Los enfoques en la tributación

He pasado un par de días en un Congreso Internacional de Tributación en la ciudad se Quetzaltenango. Ha sido una experiencia académicamente interesante.

La alineación de ponentes era muy variada. Colombia, Ecuador, Perú, México, Chile y Guatemala prestaron, a través de sus tributaristas, visiones diferentes sobre los temas actuales, aunque muchos coincidentes en el fondo.

Estamos ya en épocas en las que los gobiernos justifican su voracidad fiscal y proponen conceptos equivocados que vamos dando por sentados.

Así, por ejemplo, las famosas BEPS, tergiversan el lenguaje para pretender equiparar la elusión tributaria con la evasión. Todo porque se parte de la idea que “pagar impuestos es bueno”.

Muchos años llevo trabajando en una idea: pagar impuestos es perverso de por sí. Su justificación es puramente legal. Quitar el producto de su trabajo a una persona es una institución más cercana a la esclavitud que a la república. Más cerca del feudalismo que un sistema democrático republicano. Quedamos presos y siervos de los políticos. ¿Está usted de acuerdo a seguir manteniendo a esa ralea?

Si bien, la vida en sociedad requiere cubrir ciertos gastos comunes que nos permitan a todos vivir en condiciones positivas, la noción que es vía impuestos y un sistema de redistribución de riqueza lo que resulta ser una postura violadora de principios como tal. Año a año, con esa excusa, vemos cómo se otorgan facultades invasivas a la administración tributaria, se nos acusa de ser delincuentes teibutarios y se pretende que seamos siervos sin voz ni voto.

La verdadera discusión debe estar en los principios y en análisis de las consecuencias de dejar esos principios de lado, entregando poderes omnipotentes a la administración tributaria y el Congreso.

Mario E. Archila M.

Diplomado en Impuestos

Nuestro entrenamiento completo para ejecutivos, empresarios, gerentes de impuestos, financieros y departamentos legales y de contabilidad. 

Duración del curso completo: 40 horas (10  días de 4 horas cada uno)

Días miércoles: De 8:30 am a 12:30 pm (Empezamos 5 de febrero y concluimos 22 de abril)

Docente: Mario Estuardo Archila M., Abogado y Notario, Catedrático en varias maestrías de Derecho Tributario

Lugar: Avenida Reforma 8-95 zona 10, of. 202 D y F, Guatemala

Cupo: Limitado.

Objetivos:

  • Proveer a los ejecutivos el conocimiento para entender las acciones de SAT y tomar decisiones preventivas
  • Dotar a los departamentos financieros, legales, de impuestos y contables los conocimientos básicos para realizar correctamente los pagos de tributos
  • Permitir que los asistentes tengan en su poder los conceptos principales que permiten una defensa adecuada en caso de fiscalizaciones y requerimientos de información de SAT
  • Dar las herramientas suficientes que permitan minimizar errores en las operaciones contables, financieras y contratos que se reflejan en los impuestos por pagar

Metodología

Práctica

El docente es abogado especializado en la defensa, planeación y estrategia tributaria. De allí que pueda en cada sesión transmitir conocimiento práctico. Experiencias reales y soluciones reales. 

Propósito

¿Sabe usted que muchas veces los ajustes de SAT derivan de desconocer la ley, qué requiere conservar, por cuánto tiempo y cómo se interpretan correctamente las leyes?

Durante 55 años de existencia de la firma se nos ha hecho evidente que la legislación tributaria es de compleja interpretación, lo que causa problemas en la toma de decisiones. Como leyes que son, las normas del derecho tributario responden a principios jurídicos de interpretación y deben ser reflejadas en los libros contables, naciendo la obligación tributaria de una ley, no de una operación contable. 

Sabemos que muchas veces los problemas tributarios son producto de esa complejidad en las normas tributarias. Una interpretación partiendo de reglas o técnicas contables y no de la ley, puede llevar a ajustes y sanciones formales por SAT.

Material

Todos los módulos se acompañan de material específico para ellos, textos recomendados, material escrito por nuestros abogados, extractos de libros de los grandes tratadistas de Derecho Tributario, sugerencias e ideas de situaciones previamente resueltas que podrán ayudar a tomar mejores decisiones. El material que se entregará busca que los asistentes puedan recurrir a dicha información en el momento que más se necesite. 

Diploma

Cada módulo lo hará acreedor de un diploma de participación con descripción de los temas tratados y las horas invertidas, para que pueda acreditar su profundización en dichos temas. 

Inversión

  • El precio por el paquete completo de 6 módulos es de Q7,800.00. 
    • Si paga la totalidad de los módulos de una vez, el precio es de Q6,500.00 (17% de descuento). 
  • Para grupos, por cada 2 personas, la tercera es gratis, es decir, Q5,200.00 por cada una. 
  • Vea el brochure adjunto para los precios y fechas por módulo individual

Detalle del contenido de cada módulo

MODULO I (8 horas, 5 y 12 de febrero)

Los límites constitucionales al poder tributario

Aprenderemos por qué no todos los impuestos que existen deberían ser pagados

  • Antecedentes del Derecho Tributario
    • Autonomía del Derecho Tributario
  • Principios Fundamentales del Derecho Tributario
    • Principio de Legalidad
      • Reserva de ley
      • Preferencia de ley
    • Principio de Generalidad
    • Principio de Progresividad 
    • Principio de Capacidad de Pago
    • Principio de Igualdad
    • Principio de Justicia
    • Principio de Equidad
    • Principio de No Confiscación
    • Principio de Prohibición a la Doble o Múltiple Tributación

MODULO II (8 horas, 19 y 26 de febrero)

El fundamento legal general de la tributación (Código Tributario)

Las reglas que SAT debería seguir y omite sistemáticamente

  • Obligación Tributaria 
    • Generalidades
    • Definición
    • ¿Un Deber o una Obligación?
    • Clasificación
  • Hecho Generador
  • Sujetos de la Obligación Tributaria
  • Interpretación de las Normas de Carácter Tributario
  • Determinación de la Obligación Tributaria
  • Determinación de Oficio
  • Determinación Sobre Base Presunta
  • Extinción de la Obligación Tributaria 
  • Infracciones Tributarias
    • Resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria.
    • Infracciones a los deberes formales.
    • Infracciones establecidas con ocasión de inspecciones o actos similares.
  • Sanciones
    • Sanciones Específicas.
  • Cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios.
  • Otras sanciones.

MODULO III (8 horas, 4 y 11 de marzo)

La imposición a la renta.

