¿Le llegó una comunicación de SAT?

No se aflija así de entrada. Mejor sepa qué hacer.

Véngase el 20 de marzo al Hotel Intercontinental a un seminario que responderá cuestiones importantes sobre las facultades de SAT:

  1. ¿Sabe usted cuándo un requerimiento es de obligatoria respuesta?
  2. ¿Qué cosas pueden y cuáles no pueden pedirle en un requerimiento de información?
  3. ¿Qué información está sujeta a un plazo de 20 días o 30 días y no el típico de 3 días?
  4. ¿Sabe cómo evitar una sanción por resistencia a la acción fiscalizadora?
  5. ¿Conoce los temas que son confidenciales y no deben ser entregados a los auditores tributarios?
  6. ¿Sabe cuáles son los elementos formales más comunes para que lo sancionen?
  7. ¿Tiene a mano los documentos típicos a proporcionar en una fiscalización?

4 horas. Material impreso. De regalo un librito de la guía práctica para mantener los documentos correctos en cada uno de los 29 gastos deducibles. Q750. Llame a Doris al 23788484 para que le guarde su lugar.

Ya se empezaron a inscribir. No tarde que el cupo es limitado.

Mario E. Archila M.

El anexo en el formulario del IVA es ilegal…

El acto de incluir este anexo constituye exceso de facultades por parte del Superintendente de Administración Tributaria. Dicha inclusión en el nuevo formulario SAT-2237 en el portal Declaraguate para la determinación, declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado, que está vigente para el pago del período fiscal de dicho impuesto correspondiente al mes de enero de 2019, de requisitos no está basado en ley.

Dichos cambios al formulario, único medio para poder efectuar el pago del impuesto, se materializan en los documentos electrónicos que encuentra en la web de la Administración Tributaria a la le agregó el presente link:

https://portal.sat.gob.gt/portal/preguntas-frecuentes/proveedoresivageneral

Dicho acceso a internet contiene las siguientes descargas:

a) Instructivo para llenado del apartado “detalle de proveedores locales (crédito fiscal) del cuadro 5 y 6” del formulario SAT-2237 Impuesto al Valor Agregado General.

b) Preguntas frecuentes sobre el registro de proveedores en donde muestras las supuestas bases legales que le permiten agregar requisitos para el pago del impuesto.

Dicho instructivo y preguntas frecuentes son para el llenado del formulario de pago del Impuesto al Valor Agregado mensual indicado, el formulario SAT-2237, régimen general que se encuentra en el siguiente sitio web numeral 1 IVA, IVA GENERAL:

https://declaraguate.sat.gob.gt/declaraguate-web/

c) Resumen del contenido del instructivo, preguntas frecuentes y formulario Declaraguate del IVA general.

En dicho instructivo, preguntas frecuentes y formulario para el pago del Impuesto al Valor Agregado se solicita que el contribuyente ingrese información específica que no es la forma regulada por la Ley, para la determinación de la obligación tributaria y sin ingresar esa información sobre los proveedores, no se permite el pago del tributo.

La información que se requiere de los proveedores es un detalle en forma decreciente de la suma de la facturas recibidas de cada uno de ellos.

La obligación tributaria del Impuesto al Valor Agregado se determina conforme a la ley y la ley indica, en su artículo 19, Decreto 27-92 del Congreso de la República, que “Del Impuesto a pagar. La suma neta que el contribuyente debe enterar al fisco en cada período impositivo, es la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados.”

Es así que la violación se configura al EXIGIR EL FORMULARIO PARA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL TRIBUTO INFORMACIÓN DISTINTA A LA EXIGIDA POR LA LEY COMO REQUISITO PREVIO A PAGAR.

6.1. Consideraciones sobre la improcedencia de esa modificación y requerimiento

El Código de Comercio de Comercio señala, en su artículo 373 que los registros contables deben ser en orden cronológico y, dentro de 2 meses de la transacción para considerarse “al día”. Esa misma norma aplica para que el libro de compras esté actualizado de acuerdo a las Ley del IVA y Código Tributario tal y como se señalará más adelante.

Veáse pues que la disposición de ínfima jerarquía normativa como es un formulario, modifica plazos y formas legales, con el agravante que si no se presenta como SAT solicita, no permite el pago del Impuesto al Valor Agregado, sino se cumple con tal ilegal solicitud.

Lo anterior es, hoy día por medio de un formulario electrónico, lo que anteriormente se conocía como “legislación de ventanilla” creada por el actual Superintendente de Administración Tributaria, quien ha excedido sus facultades legales violando los artículo 152 y 154 de la Constitución, incurriendo en posibles responsabilidades reguladas por el artículo 155 de la misma carta magna.

Incurre en posible responsabilidad civil al no permitir el ingreso a las arcas del Estado por disposición de “ventanilla” y hasta en posibles responsabilidades penales por violar leyes y obtener información por vía de coacción, y al abusar del poder que ostenta, solicitando requisitos que no están contenidos en la Ley.

Se deja claro desde ya que ninguno de los fundamentos legales que se utilizan en el documento de “preguntas frecuentes” son suficientes para OBLIGAR Y SUPEDITAR EL PAGO DEL IMPUESTO A COMPLETAR ESA NUEVA SECCIÓN, pues no existe NORMA DE JERARQUÍA LEGAL que indique que:

“El superintendente de administración tributaria, mediante disposiciones publicadas en su sitio web o por modificaciones a los formularios de pago del impuesto puede solicitar información distinta a la que requiere la ley para determinar el impuesto.”

Mucho menos encontraremos norma que le permita solicitar información de terceros por medio de un formulario de pago de tributos y peor aún, que sancione de manera indirecta cuando en el formulario de pago no se consigne la información de los proveedores de los contribuyentes, mediante traslado de la información del libro de compras a la declaración del formulario de pago del IVA con no poder presentar la declaración y no poder realizar el pago del impuesto.

Un texto en ese sentido NO EXISTE y es el único texto que pudiera facultar al Superintendente a realizar semejante acción, pero ese texto no existe, y por tal existe exceso de facultades. Es más, señalaremos que viola normas jurídicas específicas de la legislación tributaria que regulan la forma que podrá requerir esa información.

3.1. El instructivo señala:

a.Período a partir del cual deberá llenarse dicho apartado: enero 2019.

b.Cantidad total de proveedores: Para llenar esta casilla, se debe identificar a los distintos proveedores registrados en el libro de Compras y Servicios recibidos en el período que corresponda. Cada proveedor contará una vez sin importar cuántas de sus facturas aparezcan en dicho registro.

c.Proveedores Principales y cantidad de ellos a ingresar: El formulario le permitirá registrar el valor de las compras realizadas en el período impositivo mensual hasta un máximo de 10 proveedores, en orden decreciente de la suma de sus respectivas facturas sin incluir el IVA (Sin importar la cantidad de las mismas).

d.Estos son los datos que debe de ingresar en el detalle:

a.NIT del proveedor: Debe ingresar el NIT del proveedor, el cual deberá estar afiliado al Régimen General y éste no podrá repetirse.

b.Cantidad de facturas: Ingresar la cantidad total de facturas recibidas por proveedor, del período a presentar.

c.Monto Base: Ingresar la sumatoria de las facturas recibidas de cada proveedor, sin incluir el IVA y el IDP este último para las facturas de combustible (gasolina, diesel, otros).

Una vez ingresados los valores correspondientes de cada proveedor, deberá dar clic en el botón Agregar para que los mismos sean grabados.

Deberá repetir el procedimiento hasta completar el registro de sus proveedores hasta un máximo de 10 proveedores.

4.2.En el documento de “preguntas frecuentes” se señala en sus apartados 3, 10, 12 y 15 lo siguiente:

“3. ¿Cuál es el fundamento Legal para que ingrese la información de proveedores en el formulario del IVA?

Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Decreto Número 1-98 Artículo 3, literales a) e i).

Código Tributario, Decreto Número 6-91 Artículos 18, 68, 21 “B” numeral 1 y 5, 101 “A”, 98, numerales 2) y 3), 103, 112 numerales 1 c) y 7.

Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto Número 27-92

Articulo 18 y 40

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Acuerdo Gubernativo 5-2013

Artículo 40. Pago.”

“10. ¿Si no ingreso esa sección, puedo presentar mi declaración?

Si usted, ingresó valores en las casillas del formulario de los cuadros 5 y 6 solicitados en el apartado, deberá completarlo para presentar su declaración.”

“12. ¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con lo que se requiere en el apartado?

El sistema no le permitirá presentar la declaración. (Ver bases legales en la pregunta 3.)”

“15. Facturo servicios y en un mes no reporto mi crédito fiscal, ¿Debo llenar el apartado de

crédito fiscal?

En los casos que no reporta monto en la casilla de créditos, el formulario no exige el

ingreso del detalle de los proveedores.”

4.3. El formulario al ingresar al ingresar datos en el apartado 5 de compras, servicios adquiridos y compras de combustible crea un “detalle de proveedores locales”, y si no se llena el mismo, no permite validar la información.

Veremos como cada una de esas normas se refiere a facultades diferentes a poder colocar requerimientos de información en formularios de pago del tributo y eso no puede hacerse en un sistema de derecho.

Veamos pues cada detalle que impide que se haga lo que se pretende:

1. No existe norma que faculte al Superintendente de Administración Tributaria a impedir y bloquear el pago del IVA si no se traslada el detalle de proveedores, contenido en el libro de compras, en la declaración del IVA.

La Ley Tributaria no puede ser tergiversada de ninguna forma y mucho menos por disposiciones que no tienen ni siquiera rango de reglamento como es la modificación de un formulario. Ese acto viola el segundo párrafo del artículo 239 de la Constitución Política de la República. Toda la normativa que señala la Administración Tributaria mediante un documento denominado “preguntas frecuentes” no regula en lo absoluto tal facultad.

No existe texto legal alguno que faculte a la Superintendente de Administración Tributaria a realizar semejante atrocidad.

Las normas legales bajo la que se fundamenta la acción ilegal del Superintendente son las siguientes:

a) Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Decreto Número 1-98 Artículo 3, literales a) e i). (Para analizar esta Ley es importante tener en cuenta que la única Ley que puede regular el pago del IVA es la Ley del IVA, la Ley Orgánica de SAT regula y limita su campo de actuar, no le da poder absoluto).

El artículo 3 literal a) citado por SAT señala el objeto de la Administración Tributaria, en ningún lado señala que permita modificar los formularios para presentar declaraciones coaccionando a los contribuyentes a presentar información de terceros con los que tiene relaciones comerciales para aceptar el pago del tributo. Es más, al sujetar el pago del IVA mediante disposición de “ventanilla” el Superintendente viola la literal a) de dicho artículo en su parte final que establece:

ARTICULO 3.* Objeto y funciones de la SAT.

Es objeto de la SAT, ejercer con exclusividad las funciones de Administración Tributaria contenidas en la legislación de la materia y ejercer las funciones específicas siguientes:

a) Ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos y todos los tributos que gravan el comercio exterior, que debe percibir el Estado, con excepción de los que por ley administran y recaudan las municipalidades. Como parte de esta función, debe procurar altos niveles de cumplimiento tributario, mediante la reducción de la evasión, actuar de conformidad a la ley contra los delitos tributarios y aduaneros y facilitar el cumplimiento a los contribuyentes;

La literal i) de dicho cuerpo legal señala sus facultades fiscalizadoras, post pago de impuestos, la literal i) tampoco regula posibilidad alguna de solicitar información que la ley no contempla como parte de la determinación del tributo para sujetar el pago del IVA.

b) Código Tributario, Decreto Número 6-91 Artículos 18, 68, 21 “B” numeral 1 y 5, 101 “A”, 98, numerales 2) y 3), 103, 112 numerales 1 c) y 7.

El simple hecho de recitar artículo, no hace que el actuar de la Administración sea legal.

• El artículo 18 define al sujeto pasivo de la obligación tributaria.

• El artículo 68 regula la responsabilidad de presentar declaraciones, responsabilidad que se está viendo limitada por las condicionantes que está poniendo la Administración.

• El artículo 21 B señala que el contribuyente está obligado DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IVA a presentar sus declaraciones, el nuevo requisito de SAT está impidiendo, por disposición de “ventanilla” presentar las declaraciones, CUALQUIER REQUERIMIENTO DE SAT REGULADO EN EL NUMERAL 1 y 5 del artículo 21 B DEBE SER NOTIFICADO AL CONTRIBUYENTE, POST-DECLARACIÓN DE ACUERDO A LA FORMA Y PLAZOS DE LA LEY, lo anterior está regulado en los artículos 129 y 130 del Código Tributario sobre la notificaciones personales a los contribuyentes; AMÉN DE QUE EL PLAZO PARA MANTENER LOS LIBROS DE COMPRAS AL DÍA SON DE 2 MESES, NO ANTES DE LA DECLARACIÓN. (Ver artículo 37 de la Ley del IVA). Vale recordar que las facultades de la Administración Tributaria en cuanto a los tributos AUTODETERMINADOS, como el IVA, es su verificación posterios, tal como lo regulan los artículo 98 numeral 3 del Código Tributario: VERIFICAR. Requerir información de tercero como un requisito para aceptar un pago no tiene asidero legal alguno.

• El artículo 101 A del Código Tributario es violado por la propia administración ya que obliga a proporcionar información confidencial en cuanto al contenido del libro de compras sin mediar algún responsable que guardará dicha información. Es por ello que esa información solo se entrega cuando se notifica requerimiento con base a los artículo 129 y 130 del Código Tributario y así el contribuyente tiene certeza de quién es el auditor que le está solicitando información. El hecho de subir información a internet, permite que, cualquier persona, principalmente hackers y todos los del personal de tecnología de SAT, tengan acceso a dicha información. Recordemos que para requerir información respecto a terceros el Código Tributario reguló el supuesto en el artículo 30 “A” que indica que para hacerlo el contribuyente debe hacerlo “…dentro del plazo de veinte días de recibido el requerimiento”. Es así que DEBE OBLIGATORIAMENTE que mediar requerimiento para que esta información sea preparada y trasladada.

• El artículo 98 numeral 2 regula la facultad de SAT de requerir impuesto adeudado, no a requerir información previa, bajo apercibimiento de no recibir el pago. El cambio en el formulario de manera que requiera información de terceros como requisito para poder efectuar el pago es un claro caso de abuso de poder, pues el artículo específico que permite el requerir dicha información establece dos obligaciones

• El artículo 98 numeral 3 regula la facultad de SAT de revisar las declaraciones presentadas, no bloquear el pago a los contribuyentes. Y este artículo remite al artículo 30 -que tiene 30 días de plazo para ser atendido- y 93 para requerir la información.

• El artículo 103 regula la determinación de la obligación tributaria de conformidad con la Ley, el Impuesto al Valor Agregado es un impuesto que lo determina el contribuyente, por lo que no es un artículo que permita a la SAT a impedir el pago del IVA si no se divulgan los proveedores en la declaración. La ley del IVA establece que la obligación se determina por “…la diferencia entre el TOTAL de débitos y el TOTAL de créditos fiscales del período…” (Mayúsculas son propias). Los impuestos que determina SAT son el impuesto de circulación de vehículos y el Impuesto de Primera Matricula, para dichos impuestos sí le es permitido a SAT solicitar información previa pues es SAT quien determina y notifica el monto a enterar. El IVA es un tributo autodeterminable y la facultad de SAT es VERIFICAR, es decir, requerir información con posterioridad a la declaración y pago para establecer si efectuó correctamente el pago, no como requisito para efectuar el pago.

• El artículo 112 numerales 1 c) y 7 establecen:

ARTICULO 112. * OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES.

Los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de determinación, recaudación, fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria y en especial deberán:

1. Cuando las leyes lo establezcan:

c) Presentar las declaraciones que correspondan y formular las ampliaciones o aclaraciones que les fueren solicitadas.

