El problema no es la recaudación

… es el gasto.

Eso está claro para unos pocos pues todavía se oye eso de “Guatemala es el país con la menor recaudación de Latinoamérica”. Sí, ¿y qué?

La medición de la recaudación frente a PIB es una medida que nos indica cuánto de lo que creemos es el PIB se consume el gobierno. A noviembre, SAT reporta haber recaudado Q59,870,000,000.00 y Banguat estima el PIB 2019 en Q631,935,000,000.00.

Para 2018, que ya tenemos datos “ciertos” para ambos montos, SAT presentó una recaudación de Q61,236,220,000.00 y el BANGUAT reportó un PIB de Q589,959,000,000.00. Si hacemos el famoso cálculo de presión fiscal obtenemos que para 2018 la recaudación fue de 10.38% del PIB. Eso sí, las cifras del PIB 2018 son preliminares.

Esa recaudación, ¿qué nos dice? No mucho, realmente. Imaginemos que el 70% de la población, se estimó en algún momento por algún tanque de pensamiento, es informal. Que aproximadamente el 30% del PIB es producido por esa población en la informalidad. Tendríamos que ajustar la carga tributaria a las personas que pagan. Eso hace que el PIB formal sea Q412,971,300,000.00 y por tanto, la recaudación es de 14.83% del PIB “formal”. Así podríamos jugar y jugar con las variables. Hasta podríamos usar otros métodos de estimar el PIB.

Lo que sí está claro, es la cantidad de dinero que entra a las arcas del Estado. Y es allí donde tenemos que fijarnos. Usted y yo le damos dinero en administración a un grupo de políticos. Ellos “administran” ese dinero para cubrir las necesidades de vivir en sociedad. En un régimen republicano, esos fines “sociales” son justicia, seguridad, relaciones diplomáticas y algunas obras de infraestructura. Podríamos ampliar a subsidiar algunas cosas como educación o salud, pero eso es zona gris. En Guatemala, la situación fiscal (el dinero en el fisco) es un poco menos clara para usted y para mí. Los políticos crean y crean “obligaciones sociales” que “justifican” cobrarnos cada vez más. El problema está en que la vaca sigue estando mal alimentada y no sirve para producir leche ni parir becerros.

Veamos esta gráfica antes de continuar:

Vea que del gobierno del PAN en 1996, los salarios estaban 1.78 a 1 respecto a inversión. Un gobierno que logró que buenos resultados económicos y niveles de inversión bastante grandes. Electrificación, telefonía e infraestructura como no se había tenido en la historia. En los gobiernos que le siguieron vemos un fuerte crecimiento de las remuneraciones y descenso de la inversión. Hemos llegado a los niveles actuales de casi 10 veces en gasto por remuneraciones por cada quetzal de inversión.

¿Qué nos dice esto? Gastamos en burócratas y empleados públicos cada vez más sin que ello se refleje en servicios cada vez mejores ni en infraestructura cada vez mejor. Es un gobierno creciente sin efectividad ni eficiencia. Se crean plazas, posiblemente plazas fantasmas, sin que haya retorno de la inversión en impuestos que los ciudadanos hacemos. Es así que el problema no es la recaudación, sino el gasto. Debemos eliminar plazas innecesarias, funciones duplicadas, los cánceres de los pactos colectivos con aumentos sin justificación y la herencia de plazas. Eliminar el gasto superfluo. Mire lo que la corte salvadoreña le ordenó al gobierno -que no es competencia de la corte andar haciendo eso y es de sentido común de una buena administración- en esta sentencia:

Mientras no suceda eso, no se coloque una regla fiscal clara en la Constitución y las cortes no entiendan que están para defender los derechos de los ciudadanos en materia tributaria y no para ser cómplices del congreso y los burócratas en esquilmarnos, este país no cambiará.

Mario E. Archila M.

La Evolución del Derecho Tributario para evitar corrupción

En última época hemos oído que la tributación es una herramienta de redistribución del ingreso y una herramienta para realización de políticas públicas (funciones parafiscales de la tributación).

