un ambiente de paz.

La correlación es difícil de hacer, pues los medios se enfocan en los resultados de la justicia penal. Se enfocan en las estadísticas de fallecidos por actos violentos. Las historias detrás deben ser más ilustrativas para encontrar el problema. Así que no hay ideas ni propuestas para mejorar la justicia de paz.

A eso le sumamos la cantidad de “tareas” que le asignamos al Estado. Tareas que pasan de lo noble al saqueo. De lo virtuoso al robo. De lo deseable a la exigencia. Esas tareas se le asignan en esa lista de navidad por lo que el problema tributario se convierte en un problema de caja fiscal.

La historia demuestra que por allí empiezan grandes revoluciones. Demuestra que la gente llega a explotar cuando ve que su dinero, su esfuerzo, se utiliza en cosas por las que no encuentra justificativo real alguno. El uso opaco de los recursos, los fines dudosos y hasta los fines redistributivos causarán conflicto. La sociedad, los pagadores de tributos, estará sometida a una presión enorme, que llegará a reventar.

Toda la idea tras el pacto fiscal era hacer más transparente el gasto. Colocar mejor los recursos. Sigue sin suceder. Los operadores políticos siguen viendo el problema del lado de lo que aspiran: su puesto de gobierno. Allí el problema está en que a mayor transparencia y mejor alocación de los recursos, menos posibilidad de saqueo. Dicho problema es de fondo. Se evade. Se escucha siempre la misma canción de “pero la gente no paga y sin recursos no se puede hacer nada”. Se paga más que hace 10 años. El gasto es más opaco y menos efectivo que hace 10 años. Algunas excepciones, por épocas. La alfabetización había ya iniciado y el gobierno de UNE cancela las escuelas modelo en las que no había acceso a los recursos por los funcionarios. ¿Se vale?

La proveeduría de servicios y bienes al estado está, hoy día, en tela de juicio y abiertamente los interesados en los jugosos contratos se pelean por la cuota. Ninguno propone mecanismos en los que no hay probabilidad de manejar precios o comisiones. ¿Se vale?

El sistema de justicia está tomado, sin que se pueda encontrar una salida. La normativa procesal es la que lo provoca. Acá se extorsiona a todo nivel si se clama justicia, pues la justicia está cerrada a tecnicismos que permiten a sus operadores jugar con ella y el bolsillo de los interesados. ¿Se vale?

Por supuesto que si simplifico el problema a “el Estado se quedará sin poder cubrir sus pagos”, la pelota está de nuestro lado. De usted y yo que pagamos.

Veamos casos interesantes. Se dice que pagamos muy poco. La primera pregunta es “¿Comparado con quién?” La segunda pregunta debe ser: “¿Para qué queremos pagar más?” y la tercera pregunta es “¿Quiénes pagan en Guatemala?”

Hong Kong tiene un impuesto único con tarifa de 15 y 16%. Recauda lo mismo que nosotros. ¿La diferencia? Paga la mayoría de la población. Acá, el seguro social, el ISR, el IVA, circulación, vehículos, importación, timbres, IUSI, etc. se pagan por unos pocos y no logramos recaudar más allá del 12% del PIB. ¿Por qué? Alrededor del 70% de la población no paga. Es informal. Pero lo más interesante es que no tenemos 70% de pobres. El 40% de la población aproximadamente es del 10% más rico del país. Algo no cuadra en las matemáticas.

No cuadra porque el costo de la formalidad es invisible y mucho más caro. El costo de cumplimiento fiscal también lo es. De tal forma que es más rentable ser informal. Al tener un sistema así, las reformas planteadas, que aumentan costos de cumplimiento, tanto fiscal como comercial, son porras al sector informal.

Debemos replantear el rumbo. Los fundamentos.

 

Mario E. Archila M.

Reforma Fiscal en Guatemala 1/2

Recurrente tema en la política guatemalteca. Posturas de posturas. Siempre causa salpullido en uno y otro bando, aunque al final le echan porra todos al mismo resultado.