7. Proporcionar a la Administración Tributaria la información que le requiera referente a actos, contratos u otros hechos o relaciones mercantiles con terceros, generadores de tributos, siempre que no se viole la garantía de confidencialidad establecida en la Constitución Política de la República y las leyes especiales, el secreto profesional, y lo dispuesto en este Código.

El numeral 1 c) obliga a presentar declaraciones y UNA VEZ PRESENTADA, formulara ampliaciones o aclaraciones, esa norma no faculta a SAT a bloquear el pago del IVA, sujetándola a información previa.

La solicitud de SAT siempre debe estar acompañada de una notificación personal de acuerdo al artículo 129 y 130 del Código Tributario, por lo que la facultad alegada por SAT no existe en ninguno de los artículos que con los que basa su actuar.

Y el numeral 7 obliga a que se sigan los procedimientos del Código Tributario para requerir dicha información. Eso está contenido en el artículo 30 y 30 “A”, que obligan a notificar el requerimiento y dar un plazo de 30 ó 20 días, respectivamente, para que el contribuyente responda el mismo.

c) Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto Número 27-92: Articulo 18 y 40

El artículo 18 de la Ley del IVA regula los requisitos formales de procedencia del crédito fiscal, en ninguna parte de dicho artículo se faculta al superintendente a bloquear e pago del IVA si previamente no se da un detalle de proveedores.

El artículo 18 del la Ley del IVA en su literal d) establece:

ARTICULO 18.* Documentación del crédito fiscal.

Se reconocerá crédito fiscal cuando se cumpla con los requisitos siguientes:

d) Que se encuentren registrados en el libro de compras a que se refiere el artículo 37 de esta Ley; y,

ARTICULO 37.* De los libros de compras y de ventas.

Independientemente de las obligaciones que establece el Código de Comercio en cuanto a la contabilidad mercantil, los contribuyentes deberán llevar y mantener al día un libro de compras y servicios recibidos y otro de ventas y servicios prestados. El reglamento indicará la forma y condiciones que deberán reunir tales libros que podrán ser llevados en forma manual o computarizada.

Se entiende, a los efectos de fiscalización del impuesto, que los registros de compras y ventas están al día, si han sido asentadas en ellos las operaciones declaradas dentro de los dos meses siguientes a que corresponda la declaración presentada.

Como se observa, la Ley presume al día el libro de compras dentro de los 2 meses siguientes a que corresponda la declaración presentada, NO ANTES DE LA DECLARACIÓN Y SIN ELLO NO SE PUEDA PAGAR EL IMPUESTO.

El artículo 40 de la Ley del IVA, únicamente regula la obligación de presentar declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado y el artículo 19 de la misma ley, ya citado, a determinar la obligación con la diferencia entre el total de débitos y total de créditos. Es SAT quien por medio de un requisito que viola la ley impide la presentación de la determinación en la forma que la propia ley establece y crea una amenaza de incurrir en multas y sanciones por actos directos de SAT que incumplen fundamentos legales.

d) Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Acuerdo Gubernativo 5-2013

Artículo 40. Pago.

Todo reglamento, como indica el último párrafo del artículo 239 de la Constitución debe establecer procedimientos que faciliten la recaudación y lo relativo al cobro administrativo del tributo. Un reglamento tributario es potestad exclusiva del Presidente de la República, por lo que una disposición interna de la administración no puede establecer trabas para el pago del mismo y mucho menos contradecir la ley y el Código Tributario.

Sin embargo dicho artículo tampoco faculta al Superintendente a realizar semejante acto violatorio.

Dicho artículo únicamente señala la forma de pago, sin embargo, el actuar de SAT está dirigido a bloquear el pago, sino se cumple con lo que ella quiere.

Dicho artículo regula:

ARTICULO 40. Pago.

El impuesto se pagará en efectivo o por cualquier otro medio que la Administración Tributaria ponga a disposición de los contribuyentes, a través de la declaración mensual que para el efecto se establezca.

En la declaración mensual las cantidades que se reporten deberán ser enteras, sin centésimos de quetzal.

2. Violación constitucional de sujeción a la Ley:

Los funcionarios de SAT no son superiores a la Constitución, ni al a Ley, si el artículo 135 literal d) de la Constitución señala como deber de los guatemaltecos contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la Ley, no es facultad del Superintendente de turno bloquear el pago a los contribuyentes, solicitando requisitos sin fundamento legal, empeorando la recaudación, ya que dicha disposición solo es un incentivo al a informalidad y un castigo a quienes cumplimos con la ley.

Es por lo anterior que el actuar del Superintendente de Administración Tributaria viola la Constitución al no permitir el pago de tributos a los contribuyentes, sujetándolos a requisitos sin fundamento.

Dicha norma constitucional regula:

“ARTICULO 135. Deberes y derechos cívicos.

Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes:

d) Contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley;”

Por lo anterior, actualmente, el Superintendente de la Administración Tributaria se encuentra en violación directa del artículo 154 de la Constitución que en su primer párrafo establece:

“ARTICULO 154. Función pública; sujeción a la ley.

Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.”

Vemos, por lo anterior, que el detalle de proveedores como requisito para el pago del IVA es ILEGAL y excede las facultades del Superintendente de Administración Tributaria, y lo hace incurrir en violaciones civiles y penales.

3. Forma y plazo para llevar el libro de compras:

No solo es necesario, para el actuar de cualquier funcionario público, que se cuente con una norma meramente facultativa, sino también que respete la Ley en cuanto las formas y plazos en que los contribuyentes deban llevar sus libros.

3.1. Forma de llevar la contabilidad de acuerdo al Código de Comercio de Guatemala:

El código de Comercio señala en sus artículos 373 y 375 lo siguiente:

ARTICULO 373. Operaciones, Errores u Omisiones.

Los comerciantes deben llevar su contabilidad con veracidad y claridad, en orden cronológico, sin espacios en blanco, interpolaciones, raspaduras, ni tachaduras. Los libros no deberán presentar señales de haber sido alterados, sustituyendo o arrancando folios o de cualquier otra manera.

Los errores u omisiones en que se incurriere al operar en los libros o registros, se salvarán inmediatamente después de advertidos, explicando con claridad en qué consisten y extendiendo o complementando el concepto, tal como debiera haberse escrito.

ARTICULO 375. Prohibición de llevar más de una Contabilidad.

Es prohibido llevar más de una contabilidad para la misma empresa. La infracción de esta prohibición es causa de que ninguna de las contabilidades haga prueba, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar.

El código de comercio señala que el orden de la contabilidad es en forma cronológica, el Superintendente de SAT solicita, que, para poder pagar el IVA la contabilidad se despliegue en su sitio web en ORDEN DECRECIENTE DE LA SUMA DE SUS RESPECTIVAS FACTURAS SIN INCLUIR IVA.

Se observar claramente que la Administración Tributaria solicita que la contabilidad se lleve a otra forma, sin facultad alguna, y peor aún, obliga a los contribuyentes a llevar otra contabilidad para efectos de presentar la declaración del IVA, situación inaudita e ilegal por prohibición expresa del artículo 375 del Código de Comercio.

3.2. Plazo para llevar al día el libro de Compras:

ARTICULO 37.* De los libros de compras y de ventas.

Independientemente de las obligaciones que establece el Código de Comercio en cuanto a la contabilidad mercantil, los contribuyentes deberán llevar y mantener al día un libro de compras y servicios recibidos y otro de ventas y servicios prestados. El reglamento indicará la forma y condiciones que deberán reunir tales libros que podrán ser llevados en forma manual o computarizada.

Se entiende, a los efectos de fiscalización del impuesto, que los registros de compras y ventas están al día, si han sido asentadas en ellos las operaciones declaradas dentro de los dos meses siguientes a que corresponda la declaración presentada.

El plazo para tener al día el libro de compras es de 2 meses, no hay norma legal que obligue a tenerlo listo antes de la presentación de la declaración y menos sujetarlo al pago.

4. Pago del Impuesto al Valor Agregado:

La única obligación para poder pagar el Impuesto al Valor Agregado es divulgando la diferencia entre los débitos fiscales cobrados y los créditos fiscales pagados, dicha situación está regulada en el artículo 19 de la Ley del IVA.

