Las sanciones dentro de las acciones penales tributarias

En las noticias he estado leyendo que tal y cual contribuyente pagaron a SAT el impuesto “defraudado” más la multa y los intereses. Estas afirmaciones de la prensa me llevan a pensar que algo no está siendo bien tratado…

Bueno, dos cosas. La primera es que no podría ser posible que la prensa tuviere acceso a los montos de pagos de impuestos de los contribuyentes, pues la Constitución garantiza confidencialidad sobre esto. Quien los revele, comete un delito, dice la Constitución.

El segundo tema es que no puede haber “multa” equivalente al impuesto por un pago voluntariamente realizado por un contribuyente ni tampoco puede haber multa del 100% del impuesto si no hay sentencia condenatoria. Pongámonos técnicos:

  1. De conformidad con el artículo 90 del Código Tributario, “Si de la investigación que se realice, aparecen indicios de la comisión de un delito o de una falta contemplados en la legislación penal, la Administración Tributaria se abstendrá de imponer sanción alguna y procederá a hacerlo del conocimiento de la autoridad competente, sin perjuicio de recibir el pago del adeudo tributario
  2. Como indica dicha norma, la Administración Tributaria, al haber presentado la denuncia que dio inicio a un proceso penal tiene impedimento legal para imponer sanción alguna. Es así que no le corresponde la imposición de ninguna de las sanciones contenidas en el Título III del Código Tributario, mismas que se definen de manera especifica en el artículo 71, siendo, calificadas como “infracciones” y por tanto, sancionadas, las siguientes:
    1. Pago extemporáneo de retenciones;
    2. La mora;
    3. La omisión de pago de tributos;
    4. La resistencia a la acción fiscalizadora;
    5. El incumplimiento de las obligaciones formales.
  3. Es así que si hay un proceso penal ya iniciado, la Administración Tributaria no puede imponer sanción alguna. Puede seguir el trámite administrativo para el cobro del impuesto.
    1. Valga decir que tampoco hay adeudo si no hubo conclusión del procedimiento de verificación o de determinación, pero eso es un tema más complejo que trataré separadamente en otra ocasión.
  4. Adicionalmente, la tipificación de las infracciones, en caso fuera posible, requieren se cumpla a cabalidad con el “tipo” para determinar cuál debería ser la que corresponde. Es así que al analizar cada una de las infracciones, vemos si, en todo caso hubiere algún argumento legal para imponer la sanción correspondiente, si pudiera salvarse la prohibición indicada, la misma tendría que ser literalmente lo que la ley indica:
    1. La omisión de pago de tributos se constituye por la falta de determinación o determinación incorrecta de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo, detectada por la administración tributaria siempre y cuando la falta de determinación no constituya delito, (artículo 88 del Código Tributario) de manera que, al estar la situación que origina los pagos en discusión en una sede penal, imposible resulta su tipificación, ya que podría constituir un delito tributario, según la propia denuncia de la administración Tributaria. Esta infracción es la que tiene un 100% de multa.
    2. En mora se incurre (mora como infracción) por el contribuyente que paga la obligación tributaria después del plazo fijado por la Ley para hacerlo. La mora opera de pleno derecho, indica el artículo 92. Esta infracción es la que correspondería, en todo caso, sin embargo, en el párrafo de la sanción se establece que “La sanción por mora no aplicará en los casos de reparos, ajustes a determinaciones incorrectas, o en determinaciones de oficio efectuadas por la Administración, en los cuales se aplicará la sanción por omisión de pago de tributos…” misma que no podrá ser aplicada por la propia norma de la omisión de pago de tributos y por el artículo 90 del Código Tributario ya citado.
  5. Vale aclarar acá, adicionalmente, que dentro de un proceso penal tampoco existe una determinación definitiva ni correcta de la supuesta omisión tributaria, toda vez que el proceso está, usualmente, en jurisdicción penal sin haber dado audiencia conforme el artículo 146 del Código Tributario. De tal cuenta, la rectificación -que es el método para realizar un pago a SAT mientras se investiga en sede penal sin que haya audiencia- se rige por el artículo 106 del Código Tributario, ya que conforme a ese artículo es posible la rectificación mientras no se haya “notificado al contribuyente de la audiencia” y como consecuencia de la presentación de la rectificación, los contribuyentes gozarán del cincuenta por ciento de rebaja de los intereses y la sanción por mora será reducida en un ochenta y cinco por ciento.