El impuesto más complicado de entender y más cuando está mal diseñado.

  • El 10-2012, libro I, Impuesto Sobre la Renta
  • Distintos Regímenes del ISR
    • General
    • Optativo
    • Rentas del trabajo
    • Rentas de capital
    • Ganancias de Capital
    • Imposición de No Residentes
    • En cada uno de ellos: 
    • Tipo Impositivo
    • Base Imponible
    • Cálculo de renta
    • Gastos deducibles
    • Gastos no deducibles
    • Es acreditable el IVA?
    • Período Impositivo
    • Forma de Liquidar el Impuesto
  • ¿Quién es un Agente de Retención?
    • ¿Con qué obligaciones debe cumplir un Agente de Retención?
  • Precios de Transferencia
    • Aplicación
    • Forma de cumplir
    • Estudios de precios de transferencia como medio de mejora empresarial
  • ISO
  • Regímenes especiales
    • 29-89, zonas francas y zonas de libre comercio
    • Requisitos para calificar
    • Ventajas

Modulo IV (4 horas, 18 de marzo)

Manejo correcto de Sociedades Mercantiles a la luz de nuevas regulaciones. 

Hay obligaciones societarias que deben ser cumplidas anualmente y se olvidan. Algunas tienen implicaciones tributarias.

  • ¿Qué libros contables se deben llevar?
    • ¿Deben ser autorizados?
    • ¿Libros Manuales o Electrónicos?
  • Forma de llevar contabilidad
  • Manejo societario
    • Libros sociales
      • Actas Asamblea
      • Actas Órgano de Administración
      • Registro de Accionistas
    • Patentes
      • Comercio de empresa
      • Comercio de Sociedad
  • Representación legal, ¿Qué es y cómo se obtiene?
    • Nombramientos
    • Mandatos
    • De hecho
    • Responsabilidades
      • Civiles
      • Penales
      • Tributarias
  • Inscripción en el Registro Tributario Unificado
    • Avisos de modificación a los datos de inscripción
  • Conservación de libros, registros y documentos de soporte
    • Legislación que permite conservación electrónica
  • Bancarización y sus efectos
    • Casos comunes que requieren documentos notariales

Modulo v (4 horas, 25 de marzo)

La Tributación correcta del IVA.

Es el impuesto que más recauda, el que más fácil se controlaría y el más apegado a la capacidad contributiva, sin embargo, el más odiado. 

  • Definiciones del IVA
    • Servicio
    • Venta
    • Importación
    • Exportación
  • Hecho Generador
  • ¿Quiénes deben pagarlo?
    • Definición de contribuyente
  • Procedencia del Crédito Fiscal
  • Mecánica del IVA
  • Tipo Impositivo
  • Base Imponible
  • Debito Fiscal
  • Crédito Fiscal 
  • Período Impositivo
  • Forma de Liquidar el Impuesto
  • Régimen General o Pequeño Contribuyente
  • Documentos del IVA y su uso correcto
    • Factura
    • Nota de crédito
    • Nota de débito
    • Factura especial
    • Nota de abono
    • FEL y sus implicaciones
  • ¿Quiénes tienen derecho a devolución del impuesto?
    • Régimen General
    • Régimen Especial
    • Régimen Optativo
    • Régimen Electrónico

MÓDULO VI (8 horas, 15 y 22 de abril)

Acciones para evitar ajustes

Un curso completo de cómo enfrentar a SAT con la ley en el mano y un poco de astucia litigiosa

  • Gastos deducibles.
    • Documentación de Gastos Deducibles
    • Requisitos para la deducibilidad
    • Costos y Gastos No Deducibles
    • Rentas de capital
    • Sistemas contables y el ISR.
    • Deducibilidad de intereses
  • Los contratos de compraventa de inmuebles: IVA o Timbre. Las luces de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad
  • La bancarización de las operaciones.
  • Los libros contables. Los soportes contables y la obligación de conservarlos.
  • Decreto 10-2012
    • Los libros sociales.
  • Requerimientos de Información
    • Requerimiento de fiscalización
    • Requerimiento de información respecto a terceros
    • Requerimientos de Recaudación
  • Resistencia a la Acción Fiscalizadora y Cómo evitarla

Descargue la información acá: Trifoliar 2020

 

Llame al 23788484 y que Doris o Virginia le den los detalles para inscribirse. Se llena rápido, así que no tarde mucho.

 

Lo espero.

 

Mario E. Archila M. 

El problema no es la recaudación

… es el gasto.

Eso está claro para unos pocos pues todavía se oye eso de “Guatemala es el país con la menor recaudación de Latinoamérica”. Sí, ¿y qué?

La medición de la recaudación frente a PIB es una medida que nos indica cuánto de lo que creemos es el PIB se consume el gobierno. A noviembre, SAT reporta haber recaudado Q59,870,000,000.00 y Banguat estima el PIB 2019 en Q631,935,000,000.00.

Para 2018, que ya tenemos datos “ciertos” para ambos montos, SAT presentó una recaudación de Q61,236,220,000.00 y el BANGUAT reportó un PIB de Q589,959,000,000.00. Si hacemos el famoso cálculo de presión fiscal obtenemos que para 2018 la recaudación fue de 10.38% del PIB. Eso sí, las cifras del PIB 2018 son preliminares.

Esa recaudación, ¿qué nos dice? No mucho, realmente. Imaginemos que el 70% de la población, se estimó en algún momento por algún tanque de pensamiento, es informal. Que aproximadamente el 30% del PIB es producido por esa población en la informalidad. Tendríamos que ajustar la carga tributaria a las personas que pagan. Eso hace que el PIB formal sea Q412,971,300,000.00 y por tanto, la recaudación es de 14.83% del PIB “formal”. Así podríamos jugar y jugar con las variables. Hasta podríamos usar otros métodos de estimar el PIB.

Lo que sí está claro, es la cantidad de dinero que entra a las arcas del Estado. Y es allí donde tenemos que fijarnos. Usted y yo le damos dinero en administración a un grupo de políticos. Ellos “administran” ese dinero para cubrir las necesidades de vivir en sociedad. En un régimen republicano, esos fines “sociales” son justicia, seguridad, relaciones diplomáticas y algunas obras de infraestructura. Podríamos ampliar a subsidiar algunas cosas como educación o salud, pero eso es zona gris. En Guatemala, la situación fiscal (el dinero en el fisco) es un poco menos clara para usted y para mí. Los políticos crean y crean “obligaciones sociales” que “justifican” cobrarnos cada vez más. El problema está en que la vaca sigue estando mal alimentada y no sirve para producir leche ni parir becerros.