Sin embargo hay que revisar esas posturas previo a aceptarlas como dogma. En Guatemala la Constitución establece, artículo 239, que los tributos se establecen conforme a las necesidades del Estado. Este principio bastante republicano nos permite muy largas discusiones, incluido el tema que hoy planteo.

Hay una fuerte corriente de campañas para reducir o eliminar la corrupción y grandes olas de noticias sobre las fortunas -mal habidas- de los políticos en muchas latitudes. Es con todo eso que debemos empezar a analizar los límites de la tributación.

La corrupción es el uso del dinero público (principalmente tributación) para fines distintos a los planteados inicialmente. Es decir, la corrupción es llevar el dinero recaudado a los bolsillos de los políticos y sus amigos. Este fenómeno es una consecuencia del sistema y no su causa. La causa es la capacidad financiera del Estado y los espacios de poder discrecional o arbitrario. Estos poderes los crea la propia legislación y muchas veces, la propia legislación tributaria, principalmente cuando se recauda con un fin específico.

La finalidad de redistribuir o la de hacer o motivar que algo se haga por los contribuyentes genera espacios para decisiones del burócrata de turno. Decisiones mismas que llevan la semilla de la corrupción dentro de sí. Un programa de reparto -transferencias condicionadas, subsidios- implica automáticamente tener que establecer mecanismos para escoger al destinatario de dichos beneficios. Esa escogencia permite la realización, por sí misma, de actos de corrupción para beneficiarse directamente al otorgarlo a X y no a Y.

De la misma manera, un tributo con fines parafiscales, imaginemos, un tributo sobre bienes patrimoniales para su conservación, deja el espacio para que una módica mordida -en relación al costo del tributo- sea ofrecida y pagada a cambio de excluir del padrón de bienes con valor histórico a ese bien en específico. Igual sucedería si es la exención a un tributo predial cuando sea patrimonio histórico o cultural, lo que podría llevar a utilizar el recurso de la mordida o coima para lograr dicha exención.

Debe considerarse que la decisión de gobierno, aún en los mejores procesos de compras y contrataciones del gobierno, siempre tienen mecanismos para lograr que sean manipulados. Es así que entre más facultades y funciones se le asignen al gobierno para utilizar el ingreso tributario, más espacios para la corrupción existirán.

De allí que debemos regresar a entender que las funciones del Estado son aquellas funciones originarias y puramente necesarias que realice un gobierno, ya que cada función adicional será un pretexto a mediano y largo plazo para que quien esté en el uso de las funciones públicas descubra un mecanismo para aprovecharse de ese sistema.

Retornar a principios de tributación más cerrados podrá ser la mejor batalla contra la corrupción en todos los niveles de gobierno.

Mario E. Archila M.

DIACO… algunas ideas

En el segundo informe de gobierno publicado en el Diario Oficial hace algunos días, se resalta en la página 11 que la DIACO logró devolución de Q10.2 Millones de Quetzales mediante conciliación y atención de 6,059 quejas (corregido 19 de enero de 2018) por aumento de precios injustificado a artículos de la canasta básica.

La noticia sorprende, realmente, dado que la fijación de precios no está dentro de los ámbitos de protección al consumidor como tal. Lo otro que sorprende es que se diga “injustificada” en la noticia. Justificar la colocación de un precio de un producto a servicio es básicamente imposible. Todos sabemos que el aumento en la demanda aumenta los precios y que los precios poco tienen que ver con el costo. Ojalá fuera tan fácil como conocer el costo de algo y poner el precio de venta. La tal ley de protección al consumidor establece como “derecho del consumidor y usuario” respecto a precios, únicamente lo que establece el artículo 4 literal g): “La sostenibilidad de precios con el que se oferte, promocione, publicite o marque el producto en el establecimiento comercial respectivo.” Esto, es, para variar, una sobrelegislación, pues una vez que se hace una oferta, el oferente siempre queda obligado a sostener la misma por el plazo que indica o el plazo automático de ley si no hubiere pacto en el precio… y así es con todo. Del lado del “proveedor”, por su parte, la ley le obliga (lo que es más lógico que la aritmética básica) en el artículo 15 literal ñ) “Incorporar en listados, rótulos, letreros, etiquetas o envases, el precio de los bienes o servicios que se ofrecen al público, incluyendo el Impuesto del Valor Agregado -IVA-” (que es lo mismo que dice la Ley del IVA), y en el artículo 16 como prohibiciones, establece: “a) El cobro de un precio superior al exhibido, informado o publicado. En todo caso, el consumidor tiene el derecho a pagar al proveedor el precio, tal y como se muestra en la información.” Es decir que el titular parece aceptar que DIACO se extralimitó y está funcionando como una oficina de control de precios, fuera de su ámbito legal de funciones.

