Análisis Decreto 7-2019 del Congreso de la República, LEY DE SIMPLIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN TRIBUTARIA

Nuestro análisis se detendrá en aquellos artículos que consideremos son de mayor relevancia o causan alguna confusión y dejaremos fuera aquellos que su trascendencia sea poca o no causen ninguna necesidad, a nuestro parecer, de ser interpretados más allá de su texto.

El artículo 1 establece la razón de ser del Decreto:

ARTICULO 1. Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto promover la incorporación al sistema tributario de todas aquellas personas individuales, jurídicas, entes y patrimonios que por la naturaleza de las actividades que realizan estén obligadas a registrarse ante la Administración Tributaria y por ende atender las disposiciones de la legislación tributaria, otorgando para el efecto, condiciones de simplificación y facilitación.

La ley permite la regularización de adeudos tributarios ante la Administración Tributaria, ya sea mediante la rectificación de declaraciones o bien por presentación extemporánea de las mismas, otorgando la posibilidad de suscribir convenios de pago con plazos extraordinarios e improrrogables mayores a los establecidos en el Decreto Número 6-91 del Congreso de la República, Código Tributario.

Las disposiciones del presente Decreto aplican a procesos de verificación, al cumplimiento de obligaciones tributarias que se tramitan ante las distintas dependencias de la Superintendencia de Administración Tributaria, así como ante las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Vemos pues que el propósito es incorporar contribuyentes al sistema tributario, por medio de condiciones de simplificación y facilitación. Para ello, se permitirán regularizaciones de adeudos con plazos y condiciones más favorables que el Código Tributario y para los procesos, según este artículo 1, que estén en sede administrativa o en el Contencioso Administrativo.

El primer grupo de reformas es la adición del CAPÍTULO VIII RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRIBUYENTE AGROPECUARIO, en la ley del Impuesto al Valor Agregado.

Y con el artículo 3 se agrega al IVA el Artículo 54 “A”. Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario.
Las personas individuales que desarrollen actividades de producción y comercialización en el sector agropecuario y cuyo monto de venta anual de sus productos, no exceda los tres millones de Quetzales (Q.3,000,000.00) dentro del año fiscal computado del uno (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre, podrán solicitar su inscripción al Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario y pagarán mensualmente un tipo impositivo del cinco por ciento (5%) sobre las ventas brutas para criadores de ganado vacuno, equino, porcino y caprino. Para el caso de compradores, vendedores y engordadores es el cinco por ciento (5%) sobre las utilidades. Queda excluida de este régimen cualquier prestación de servicios agropecuarios, o servicios de cualquier otra naturaleza.

Los contribuyentes inscritos en este régimen, quedan relevados del pago y la presentación de la declaración anual, trimestral o mensual del Impuesto Sobre la Renta o de cualquier otro tributo acreditable al mismo.”

Este régimen tiene particularidades que si bien son “buena idea”, violan principios constitucionales. Desde la perspectiva positiva, un régimen simplificado es mucho más apetecible para tributar y genera menos rechazos. Un régimen simplificado logrará aumentar recaudación, siempre y cuando sea lo suficientemente barato que el costo de cumplimiento esté por debajo de la percepción de valor de retorno que tiene el pago del tributo. Es difícil poder establecer si el régimen de 5% sobre ventas brutas cumple con ello, toda vez que el promedio de tributación en régimen empresarial es de 3% sobre ventas. Llama la atención que se crea un régimen de 5% sobre utilidades. Este segundo régimen podría implicar un impacto casi nulo o nulo, dependiendo de las utilidades que reporte.

En cuanto a los puntos negativos encontramos que:

  1. El régimen de 5% sobre utilidades está exento de presentación de cualquier declaración anual, trimestral o mensual del ISR. (Ambos modos del régimen lo están, pero en éste tiene consecuencias el párrafo).
  2. También están exentos de “cualquier otro tributo acreditable”, es decir del ISO.

En el punto A, es importante dejar claro que el vicio de inconstitucionalidad estriba en que no hay manera de calcular la base a la cual aplicarle el 5%. La forma de pago, como se estableció en el artículo siguiente, es vía retención “definitiva” y eso implica que en el régimen de pequeño contribuyente de “compradores, vendedores y engordadores” no existe mecanismo para pagar “sobre utilidades” y la dispensa de presentar declaraciones impide que determinen su obligación y paguen, pero sí gozan de exención del ISO; es decir, no pagan nada.

Los del régimen sobre ingresos, por su parte, sufrirán retenciones al momento de emitir sus facturas.

En ambos casos, las facturas no generan crédito del IVA. El monto retenido, por el agente de retención, deberá enterarse a la Administración Tributaria por medio de declaración jurada dentro del plazo de diez (10) días del mes inmediato siguiente a aquel en que se efectúa el pago o acreditamiento.

En el régimen de pequeño contribuyente normal el plazo es 15 días, lo que nos lleva a que hay dos tipos de declaraciones de retenciones por hacer a pequeños contribuyentes. Las cosas cambian, sin embargo, cuando los agentes de retención, no efectúen la retención. En dicho caso, el contribuyente inscrito en el Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario deberá pagar el impuesto, dentro del mes calendario siguiente al vencimiento de cada período mensual, a través de los medios que la Administración Tributaria ponga a su disposición. Es decir que tiene UN MES PARA PAGAR. Los contribuyentes en el régimen opcional simplificado, por ejemplo, no tienen ese plazo y deben pagar en los mismos 10 días hábiles del mes siguiente al que facturaron los montos que no fueron sujeto a retención.

Este régimen, aunque sea “fácil”, tiene un vicio constitucional adicional, toda vez que los regímenes diferenciados pueden crearse, doctrinariamente, únicamente cuando obedecen a diferencias en capacidad de pago. Q3,000,000 equivale a Q250,000 mensuales y se les permite un pago menor -5%- que incluye ISR e IVA que a los que están tributando conforme el Régimen Opcional Simplificado, quienes tributan 7% por cada quetzal por encima de Q30,000 mensuales. Es así que no obedece a los principios de generalidad y equidad y justicia tributaria, ya que no hay razonabilidad para darle un tratamiento diferenciado a contribuyentes con tan altos ingresos.

Se agrega un artículo 54 “C”. Obligaciones del Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario, que obliga al contribuyente inscrito en este Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario, para efectos tributarios, a llevar el libro de compras y ventas habilitado por la Administración Tributaria, en el que registrará sus compras y sus ventas y se le obliga a  habilitar un libro de bancos y un libro de inventarios con los requisitos que determine el reglamento de la ley. Estos libros los podrá llevar en forma electrónica. Colocan, innecesariamente, una obligación de emitir siempre facturas de contribuyente agropecuario en todas sus ventas.

