Dale con el “secreto bancario”

Varios mitos tras la suspensión de la Corte de Constitucionalidad que vale la pena aclarar.

1. SAT puede tener acceso a la información bancaria desde hace más de 10 años. Este acceso estaba ya regulado, como cualquier otra cosa en poder de terceros y debido a la garantía de confidencialidad contractual y en parte legal, los bancos podían haber requerido que fuera con intermediación de juez. Este procedimiento está en el Código Tributario desde, por lo menos, 2006.

2. El procedimiento anterior no era del gusto de SAT por algo tan absurdo como querer ser una agencia terrorista o MI6. Su excusa es que se iba a enterar el contribuyente. Este país, en papel, es una República y por tanto, los individuos tienen ciertos derechos, como a saber que están siendo investigados y tener acceso a cualquier expediente que sobre ellos se forme. ¿Han oído hablar de la policía aquella secreta que infundía terror? No la GESTAPO, sino el DIC. De eso se trató la Asamblea Nacional Constituyente en 1985. Se colocó en la Constitución un montón de letras con el afán de que eso no volviera a suceder. Pues SAT lo está haciendo con ese procedimiento. Sólo mire estos dos artículos de la Constitución:

Artículo 30.- Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.

Artículo 31.- Acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos.

Es claro que si van a formar un expediente con MI información, dicha información tiene que ser de acceso a mí, el contribuyente en cuestión y, es más, a saber LA FINALIDAD DE LA MISMA Y DERECHO A CORREGIRLA, RECTIFICARLA Y ACTUALIZARLA.

El procedimiento, por tanto, es inconstitucional, sin mucha duda.

3. Al eliminar el PROCEDIMIENTO, no es que SAT no tenga cómo hacerlo. Pero como ya les dije en varias conferencias a los señores de SAT, pues presentes había hasta intendentes, no repetiré acá dónde está el procedimiento.

4. La información bancaria no es esencial para recaudar ni para verificar obligaciones tributarias, pues el dinero que entra a una cuenta de banco no necesariamente implica que deba ser parte de la base imponible.

Me explico. En Guatemala, nuestra tributación es sobre principios territoriales. Es así que si un contribuyente genera renta por actividades en el extranjero, en Guatemalan no debería pagar impuesto a la renta, como tampoco emitir factura del IVA ni enterar débito del IVA alguno.

Otro caso podrá ser el que haya anticipos. Los anticipos son cuentas por pagar al cliente y no generan renta ni emisiones de facturas del IVA.

En estos dos casos habrá depósitos de dinero a la cuenta de bancos, pero no habrá pago de impuesto alguno.

De la misma manera habrá situaciones en las que los pagos de impuestos son mayores a los ingresos a bancos por el hecho de la operación comercial. Es así, por ejemplo, que la ley del IVA obliga a emitir la factura cuando se entrega el bien vendido, aunque no haya pago. En el ISR, si está en sistema de lo devengado (lo usual) debe registrar el ingreso aunque no tenga dinero.

Con lo anterior, espero se comprenda que la información bancaria es complementaria a TODOS los demás elementos de fiscalización.

5. Se estableció el artículo como mecanismo “exculpatorio” de delitos pues es cuando exista “duda razonable en SAT”.

Ese término se utiliza para condenar: “Una persona es inocente hasta que se prueba lo contrario más allá de la duda razonable“. Es así que al decir que SAT solicita la información cuando tiene “duda razonable” de las determinaciones de impuestos, implica que ya lo considera culpable y con este procedimiento lo exculpará o confirmará su presunción de culpabilidad.

Esa postura viola la constitución, pues toda persona es inocente hasta ser CITADO,OÍDO Y VENCIDO en proceso legal ante juez competente. Por tanto, tener un procedimiento secreto en el que el contribuyente no tiene derecho a nada, ni a presentar información complementaria que clarifique los estados de cuenta, ES violatorio de la Constitución.

Espero haber aclarado un poco el embrollo.

Mario E. Archila M.

Y que si la música y el arte

Una gran discusión ha salido en las redes la semana anterior respecto a si las artes -música, pintura, danza- deben tener más o menos espacio en la educación de los niños en Guatemala. El tema causó, seguramente, hasta insultos.