Evidentemente cada caso es distinto, sin embargo, creo, los jueces y los contribuyentes inmiscuidos en procesos penales, han estado actuando sin un fundamento legal sólido que ampare los pagos que realizan con la presión de ser conducidos a prisión. No digo que si alguien es culpable no pague lo que corresponde, pero al momento de ser declarado culpable, la ley penal establece una multa, además de prisión, equivalente al 100% del impuesto defraudado, por lo que será allí el momento de dicho pago.

Mientras tanto, los dejo picados con el tema para que se analice, discuta y se cumpla con la ley, ya que el Estado de Derecho se fortalece cuando todos cumplen con la ley.

 

Mario E. Archila M. 

Más casos de “defraudación”

Las noticias son crueles. Condenan sin que haya sentencia. El trabajo de SAT que vemos en los medios no es, todo, resultado de esta gestión, pues hay casos de años atrás que han recibido un impulso por la coyuntura. Está bien que los casos “caminen”, está mal que se condene mediáticamente cuando el único capaz de declarar culpable a alguien es un juez. Esto aplica a cualquier caso, sea un accidente de tránsito o sea un caso de corrupción o uno relacionado a impuestos. 

Me han pedido opinar sobre los casos que salen en la prensa. Verdaderamente no puedo opinar sobre los casos de la prensa. Puedo opinar sobre lo que la prensa dice sobre los casos. 

Muchos de los casos en los medios tienen como denominador común que derivan de una supuesta compra de facturas y por ello el que declaró las facturas es defraudador. 

Hay matices. Unos probablamente hicieron eso “de a propósito”, como dirían mis hijos, mientras que otros se los hicieron y un tercer grupo que lo hicieron por mala asesoría o información. 

El primer grupo es clarísimo. Usualmente, ese grupo registra sus “gastos” contra esas facturas “fantasmas” y deja una cuenta por pagar en sus balances. Recordemos que el sistema de lo devengado permite registrar gastos sin que se hayan pagado, simplemente cuando se incurren. Años después, “capitalizan” esas deudas por pagar que tienen o pagan a terceras personas (sacan el dinero contra esas cuentas, aunque sea dinero para los accionistas). Otro mecanismo, que ya hemos discutido en este blog, es que pagan las facturas, pero el “proveedor” devuelve el dinero en algún mecanismo creativo. 

En el segundo grupo, los financieros, auditores internos, empleados, etc, buscan justificar algo usando los mecanismos de facturas falsas. Así un departamento de mantenimiento, por ejemplo, podrá cometer fraude usando esas facturas, a modo que su proveedor real quede oculto y el empleado responsable de la reparación cobra ilegalmente una comisión a su patrono. Igualmente un gerente financiero podrá maquillar sus resultados usando esas facturas falsas para ganarse su bono. Se mira cada cosa. Se mira hasta contadores que usan ese método para “quedar bien” con su cliente y mostrarle que ya no tiene que pagar tanto impuesto. 

En el tercer grupo, están los que tienen, por la naturaleza de su negocio, proveedores del sector informal: verduras, frutas, chatarra, servicios de hospitalidad, etc. En esos casos, muchos asesores (supuestos asesores) recomiendan que los pagos hechos al sector informal no sean documentados como manda la ley (facturas especiales) sino por medio de “servicios de facturación”. Los dueños caen de babosos y aceptan el consejo. 

Administrativamente, en cualquiera de los tres casos la sociedad o el contribuyente será responsable del pago incorrecto y deberá cubrirlo, una vez se determine que el gasto no es deducible. Ahora bien, penalmente, el delito requiere causalidad y responsabilidad personal… He allí la labor de investigación que MP debería de hacer y la labor de la judicatura de exigir esa relación de causalidad para imponer las sanciones penales que correspondan. 

Pueden ser los dueños, los empleados, los asesores o los propios proveedores. De mi parte espero que veamos esos casos resolverse con una imputación correcta y determinemos quiénes son los responsables específicos en cada caso. 
Mario E. Archila 

La legislación absurda

Hay pedazos de legislación que existen por la necedad inapropiada de algún gestor con poder. 

En el caso de la legislación tributaria hay una permanente excusa, que no es más que ignorancia de cómo funciona la actividad que genera los tributos: la actividad económica. 

La actividad económica es un actividad humana como cualquier otra. Se rige por percepciones, principalmente, percepciones de costo-beneficio. Cualquier cosa que se perciba como “costo”, debe tener, para que se realice por el agente, un beneficio mayor. Si el beneficio no es mayor, no hay razón lógica para realizarlo. Desde la perspectiva moral, además, una actividad creadora debe permitir a su creador, disfrutar, poseer y sentir como propia dicha creación. Entrega cierto orgullo a su creador. 