Vemos acá que los libros y registros de bancos, inventarios y compras y ventas pueden ser contrarios a la obligación de llevar contabilidad completa según el Código de Comercio. Si bien hay una excepción respecto a ser considerados “comerciantes” para las empresas, abarca -la excepción- únicamente a los que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. Por el monto de ingresos en este régimen, si fueren comerciantes, sí deberán llevar contabilidad completa, aunque su régimen sea sobre ingresos. De nuevo, se omitió establecer cómo pagarán los del régimen especial de actividades agropecuarias que tienen el pago sobre utilidades.

Se agrega por medio del artículo 6 el artículo 54 “D” a la Ley del Impuesto al Valor Agregado:

Artículo 54 “D”. Permanencia en el Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario.
Cuando el contribuyente agropecuario supere la suma establecida en el Artículo 54 “A”, la Administración Tributaria lo inscribirá de oficio en el Régimen Normal o General del Impuesto al Valor Agregado, así como al Impuesto Sobre la Renta en cualquiera de los regímenes establecidos para las rentas de actividades lucrativas, notificándole al contribuyente de las nuevas obligaciones por los medios establecidos en el Código Tributario y el período de liquidación de los impuestos a que queda afecto. El registro deberá realizarse dentro de un plazo que no exceda de tres (3) meses a partir de la notificación.

Cuando supere la cantidad de ingresos anuales, SAT le cambiará al régimen “normal” o “general” del IVA y lo inscribirá de oficio en cualquiera de los regímenes del ISR. Luego dice que el registro deberá hacerse en un plazo que no exceda de 3 meses a partir de la notificación, lo que es contradictorio, pues lo inscribe de oficio, pero la inscripción es después de la notificación. En el siguiente párrafo, que no transcribo indica que el contribuyente escogerá. Este tipo de redacciones son confusas y causan luego problemas de implementación al no saberse específicamente cómo se hará el cambio a dicho régimen y qué requisitos y plazos se cumplen cuando. Si la inscripción es de oficio pero hay una escogencia del contribuyente, lo que es de oficio es la notificación para darle tres meses para inscribirse, no la inscripción. Constitucionalmente, podría alegarse que viola la seguridad, especialmente la jurídica, contenida en el artículo 2.

Con el artículo 8 se adiciona el artículo 54 “E” al Decreto Número 27-92 del Congreso de la República, Ley del impuesto al Valor Agregado, el cual queda así:

Artículo 54 “E”. Régimen Electrónico de Pequeño Contribuyente y Régimen Electrónico Especial de Contribuyente Agropecuario.
A partir del uno de marzo de dos mil veinte, la Administración Tributaria deberá poner a disposición de los contribuyentes del Régimen de Pequeño Contribuyente y Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario descritos en los artículos 45 y 54 “A”, la plataforma electrónica para la gestión, cobro y control del impuesto a cargo de estos contribuyentes.

Los contribuyentes que soliciten su incorporación a este régimen, en todas sus ventas están obligados a emitir factura electrónica de pequeño contribuyente o contribuyente agropecuario, según corresponda, y estarán afectos a un tipo impositivo reducido del cuatro por ciento (4%) en sustitución del cinco por ciento (5%) establecido en los artículos 47 y 54 “A”.

El contribuyente deberá registrar ante la Administración Tributaria una cuenta bancaria y autorizar a esta para que el décimo día hábil de cada mes calendario, debite automáticamente de dicha cuenta el monto equivalente a aplicar el tipo impositivo del cuatro por ciento (4%) sobre el total de ingresos reportados en el mes inmediato anterior, de conformidad con las facturas electrónicas emitidas para tal efecto. La resolución de incorporación a este régimen deberá constar en las facturas electrónicas. En éste caso, las personas individuales o jurídicas, entes o patrimonios, que son agentes de retención, los que llevan contabilidad completa y los que sean designados por la Superintendencia de Administración Tributaria, cuando paguen, acrediten en cuenta o de cualquier manera pongan a disposición ingresos a los contribuyentes calificados en este régimen no realizarán la retención a que hacen referencia los artículos 48 y 54 “B”.

El contribuyente que no tenga los fondos suficientes para cubrir el impuesto de este régimen en la fecha establecida, presentará la declaración dentro de los días que faltan para finalizar el mes calendario, pagando un tipo impositivo del cinco por ciento (5%) sobre el valor de los ingresos reportados en el mes inmediato anterior, de conformidad con las facturas electrónicas emitidas para tal efecto, sin que ello implique su exclusión del Régimen Electrónico de Pequeño Contribuyente y Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario.

En este régimen especial electrónico, encontramos cosas “curiosas”. Primero, se reduce la tarifa a 4% si optan por él. Todos los demás contribuyentes, conforme la legislación vigente, seremos incorporados al régimen electrónico sin beneficio alguno y de manera obligatoria, a partir del 31 de octubre de 2019, con un plazo de 3 meses desde la notificación respectiva para completar la incorporación. Estos contribuyentes lo harán, voluntariamente, a partir del 1 de marzo de 2020 y con descuento de 20% de sus impuestos.

El mecanismo de débito automático es interesante, sin embargo, establece que cuando “no haya fondos” podrán pagar dentro del mismo mes que está corriendo, pagando 5%, sin condiciones o sanciones adicionales.

El decreto 7-2019 también tiene una sección de regularización que inicia con el artículo 10:

ARTICULO 10. Presentación extemporánea o rectificación de declaraciones.

Por el plazo improrrogable de dos (2) meses a partir de la vigencia de la presente Ley, el contribuyente o responsable que hubiere omitido su declaración o quisiere rectificarla, podrá realizar la presentación extemporánea o rectificación de sus declaraciones y el pago que corresponda. Esta disposición aplica para obligaciones tributarias vencidas antes del uno de enero de dos mil diecinueve, y aplica también para contribuyentes que ya hubieran sido notificados de alguna audiencia en la fase administrativa o que se encuentren en el proceso contencioso administrativo.

Cuando el contribuyente haya omitido declarar ingresos y no disponga de la documentación para la correcta determinación de la obligación tributaria, podrá pagar por concepto de impuesto Sobre la Renta una tarifa del siete por ciento (7%) sobre el monto de los ingresos omitidos consignados en la declaración, así como el seis por ciento (6%) sobre la misma base por concepto del Impuesto al Valor Agregado.

El plazo de 2 meses vence el 15 de diciembre de 2019. El plazo, sin embargo, aplica, realmente, únicamente a las declaraciones que estén en fase administrativa y proceso contencioso administrativo, porque el artículo 106 del Código Tributario permite presentar rectificaciones en cualquier momento hasta antes de ser notificado de una audiencia.

