Dale con el “secreto bancario”

Varios mitos tras la suspensión de la Corte de Constitucionalidad que vale la pena aclarar.

1. SAT puede tener acceso a la información bancaria desde hace más de 10 años. Este acceso estaba ya regulado, como cualquier otra cosa en poder de terceros y debido a la garantía de confidencialidad contractual y en parte legal, los bancos podían haber requerido que fuera con intermediación de juez. Este procedimiento está en el Código Tributario desde, por lo menos, 2006.

2. El procedimiento anterior no era del gusto de SAT por algo tan absurdo como querer ser una agencia terrorista o MI6. Su excusa es que se iba a enterar el contribuyente. Este país, en papel, es una República y por tanto, los individuos tienen ciertos derechos, como a saber que están siendo investigados y tener acceso a cualquier expediente que sobre ellos se forme. ¿Han oído hablar de la policía aquella secreta que infundía terror? No la GESTAPO, sino el DIC. De eso se trató la Asamblea Nacional Constituyente en 1985. Se colocó en la Constitución un montón de letras con el afán de que eso no volviera a suceder. Pues SAT lo está haciendo con ese procedimiento. Sólo mire estos dos artículos de la Constitución:

Artículo 30.- Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.

Artículo 31.- Acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos.

Es claro que si van a formar un expediente con MI información, dicha información tiene que ser de acceso a mí, el contribuyente en cuestión y, es más, a saber LA FINALIDAD DE LA MISMA Y DERECHO A CORREGIRLA, RECTIFICARLA Y ACTUALIZARLA.

El procedimiento, por tanto, es inconstitucional, sin mucha duda.

3. Al eliminar el PROCEDIMIENTO, no es que SAT no tenga cómo hacerlo. Pero como ya les dije en varias conferencias a los señores de SAT, pues presentes había hasta intendentes, no repetiré acá dónde está el procedimiento.

4. La información bancaria no es esencial para recaudar ni para verificar obligaciones tributarias, pues el dinero que entra a una cuenta de banco no necesariamente implica que deba ser parte de la base imponible.

Me explico. En Guatemala, nuestra tributación es sobre principios territoriales. Es así que si un contribuyente genera renta por actividades en el extranjero, en Guatemalan no debería pagar impuesto a la renta, como tampoco emitir factura del IVA ni enterar débito del IVA alguno.

Otro caso podrá ser el que haya anticipos. Los anticipos son cuentas por pagar al cliente y no generan renta ni emisiones de facturas del IVA.

En estos dos casos habrá depósitos de dinero a la cuenta de bancos, pero no habrá pago de impuesto alguno.

De la misma manera habrá situaciones en las que los pagos de impuestos son mayores a los ingresos a bancos por el hecho de la operación comercial. Es así, por ejemplo, que la ley del IVA obliga a emitir la factura cuando se entrega el bien vendido, aunque no haya pago. En el ISR, si está en sistema de lo devengado (lo usual) debe registrar el ingreso aunque no tenga dinero.

Con lo anterior, espero se comprenda que la información bancaria es complementaria a TODOS los demás elementos de fiscalización.

5. Se estableció el artículo como mecanismo “exculpatorio” de delitos pues es cuando exista “duda razonable en SAT”.

Ese término se utiliza para condenar: “Una persona es inocente hasta que se prueba lo contrario más allá de la duda razonable“. Es así que al decir que SAT solicita la información cuando tiene “duda razonable” de las determinaciones de impuestos, implica que ya lo considera culpable y con este procedimiento lo exculpará o confirmará su presunción de culpabilidad.

Esa postura viola la constitución, pues toda persona es inocente hasta ser CITADO,OÍDO Y VENCIDO en proceso legal ante juez competente. Por tanto, tener un procedimiento secreto en el que el contribuyente no tiene derecho a nada, ni a presentar información complementaria que clarifique los estados de cuenta, ES violatorio de la Constitución.

Espero haber aclarado un poco el embrollo.

Mario E. Archila M.

Devuelven líneas telefónicas

Debo confesar que me atoré de la risa escuchando al presidente diciendo que el impuesto a las líneas telefónicas no debía ser trasladado porque iba sobre las líneas asignadas y no sobre minutos. Me reí mucho.