La tributación, por tanto, debe responder a ambos cálculos. Si se establece la tributación de manera que no hay “beneficio” superior al costo, no hay razón para cumplirla. Si la tributación arranca del creador, ese orgullo por las cosas que está creando, tampoco hay sustento. 

Guatemala es un país en el que no hay mercados con márgen. Es decir, no tenemos un mercado con personas dispuestas a pagar por especialización, calidad o diferenciación.  Somos principalmente un mercado de precios. Lo más barato gana. Para efectos de una política tributaria esta circunstancia es muy importante, ya que encontrar el nivel de “costo” que no destruya los beneficios percibidos tiene un margen mucho más reducido. Igualmente, al ser un mercado de precios, el producto de la creatividad de cada uno tiene márgenes de utilidad tan bajos, que prácticamente hacen ver que la tributación es “trabajar exclusivamente para los gobernantes”. 

Guatemala no es un país para establecer sistemas de tributación de los que se colocan en países ya desarrollados. Guatemala debe buscar los sistemas de tributación que cumplan con ser sencillos, altamente eficientes, económicos y marginalmente de bajo costo. Mientras eso no suceda, la tributación seguirá siendo la barrera más grande que le impide a los más pobres progresar, mientras ven cómo los más ricos, gracias a esa barrera, siguen acaparando cada día más mercados, más productos, mejores oportunidades y mayores márgenes de utilidad. 
Mario E. Archila M. 

Invitación al Seminario “Documentos del ISR”

Milagrosamente, SAT no hace más ajustes sostenibles en tribunales. SAT gana un poco menos del 20 % de los casos… Claro, en materia de impuestos no hay milagros, simplemente conocimiento o ignorancia.

El conocimiento, su prevención

El conocimiento es la mejor arma frente al abuso. La prevención, la mejor estrategia financiera. Regálele el conocimiento a su contador, auditor, asesor legal corporativo y gerentes…

Este año 2015 toca que se aplique plenamente el decreto 10-2012 en cuanto al Impuesto Sobre la Renta que contiene. Ya en 2014 empezaron a fiscalizar el año 2013, por lo que quienes sean fiscalizados este año -y en adelante- lo serán bajo esta normativa.

Desgraciadamente, la ley tiene vicios en cuanto a su técnica, redacción y fundamentación filosófica. Otro elemento negativo, desde la perspectiva de costo de cumplimiento, es la falta de criterios judiciales que iluminen la aplicación de las nuevas normas. Eso tardará unos 8 años en llegar…

Sin embargo, debemos imaginar que los criterios legales serán, siempre, los que prevalezcan y deben ser utilizados en la resolución de las dudas tributarias… De eso trata este seminario.

Mientras tanto, podemos interpretar las normas legales y prepararnos lo más apegado a criterios jurisdiccionales análogos basados en normas de las anteriores leyes del ISR, doctrina de las ramas del derecho que ilustran sobre las instituciones a que se refieren las normas legales-tributarias, atendiendo a precedentes.

Contenido

Hay 10 documentos o “grupos” de documentos necesarios para que un gasto sea deducible. Hay 2 requisitos adicionales. Hay 29 gastos deducibles. Hay 19 tipos de gastos definidos como “no deducibles”. Vamos a agrupar cada gasto según su grupo de documentación necesaria.

Para establecer si un gasto es deducible:

  1. Debe estar en definido como gasto deducible;
  2. Debe cumplir con los requisitos para la deducibilidad:
    1. De fondo
    2. De forma
  3. Debe cumplir con la documentación para que el gasto sea deducible.
  4. No debe estar en el listado de gastos no deducibles.

Del seminario

4 horas efectivas. De la ley al documento al requerimiento de información. Todo en un sólo seminario.
18 de marzo de 2015 de 8 am a 12:30pm, Auditorio Cancuen del Grand Tikal Futura Hotel.
Inversión: Q750.00; cupo limitado.

Grupos de 3 ó más: Q560.00 por persona.
Reserve al 23788484. Doris le dará las instrucciones para el pago.

Lo espero.

Mario E. Archila M.

Nuevo seminario… Documentación correcta para el ISR

Documentación de operaciones y preparación ante posibles fiscalizaciones de SAT.

Milagrosamente, SAT no hace más ajustes sostenibles en tribunales. SAT gana un poco menos del 20 % de los casos… Claro, en materia de impuestos no hay milagros, simplemente conocimiento o ignorancia.

