Problemática de Ley de Inversión

¿Servirá la ley? Eso me pregunta la gente muy frecuentemente. Mi respuesta es que probablemente no.
En la profundidad de dicha ley, no obstante, podemos decir mucho más. Es una ley que ignora principios básicos que sustentan un Estado de Derecho, por tanto, una república en su mejor sentido.
El Estado de Derecho se erige sobre la base de la igualdad ante la ley, como uno de sus fundamentos. Diría que el principal.
En el caso de estas famosas leyes de fomento de cualquier cosa, este principio siempre se ve anulado, roto, ignorado. Esta propuesta de ley, ahora, busca “incentivar” y promover la inversión en el país. Se dice que porque ya el resto de países Centroamericanos tienen legislación similar. Dice el adagio que el error no es fuente de Derecho. En nuestros países, el error es fuente de privilegios.
Tributariamente, el principio de igualdad, como lo expresa la Corte de Constitucionalidad en innumerables fallos, implica que a igual capacidad de pago, igual tributación y a mayor capacidad de pago, mayor tributación.
Es así que esta “fabulosa ley” otorga el “incentivo” de no pagar impuesto para inversiones “nuevas” y de cierto tamaño -US$800,000-. Es así que cualquier emprendimiento nuevo de menor tamaño, como los que realizan aproximadamente el 60% de la población (economía hoy “informal”) y las PYMES formales, no podrán siquiera optar por calificar.
He allí que el incentivo aplica a empresa con capacidad financiera muy por encima de la media del empresario guatemalteco. Su capacidad de pago, por tanto, mucho mayor, pero no pagará impuesto sobre la renta. ¿Y el principio de igualdad y capacidad de pago?
Otro principio básico de la tributación en un sistema de Derecho, es el de generalidad. Dicho principio indica que todos estamos llamados a contribuir a las cargas públicas conforme a nuestra capacidad de pago. El principio implica la obligación de contribuir y a su vez impone la limitante a los gobiernos que no pueden decretar exenciones salvo en el caso de incapacidad de pago. Es decir, el principio veda la concesión de privilegios por raza, credo, afiliación, clase, pero admite las exenciones por razones de capacidad de pago.
Acá se exime a grandes capitales, por lo que no es una exención dada en atención a la capacidad de pago.
De lo anterior, por tanto, debemos preguntarnos si puede calificarse esta ley como “justa”. Nuestra Constitución Política en el artículo 243 obliga al Congreso a establecer un sistema tributario justo y equitativo y para ello le ordena que las cargas se decreten conforme al principio de capacidad de pago. Hemos ya esbozado los principios básicos de la justicia tributaria, mismos que son flagrantemente violados por esta ley. Es así que no podemos calificar la ley de justa, bajo ninguna perspectiva. Tampoco podemos sostener que la ley ayuda a hacer un sistema justo.
Lo que sí podemos asegurar es que viola principios fundamentales, otorga beneficios y rompe hasta con el más elemental sentido de proporcionalidad de las cargas. La propuesta es una clara aceptación que el impuesto a la renta es un desincentivo a la promoción de inversión y empleo, por lo menos formal, por lo que si cumpliéramos con los principios expuestos, se aboliría dicho impuesto de manera general.

Mario E. Archila M.

Intereses sobre derechos

En los últimos días he tenido que ver comentarios que provocan que haya que hacer explicaciones doctrinarias y filosóficas.
Muchos creen que los intereses “sociales” deben prevalecer y por tanto el individuo debe ceder a dichos intereses.
Esa sentencia es un contrasentido lógico y una ignorancia de la razón de ser del Estado de Derecho.
Nuestra constitución establece que el interés social prevalece sobre el interés particular. Es evidente, pues las leyes deben ser “generales, abstractas e impersonales”. Si violamos el principio de la prevalencia del interés social sobre el particular, caeremos en legislar privilegios. Esto es así pues los privilegios no son más que intereses particulares que se hicieron prevalecer sobre intereses generales.
En mi Facebook se enojaron muchos porque puse una comparación entre una frase de Hitler y una de Hillary Clinton que sentenciaban, ambas, que el individuo estaba o debía estar supeditado a los intereses sociales. Decían que la comparación era tinta. Realmente no lo es. Lo que hay es diferencias de grado, no de sustancia. Un gobierno totalitario como el Nazi lo que hizo fue hacer prevalecer lo que vendieron como “interés social”: exterminar a los judíos. En el otro lado, una socialdemócrata o cualquier otro tipo de socialismo, hará prevalecer dicho interés social en lo que considere, disminuyendo al individuo.

