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El riesgo que corre el mercado eléctrico al tener vigente el Decreto 15-2020

Lucía EB

Pluma invitada: Le pedí a Lucía Estrada Barrientos que nos explicara qué pasaría de aprobarse y entrar en vigencia el Decreto 15-2020. Ella es abogada y notaria por la UFM, Máster en Economía Industrial y Mercados, con especialización en Energía, Transporte y Telecomunicaciones por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene amplia experiencia en el sector eléctrico, tanto público como privado. Evidentemente es mejor que alguien experto en el tema, desde las dos perspectivas, legal y económica, nos lo explique. Gracias a Lucía. 

 

El pasado 29 de abril el pleno del Congreso de la República, con el voto favorable de 126 diputados, 1 en contra y 33 ausentes, rechazó el veto que emitió el Presidente de la República, doctor Alejandro Giammattei al Decreto 15-2020, el cual establece las medidas económicas-financieras adicionales de protección para la población para afrontar las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria mundial generada por el Covid-19.

Dentro del mencionado Decreto se señala que, para evitar la interrupción de los servicios básicos a la población guatemalteca en situación de vulnerabilidad, en el cual se contempla el servicio de suministro de energía eléctrica, se dictan medidas de emergencia a las entidades prestadoras de los servicios básicos, siendo éstas:

  1. A partir de la declaratoria de estado de calamidad pública, en ningún caso podrá suspenderse la prestación de los considerados servicios básicos.
  2. No podrá aplicarse a las cuentas de los usuarios de estos servicios; cargos moratorios, intereses, gastos administrativos, cualquier otra penalización. 
  3. Los usuarios que no estén en capacidad de realizar los correspondientes pagos por consumo a las entidades prestadoras de servicios, podrán suscribir convenios de pago de hasta en doce (12) cuotas, sin recargo alguno, iniciando en el mes posterior al mes en que haya cesado el estado de calamidad pública. Las empresas prestadoras de servicios deberán suscribir el respectivo convenio de forma inmediata. 

Para dictar este tipo de medidas es necesario conocer el funcionamiento del mercado eléctrico guatemalteco y las implicaciones económicas nacionales que pueden verse afectadas en caso que exista una crisis económica dentro del subsector eléctrico. 

Si bien es cierto que las Distribuidoras Eléctricas y las Empresas Eléctricas Municipales son las encargadas de realizar los cobros a los usuarios finales de electricidad, el mercado eléctrico tiene otros participantes que forman parte de la cadena de suministro eléctrico, siendo éstos: i) Los Generadores de Energía Eléctrica; y, ii) Los transportistas de energía eléctrica.

Guatemala tuvo un «boom» dentro del sector eléctrico guatemalteco, entre los años 2011-2015, durante el cual hubo una tendencia a construir una gran cantidad de proyectos de generación eléctrica, llegando a tener una capacidad de generación instalada equivalente al doble de la demanda de consumo eléctrico. Esto no ha permitido que todas las entidades que realizaron inversiones millonarias hayan logrado obtener contratos para la venta de energía, debiendo buscar vender la potencia y energía generada en el mercado spot, con los grandes usuarios, o bien, a través de la exportación de potencia y energía eléctrica a otros países de Centro América, poniendo en problemas económicos a varios de los inversionistas.  

Asimismo, desde el año 2009 se llevaron a cabo los planes de expansión en el sistema de transporte (Pet-1-2009 y Petnac), lo cual implica la construcción de más de 1000 kilómetros de líneas de transporte de energía eléctrica, entre las cuales se incluyen líneas del sistema principal, como del sistema secundario. 

Aunado a los bajos precios de la energía eléctrica y la alta oferta de generación eléctrica que ya ha puesto en problemas a algunos inversionistas, así como la ingobernabilidad que existe en el país que ha conllevado a una constante confrontación social con los agentes del subsector eléctrico, ahora se suma la entrada en vigencia del Decreto 15-2020 lo cual implica que existirá poca o nula capacidad de pago por parte de los agentes del subsector eléctrico guatemalteco, con las deudas adquiridas con los distintos bancos del sistema guatemalteco y banca internacional, lo cual puede tener consecuencias serias en la economía guatemalteca, pudiendo provocarse una crisis financiera en el sistema bancario, considerando que la deuda que el subsector eléctrico guatemalteco tiene con los bancos que operan en Guatemala, está calculada en más de 10 mil millones de dólares (Nota de Mario E: esto es mucho más de la recaudación total de SAT en un año). Igualmente, de no tomarse medidas que ayuden a los agentes del subsector eléctrico guatemalteco, se podría generar un desabastecimiento de energía eléctrica, conllevando a un racionamiento de la misma, ya que los generadores no tendrían la capacidad de comprar combustibles para cumplir con los contratos de venta de potencia y energía eléctrica que tienen con las Distribuidoras y las Empresas Eléctricas Municipales. 