Veamos esta gráfica antes de continuar:

Vea que del gobierno del PAN en 1996, los salarios estaban 1.78 a 1 respecto a inversión. Un gobierno que logró que buenos resultados económicos y niveles de inversión bastante grandes. Electrificación, telefonía e infraestructura como no se había tenido en la historia. En los gobiernos que le siguieron vemos un fuerte crecimiento de las remuneraciones y descenso de la inversión. Hemos llegado a los niveles actuales de casi 10 veces en gasto por remuneraciones por cada quetzal de inversión.

¿Qué nos dice esto? Gastamos en burócratas y empleados públicos cada vez más sin que ello se refleje en servicios cada vez mejores ni en infraestructura cada vez mejor. Es un gobierno creciente sin efectividad ni eficiencia. Se crean plazas, posiblemente plazas fantasmas, sin que haya retorno de la inversión en impuestos que los ciudadanos hacemos. Es así que el problema no es la recaudación, sino el gasto. Debemos eliminar plazas innecesarias, funciones duplicadas, los cánceres de los pactos colectivos con aumentos sin justificación y la herencia de plazas. Eliminar el gasto superfluo. Mire lo que la corte salvadoreña le ordenó al gobierno -que no es competencia de la corte andar haciendo eso y es de sentido común de una buena administración- en esta sentencia:

Mientras no suceda eso, no se coloque una regla fiscal clara en la Constitución y las cortes no entiendan que están para defender los derechos de los ciudadanos en materia tributaria y no para ser cómplices del congreso y los burócratas en esquilmarnos, este país no cambiará.

Mario E. Archila M.

Análisis Decreto 7-2019 del Congreso de la República, LEY DE SIMPLIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN TRIBUTARIA

Nuestro análisis se detendrá en aquellos artículos que consideremos son de mayor relevancia o causan alguna confusión y dejaremos fuera aquellos que su trascendencia sea poca o no causen ninguna necesidad, a nuestro parecer, de ser interpretados más allá de su texto.

El artículo 1 establece la razón de ser del Decreto:

ARTICULO 1. Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto promover la incorporación al sistema tributario de todas aquellas personas individuales, jurídicas, entes y patrimonios que por la naturaleza de las actividades que realizan estén obligadas a registrarse ante la Administración Tributaria y por ende atender las disposiciones de la legislación tributaria, otorgando para el efecto, condiciones de simplificación y facilitación.

La ley permite la regularización de adeudos tributarios ante la Administración Tributaria, ya sea mediante la rectificación de declaraciones o bien por presentación extemporánea de las mismas, otorgando la posibilidad de suscribir convenios de pago con plazos extraordinarios e improrrogables mayores a los establecidos en el Decreto Número 6-91 del Congreso de la República, Código Tributario.

Las disposiciones del presente Decreto aplican a procesos de verificación, al cumplimiento de obligaciones tributarias que se tramitan ante las distintas dependencias de la Superintendencia de Administración Tributaria, así como ante las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Vemos pues que el propósito es incorporar contribuyentes al sistema tributario, por medio de condiciones de simplificación y facilitación. Para ello, se permitirán regularizaciones de adeudos con plazos y condiciones más favorables que el Código Tributario y para los procesos, según este artículo 1, que estén en sede administrativa o en el Contencioso Administrativo.

El primer grupo de reformas es la adición del CAPÍTULO VIII RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRIBUYENTE AGROPECUARIO, en la ley del Impuesto al Valor Agregado.

Y con el artículo 3 se agrega al IVA el Artículo 54 “A”. Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario.
Las personas individuales que desarrollen actividades de producción y comercialización en el sector agropecuario y cuyo monto de venta anual de sus productos, no exceda los tres millones de Quetzales (Q.3,000,000.00) dentro del año fiscal computado del uno (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre, podrán solicitar su inscripción al Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario y pagarán mensualmente un tipo impositivo del cinco por ciento (5%) sobre las ventas brutas para criadores de ganado vacuno, equino, porcino y caprino. Para el caso de compradores, vendedores y engordadores es el cinco por ciento (5%) sobre las utilidades. Queda excluida de este régimen cualquier prestación de servicios agropecuarios, o servicios de cualquier otra naturaleza.

Los contribuyentes inscritos en este régimen, quedan relevados del pago y la presentación de la declaración anual, trimestral o mensual del Impuesto Sobre la Renta o de cualquier otro tributo acreditable al mismo.”

Este régimen tiene particularidades que si bien son “buena idea”, violan principios constitucionales. Desde la perspectiva positiva, un régimen simplificado es mucho más apetecible para tributar y genera menos rechazos. Un régimen simplificado logrará aumentar recaudación, siempre y cuando sea lo suficientemente barato que el costo de cumplimiento esté por debajo de la percepción de valor de retorno que tiene el pago del tributo. Es difícil poder establecer si el régimen de 5% sobre ventas brutas cumple con ello, toda vez que el promedio de tributación en régimen empresarial es de 3% sobre ventas. Llama la atención que se crea un régimen de 5% sobre utilidades. Este segundo régimen podría implicar un impacto casi nulo o nulo, dependiendo de las utilidades que reporte.

En cuanto a los puntos negativos encontramos que:

  1. El régimen de 5% sobre utilidades está exento de presentación de cualquier declaración anual, trimestral o mensual del ISR. (Ambos modos del régimen lo están, pero en éste tiene consecuencias el párrafo).
  2. También están exentos de “cualquier otro tributo acreditable”, es decir del ISO.

En el punto A, es importante dejar claro que el vicio de inconstitucionalidad estriba en que no hay manera de calcular la base a la cual aplicarle el 5%. La forma de pago, como se estableció en el artículo siguiente, es vía retención “definitiva” y eso implica que en el régimen de pequeño contribuyente de “compradores, vendedores y engordadores” no existe mecanismo para pagar “sobre utilidades” y la dispensa de presentar declaraciones impide que determinen su obligación y paguen, pero sí gozan de exención del ISO; es decir, no pagan nada.

Los del régimen sobre ingresos, por su parte, sufrirán retenciones al momento de emitir sus facturas.

En ambos casos, las facturas no generan crédito del IVA. El monto retenido, por el agente de retención, deberá enterarse a la Administración Tributaria por medio de declaración jurada dentro del plazo de diez (10) días del mes inmediato siguiente a aquel en que se efectúa el pago o acreditamiento.

