Dices “Hijo Putativo” y la gente tira la carcajada…

La comunicación es transmitir un mensaje. Sin embargo, la comunicación que no logra mover al lector es poco efectiva. Es como contar un chiste sin que nadie se ría: una simple historia. 

Los abogados escribimos tratando de convencer, de persuadir. En eso, somos similares a los publicistas… Y ¿sabe qué? Los conocimientos del Mago de la Publicidad, Roy H. Williams, se fusionan con la práctica legal. Venga a aprender las técnicas de persuasión de uno de los mejores creadores de contenido en publicidad, autor de best sellers. 

Con nosotros aprenderás: 

  1. ¿Qué es persuasión?
  2. Las áreas del cerebro, sus funciones y cómo aprovecharlas. 
  3. Cómo estructurar mensajes para cada uno de los temperamentos de las personas. 
  4. Las técnicas de otras artes que ayudarán a su mensaje.
    1. Pintura, Monet. 
    2. Fotografía, Frank. 
    3. Literatura, Dr. Seuss
  5. Perspectivas del mensaje. 
  6. Los lenguajes de la mente. 
  7. Detalles, generalidades… ¿Qué debo poner dónde?

Ven. Sin dudarlo, será una inversión que dará retornos en tu cuenta de banco, diariamente. 

30 de Julio, 8 am a 12. Camino Real.

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Los espero.

 

Mario E. Archila M.

La FEL y sus implicaciones según el 4-2019

Usualmente el Congreso es un aparato de aprobación de ideas escasamente brillantes de alguien más. Algunas se aprueban por músculo político, otras por coyuntura y otras por dinero.

Hace unos meses se aprobó el Decreto 4-2019 que incorporaba algunas cosas nuevas al régimen del IVA. Verdaderamente no sé quién es el “genio” tras bambalinas, pero resulta una medida peligrosísima para nuestra incipiente economía formal que lo que pretende. (Recordemos que 70% de las personas generan sus ingresos, según se estima, del mercado informal y eso es un 30% del PIB). Obligar a que se lleve la contabilidad de manera electrónica en sistemas creados por SAT es absurdo en varios niveles.

La norma dice:

ARTICULO 6.
Se adiciona el artículo 29 “A” al Decreto Número 27-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, para que quede redactado de la forma siguiente:
Artículo 29 “A”. Factura electrónica y registros contables electrónicos. Para el caso de las personas individuales o jurídicas que la Administración Tributaria califique para utilizar el Régimen de Factura Electrónica (FEL), ya sea por el volumen de facturas emitidas, nivel de ingresos brutos facturados, vinculación económica, inscripción a regímenes especiales u otro criterio definido por la Administración Tributaria, su habilitación como usuarios del régimen de factura electrónica será de oficio, y se notificará al contribuyente de dicha obligación, para que haga uso de los servicios autorizados y habilitados por la Superintendencia de Administración Tributaria.
Los contribuyentes registrados en el Régimen de Factura Electrónica deberán utilizar un sistema electrónico de registro de operaciones y de documentación de soporte de todas las operaciones del giro normal del negocio del contribuyente. En este sistema se incluirán, según corresponda: 1. Libro de Inventarios; 2. Libro de primera entrada o diario; 3. Libro mayor o centralizador; 4. Libros de Estados Financieros; 5. Libros de compras y ventas y otros auxiliares que determinen las leyes específicas. Para tal efecto, la Administración Tributaria pondrá a disposición de los contribuyentes, todas las herramientas electrónicas correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo.
La resolución que emita la Administración cobrará vigencia tres meses posteriores a su notificación. La Administración Tributaria desarrollará y pondrá a disposición de los contribuyentes, por los medios que considere necesarios, el reglamento que regule la incorporación, requisitos y condiciones para operar en este régimen.”

¿Qué quiere decir esto?