¿Es necesaria una reforma fiscal en Guatemala? Por supuesto. Pero tanto la “derecha” como la “izquierda”, claman por una reforma que en el fondo es lo mismo que tenemos hoy.

Creo que ya dije que los números, las estadísticas, se pueden manejar para justificar cualquier posición. He allí el primer gran problema de clamar por la reforma fiscal. Y en materia impositiva, los paradigmas mandan. No la verdad.

La reforma fiscal que se pretende en Guatemala parte de la premisa que el 12.6% del PIB es insuficiente para sacar a Guatemala de la pobreza. Que el instrumento principal para salir de pobres es la intervención gubernamental, la “redistribución” y la políticas públicas, para lo que es necesario, imperioso y urgente, que Guatemala recaude más impuestos. Salen, derecha e izquierda, enarbolando sus estadísticas y comparaciones: “Guatemala tiene una de las cargas tributarias más bajas de Latinoamérica” y concluyen al unísono, URNG, gobierno socialdemócrata, Banco Mundial, ONU y ENADE, con bombos y platillos “Hay que aumentar la recaudación”.

Vea pues cómo la carga tributaria actual de los demás países nos debería importar tanto como la constitución Política de la República le importa a los gobernantes y políticos, para, como ciudadanos, empezar a exigir que nos hablen con la verdad. Así que responda a esta pregunta que lanza Peter Bauer:

¿Cómo evaluaría usted las posibilidades económicas de un país asiático que tiene muy poca tierra (y ésta  consiste en  montañas erosionadas), que realmente es el país más densamente poblado del mundo; que  tiene una población que ha crecido rápidamente, tanto por el aumento natural de la población como por la inmigración en gran escala; que importa todo su petróleo y todas sus materias primas y además mucha de su agua; que tiene un gobierno que no está involucrado en la planificación de su desarrollo y que no ejerce ningún control sobre el tipo de cambio ni restringe las exportaciones e importaciones de capitales; y que es la única colonia occidental de alguna importancia?

Realmente piense que sería de un país así. Una roca sin agua en el pacífico. Sin recursos naturales importantes. Condenado a la pobreza. Deben establecer una carga tributaria similar a los países “desarrollados” para dejar de pobres. Hoy día, crece a un extraordinario 8.2% anual de PIB y presenta un ingreso per capita de US$42,000 anuales. Pues ese país es Hong Kong y tiene una de las cargas tributarias más bajas del mundo. Tiene únicamente un impuesto (sobre la renta) bajo sistema de fuente territorial, con una tarifa única de 15% para corporaciones; 16.5% para entidades no incorporadas y 15% para salarios. No hay más. Su carga tributaria es de 12.8% sobre su PIB. Guatemala tiene 12.6%, pero un crecimiento económico del 2.2% y un ingreso per capita de US$5,200; casi 8 veces menos. ¿Está bien eso?

Peter Bauer en el mismo artículo, responde a la pregunta planteada por él: “Usted probablemente pensaría que dicho país está condenado [a la pobreza], a menos que recibiera una enorme ayuda externa. O dicho de otra forma, eso es lo que usted debería creer, si creyese lo que los políticos de todos los partidos, la ONU y sus organizaciones afiliadas, los economistas prominentes, y la prensa de calidad dicen acerca de los países menos desarrollados. ¿Acaso los economistas de desarrollo del Instituto Tecnológico de Massachussets no han dicho categóricamente sobre los países menos desarrollados que la escasez general relativa a la población de casi todos los recursos crea un círculo vicioso de pobreza que se auto-perpetúa? El capital adicional es necesario para aumentar la producción, pero la pobreza en sí hace que sea imposible poder llevar a cabo el ahorro y la inversión requeridos para una reducción voluntaria en el consumo.”