El segundo párrafo de la norma tiene algo más de sentido, pues dentro de esos dos meses, entendemos, aunque no es lo que literal ni gramaticalmente dice la norma, los contribuyentes que no han declarado ingresos y no tengan documentación de soporte podrán pagar 7% sobre el ingreso que digan que tuvieron y 6% del IVA de esos valores. Al ser una “regularización” este artículo es un total sinsentido. Establece los montos a pagar, sin documentación, pero no contempla las consecuencias. Es decir, ¿debe pagar con las multas de mora u omisión, según corresponda? ¿Paga intereses? ¿Es una regularización sujeta a fiscalización posterior o no? Al no decirlo, sino que permite que el contribuyente “se invente” sus ingresos, sin documentación de soporte, las consecuencias legales son:

  1. Se interrumpe la prescripción de esos períodos.
  2. Debe cubrir multas e intereses.
  3. Está sujeto a verificación. Al no tener documentación de soporte que lo permita, podrá sujetársele a sanciones por resistencia a la acción fiscalizadora, omisión de pago de tributos y por supuesto, lavado de dinero y otros activos, ya que no hay demostración de la licitud de dichos ingresos.

El artículo 11 de la regularización, es sin duda una amnistía penal disfrazada. Adolece de toda técnica y fundamento tributario, sin embargo, ya es ley y dice así:

ARTICULO 11. Regularización mediante pago a cuenta de terceros.

Los contribuyentes que durante los períodos contables y fiscales anteriores al uno (01) de enero de dos mil trece (2013), hayan realizado registros contables o respaldado la devolución de crédito fiscal con facturas emitidas por personas jurídicas o individuales a quienes la Superintendencia de Administración Tributaria les haya encontrado inconsistencias en la documentación presentada por estas o no haya sido localizada la dirección de su domicilio fiscal registrado, podrán por cuenta propia o por cuenta de terceros (proveedores, vendedores o intermediarios), pagar las obligaciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado que se haya causado por las operaciones documentadas por dichas facturas, siempre y cuando se compruebe:

    1. Que los pagos a los proveedores hayan sido bancarizados;
    2. En caso se trate de la compra de productos, que se haya registrado en el inventario;
    3. Que presentó declaración del Impuesto Sobre la Renta y pagó dicho impuesto por las ventas o exportaciones realizadas; y,
    4. Que efectuó las retenciones del Impuesto al Valor Agregado de conformidad con la ley.

El juez correspondiente podrá levantar las medidas de coerción que se hubieren dictado en contra del contribuyente, si paga las obligaciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado que corresponda a las facturas que sustentan la denuncia, o bien solicite que se celebre un convenio de pago por las obligaciones tributarias previamente referidas. De igual forma se procederá si la obligación tributaria determinada por la Superintendencia de Administración Tributaria es pagada por el proveedor, vendedor o intermediario. Una vez comprobado el pago de la obligación tributaria o celebrado el convenio de pago, el juez podrá otorgar el criterio de oportunidad o cualquier otra medida de desjudicialización que considere, en más de una ocasión para el mismo sindicado, o bien podrá desestimar o sobreseer el proceso, según la etapa procesal que corresponda.

En el caso que el contribuyente sea exportador, este podrá pagar la obligación tributaria propia o a cuenta del tercero que le haya emitido las facturas a que se refiere el presente artículo, compensando el pago con el crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado que tenga registrado contablemente, hasta por el monto que corresponda a la obligación tributaria que se esté pagando.

Para los casos en que la extinción de la obligación tributaria se solicite al amparo de este artículo, los tribunales podrán otorgar el criterio de oportunidad por más de una vez.

Las facturas regularizadas en la forma que hace referencia el presente artículo, soportarán y respaldarán legalmente para el exportador o adquirente, los costos y gasto del producto exportado o vendido para efectos de la determinación del Impuesto Sobre la Renta.

Los contribuyentes que se acojan a la presente disposición deberán registrarse en el Régimen de Factura Electrónica y utilizar un sistema electrónico de registro de operaciones y de documentación de soporte de todas las operaciones del giro normal de su negocio, de conformidad con lo establecido en el Decreto Número 4-2019 del Congreso de la República de Guatemala y las disposiciones que para el mismo haya emitido la Superintendencia de Administración Tributaria.

Esto es básicamente cubrir el impuesto de los proveedores que SAT cuestionó. Lo primero que viene a la mente es que un contribuyente nunca debió estar sujeto a ningún tipo de sanción o proceso penal por el hecho que su proveedor o el proveedor de su proveedor no hubiere cumplido sus obligaciones tributarias. Es elemental que el contribuyente exportador no es el obligado a verificar que el proveedor o la cadena de proveedores cumplió y mucho menos estar sujeto a procedimientos penales. La ley parece que quiere reconocer ese aspecto, pues los tres requisitos que establece son claramente elementos que demuestran que esos proveedores fueron reales, pero es el proveedor el que incumplió sus obligaciones tributarias. Es así que la “amnistía” submarina es clara en cuanto a obligar a un inocente a cubrir impuestos que debe un tercero. Lo que verdaderamente debió suceder es corregir los tipos penales y verdaderamente otorgar la amnistía, sin sujetar a pagos que no corresponden. Esas facturas pagadas por el propio sindicado del delito, “por su proveedor”, se “regularizan” y ahora se podrán usar como gasto, es decir, dejar la obligación del ISR tal y como la presentó originalmente. La guinda es que para poder hacer esto, debe incorporarse al régimen de Factura Electrónica.

No encontramos que los plazos o condiciones de los convenios sean “mejores” como lo había anunciado el artículo 1. De tal manera se seguirá aplicando el Código Tributario para ellos y serán por 18 meses. Tampoco contiene exoneraciones de multas en ninguna de las formas de regularizar y se omitió el artículo que establecía que adicionalmente el presidente de la República podría exonerar de multas y recargos.

Es así que el artículo 1 se queda burlado en cuanto a los alcances plenos, ya que no contempla realmente exoneraciones de recargos y multas ni mejores condiciones para los convenios de pago.

Guatemala, 23 de octubre de 2019

 

 

Lic. Mario E. Archila M., LLM

Socio Archila & Asociados

La Evolución del Derecho Tributario para evitar corrupción

En última época hemos oído que la tributación es una herramienta de redistribución del ingreso y una herramienta para realización de políticas públicas (funciones parafiscales de la tributación).

Sin embargo hay que revisar esas posturas previo a aceptarlas como dogma. En Guatemala la Constitución establece, artículo 239, que los tributos se establecen conforme a las necesidades del Estado. Este principio bastante republicano nos permite muy largas discusiones, incluido el tema que hoy planteo.

Hay una fuerte corriente de campañas para reducir o eliminar la corrupción y grandes olas de noticias sobre las fortunas -mal habidas- de los políticos en muchas latitudes. Es con todo eso que debemos empezar a analizar los límites de la tributación.