  1. SAT es quien decide quién y por qué. Es decir, la norma es arbitraria en su origen.
  2. Esta arbitrariedad ayudará a unos y perjudicará a otros, pero sin que sepamos la razón –u otro criterio definido por la Administración Tributaria-y dentro de los perjudicados tendremos a los exportadores que pidan estar en ese régimen de facturación electrónica, pues podrán tener acceso a un régimen, supuestamente, más expedido de devolución del crédito del IVA, pero a los que SAT les puede denegar el mismo, tal como lo hace ahora cuando alguien quiere ser agente de retención del IVA, con un análisis de “por no ser conveniente a los intereses de SAT ya que dejaría de cobrar IVA”… Es así que si autoriza exportadores, les tendrá que devolver, con lo que buscará un criterio para que no se les califique y no devolverles en ese método. A los otros, los que no tienen ese riesgo, los calificará… y allí, pues viene el posible “clavo”. 
  3. En la frase “para que haga uso de los servicios autorizados y habilitados por la Superintendencia de Administración Tributaria”  tenemos parte del secreto. El sistema lo autoriza y habilita SAT. Es decir a su conveniencia, con lo que quiere y para lo que quiere: control y cobro de tributos. Ahora bien, ¿qué tiene eso de malo? Simplemente que la contabilidad y los sistemas computarizados de contabilidad los diseña el empresario para facilitar su negocio y la toma de decisiones de su negocio.  Ese motivo es por el que existe la contabilidad, como una herramienta de la administración para la toma de decisiones.
  4. ¿Qué sistemas? Y vean que son de uso obligatorios. No es simplemente emitir facturas electrónicas en línea. Se viene con todo esto, vean: “Los contribuyentes registrados en el Régimen de Factura Electrónica deberán utilizar un sistema electrónico de registro de operaciones y de documentación de soporte de todas las operaciones del giro normal del negocio del contribuyente. En este sistema se incluirán, según corresponda: 1. Libro de Inventarios; 2. Libro de primera entrada o diario; 3. Libro mayor o centralizador; 4. Libros de Estados Financieros; 5. Libros de compras y ventas y otros auxiliares que determinen las leyes específicas”   Es así que si lo comparamos con el Código de Comercio este artículo obliga a llevar LA CONTABILIDAD en un sistema computarizado, diseñado y puesto a disposición por SAT, al que SAT tendrá acceso en línea y permanentemente.
  5. Dejando de lado los problemas operativos que esto puede dar, como que se caiga el sistema en SAT, un hacker robe la información o destruya el sistema, o peor aún, cibernéticamente lo destruya, o pueda ingresar a las empresas desde fallas de seguridad del sistema o los servidores en los que se aloja, tenemos que pensar que hay sistemas de cómputo para contabilidad tan sofisticados como las empresas mismas, que requieren visados, comunicaciones, formas consolidadas a nivel mundial para su registro, o bien compañías que llevan sus libros contables en sedes extranjeras, que el sistema que SAT les proporcione y sea obligatorio no llene esos requisitos.
  6. Por otro lado, la contabilidad según la constitución es confidencial y puede ser revisada para propósitos de verificación de cumplimiento tributario, no de manera permanente.

Realmente estoy sorprendido que no hay una discusión seria sobre las implicaciones de esta norma legal.

 

Mario E. Archila M.

La idea de derogar el ISR

Fue noticia previo a las elecciones de junio 2019, que el candidato a presidente por el partido oficial y todavía diputado, Estuardo Galdámez y el diputado Fernando Linares-Beltranena, presentaron una iniciativa de ley para la eliminación gradual del Impuesto Sobre la Renta, ISR.

La idea está en la vía correcta. El Impuesto Sobre la Renta resulta un impuesto con alto costo de cumplimiento (es una imposición oculta) y un alto costo de fiscalización, pues la necesidad de auditorías, análisis, comparaciones para determinar el cumplimiento correcto es alto. Eso sin contar que los costos que deben cubrirse para fiscalizar, como es la cantidad de auditores y el costo para un contribuyente en llevar el proceso de ser auditado. Un cliente recién acaba de concluir ese proceso y me indicó que para cumplir con los requerimientos de las 5 meses de auditoría, el departamento contable y de impuestos del contribuyente TRABAJÓ PARA SAT alrededor de 2500 horas. Este costo implica 56 semanas laborales completas, es decir, 13 meses de salarios usados para cumplir con la auditoría de SAT.