El tema de la educación y el diseño curricular siempre es problemático. Métodos de enseñanza hay muchísimos. Teorías sobre pedagogía y aprendizaje, otro montón. Hay debates mundiales sobre la carga óptima diaria hasta la necesidad de prohibir en las cafeterías de las escuelas algún tipo de comida.

Lo cierto es que la modificación al nombre del curso y la publicación de la cantidad de horas semanales que las artes deben tener dentro del diseño curricular guatemalteco ha sacado el principal tema a flote: CADA UNO DE NOSOTROS JUZGA MEJOR QUÉ TIPO DE EDUCACIÓN DEBE DAR A SUS HIJOS.

Es así que el paradigma a discutir es sobre el hecho que una dependencia de gobierno pueda o no dictar un diseño curricular obligatorio y único para un país. Hay temas mucho más profundos que “si 2 horas de artes a la semana es suficiente” y esta discusión en redes la ha sacado, aunque no se reconoce a simple vista que lo que la gente está verdaderamente discutiendo es ese poder innato que las personas tienen de decidir por sí mismas la educación para ellos y sus hijos menores.

Estoy seguro que si no tuviéramos intervención estatal en el diseño de currículos base y esos controles burocráticos a prestar servicios educativos y cómo pueden prestarlos (aún los privados), en el país tendríamos jornadas educativas de 5 horas al día, ciclos que van con las cosechas específicas de ciertas zonas, educación totalmente enfocada en creatividad y emprendimiento, escuelas secundarias y de diversificado con carreras como danza, pintura o música o bien, electricistas, carpinteros y técnicos de construcción  o escuelas de diversificado en traducción y hasta gestión de centros de servicios. Habría escuelas de bachillerato o perito que buscarían explotar industrias y recursos de las zonas en las que se encuentran (ventajas competitivas), así como otras que se especializarían en que sus alumnos califiquen para los programas de becas al 3er mundo que se otorgan en muchas universidades de países desarrollados.

Es más, habría programas de “escuela en casa” aprobados y autorizados para que los niños pudieran perseguir un sueño de ser bailarines, pintores, actores, directores de cine y otras tantas cosas.

Así es que, al final, todos estamos de acuerdo en que un burócrata no tiene por qué ser quien dicte los contenidos de la educación de nuestros hijos y eso nos lleve a cuestionarnos si queremos seguir pagando por algo que no llena nuestras expectativas.

 

Mario E. Archila M.

Ley de Competencia ¿Necesidad, moda compromiso?

Un tema complejo por las disciplinas que se unen en la elaboración de la legislación, su interpretación y aplicación.

Se ha dicho que tenemos ya la obligación de contar con una “ley de competencia” pues se acordó ello en el tratado de libre comercio con la Unión Europea. Es así que surgen algunas dudas respecto a si contamos o no con una ley de competencia. En boca de muchos está  contundentemente que no la teníamos. De esta respuesta depende, entonces, si lo que necesitamos es una ley de competencia o bien una reforma a la actual o lo que tenemos, en caso de responder afirmativamente la primera interrogante, es suficiente. De ello desarrollaremos el contenido de estas páginas.

Ley de Competencia, ¿existe ya?

El Código de Comercio de Guatemala contiene en el Libro II, título II, las normas que corresponden al título referido, denominado “De la protección a la libre competencia”.

Desde 1890 existen regulaciones legales sobre “competencia”, gracias a la denominada “Ley Sherman”. Los efectos en el tiempo son bastante cuestionables. Véase, así, por ejemplo, que Esso Standard Oil fue la primera compañía sancionada con esta ley. Rockefeller fue perseguido como criminal dado que su compañía era demasiado grande. De la aplicación de la ley, surgen 34 empresas más. Sin embargo, hoy día, Exxon-Mobile, la descendente directa de Esso Standard Oil, es la compañía más grande del mundo.

De la misma manera, debe comprenderse que Rockefeller hizo una fortuna impresionante por el hecho de satisfacer mejor que otros y a precios cada vez más accesibles, las necesidades de los consumidores en Estados Unidos del siglo XIX. Es así que un infundado miedo, quizás, llevó a establecer la ley Sherman, para evitar el empleo de ese “tamaño económico” de manera negativa.