Es así que, por ejemplo, rescatar bancos o subsidiar compra de bienes, aunque sean más nobles principios que exterminar judíos, ponen un interés social sobre todos los individuos. Es de grado.
Un gobierno republicano, con verdadera separación de poderes y respeto a los derechos de TODOS los ciudadanos, no utilizará el poder público para quitarle el producto del trabajo honrado a unos para que otros puedan gozar del subsidio. Aunque los “otros” sean la mayoría ficticia que llamemos “sociedad” y representen el “interés social” simplemente porque el producto de ese trabajo honrado es un Derecho, tal como la vida y su garantía era un derecho de los judíos.

Es, por tanto, importante ver que la legislación de privilegios es, SIEMPRE, una legislación que se disfraza de “interés social” para hacer prevalecer “intereses de grupos particulares” y SIEMPRE, violatoria de Derechos.

Es así que el interés general significa ausencia de privilegios y por tanto, prevalencia de DERECHOS. Derechos e intereses no son equivalentes. Es así que los intereses, sociales o particulares, en ningún momento pueden prevalecer sobre derechos, de uno, unos, muchos o todos.

Mario E. Archila M.

Contrabando de combustible (y cualquier otra cosa)

Debería hablar de los precios de las medicinas, pero el tema allí pasa por otras complicaciones, además de las que señalaré acá con los combustibles.
Nota aclaratoria: lo que sigue pretende mostrar, sin que sean números reales, los efectos del contrabando en los precios y el costo de la formalidad.

Tome la ruta al occidente del país y un poco después de Tecpán empezará a ver “galoncitos” de por las calles con números “28”, “30”… Combustible contrabandeado o robado. En el mejor de los acosos, sin adulterar. También verá que las estaciones de servicios no son “de marca” en su mayoría y venden, en muchos casos, a precios similares a esos. Si su carro no es delicado, quizás aguante un par de tancadas antes de tronar. Ese costo, no está indicado en el precio, pues es suyo.

Ahora bien, si el riesgo de que se arruine su carro está, ¿por qué es tan buen negocio que cuando uno llega a Huehuetenango cree que TODA la gasolina que se vende es de “tambito”? Cada 100 metros hay un expendio de estos. Analicemos el costo por galón, simuladamente, en ambos casos.

En una gasolinera de “marca” (incluídas las de marca nacional reconocida como Don Arturo, Pacific Oil y las internacionales Puma, Shell y Texaco), supongamos que el galón de súper tiene un precio al público de Q34.00. Este precio por galón se compone de:

Q26.16 precio Neto

Q4.70 de Impuesto a la Distribución de Petróleo y Derivados

Q3.14 de IVA

Su carro se llena con 12 galones y normalmente usted carga 10 galones. Es decir que desembolsa Q36.10 por tancada en impuestos. Eso es más de 1 galón.

El gasolinero, para llevarle a su carro el combustible, debió desembolsar primero Q4.70 por cada galón que le compró al distribuidor mayorista. Este impuesto lo pagó el distribuidor en aduana, por lo que está urgido de cobrarlo. Se lo cobra al gasolinero. Debe vender lo más rápido posible. En el camino del puerto a la estación de servicio, una pipa puede perder algunos galones. Si calculamos que pierde 2% (que es bajo, pues no contamos los robos, malos manejos, etc.) en una pipa de 7,000 galones, perdió 140 galones, que equivale a Q518.00 en impuesto que no recuperará.

Imaginemos que el precio neto al público es con una ganancia de 5% sobre el precio por galón al distribuidor (neto), es decir que compró a Q24.85 el galón. Le pagó Q173,964 y recibió Q170,484.72 en producto, con una pérdida de Q658 en impuesto que no recuperará, pues recibió únicamente 6,860 galones.

