La Evolución del Derecho Tributario para evitar corrupción

En última época hemos oído que la tributación es una herramienta de redistribución del ingreso y una herramienta para realización de políticas públicas (funciones parafiscales de la tributación).

Sin embargo hay que revisar esas posturas previo a aceptarlas como dogma. En Guatemala la Constitución establece, artículo 239, que los tributos se establecen conforme a las necesidades del Estado. Este principio bastante republicano nos permite muy largas discusiones, incluido el tema que hoy planteo.

Hay una fuerte corriente de campañas para reducir o eliminar la corrupción y grandes olas de noticias sobre las fortunas -mal habidas- de los políticos en muchas latitudes. Es con todo eso que debemos empezar a analizar los límites de la tributación.

La corrupción es el uso del dinero público (principalmente tributación) para fines distintos a los planteados inicialmente. Es decir, la corrupción es llevar el dinero recaudado a los bolsillos de los políticos y sus amigos. Este fenómeno es una consecuencia del sistema y no su causa. La causa es la capacidad financiera del Estado y los espacios de poder discrecional o arbitrario. Estos poderes los crea la propia legislación y muchas veces, la propia legislación tributaria, principalmente cuando se recauda con un fin específico.

La finalidad de redistribuir o la de hacer o motivar que algo se haga por los contribuyentes genera espacios para decisiones del burócrata de turno. Decisiones mismas que llevan la semilla de la corrupción dentro de sí. Un programa de reparto -transferencias condicionadas, subsidios- implica automáticamente tener que establecer mecanismos para escoger al destinatario de dichos beneficios. Esa escogencia permite la realización, por sí misma, de actos de corrupción para beneficiarse directamente al otorgarlo a X y no a Y.

De la misma manera, un tributo con fines parafiscales, imaginemos, un tributo sobre bienes patrimoniales para su conservación, deja el espacio para que una módica mordida -en relación al costo del tributo- sea ofrecida y pagada a cambio de excluir del padrón de bienes con valor histórico a ese bien en específico. Igual sucedería si es la exención a un tributo predial cuando sea patrimonio histórico o cultural, lo que podría llevar a utilizar el recurso de la mordida o coima para lograr dicha exención.

Debe considerarse que la decisión de gobierno, aún en los mejores procesos de compras y contrataciones del gobierno, siempre tienen mecanismos para lograr que sean manipulados. Es así que entre más facultades y funciones se le asignen al gobierno para utilizar el ingreso tributario, más espacios para la corrupción existirán.

De allí que debemos regresar a entender que las funciones del Estado son aquellas funciones originarias y puramente necesarias que realice un gobierno, ya que cada función adicional será un pretexto a mediano y largo plazo para que quien esté en el uso de las funciones públicas descubra un mecanismo para aprovecharse de ese sistema.

Retornar a principios de tributación más cerrados podrá ser la mejor batalla contra la corrupción en todos los niveles de gobierno.

Mario E. Archila M.

DIACO… algunas ideas

En el segundo informe de gobierno publicado en el Diario Oficial hace algunos días, se resalta en la página 11 que la DIACO logró devolución de Q10.2 Millones de Quetzales mediante conciliación y atención de 6,059 quejas (corregido 19 de enero de 2018) por aumento de precios injustificado a artículos de la canasta básica.