Claramente, el decreto 15-2020 del Congreso de la República, en vez de representar una solución financiera para los guatemaltecos, pone en peligro el abastecimiento del suministro eléctrico en Guatemala, el cual es vital para mantener activos los servicios de salud y seguridad en estos momentos, asimismo se vería afectado el sistema bancario guatemalteco, el cual alberga la inversión de millones de guatemaltecos. Por último, este decreto atenta contra los principios constitucionales de propiedad privada, libre contratación y libertad de industria y comercio, dejando entrever nuevamente la falta de certeza jurídica para los inversionistas, lo cual convierte al país en un destino poco atractivo para realizar inversiones que ayudan al sostenimiento de la economía nacional. 

Lucía Estrada 

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Brutales ideas impositivas en tiempos de crisis

Lo que faltaba. Un par de zombies en el Congreso se les ocurre que para palear la crisis del COVID-19 hay que subir el Impuesto Sobre la Renta.

Adicionalmente, con un derroche de conocimiento tributario y constitucional que da miedo.

Vamos por partes.

El artículo 1 de la reforma indica que se modifica el artículo 36 del Decreto 10-2012 (ISR). Screen Shot 2020-04-30 at 13.27.43.png

Este artículo es sobre las tarifas del ISR en el régimen de utilidades. Fuera de las consideraciones que ya ni vale la pena hacer, que empujaría la tarifa marginal de ISR a 35% y nos colocaría como una de las más altas del mundo en tarifas empresariales, cuando los mejores sistemas de ISR del mundo son “flat” y sin cobro de ISR a los dividendos, con grandes ventajas para la reinversión de utilidades y ahorro, que es lo que la crisis requiere, no alivia en nada la crisis, sino que la agrava. Es claro que el gobierno es un parásito y en esto, es más parásito aún.

Además, el Código Tributario impide que esta reforma entre en vigencia inmediatamente y sería aplicable a partir del 2021. Véase el artículo 7 del Código Tributario.

Si bien la propuesta de ley es para “palear la crisis del COVID”, esta reforma la agrava y además, es permanente, no es un aumento transitorio. Lo que la reforma debería haber dicho es que para el año 2021 en adelante se permitirá arrastrar pérdidas y compensarlas contra utilidades, así como derogar el ISO.

El artículo 2 de la propuesta dice:

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Esta reforma es la más tonta de todas. Simplemente deberá constituirse sociedades que vendan menos de Q60,000 al mes y ya. No es complicado de eludir. Pero este régimen ya es bastante dudoso en cuanto a su constitucionalidad y se sostiene simplemente porque las tarifas eran bajas. 10% sobre los ingresos afectará principalmente a los prestadores de servicios, que son los que más fácilmente pueden dejar de emitir facturas. No emitir factura y que le emitan a un prestador de servicios una factura especial paga el 5% de ISR. ¿Les parece lógico? Esta reforma iniciaría a partir del mes siguiente a que se publique.

Por último, en el artículo 3 pretenden:

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Esta propuesta es la que más sentido hace, si se quiere equiparar Guatemala a la tributación “normal” de los demás países. Guatemala es el país con la menor carga tributaria para las personas en relación de dependencia. Esta alza de tarifa es lo que más sentido hace. Claro, que no hace mucho sentido en cuanto a quiénes pagan ISR en Guatemala, pues en este régimen no pagan ni 200,000 personas. Según la propia iniciativa, los asalariados con sueldos de más de Q600,000 anuales son 26,549 personas. El pero es que tampoco entrará en vigencia en 2020, sino que será hasta 2021, por lo que tampoco es viable “contra la crisis”.

La iniciativa completa, se supone, impactará a 27,187 personas. Claro está, esto es lo que más molesta de la iniciativa, que pretenden afectar a este grupo de personas para aliviar la crisis de millones, con la idea de aumentar los ingresos tributarios. Se supone que lograrían un aumento de Q2,200,000,000.00 sin embargo la baja de la recaudación, a este momento, ya la estimó SAT en Q5,000,000,000.00. Es clarísimo que una vez se suban las tarifas en 20% para el régimen de utilidades, 43% para los del opcional simplificado y asalariados, el incentivo se aumenta para tratar de evitar esos pagos, lo que es muy sencillo. Tampoco es cierto que lograrán esa recaudación, pues ya lo que estamos viendo es suspensiones de contratos de trabajo, despidos, cierres de locales, cierre de empresas, etcétera, con lo que los cálculos hechos sobre lo reportado en 2019 tienen un gran error de partida. ¿De verdad tienen economistas en su filas en este partido?