Ahora bien, esto lo que quiere decir es que por cada pipa el propietario pierde Q658 que no recupera. Lo pagó a su proveedor y debería recuperarlo en la venta, pero ese combustible evaporado nunca lo recuperará.
Supongamos pues, que en la gasolinera vende 6,000,000 de galones. Para ello tuvo que comprar 6,122,449 galones. Implica haber perdido 122,449 galones en la evaporación durante el transporte. Eso es 2%. En dinero anual: Q575,510.30. Eso es casi Q48,000 mensuales.
En el almacenaje y venta, se pierde otro 2-3%. Imaginemos pues que son otros Q48,000 mensuales.

De los 6,000,000 vendidos, en neto, se tiene una ganancia aproximada de Q7,500,000.
La utilidad antes de impuestos no podrá ser mayor a 10%, por lo que he visto. Es decir Q750,000 y se paga un ISR de 28%. Queda una utilidad repartible de Q540,000. Eso es Q45,000 mensuales para el empresario.
Sin tomar en cuenta pagos de ISO y otros cumplimientos. El 10% es un estimado altísimo y agréguele la contingencia de revisiones y licencias. El estimado más realista es 5% de ganancia antes de impuestos, que nos lleva a Q22,500 mensuales.

Ahora, el que vende tambitos, ganará unos Q4 por galón, y se estiman que entran 350,000 galones diarios.
Así qué es fácil imaginar que un punto de venta “tambito” venda 2,000 galones al mes. Eso implica dejarle Q8,000 mensuales.
Nada pierde. No necesita financieramente adelantar nada. No tienen que cumplir informes, auditorías, cobros. Es dinero libre. Si llega a vender 6,000 galones al mes, ya estará haciendo la ganancia de lo que gana un formal que vende 6,000,000 galones al año.

¿Buen negocio?

Mario E. Archila M.

SAT contra ley de inversión

Si bien no creo que el proyecto de fomento a la inversión y empleo del ejecutivo sea lo que el país necesita ni que esté realizado bajo parámetros de verdadera justicia y equidad tributaria, no me sorprende que SAT emita un dictamen negativo. Era de esperarse. Por naturaleza y gracias a las reformas que se le introdujeron a la ley orgánica de SAT el año pasado, SAT deja de ser un ente técnico y se convierte en un ente represor con el único fin de recaudar.
Acá la noticia: SAT se opone

SAT debería ser un ente puramente técnico de administración de la recaudación. Sin embargo se está convirtiendo en el mayor problema contra el desarrollo del país. Su enfoque es estático y con el único interés de lograr metas de recaudación que se hacen bajo el prisma que nuestro problema es el ingreso tributario y que es el gobierno quien debe contar con recursos, a toda costa.
Nuestro país no atrae inversión porque no presenta condiciones necesarias para garantizar estabilidad y rentabilidad a los capitales.
Somos un mercado demasiado pequeño. Alrededor de 4,000 de personas son económicamente activas. Una industria local no tiene mercado suficiente para ser sustentada en el mediano plazo. Los conflictos sociales que provocan grandes ideas e inversiones, como proyectos eléctricos, hidroeléctricos, mineros y hasta turísticos, nos hacen ver como una verdadera república bananera. Los conflictos laborales del sector sindical, que muchas veces son razones válidas, someten a toda la población a sus caprichos. Burocracia, ésta, que aumenta sus salarios simplemente por el transcurso del tiempo y coadyuva a un aparato estatal ineficiente que hace de manifiesto que es un simple botín político.
Problemas para atraer inversión tenemos suficientes. El problema no es el ingreso tributario.
¿Protección arancelaria y no arancelaria? Contamos con ella porque la primera representa ingresos tributarios y la segunda es una justificación a los puestos de varios “técnicos” en varios ministerios. Realmente no sirve de mucho, pues el mismo diario que presenta la noticia que acá comento, en su portada señala que el contrabando implica una pérdida “fiscal” de Q420 millones.
Lo ridículo es que los derivados de petróleo son altamente regulados. A nadie le importa. Acá se compra por precio y el contrabandista lo sabe. Vende más barato. Deja de pagar impuestos y lo hace en las narices de todas las autoridades.
El problema, visto desde la perspectiva del fisco es hacer más fuerte el control… Desde el público consumidor, es un alivio al bolsillo. El fisco, me consta, siempre trató de “evasores” a las compañías petroleras. Eran unos grandes “evasores”. Si bien, nunca les probó nada, ni les ganó ningún proceso importante, sí logró hartarlos a tal punto que hoy día, queda sólo una. Hoy no tenemos combustible importado por los fabricantes. Se compra al mejor postor, salvo el combustible de una marca americana que aún se vende, no sabemos a ciencia cierta qué tipo de combustible llega a nuestros tanques. Vea que ninguna marca importante a nivel mundial domina -hoy día- el mercado de estaciones de servicio en Guatemala. Tenemos una guerra de precios con marcas locales, principalmente. Dos marcas internacionales, una productora y otra sólo es comercializadora, se mantienen en Guatemala. La otra marca británico-holandesa, es franquicia.
Es el producto de políticas “El contribuyente es malo” y “el problema es la recaudación”.