En el régimen de pequeño contribuyente normal el plazo es 15 días, lo que nos lleva a que hay dos tipos de declaraciones de retenciones por hacer a pequeños contribuyentes. Las cosas cambian, sin embargo, cuando los agentes de retención, no efectúen la retención. En dicho caso, el contribuyente inscrito en el Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario deberá pagar el impuesto, dentro del mes calendario siguiente al vencimiento de cada período mensual, a través de los medios que la Administración Tributaria ponga a su disposición. Es decir que tiene UN MES PARA PAGAR. Los contribuyentes en el régimen opcional simplificado, por ejemplo, no tienen ese plazo y deben pagar en los mismos 10 días hábiles del mes siguiente al que facturaron los montos que no fueron sujeto a retención.

Este régimen, aunque sea “fácil”, tiene un vicio constitucional adicional, toda vez que los regímenes diferenciados pueden crearse, doctrinariamente, únicamente cuando obedecen a diferencias en capacidad de pago. Q3,000,000 equivale a Q250,000 mensuales y se les permite un pago menor -5%- que incluye ISR e IVA que a los que están tributando conforme el Régimen Opcional Simplificado, quienes tributan 7% por cada quetzal por encima de Q30,000 mensuales. Es así que no obedece a los principios de generalidad y equidad y justicia tributaria, ya que no hay razonabilidad para darle un tratamiento diferenciado a contribuyentes con tan altos ingresos.

Se agrega un artículo 54 “C”. Obligaciones del Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario, que obliga al contribuyente inscrito en este Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario, para efectos tributarios, a llevar el libro de compras y ventas habilitado por la Administración Tributaria, en el que registrará sus compras y sus ventas y se le obliga a  habilitar un libro de bancos y un libro de inventarios con los requisitos que determine el reglamento de la ley. Estos libros los podrá llevar en forma electrónica. Colocan, innecesariamente, una obligación de emitir siempre facturas de contribuyente agropecuario en todas sus ventas.

Vemos acá que los libros y registros de bancos, inventarios y compras y ventas pueden ser contrarios a la obligación de llevar contabilidad completa según el Código de Comercio. Si bien hay una excepción respecto a ser considerados “comerciantes” para las empresas, abarca -la excepción- únicamente a los que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. Por el monto de ingresos en este régimen, si fueren comerciantes, sí deberán llevar contabilidad completa, aunque su régimen sea sobre ingresos. De nuevo, se omitió establecer cómo pagarán los del régimen especial de actividades agropecuarias que tienen el pago sobre utilidades.

Se agrega por medio del artículo 6 el artículo 54 “D” a la Ley del Impuesto al Valor Agregado:

Artículo 54 “D”. Permanencia en el Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario.
Cuando el contribuyente agropecuario supere la suma establecida en el Artículo 54 “A”, la Administración Tributaria lo inscribirá de oficio en el Régimen Normal o General del Impuesto al Valor Agregado, así como al Impuesto Sobre la Renta en cualquiera de los regímenes establecidos para las rentas de actividades lucrativas, notificándole al contribuyente de las nuevas obligaciones por los medios establecidos en el Código Tributario y el período de liquidación de los impuestos a que queda afecto. El registro deberá realizarse dentro de un plazo que no exceda de tres (3) meses a partir de la notificación.

Cuando supere la cantidad de ingresos anuales, SAT le cambiará al régimen “normal” o “general” del IVA y lo inscribirá de oficio en cualquiera de los regímenes del ISR. Luego dice que el registro deberá hacerse en un plazo que no exceda de 3 meses a partir de la notificación, lo que es contradictorio, pues lo inscribe de oficio, pero la inscripción es después de la notificación. En el siguiente párrafo, que no transcribo indica que el contribuyente escogerá. Este tipo de redacciones son confusas y causan luego problemas de implementación al no saberse específicamente cómo se hará el cambio a dicho régimen y qué requisitos y plazos se cumplen cuando. Si la inscripción es de oficio pero hay una escogencia del contribuyente, lo que es de oficio es la notificación para darle tres meses para inscribirse, no la inscripción. Constitucionalmente, podría alegarse que viola la seguridad, especialmente la jurídica, contenida en el artículo 2.

Con el artículo 8 se adiciona el artículo 54 “E” al Decreto Número 27-92 del Congreso de la República, Ley del impuesto al Valor Agregado, el cual queda así:

Artículo 54 “E”. Régimen Electrónico de Pequeño Contribuyente y Régimen Electrónico Especial de Contribuyente Agropecuario.
A partir del uno de marzo de dos mil veinte, la Administración Tributaria deberá poner a disposición de los contribuyentes del Régimen de Pequeño Contribuyente y Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario descritos en los artículos 45 y 54 “A”, la plataforma electrónica para la gestión, cobro y control del impuesto a cargo de estos contribuyentes.

Los contribuyentes que soliciten su incorporación a este régimen, en todas sus ventas están obligados a emitir factura electrónica de pequeño contribuyente o contribuyente agropecuario, según corresponda, y estarán afectos a un tipo impositivo reducido del cuatro por ciento (4%) en sustitución del cinco por ciento (5%) establecido en los artículos 47 y 54 “A”.

El contribuyente deberá registrar ante la Administración Tributaria una cuenta bancaria y autorizar a esta para que el décimo día hábil de cada mes calendario, debite automáticamente de dicha cuenta el monto equivalente a aplicar el tipo impositivo del cuatro por ciento (4%) sobre el total de ingresos reportados en el mes inmediato anterior, de conformidad con las facturas electrónicas emitidas para tal efecto. La resolución de incorporación a este régimen deberá constar en las facturas electrónicas. En éste caso, las personas individuales o jurídicas, entes o patrimonios, que son agentes de retención, los que llevan contabilidad completa y los que sean designados por la Superintendencia de Administración Tributaria, cuando paguen, acrediten en cuenta o de cualquier manera pongan a disposición ingresos a los contribuyentes calificados en este régimen no realizarán la retención a que hacen referencia los artículos 48 y 54 “B”.

El contribuyente que no tenga los fondos suficientes para cubrir el impuesto de este régimen en la fecha establecida, presentará la declaración dentro de los días que faltan para finalizar el mes calendario, pagando un tipo impositivo del cinco por ciento (5%) sobre el valor de los ingresos reportados en el mes inmediato anterior, de conformidad con las facturas electrónicas emitidas para tal efecto, sin que ello implique su exclusión del Régimen Electrónico de Pequeño Contribuyente y Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario.