Bajo los parámetros usuales de estos señores -ONU, economistas “mainstream”, políticos y analistas de prensa- Guatemala está condenado, como país, a ser pobre si no se sube la recaudación.

Surgen así las propuestas de “derecha” y de “izquierda” en cuanto a la tan solicitada “Reforma Fiscal”. Son basadas en supuesta evidencia empírica y comparativa. ¿Pero es la verdad?

Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute, pone en duda esos números, haciendo una comparación mucho más amplia. Lea el artículo acá. Este investigador, declara en dicho artículo que: “Resulta paradójico además que Guatemala, uno de los países con la carga tributaria más baja de la región, cuente con tipos del impuesto de renta corporativo y personal claramente superiores a los de Brasil, la nación con la carga tributaria más alta. Ambos países cuentan además con un tipo de IVA que es similar. Esto demuestra qué tan viciado es el indicador de la carga tributaria.” Además que Brasil no es un país con los mismos niveles de desarrollo que Hong Kong y aunque su crecimiento es de 7.5% anual, tiene un ingreso per capita de solo US$10,200 anuales. Gran diferencia, principalmente si vemos que su carga tributaria es de 35.8% del PIB. Logran menores resultados que Hong Kong y son casi 4 veces más caros… ¿No tiene lógica, eh?

Este punto es vital para entender que cuando se pretende una reforma fiscal en Guatemala, este detalle pasa por alto. Se quiere aumentar la recaudación y para ello se sale con temas como “evasión”, “elusión”, etcétera, sin ver que el mayor problema no es “lo fiscal”, sino la existente carga en los que sí pagan. Más claro: Si usted paga impuestos en Guatemala, paga los tipos impositivos de un país de primer mundo, pero recibe un Estado de tercera. ¿Es problema de carga tributaria? No, es problema de base y sistema que omite los principios constitucionales reales.

Milton Friedman, Premio Nóbel de Economía, relata Hidalgo, va más allá y advierte que “el tamaño del Estado no se determina únicamente por lo que está registrado como gasto gubernamental sino también por las reglas y regulaciones estatales”. Es así que conforme al estudio “Haciendo Negocios” del Banco Mundial, se encontró que 5 países de la región cuentan con las regulaciones más ineficientes del planeta. ¿Se atreve a decir cuáles?

  1. Paraguay,
  2. Costa Rica,
  3. Venezuela,
  4. Bolivia y
  5. Guatemala.

Así que tenemos en estos países un sector informal que emplea entre el 40% y 65% de la población económicamente activa. Ese peso no se cuenta en la carga tributaria. En las múltiples informaciones, he llegado a escuchar que Guatemala tiene un sector informal del 85%. Pero usemos estas cifras del Banco Mundial: 65%, que es lo que algunos empleados de SAT me han confirmado. Eso implica que únicamente 45% de la población tributa. “¿No, el IVA lo pagan todos?”, gritan los que viven de los impuestos o sacan ventaja de ellos. Pero vea cómo el IVA no lo pagan todos:

Usted es “formal” importador. Paga IVA en la frontera. Trae su producto. Lo vende a un “formal” intermediario, que lo comercializa en las “subdistribuidoras”. El subdistribuidor, aunque “negocia” no querer factura, se topa con que el “formal” intermediario, exige vender con factura. Este subdistribuidor, paga el IVA y es la última transacción que paga IVA. El subdistribuidor la vende a subdistribuidores informales más pequeños, quienes lo venden a tenderos y puestos y llega al público, con un ahorro de 12% frente al “formal”, desde hace 3 transacciones. El mercado informal genera riqueza que no paga impuestos y el público consume sin impuestos. No hay recaudación de IVA ni ISR. NO TODOS EN GUATEMALA PAGAN IMPUESTOS, aunque quieran vendernos que sí.

