Cambios en normas, cambian incentivos

Estamos en una colorida fiesta. Hay bulla, música, tragos y pleitos. Eso es lo que nos deja el caso de La Línea en la SAT. El antejuicio de la Vicepresidenta en manos del Congreso. El Presidente que se hace bolas al tratar de dar declaraciones. El Ministro de Gobernación que esboza declaraciones cuasirebuznantes por no saber ni qué.

Ahora, bien, ¿qué pasó? Una descomposición del sistema jurídico por andar empujando cosas que con Derecho tienen poco que ver.

Desde su promulgación en 1991, el Código Tributario le ha resultado incómodo a los gobernantes. Lo mismo que les resulta incómodo tener un artículo 239 en la Constitución y un 243 con un principio de prohibición a la confiscación. Esos cuerpos legales están, precisamente, para hacer incómoda al gobernante la tarea de cobrar impuestos. Evidentemente para eso son. Las Constituciones son para limitar el poder. La ley es para limitar el ejercicio del poder. Una vez dicho esto, claro está que les resulta incómodo. Ya lo decía Lord Acton: “Con poder absoluto, hasta a un burro le resulta fácil gobernar”.

Tenemos luego las incursiones de trasnochados activistas “pro” algo, que pretenden que el cobro de impuestos debe ser un juego de “usted pague y no alegue”. Señorones éstos que se juntan a tomar, supongo que café, con trasnochados gobernantes y políticos a quienes se les ponen de “$” los ojitos, pensando que podrán cobrar y cobrar, para gastar y gastar y quedarse con su tajadita de por medio.

Esta última parte responde a la perversión del rol del gobierno en la vida de los ciudadanos. Imaginemos que se buscó atar de manos a los gobernantes de la antigüedad para que dejaran a “su pueblo” en paz; en la Edad Media, se levantan grandes revoluciones para limitar el poder del Rey y sacarlo de la vida privada, pero en pleno siglo XX y XXI, empezamos a transferir toda la responsabilidad de nuestro presente, de nuestra salud, de nuestra educación, de nuestras decisiones personales, de nuestras relaciones de pareja, de cuántos hijos tener, de cómo y dónde vivir, a los gobernantes… Regresamos al punto de partida. La consecuencia, que se use el erario público para quedarse con un “poquito”.

Por ello es que esas ideas cuadran. Y así se hacen modificaciones anuales al Código Tributario, no para hacer rigurosa la aplicación de la fuerza pública en el cobro de impuestos, sino debilitar la posición de los contribuyentes frente a ese ejercicio de poder. En SAT, se establecen metas de rendimiento que van por cuánto dinero cobran y cuantos ajustes formulan, no por cuanto dinero cobran “correctamente” ni cuantos ajustes ganan en tribunales. Se crea un incentivo institucional hecho para pervertir el sistema y la conducta de los colabores de SAT. El bueno -moralmente- tratará de pasarla en el sistema sin violentar su consciencia. El otro, será la manzana envenenada que buscará su beneficio a costas del contribuyente, de las mafias, de los gobernantes. Como el caso de vehículos en SAT y la Línea, en Aduanas.

Para no extenderme tanto, uno de los problemas mayores, por ejemplo, que permite el contubernio entre funcionarios de SAT y contribuyentes -sean mafiosos o extorsionados- es la reforma contenida en el Decreto 4-2012 que elimina, en el recurso de revocatoria, la intervención de la Procuraduría General de la Nación.

La participación de la PGN tenía un doble sentido:

1. Es el representante del Estado. El Estado es, finalmente, el acreedor de los tributos, así que su participación es importante, principalmente, si se está dando la razón al contribuyente.

2. Elimina, aunque sea en teoría, el monopolio de la decisión. Este es un elemento deseable para reducir la posibilidad de corrupción. Al tener que informar del transcurso del expediente a un órgano distinto al principal, la posibilidad de hacer actos de corrupción entre el contribuyente y SAT se reducen.