El problema nunca es la recaudación. El problema siempre es el gasto. De allí deriva la recaudación.

Mario E. Archila M.

La capitalización de utilidades y el ISR

Ha surgido una controversia sobre el criterio de SAT en cuanto a las capitalizaciones de utilidades y su tratamiento como “pago de dividendos” en especie.
Este punto es un claro ejemplo de cómo se confunden situaciones contables con los hechos generadores de impuestos, que son situaciones jurídicas.
La capitalización de utilidades no puede ser pago de dividendos, toda vez que “dividendo” es un concepto jurídico propio.

Lo que deberíamos analizar en una ley tributaria es, precisamente, la definición del Hecho Generador que la misma nos da. La situación contable, por lo tanto, es un indicador de lo que sucedió, mas no es una definición legal del hecho generador.

Es así que en este caso particular, se debe recurrir a la ley para establecer qué es lo que se define como hecho generador. Sin que ocurra tal hecho, es imposible que se hable de la obligación tributaria. Recordemos que el Hecho Generador es el supuesto contenido en la norma cuya ocurrencia da origen a la obligación tributaria.

En el impuesto sobre la renta, por lo tanto, no es el artículo 3 el importante, pues allí está únicamente definido, de manera parcial, el hecho generador. El artículo 3 contiene los elementos objetivos del hecho generador, la riqueza gravable, no así el hecho generador completo. Antes de hacer el análisis de cuáles hechos generadores gravan o podrían gravar la capitalización de utilidades, debemos tener claro que la Constitución de Guatemala posee uno de los principios de legalidad más cerrados de las constituciones modernas, ya que no sólo requiere que el Congreso establezca los tributos, sino que a su vez, obliga y limita a que únicamente el Congreso determine, en ley, las bases de recaudación, dentro de ellas y de manera particular, el Hecho Generador (239 de la Constitución, primer párrafo). Es así que no podemos concluir, bajo ningún punto de vista, que una partida contable o una norma de contabilidad dará lugar a un hecho generador, pues violaría el sistema jurídico-constitucional del país.

Es por ello que al observar el artículo 83 del Decreto 10-2012, claramente vemos que grava la obtención de rentas de capital y el hecho generador en específico está en el artículo 84 que califica como renta de capital mobiliario, el pago de dividendos o utilidades.
La capitalización de utilidades, realmente, es la pérdida de dichas utilidades a favor de la sociedad y el hecho generador es el pago o distribución de dichas utilidades. Dejan de ser utilidades cuando se capitalizan y no hay distribución de las mismas. Se entregan acciones, sin embargo, dichas acciones no son, jurídicamente, pago de dividendos en especie, como lo sería, por ejemplo, que la sociedad decretara dividendos y para pagarlos, a falta de efectivo en caja, distribuyera inventario.
Si lo vemos estrictamente desde la perspectiva de la sociedad, el valor en libros de las acciones no varía, pues se compone de capital pagado, menos perdidas acumuladas, más utilidades retenidas más reserva legal, dividido el número de acciones emitidas. Al hacer la capitalización, el monto de utilidades retenidas pasa a ser parte del capital pagado y el número de acciones emitidas aumenta, pero el valor total del valor en libros que le correspondía al accionista nunca varió.