La corrupción es el uso del dinero público (principalmente tributación) para fines distintos a los planteados inicialmente. Es decir, la corrupción es llevar el dinero recaudado a los bolsillos de los políticos y sus amigos. Este fenómeno es una consecuencia del sistema y no su causa. La causa es la capacidad financiera del Estado y los espacios de poder discrecional o arbitrario. Estos poderes los crea la propia legislación y muchas veces, la propia legislación tributaria, principalmente cuando se recauda con un fin específico.

La finalidad de redistribuir o la de hacer o motivar que algo se haga por los contribuyentes genera espacios para decisiones del burócrata de turno. Decisiones mismas que llevan la semilla de la corrupción dentro de sí. Un programa de reparto -transferencias condicionadas, subsidios- implica automáticamente tener que establecer mecanismos para escoger al destinatario de dichos beneficios. Esa escogencia permite la realización, por sí misma, de actos de corrupción para beneficiarse directamente al otorgarlo a X y no a Y.

De la misma manera, un tributo con fines parafiscales, imaginemos, un tributo sobre bienes patrimoniales para su conservación, deja el espacio para que una módica mordida -en relación al costo del tributo- sea ofrecida y pagada a cambio de excluir del padrón de bienes con valor histórico a ese bien en específico. Igual sucedería si es la exención a un tributo predial cuando sea patrimonio histórico o cultural, lo que podría llevar a utilizar el recurso de la mordida o coima para lograr dicha exención.

Debe considerarse que la decisión de gobierno, aún en los mejores procesos de compras y contrataciones del gobierno, siempre tienen mecanismos para lograr que sean manipulados. Es así que entre más facultades y funciones se le asignen al gobierno para utilizar el ingreso tributario, más espacios para la corrupción existirán.

De allí que debemos regresar a entender que las funciones del Estado son aquellas funciones originarias y puramente necesarias que realice un gobierno, ya que cada función adicional será un pretexto a mediano y largo plazo para que quien esté en el uso de las funciones públicas descubra un mecanismo para aprovecharse de ese sistema.

Retornar a principios de tributación más cerrados podrá ser la mejor batalla contra la corrupción en todos los niveles de gobierno.

Mario E. Archila M.

SAT-anizando

Hay muchas noticias interesantes en estos momentos sobre nuestro mundo “impositivo”. Tenemos las noticias de Aceros de Guatemala, las de los Panama Papers… Y así.

Me gusta tomar unas líneas para hacer algunos comentarios respecto a estos puntos, que pueden explicar otras perspectivas sobre asuntos que acá se mencionaron en los medios respecto a estos casos. VALE INDICAR QUE NO CONOZCO LOS CASOS MÁS QUE POR LOS MEDIOS, POR LO QUE HARÉ COMENTARIOS DE LO QUE PUEDE PASARLE A GENTE HONRADA EN SITUACIONES QUE TERMINARÍAN O HAN TERMINADO EN ACUSACIONES PENALES SERIAS, SIN QUE REALMENTE SEAN DELITOS.

Noticia caso Aceros de Guatemala:

Literalmente en la conferencia de prensa SAT y CICIG indican que las denuncias derivan de supuestas simulaciones de compras de chatarra, esto porque hay detectadas “inconsistencias” derivadas de que los proveedores de primera y segunda línea “no son localizarles” y “no tienen infraestructura suficiente para operar” y “proveedores fallecidos”.

Esta jerga quiere decir lo siguiente:

a) Proveedores de primera línea: quienes directamente vendieron Aceros.

b) Proveedores de segunda línea: quienes le venden a los proveedores directos de Aceros (pueden ser a los mismos de primera línea “sospechosos” u otros).

c) Que no son localizarles. Esta situación se da por muchas razones. En lo personal he visto porque las empresas cierran entre el momento de la facturación al momento en el que se les trata de ubicar, tienen direcciones erróneas en los registros de SAT, son falsos o son documentos que utilizan los verdaderos proveedores para documentar sus ventas.

d) Que no tienen infraestructura suficiente para operar. Esta es una calificación, usualmente, contable que hace un auditor de SAT en el que busca si los balances del “proveedor” tienen activos para la prestación de los servicios que están facturados o para la venta de los bienes que provee a quien le aparece de cliente.

Los problemas de las calificaciones que hace SAT:

NOTA ACLARATORIA: En este caso depende de lo particular y de toda la investigación. Mi apreciación acá es para relatar partiendo de un caso público, situaciones que he observado en otros casos que han sido resueltos favorablemente para el acusado. Esto se ha dado porque las imputaciones no son conclusivas y con una defensa técnico-tributaria acompañando a la defensa técnico-penal se ha logrado el desvanecimiento de la imputación. No conozco el caso a detalle para referirme a él y lo que continúa es para uso general y conocimiento del público de lo que puede estar bien o mal en su propia operación, aún cuando no tiene ningún ánimo defraudatorio.

En los casos de devolución de IVA que inician los exportadores, es usual que estas imputaciones aparezcan y terminen en procesos penales contra los exportadores. Muchas veces el criterio aplicado por SAT es una conclusión parcial y no del todo válida para llegar a acusar de defraudación. Esto porque quien solicita el crédito es acusado, pero al avanzar en la investigación y cruzarla con otros medios probatorios se puede demostrar que el “delito” lo han cometido personas distintas. Si es el caso de Aceros, no lo sé, pero he visto esas imputaciones en café y cardamomo, así como en unos ajustes a grupos que no exportan, sino que fabrican.

Para contextualizar, partamos que hay una economía informal muy importante en Guatemala. La compra de productos como chatarra (caso Aceros) o productos agrícolas que pueden venir de minifundios, como el café, cardamomo o vegetales; los textiles artesanales, cerámicas, artesanías de madera, productos del bosque, frutas, etcétera, involucra a muchos productores pequeños  o cooperativas, que venden sus productos a contribuyentes del sector formal. Estos pequeños productores, muchas veces, no tienen registros en SAT, por lo que no hay NIT, facturas autorizadas ni demás documentación. El contribuyente “formal” al comprar a ellos debería documentar su compra en una factura especial (factura por cuenta del comprador). Estas facturas, sin embargo, tienen retenciones de ISR e IVA que el productor “informal” no acepta -son muy caras en su esquema económico-cultural- con lo que recurre a terceros para el “servicio de facturación”. Este servicio ES el que resulta, evidentemente ilegal.