Adicionalmente, el Decreto 10-2012 también introdujo la Ley Nacional de Aduanas. Una ley que causaba fuertes incentivos para la corrupción, pues reinsertaba otro elemento básico para aumentar dicha corrupción: discrecionalidad. La Aduana se convertía en un órgano con amplios poderes discrecionales y monopolios, pues sólo por allí puedo pasar mi mercancía legalmente…

Es así que si queremos arreglar la corrupción en el país debemos:

1. Eliminar discrecionalidad.

2. Eliminar monopolios (permisos, pasos, licencias).

3. Dispersar la responsabilidad de las decisiones.

4. Crear mecanismos de rendición de cuentas.

5. Limitar funciones a ser ejercidas por los órganos gubernamentales y prohibir las que salgan de esas encomendadas.

Por allí va el reto.

Mario E. Archila M. 

Declaraguate… ¿obligatorio? ¿De verdad?

Desde el 1 de octubre, SAT determinó que los pequeños contribuyentes podrán pagar sus declaraciones ÚNICAMENTE por medio de Declaraguate.

No voy a entrar a discutir la evidente ilegalidad de este mecanismo de pago, para el contribuyente especial grande como para usted o para mí, como para el pequeño. Ese tema es tan evidente y tan fácil, que no vale la pena. Voy a entrar a examinar la lógica de esta decisión, que sólo puede tener un calificativo…

Vea.

Guatemala es un país en el que más del 50% de la población es pobre. 13%, aproximadamente, vive en extrema pobreza. En Guatemala, se estima que únicamente el 16% de la población tiene internet. Según reportajes de prensa “Con un 16% de penetración de Internet entre su población, Guatemala es uno de los países con más baja cobertura de este servicio en Latinoamérica.” (Artículo completo, acá). Sólo nos gana Nicaragua como el peor en Latinoamérica.

Declaraguate es un sistema de declaración electrónico, vía web. Es decir que SAT presupone que los contribuyentes del régimen más bajo, tienen acceso a internet. La lógica no cuadra.

Somos un país que sufre del problema que únicamente 3,000 contribuyentes pagan ISR e IVA (como contribuyentes). La idea de la Administración Tributaria debería ser facilitar la recaudación, principalmente en aquellos que tienen menos utilidades marginales. Es así que en este régimen, el pequeño contribuyente, podemos esperar que estén inscritos contribuyentes que emiten esas facturas en eventuales transacciones, pues son empleados de tiempo completo que hacen algún trabajo independiente de vez en cuando. También son pequeños negocios en lugares remotos (remotos en relación a la presencia de SAT), que las emiten cuando un citadino llega y la exige. También la emiten pequeños productores agrícolas que venden sus cosechas a industrias semiformales que las requieren para registrar sus gastos…

Es decir que es un régimen de entrada, marginal. Es un punto de entrada para incorporar al sistema formal a más contribuyentes. Ahora, con la disposición de SAT, se eleva el costo, pues de 10 transacciones que estos sujetos realizaban, quizás facturaban como pequeño contribuyente 3. Ahora para pagar por esas 3, deben buscar acceso a una computadora con internet, que probablemente implica viajar a la cabecera departamental. Esto es un ascenso en su costo de cumplimiento por arriba de las utilidades que le presentan, no las 3 transacciones, sino las 10 que realizó. Es así que es más barato, probablemente, negarse a esas 3 transacciones que requieren formalizarse, perder esos ingresos, pues no le implicarán ningún beneficio, sino que perderá el equivalente a 4 transacciones.

Es decir, que la medida de SAT es una tremenda idiotez. No entiendo en qué país creen que viven…

Mario E. Archila M.