Es así que la contabilización del lado del accionista no debería afectar si hay o no “dividendos”, sino que la definición legal de dividendos es la que debe marcar la existencia o no de los mismos y por tanto, su contabilización. Es más, los accionistas no serán todos “personas obligadas a llevar contabilidad” ni tampoco, si la llevaran, tendrán la misma forma de contabilizar sus inversiones, por lo que no puede ser un elemento el criterio para establecer si se paga o no el impuesto. Recordemos que en materia tributaria, únicamente la capacidad de pago es relevante al momento de determinar los hechos generadores y su alcance. 2 accionistas de la misma sociedad deberían de tributar por el mismo hecho, independientemente de su forma de llevar contabilidad o causaríamos una injusticia. Sólo imagine lo injusto que será si hay accionistas corporativos y accionistas personales. Los corporativos pagarán el tributo mientras que los otros no, pues los primeros registran su inversión a costo adquisición mientras que los individuales únicamente reciben acciones a cambio de su valor en libros.
Es así que si el hecho generador es distribución de dividendos o utilidades, imposible resulta que por analogía se equipare la capitalización de utilidades, que es una operación distinta, a dicho hecho generador. De hacerlo, como se mencionó, habría dos inconstitucionalidades:

1. Violación a la igualdad tributaria,
2. Violación al principio de legalidad por utilizar analogía para crear un hecho generador.

Mario E. Archila M.

El IUSI y sus incongruencias

El 19 de julio, a las 7a.m., tendremos nuestro acostumbrado desayuno seminario mensual. El tema: El IUSI y sus falencias. Específicamente trataremos:

1. Inconstitucionalidad del Impuesto Único Sobre Inmuebles por carecer de hecho generador, la ley solo brinda la manifestación de riqueza.

2. Inconstitucionalidad al señalar un objeto gravable “real” que no considera la capacidad de pago, ni establecer deducciones ni descuentos.

3. Atenta contra la propiedad privada, pues obliga a decidir para poder “pagar el impuesto”.

4. Falta de neutralidad y falta de revelación de capacidad de pago.

5. Posibilidad de arbitrariedades, pues la ley permite que mediante delegación de funciones y con disposiciones inferiores a la ley se modifique el valor del inmueble, la base imponible del IUSI.

Espero nos acompañe y profundicemos en este tema. Solo Q224.00 por persona, que incluye desayuno.

Llame al 23788484 con Doris para inscribirse. No quedan muchos espacios.

Mario E. Archila M.

La Función de los Impuestos

Esto no es mío… Me lo mandaron por correo electrónico. Ilustra muy bien los errores del sistema impositivo que impera. Así quiere el Gobierno actual, liderados por don Otto Pérez Molina y su flamante ministro de Finanzas, Don Pavel Centeno, que sea la cosa… ¿Quién sufrirá más?

Excelente explicación!!

Algo tan sencillo como tomarse unos tragos con los amigos, puede darnos toda una lección de vida. Reflexión del sistema tributario.   

Todos los días 10 se reúnen en un bar para charlar y beber cerveza. La cuenta total de los diez hombres es de $100.

Acuerdan pagarla de la manera proporcional en que se pagan los impuestos en la sociedad de un país, con lo que la cosa sería más o menos así, según la escala de riqueza e ingresos de cada uno:

 Los primeros 4 hombres (los más pobres) no pagan nada.

· El 5º paga $1.

· El 6º paga $3.

· El 7º paga $7.

· El 8º paga $12.

· El 9º paga $18.

· El 10º (el más rico) paga $59.

A partir de entonces, todos se divertían y mantenían este acuerdo entre ellos, hasta que, un día, el dueño del bar les metió en un problema:

“Ya que ustedes son tan buenos clientes,” les dijo, ” Les voy a reducir el costo de sus cervezas diarias en $20. Los tragos desde ahora costarán $80.”

El grupo, sin embargo, planteó seguir pagando la cuenta en la misma proporción que lo hacían antes.