En este régimen especial electrónico, encontramos cosas “curiosas”. Primero, se reduce la tarifa a 4% si optan por él. Todos los demás contribuyentes, conforme la legislación vigente, seremos incorporados al régimen electrónico sin beneficio alguno y de manera obligatoria, a partir del 31 de octubre de 2019, con un plazo de 3 meses desde la notificación respectiva para completar la incorporación. Estos contribuyentes lo harán, voluntariamente, a partir del 1 de marzo de 2020 y con descuento de 20% de sus impuestos.

El mecanismo de débito automático es interesante, sin embargo, establece que cuando “no haya fondos” podrán pagar dentro del mismo mes que está corriendo, pagando 5%, sin condiciones o sanciones adicionales.

El decreto 7-2019 también tiene una sección de regularización que inicia con el artículo 10:

ARTICULO 10. Presentación extemporánea o rectificación de declaraciones.

Por el plazo improrrogable de dos (2) meses a partir de la vigencia de la presente Ley, el contribuyente o responsable que hubiere omitido su declaración o quisiere rectificarla, podrá realizar la presentación extemporánea o rectificación de sus declaraciones y el pago que corresponda. Esta disposición aplica para obligaciones tributarias vencidas antes del uno de enero de dos mil diecinueve, y aplica también para contribuyentes que ya hubieran sido notificados de alguna audiencia en la fase administrativa o que se encuentren en el proceso contencioso administrativo.

Cuando el contribuyente haya omitido declarar ingresos y no disponga de la documentación para la correcta determinación de la obligación tributaria, podrá pagar por concepto de impuesto Sobre la Renta una tarifa del siete por ciento (7%) sobre el monto de los ingresos omitidos consignados en la declaración, así como el seis por ciento (6%) sobre la misma base por concepto del Impuesto al Valor Agregado.

El plazo de 2 meses vence el 15 de diciembre de 2019. El plazo, sin embargo, aplica, realmente, únicamente a las declaraciones que estén en fase administrativa y proceso contencioso administrativo, porque el artículo 106 del Código Tributario permite presentar rectificaciones en cualquier momento hasta antes de ser notificado de una audiencia.

El segundo párrafo de la norma tiene algo más de sentido, pues dentro de esos dos meses, entendemos, aunque no es lo que literal ni gramaticalmente dice la norma, los contribuyentes que no han declarado ingresos y no tengan documentación de soporte podrán pagar 7% sobre el ingreso que digan que tuvieron y 6% del IVA de esos valores. Al ser una “regularización” este artículo es un total sinsentido. Establece los montos a pagar, sin documentación, pero no contempla las consecuencias. Es decir, ¿debe pagar con las multas de mora u omisión, según corresponda? ¿Paga intereses? ¿Es una regularización sujeta a fiscalización posterior o no? Al no decirlo, sino que permite que el contribuyente “se invente” sus ingresos, sin documentación de soporte, las consecuencias legales son:

  1. Se interrumpe la prescripción de esos períodos.
  2. Debe cubrir multas e intereses.
  3. Está sujeto a verificación. Al no tener documentación de soporte que lo permita, podrá sujetársele a sanciones por resistencia a la acción fiscalizadora, omisión de pago de tributos y por supuesto, lavado de dinero y otros activos, ya que no hay demostración de la licitud de dichos ingresos.

El artículo 11 de la regularización, es sin duda una amnistía penal disfrazada. Adolece de toda técnica y fundamento tributario, sin embargo, ya es ley y dice así:

ARTICULO 11. Regularización mediante pago a cuenta de terceros.

Los contribuyentes que durante los períodos contables y fiscales anteriores al uno (01) de enero de dos mil trece (2013), hayan realizado registros contables o respaldado la devolución de crédito fiscal con facturas emitidas por personas jurídicas o individuales a quienes la Superintendencia de Administración Tributaria les haya encontrado inconsistencias en la documentación presentada por estas o no haya sido localizada la dirección de su domicilio fiscal registrado, podrán por cuenta propia o por cuenta de terceros (proveedores, vendedores o intermediarios), pagar las obligaciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado que se haya causado por las operaciones documentadas por dichas facturas, siempre y cuando se compruebe:

    1. Que los pagos a los proveedores hayan sido bancarizados;
    2. En caso se trate de la compra de productos, que se haya registrado en el inventario;
    3. Que presentó declaración del Impuesto Sobre la Renta y pagó dicho impuesto por las ventas o exportaciones realizadas; y,
    4. Que efectuó las retenciones del Impuesto al Valor Agregado de conformidad con la ley.

El juez correspondiente podrá levantar las medidas de coerción que se hubieren dictado en contra del contribuyente, si paga las obligaciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado que corresponda a las facturas que sustentan la denuncia, o bien solicite que se celebre un convenio de pago por las obligaciones tributarias previamente referidas. De igual forma se procederá si la obligación tributaria determinada por la Superintendencia de Administración Tributaria es pagada por el proveedor, vendedor o intermediario. Una vez comprobado el pago de la obligación tributaria o celebrado el convenio de pago, el juez podrá otorgar el criterio de oportunidad o cualquier otra medida de desjudicialización que considere, en más de una ocasión para el mismo sindicado, o bien podrá desestimar o sobreseer el proceso, según la etapa procesal que corresponda.

En el caso que el contribuyente sea exportador, este podrá pagar la obligación tributaria propia o a cuenta del tercero que le haya emitido las facturas a que se refiere el presente artículo, compensando el pago con el crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado que tenga registrado contablemente, hasta por el monto que corresponda a la obligación tributaria que se esté pagando.

Para los casos en que la extinción de la obligación tributaria se solicite al amparo de este artículo, los tribunales podrán otorgar el criterio de oportunidad por más de una vez.

Las facturas regularizadas en la forma que hace referencia el presente artículo, soportarán y respaldarán legalmente para el exportador o adquirente, los costos y gasto del producto exportado o vendido para efectos de la determinación del Impuesto Sobre la Renta.

Los contribuyentes que se acojan a la presente disposición deberán registrarse en el Régimen de Factura Electrónica y utilizar un sistema electrónico de registro de operaciones y de documentación de soporte de todas las operaciones del giro normal de su negocio, de conformidad con lo establecido en el Decreto Número 4-2019 del Congreso de la República de Guatemala y las disposiciones que para el mismo haya emitido la Superintendencia de Administración Tributaria.