Sin embargo, lo que llama la atención de la noticia es la cantidad de procedimientos conciliatorios que han ocurrido en el 2017. Tenemos que estar claros que muchas de las obligaciones que la Ley de Protección al Consumidor contiene son obligaciones que las propias leyes contractuales establecen. El problema, muchas veces, es que el producto o servicio que se adquiere es muy barato como para acudir a un tribunal civil a demandar al proveedor que incumple una garantía o vendió algo con vicios ocultos. Esa situación hace parecer que el consumidor está “desprotegido” ante el “gran capital”, cuando es un tema de diseño de sistemas judiciales y de resolución de conflictos.

Este ámbito de quejas en DIACO, por ello, resulta un camino menos costoso para hacer reclamos. Esta circunstancia es quizás la bondad de la ley, pues permite ese canal hacia un ente gubernamental que puede resolver un conflicto de ínfima o muy baja cuantía, de manera más económica que tribunales.

¿Sabe usted qué más contiene dicha ley?

Mario E. Archila M.

El Cisma Sangriento

Un libro debe dejarnos alguna lección que podamos aplicar en nuestro día a día. El libro Cisma Sangriento de don Francisco Pérez de Antón no fue la excepción. De manera muy suelta y amena el autor va relatando hechos históricos suscitados durante la Reforma Protestante.

Temas particularmente importantes que quedan en el olvido son la cantidad de muertes ocurridas durante ese período, por temas religiosos -se estiman unos 13 millones- y el nacimiento de la configuración de países europeos que poco más o menos se mantiene hasta hoy.

Ahora bien, la lección importante en cuanto a la materia de este blog la encontré en dos vertientes:

  1. La población en general quedó a capricho de su príncipe en cuanto a la posibilidad de ejercer SU religión. La libertad religiosa era únicamente para el príncipe.
  2. La Reforma Protestante fue más una revolución política a causa de la pérdida de control sobre la recaudación, que una reforma religiosa. Si bien es cierto, con el pasar de los siglos muchas de las 95 tesis de Lutero pasarían a modificar apreciaciones o normas de la propia Iglesia Católica, las derivaciones de esa “protesta” inicial se trasladaron a la lucha política por el control de bienes y diezmos, creando religiones mucho más duras y autoritarias que lo que era la Iglesia previo a las protestas.

Esto me lleva a plantearme la reflexión sobre lo que verdaderamente mueve al mundo de los gobernantes.

Es claro que los intereses puramente personales se vieron reflejados en esta “reforma” con el afán de mantener o lograr el control sobre medios económicos. Cuando esto sucede el mundo se convierte en guerras y muerte de todo el que se opone a su gobernante y esos intereses que busca. Lo más perverso es que siempre se pintan las razones como “a favor del pueblo”. ¿Qué mejor que proclamar que “mi gobierno” apoya la Verdad que los llevará a la vida eterna y esa Verdad es la única posible, de manera que la obligo “por tu bien”? Ese argumento era el que permitía establecer el credo del feudo y expulsar o matar al que profesara un credo distinto.

Evidentemente, nunca se expresó que la razón de esa obligación o limitación a la conciencia derivaba directamente de la avaricia, codicia, ansias de poder o las propias inseguridades del gobernante.

Eso no ha cambiado. El poder siempre disfraza su intención y la justifica con “por tu bien” en todos los aspectos. Especialmente el Tributario. Es por ello que la discusión más importante en materia impositiva no es “cuánto” sino “para qué”.

Mario E. Archila

Reingeniería en SAT… ¿o cambio de paradigma de la política fiscal?