Los cuatro primeros siguieron bebiendo gratis; la rebaja no les afectaba en absoluto.

¿Pero qué pasaba con los otros seis bebedores, los que realmente abonan la cuenta? ¿Cómo debían repartir los 20? de rebaja de manera que cada uno recibiese una porción justa?

Calcularon que los $20 divididos en 6 eran $3.33, pero, si restaban eso de la porción de cada uno, entonces el 5º y 6º hombre estarían cobrando para beber, ya que el 5º pagaba antes $1 y el 6º pagaba $3.

Entonces el barman sugirió una fórmula en función de la riqueza de cada uno, y procedió a calcular la cantidad que cada uno debería pagar.

· El 5º bebedor, lo mismo que los cuatro primeros, no pagaría nada: (100% de ahorro).

· El 6º pagaría ahora $2 en lugar de $3: (ahorro 33% ) 

· El 7º pagaría $5 en lugar de $7: (ahorro 28% ).

· El 8º pagaría $9 en lugar de $12: (ahorro 25% ).

· El 9º pagaría $14 en lugar de $18: (ahorro 22% ).

· El 10º pagaría $49 en lugar de $59:(ahorro 16% ).

Cada uno de los seis pagadores estaba ahora en una situación mejor que antes: los primeros cuatros bebedores seguían bebiendo gratis y el quinto también.

Pero, una vez fuera del bar, comenzaron a comparar lo que estaban ahorrando.  

“Yo sólo recibí $1 de los 20 ahorrados ,” dijo el 6º hombre y señaló al 10º bebedor, diciendo ” Pero él recibió $10″ 

“Sí, es correcto ,” dijo el 5º hombre. ” Yo también sólo ahorré $1; es injusto que él reciba diez veces más que yo.”

“Es verdad “, exclamó el 7º hombre. “¿Por qué recibe él $10 de rebaja cuando yo recibo sólo $2? ¡Los ricos siempre reciben los mayores beneficios!”

“¡Un momento !”, gritaron los cuatro primeros al mismo tiempo. “¡Nosotros no hemos recibido nada de nada. El sistema explota a los pobres!”

Los nueve hombres rodearon al 10º y le dieron una paliza.  

La noche siguiente el 10º hombre no acudió a beber, de modo que los nueve se sentaron y bebieron sus cervezas sin él. Pero a la hora de pagar la cuenta descubrieron algo inquietante: Entre todos ellos no juntaban el dinero para pagar ni siquiera LA MITAD de la cuenta. 

Y así es, amigos y amigas, periodistas y profesores universitarios, gremialistas y asalariados, profesionales y gente de la calle, la manera en que funciona el sistema de impuestos. La gente que paga los impuestos más altos son los que se benefician más de una reducción de impuestos. Póngales impuestos muy altos, atáquenlos por ser ricos, y lo más probable es que no aparezcan nunca más. De hecho, es casi seguro que comenzarán a beber en algún bar en el extranjero donde la atmósfera es algo más amigable.

Moraleja:

” El problema con el socialismo es que uno termina quedándose sin el dinero de la otra gente”.

Ya lo dijo Margaret Thatcher:

“El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero… de los demás”

Para quienes comprenden, no es necesaria una explicación.

Reforma a la Constitución

Durante muchos años he dicho que nuestra Constitución sirve tanto como el papel de baño. La razón para ello es porque no está pensada como instrumento republicano de limitación a quien ejerce el poder, sino al contrario, está pensado como un instrumento que establece sueños para ser cumplidos por un aparato estatal en favor de grupos de poder o de interés.

Con esa perspectiva, evidentemente los resultados de su aplicación son los que saltan a la vista: inconformidad, corrupción, abusos de todos lados, legalización del compadrazgo como método de garantía de derechos y carreras políticas mesiánicas que logran enriquecimiento absurdo de los que ganan y sus allegados.

El Presidente Otto Pérez Molina exalta y promueve una reforma constitucional. De nuevo, no niego su necesidad. Cuestiono, eso sí, que haya una clase política, empresarial o académica que realmente esté planteando una reforma que resuelva los problemas arriba establecidos.