Bien, con este punto aclarado, nos queda hacer el cálculo que iba a pedirle hiciera: 35% de la población paga el 12.6% del PIB. 12.6% que se mide respecto a la producción completa, al 100%. Si divide 12.6% en 35% de la población, obtendrá la carga tributaria “real” del sector “formal”… listo: 36% y si el sector informal crece a lo que han calculado muchos, 75%, sólo 25% de la población paga impuestos, con lo que la carga es realmente de 50.4%.

¿No le da miedo y escalofríos? Recientemente en un proceso que estamos defendiendo en la firma, calculamos que un cliente, si hubiera pagado el Impuesto a la Empresas Mercantiles y Agropecuarias y el Impuesto Sobre la Renta, en dicho año (no pagó el Impuesto a la Empresas Mercantiles y Agropecuarias, por caer en una exención que SAT no quiere aceptar), estaría pagando 96% de sus utilidades en ese año. Eso es una carga tributaria del año de 96%. ¿Justo?

Entonces, ¿qué tipo de reforma fiscal requiere Guatemala?

Una que permita crecer al país.

Vea estas gráficas interesantes elaboradas con datos de CEPAL.

Cuadro No.1TARIFA DE IVA MAYOR A LA COLOMBIANA(Diciembre de 2002)
PAÍS TARIFA RECAUDO (%PIB)
Uruguay 23% 12.0%
Argentina 21% 6.0%
Brasil 20.48% 2.5%
Chile 18% 11.9%
Perú 18% 7.0%
Venezuela 15.5% 6.6%
Colombia 15% 7.0%
Cuadro No.2TARIFA DE IVA MENOR A LA COLOMBIANA(Diciembre de 2002)
PAÍS TARIFA RECAUDO (%PIB)
Panamá 5% 4.7%
Rep. Dominicana 8% 11.0%
Guatemala 10% 7.4%
Haití 10% 6.0%
Paraguay 10% 8.1%
Honduras 12% 12.8%
Ecuador 12% 10.0%

¿Ve la relación entre ambos? A una menor tarifa de IVA, usualmente hay una mayor recaudación. Lo mismo sucedería con una tarifa reducida de Impuesto Sobre la Renta. Los datos son los vigentes para el año 2002. Ahora en Guatemala el IVA es 12% y seguro habrá cambios de tarifas en otros países.

Debemos ver primero, para establecer el nivel deseado de recaudación, cuáles son, como dice nuestra propia Constitución, “las necesidades del Estado” (artículo 239 de la Constitución Política de Guatemala), para determinar cuál será el máximo nivel de gasto del Estado. Es así que, como dice Hidalgo en el artículo ya citado: “Se ha sugerido que una mejor manera de calcular la carga fiscal del Estado es a través del gasto gubernamental. Tarde o temprano todo gasto debe ser cubierto con impuestos, sean éstos presentes o futuros. En un estudio de las economías de la OCDE y 60 naciones alrededor del mundo, James Gwartney, Randall Holcombe y Robert Lawson encontraron que “el nivel de gasto del gobierno que maximiza el crecimiento, no es mayor que un 15% del PIB”—y “cuando el ámbito del gobierno se expande más allá de ese nivel, hay un impacto negativo en la riqueza de las naciones”. El gasto público de los países latinoamericanos es de aproximadamente un 24% del PIB.” Esto se mide utilizando la famosa curva de Laffer. Se la dejo a los economistas, pero simplemente indica que a una menor tarifa impositiva, en ciertos niveles, puede lograrse una mayor recaudación. Es claro que debe considerarse que a una menor tarifa, puede lograrse un mayor incremento económico, es decir, mayor riqueza y por ello, mayor cantidad de ingresos al gobierno. Hong Kong recauda 8% más cada año con su impuesto único de tarifa única y baja de 15%.

Pedirle a un país pobre que suba niveles de tributación, “porque así lo hacen los países vecinos o los países desarrollados”, olvida un elemento histórico importantísimo. Esos países ricos no se hicieron ricos con altas tasas de impuestos. En EEUU, por ejemplo, el impuesto a la renta se creó en el siglo XX, pero para ese momento, ya era “rico”. Igualmente Europa. Hong Kong es rico, sin altas tarifas impositivas.