Las facturas que emite el “facturador” son legítimas, usualmente, en cuanto a contar con autorizaciones de SAT, impresión en imprenta legítima, etc. Algunas veces son parte de redes de facturación, otras veces son personas “particulares” que tienen NIT y facturas autorizadas que  las usan para sus negocios y las “prestan” a terceros cuando se requiere. Son ilegales, eso sí, en el sentido que documentan que X le vendió a A, pero realmente Z le vendió a A. A, acá, aún no comete acto fraudulento alguno.

Es así que no es de extrañar que muchos de los contribuyentes formales y decentes que existimos tengamos entre nuestras compras facturas de “no localizados” o “sin infraestructura” para lo que compramos. Ahora ahondo en eso.

El “no localizados” sucede muchas veces por varias razones. La primera, probablemente la más común, es que el “facturador” desde hace rato que dejó de usar la dirección que aparece en las facturas, pero como hacer el trámite lo percibe carísimo, ya que tiene que ir, probar la nueva dirección, cambiar sus facturas, etc., no lo hace.

La segunda razón es que dejó de operar entre el momento que emitió la factura (esto es proveedores reales que quiebran) y el momento en el que SAT fiscaliza al “comprador”. Esto es mucho más frecuente de lo que uno se imagina. Es claro también que dado que dejó de operar, no hizo ningún trámite en SAT.

La tercera razón (no es orden de importancia o frecuencia) es porque sí son una mafia y se esconden. En este tercer caso, usualmente hay varias líneas más abajo de prestadores de “facturas” -proveedores de segunda, tercera y cuarta línea… Y luego viene el “truco”. Esos proveedores que no proveyeron nada, realmente simularon las ventas, devuelven el dinero al “cliente”, es decir, el acusado. En este caso, sí hay un notorio fraude. El otro mecanismo del fraude es que pagan un porcentaje de las “facturas” y nunca la deuda entera. Luego, con el tiempo, eliminan la cuenta por pagar a esos supuestos “proveedores” con algún movimiento contable. Esto sucede por 3 razones:

a) Simularon toda la operación para que SAT les devolviera un IVA que nunca pagaron;

b) Simularon la documentación porque el verdadero proveedor no emitió facturas;

c) Subvaloraron (que ya es de por sí delito) importaciones de inventario y no podían justificar el costo real.

Quizás hay más, pero como no me dedico a esas tranzas, esas son las que he visto relatadas en denuncias, resoluciones y conversaciones con personeros de SAT y MP en eventos académicos.

En esta tercera razón sí hay delitos cometidos por el “exportador” o “comprador”. En los otros casos, quien evade puede ser el proveedor que emite una factura de un tercero (factura falsa), pero ese tercero puede ser que sí pague los tributos completos, con lo que no habría defraudación tributaria como tal (no hay merma en la recaudación). En el caso de  no localizarlos porque dejaron de tener operaciones, lo importante es verificar si tuvieron operaciones en su momento -cuando emitieron las facturas.

El otro caso citado es que no hay “infraestructura suficiente”. Este es más complicado. Como hay muchos casos, voy a mencionar 2 que conozco:

  1. Prestación de servicios de dirección. En el caso de toma de decisiones, SAT es del criterio que una persona sola no puede “ganar millones” por tomar decisiones en una compañía. Que no es “razonable”. El otro criterio es que una Sociedad Anónima tienen que tener planilla para prestar servicios y que si no, hay “simulación”.
    1. Formalmente hay simulación en el caso de la Sociedad Anónima en la que el accionista principal (o total) es el único que trabaja. Sin embargo la simulación no es “tributaria” porque esa persona individual generaría el mismo impuesto 5-7% y 12% de IVA igual que lo que genera la Sociedad. De tal forma, el siguiente elemento del delito tributario “menoscabo en la recaudación” no se logra. Y si se pusiera como “empleado” generaría un menor pago de tributos.
  2. Falta de valor en los activos. SAT utiliza el criterio que la renta de equipos y bienes tiene que ser un porcentaje del valor en libros de los activos, por lo que si el prestador de los servicios o bienes no tiene “activos suficientes en contabilidad”, comete simulación. Algunas acotaciones para ver que el criterio no es tan simple de aplicar:
    1. La contabilidad refleja muchas veces el valor “en libros” de los activos, que es el valor de adquisición depreciado en método de línea recta (mismo porcentaje por año). Así que una compañía que digitaliza datos, por ejemplo, puede tener computadoras que tienen vida útil de 8 años, pero la depreciación “conforme a la ley” es de 33.3% al año, es decir, 3 años. A partir del 4 año ya no tiene “activos”, pues su valor es 0, aunque físicamente sí los tenga y sí pueda prestar el servicio.
    2. Un servicio de mensajería que factura una Sociedad Anónima, por ejemplo, podría ser cuestionado porque no tiene “motos” en sus activos. Esto podría ser posible si está contratando mensajeros (pequeños contribuyentes, por ejemplo) que cobran por paquete y ellos son los que usan una moto (al rato que no es de ellos tampoco).
    3. Arrendamientos de bienes inmuebles: el mismo caso. El valor matrícula es un valor histórico y la gente no revalúa para evitar el pago de IUSI mayor, pero da en arrendamiento al valor mercado de su propiedad.

Como ven, hay muchas aristas en estos casos. Espero que SAT y MP tengan suficientes elementos en el caso particular y también que en los casos en los que no hay suficiente evidencia contra un contribuyente, no opten por medidas y acciones penales que causen desgastes innecesarios. Hay que pagar conforme a la ley, lo que aplica a todos los involucrados.

 

Mario E. Archila M.

Los intereses en el 10-2012

El 10-2012 es, a mi parecer, un rotundo error de planteamiento desde la perspectiva filosófica y económica. Sabemos que es en él se incorpora un “nuevo” Impuesto Sobre la Renta, entre otras 6 cosas… Si bien, no hay mucha novedad positiva, sí hay una novedad de regulaciones que hacen cumplir con la “tramitología” del impuesto, una tortura. Es decir, aumenta el costo de cumplir. Es así que el Libro I del mentado decreto 10-2012 no es, en el fondo, más que un maquillaje que quiso favorecer a la Administración Tributaria y el Fisco con incorporación de reformas que hacen de complicado a imposible que un gasto sea deducible. Una daga por la espalda.

Dentro del “maquillaje”, se incorporaron reformas a la redacción de ciertos requisitos para los costos deducibles. Uno de ellos, los “intereses”.

¿A qué me refiero? Comparemos los párrafos que contenían la deducibilidad de los intereses:

“ARTICULO 38. Renta Imponible en el régimen optativo previsto en el artículo 72 de esta ley.