No creo que la reforma que el señor Presidente promueva ataque esos problemas. No creo que cuente con asesores que estén dispuestos a ceder sus cuotas de poder y hacer planteamientos que vayan encaminados a regresar a Guatemala por la senda de una vida republicana (lea “regresar” con un tono sarcástico, pues nunca lo hemos sido) y mucho menos que busque reducir los ámbitos de intromisión de los funcionarios, para reducir el nivel de corrupción por interferencia.

Se dice que la constitución debe ser más democrática, más participativa, más abierta y más inclusiva, pero todos esos términos son simplemente para darle espacios a más organizaciones y grupos de interés y reducir cada vez más las esferas de derechos de todos. Se compartimentalizan los derechos y se reparte la piñata a costa de los ciudadanos. Se agrupa falsamente a la sociedad “civil” en grupúsculos de interés particular, sin ver que son los ciudadanos de a pie, los trabajadores y emprendedores (no empresarios) los que requieren que se les expedite el camino al éxito personal, sin importar cómo considere definir dicho éxito mas que con la clara y delimitada esfera de no intervenir con el del vecino.

Veo muy peligrosa una reforma constitucional en este momento, pues los grupos que apoyan la misma no han presentado proyectos que resuelvan el fondo, sino que lo agravarán en el futuro.

Mario E. Archila M. 

Reformas del Partido Patriota II (El cambio al ISR)

La técnica legislativa es deplorable en esta propuesta, que ya cuenta con dictamen favorable de la comisión de finanzas. La propuesta incluye 7 libros, mismos que implican un par de impuestos nuevos. El gran defecto es que no considera la interacción que los impuestos “nuevos” tienen con otros tributos ya existentes. Entre que la ley la hicieron “economistas” (el término “Derecho Tributario” sí les vino del norte) y que los señores diputados no entendieron, demuestran que no solo no saben de impuestos, sino que no saben de leyes… ni modo… vamos a lo que venimos:

En cuanto a la exposición de motivos que presenta el Ministerio de Finanzas (ojo que el proyecto no lo hizo el Ministerio de Finanzas sino el famoso G40) dice que “Es moderna porque, entre otras características, contiene normas internacionales, precios de transferencia, normas de subcapitalización, conceptos de establecimiento permanente y de residente. La equidad se hace efectiva mediante la ampliación de las bases imponibles: grava ingresos que actualmente no tributan; amplía el ámbito de aplicación subjetivo: precisa con claridad los contribuyentes y los agentes de retención”, sin embargo, habla que “Al mantener la deducción única de Q 48,000 anuales (mínimo vital), excluye del impuesto de la renta del trabajo en relación de dependencia a los trabajadores que devengan un salario menor a los Q 5,000 mensuales, acatando el principio constitucional de capacidad de pago.”

Acá varios errores graves: En tributación muchas veces “moderno” quiere decir “nueva manera de clavar”. Si bien es cierto que causa muchos problemas de aplicación el no saber cuándo se es “residente tributario” porque no tenemos el concepto y pudiera ser (hay que ver la forma en que se redactó el proyecto) que los conceptos de establecimiento permanente y de residente tributario ayuden a clarificar (no así a cobrar o pagar), los demás “modernos” conceptos son de los que me dan alergia porque causan distorsiones enormes en la operación dinámica de los mercados:

  1. Subcapitalización.
  2. Precios de transferencia.

El primero es normalmente un tope a la creatividad, pues castiga a quien tiene ideas pero no dinero. Evidentemente favorece a quien ya tiene dinero y a los bancos del sistema. Logran mejores condiciones de crédito quienes ya cuentan con capital, por lo que ser “emprendedor” costará más. A la larga, se beneficia el status quo.

El segundo tema es el “orgasmo” de los que se dedican a esto, porque ven una fuente de ingresos, bastante rayando en el fraude, para asesorar en cuánto la aplicación de esto. ¿Por qué? No se puede normar el principio de “libre negociación”. Si está normado, ya no es libre. Si me dicen que no puedo vender a menos de X precio, para efectos de tributar, aún y cuando, es el precio realmente convenido, tengo una distorsión significativa. Claro que los señores están buscando recaudar, pero la recaudación debe obedecer al principio de neutralidad y los precios de transferencia es un mecanismo que los gobiernos buscan para “corregir” la distorsión que su propio sistema impositivo causó. Lo veremos mas adelante.