Era de esperarse que se devolvieran todas las líneas telefónicas que no tenían usuario y que no pagaban nada, pues implicaba 2 cosas:

1. Impuesto al patrimonio. En este caso, un patrimonio que por sí mismo no tiene valor, pues equivale únicamente a la capacidad de colocar ese número telefónico al mercado de minutos.

2. Impuesto adicional a la renta, ya que para cubrirlo, debe generarse renta con la venta de minutos de aire u otros servicios, como internet, mensajitos, televisión por cable.

Y el resultado sería previsible. Si el costo no podía ser diluido en los ingresos que se tienen al mes o bien trasladado directamente al usuario de ese número telefónico, imposible que la decisión racional sea pagar Q30,000,000 mensuales (eso es el dinero que acaban de devolver las compañías telefónicas). Es así que si se lo podían ahorrar, se lo ahorrarían.

En cuanto a la forma en que se concibió el impuesto, vale mencionar que no refleja capacidad de pago por sí mismo. Es como decirle al tendero de la esquina que debe pagar un impuesto porque cada botella de gaseosa que podrá comprarle al camión repartidor, sin importar si las llegue a comprar o las llegue a vender en un futuro.

Los indicadores como inventarios -esto era un inventario de líneas disponibles- los activos, hasta los ingresos, no pueden ser criterios para establecer hechos generadores. Es así como ya lo dijo alguna vez nuestra Corte de Constitucionalidad (y lo dice mucha doctrina) al declarar inconstitucional el impuesto a bebidas que se había establecido a razón de Q1.00 por litro o bien Q1.00 por polvo de refresco para hacer 1 litro. Así que el Toki no tiene impuesto gracias a que la Corte de Constitucionalidad dijo que el “litro” no era una medida de capacidad económica, sino de volumen y que la riqueza se generaba cuando se vendía el “litro” y por tanto no podía gravarse algo que puede ser expectativa de renta…

De tal forma que, por simple análisis racional, vemos que el gobierno previó un ingreso millonario por este impuesto, pero ya ha sido reducido en Q360,000,000 y falta aún ver cuántos usuarios devolverán sus líneas extra cuando les digan que para conservarlas tendrán que cargar por lo menos Q10 y quizás, ya no haya cargas “multiplicadas” para menos de cierta cantidad… Eso bajará un poco más la previsión de recaudación.

Era de esperarse… pero la arrogancia de algunos no tiene medida.

Verdaderamente todavía me sorprenden las declaraciones del presidente y saber que la idea viene del partido de oposición… Imagine lo que viene si ganan.

Mario E. Archila M.

La belleza de la ilegalidad

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No puede ser, me dije, que sea cierto que debo responder a tan bellas preguntas antes de llenar mi declaración de impuestos.
Resulta que eso es una violación legal evidente. Vea que no puede sujetarse a requisitos que no están en ley. La Constitución obliga a que la función pública se ejerza conforme a la ley. El pago de impuestos se basa en lo que establece cada una de las leyes y ninguna dice que primero hay que obligar al contribuyente a responder preguntas. Más que todo esas preguntas absurdas.
Es ya terrorismo fiscal. Definamos que la administración tributaria debe ser un ente técnico, profesional y sujeto a la ley. Con estas actitudes, se coloca del lado, si bien nos va, de los talacheros, si no es que de los mareros.
Es imposible de creer que alguien dentro de SAT haya aprobado incluir tremenda tontería y sujetar el poder ingresar al formulario de Declaraguate sin responder antes esas preguntas.
¿Busca SAT darle valor a esas declaraciones? ¿Con base en qué? ¿Cómo pago sin responder a ellas? ¿Qué pretende SAT colocando eso?

Llegamos a un punto en el que vemos que las presiones psicológicas, de atemorizar al contribuyente están siendo utilizadas. En el fondo, los ajustes y los criterios dan pena. Discutimos cosas por desconocimiento y ahora creo que por mala fe…
Espero que nadie tome acciones contra los funcionarios de SAT, sino que den marcha atrás y diseñen los formularios conforme a la Ley y el Derecho.

Mario E. Archila M..

Equivocada la Ministra

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Leo la noticia de Prensa Libre página 35 de hoy, 30 de abril de 2014.

La ministra Castro despotrica contra el sector privado porque la recaudación del ISR se cayó y dice que es culpa de dicho sector porque no cumplió con retirar las acciones de inconstitucionalidad que se plantearon.