“ARTICULO 19. Del impuesto a pagar.

La suma neta que el contribuyente debe enterar al fisco en cada período impositivo, es la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados”

El artículo no regula la posibilidad de que el contribuyente no entregue al fisco, sino divulga a sus proveedores en la declaración.

Por lo anterior, está claro que SIN UNA NORMA FUNDANTE la solicitud de llenar el formulario con esa información, ya es ilegal, sujetar el pago a llenarlo, es in claro abuso de autoridad.

Mario E. Archila M.

*El texto es coautoría con el licenciado Félix Gutiérrez*

Dale con el “secreto bancario”

Varios mitos tras la suspensión de la Corte de Constitucionalidad que vale la pena aclarar.

1. SAT puede tener acceso a la información bancaria desde hace más de 10 años. Este acceso estaba ya regulado, como cualquier otra cosa en poder de terceros y debido a la garantía de confidencialidad contractual y en parte legal, los bancos podían haber requerido que fuera con intermediación de juez. Este procedimiento está en el Código Tributario desde, por lo menos, 2006.

2. El procedimiento anterior no era del gusto de SAT por algo tan absurdo como querer ser una agencia terrorista o MI6. Su excusa es que se iba a enterar el contribuyente. Este país, en papel, es una República y por tanto, los individuos tienen ciertos derechos, como a saber que están siendo investigados y tener acceso a cualquier expediente que sobre ellos se forme. ¿Han oído hablar de la policía aquella secreta que infundía terror? No la GESTAPO, sino el DIC. De eso se trató la Asamblea Nacional Constituyente en 1985. Se colocó en la Constitución un montón de letras con el afán de que eso no volviera a suceder. Pues SAT lo está haciendo con ese procedimiento. Sólo mire estos dos artículos de la Constitución:

Artículo 30.- Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.

Artículo 31.- Acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos.

Es claro que si van a formar un expediente con MI información, dicha información tiene que ser de acceso a mí, el contribuyente en cuestión y, es más, a saber LA FINALIDAD DE LA MISMA Y DERECHO A CORREGIRLA, RECTIFICARLA Y ACTUALIZARLA.

El procedimiento, por tanto, es inconstitucional, sin mucha duda.

3. Al eliminar el PROCEDIMIENTO, no es que SAT no tenga cómo hacerlo. Pero como ya les dije en varias conferencias a los señores de SAT, pues presentes había hasta intendentes, no repetiré acá dónde está el procedimiento.

4. La información bancaria no es esencial para recaudar ni para verificar obligaciones tributarias, pues el dinero que entra a una cuenta de banco no necesariamente implica que deba ser parte de la base imponible.

Me explico. En Guatemala, nuestra tributación es sobre principios territoriales. Es así que si un contribuyente genera renta por actividades en el extranjero, en Guatemalan no debería pagar impuesto a la renta, como tampoco emitir factura del IVA ni enterar débito del IVA alguno.

Otro caso podrá ser el que haya anticipos. Los anticipos son cuentas por pagar al cliente y no generan renta ni emisiones de facturas del IVA.

En estos dos casos habrá depósitos de dinero a la cuenta de bancos, pero no habrá pago de impuesto alguno.

De la misma manera habrá situaciones en las que los pagos de impuestos son mayores a los ingresos a bancos por el hecho de la operación comercial. Es así, por ejemplo, que la ley del IVA obliga a emitir la factura cuando se entrega el bien vendido, aunque no haya pago. En el ISR, si está en sistema de lo devengado (lo usual) debe registrar el ingreso aunque no tenga dinero.

Con lo anterior, espero se comprenda que la información bancaria es complementaria a TODOS los demás elementos de fiscalización.

5. Se estableció el artículo como mecanismo “exculpatorio” de delitos pues es cuando exista “duda razonable en SAT”.

Ese término se utiliza para condenar: “Una persona es inocente hasta que se prueba lo contrario más allá de la duda razonable“. Es así que al decir que SAT solicita la información cuando tiene “duda razonable” de las determinaciones de impuestos, implica que ya lo considera culpable y con este procedimiento lo exculpará o confirmará su presunción de culpabilidad.

Esa postura viola la constitución, pues toda persona es inocente hasta ser CITADO,OÍDO Y VENCIDO en proceso legal ante juez competente. Por tanto, tener un procedimiento secreto en el que el contribuyente no tiene derecho a nada, ni a presentar información complementaria que clarifique los estados de cuenta, ES violatorio de la Constitución.

Espero haber aclarado un poco el embrollo.

Mario E. Archila M.

Las sanciones dentro de las acciones penales tributarias

En las noticias he estado leyendo que tal y cual contribuyente pagaron a SAT el impuesto “defraudado” más la multa y los intereses. Estas afirmaciones de la prensa me llevan a pensar que algo no está siendo bien tratado…

Bueno, dos cosas. La primera es que no podría ser posible que la prensa tuviere acceso a los montos de pagos de impuestos de los contribuyentes, pues la Constitución garantiza confidencialidad sobre esto. Quien los revele, comete un delito, dice la Constitución.

El segundo tema es que no puede haber “multa” equivalente al impuesto por un pago voluntariamente realizado por un contribuyente ni tampoco puede haber multa del 100% del impuesto si no hay sentencia condenatoria. Pongámonos técnicos:

  1. De conformidad con el artículo 90 del Código Tributario, “Si de la investigación que se realice, aparecen indicios de la comisión de un delito o de una falta contemplados en la legislación penal, la Administración Tributaria se abstendrá de imponer sanción alguna y procederá a hacerlo del conocimiento de la autoridad competente, sin perjuicio de recibir el pago del adeudo tributario
  2. Como indica dicha norma, la Administración Tributaria, al haber presentado la denuncia que dio inicio a un proceso penal tiene impedimento legal para imponer sanción alguna. Es así que no le corresponde la imposición de ninguna de las sanciones contenidas en el Título III del Código Tributario, mismas que se definen de manera especifica en el artículo 71, siendo, calificadas como “infracciones” y por tanto, sancionadas, las siguientes:
    1. Pago extemporáneo de retenciones;
    2. La mora;
    3. La omisión de pago de tributos;
    4. La resistencia a la acción fiscalizadora;
    5. El incumplimiento de las obligaciones formales.
  3. Es así que si hay un proceso penal ya iniciado, la Administración Tributaria no puede imponer sanción alguna. Puede seguir el trámite administrativo para el cobro del impuesto.
    1. Valga decir que tampoco hay adeudo si no hubo conclusión del procedimiento de verificación o de determinación, pero eso es un tema más complejo que trataré separadamente en otra ocasión.
  4. Adicionalmente, la tipificación de las infracciones, en caso fuera posible, requieren se cumpla a cabalidad con el “tipo” para determinar cuál debería ser la que corresponde. Es así que al analizar cada una de las infracciones, vemos si, en todo caso hubiere algún argumento legal para imponer la sanción correspondiente, si pudiera salvarse la prohibición indicada, la misma tendría que ser literalmente lo que la ley indica:
    1. La omisión de pago de tributos se constituye por la falta de determinación o determinación incorrecta de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo, detectada por la administración tributaria siempre y cuando la falta de determinación no constituya delito, (artículo 88 del Código Tributario) de manera que, al estar la situación que origina los pagos en discusión en una sede penal, imposible resulta su tipificación, ya que podría constituir un delito tributario, según la propia denuncia de la administración Tributaria. Esta infracción es la que tiene un 100% de multa.
    2. En mora se incurre (mora como infracción) por el contribuyente que paga la obligación tributaria después del plazo fijado por la Ley para hacerlo. La mora opera de pleno derecho, indica el artículo 92. Esta infracción es la que correspondería, en todo caso, sin embargo, en el párrafo de la sanción se establece que “La sanción por mora no aplicará en los casos de reparos, ajustes a determinaciones incorrectas, o en determinaciones de oficio efectuadas por la Administración, en los cuales se aplicará la sanción por omisión de pago de tributos…” misma que no podrá ser aplicada por la propia norma de la omisión de pago de tributos y por el artículo 90 del Código Tributario ya citado.
  5. Vale aclarar acá, adicionalmente, que dentro de un proceso penal tampoco existe una determinación definitiva ni correcta de la supuesta omisión tributaria, toda vez que el proceso está, usualmente, en jurisdicción penal sin haber dado audiencia conforme el artículo 146 del Código Tributario. De tal cuenta, la rectificación -que es el método para realizar un pago a SAT mientras se investiga en sede penal sin que haya audiencia- se rige por el artículo 106 del Código Tributario, ya que conforme a ese artículo es posible la rectificación mientras no se haya “notificado al contribuyente de la audiencia” y como consecuencia de la presentación de la rectificación, los contribuyentes gozarán del cincuenta por ciento de rebaja de los intereses y la sanción por mora será reducida en un ochenta y cinco por ciento.