Y por último, el más grave error acá es que una deducción única no responde, ni por asomo, al principio de capacidad de pago. Se sigue gravando a los empleados en relación de dependencia sobre lo que se denomina “rentas ficticias”. ¿Cómo así? Simplemente dice que cualquier persona debe gastar para su manutención y la de su familia Q48,000. (Que valga decir que equivalen a Q4,000 mensuales, no Q5,000. Vaya que le dieron dictamen favorable después de leerla bien…) Eso viola totalmente la capacidad de pago, la justicia y equidad tributaria y el principio de igualdad en materia tributaria. Una persona casada que mantiene su hogar podrá tener un salario de Q10,000 mensuales, con lo que tendrá un monto deducible, de entrada, de Q48,000, pero mantiene económicamente a su pareja y 3 hijos. Su ingreso gravable será de Q120,000-48,000=Q72,000. Sin embargo, cada hijo cuesta Q1,000 de colegio y Q750 de alimentación mensuales (ropa, comida, entretenimiento); su pareja y los gastos del hogar alrededor de Q3,000 mensuales, que equivale a Q8,250.00. Al final tendría esta persona Q21,000 en la bolsa, no Q72,000. Con el mismo salario, un soltero que vive con sus papás y no tiene gastos, probablemente en sus “obligaciones” económico familiares no gaste ni Q1,500 al mes. Con ello, evidentemente, su posición es que tiene Q102,000.00 en su bolsa y le cobrarán el impuesto únicamente sobre Q72,000.00

La doctrina, en este punto, ya discute la inconveniencia de este tipo de tributación “ficticia” y presiona a que se busque gravar -si se decide gravar la renta- sobre una base de “renta real”. Es decir, sobre lo que “queda” una vez que se han incurrido en los gastos de una honesta y prudente administración. El sistema como está planteado, genera una total injusticia por no gravar la “capacidad de pago” y por tanto, el tributo y el sistema tributario es injusto e inequitativo. Eso ya es hoy día, pero acá se reincide. Viola los artículos 239 y 243 de la Constitución Política de la República.

El proyecto, en cuanto al ISR, también mantiene graves distorsiones al seguir siendo “cedular”. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se gravan los ingresos según se hayan originado. Si son “por trabajo”, se gravan de una manera; si son “financieros”, se gravan de otra manera; si son provenientes de “inversión de capital”, de otra. La pregunta lógica es ¿por qué no se grava la utilidad por utilidad que es y no por “procedencia”? Los principios más básicos de conducta indican que el ser humano busca maximizar y por tanto, estoy totalmente seguro, que si tenemos diferentes regímenes para esto, tendremos “creativos” que disfrazarán una renta de trabajo como inversión de capital, si fuera más bajo o de capital como financiero, si fuera más conveniente.

Dentro del régimen de asalariados, de nuevo, se busca la eliminación del crédito por IVA pagado. Este mecanismo, quiera o no quiera aceptar el Fisco, el Ministerio y el Congreso, crea incentivos para el consumo en el mercado informal. Esto por dos razones:

  1. Alrededor del 75% del mercado en Guatemala es informal;
  2. No hay incentivo en reportar los gastos bajo ningún esquema por parte del trabajador.

El mecanismo de control cruzado que la planilla del IVA permitía estaba empezando a dar resultados, con lo que la recaudación de los contribuyentes que proveían facturas subiría y se mantendría controlado. La eliminación de gastos o la no inclusión (porque actualmente tampoco se permite) dentro del régimen del asalariado, nos deja con 1.4 millones de personas que hacían trabajo de fiscalización indirecta. Se supone que el Decreto 4-2012 aumenta controles por la venta “sin factura”. Esos controles sólo caen sobre los contribuyentes que ya están siendo controlados. De manera que ese 1.4 Millones de personas tienen ahora una opción económica más rentable en comprar todo lo que consumen en el ya ignorado mercado negro.

En un par de días publicaré el análisis de los artículos de esta parte del proyecto.

Mario E. Archila M.