Los contribuyentes del impuesto que opten por el régimen establecido en el artículo 72 de esta ley, deberán determinar su renta imponible, deduciendo de su renta bruta, solo los costos y gastos necesarios para producir o conservar la fuente productora de las rentas gravadas, sumando los costos y gastos no deducibles y restando sus rentas exentas. Se consideran costos y gastos necesarios para producir o conservar la fuente productora de rentas gravadas los siguientes:

m) Los intereses sobre créditos y los gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos en instituciones bancarias, financieras y demás instituciones legalmente autorizadas para operar como tales en el país y que se encuentren sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos; los intereses y gastos financieros directamente vinculados con las ofertas públicas de títulos valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías; los intereses sobre créditos y los gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos en Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente constituidas, así como los intereses sobre créditos y gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos de instituciones bancarias y financieras domiciliadas en el exterior, en todos los casos siempre que dichos créditos sean destinados para la producción de rentas gravadas. El monto deducible por concepto de intereses no podrá exceder al que corresponda a las tasas de interés que aplique la Administración Tributaria a las obligaciones de los contribuyentes caídos en mora.

No constituyen gastos deducibles los intereses que se paguen o acrediten a personas individuales o jurídicas que no se encuentren incluidas en el párrafo anterior. Se exceptúan los intereses que las instituciones bancarias, financieras y demás instituciones legalmente autorizadas para operar como tales en el país y que se encuentren sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente constituidas, paguen a sus cuenta-habientes e inversionistas, así como los intereses que se paguen a los inversionistas de títulos valores inscritos en el Mercado de Valores y Mercancías, los cuales sí constituyen gastos deducibles.”

El Decreto 26-92 del Congreso establecía que eran “deducibles” “los intereses sobre créditos y gastos financieros directamente vinculados con tales créditos…”:

  1. Obtenidos de instituciones bancarias (y demás) legalmente autorizadas para operar en el país, que se encuentren sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos;
  2. Los vinculados con las ofertas públicas de títulos valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías;
  3. Los obtenidos en Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente constituidas;
  4. Los obtenidos de instituciones bancarias y financieras domiciliadas en el exterior, en todos los casos siempre que dichos créditos sean destinados para la producción de rentas gravadas;

en todos los casos siempre que dichos créditos sean destinados para la producción de rentas gravadas.

Es así que los intereses deben ser por créditos que sean destinados a la producción de rentas gravadas y obtenidos de esas 4 fuentes descritas. Si no está vinculado “EL CRÉDITO” a PRODUCIR rentas gravadas, no es deducible. Esto quiere decir que el dinero del préstamo se usó para PRODUCIR RENTA

¿Qué cambió?

El artículo 21 del Decreto 10-2012 dice lo siguiente:

“ARTICULO 21. Costos y gastos deducibles.

Se consideran costos y gastos deducibles, siempre que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o conservar la fuente productora de rentas gravadas, los siguientes:

16. Los intereses, los diferenciales de precios, cargos por financiamiento o rendimientos que se paguen derivado de: i) instrumentos financieros; ii) la apertura de crédito, el crédito documentario o los préstamos de dinero; iii) la emisión de títulos de crédito; iv) operaciones de reporto; v) el arrendamiento financiero; el factoraje, la titularización de activos o cualquier tipo de operaciones de crédito o de financiamiento. Todos los intereses para ser deducibles deben originarse de operaciones que generen renta gravada al contribuyente y su deducción se establece de acuerdo al artículo referente a la limitación de la deducción de intereses establecida en este libro.”

La variación está en el origen del dinero para pagar los intereses. Acá ya no se requiere que el dinero del crédito se haya utilizado en producir renta, sino que el dinero para PAGAR LOS INTERESES PROVENGA DE OPERACIONES QUE GENEREN RENTA GRAVADA. El uso del dinero del crédito ya no es requisito. Vea que no hay norma alguna que indique nada sobre el uso del crédito…

¿Le parece sorprendente?

 

Mario E. Archila M. 

Nuevo seminario… Documentación correcta para el ISR

Documentación de operaciones y preparación ante posibles fiscalizaciones de SAT.

Milagrosamente, SAT no hace más ajustes sostenibles en tribunales. SAT gana un poco menos del 20 % de los casos… Claro, en materia de impuestos no hay milagros, simplemente conocimiento o ignorancia.

Azteca

Al terminar, sabrá cómo “deducibilizar” gastos que en otro momento de la historia serían claramente un gasto deducible y ahora requieren trámites o documentaciones adicionales.
Esta parte es principalmente valiosa para los notarios y asesores jurídicos que no son expertos en materia tributaria para evitar ajustes por faltas de documentación.
Para los contadores y auditores, el seminario les permitirá conocer la documentación que deben tener y qué deben o pueden requerir según la ley, a modo de mantener los soportes contables de manera adecuada.
Cualquier contribuyente encontrará valiosa información para prescindir de requerimientos de documentación que no son los necesarios durante una futura fiscalización o litigio tributario -si fuera el caso.

El conocimiento, su prevención

El conocimiento es la mejor arma frente al abuso. La prevención, la mejor estrategia financiera. Regálele el conocimiento a su contador, auditor, asesor legal corporativo y gerentes…

Este año 2015 toca que se aplique plenamente el decreto 10-2012 en cuanto al Impuesto Sobre la Renta que contiene. Ya en 2014 empezaron a fiscalizar el año 2013, por lo que quienes sean fiscalizados este año -y en adelante- lo serán bajo esta normativa.

Desgraciadamente, la ley tiene vicios en cuanto a su técnica, redacción y fundamentación filosófica. Otro elemento negativo, desde la perspectiva de costo de cumplimiento, es la falta de criterios judiciales que iluminen la aplicación de las nuevas normas. Eso tardará unos 8 años en llegar…

Sin embargo, debemos imaginar que los criterios legales serán, siempre, los que prevalezcan y deben ser utilizados en la resolución de las dudas tributarias… De eso trata este seminario.

Mientras tanto, podemos interpretar las normas legales y prepararnos lo más apegado a criterios jurisdiccionales análogos basados en normas de las anteriores leyes del ISR, doctrina de las ramas del derecho que ilustran sobre las instituciones a que se refieren las normas legales-tributarias, atendiendo a precedentes.

Contenido

Hay 10 documentos o “grupos” de documentos necesarios para que un gasto sea deducible. Hay 2 requisitos adicionales. Hay 29 gastos deducibles. Hay 19 tipos de gastos definidos como “no deducibles”. Vamos a agrupar cada gasto según su grupo de documentación necesaria.

Para establecer si un gasto es deducible:

  1. Debe estar en definido como gasto deducible;
  2. Debe cumplir con los requisitos para la deducibilidad:
    1. De fondo
    2. De forma
  3. Debe cumplir con la documentación para que el gasto sea deducible.
  4. No debe estar en el listado de gastos no deducibles.