Evidentemente cada caso es distinto, sin embargo, creo, los jueces y los contribuyentes inmiscuidos en procesos penales, han estado actuando sin un fundamento legal sólido que ampare los pagos que realizan con la presión de ser conducidos a prisión. No digo que si alguien es culpable no pague lo que corresponde, pero al momento de ser declarado culpable, la ley penal establece una multa, además de prisión, equivalente al 100% del impuesto defraudado, por lo que será allí el momento de dicho pago.

Mientras tanto, los dejo picados con el tema para que se analice, discuta y se cumpla con la ley, ya que el Estado de Derecho se fortalece cuando todos cumplen con la ley.

 

Mario E. Archila M. 

Delitos que faltan… además de la corrupción

Orden de captura para la señora Baldetti. Antejuicio planteado contra el General Pérez Molina. Simple y sencillamente por corrupción… Pero falta.

Cuando se revisan las leyes tributarias, hay cosas interesantes que se pasan por alto, pues estamos metidos en los conceptos legales típicos del derecho civil. En el derecho civil y mercantil sólo puedo hacer negocios con “bienes de lícito comercio”. En el derecho tributario, expresamente, eso no es importante.

Expresamente el artículo 16 del Código Tributario indica que “La existencia de las obligaciones tributarias, no será afectada por circunstancias relativas a la validez jurídica de los hechos o actos realizados constitutivos del hecho generador; o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes al celebrar éstos, ni por los efectos que a ellos se les reconozca en otras normas legales, siempre que se produzcan efectivamente los resultados propios del presupuesto de hecho legal y no se trate de tributos documentarios.”

Lo anterior quiere decir que “la validez jurídica de los hechos o actos” no es importante. Es así que el hecho generador (simplificado) del Impuesto Sobre la Renta es el ingreso y el del IVA es “vender” o “prestar servicios”, pero no puede estar condicionado, bajo una perspectiva tributaria, por nada, a que sea “lícito comercio”.

En el caso de la corrupción, el artículo 16 del Código Tributario nos debe llevar a las siguientes conclusiones:

  1. Algunos funcionarios prestaron “servicios” en el concepto de la ley del IVA, pues cobraban a un usuario de la red de corrupción por “hacer algo a su favor”: el acto de corrupción.
  2. Recibieron un ingreso derivado de su trabajo “ilícito”. Hicieron algo.

Es por ello, que además de cometer cohecho -pasivo y activo- también dejaron de enterar al fisco los impuestos correspondientes. Obviamente, como son hechos ilícitos, es claro que hay “mecanismos” tendientes a evitar que la Administración Tributaria descubra dichas sumas. Recordemos que declarar incorrectamente porque hay temas interpretativos sobre un gasto deducible, por ejemplo, no es constitutivo de delito. Pero pedir que se pague a nombre de compañías fantasma, que se pague en efectivo esa mordida, que se disfrace de “algo” cuando es un soborno, simplemente nos debe llevar a pensar que hay “ardid, engaño” y ciertamente “fraude” para el pago de los tributos.

Es por ello, en conclusión, que una persona que cobra un soborno, tributariamente tiene una obligación tributaria por Impuesto Sobre la Renta, ya que tiene un ingreso y además, para efectos del IVA, como son cobros por realización de algo a favor de un tercero y no es relación de dependencia, dichos cobros generan IVA.

Ahora esperemos que adicionalmente a los delitos ya imputados, se agreguen los que corresponden por los impuestos dejados de pagar al cobrar mordidas, sobornos y demás.

Mario E. Archila M.

Cambios en normas, cambian incentivos

Estamos en una colorida fiesta. Hay bulla, música, tragos y pleitos. Eso es lo que nos deja el caso de La Línea en la SAT. El antejuicio de la Vicepresidenta en manos del Congreso. El Presidente que se hace bolas al tratar de dar declaraciones. El Ministro de Gobernación que esboza declaraciones cuasirebuznantes por no saber ni qué.

Ahora, bien, ¿qué pasó? Una descomposición del sistema jurídico por andar empujando cosas que con Derecho tienen poco que ver.

Desde su promulgación en 1991, el Código Tributario le ha resultado incómodo a los gobernantes. Lo mismo que les resulta incómodo tener un artículo 239 en la Constitución y un 243 con un principio de prohibición a la confiscación. Esos cuerpos legales están, precisamente, para hacer incómoda al gobernante la tarea de cobrar impuestos. Evidentemente para eso son. Las Constituciones son para limitar el poder. La ley es para limitar el ejercicio del poder. Una vez dicho esto, claro está que les resulta incómodo. Ya lo decía Lord Acton: “Con poder absoluto, hasta a un burro le resulta fácil gobernar”.

Tenemos luego las incursiones de trasnochados activistas “pro” algo, que pretenden que el cobro de impuestos debe ser un juego de “usted pague y no alegue”. Señorones éstos que se juntan a tomar, supongo que café, con trasnochados gobernantes y políticos a quienes se les ponen de “$” los ojitos, pensando que podrán cobrar y cobrar, para gastar y gastar y quedarse con su tajadita de por medio.

Esta última parte responde a la perversión del rol del gobierno en la vida de los ciudadanos. Imaginemos que se buscó atar de manos a los gobernantes de la antigüedad para que dejaran a “su pueblo” en paz; en la Edad Media, se levantan grandes revoluciones para limitar el poder del Rey y sacarlo de la vida privada, pero en pleno siglo XX y XXI, empezamos a transferir toda la responsabilidad de nuestro presente, de nuestra salud, de nuestra educación, de nuestras decisiones personales, de nuestras relaciones de pareja, de cuántos hijos tener, de cómo y dónde vivir, a los gobernantes… Regresamos al punto de partida. La consecuencia, que se use el erario público para quedarse con un “poquito”.

Por ello es que esas ideas cuadran. Y así se hacen modificaciones anuales al Código Tributario, no para hacer rigurosa la aplicación de la fuerza pública en el cobro de impuestos, sino debilitar la posición de los contribuyentes frente a ese ejercicio de poder. En SAT, se establecen metas de rendimiento que van por cuánto dinero cobran y cuantos ajustes formulan, no por cuanto dinero cobran “correctamente” ni cuantos ajustes ganan en tribunales. Se crea un incentivo institucional hecho para pervertir el sistema y la conducta de los colabores de SAT. El bueno -moralmente- tratará de pasarla en el sistema sin violentar su consciencia. El otro, será la manzana envenenada que buscará su beneficio a costas del contribuyente, de las mafias, de los gobernantes. Como el caso de vehículos en SAT y la Línea, en Aduanas.

Para no extenderme tanto, uno de los problemas mayores, por ejemplo, que permite el contubernio entre funcionarios de SAT y contribuyentes -sean mafiosos o extorsionados- es la reforma contenida en el Decreto 4-2012 que elimina, en el recurso de revocatoria, la intervención de la Procuraduría General de la Nación.

La participación de la PGN tenía un doble sentido:

1. Es el representante del Estado. El Estado es, finalmente, el acreedor de los tributos, así que su participación es importante, principalmente, si se está dando la razón al contribuyente.