Ayer 6 de enero de 2015 tuve el gusto de ser invitado a Canal Antigua para hablar de la Superintendencia de Administración Tributaria y su fallo de llegar a la meta de recaudación. Decía en la entrevista que el problema es que requerimos un cambio de paradigma en cuanto a todo el tema fiscal.

Hoy, además, me levanto con la noticia que el Ministerio de Finanzas Públicas le adeuda a SAT parte de su 2 % de comisión sobre lo recaudado y que eso debilita a SAT. Vea la noticia acá.  La noticia, sin embargo, no es necesariamente una sorpresa. Confirma algunas sospechas que tengo sobre el manejo de los asuntos tributarios que este gobierno quiere hacer desde que tomó posesión. Entre ellos, convertir a SAT en un ente represor y mecanismo para presionar a enemigos o estorbos para algunos fines… como la propia competencia comercial que pueda existir.

Veamos algunas acciones que indican que vamos por mal camino. Primero, de política tributaria:

1. Los decretos 4-2012 y 10-2012 en cuanto a las facultades legales dadas a SAT. Se deja de estar en un campo de “derecho tributario” para legalizar un “terrorismo fiscal”. El paradigma tras las reformas en estos decretos es que el contribuyente es un ladrón. Se dan facultades para que SAT “muerda y presione” más duro -eufemismo para menos legal- al contribuyente que ya paga.

2. No hay ningún esfuerzo por incorporar nuevos contribuyentes en esas reformas.

3. El 10-2012 elimina la planilla del IVA y reduce la tasa impositiva de las personas individuales a niveles bajísimos. El ISR corporativo sube por subida de tasas y restricción de gasto, no por facilitación y el de personas crea un incentivo negativo a la tributación, pues evita que los contribuyentes individuales sean fiscalizadores de otros contribuyentes. La planilla del IVA lograba ese efecto. Se logra ver así una baja en la recaudación del IVA y en la facturación en general.

4. Crea, el 10-2012, una ley de aduanas inoperante, abusiva, discrecional e infuncional. Tanto que tuvo que ser reformada en su totalidad por otra no menos abusiva y discrecional. ¿Qué efectos tiene esto? Facilita el contrabando “por aduana”. Efecto que el cruce de información de importaciones Banguat y SAT deja ver claramente.

5. Crece el mercado informal o bien se consolida. Al no existir la presión de contribuyentes requiriendo facturas, se fomenta el mercado informal, lo cual, a su vez, facilita la comercialización de bienes contrabandeados.

6. Creación de procedimientos antojadizos en ventanillas de la propia SAT que hacen altamente oneroso trasladarse a la formalidad.

7. Creación de un Impuesto Sobre la Renta que requiere convenios internacionales para funcionar, así como altos costos de asesoramiento profesional para intentar cumplir correctamente con él. Eleva el costo de cumplimiento y eso, obviamente, evita la incorporación de nuevos contribuyentes. Le permite a los grandes contribuyentes, quienes pagan más del 80% de la tributación y son unos 3000 contribuyentes, ser los únicos con capacidades económicas de funcionar legalmente en el país.

8. Se incorporaron reformas que desnaturalizan la función del Directorio de SAT. Deja de ser un ente técnico para convertirse en un instrumento de recaudación. Ya estamos empezando a ver el inicio de la remoción de directores y lo que puede ser un peligro: la elección de nuevos con las mismas agendas de los otros funcionarios que hemos visto se han elegido bajo este gobierno.

Es así que no es un “fortalecimiento de SAT” lo que se necesita, sino un cambio de paradigma que implique:

1. Simplificación del sistema.

2. Abaratamiento de los costos de cumplimiento. Menos trámites, menos requisitos, menos desconfianza hacia el contribuyente.

3. Hacer gasto público únicamente en 2 ó 3 funciones indispensables; hacer el gasto transparente y eliminar la percepción de corrupción.

4. Dejar de pretender contratar a compañías extranjeras. Nuestra SAT es la administración tributaria más cara de Latinoamérica, o por lo menos de las más caras. Encarecer el funcionamiento no puede ser la solución.