Azteca

Al terminar, sabrá cómo “deducibilizar” gastos que en otro momento de la historia serían claramente un gasto deducible y ahora requieren trámites o documentaciones adicionales.
Esta parte es principalmente valiosa para los notarios y asesores jurídicos que no son expertos en materia tributaria para evitar ajustes por faltas de documentación.
Para los contadores y auditores, el seminario les permitirá conocer la documentación que deben tener y qué deben o pueden requerir según la ley, a modo de mantener los soportes contables de manera adecuada.
Cualquier contribuyente encontrará valiosa información para prescindir de requerimientos de documentación que no son los necesarios durante una futura fiscalización o litigio tributario -si fuera el caso.

El conocimiento, su prevención

El conocimiento es la mejor arma frente al abuso. La prevención, la mejor estrategia financiera. Regálele el conocimiento a su contador, auditor, asesor legal corporativo y gerentes…

Este año 2015 toca que se aplique plenamente el decreto 10-2012 en cuanto al Impuesto Sobre la Renta que contiene. Ya en 2014 empezaron a fiscalizar el año 2013, por lo que quienes sean fiscalizados este año -y en adelante- lo serán bajo esta normativa.

Desgraciadamente, la ley tiene vicios en cuanto a su técnica, redacción y fundamentación filosófica. Otro elemento negativo, desde la perspectiva de costo de cumplimiento, es la falta de criterios judiciales que iluminen la aplicación de las nuevas normas. Eso tardará unos 8 años en llegar…

Sin embargo, debemos imaginar que los criterios legales serán, siempre, los que prevalezcan y deben ser utilizados en la resolución de las dudas tributarias… De eso trata este seminario.

Mientras tanto, podemos interpretar las normas legales y prepararnos lo más apegado a criterios jurisdiccionales análogos basados en normas de las anteriores leyes del ISR, doctrina de las ramas del derecho que ilustran sobre las instituciones a que se refieren las normas legales-tributarias, atendiendo a precedentes.

Contenido

Hay 10 documentos o “grupos” de documentos necesarios para que un gasto sea deducible. Hay 2 requisitos adicionales. Hay 29 gastos deducibles. Hay 19 tipos de gastos definidos como “no deducibles”. Vamos a agrupar cada gasto según su grupo de documentación necesaria.

Para establecer si un gasto es deducible:

  1. Debe estar en definido como gasto deducible;
  2. Debe cumplir con los requisitos para la deducibilidad:
    1. De fondo
    2. De forma
  3. Debe cumplir con la documentación para que el gasto sea deducible.
  4. No debe estar en el listado de gastos no deducibles.

Documentos a presentar juntamente con la declaración anual

En este caso, según la actividad podrían ser necesarios documentos distintos, así que los trataremos agrupados así:

  1. Documentos comunes a presentar por todos,
    1. Contabilidad, quiénes sí y quiénes no
    2. Estados financieros
  2. Documentos a tener disponibles,
    1. Relativa al contribuyente
    2. Relativa al grupo empresarial
  3. Documentos para clases especiales de contribuyentes y
  4. Documentos según cada actividad
    1. Recursos naturales
    2. Actividades mineras
    3. Construcción y similares
    4. Lotificaciones

Estos listados legales de normativa, lo cruzaremos con requerimientos de información que SAT ha efectuado durante el 2014, a modo que vea los requisitos desde la perspectiva de SAT. Evidentemente le explicaremos cuáles de esos “requerimientos” son “nulos” y cuáles sí “ni modo”, usted debe cumplir… EN 3 DÍAS HÁBILES

Del seminario

4 horas efectivas. De la ley al documento al requerimiento de información. Todo en un sólo seminario.
18 de marzo de 2015 de 8 am a 12:30pm, Auditorio Cancuen del Grand Tikal Futura Hotel.
Inversión: Q750.00; cupo limitado.

Grupos de 3 ó más: Q560.00 por persona.
Reserve al 23788484. Doris le dará las instrucciones para el pago.

 

Lo espero. No tenemos muchos espacios.

 

Mario E. Archila M.