La noticia sorprende, realmente, dado que la fijación de precios no está dentro de los ámbitos de protección al consumidor como tal. Lo otro que sorprende es que se diga “injustificada” en la noticia. Justificar la colocación de un precio de un producto a servicio es básicamente imposible. Todos sabemos que el aumento en la demanda aumenta los precios y que los precios poco tienen que ver con el costo. Ojalá fuera tan fácil como conocer el costo de algo y poner el precio de venta. La tal ley de protección al consumidor establece como “derecho del consumidor y usuario” respecto a precios, únicamente lo que establece el artículo 4 literal g): “La sostenibilidad de precios con el que se oferte, promocione, publicite o marque el producto en el establecimiento comercial respectivo.” Esto, es, para variar, una sobrelegislación, pues una vez que se hace una oferta, el oferente siempre queda obligado a sostener la misma por el plazo que indica o el plazo automático de ley si no hubiere pacto en el precio… y así es con todo. Del lado del “proveedor”, por su parte, la ley le obliga (lo que es más lógico que la aritmética básica) en el artículo 15 literal ñ) “Incorporar en listados, rótulos, letreros, etiquetas o envases, el precio de los bienes o servicios que se ofrecen al público, incluyendo el Impuesto del Valor Agregado -IVA-” (que es lo mismo que dice la Ley del IVA), y en el artículo 16 como prohibiciones, establece: “a) El cobro de un precio superior al exhibido, informado o publicado. En todo caso, el consumidor tiene el derecho a pagar al proveedor el precio, tal y como se muestra en la información.” Es decir que el titular parece aceptar que DIACO se extralimitó y está funcionando como una oficina de control de precios, fuera de su ámbito legal de funciones.

Sin embargo, lo que llama la atención de la noticia es la cantidad de procedimientos conciliatorios que han ocurrido en el 2017. Tenemos que estar claros que muchas de las obligaciones que la Ley de Protección al Consumidor contiene son obligaciones que las propias leyes contractuales establecen. El problema, muchas veces, es que el producto o servicio que se adquiere es muy barato como para acudir a un tribunal civil a demandar al proveedor que incumple una garantía o vendió algo con vicios ocultos. Esa situación hace parecer que el consumidor está “desprotegido” ante el “gran capital”, cuando es un tema de diseño de sistemas judiciales y de resolución de conflictos.

Este ámbito de quejas en DIACO, por ello, resulta un camino menos costoso para hacer reclamos. Esta circunstancia es quizás la bondad de la ley, pues permite ese canal hacia un ente gubernamental que puede resolver un conflicto de ínfima o muy baja cuantía, de manera más económica que tribunales.

¿Sabe usted qué más contiene dicha ley?

Mario E. Archila M.

El porno para rebajar el IVA… Laffer y las salidas del mercado

Entre los males del porno, resulta que es una bella herramienta para demostrar que una subida en tarifas impositivas no lleva siempre a un alza en la recaudación. En España, el gobierno aprobó un alza del IVA a ciertas actividades, dentro de ellas las culturales, con lo cual llevó el IVA por espectáculos de teatro a la tarifa más alta de IVA en España: 21 %. Como era de esperarse cuando uno entiende de análisis económico de la tributación, es que un alza en un impuesto al consumo afecte la demanda según su elasticidad y, obviamente, eso depende de la utilidad marginal de dicho producto o servicio y sus sustitutos, entre otros factores.

El teatro, como otros muchos espectáculos públicos, puede ser muy sensible al precio final, toda vez que no es de primera necesidad. En el artículo de Prensa Libre, claramente se demuestra esto: “Un estudio de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza  (Faeteda) cuantificó el impacto sobre las artes escénicas de un IVA al 21% en su primer año de aplicación  (septiembre de 2012-agosto de 2013) . Respecto a los 12 meses anteriores, la recaudación bruta de los espectáculos cayó un 26% y la recaudación neta para las empresas, un 34%. El número de espectadores pasó de 13,1 millones a 9,3  (un 29% menos) y se perdieron unos 1.800 puestos de trabajo directos.” (Edición electrónica del 4 de diciembre de 2014).

Es así que el alza en la recaudación no se logra con alza en tarifas. Acá, en esta nota de prensa, lo más interesante es lo bizarro de la solución que una compañía de teatro encontró, tanto para continuar en el negocio aún con el alza de los precios, así como para protestar por tan ridícula gradación de las tarifas del IVA… Resulta que las revistas, incluidas las pornográficas, pagan un IVA preferencial de 4 %. Por ello, la compañía de teatro se convirtió en distribuidora de revistas pornográficas y regaló, con las ediciones de la revista, una entrada para la función de teatro. Así que si un impuesto deja de cumplir con los principios de neutralidad y capacidad de pago, lo mejor, siempre, será encontrar un mecanismo para corregir el problema. A veces lo encuentra el gobierno, a veces lo encuentra el contribuyente…

Lea el artículo de Prensa Libre acá. 