Claro que reformar el sistema tributario guatemalteco requiere un par de acciones adicionales que sólo eliminar el ISR para hacerlo sólido. La exposición de motivos sí menciona países como Hong Kong, Irlanda y Singapur como modelos de países con tributación a la renta sencilla. Estos tres países, además, tienen la particularidad de recaudar eficientemente derivado de ello y, no estoy seguro Irlanda, pero Hong Kong y Singapur son dos de los países que tienen un impuesto único como método de recaudación. Eso sí, el impuesto que tienen se llama ISR, pero podría operar más como un impuesto a la venta, por las características de forma de pago.

La propuesta de ley tiene 5 artículos. Voy a comentarlos brevemente, a modo que estemos informados, pues esta iniciativa, aunque no sea perfecta, sí es la primera que busca remover el sistema tributario actual para hacerlo más sencillo y eficiente en su recaudación. Debemos estar claro que el actual ISR es complicadísimo de darle cumplimiento, caro y tergiversa muchísimo del Derecho comercial, civil y notarial del país, así como confunde instituciones tributarias y deja vacíos interpretativos.

El artículo 1 deroga a partir del 2024 (no dice cuándo del 2024) el decreto 10-2012 del Congreso. Sin embargo al derogar completo el 10-2012 del Congreso queda un vacío, ya que el 10-2012 contiene más impuestos que sólo el ISR. Está en el mismo decreto el Impuesto a Primera Matrícula, por ejemplo, que quedaría derogado también (lo que sería fabuloso porque ese impuesto nos coloca en incumplimiento fraudulento del GATT y con posibilidades enfrentar sanciones en la OMC).

El artículo 2 tiene una tabla de reducción gradual de las tarifas de los distintos regímenes y cédulas del Impuesto a la Renta. Así en el régimen sobre utilidades, la tarifa baja del 25% actual al 15% en 2021, 10% en 2022 y 5% en 2023.

Para el régimen opcional simplificado, la tarifa de 7% desaparece en 2021 y habría únicamente la tarifa del 5%, 4% para el 2022 y 2% para el 2023. Esas mismas tarifas y años para el régimen por rentas del trabajo. Vale mencionar que en la propuesta de ley están mal denominados los regímenes, por lo que probablemente de aprobarlo, causarán inaplicación de las autoridades tributarias argumentando que esos regímenes no existen…

La pregunta será si es buena esa tarifa para esos regímenes. Si el promedio de recaudación de los contribuyentes que pagan el 85-90% de la recaudación total del ISR es 3.01%, aproximadamente, un ISR de 2-3% sobre ingresos implicaría que la totalidad de los contribuyentes registrados en el ISR estarían pagando esa cantidad y no habría reporte de pérdidas (es inconstitucional, pero puede ser un buen incentivo para formalizar empresas). En el régimen sobre utilidades, el 15, 10 y 5% de tarifa (sobre las utilidades) implicará que el ISO será el impuesto final en cualquier caso, pues en este régimen (utilidades) el 1% del ISO era aún menor al ISR por pagar (28% de las utilidades es un promedio de 2.53% sobre ingresos -a nivel mundial es aproximadamente eso lo que se paga también-) y podía acreditarse. Al reducir la tarifa, el ISR pasa a ser 1.35%, 0.9% y 0.45% sobre ingresos, con lo que el ISO quedará como impuesto final pagado. Es decir, 1% sobre ingresos. Eso probablemente anule, en esos años, el régimen sobre ingresos.

Los dividendos y las ganancias de capital seguirán estando en 5 y 10%, igualmente los ingresos por rentas de capital mobiliario e inmobiliario (arrendamientos) mientras no sean habituales. El régimen del pequeño contribuyente seguirá siendo 5% sobre ventas y las retenciones a realizar por facturas especiales, de la misma manera, serán 5% del valor de la factura sin IVA.

¿Qué quiero decir con eso? Que la reforma es técnicamente deficiente porque hay más formas de pago que sólo lo dicho en el artículo 2 y se requiere armonizar el impuesto completamente en la fase de transición para no crear distorsiones.