Lo que los pobres debemos copiar es lo que los ricos hicieron cuando eran pobres. Hidalgo señala que “Aún así, la pesada carga de niveles impositivos tan confiscatorios ha pasado su factura en las economías desarrolladas. El crecimiento económico de los países europeos se encuentra prácticamente estancado. Por ejemplo, el sector privado sueco no ha creado nuevos puestos de trabajo desde 1950. Otros países europeos se han enfrentado a esta dura realidad y han tenido que bajar sus cargas tributarias con el fin de reactivar sus economías letárgicas. Entre 1996 y el 2003, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, España, Portugal y Alemania han reducido considerablemente los impuestos.”

¿Qué los hace ricos y a nosotros pobres? Hidalgo vuelve a apuntar acertadamente: “Estos tipos impositivos elevados, aunados a las excesivas regulaciones, aumentan los “costos de legalidad”, es decir, los costos que implica mantener un negocio al día con todas las regulaciones e impuestos que demanda el Estado. Es así como se presenta un círculo vicioso: conforme más gente opta por la informalidad debido a los altos impuestos, los ingresos del gobierno disminuirán, por lo que habrá presión para que los tributos que se le cobran a los negocios formales sean más altos, lo que conducirá a mayor informalidad aún.” Ya vio que somos uno de los 5 Estados con las regulaciones menos eficientes de la región. Ese hecho sí nos hace pobres, no cuánto pagamos de impuestos.

Guatemala tiene tasas de primer mundo y Estado en trapos de cucaracha. ¿Usted no paga más de lo que cree que vale un vaso de leche, simplemente porque alguien lo quiere obligar? Comprará otra cosa. Lo mismo sucede con el Gobierno. Le presionan los altos costos de legalidad, por lo que optará por la ilegalidad. Apretar la tuerca no sacará al país de pobre. Al contrario.

Bauer, citado arriba, nos explica que un estudio de alguien que conocía muy bien el tema, publicado en la Universidad de Chicago, explicó las razones del crecimiento y éxito de Hong Kong: “Rabushka analiza los procesos y métodos por los cuales en menos de 140 años, unas cuantas rocas vacías y estériles se convirtieron en un gran centro industrial de comercio y finanzas con cerca de cinco millones de personas. Él le atribuye esta historia de éxito económico a las aptitudes de las personas y a la adherencia a las políticas públicas adecuadas. La empresa, el trabajo duro, la habilidad de detectar y utilizar las oportunidades económicas, son extensas en una población que es china en un 98 por ciento, que está concentrada determinadamente en ganar dinero día y noche. Muchos son inmigrantes que trajeron habilidades y empresa más que nada de China, especialmente de Shanghai, el olvidado lugar de habilidad y empresa ubicado en el centro de China. Las políticas enfatizadas por Rabushka son el conservadurismo fiscal; los impuestos bajos; el cobro de precios de mercado por ciertos servicios gubernamentales; la política liberal de inmigración, al menos hasta hace poco; el libre comercio en ambas direcciones; el movimiento sin restricciones del capital entrando y saliendo del país; la participación mínima del gobierno en la vida comercial, incluyendo la resistencia a conceder privilegios a los intereses seccionales. No hay incentivos especiales o barreras a la inversión extranjera, no hay insistencia en la participación local de las empresas extranjeras. Tampoco hay feriados de impuestos o cualquier otras concesiones especiales para la inversión extranjera, pero de igual manera no hay restricciones por sobre el retiro de capital o sobre la remisión de ganancias. Estas políticas liberales, notablemente la libertad para retirar el capital, fueron diseñadas para fomentar el flujo entrante del capital y la empresa productiva, lo cual de hecho lo lograron.”