A ver, la mesa técnica estuvo a cargo del otro viceministro, no de ella, y el Ministro anterior, así que es osado decir que se llegó a algún acuerdo sin estar segura.
Nunca se llegó a ese acuerdo. La revisión técnica se hizo sobre algunos de los artículos que fueron impugnados, porque se llegó a la conclusión que tenían problemas de interpretación o errores fundamentales evidentes. Eso está en el 19-2013. Otras normas quedaron a la buena interpretación de la Corte de Constitucionalidad, pues no se llegaba a un acuerdo en esa mesa, sobre su constitucionalidad o no.
Mi opinión técnica, por ejemplo, es que los precios de transferencia son inconstitucionales. Eso no está en pugna en los tribunales constitucionales aún, pero sí se llevó, por mí, como un tema y por otros allí presentes. Hubo consenso que no había capacidad aún de aplicarlos. Por ello la prórroga en su vigencia.
Otro tema propuesto por SAT fue la creación de una mesa para proponer una ley que mejorara el mal redactado régimen de pequeño contribuyente.
Véase que a instancias de la vicepresidente, por ejemplo, se eliminó, en una ley que no tiene nada que ver con tributos, el ISR a las propinas, que son una renta, indudablemente y ahora por razones políticas, excluidas de la tributación.

Demuestra también un tanto desconocimiento de parte de la señora viceministra de cómo funciona una acción de inconstitucionalidad, pues lo que se enmendó en el 19-2013 y había sido impugnado, ha quedado sin materia y la Corte de Constitucionalidad dirá en sus sentencias, simplemente, que no hay materia por haber sido modificado el artículo impugnado.

Lo que se sigue discutiendo en esas instancias, por su parte, son los temas que tienen razones de impugnarse. Permitir que un hijo de vecino que se dice auditor de SAT cierre un negocio porque sospecha que se hizo una falta administrativa, que no ha demostrado, es inconstitucional y no es la razón por la que la recaudación bajó. Esa no es una herramienta para aumento de la recaudación. Sigue quedando vigente la posibilidad de demostrar la culpabilidad del infractor y cerrarle el negocio, posibilidad que es igualmente inconstitucional, aunque a veces sí y a veces no ha sido declarado.

¿Por qué bajó la recaudación? Bajó porque está mal hecho el ISR. Eso se dijo desde que se publicó. Acá en este blog hay muchísimos artículos sobre ello.
El 10-2012 no es justo ni equitativo.

Tampoco bajó porque se eliminó la regla por al que artificialmente pretendían cobrar impuesto sobre utilidades no generadas con esa ridícula regla de 97% de gastos como máximo. Eso es tributación de monos, no técnica.
La tributación debe hacerse sobre principios jurídicos no con criterios de aumentar a raja tablas la recaudación.
El problema nunca es la recaudación, siempre es el gasto.
Situación de necesidad artificial creada por ignorantes y nefastos ministros de finanzas que precedieron a la actual ministra y gobernantes que creen que pueden repartir privilegios desde el gobierno. Eso incluye nefastos diputados que utilizan su curul para promover populistas iniciativas como, entre otras muchas, la ley de la tercera edad.
Además hay que entender que se plantearon acciones a casi 80 artículos, de los que el sector privado organizado es responsable de únicamente 25-30, de las que ahora, las planteadas muchas de esas acciones ya fueron dejadas sin materia. Es decir, esos 25-30 artículos ya fueron resueltos una gran mayoría por las cortes o bien, modificados por el 19-2013. Unos resueltos a favor otros en contra. No hay mucho pendiente.

Es así que el problema de la caída de recaudación por la introducción del 10-2012 y el 4-2012 no es de las inconstitucionalidades, sino de la mala calidad que el 4 y 10-2012 contenían.

Señora ministra, no le eche la culpa al sector privado, sino a los que redactaron esos decretos. Si se quiere mejorar la recaudación, sentarse a ver lo que Hong Kong, Letonia, Singapur y Malaysia han hecho en materia impositiva es mejor que seguir oyendo a los gorilas de siempre que han venido asesorando en materia fiscal a los gobiernos desde tiempos de Portillo. Recuerde que el derecho constitucional surge porque los ciudadanos se hartaron de abusos en materia impositiva y eso hizo que se levantaran en revoluciones para limitar el poder del gobernante, empezando por el tributario.

Mario E. Archila