El artículo 3 “ordena” a SAT tomar medidas necesarias para ampliar la base tributaria, reducir el contrabando y la corrupción en aduanas y facilitar y mejorar la recaudación de todos los impuestos restantes. Es decir, le ordena hacer su trabajo. Creo que el Congreso acá podría tomar medidas más drásticas como cerrar las aduanas como puntos de control y dejar los puertos libres con declaraciones electrónicas de la importación y controles posteriores únicamente, por ejemplo, que reduciría el contrabando inmediatamente. Esto porque el contrabando no se causa por la tributación elevada en aduana, sino por una mezcla de enorme burocracia (5000 trámites a cargo del gobierno central), discrecionalidad de los funcionarios de aduanas (ley nacional de aduana y CAUCA y RECAUCA) y que el mercado interno es 70% de población en economía informal que implica que venden sin costo gubernamental (sin burocracia y sin impuestos), nunca sujetos a fiscalizaciones ni interacciones con el fisco. Esto hace que los formales tengan un costo superior y las aduanas sí representen ahorros.

El artículo 4 obliga al Ejecutivo a hacer evaluaciones en todas sus dependencias con el objeto de racionalizar el gasto, cerrar dependencias innecesarias o superfluas y evaluar compromisos financieros, dándole prioridad a los servicios de seguridad, justicia, salud y educación.

Obliga a ello, pero no establece plazos, sanciones, parámetros o demás. El problema “tributario” del país siempre es un problema fiscal. Es decir, un problema de gasto. El Congreso tiene la facultad y la obligación de establecer el presupuesto anualmente y fiscalizar su ejecución, reduciendo donde no asignará estableciendo los techos que obliguen al ejecutivo a cerrar esas dependencias. Es así que en este momento el Congreso podría colocar techos máximos de ejecución y obligaciones de tener superávit operativos en el Ejecutivo de algún porcentaje de la recaudación con drásticas sanciones al gabinete en caso no cumplirlo.

La vigencia está en el artículo 5, a 6 meses de su publicación.

Espero les dé una idea de lo que se propuso.

 

Mario E. Archila M.

¿Puede SAT pedir mis estados de cuenta al banco?

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He allí el titular de hoy en Soy502 (FMI pide eliminar secreto bancario).

Tristemente el Fondo Monetario Internacional no se ha enterado de dos cosas importantes.

a) Los guatemaltecos que pagamos impuestos pagamos más que el promedio de la OCDE.

b) El secreto bancario no existe desde hace años en Guatemala y SAT tiene abiertos los procedimientos de siempre para pedirlo.

En cuanto al punto a), le recomiendo leer a Daniel Fernández, quien deja claro que los chapines pagamos “un montón”. Vean esta gráfica:

 

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Nuestro esfuerzo fiscal es casi el doble que la media de la OCDE. vea dónde están Holanda y Alemania. Esto quiere decir que individualmente a nosotros, los guatemaltecos, nos cuesta más en impuestos nuestro gobierno que los eficientes Noruega, Holanda y Alemania. Con el retorno enorme que esos países tienen respecto a lo que pagan. Esfuerzo fiscal.

Sobre el punto b) hay que hacerles ver a los señores (bueno, es una señora) del FMI que están más perdidos que el hijo de la Llorona. En Guatemala, desde hace por lo menos 18 años, el Código Tributario contempla la posibilidad para que SAT requiera medidas cautelares y de urgencia. Entre ellas, podría perfectamente solicitar al juez que le ordene a los bancos trasladar la información que necesite y que “…permitan la debida verificación y fiscalización que le manda la ley…”. Es una mentira repetida que el artículo suspendido por la Corte de Constitucionalidad impide que se pidan los estados de cuenta de los contribuyentes. Y para dejar claro el tema, la CC no declaró la suspensión porque se protege “el secreto bancario” sino que lo suspendió porque el procedimiento inventado por estos “asesores” del gobierno crearon un procedimiento unilateral, secreto, clandestino, para investigar personas, ya sea por actos tributarios o no. De tal manera que debido a que ese procedimiento viola la presunción de inocencia, el debido proceso y la certeza jurídica es que se plantearon las acciones y la Corte de Constitucionalidad se vio obligada a suspender.

Ahora, si SAT, con todas las de ley y en una conducta de buena fe y respetuosa del ordenamiento jurídico desea acceso a las cuentas y movimientos bancarios, puede utilizar el artículo 170 e iniciar esas diligencias. Eso obliga al juez a darle audiencia al contribuyente para que se pueda defender de cualquier acto anómalo, arbitrario o excesivo de SAT, previo a que el juez ordene a los bancos trasladar la información o rechace la solicitud de SAT. El meollo es que SAT no quiere que el contribuyente se entere, pero creo que ninguno está de acuerdo en tener una GESTAPO tributaria, salvo los del FMI.