La salida de la pobreza nunca ha estado en un Estado con gobierno pesado. Siempre ha sido “a pesar del gobierno”. Lo subrayado es la salida a la pobreza. La Reforma Fiscal debe ir a concentrar el gobierno en esos deberes esenciales: seguridad jurídica, certeza en el castigo al transgresor y no intervención en las esferas privadas.

Mario E. Archila M.

Alianzas Público Privadas I

Surge la pregunta en el entorno: ¿Cómo salir de la pobreza? El Encuentro Nacional de Empresarios que se lleva a cabo en Guatemala el 7 de octubre de 2010, tiene ese tema.

Los discursos políticos tienen esa temática: acabar con la pobreza. Los programas “sociales” que surgen en los distintos países, tienen ese enfoque.

En Guatemala, la ley de Alianzas Público Privadas busca ser una herramienta para combatir y acabar con la pobreza.

Desde la perspectiva histórica, la pobreza es el estado natural del hombre. El hombre, como especie, nació en la pobreza. En los últimos 2000 años de historia, para tomar el contexto del calendario occidental actual, la pobreza es el común denominador. La gente vivía en pobreza. Los reyes de la Francia de los Luises, es una familia pobre en relación a un ciudadano de clase media de un país “medianamente avanzado”.

La riqueza debe hacerse. Las comodidades y el nivel de vida representa el nivel de riqueza a la que una persona tiene acceso.

El paradigma de la pobreza es un paradigma que puede afectar salir o perpetuar el problema. Para salir de pobres, no hay que repartir, sino crear. Veamos con esta perspectiva si la ley de Alianzas Público-Privadas cumple o no.

Usted puede ver el Decreto, que ya es ley de Guatemala, haciendo clic acá.

No me referiré a artículos en particular, salvo que la redacción específica tenga implicaciones importantes.

El fin de la ley es promover la construcción de infraestructura con un marco legal particular. Me pregunto al leer la ley, si esto no es al final una nueva ley de concesiones  o hubiera sido mejor llamarle ley de contrataciones del Estado. En algún lugar habrá algo que me dé la respuesta.

El artículo 4 llama poderosamente la atención, en cuanto a que los principios que deben regir las alianzas de este tipo incluyen la “distribución de riesgos”, bajo el parámetro de que “…los riesgos que asumen específicamente el Estado y el participante privado…” deben ser establecidos expresamente y su distribución entre particular y el Estado será compartida y definida en cada contrato de alianzas. ¿No tenemos acá un seguro para inversión sin riesgo por parte del “privado”?

Dentro de esos principios tenemos también -mismo artículo 4- un proceso de participación competitivo, que permita, previo a la adjudicación del proyecto, escoger al participante privado que pueda prestar el servicio más eficiente. Era de preguntarle a los congresistas que propusieron esto: “¿No han leído los periódicos que se llenan de noticias de corrupción, de uso de sociedades de cartón, de tráfico de influencias y demás, en los actuales procesos de licitación?” Insistimos en el mismo mecanismo: que un grupo de funcionarios “omnisapientes” escoja honrada e imparcialmente, cuando la historia nos demuestra que, en palabras de Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.

Agreguen el principio de seguridad jurídica (estaba en la Constitución, por cierto) que busca el cumplimiento irrestricto de las obligaciones de esto actos, entre ellas, el plazo, que puede ser un máximo de 30 años. Me han comentado por allí, por ejemplo, que el primer tramo del Transmetro tiene unos derechos a favor de quienes “costearon” la construcción de paradas y pasarelas con un plazo la mitad que el plazo que le dieron, por la misma inversión, a los que “costearon” la construcción del eje central (el nuevo que pasa por la zona 9 hasta la zona 13). ¿Este plazo tendrá algo que ver con eso?