2. Elimina, aunque sea en teoría, el monopolio de la decisión. Este es un elemento deseable para reducir la posibilidad de corrupción. Al tener que informar del transcurso del expediente a un órgano distinto al principal, la posibilidad de hacer actos de corrupción entre el contribuyente y SAT se reducen.

Adicionalmente, el Decreto 10-2012 también introdujo la Ley Nacional de Aduanas. Una ley que causaba fuertes incentivos para la corrupción, pues reinsertaba otro elemento básico para aumentar dicha corrupción: discrecionalidad. La Aduana se convertía en un órgano con amplios poderes discrecionales y monopolios, pues sólo por allí puedo pasar mi mercancía legalmente…

Es así que si queremos arreglar la corrupción en el país debemos:

1. Eliminar discrecionalidad.

2. Eliminar monopolios (permisos, pasos, licencias).

3. Dispersar la responsabilidad de las decisiones.

4. Crear mecanismos de rendición de cuentas.

5. Limitar funciones a ser ejercidas por los órganos gubernamentales y prohibir las que salgan de esas encomendadas.

Por allí va el reto.

Mario E. Archila M. 

Nuevo seminario… Documentación correcta para el ISR

Documentación de operaciones y preparación ante posibles fiscalizaciones de SAT.

Milagrosamente, SAT no hace más ajustes sostenibles en tribunales. SAT gana un poco menos del 20 % de los casos… Claro, en materia de impuestos no hay milagros, simplemente conocimiento o ignorancia.

Azteca

Al terminar, sabrá cómo “deducibilizar” gastos que en otro momento de la historia serían claramente un gasto deducible y ahora requieren trámites o documentaciones adicionales.
Esta parte es principalmente valiosa para los notarios y asesores jurídicos que no son expertos en materia tributaria para evitar ajustes por faltas de documentación.
Para los contadores y auditores, el seminario les permitirá conocer la documentación que deben tener y qué deben o pueden requerir según la ley, a modo de mantener los soportes contables de manera adecuada.
Cualquier contribuyente encontrará valiosa información para prescindir de requerimientos de documentación que no son los necesarios durante una futura fiscalización o litigio tributario -si fuera el caso.

El conocimiento, su prevención

El conocimiento es la mejor arma frente al abuso. La prevención, la mejor estrategia financiera. Regálele el conocimiento a su contador, auditor, asesor legal corporativo y gerentes…

Este año 2015 toca que se aplique plenamente el decreto 10-2012 en cuanto al Impuesto Sobre la Renta que contiene. Ya en 2014 empezaron a fiscalizar el año 2013, por lo que quienes sean fiscalizados este año -y en adelante- lo serán bajo esta normativa.

Desgraciadamente, la ley tiene vicios en cuanto a su técnica, redacción y fundamentación filosófica. Otro elemento negativo, desde la perspectiva de costo de cumplimiento, es la falta de criterios judiciales que iluminen la aplicación de las nuevas normas. Eso tardará unos 8 años en llegar…

Sin embargo, debemos imaginar que los criterios legales serán, siempre, los que prevalezcan y deben ser utilizados en la resolución de las dudas tributarias… De eso trata este seminario.

Mientras tanto, podemos interpretar las normas legales y prepararnos lo más apegado a criterios jurisdiccionales análogos basados en normas de las anteriores leyes del ISR, doctrina de las ramas del derecho que ilustran sobre las instituciones a que se refieren las normas legales-tributarias, atendiendo a precedentes.

Contenido

Hay 10 documentos o “grupos” de documentos necesarios para que un gasto sea deducible. Hay 2 requisitos adicionales. Hay 29 gastos deducibles. Hay 19 tipos de gastos definidos como “no deducibles”. Vamos a agrupar cada gasto según su grupo de documentación necesaria.

Para establecer si un gasto es deducible:

  1. Debe estar en definido como gasto deducible;
  2. Debe cumplir con los requisitos para la deducibilidad:
    1. De fondo
    2. De forma
  3. Debe cumplir con la documentación para que el gasto sea deducible.
  4. No debe estar en el listado de gastos no deducibles.

Documentos a presentar juntamente con la declaración anual

En este caso, según la actividad podrían ser necesarios documentos distintos, así que los trataremos agrupados así:

  1. Documentos comunes a presentar por todos,
    1. Contabilidad, quiénes sí y quiénes no
    2. Estados financieros
  2. Documentos a tener disponibles,
    1. Relativa al contribuyente
    2. Relativa al grupo empresarial
  3. Documentos para clases especiales de contribuyentes y
  4. Documentos según cada actividad
    1. Recursos naturales
    2. Actividades mineras
    3. Construcción y similares
    4. Lotificaciones

Estos listados legales de normativa, lo cruzaremos con requerimientos de información que SAT ha efectuado durante el 2014, a modo que vea los requisitos desde la perspectiva de SAT. Evidentemente le explicaremos cuáles de esos “requerimientos” son “nulos” y cuáles sí “ni modo”, usted debe cumplir… EN 3 DÍAS HÁBILES

Del seminario

4 horas efectivas. De la ley al documento al requerimiento de información. Todo en un sólo seminario.
18 de marzo de 2015 de 8 am a 12:30pm, Auditorio Cancuen del Grand Tikal Futura Hotel.
Inversión: Q750.00; cupo limitado.

Grupos de 3 ó más: Q560.00 por persona.
Reserve al 23788484. Doris le dará las instrucciones para el pago.

 

Lo espero. No tenemos muchos espacios.

 

Mario E. Archila M.

Reingeniería en SAT… ¿o cambio de paradigma de la política fiscal?

Ayer 6 de enero de 2015 tuve el gusto de ser invitado a Canal Antigua para hablar de la Superintendencia de Administración Tributaria y su fallo de llegar a la meta de recaudación. Decía en la entrevista que el problema es que requerimos un cambio de paradigma en cuanto a todo el tema fiscal.

Hoy, además, me levanto con la noticia que el Ministerio de Finanzas Públicas le adeuda a SAT parte de su 2 % de comisión sobre lo recaudado y que eso debilita a SAT. Vea la noticia acá.  La noticia, sin embargo, no es necesariamente una sorpresa. Confirma algunas sospechas que tengo sobre el manejo de los asuntos tributarios que este gobierno quiere hacer desde que tomó posesión. Entre ellos, convertir a SAT en un ente represor y mecanismo para presionar a enemigos o estorbos para algunos fines… como la propia competencia comercial que pueda existir.

Veamos algunas acciones que indican que vamos por mal camino. Primero, de política tributaria:

1. Los decretos 4-2012 y 10-2012 en cuanto a las facultades legales dadas a SAT. Se deja de estar en un campo de “derecho tributario” para legalizar un “terrorismo fiscal”. El paradigma tras las reformas en estos decretos es que el contribuyente es un ladrón. Se dan facultades para que SAT “muerda y presione” más duro -eufemismo para menos legal- al contribuyente que ya paga.

2. No hay ningún esfuerzo por incorporar nuevos contribuyentes en esas reformas.

3. El 10-2012 elimina la planilla del IVA y reduce la tasa impositiva de las personas individuales a niveles bajísimos. El ISR corporativo sube por subida de tasas y restricción de gasto, no por facilitación y el de personas crea un incentivo negativo a la tributación, pues evita que los contribuyentes individuales sean fiscalizadores de otros contribuyentes. La planilla del IVA lograba ese efecto. Se logra ver así una baja en la recaudación del IVA y en la facturación en general.

4. Crea, el 10-2012, una ley de aduanas inoperante, abusiva, discrecional e infuncional. Tanto que tuvo que ser reformada en su totalidad por otra no menos abusiva y discrecional. ¿Qué efectos tiene esto? Facilita el contrabando “por aduana”. Efecto que el cruce de información de importaciones Banguat y SAT deja ver claramente.

5. Crece el mercado informal o bien se consolida. Al no existir la presión de contribuyentes requiriendo facturas, se fomenta el mercado informal, lo cual, a su vez, facilita la comercialización de bienes contrabandeados.

6. Creación de procedimientos antojadizos en ventanillas de la propia SAT que hacen altamente oneroso trasladarse a la formalidad.