La forma de enfrentar la crisis es reduciendo gasto, primero. Aumentando capacidad de inversión, segundo. Lo que esta iniciativa logrará, es lo contrario y a su vez, permitir que sea más rentable seguir siendo informal y creando esquemas que permitan reducir renta.

 

 

Mario E. Archila

 

Si quiere leer esta tontería de propuesta haga clic acá: Ley de contribución extraordinaria para la crisis.

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Convenios de Pago

Ayer envié un mensaje por WhatsApp a mis clientes y contactos. Les indicaba que si tenían problemas para pagar los impuestos, podían optar por solicitar convenios de pago.

La normativa permite que los convenios se firmen en dos situaciones:

  1. Antes de que venza la obligación tributaria. En este caso, se debe justificar la razón por no poder pagar en tiempo y completo.
  2. Cuando ya se venció la obligación y ya se debe, con mora, el impuesto.

Es importante recalcar que no se puede pedir convenio de pago para los impuestos percibidos o retenidos o el Impuesto al Valor Agregado. Es decir, un impuesto al consumo o las retenciones del Impuesto Sobre la Renta que una sociedad hace o el propio IVA, no pueden ser sujetos de convenio. 

Se puede pedir el convenio aún y cuando la deuda esté siendo cobrada en el económico coactivo. Es así que no importa el momento, se puede pedir. Al momento de pedirla, si hay multas e intereses ya causados, también se puede gestionar ante el Presidente de la República una exoneración de esas multas y recargos.

Los intereses se comportan diferente al existir convenio. Si no ha habido vencimiento de la obligación los intereses no han iniciado a correr aún, por lo que no se pagan intereses en el convenio, ya que la norma indica que se computan hasta la fecha de la suscripción del convenio. Es así que si se tienen días de atraso al momento de firmar el convenio, los intereses son días, no los 18 meses del plazo del convenio.

En cuanto a las multas, el contribuyente que desee efectuar el pago del impuesto, después de vencido el plazo para el pago del mismo, antes de haber sido notificado de un requerimiento de información para auditoría, al suscribir el convenio de pago tendrá derecho al cincuenta por ciento (50%) de rebaja en los intereses resarcitorios y de un ochenta y cinco por ciento (85%) de la sanción por mora.

En esta parte, la norma -artículo 40- dice que para los casos establecidos en el artículo 91 del Código Tributario -impuestos retenidos, percibidos e IVA- se aplicará únicamente la rebaja establecida en dicho artículo, que es el 50% de la multa. Sin embargo, al inicio, el mismo artículo 40 dice que no se puede celebrar por esos impuestos. Así que la incongruencia debería ser resuelta en el sentido que “no se puede suscribir convenio y únicamente hay posibilidad de esa rebaja de multas”.

Si se causa mora en los pagos del convenio se generarán los intereses respectivos, los que no gozarán de ninguna rebaja.

Es importante considerar que SAT podrá requerir una garantía si considera que hay algún riesgo de impago. Esta garantía deberá abarcar el monto de los tributos, multas, costas cuando procedan y demás recargos que se hayan generado, y constituirá título ejecutivo suficiente para el cobro judicial de la deuda pendiente de cancelación. La norma indica que existe riesgo en aquellos casos en que el contribuyente haya incumplido, durante los cuatro años anteriores, otro convenio de pago suscrito con la Administración Tributaria o cuando exista procedimiento Económico Coactivo en su contra.

Como ven, es una opción viable en estos momentos. Igualmente, se puede solicitar exoneración de multas e intereses de forma paralela.

Si quieren asistencia legal y asesoría en cómo solicitarlo, así como el acompañamiento debido, no dude en contactarnos. Puede enviarnos un email o llamar al 23788484.

 

Mario E. Archila M. 

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Podcast

Estoy muy feliz que se ha logrado. El Podcast se ha lanzado y ya lo pueden escuchar. Debería servir para el tráfico o bien el Home office.

Empezamos con los gastos deducibles. Llevamos ya 2 episodios. El sábado 4 de abril publicamos el tercero. Se pueden suscribir acá o en Spotify como “Impuestos y Chocolate”: https://anchor.fm/impuestosychocolate

Espero nos acompañen.

Mario E. Archila M.