Esto es básicamente cubrir el impuesto de los proveedores que SAT cuestionó. Lo primero que viene a la mente es que un contribuyente nunca debió estar sujeto a ningún tipo de sanción o proceso penal por el hecho que su proveedor o el proveedor de su proveedor no hubiere cumplido sus obligaciones tributarias. Es elemental que el contribuyente exportador no es el obligado a verificar que el proveedor o la cadena de proveedores cumplió y mucho menos estar sujeto a procedimientos penales. La ley parece que quiere reconocer ese aspecto, pues los tres requisitos que establece son claramente elementos que demuestran que esos proveedores fueron reales, pero es el proveedor el que incumplió sus obligaciones tributarias. Es así que la “amnistía” submarina es clara en cuanto a obligar a un inocente a cubrir impuestos que debe un tercero. Lo que verdaderamente debió suceder es corregir los tipos penales y verdaderamente otorgar la amnistía, sin sujetar a pagos que no corresponden. Esas facturas pagadas por el propio sindicado del delito, “por su proveedor”, se “regularizan” y ahora se podrán usar como gasto, es decir, dejar la obligación del ISR tal y como la presentó originalmente. La guinda es que para poder hacer esto, debe incorporarse al régimen de Factura Electrónica.

No encontramos que los plazos o condiciones de los convenios sean “mejores” como lo había anunciado el artículo 1. De tal manera se seguirá aplicando el Código Tributario para ellos y serán por 18 meses. Tampoco contiene exoneraciones de multas en ninguna de las formas de regularizar y se omitió el artículo que establecía que adicionalmente el presidente de la República podría exonerar de multas y recargos.

Es así que el artículo 1 se queda burlado en cuanto a los alcances plenos, ya que no contempla realmente exoneraciones de recargos y multas ni mejores condiciones para los convenios de pago.

Guatemala, 23 de octubre de 2019

 

 

Lic. Mario E. Archila M., LLM

Socio Archila & Asociados

La Evolución del Derecho Tributario para evitar corrupción

En última época hemos oído que la tributación es una herramienta de redistribución del ingreso y una herramienta para realización de políticas públicas (funciones parafiscales de la tributación).

Sin embargo hay que revisar esas posturas previo a aceptarlas como dogma. En Guatemala la Constitución establece, artículo 239, que los tributos se establecen conforme a las necesidades del Estado. Este principio bastante republicano nos permite muy largas discusiones, incluido el tema que hoy planteo.

Hay una fuerte corriente de campañas para reducir o eliminar la corrupción y grandes olas de noticias sobre las fortunas -mal habidas- de los políticos en muchas latitudes. Es con todo eso que debemos empezar a analizar los límites de la tributación.

La corrupción es el uso del dinero público (principalmente tributación) para fines distintos a los planteados inicialmente. Es decir, la corrupción es llevar el dinero recaudado a los bolsillos de los políticos y sus amigos. Este fenómeno es una consecuencia del sistema y no su causa. La causa es la capacidad financiera del Estado y los espacios de poder discrecional o arbitrario. Estos poderes los crea la propia legislación y muchas veces, la propia legislación tributaria, principalmente cuando se recauda con un fin específico.

La finalidad de redistribuir o la de hacer o motivar que algo se haga por los contribuyentes genera espacios para decisiones del burócrata de turno. Decisiones mismas que llevan la semilla de la corrupción dentro de sí. Un programa de reparto -transferencias condicionadas, subsidios- implica automáticamente tener que establecer mecanismos para escoger al destinatario de dichos beneficios. Esa escogencia permite la realización, por sí misma, de actos de corrupción para beneficiarse directamente al otorgarlo a X y no a Y.

De la misma manera, un tributo con fines parafiscales, imaginemos, un tributo sobre bienes patrimoniales para su conservación, deja el espacio para que una módica mordida -en relación al costo del tributo- sea ofrecida y pagada a cambio de excluir del padrón de bienes con valor histórico a ese bien en específico. Igual sucedería si es la exención a un tributo predial cuando sea patrimonio histórico o cultural, lo que podría llevar a utilizar el recurso de la mordida o coima para lograr dicha exención.

Debe considerarse que la decisión de gobierno, aún en los mejores procesos de compras y contrataciones del gobierno, siempre tienen mecanismos para lograr que sean manipulados. Es así que entre más facultades y funciones se le asignen al gobierno para utilizar el ingreso tributario, más espacios para la corrupción existirán.

De allí que debemos regresar a entender que las funciones del Estado son aquellas funciones originarias y puramente necesarias que realice un gobierno, ya que cada función adicional será un pretexto a mediano y largo plazo para que quien esté en el uso de las funciones públicas descubra un mecanismo para aprovecharse de ese sistema.

Retornar a principios de tributación más cerrados podrá ser la mejor batalla contra la corrupción en todos los niveles de gobierno.

Mario E. Archila M.

SAT-anizando

Hay muchas noticias interesantes en estos momentos sobre nuestro mundo “impositivo”. Tenemos las noticias de Aceros de Guatemala, las de los Panama Papers… Y así.

Me gusta tomar unas líneas para hacer algunos comentarios respecto a estos puntos, que pueden explicar otras perspectivas sobre asuntos que acá se mencionaron en los medios respecto a estos casos. VALE INDICAR QUE NO CONOZCO LOS CASOS MÁS QUE POR LOS MEDIOS, POR LO QUE HARÉ COMENTARIOS DE LO QUE PUEDE PASARLE A GENTE HONRADA EN SITUACIONES QUE TERMINARÍAN O HAN TERMINADO EN ACUSACIONES PENALES SERIAS, SIN QUE REALMENTE SEAN DELITOS.

Noticia caso Aceros de Guatemala:

Literalmente en la conferencia de prensa SAT y CICIG indican que las denuncias derivan de supuestas simulaciones de compras de chatarra, esto porque hay detectadas “inconsistencias” derivadas de que los proveedores de primera y segunda línea “no son localizarles” y “no tienen infraestructura suficiente para operar” y “proveedores fallecidos”.

Esta jerga quiere decir lo siguiente:

a) Proveedores de primera línea: quienes directamente vendieron Aceros.

b) Proveedores de segunda línea: quienes le venden a los proveedores directos de Aceros (pueden ser a los mismos de primera línea “sospechosos” u otros).

c) Que no son localizarles. Esta situación se da por muchas razones. En lo personal he visto porque las empresas cierran entre el momento de la facturación al momento en el que se les trata de ubicar, tienen direcciones erróneas en los registros de SAT, son falsos o son documentos que utilizan los verdaderos proveedores para documentar sus ventas.

d) Que no tienen infraestructura suficiente para operar. Esta es una calificación, usualmente, contable que hace un auditor de SAT en el que busca si los balances del “proveedor” tienen activos para la prestación de los servicios que están facturados o para la venta de los bienes que provee a quien le aparece de cliente.