7. Creación de un Impuesto Sobre la Renta que requiere convenios internacionales para funcionar, así como altos costos de asesoramiento profesional para intentar cumplir correctamente con él. Eleva el costo de cumplimiento y eso, obviamente, evita la incorporación de nuevos contribuyentes. Le permite a los grandes contribuyentes, quienes pagan más del 80% de la tributación y son unos 3000 contribuyentes, ser los únicos con capacidades económicas de funcionar legalmente en el país.

8. Se incorporaron reformas que desnaturalizan la función del Directorio de SAT. Deja de ser un ente técnico para convertirse en un instrumento de recaudación. Ya estamos empezando a ver el inicio de la remoción de directores y lo que puede ser un peligro: la elección de nuevos con las mismas agendas de los otros funcionarios que hemos visto se han elegido bajo este gobierno.

Es así que no es un “fortalecimiento de SAT” lo que se necesita, sino un cambio de paradigma que implique:

1. Simplificación del sistema.

2. Abaratamiento de los costos de cumplimiento. Menos trámites, menos requisitos, menos desconfianza hacia el contribuyente.

3. Hacer gasto público únicamente en 2 ó 3 funciones indispensables; hacer el gasto transparente y eliminar la percepción de corrupción.

4. Dejar de pretender contratar a compañías extranjeras. Nuestra SAT es la administración tributaria más cara de Latinoamérica, o por lo menos de las más caras. Encarecer el funcionamiento no puede ser la solución.

5. Otorgarle verdadera independencia a SAT y dotarle de un cuerpo rector técnico o bien obligarle a seguir criterios judiciales que eviten discutir por siempre lo mismo.

6. Dejar de pretender tener leyes tributarias de países con economías desarrolladas y amplias y pudientes clases medias, para voltear a ver modelos fiscales-tributarios de países que estuvieron quebrados y lograron fomentar crecimiento de sus clases medias y eficiencias en sus recaudaciones.

 

Sin eso, no veo bien el 2015 para los contribuyentes…

 

Mario E. Archila M. 

Impuesto a los Informales

Me invitaron a Canal Antigua a platicar del tema. Así me entero que hay una propuesta para gravar a los informales, emanada de la Vicepresidenta, con Q150… Todavía no sabemos si mensual o anual… Pero hay una declaración sobre la idea con visos de intención.

Me parece grave que se tiren y filtren esas declaraciones así como así. Principalmente porque el problema de la economía informal no se arregla con “hacerlos pagar impuestos” así, a leño. La formalidad tiene costos que son cada vez más difíciles de cubrir. Costos que son poco cuantificables. Así tenemos el tiempo de hacer los trámites, la probabilidad de revisiones, cobros, sanciones, etc.

Guatemala, en cuanto a estructura de sistemas “simples”, tiene de los mejores… Considerados aisladamente. Es así que tenemos un sistema que era casi perfecto: 5% sobre ingresos para efecto del ISR. Un IVA con tarifa única y sin productos diferenciados o exentos. Estos sistemas fueron modificados del 2004 para acá de manera que ya no son tan simples ni sencillos y con el voraz apetito de los gobiernos, se presiona a la Administración Tributaria a buscar hasta debajo de las piedras recursos. Esto logra reventar en fiscalizaciones continuas sobre quienes ya tributan, con criterios, muchas veces, rebuscados.

Se incluyen sanciones como “cierre de establecimiento” por la simple sospecha de no haber emitido una factura, lo que representa un costo altísimo, pues podría verse alguien impedido de realizar su actividad económica por hasta 10 días o perder su “patente de comercio”. Esta eventualidad es un costo que se suma, no cuantificable, pues es contingente, pero existente.

El tiempo, que mencionaba arriba, surge en las propias ventanillas de SAT y registros públicos. Para inscribirse como comerciante, hay que demostrar dirección con requisitos de ventanilla -contrato de arrendamiento, recibo de agua, luz o teléfono, certificación de propiedad- de forma que el que pretende su inscripción tenga título sobre la dirección. Adicionalmente, se exige la presentación del DPI y la formalidad de grabar su huella digital y foto en el registro Tributario Unificado. Todo esto aumenta el costo, pues el interesado debe acudir personalmente a la ventanilla. Ya no se aceptan “tramitadores” y en caso de no tener tiempo, debe utilizarse un mandato (que cuesta unos Q1,000 en el mercado notarial escriturar y registrar).

Hacer las colas y trámites, para un informal, implica, muchas veces, dejar de percibir los alimentos del día o bien dejar de producir la ganancia de la semana.

El problema son burócratas que rayan en la ignorancia y se disparan criterios irresponsablemente sustentados en micos aparejados. En el Registro Tributario Unificado, toda esta tecnología de seguridad de identidad es irrelevante.

Voy a usar un único ejemplo. El Código Tributario indica que es contribuyente quien actualice los supuestos contenidos en la norma generadores de tributos, PRESCINDIENDO DE SU CAPACIDAD LEGAL según el derecho común.

Es así que una persona puede ser contribuyente por el hecho que realiza actividades para las que su edad no le otorga capacidad legal. Imaginemos, que se emplea como “Técnico en Botánica a domicilio”, alias jardinero, pues, pero tiene 13 años de edad. Según la ley del IVA, es un servicio. Por tanto se genera el impuesto. No entrega factura porque no logra obtener un NIT porque en SAT le dicen que como es menor de edad y no tener obligatoriamente un NIT, no se puede.

El Código Tributario indica que aún y cuando el Código Civil (derecho común) no le otorgue dichas capacidades, él es contribuyente. Se registra (vea el 120 del Código Tributario) indicando, declarando, cuál es su nombre (nombres y apellidos), no que deba probar dicha identidad con documento alguno, ya que no es relevante para efectos de pago de tributos, y señalará la dirección que establecerá como domicilio fiscal. Es una declaración ante autoridad. Tiene efectos y no puede la administración tributaria tratar a los contribuyentes de “mentirosos” y exigir prueba de todo lo que le declaran.

Es así que por esta circunstancia, su técnico en botánica no le entrega factura. Ni siquiera de pequeño contribuyente…

 

 

Mario E. Archila M.

Rentas de capital… ¿O no?

Una recurrente pregunta será si algo es o no una renta de capital o una renta regida por otra “cédula” en el Impuesto Sobre la Renta contenido en el 10-2012.

La duda, más que razonable, proviene de la misma redacción de la ley. Evidentemente chocan criterios económicos, contables y legales en el uso del lenguaje para establecer las distinciones, mas no podemos perder de vista que estamos frente a leyes y es el campo del derecho tributario resolver el conflicto.

Es así que la interpretación de cualquier norma tributaria debe hacerse a la luz de los principios constitucionales, de los contenidos en el Código Tributario y los contenidos en las leyes específicas.

El primer principio a aplicar en materia tributaria es el de legalidad. El establecimiento del tributo y sus bases deben estar contenidas en ley. Se desprende de ello que hechos generadores y su tipificación, deben contenerse en ley. Luego que por vía de la analogía no se pueden crear hechos generadores de tributos. También aplica a exenciones y demás bases de recaudación. Es así que el primer paso es aplicar el artículo 2 del Código Tributario en cuanto a las fuentes del Derecho Tributario. Las disposiciones constitucionales van en primer lugar y son las de mayor jerarquía. Siguen las leyes y tratados y por último los reglamentos. El artículo 239 de la Constitución es el que contiene el principio de legalidad.

El artículo 3 del Código Tributario exige la emisión de una ley para decretar tributos, otorgar exenciones, entre otros, por lo que primero hay que ubicar la norma legal aplicable.

En el 10-2012, el artículo 4 contiene las definiciones de “rentas afectas”, lo que deducimos de la frase “independientemente que estén gravadas o exentas”, y en conjunto con el artículo 3 que define como “afectas” las rentas obtenidas en el territorio nacional y por tanto, en el Artículo 4 se hace la categorización de “rentas de fuente guatemalteca”.

Así es que encontramos las definiciones de rentas de actividades lucrativas, las de rentas del trabajo y las rentas de capital.