Vea usted, si hago una inversión que recupero en 10 años, pero logro “negociar” con quien me adjudicará la cosa, que el 30% será para él, si el plazo es de 15, 20 ó 30 años, gané mucho más…

El principios de responsabilidad fiscal, que debería ser que si el Estado no tiene dinero, no paga nada, se convierte en un principio en esta ley, que si “necesito” (como habla el político) hacer la obra, los pagos que le tocan al Estado serán “deuda pública”. LINDOS. Si esto quiere decir que “hipotecan mi futuro y el de mi familia”, y tal y como se aprobaron los bonos, nos endeudamos para transferir esa riqueza, sin riesgo real, al “inversionista”. No me parece.

¿Cuáles son las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial? ¿Apoyar programas de gobierno “contra la pobreza” o alinear mi empresa con los fines de la empresa de modo que todos los “stakeholders”, es decir, los interesados -y esto es económico- ganen? Veo acá la posibilidad de manejar las puntuaciones para adjudicación con criterios “políticos” de darle la calificación de este tipo de programas a personas específicas, con dedicatoria, pues, por si no me expliqué claramente.

Con esto termino por hoy el análisis del primer título de la ley. No es conclusivo aún, pero para que vea un poco el lenguaje usado.

Seguimos en las entradas que vienen.

Mario E. Archila M.

Lo que hay de nuevo 2

Hoy leía el Siglo XXI mientras pacientemente esperaba por la nueva batería de mi carro, cuando sorprende la noticia de la cifra de muertes violentas diarias en el país: 15.
Es alarmante que salgan estas cifras. Triste, sin embargo, que la noticia se enfoca en quién es el Ministro de Gobernación. El asunto de la seguridad no es por allí que va. La justicia pronta y cumplida requiere una red de tribunales civiles, menores, conocidos como tribunales de Paz, que resuelvan cobros “insignificantes” de una deuda de un par de gallinas o la garantía de un electrodoméstico de Q200.
El Ministro de Gobernación tiene a su cargo la persecución policial, pero la seguridad del Estado involucra a muchos más actores y con mayor importancia que quien comanda a la policía.
El artículo 2 de la Constitución de Guatemala establece que uno de los fines de Estado es la seguridad de la persona. Este fin es del Estado.
Una función básica y aneja al Estado, como lo es la tinta a las páginas de un libro.
¿Dónde radica el problema?
La estructura de nuestro sistema jurídico. Nuestra Constitución que no sirve para lo que debería.
Vea usted: el constitucionalismo surge como el mecanismo para limitar el ejercicio del poder por quien lo ostenta. Ya lo decía Lord Acton.
Lea nuestra constitución y verá que no limita nada, al contrario, establece un montón de nobles deseos y parece que con ello da carta blanca a los gobernantes para que hagan lo que les da la gana. ¿Le parece bueno?
Tenemos una enorme repartición de recursos por intereses, no por prioridades. Así el deporte recibe 3% del presupuesto, la USAC el 5%, pero el Organismo Judicial únicamente el 2%.
¿De qué nos sirve una asignación al deporte tan alta, si matan a 15 chapines al día? ¿O destinar 5% del presupuesto a una Universidad cuando sólo 1% de la población llega a ese nivel y repartida en varias otras, pero el 100% de la población requiere seguridad?
La seguridad deviene de la certeza de una consecuencia. Esa certeza da paz. El deber esencial del Estado es el ejercicio del poder público y la coacción. Sin eso, el Estado deja de ser Estado.
De allí, como Locke lo propuso, el Organismo Judicial debe ser el máximo y más importante Organismo del Estado. No son los tribunales penales ni el Ministerio Público y mucho menos el Ministro de Gobernación los principales actores en materia de seguridad.
Allí la importancia de esa justicia menor pronta y cumplida. Si resolvemos el 90% de esos conflictos en los tres días hábiles a que surgen, tendremos paz generalizada. Eso dará seguridad.
Una constitución que asigne esas prioridades y obligue a los funcionarios a respetar las esferas de actuación de los ciudadanos, es el primer paso para la seguridad general. Hay que quitarse de la cabeza la idea de que la Constitución es la carta a Santa Close. No tendremos Navidad así.

Mario E. Archila