 

Mario E. Archila M. 

PD: mi amigo y colega Juan Carlos Casellas agrega: “Y yo remataría, diciendo por tal, que dada la vigencia de esta norma, no es cierto que se haya o esté violando los compromisos adquiridos por Guatemala en el ámbito del derecho internacional tributario, pues esa misma norma puede ser utilizada en el contexto de la aplicación de la convención multilateral de intercambio de información de OCDE, pudiéndose por tal entender esta norma, bajo esta óptica, como una derecho tributario internacional”

Ley Para la Reactivación Económica del Café

En la ley para la reactivación económica del café que se aprobó por el Congreso de la República el día 4 de abril de 2019 con el decreto 4-2019 encontramos que los primeros tres artículos hablan del fideicomiso del café y sus adecuaciones, con lo que el fideicomiso estará vigente hasta el 23 de octubre de 2051 con tasas de interés de 2% para micro y pequeños productores, 3% para medianos y grandes, dentro del sector cafetalero.

En el capítulo II de la ley se colocó la “adecuación de la legislación tributaria para la activación económica”, que ya no tiene mucho que ver con café.

El artículo 4 modificará el artículo 16 del 10-2012 del Congreso, el ISR, para que el impuesto en las facturas especiales sea de 5% del valor de la factura sin IVA. Esto entrará en vigencia 8 días después de la publicación.

En el artículo 5 se agrega el artículo 25 bis con el cual se crea un nuevo régimen especial de devolución del IVA: el régimen especial electrónico. Este régimen es para que los exportadores de bienes y de servicios puedan solicitar el 100% de su remanente de crédito de IVA por períodos mensuales. Los exportadores que podrán optar a este régimen son los que tengan ingresos superiores al 50% del total por exportación o quienes no logren compensar, a pesar de generar por exportar menos del 50% de sus ingresos totales, con sus ventas locales. Se deberán registrar anualmente en SAT. (Usualmente acá es donde sale la trampa y cuando llegan medio mañosos a SAT es cuando empiezan a pedir mordidas para la aprobación de estos registros… esperemos que eso no pase nunca.) Los requisitos para estar en este régimen son:

  1. Estar incorporado a Factura Electrónica en Línea;
  2. Utilizar sistema electrónica para registro de operaciones y documentación (contabilidad en electrónico).

SAT queda obligada y facultada para proporcionar estas herramientas. La solicitud se hará electrónicamente y SAT tiene 30 días para resolver . Si se omitieron requisitos, fijará un plazo de 30 días al contribuyente para que se enmiende. Si es favorable la resolución de SAT, se informa al BANGUAT quien deberá devolver acreditando en cuenta del exportador el dinero.

Con el artículo 6 se adiciona el artículo 29 A que crea el sistema de Factura Electrónica. Esta norma, ahora sí, permite a SAT obligar a los contribuyentes que califique a utilizar el sistema. SAT hará la calificación y emitirá una resolución que entrará en vigencia 3 meses posteriores a su notificación. (TRISTEMENTE le veo un par de problemas a la norma: a) No dejaron previsto que el contribuyente pueda solicitar su incorporación, con lo que de nuevo, tenemos un mecanismo que pueda convertirse en un incentivo de corrupción, pues para que me devuelvan el IVA en el régimen electrónico, tengo que usar estas herramientas y eso depende de SAT, no de mí. Esto ha pasado con el agente de retención del IVA y con los productores autorizados, que ven denegadas sus solicitudes por criterios de “ventanilla”. Quizás en el algún momento también hubo oficinas que lograban las calificaciones con mordidas, no me consta, ya que lo que sí me consta es que se entorpecían las calificaciones para estos regímenes en perjuicio del contribuyente. Y b) La resolución que “entra en vigencia 30 días” es una terminología incorrecta. La resolución entre en vigencia al notificarse y queda firme 10 días después de su notificación, pero la incorporación al sistema electrónico deberá fijarse en 30 días después de notificada. Si decimos que “entra en vigencia”, SAT la puede revocar en cualquier momento de esos 30 días, impunemente, y los contribuyentes tienen normas contradictorias para impugnar dicha resolución, ya que el recurso se plantea en los 10 días de notificada una resolución, pero no se puede impugnar una resolución que no ha entrado en vigencia y quedaría firme 40 días después de notificada… ya veo mucha discusión de cuándo debía plantearse un recurso). 