Documentos a presentar juntamente con la declaración anual

En este caso, según la actividad podrían ser necesarios documentos distintos, así que los trataremos agrupados así:

  1. Documentos comunes a presentar por todos,
    1. Contabilidad, quiénes sí y quiénes no
    2. Estados financieros
  2. Documentos a tener disponibles,
    1. Relativa al contribuyente
    2. Relativa al grupo empresarial
  3. Documentos para clases especiales de contribuyentes y
  4. Documentos según cada actividad
    1. Recursos naturales
    2. Actividades mineras
    3. Construcción y similares
    4. Lotificaciones

Estos listados legales de normativa, lo cruzaremos con requerimientos de información que SAT ha efectuado durante el 2014, a modo que vea los requisitos desde la perspectiva de SAT. Evidentemente le explicaremos cuáles de esos “requerimientos” son “nulos” y cuáles sí “ni modo”, usted debe cumplir… EN 3 DÍAS HÁBILES

Del seminario

4 horas efectivas. De la ley al documento al requerimiento de información. Todo en un sólo seminario.
18 de marzo de 2015 de 8 am a 12:30pm, Auditorio Cancuen del Grand Tikal Futura Hotel.
Inversión: Q750.00; cupo limitado.

Grupos de 3 ó más: Q560.00 por persona.
Reserve al 23788484. Doris le dará las instrucciones para el pago.

 

Lo espero. No tenemos muchos espacios.

 

Mario E. Archila M.

Reingeniería en SAT… ¿o cambio de paradigma de la política fiscal?

Ayer 6 de enero de 2015 tuve el gusto de ser invitado a Canal Antigua para hablar de la Superintendencia de Administración Tributaria y su fallo de llegar a la meta de recaudación. Decía en la entrevista que el problema es que requerimos un cambio de paradigma en cuanto a todo el tema fiscal.

Hoy, además, me levanto con la noticia que el Ministerio de Finanzas Públicas le adeuda a SAT parte de su 2 % de comisión sobre lo recaudado y que eso debilita a SAT. Vea la noticia acá.  La noticia, sin embargo, no es necesariamente una sorpresa. Confirma algunas sospechas que tengo sobre el manejo de los asuntos tributarios que este gobierno quiere hacer desde que tomó posesión. Entre ellos, convertir a SAT en un ente represor y mecanismo para presionar a enemigos o estorbos para algunos fines… como la propia competencia comercial que pueda existir.

Veamos algunas acciones que indican que vamos por mal camino. Primero, de política tributaria:

1. Los decretos 4-2012 y 10-2012 en cuanto a las facultades legales dadas a SAT. Se deja de estar en un campo de “derecho tributario” para legalizar un “terrorismo fiscal”. El paradigma tras las reformas en estos decretos es que el contribuyente es un ladrón. Se dan facultades para que SAT “muerda y presione” más duro -eufemismo para menos legal- al contribuyente que ya paga.

2. No hay ningún esfuerzo por incorporar nuevos contribuyentes en esas reformas.

3. El 10-2012 elimina la planilla del IVA y reduce la tasa impositiva de las personas individuales a niveles bajísimos. El ISR corporativo sube por subida de tasas y restricción de gasto, no por facilitación y el de personas crea un incentivo negativo a la tributación, pues evita que los contribuyentes individuales sean fiscalizadores de otros contribuyentes. La planilla del IVA lograba ese efecto. Se logra ver así una baja en la recaudación del IVA y en la facturación en general.

4. Crea, el 10-2012, una ley de aduanas inoperante, abusiva, discrecional e infuncional. Tanto que tuvo que ser reformada en su totalidad por otra no menos abusiva y discrecional. ¿Qué efectos tiene esto? Facilita el contrabando “por aduana”. Efecto que el cruce de información de importaciones Banguat y SAT deja ver claramente.

5. Crece el mercado informal o bien se consolida. Al no existir la presión de contribuyentes requiriendo facturas, se fomenta el mercado informal, lo cual, a su vez, facilita la comercialización de bienes contrabandeados.

6. Creación de procedimientos antojadizos en ventanillas de la propia SAT que hacen altamente oneroso trasladarse a la formalidad.

7. Creación de un Impuesto Sobre la Renta que requiere convenios internacionales para funcionar, así como altos costos de asesoramiento profesional para intentar cumplir correctamente con él. Eleva el costo de cumplimiento y eso, obviamente, evita la incorporación de nuevos contribuyentes. Le permite a los grandes contribuyentes, quienes pagan más del 80% de la tributación y son unos 3000 contribuyentes, ser los únicos con capacidades económicas de funcionar legalmente en el país.

8. Se incorporaron reformas que desnaturalizan la función del Directorio de SAT. Deja de ser un ente técnico para convertirse en un instrumento de recaudación. Ya estamos empezando a ver el inicio de la remoción de directores y lo que puede ser un peligro: la elección de nuevos con las mismas agendas de los otros funcionarios que hemos visto se han elegido bajo este gobierno.

Es así que no es un “fortalecimiento de SAT” lo que se necesita, sino un cambio de paradigma que implique:

1. Simplificación del sistema.

2. Abaratamiento de los costos de cumplimiento. Menos trámites, menos requisitos, menos desconfianza hacia el contribuyente.

3. Hacer gasto público únicamente en 2 ó 3 funciones indispensables; hacer el gasto transparente y eliminar la percepción de corrupción.

4. Dejar de pretender contratar a compañías extranjeras. Nuestra SAT es la administración tributaria más cara de Latinoamérica, o por lo menos de las más caras. Encarecer el funcionamiento no puede ser la solución.

5. Otorgarle verdadera independencia a SAT y dotarle de un cuerpo rector técnico o bien obligarle a seguir criterios judiciales que eviten discutir por siempre lo mismo.

6. Dejar de pretender tener leyes tributarias de países con economías desarrolladas y amplias y pudientes clases medias, para voltear a ver modelos fiscales-tributarios de países que estuvieron quebrados y lograron fomentar crecimiento de sus clases medias y eficiencias en sus recaudaciones.

 

Sin eso, no veo bien el 2015 para los contribuyentes…

 

Mario E. Archila M. 

Mejorar la recaudación

En la última semana he oído varias declaraciones sobre cómo SAT y el gobierno central buscan mejorar la recaudación. La cosa es más sencilla de lo que pensamos y más compleja de lo que quisiéramos. Sin embargo hay un par de temas que nunca salen en estas declaraciones y caemos en el común problema de mal enfoque.

Como el tema es que la recaudación está baja, las declaraciones y propuestas que salen son para “mejorar” dicha recaudación. La baja recaudación, entonces, se enfoca como el problema. El problema rara vez es la baja recaudación, sino la mala utilización de los recursos.