Problemática de Ley de Inversión

¿Servirá la ley? Eso me pregunta la gente muy frecuentemente. Mi respuesta es que probablemente no.
En la profundidad de dicha ley, no obstante, podemos decir mucho más. Es una ley que ignora principios básicos que sustentan un Estado de Derecho, por tanto, una república en su mejor sentido.
El Estado de Derecho se erige sobre la base de la igualdad ante la ley, como uno de sus fundamentos. Diría que el principal.
En el caso de estas famosas leyes de fomento de cualquier cosa, este principio siempre se ve anulado, roto, ignorado. Esta propuesta de ley, ahora, busca “incentivar” y promover la inversión en el país. Se dice que porque ya el resto de países Centroamericanos tienen legislación similar. Dice el adagio que el error no es fuente de Derecho. En nuestros países, el error es fuente de privilegios.
Tributariamente, el principio de igualdad, como lo expresa la Corte de Constitucionalidad en innumerables fallos, implica que a igual capacidad de pago, igual tributación y a mayor capacidad de pago, mayor tributación.
Es así que esta “fabulosa ley” otorga el “incentivo” de no pagar impuesto para inversiones “nuevas” y de cierto tamaño -US$800,000-. Es así que cualquier emprendimiento nuevo de menor tamaño, como los que realizan aproximadamente el 60% de la población (economía hoy “informal”) y las PYMES formales, no podrán siquiera optar por calificar.
He allí que el incentivo aplica a empresa con capacidad financiera muy por encima de la media del empresario guatemalteco. Su capacidad de pago, por tanto, mucho mayor, pero no pagará impuesto sobre la renta. ¿Y el principio de igualdad y capacidad de pago?
Otro principio básico de la tributación en un sistema de Derecho, es el de generalidad. Dicho principio indica que todos estamos llamados a contribuir a las cargas públicas conforme a nuestra capacidad de pago. El principio implica la obligación de contribuir y a su vez impone la limitante a los gobiernos que no pueden decretar exenciones salvo en el caso de incapacidad de pago. Es decir, el principio veda la concesión de privilegios por raza, credo, afiliación, clase, pero admite las exenciones por razones de capacidad de pago.
Acá se exime a grandes capitales, por lo que no es una exención dada en atención a la capacidad de pago.
De lo anterior, por tanto, debemos preguntarnos si puede calificarse esta ley como “justa”. Nuestra Constitución Política en el artículo 243 obliga al Congreso a establecer un sistema tributario justo y equitativo y para ello le ordena que las cargas se decreten conforme al principio de capacidad de pago. Hemos ya esbozado los principios básicos de la justicia tributaria, mismos que son flagrantemente violados por esta ley. Es así que no podemos calificar la ley de justa, bajo ninguna perspectiva. Tampoco podemos sostener que la ley ayuda a hacer un sistema justo.
Lo que sí podemos asegurar es que viola principios fundamentales, otorga beneficios y rompe hasta con el más elemental sentido de proporcionalidad de las cargas. La propuesta es una clara aceptación que el impuesto a la renta es un desincentivo a la promoción de inversión y empleo, por lo menos formal, por lo que si cumpliéramos con los principios expuestos, se aboliría dicho impuesto de manera general.

Mario E. Archila M.

Problemática de la llamada Ley de Inversión

¿Servirá la ley? Eso me pregunta la gente muy frecuentemente. Mi respuesta es que probablemente no.
En la profundidad de dicha ley, no obstante, podemos decir mucho más. Es una ley que ignora principios básicos que sustentan un Estado de Derecho, por tanto, una república en su mejor sentido.
El Estado de Derecho se erige sobre la base de la igualdad ante la ley, como uno de sus fundamentos. Diría que el principal.
En el caso de estas famosas leyes de fomento de cualquier cosa, este principio siempre se ve anulado, roto, ignorado. Esta propuesta de ley, ahora, busca “incentivar” y promover la inversión en el país. Se dice que porque ya el resto de países Centroamericanos tienen legislación similar. Dice el adagio que el error no es fuente de Derecho. En nuestros países, el error es fuente de privilegios.
Tributariamente, el principio de igualdad, como lo expresa la Corte de Constitucionalidad en innumerables fallos, implica que a igual capacidad de pago, igual tributación y a mayor capacidad de pago, mayor tributación.
Es así que esta “fabulosa ley” otorga el “incentivo” de no pagar impuesto para inversiones “nuevas” y de cierto tamaño -US$800,000-. Es así que cualquier emprendimiento nuevo de menor tamaño, como los que realizan aproximadamente el 60% de la población (economía hoy “informal”) y las PYMES formales, no podrán siquiera optar por calificar.
He allí que el incentivo aplica a empresa con capacidad financiera muy por encima de la media del empresario guatemalteco. Su capacidad de pago, por tanto, mucho mayor, pero no pagará impuesto sobre la renta. ¿Y el principio de igualdad y capacidad de pago?
Otro principio básico de la tributación en un sistema de Derecho, es el de generalidad. Dicho principio indica que todos estamos llamados a contribuir a las cargas públicas conforme a nuestra capacidad de pago. El principio implica la obligación de contribuir y a su vez impone la limitante a los gobiernos que no pueden decretar exenciones salvo en el caso de incapacidad de pago. Es decir, el principio veda la concesión de privilegios por raza, credo, afiliación, clase, pero admite las exenciones por razones de capacidad de pago.
Acá se exime a grandes capitales, por lo que no es una exención dada en atención a la capacidad de pago.
De lo anterior, por tanto, debemos preguntarnos si puede calificarse esta ley como “justa”. Nuestra Constitución Política en el artículo 243 obliga al Congreso a establecer un sistema tributario justo y equitativo y para ello le ordena que las cargas se decreten conforme al principio de capacidad de pago. Hemos ya esbozado los principios básicos de la justicia tributaria, mismos que son flagrantemente violados por esta ley. Es así que no podemos calificar la ley de justa, bajo ninguna perspectiva. Tampoco podemos sostener que la ley ayuda a hacer un sistema justo.
Lo que sí podemos asegurar es que viola principios fundamentales, otorga beneficios y rompe hasta con el más elemental sentido de proporcionalidad de las cargas. La propuesta es una clara aceptación que el impuesto a la renta es un desincentivo a la promoción de inversión y empleo, por lo menos formal, por lo que si cumpliéramos con los principios expuestos, se aboliría dicho impuesto de manera general.
Mario E. Archila M.
Entrada publicada originalmente en RepúblicaGt