En el artículo 7 se incluye una reforma al artículo 52 A de la ley del IVA con la que las facturas especiales que se emiten al comprar a productores agropecuarios, artesanales y de productos reciclados no autorizados, serán siempre electrónicas. Positivo es que se permite que los productores se inscriban en cualquier momento del año y las razones de rechazo están más claras. Lo negativo es que hay una sanción penal por la solicitud inexacta. Esto puede dar lugar a abusos en las denuncias por simples interpretaciones distintas de la información.

El artículo 8 es para modificar el reglamento del fideicomiso del café en 60 días de entrada en vigencia la ley.

El artículo 9 permite que las solicitudes de devolución de crédito fiscal que se encuentre en trámite pueda ser trasladado el régimen electrónico.

La ley entra en vigencia 8 días después de su publicación, salvo los artículo 5, 6 y 7 que inician vigencia 6 meses después de la publicación.

Aún no ha sido publicado.

 

Mario E. Archila M.

 

¿Le llegó una comunicación de SAT?

No se aflija así de entrada. Mejor sepa qué hacer.

Véngase el 20 de marzo al Hotel Intercontinental a un seminario que responderá cuestiones importantes sobre las facultades de SAT:

  1. ¿Sabe usted cuándo un requerimiento es de obligatoria respuesta?
  2. ¿Qué cosas pueden y cuáles no pueden pedirle en un requerimiento de información?
  3. ¿Qué información está sujeta a un plazo de 20 días o 30 días y no el típico de 3 días?
  4. ¿Sabe cómo evitar una sanción por resistencia a la acción fiscalizadora?
  5. ¿Conoce los temas que son confidenciales y no deben ser entregados a los auditores tributarios?
  6. ¿Sabe cuáles son los elementos formales más comunes para que lo sancionen?
  7. ¿Tiene a mano los documentos típicos a proporcionar en una fiscalización?

4 horas. Material impreso. De regalo un librito de la guía práctica para mantener los documentos correctos en cada uno de los 29 gastos deducibles. Q750. Llame a Doris al 23788484 para que le guarde su lugar.

Ya se empezaron a inscribir. No tarde que el cupo es limitado.

Mario E. Archila M.

Fiscalizaciones masivas

Auditorías SAT
SAT inicia con fiscalizaciones

SAT ha iniciado febrero con este plan. Ya en 2018 no se tuvo mucha presencia de auditorías, salvo para el caso de devoluciones de IVA, por lo que evidentemente la recaudación sufre un poco y debe reactivarse la “presión”.

Es bueno pensar que no será una cacería de brujas con intenciones de criminalización de las deudas tributarias como ya ha sido historia.

Para ello, sugerimos estar preparados. Recordemos que la relación con SAT, si bien debe ser cordial, es una relación legal que tiene parámetros de cumplimiento para ambas partes. Esos parámetros son mucho más estrictos en el lado de los funcionarios públicos. Por lo anterior estamos ya preparando un seminario de cómo afrontar las fiscalizaciones de SAT.

¿Sabe usted cuándo un requerimiento es de obligatoria respuesta? ¿Qué cosas pueden y cuáles no pueden pedirle en un requerimiento de información? ¿Qué información está sujeta a un plazo de 20 días o 30 días y no el típico de 3 días? ¿Sabe cómo evitar una sanción por resistencia a la acción fiscalizadora? ¿Conoce los temas que son confidenciales y no deben ser entregados a los auditores tributarios? ¿Sabe cuáles son los elementos formales más comunes para que lo sancionen? ¿Tiene a mano los documentos típicos a proporcionar en una fiscalización?

Si quiere saber las respuestas, anótese de una vez para el seminario llamando al 23788484 porque no tendremos muchos espacios. Q750, 4 horas, material impreso para que se lleve y le regalamos al que se inscriba un librito que le indicará cuáles son los documentos de cada uno de los gastos deducibles. El seminario se realizará en el mes de marzo.

Los espero.

 

Mario E. Archila M.