La defensa tributaria…

Ayer mientras nos entrevistábamos con un posible cliente, me vino a la mente aquel caso que recibí siendo aún estudiante… Un día de febrero de 2015. Ese primer caso que me tocó “ver qué hacía” durante el año que preparaba mis exámenes para graduarme. Mi jefe de aquel entonces salía de viaje ese mismo día.
Hoy, la firma, Archila & Asociados, con sus 51 años encima, suma más de 100 casos activos en sus diferentes instancias.
Estos procesos nacen, casi todos, de acciones de SAT ocurridas con posterioridad a 2009. Tristemente, si bien el volumen de casos aumenta, no ha aumentado, es peor, ha disminuido el nivel de los ajustes. Cada día son menos técnicos, menos analizados y mucho más contrarios a la jurisprudencia “ancestral”.
Da tristeza que la Administración Tributaria se empiece a dedicar a ajustar en aspectos que no tienen sustento.
Criterios que no tienen sustento ni siquiera desde la perspectiva contable básica, no digamos de la ley. Triste que el contribuyente tenga que sufrir acosos de la autoridad fiscal, cuando todo está correctamente operado.
Escuchar distinciones absurdas como “son bajo criterio técnico, la argumentación jurídica es en otra instancia”, simplemente da terror. No hay criterios técnicos fuera de los jurídicos, pues la Administración Tributaria, la SAT, aplica DERECHO TRIBUTARIO, es decir, que es el brazo aplicador del Sistema Tributario. Ese sistema tributario responde a las normas del derecho, no de la contabilidad ni de la gestión financiera.
Si no comprendemos ese punto, seguiremos haciendo distinciones extrañas y sin sentido. En estos 15 años, por dicha, he podido atestiguar que la razón legal debe prevalecer. Las decenas de tratadistas y los cientos de sentencias consultadas en este lapso -tanto locales como extranjeras- dejan muy claro que la contabilidad es lo de menos… La contabilidad debe ser el resultado de la aplicación de la norma jurídica y la norma jurídica es derivada de la aplicación constitucional, de la integridad del sistema jurídico, de la aplicación de todo el DERECHO…
Es así que no tenga pena de contradecir a su contador, siempre y cuando lo haga con la razón del derecho en la mano. No hay tal cosa como “contabilidad fiscal”… Hay contabilidad que se concilia para cumplir con el derecho tributario… Lo que debe prevalecer es, SIEMPRE el Derecho.

Mario E. Archila M.

Devuelven líneas telefónicas

Debo confesar que me atoré de la risa escuchando al presidente diciendo que el impuesto a las líneas telefónicas no debía ser trasladado porque iba sobre las líneas asignadas y no sobre minutos. Me reí mucho.

Era de esperarse que se devolvieran todas las líneas telefónicas que no tenían usuario y que no pagaban nada, pues implicaba 2 cosas:

1. Impuesto al patrimonio. En este caso, un patrimonio que por sí mismo no tiene valor, pues equivale únicamente a la capacidad de colocar ese número telefónico al mercado de minutos.

2. Impuesto adicional a la renta, ya que para cubrirlo, debe generarse renta con la venta de minutos de aire u otros servicios, como internet, mensajitos, televisión por cable.

Y el resultado sería previsible. Si el costo no podía ser diluido en los ingresos que se tienen al mes o bien trasladado directamente al usuario de ese número telefónico, imposible que la decisión racional sea pagar Q30,000,000 mensuales (eso es el dinero que acaban de devolver las compañías telefónicas). Es así que si se lo podían ahorrar, se lo ahorrarían.

En cuanto a la forma en que se concibió el impuesto, vale mencionar que no refleja capacidad de pago por sí mismo. Es como decirle al tendero de la esquina que debe pagar un impuesto porque cada botella de gaseosa que podrá comprarle al camión repartidor, sin importar si las llegue a comprar o las llegue a vender en un futuro.

Los indicadores como inventarios -esto era un inventario de líneas disponibles- los activos, hasta los ingresos, no pueden ser criterios para establecer hechos generadores. Es así como ya lo dijo alguna vez nuestra Corte de Constitucionalidad (y lo dice mucha doctrina) al declarar inconstitucional el impuesto a bebidas que se había establecido a razón de Q1.00 por litro o bien Q1.00 por polvo de refresco para hacer 1 litro. Así que el Toki no tiene impuesto gracias a que la Corte de Constitucionalidad dijo que el “litro” no era una medida de capacidad económica, sino de volumen y que la riqueza se generaba cuando se vendía el “litro” y por tanto no podía gravarse algo que puede ser expectativa de renta…

De tal forma que, por simple análisis racional, vemos que el gobierno previó un ingreso millonario por este impuesto, pero ya ha sido reducido en Q360,000,000 y falta aún ver cuántos usuarios devolverán sus líneas extra cuando les digan que para conservarlas tendrán que cargar por lo menos Q10 y quizás, ya no haya cargas “multiplicadas” para menos de cierta cantidad… Eso bajará un poco más la previsión de recaudación.

Era de esperarse… pero la arrogancia de algunos no tiene medida.

Verdaderamente todavía me sorprenden las declaraciones del presidente y saber que la idea viene del partido de oposición… Imagine lo que viene si ganan.

Mario E. Archila M.