 

Mario E. Archila M.

¿Pagamos poco?

Acá un análisis de eso que dicen ser nuestro problema: el hoyo fiscal.

Tiene 3 ideas sobre el tema en 8 minutos… espero me regale de su tiempo…

Mario E. Archila M.

La cosa hay que separarla

¿Para qué se deben pagar impuestos?
Hay mucha confusión, tanto en los funcionarios como en los votantes.
Nuestra Constitución dice que se paga en relación a las necesidades del Estado y eso ayuda más a la confusión.
En la mente de muchos los impuestos son un mecanismo de solidaridad y vehículo para hacer caridad.
Eso es conceptualmente imposible. Por varias razones.
1. Ámbito de cada uno;
1. Razones de cada uno de esos ámbitos.

La solidaridad y la caridad son del ámbito privado. Son virtudes. Eso implica que me hago moralmente mejor si ejerzo dichas virtudes, mas nadie puede obligar a otro a que haga caridad o sea solidario. Tampoco le corresponde a un tercero juzgar si se está haciendo un bien con una acción caritativa a solidaria. Es una acción puramente privada. Del ámbito de la moral.
Los tributos, sin embargo, corresponden al mundo de lo público y de las relaciones de poder. Se utiliza el poder público para cobrarlos, para verificar su correcto cumplimiento. Es así que imposible de pensar que los impuestos son un mecanismo de solidaridad, caridad o beneficencia.
¿Pero, entonces, para qué sirven?
Sirven para cubrir servicios públicos. Esos servicios públicos son, principalmente, aquellos que su consumo no los agota y no pueden o no deberían ser prestados por particulares. Es así que los servicios de justicia, relaciones diplomáticas y el uso de la fuerza pública represiva, son por esencia, dichos servicios. Los demás, esos sí pueden ser prestados por particulares, como la educación, salud y hasta alguna infraestructura.
Es así que no es posible tratar las contribuciones que una persona pueda hacer de la misma manera. Tanto que tampoco son excluyentes unas de otras, por su ámbito ni por sus fines.

Mario E. Archila M.

Fuera judíos

Fuera judíos. Así sentenciaron a las orillas del lago de Atitlán los pobladores, con la complicidad del alcalde.
Merece comentario, por supuesto, un acto tan deplorable, abusivo, ofensivo y discriminatorio.
Es comparable en hechos a lo que sucede en Gaza, Siria o Irak y lo que el mundo ha vivido con regímenes racistas como EEUU hasta hace unas décadas, Sudáfrica o la Alemania Nazi.
Usted en su vida particular puede tener las preferencias que guste. Si es para casarse, preferir morenas, rubias, altas o bajas, en lo físico; inteligentes o no tanto, en lo intelectual; católicas, pentecostales, judías, musulmanas o ateas en las cuestiones de fe. Para contratar en su empresa, puede querer una cierta altura o tono de piel; preferir mujeres a hombres o al revés; etc. En su vida privada, aunque pueden ser criterios bien tontos, sus preferencias son SUS preferencias. En ese campo podemos tener alguna discrepancia de su conveniencia o inteligencia, pero nada más.
El siguiente grado es cuando provee ya un servicio al público. Allí ya no es tan “su preferencia” quiénes pueden ser sus clientes. Eso ya es discriminar y probablemente, muchos de los casos, pueden ser llevados a tribunales, penales o de derechos humanos.
El último grado, el caso que vivimos en Atitlán, es cuando se utiliza la fuerza del Estado, en este caso municipal, para imponer un criterio discriminador, por lo que sea -raza, credo, ideología política- que convierte el acto en una remembranza de los peores regímenes totalitarios de la historia.
El actuar del pueblo y la complicidad de su autoridad son actos condenables, por cualquier forma que se vea. El Estado está llamado, entre otros, a garantizar: la vida, la libertad y seguridad. Eso incluye la libertad religiosa, la libre movilidad y la igualdad ante la ley.
Es así que el alcalde se ha convertido de autoridad en criminal y nosotros, acá, cual ciudadano romano, viendo cómo se organiza el coliseo para tirar a los leones a quienes no comulgan con la religión del emperador.
No puede ser. Una república pondría tras las rejas al alcalde y sus compinches.
Basta ya de abusos en este país.