Desgraciadamente, como opinión personal, este artículo no contiene una definición que excluya directamente unas de otras y causa, por tanto, confusiones en el transcurso de la ley.

Es así que resulta muy sencillo colocar una renta de capital como renta de actividad lucrativa viendo únicamente el artículo 4 o bien, viendo únicamente el hecho generador, contenido en el artículo 10, de las rentas de actividades lucrativas: “Constituye hecho generador del Impuesto Sobre la Renta regulado en el presente título, la obtención de rentas provenientes de actividades lucrativas realizadas con carácter habitual u ocasional por personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios que se especifican en este libro, residentes en Guatemala.

Se entiende por actividades lucrativas las que suponen la combinación de uno o más factores de producción, con el fin de producir, transformar, comercializar, transportar o distribuir bienes para su venta o prestación de servicios, por cuenta y riesgo del contribuyente. (…)”

Esta definición me parece muy “curiosa”, toda vez que las rentas de actividades lucrativas estaban definidas en el artículo 4. Ahora, con esta definición en el hecho generador, se crean temas interesantes, especialmente si vemos que las rentas pueden ser “habituales u ocasionales”. Esto causa un conflicto frontal con la definición usual de ganancia de capital, pues ella se da por la venta de activos que no son del “comercio usual” del contribuyente.

También nos encontramos que si la actividad lucrativa, como la define el artículo 10 -Hecho Generador- es la combinación de uno o más factores de producción, así como “capital y empleo”, los servicios financieros son rentas que generan obligación tributaria en este régimen (Actividad lucrativa). La venta de bienes al crédito, por ejemplo, generará habitualmente intereses, por lo que está generando obligación tributaria ya que es hecho generador de este régimen.

Por su lado, las rentas de capital se describen, artículo 4, como “… las derivadas del capital y de las ganancias de capital, percibidas o devengadas en dinero o en especie, por residentes o no en Guatemala…” y entre el listado particular aparecen:

1. Dividendos y utilidades;

2. Intereses o rendimientos;

3. Regalías;

4. Rentas provenientes de bienes muebles o inmuebles (supongo que esto quiere decir precios por arrendamientos, pues el concepto renta es distinto dentro de la ley);

5. Ganancias de capital por la venta de acciones o títulos o participaciones, con varias calificaciones de afectación;

6. Rentas de capital derivados de la transmisión de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio nacional;

7. Los premios de loterias, juegos, rifas y demás;

8. Incorporación al patrimonio del contribuyente residente de bienes, que no estén gravadas por otro impuesto directo.

Es así que la definición de “Actividades Lucrativas” incorpora todos los supuestos de afectación de las rentas y ganancias de capital, ya que, obviamente, todos los supuestos detallados derivan de la “combinación de uno o más factores de producción”. Esos factores, tradicionalmente, son el capital y la mano de obra o el trabajo. Recibo intereses porque tengo algún capital trabajando para mi, ya sea en depósitos o bien por haber prestado dinero. Recibo ingresos porque vendí, habitual u ocasionalmente, un bien.

La escogencia del leguaje causa muchas dudas. La distinción usual, para estos casos, sea mejor colocarla en la habitualidad de la realización que causa esos ingresos. Veamos así que resulta una renta de capital la obtención de una regalía por uso de marcas o patentes de invención. Sin embargo, esas rentas de capital pueden ser catalogadas como “rentas de actividades lucrativas” pues es una renta que habitualmente obtiene un contribuyente que se dedica a la explotación de derechos sobre marcas o patentes de invención y no tiene otra razón de ser. Sus inversiones son para generar marcas, crearles reputación, mercadearlas y luego vender derechos de uso de las mismas. Una compañía que crea personajes e historietas; una compañía que es la dueña del know how de un negocio que se comercializa con sus marcas, como sería cualquiera de los restaurantes de cadenas que todos conocemos. ¿Es una renta de capital? Ambos hechos generadores los incluyen. ¿Cómo resolvemos el conflicto?

La norma que debería servir de parámetro para responder es el 15: “Las rentas de capital y las ganancias de capital, se gravan separadamente de conformidad con las disposiciones del Título IV de este libro.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no es de aplicación a las rentas de capital mobiliario, ganancias de capital de la misma naturaleza, ni a las ganancias por la venta de activos extraordinarios obtenidas por bancos y sociedades financieras, ni a los salvamentos de aseguradoras y afianzadoras, sometidas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, las cuales tributan conforme las disposiciones contenidas en este título. También se exceptúan del primer párrafo, y deberán tributar conforme las disposiciones contenidas en este título, las rentas del capital inmobiliario y mobiliario provenientes del arrendamiento, subarrendamiento, así como de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles y muebles, obtenidas por personas individuales o jurídicas residentes en Guatemala, cuyo giro habitual sea dicha actividad.”

Considero que el artículo 15 no hace del todo bien su trabajo, pues crea dos excepciones, mismas que son aplicables únicamente cuando uno se enfrenta a “rentas de capital” puramente. El primer problema es que las rentas de capital no están definidas de forma inequívoca y los elementos definitorios que tienen las rentas de actividades lucrativas también le aplican a los conceptos de rentas de capital. El artículo 15 está redactado como si unívocamente fueran rentas de capital que serán “absorbidas” como rentas de actividades lucrativas en este régimen, si se llena el requisito allí dado, en los varios casos exceptuados. Por lo que podríamos pensar que la interpretación de la norma es también que lo que está catalogado como “renta de capital”, salvo la excepción, tributará únicamente como renta de capital. Lástima que la redacción no sea clara, pues técnicamente, aunque haya exención, causa doble obligación tributaria. Una como renta exenta y otra como renta gravada.

Este punto, la exención y causación del tributo, sin embargo, también ocasiona problemas, que espero tratar más adelante en este medio.

Ahora, el tema, según el artículo 15, se centra en determinar si es el giro habitual dicha actividad o no. Regresamos, por tanto, a un concepto jurídico.

Se ha escuchado que la Administración Tributaria pretende que “giro habitual” sea equivalente a “actividad principal” como la define el Código Tributario en el Artículo 120 en cuanto a ser la actividad por la que el contribuyente obtuvo más del cincuenta por ciento de sus ingresos en el período anterior. Es claro que los conceptos son totalmente distintos. “Giro habitual” se refiere a la frecuencia de realización de una actividad, mientras que “actividad principal” se refiere al volumen de facturación. Obviamente no podrán ser equivalentes.

El giro responde a las actividades que una empresa lleva a cabo cada momento. Ahora bien, “actividad principal” en el sentido definido por el Código Tributario se refiere al volumen de facturación. Es así que será la actividad principal aquella por la que factura más del 50% de los ingresos del año.

Veamos así que un contribuyente puede realizar habitualmente -todos los días- venta de dulces y chicles. Es decir, tiene una empresa abierta por la que vende esos bienes habitualmente. También es propietario de 2 locales comerciales que da en arrendamiento desde hace 5 años, por los que cobra mensualmente una renta y, por último, es un excelente fotógrafo y cobra por sus servicios de fotógrafo, actividad que se desarrolla usualmente, por razones de los eventos que cubre, en Semana Santa y Navidad. De lo anterior se desprende que giro habitual será la tienda de dulces y el arrendamiento de los locales; mientras que la actividad menos “habitual” es la de fotógrafo. Pero, ¿qué tal si factura 60% de sus ingresos al año por su actividad de fotógrafo, ya que es tan famoso que puede darse el lujo de trabajar sólo esos meses al año, y de vez en cuando, mientras que las otras 2 actividades que realiza son habituales, pero facturan únicamente 40% del total?

Dicho esto, es importante tener claro que la ley habla de “giro habitual” y no de volumen de facturación para distinguir el régimen, pero no es sencillo, en el caso de los arrendamientos del ejemplo, ya que no tenemos un parámetro claro de cómo medir dicha habitualidad. Sabríamos, en este caso, que el contribuyente como actividad principal tendrá en el RTU registrado “Servicios personales”, pero, ¿aceptará SAT que los arrendamientos pagan conforme a las rentas de actividades lucrativas y no como rentas de capital inmobiliario?

Mario E. Archila M.