Los problemas de las calificaciones que hace SAT:

NOTA ACLARATORIA: En este caso depende de lo particular y de toda la investigación. Mi apreciación acá es para relatar partiendo de un caso público, situaciones que he observado en otros casos que han sido resueltos favorablemente para el acusado. Esto se ha dado porque las imputaciones no son conclusivas y con una defensa técnico-tributaria acompañando a la defensa técnico-penal se ha logrado el desvanecimiento de la imputación. No conozco el caso a detalle para referirme a él y lo que continúa es para uso general y conocimiento del público de lo que puede estar bien o mal en su propia operación, aún cuando no tiene ningún ánimo defraudatorio.

En los casos de devolución de IVA que inician los exportadores, es usual que estas imputaciones aparezcan y terminen en procesos penales contra los exportadores. Muchas veces el criterio aplicado por SAT es una conclusión parcial y no del todo válida para llegar a acusar de defraudación. Esto porque quien solicita el crédito es acusado, pero al avanzar en la investigación y cruzarla con otros medios probatorios se puede demostrar que el “delito” lo han cometido personas distintas. Si es el caso de Aceros, no lo sé, pero he visto esas imputaciones en café y cardamomo, así como en unos ajustes a grupos que no exportan, sino que fabrican.

Para contextualizar, partamos que hay una economía informal muy importante en Guatemala. La compra de productos como chatarra (caso Aceros) o productos agrícolas que pueden venir de minifundios, como el café, cardamomo o vegetales; los textiles artesanales, cerámicas, artesanías de madera, productos del bosque, frutas, etcétera, involucra a muchos productores pequeños  o cooperativas, que venden sus productos a contribuyentes del sector formal. Estos pequeños productores, muchas veces, no tienen registros en SAT, por lo que no hay NIT, facturas autorizadas ni demás documentación. El contribuyente “formal” al comprar a ellos debería documentar su compra en una factura especial (factura por cuenta del comprador). Estas facturas, sin embargo, tienen retenciones de ISR e IVA que el productor “informal” no acepta -son muy caras en su esquema económico-cultural- con lo que recurre a terceros para el “servicio de facturación”. Este servicio ES el que resulta, evidentemente ilegal.

Las facturas que emite el “facturador” son legítimas, usualmente, en cuanto a contar con autorizaciones de SAT, impresión en imprenta legítima, etc. Algunas veces son parte de redes de facturación, otras veces son personas “particulares” que tienen NIT y facturas autorizadas que  las usan para sus negocios y las “prestan” a terceros cuando se requiere. Son ilegales, eso sí, en el sentido que documentan que X le vendió a A, pero realmente Z le vendió a A. A, acá, aún no comete acto fraudulento alguno.

Es así que no es de extrañar que muchos de los contribuyentes formales y decentes que existimos tengamos entre nuestras compras facturas de “no localizados” o “sin infraestructura” para lo que compramos. Ahora ahondo en eso.

El “no localizados” sucede muchas veces por varias razones. La primera, probablemente la más común, es que el “facturador” desde hace rato que dejó de usar la dirección que aparece en las facturas, pero como hacer el trámite lo percibe carísimo, ya que tiene que ir, probar la nueva dirección, cambiar sus facturas, etc., no lo hace.

La segunda razón es que dejó de operar entre el momento que emitió la factura (esto es proveedores reales que quiebran) y el momento en el que SAT fiscaliza al “comprador”. Esto es mucho más frecuente de lo que uno se imagina. Es claro también que dado que dejó de operar, no hizo ningún trámite en SAT.

La tercera razón (no es orden de importancia o frecuencia) es porque sí son una mafia y se esconden. En este tercer caso, usualmente hay varias líneas más abajo de prestadores de “facturas” -proveedores de segunda, tercera y cuarta línea… Y luego viene el “truco”. Esos proveedores que no proveyeron nada, realmente simularon las ventas, devuelven el dinero al “cliente”, es decir, el acusado. En este caso, sí hay un notorio fraude. El otro mecanismo del fraude es que pagan un porcentaje de las “facturas” y nunca la deuda entera. Luego, con el tiempo, eliminan la cuenta por pagar a esos supuestos “proveedores” con algún movimiento contable. Esto sucede por 3 razones:

a) Simularon toda la operación para que SAT les devolviera un IVA que nunca pagaron;

b) Simularon la documentación porque el verdadero proveedor no emitió facturas;

c) Subvaloraron (que ya es de por sí delito) importaciones de inventario y no podían justificar el costo real.

Quizás hay más, pero como no me dedico a esas tranzas, esas son las que he visto relatadas en denuncias, resoluciones y conversaciones con personeros de SAT y MP en eventos académicos.

En esta tercera razón sí hay delitos cometidos por el “exportador” o “comprador”. En los otros casos, quien evade puede ser el proveedor que emite una factura de un tercero (factura falsa), pero ese tercero puede ser que sí pague los tributos completos, con lo que no habría defraudación tributaria como tal (no hay merma en la recaudación). En el caso de  no localizarlos porque dejaron de tener operaciones, lo importante es verificar si tuvieron operaciones en su momento -cuando emitieron las facturas.

El otro caso citado es que no hay “infraestructura suficiente”. Este es más complicado. Como hay muchos casos, voy a mencionar 2 que conozco:

  1. Prestación de servicios de dirección. En el caso de toma de decisiones, SAT es del criterio que una persona sola no puede “ganar millones” por tomar decisiones en una compañía. Que no es “razonable”. El otro criterio es que una Sociedad Anónima tienen que tener planilla para prestar servicios y que si no, hay “simulación”.
    1. Formalmente hay simulación en el caso de la Sociedad Anónima en la que el accionista principal (o total) es el único que trabaja. Sin embargo la simulación no es “tributaria” porque esa persona individual generaría el mismo impuesto 5-7% y 12% de IVA igual que lo que genera la Sociedad. De tal forma, el siguiente elemento del delito tributario “menoscabo en la recaudación” no se logra. Y si se pusiera como “empleado” generaría un menor pago de tributos.
  2. Falta de valor en los activos. SAT utiliza el criterio que la renta de equipos y bienes tiene que ser un porcentaje del valor en libros de los activos, por lo que si el prestador de los servicios o bienes no tiene “activos suficientes en contabilidad”, comete simulación. Algunas acotaciones para ver que el criterio no es tan simple de aplicar:
    1. La contabilidad refleja muchas veces el valor “en libros” de los activos, que es el valor de adquisición depreciado en método de línea recta (mismo porcentaje por año). Así que una compañía que digitaliza datos, por ejemplo, puede tener computadoras que tienen vida útil de 8 años, pero la depreciación “conforme a la ley” es de 33.3% al año, es decir, 3 años. A partir del 4 año ya no tiene “activos”, pues su valor es 0, aunque físicamente sí los tenga y sí pueda prestar el servicio.
    2. Un servicio de mensajería que factura una Sociedad Anónima, por ejemplo, podría ser cuestionado porque no tiene “motos” en sus activos. Esto podría ser posible si está contratando mensajeros (pequeños contribuyentes, por ejemplo) que cobran por paquete y ellos son los que usan una moto (al rato que no es de ellos tampoco).
    3. Arrendamientos de bienes inmuebles: el mismo caso. El valor matrícula es un valor histórico y la gente no revalúa para evitar el pago de IUSI mayor, pero da en arrendamiento al valor mercado de su propiedad.

Como ven, hay muchas aristas en estos casos. Espero que SAT y MP tengan suficientes elementos en el caso particular y también que en los casos en los que no hay suficiente evidencia contra un contribuyente, no opten por medidas y acciones penales que causen desgastes innecesarios. Hay que pagar conforme a la ley, lo que aplica a todos los involucrados.

 

Mario E. Archila M.

Los intereses en el 10-2012

El 10-2012 es, a mi parecer, un rotundo error de planteamiento desde la perspectiva filosófica y económica. Sabemos que es en él se incorpora un “nuevo” Impuesto Sobre la Renta, entre otras 6 cosas… Si bien, no hay mucha novedad positiva, sí hay una novedad de regulaciones que hacen cumplir con la “tramitología” del impuesto, una tortura. Es decir, aumenta el costo de cumplir. Es así que el Libro I del mentado decreto 10-2012 no es, en el fondo, más que un maquillaje que quiso favorecer a la Administración Tributaria y el Fisco con incorporación de reformas que hacen de complicado a imposible que un gasto sea deducible. Una daga por la espalda.

Dentro del “maquillaje”, se incorporaron reformas a la redacción de ciertos requisitos para los costos deducibles. Uno de ellos, los “intereses”.

¿A qué me refiero? Comparemos los párrafos que contenían la deducibilidad de los intereses:

“ARTICULO 38. Renta Imponible en el régimen optativo previsto en el artículo 72 de esta ley.

Los contribuyentes del impuesto que opten por el régimen establecido en el artículo 72 de esta ley, deberán determinar su renta imponible, deduciendo de su renta bruta, solo los costos y gastos necesarios para producir o conservar la fuente productora de las rentas gravadas, sumando los costos y gastos no deducibles y restando sus rentas exentas. Se consideran costos y gastos necesarios para producir o conservar la fuente productora de rentas gravadas los siguientes:

m) Los intereses sobre créditos y los gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos en instituciones bancarias, financieras y demás instituciones legalmente autorizadas para operar como tales en el país y que se encuentren sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos; los intereses y gastos financieros directamente vinculados con las ofertas públicas de títulos valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías; los intereses sobre créditos y los gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos en Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente constituidas, así como los intereses sobre créditos y gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos de instituciones bancarias y financieras domiciliadas en el exterior, en todos los casos siempre que dichos créditos sean destinados para la producción de rentas gravadas. El monto deducible por concepto de intereses no podrá exceder al que corresponda a las tasas de interés que aplique la Administración Tributaria a las obligaciones de los contribuyentes caídos en mora.

No constituyen gastos deducibles los intereses que se paguen o acrediten a personas individuales o jurídicas que no se encuentren incluidas en el párrafo anterior. Se exceptúan los intereses que las instituciones bancarias, financieras y demás instituciones legalmente autorizadas para operar como tales en el país y que se encuentren sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente constituidas, paguen a sus cuenta-habientes e inversionistas, así como los intereses que se paguen a los inversionistas de títulos valores inscritos en el Mercado de Valores y Mercancías, los cuales sí constituyen gastos deducibles.”

El Decreto 26-92 del Congreso establecía que eran “deducibles” “los intereses sobre créditos y gastos financieros directamente vinculados con tales créditos…”:

  1. Obtenidos de instituciones bancarias (y demás) legalmente autorizadas para operar en el país, que se encuentren sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos;
  2. Los vinculados con las ofertas públicas de títulos valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías;
  3. Los obtenidos en Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente constituidas;
  4. Los obtenidos de instituciones bancarias y financieras domiciliadas en el exterior, en todos los casos siempre que dichos créditos sean destinados para la producción de rentas gravadas;

en todos los casos siempre que dichos créditos sean destinados para la producción de rentas gravadas.

Es así que los intereses deben ser por créditos que sean destinados a la producción de rentas gravadas y obtenidos de esas 4 fuentes descritas. Si no está vinculado “EL CRÉDITO” a PRODUCIR rentas gravadas, no es deducible. Esto quiere decir que el dinero del préstamo se usó para PRODUCIR RENTA

¿Qué cambió?

El artículo 21 del Decreto 10-2012 dice lo siguiente:

“ARTICULO 21. Costos y gastos deducibles.

Se consideran costos y gastos deducibles, siempre que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o conservar la fuente productora de rentas gravadas, los siguientes:

16. Los intereses, los diferenciales de precios, cargos por financiamiento o rendimientos que se paguen derivado de: i) instrumentos financieros; ii) la apertura de crédito, el crédito documentario o los préstamos de dinero; iii) la emisión de títulos de crédito; iv) operaciones de reporto; v) el arrendamiento financiero; el factoraje, la titularización de activos o cualquier tipo de operaciones de crédito o de financiamiento. Todos los intereses para ser deducibles deben originarse de operaciones que generen renta gravada al contribuyente y su deducción se establece de acuerdo al artículo referente a la limitación de la deducción de intereses establecida en este libro.”

La variación está en el origen del dinero para pagar los intereses. Acá ya no se requiere que el dinero del crédito se haya utilizado en producir renta, sino que el dinero para PAGAR LOS INTERESES PROVENGA DE OPERACIONES QUE GENEREN RENTA GRAVADA. El uso del dinero del crédito ya no es requisito. Vea que no hay norma alguna que indique nada sobre el uso del crédito…

¿Le parece sorprendente?

 

Mario E. Archila M.