5. Otorgarle verdadera independencia a SAT y dotarle de un cuerpo rector técnico o bien obligarle a seguir criterios judiciales que eviten discutir por siempre lo mismo.

6. Dejar de pretender tener leyes tributarias de países con economías desarrolladas y amplias y pudientes clases medias, para voltear a ver modelos fiscales-tributarios de países que estuvieron quebrados y lograron fomentar crecimiento de sus clases medias y eficiencias en sus recaudaciones.

 

Sin eso, no veo bien el 2015 para los contribuyentes…

 

Mario E. Archila M. 

¿Pagamos poco?

Acá un análisis de eso que dicen ser nuestro problema: el hoyo fiscal.

Tiene 3 ideas sobre el tema en 8 minutos… espero me regale de su tiempo…

Mario E. Archila M.

Problemática de la llamada Ley de Inversión

¿Servirá la ley? Eso me pregunta la gente muy frecuentemente. Mi respuesta es que probablemente no.
En la profundidad de dicha ley, no obstante, podemos decir mucho más. Es una ley que ignora principios básicos que sustentan un Estado de Derecho, por tanto, una república en su mejor sentido.
El Estado de Derecho se erige sobre la base de la igualdad ante la ley, como uno de sus fundamentos. Diría que el principal.
En el caso de estas famosas leyes de fomento de cualquier cosa, este principio siempre se ve anulado, roto, ignorado. Esta propuesta de ley, ahora, busca “incentivar” y promover la inversión en el país. Se dice que porque ya el resto de países Centroamericanos tienen legislación similar. Dice el adagio que el error no es fuente de Derecho. En nuestros países, el error es fuente de privilegios.
Tributariamente, el principio de igualdad, como lo expresa la Corte de Constitucionalidad en innumerables fallos, implica que a igual capacidad de pago, igual tributación y a mayor capacidad de pago, mayor tributación.
Es así que esta “fabulosa ley” otorga el “incentivo” de no pagar impuesto para inversiones “nuevas” y de cierto tamaño -US$800,000-. Es así que cualquier emprendimiento nuevo de menor tamaño, como los que realizan aproximadamente el 60% de la población (economía hoy “informal”) y las PYMES formales, no podrán siquiera optar por calificar.
He allí que el incentivo aplica a empresa con capacidad financiera muy por encima de la media del empresario guatemalteco. Su capacidad de pago, por tanto, mucho mayor, pero no pagará impuesto sobre la renta. ¿Y el principio de igualdad y capacidad de pago?
Otro principio básico de la tributación en un sistema de Derecho, es el de generalidad. Dicho principio indica que todos estamos llamados a contribuir a las cargas públicas conforme a nuestra capacidad de pago. El principio implica la obligación de contribuir y a su vez impone la limitante a los gobiernos que no pueden decretar exenciones salvo en el caso de incapacidad de pago. Es decir, el principio veda la concesión de privilegios por raza, credo, afiliación, clase, pero admite las exenciones por razones de capacidad de pago.
Acá se exime a grandes capitales, por lo que no es una exención dada en atención a la capacidad de pago.
De lo anterior, por tanto, debemos preguntarnos si puede calificarse esta ley como “justa”. Nuestra Constitución Política en el artículo 243 obliga al Congreso a establecer un sistema tributario justo y equitativo y para ello le ordena que las cargas se decreten conforme al principio de capacidad de pago. Hemos ya esbozado los principios básicos de la justicia tributaria, mismos que son flagrantemente violados por esta ley. Es así que no podemos calificar la ley de justa, bajo ninguna perspectiva. Tampoco podemos sostener que la ley ayuda a hacer un sistema justo.
Lo que sí podemos asegurar es que viola principios fundamentales, otorga beneficios y rompe hasta con el más elemental sentido de proporcionalidad de las cargas. La propuesta es una clara aceptación que el impuesto a la renta es un desincentivo a la promoción de inversión y empleo, por lo menos formal, por lo que si cumpliéramos con los principios expuestos, se aboliría dicho impuesto de manera general.
Mario E. Archila M.
Entrada publicada originalmente en RepúblicaGt