 

Mario E. Archila M.

Problemática de Ley de Inversión

¿Servirá la ley? Eso me pregunta la gente muy frecuentemente. Mi respuesta es que probablemente no.
En la profundidad de dicha ley, no obstante, podemos decir mucho más. Es una ley que ignora principios básicos que sustentan un Estado de Derecho, por tanto, una república en su mejor sentido.
El Estado de Derecho se erige sobre la base de la igualdad ante la ley, como uno de sus fundamentos. Diría que el principal.
En el caso de estas famosas leyes de fomento de cualquier cosa, este principio siempre se ve anulado, roto, ignorado. Esta propuesta de ley, ahora, busca “incentivar” y promover la inversión en el país. Se dice que porque ya el resto de países Centroamericanos tienen legislación similar. Dice el adagio que el error no es fuente de Derecho. En nuestros países, el error es fuente de privilegios.
Tributariamente, el principio de igualdad, como lo expresa la Corte de Constitucionalidad en innumerables fallos, implica que a igual capacidad de pago, igual tributación y a mayor capacidad de pago, mayor tributación.
Es así que esta “fabulosa ley” otorga el “incentivo” de no pagar impuesto para inversiones “nuevas” y de cierto tamaño -US$800,000-. Es así que cualquier emprendimiento nuevo de menor tamaño, como los que realizan aproximadamente el 60% de la población (economía hoy “informal”) y las PYMES formales, no podrán siquiera optar por calificar.
He allí que el incentivo aplica a empresa con capacidad financiera muy por encima de la media del empresario guatemalteco. Su capacidad de pago, por tanto, mucho mayor, pero no pagará impuesto sobre la renta. ¿Y el principio de igualdad y capacidad de pago?
Otro principio básico de la tributación en un sistema de Derecho, es el de generalidad. Dicho principio indica que todos estamos llamados a contribuir a las cargas públicas conforme a nuestra capacidad de pago. El principio implica la obligación de contribuir y a su vez impone la limitante a los gobiernos que no pueden decretar exenciones salvo en el caso de incapacidad de pago. Es decir, el principio veda la concesión de privilegios por raza, credo, afiliación, clase, pero admite las exenciones por razones de capacidad de pago.
Acá se exime a grandes capitales, por lo que no es una exención dada en atención a la capacidad de pago.
De lo anterior, por tanto, debemos preguntarnos si puede calificarse esta ley como “justa”. Nuestra Constitución Política en el artículo 243 obliga al Congreso a establecer un sistema tributario justo y equitativo y para ello le ordena que las cargas se decreten conforme al principio de capacidad de pago. Hemos ya esbozado los principios básicos de la justicia tributaria, mismos que son flagrantemente violados por esta ley. Es así que no podemos calificar la ley de justa, bajo ninguna perspectiva. Tampoco podemos sostener que la ley ayuda a hacer un sistema justo.
Lo que sí podemos asegurar es que viola principios fundamentales, otorga beneficios y rompe hasta con el más elemental sentido de proporcionalidad de las cargas. La propuesta es una clara aceptación que el impuesto a la renta es un desincentivo a la promoción de inversión y empleo, por lo menos formal, por lo que si cumpliéramos con los principios expuestos, se aboliría dicho impuesto de manera general.

Mario E. Archila M.