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Análisis de algunas acciones en esta crisis

Hemos recopilado un análisis de las distintas acciones que podrán considerarse en los ámbitos de relaciones laborales, contractuales, impuestos, IGSS, postergación de pagos a bancos y tarjetas de crédito, el subsidio de energía eléctrica, suspensión de plazos, postergación de pagos a colegios y universidades.

Esperemos que le sea útil. Si lo desea descargar, haga clic acá.

 

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Se suspenden plazos para SAT, IGSS, IRTRA e INTECAP

Recién se publicó en el Diario Oficial el acuerdo SAT-DSI-280-2020 (24 de marzo de 2020) del Superintendente, por el cual, de manera correcta en su sentido y alcance, se han declarado días inhábiles y se suspenden plazos.

El acuerdo declara inhábiles los días 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de marzo y 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13 y 14 de abril de 2020. Las consecuencias son:

  1. Diferir plazos para el cumplimiento de obligaciones tributarias;
  2. Diferir plazos para evacuar audiencias o interponer recursos;
  3. Diferir plazos para presentarse a citaciones;
  4. Diferir plazos para responder a requerimientos de información. 

Es así que, en consecuencia y siguiendo lo establecido por el Presidente de la República en las disposiciones de suspensión de labores que dictó, SAT emite el presente acuerdo entendido, claramente, que para el cumplimiento de dichas obligaciones se requiere de actividades laborales de los contribuyentes que en muchísimos casos están suspendidas por la situación frente al COVID-19.

De manera oficial, por tanto, han quedado suspendidas las obligaciones tributarias, mismas que, salvo nueva disposición, deberán ser cumplidas a partir del 15 de abril. Es importante considerar esto por lo siguiente:

  1. Los tributos que vencerían el 31 de marzo, deberán ser pagados el 15 de abril.
  2. Cualquier plazo que ya inició, se suspende y los días que falte computar dentro del plazo, se deberán contar a partir del día 15 de abril, tanto para evacuar audiencias, presentar pruebas o interponer recursos administrativos respectivos.
  3. Esto no aplica para la labor aduanal que no está incluida en este acuerdo y permanece laborando, si bien en un horario restringido, por lo que deberán atenderse los plazos normales en esa materia.

Adicionalmente, tanto el IGSS, IRTRA e INTECAP comunicaron que se suspendía el cumplimiento de sus obligaciones.

a)  Instituto de Recreación de los Trabajadores (IRTRA)

Se suspende el pago de las cuotas patronales del IRTRA de marzo, abril y mayo y se difieren para pagarlas en el segundo semestre del año.

b) Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap)

Se suspende el pago de las cuotas patronales del Intecap de marzo, abril y mayo y se difieren para pagarlas en el segundo semestre del año.

c) Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)

Se difiere el pago de la cuota patronal al sector privado por los meses de marzo, abril y mayo. Las cuotas diferidas no estarán sujetas a recargos por mora, intereses o gastos administrativos siempre que se cumpla con los términos del acuerdo que se publicará oportunamente, Se plantean tres opciones de recuperación a disposición de los patronos del sector privado:

  1. Que las cuotas las pague ordinariamente, el que así lo juzgue conveniente y se encuentre en la capacidad de hacerlo.
  2. Que las cuotas diferidas se empiecen a pagar a partir del mes de julio. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, se pagará la cuota del mes correspondiente, así como la cuota diferida.
  3. Que las cuotas se difieran de manera automática a partir del mes de julio en una distribución a prorrata por dieciocho meses sin intereses, mora o gastos administrativos. Esto aplica si el patrono no ha informado al Instituto de su elección o incumplan con los pagos de los meses diferidos.

La cuota del trabajador debe ser deducida normalmente y trasladada al Instituto, en los plazos establecidos, a través de la Planilla Electrónica de la Seguridad Social. El Instituto podrá emitir notas de cargo, recargo por mora y por gastos administrativos a los patronos que incumplan con los pagos diferidos en los plazos establecidos.

Todo patrono que quiera optar por los beneficios debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Estar adheridos al Sistema de Generación, Transmisión, Validación y Pago de la Planilla de Seguridad Social en forma electrónica.
  • Presentar mensualmente su declaración de Planilla Electrónica en la sección de Servicios IGSS de la página oficial.
  • Haber reportado el pago de la cuota de los trabajadores en la planilla electrónica.
  • Tener actualizado su registro de datos en el Instituto al año 2020.
La obligación suspendida, por tanto, es únicamente sobre las cuotas patronales, lo que implica que las cuotas laborales deberán ser cubiertas de manera normal.
Vemos así que las obligaciones económicas que pesan sobre el sector productivo se ven aliviadas en algo para estos duros momentos.
Mario E. Archila M.