Justicia en la política fiscal

En estos momentos ya todos sabemos que la reforma tributaria ha sido menos que exitosa. ¿Por qué?
La conjunción de dos factores:

1. Arrogancia planificadora
2. Menosprecio al Derecho.

La arrogancia planificadora deviene de fundamentos filosóficos erróneos. Los diseñadores de la reforma tributaria actúan desde una perspectiva positivista, tanto jurídica como filosófica. Es así que creyeron que porque era “ley”, la gente la cumpliría sin chistear. Creyeron que se puede regular el sentimiento de justicia. Creen que simplemente por legislar, la conducta sería lo que en blanco y negro se plasmó.
El menosprecio al Derecho, como segundo factor, se hace palpable cuando uno lee los textos incorporados en los distintos “libros” de los decretos 4 y 10-2012. Se ignoran instituciones jurídicas y los más fundamentales principios de justicia. Se ignoró, grandemente, que estamos en el campo del Derecho Tributario y se diseñó la reforma desde una perspectiva macroeconómica.
Así, por ejemplo, la retención es un pago definitivo, haya o no pagado el deudor principal.
Así, por ejemplo, se colocan limitantes a derechos legítimos de una persona, por el hecho que otro no ha cumplido sus obligaciones tributarias.
Se ignora el mandato de seguridad jurídica por el cual se prescribe que una norma legal debe ser, necesariamente, una guía de conducta, al ser interpretada siempre, es decir, en el tiempo, de la misma manera y sentido.

Se demuestra la arrogancia en el hecho que se pretendía que el mecanismo de “planilla del IVA” como control de la facturación y fiscalización de los vendedores, “ya no era necesario”. Garrafal error. Acá ignorar el sentido de justicia del propio “empleado en relación de dependencia” que gozaba de ese crédito, ha sido una muestra de un cerebro con tendencias dictatoriales. La clase trabajadora, la clase media, “paga” el IVA de sus propios ingresos, por lo que para ellos, el IVA y el ISR son impuestos que afectan su poder adquisitivo. No manejarlos en ese nivel como una carga única, simplemente incentiva a buscar mecanismos para ahorro de algunos centavos en cada transacción.

Es así que la reforma ha sido un fracaso previsible.
Ley de aduanas “suspendida” por exoneración de multas; impuesto a primera matrícula ya con inconstitucionalidad declarada; impuesto de circulación de vehículos, rebajado; IVA, con suspensión de la Corte de Constitucionalidad; ISR, más de 40 artículos han sido impugnados; Código Tributario, ya con inconstitucionalidades declaradas en puntos más que obvios.

¿Se vale como ciudadanos sufrir esto?

Mario E. Archila M.