La recaudación debe ser “conforme a las necesidades del Estado”, según indica el artículo 239 de la Constitución. Es así que la recaudación responde a dichas necesidades. El punto inicial de las preocupaciones fiscales, por tanto, debe ser “¿Para qué necesitamos dinero?” La respuesta debe ser analizada para descubrir si lo que se plantea SON o no necesidades del Estado.

El Estado nace para proteger esferas de Derechos de los ciudadanos. Es así, por ejemplo, que los Estados modernos resultan de textos preconstitucionales que limitaron los poderes de los reyes. El sistema de gobierno del primitivo Israel, fue uno de jueces. Sin “reyes”. Es así que vemos en documentos históricos que los gobernantes han sido limitados para permitir a los individuos mantener y proteger sus esferas de derechos. Es así que la primera constitución moderna, la Federal Americana, se crea para garantizar lo que los colonos consideraban SUS derechos básicos de Vida, Propiedad y Búsqueda de la propia felicidad. Derechos que para ellos eran “inalienables” y “autoevidentes”. Para este siglo XXI, ya no son tan inalienables ni autoevidentes a la luz de las distorsiones lingüísticas que se han incorporado durante los últimos 200 años.

De esos tres derechos básicos, el que llama la atención para determinar cuáles son las necesidades del Estado, es el tercero: La búsqueda de la propia felicidad. Este derecho engloba la totalidad de visiones que podríamos tener sobre los fines del ser humano y a la vez es una definición que permite orientar el rumbo de un gobierno. La felicidad se define “subjetivamente” pues es “propia”. De ello, por tanto, se desprende que cada uno buscará lo que considere SU felicidad y resulta ser un límite y una garantía que los gobernantes deben respetar. Esta definición de “bien común” es la más comprensiva de todas, pues TU FELICIDAD no necesariamente será la mía y si permitimos que un gobernante decida cuál es la felicidad que vale la pena, no será una “felicidad” común a todos. No será un “bien común”, será únicamente el bien de alguno en particular, inhibiendo a los demás de la búsqueda de su propia felicidad.

Esta discusión es la inicial. Esta discusión nos llevará a estar de acuerdo en algunas funciones esenciales del Estado que deberemos tener como prioritarias. Es así que el Estado existe para proteger los fines que cada uno se traza, evitando que otros, incluso el propio Estado, interfieran en ellos. Tenemos así claro que ninguna persona, incluso el Estado, podrá realizar acciones contra la vida o la propiedad de otro. Tampoco acciones que interfieran con sus fines comerciales, personales, religiosos, etc.

Es así que debemos preguntarnos si es lícito que se emprendan acciones gubernamentales con el único fin de cobrar más tributos, pues aparentemente, todo el aparato recaudador del Estado es una grave interferencia en los fines propios de cada uno de nosotros.

He allí donde empezamos a encontrar las causas de las caídas en la recaudación de algunos impuestos. El hecho de pagar impuestos implica que se aumenten los costos de buscar la felicidad propia. Es así que al aumentar los costos, aumenta también el incentivo para encontrar formas de evitarlos. Unas más ingeniosas que otras y unas tan simples como el hecho de no inscribirse, siquiera, en SAT. Es decir, el comercio informal. La informalidad no llega a los niveles enormes que tiene en Guatemala, en países que son muy libres en sus relaciones comerciales.

La creación de nuevas normas de control, de nuevos procedimientos, de mayores requerimientos legales, no ayuda a que cada uno logre “su propia felicidad”. Es así que ya hemos empezado a ver que medidas como las intervenciones de Aduanas no lograron aumento en recaudación, sino que, por el contrario, baja la misma.

La economía ha establecido que el aumento de tarifas impositivas (deberé decir, del costo total de tributar) no implica que haya un aumento en la recaudación. Laffer hizo su famosa curva, determinando que llega un punto en el que un aumento de tarifa disminuye la recaudación total. Siempre se discute si estamos a la izquierda (se puede subir la tarifa sin ver el efecto negativo) o a la derecha de dicha curva. Creo que es obvio que en Guatemala estamos a la derecha de la curva, pues el 70% de las personas se niega a pagar impuestos. Esto implica que se percibe que el costo de tributar es ya más alto que el beneficio.

En el tema de “las necesidades del Estado”, por tanto, lo importante es considerar que mientras no haya inversión y gasto en lo prioritario (permitir la búsqueda de la felicidad de cada cual) sino que haya utilización del gasto público con fines electorales o privilegiantes, la población en general se resistirá al pago de cualquier exacción que pretenda el Estado. Es así que no podrá encontrarse legislación tributaria que permita llegar a las metas deseadas de recaudación, ya que el problema en sí no es la recaudación, sino el gasto.

Por otro lado, al crear programas que benefician a unos sobre otros, se crean privilegios y la población se resentirá al ver que el aparato Estatal perjudica más de lo que ayuda, pues las metas de esos “perjudicados” son mucho más que las metas de los pocos beneficiados. La limpieza de los programas y actividades estatales que están reflejadas en el presupuesto debe realizarse. No podemos continuar con programas de regalar cosas, dinero, comida, becas, juegos mecánicos, fiestas, construcciones de cosas innesarias para la población específica y hasta cosas como malos servicios de educación y salud -con los que yo no estoy de acuerdo, pero puedo aceptar que los tengamos. Tampoco es posible buscar presionar por más recaudación si la percepción de corrupción es tan alta. Una administración tributaria haciendo terrorismo, tratando a todos de delincuentes y muy lejos del cumplimiento de la ley, mientras vemos que contrata oficinas de millones de quetzales, mientras el famoso edificio de Finanzas Públicas está medio desierto.

Yo todavía no concibo cómo es que SAT tiene casi el mismo presupuesto que el Organismo Judicial. No me resulta comprensible cómo es que se pretende gastar tanto más en el ente que cobra impuestos, pero no se gasta ni la mitad en la contraloría de cuentas ni se invierte en los tribunales de justicia a los niveles que corresponde.

Creo que es hora de empezar a plantearse cómo sería un país en el que cada 100,000 habitantes cuenta con 1 tribunal de instancia civil y mercantil; por cada homicidio por cada 100,000 habitantes, hay un tribunal de instancia penal. Cada sala de apelaciones no ve más de 2 tribunales de instancia en apelación y la Corte Suprema revisa procesos de incidencia, únicamente, y su jurisprudencia es acatada. Estos procesos, no importa qué, no deberían exceder desde su inicio hasta su última fase en casación de 3 años.

Ahora veamos qué inversión requerimos y reorientemos el presupuesto en ese sentido, eliminando lo más superfluo, hasta que logremos tribunales capaces y aparatos de investigación suficientes. Una vez cumplido eso, iniciemos a ver si gastamos para otros menesteres, fortaleciendo la rendición de cuentas y control del gasto público.

 

Mario E. Archila M.