Esos miedos han sido bastante superados en los países avanzados y la teoría económica, donde se sabe que no es el tamaño de una empresa el elemento esencial, sino las barreras de entrada y la capacidad de afectar al consumidor inmediato en ese momento dado. Típicamente, las legislaciones de competencia parten del modelo de competencia perfecta, que sabemos es un modelo que permite diseñar escenarios, sin embargo no refleja la realidad, en virtud que es imposible, a priori, conocer la totalidad de la información que el sistema de competencia “perfecto” requiere y mucho menos, que una autoridad de competencia pueda modelar de manera “perfecta” esos escenarios que le permitan predecir el futuro de cierto comportamiento empresarial.

Es así que muchos problemas contemporáneos (trataremos 2 casos reales en líneas venideras) son manifestaciones de los problemas de modelar el escenario, precisamente por la falta de información en los órganos encargados de su aplicación.

El empresario, evidentemente, tiene la información limitada, pero matizada por su nivel de aversión al riesgo, para buscar la mejor estrategia a modo de superar sus costos marginales  o por lo menos lograr equilibrio en los mismos. Esas estrategias pueden ser inversiones a corto plazo, precios bajos -por corto plazo- estrategias de mercadeo, etcétera. La cantidad de variables hacen complejo un sistema de legislación de competencia que pueda actuar como filtro de acciones permitidas y acciones no permitidas (legislaciones de análisis a priori) y otras que requieren mecanismos “correctivos” o sancionatorios. En la jurisprudencia internacional, sin embargo, aún los sistemas correctivos (a posteriori) tienen fallos y permiten poner en duda la verdadera eficacia de estas legislaciones.

Desde la perspectiva jurídica, cualquier regulación debe pasar el examen de la justicia. De tal manera, prácticas que mejoran el rendimiento empresarial, bajan precios al consumidor  o presentan innovaciones importantes en bienes y servicios no pueden ser coartadas por reglas para proteger la “competencia”, cuando la competencia tiene como resultado precisamente bajar precios, mejorar el rendimiento empresarial y provocar innovaciones en bienes y servicios.

Es así que, como apunta Hayek “… en determinados supuestos la existencia del monopolio (o del oligopolio) puede ser deseable consecuencia del correcto funcionamiento de la competencia. Dicho en otras palabras: la competencia ‘habrá cumplido su papel’ aun cuando engendre, por lo menos transitoriamente, alguna situación de tipo monopolista…”

Es así que me he atrevido a expresar que Guatemala ya cuenta con una ley de protección de competencia, basado en el artículo 361 del Código de Comercio que establece que “Todas las empresas tienen la obligación de contratar con cualquiera que solicite los productos o servicios que prestan, observando igualdad de trato entre las diversas categorías de consumidores”.

Citando a Hayek, comprendiendo que “…lo que permite a la gran empresa controlar la conducta ajena (poder) no es tanto el volumen de recursos controlados como la posibilidad de suspender la entrega de mercancías que la gente perentoriamente precisa consumir…” Y agrega que este poder no deriva de la posibilidad de controlar los precios, sino del hecho …” de que la empresa está en situación de discriminar entre los diferentes compradores…”.

Por lo tanto, la obligación que establece la ley es una norma de protección de competencia y contra el ejercicio de poder de mercado. Las normas que siguen se sitúan en el campo de “competencia desleal”, aunque la definición de “competencia desleal” es lo suficientemente amplia como para permitir la incorporación vía jurisprudencial de ciertas figuras que la ciencia económica y la doctrina del derecho económico ya han creado. Se define, así, en el artículo 362 como actos desleales “Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, se considerará competencia desleal y, por lo tanto, injusto y prohibido”.

Es así que como actos contrarios a la buena fe comercial y al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles pueden encontrarse, en el proceso judicial, los pactos colusivos, pactos de restricción de oferta, las protecciones territoriales, entre otros.

El procedimiento es un juicio ordinario que pueden iniciar los particulares, las asociaciones gremiales o la Procuraduría General de la Nación.

¿Suficiente?

Personalmente considero que es suficiente la legislación sustantiva para lograr la regulación que se requiere. Sin duda hay que realizar reformas, pero en la parte procesal.

La principal reforma es en el procedimiento, pero es una reforma general al sistema de justicia, ya que el juicio ordinario se convierte en un largo proceso, lleno de trabas. Es así que para este tipo de procesos debe permitirse en Guatemala:

a) Acción colectiva; de modo que puedan adherirse a un juicio varios consumidores ofendidos por el comportamiento. Acción tipo “class action” en Estados Unidos.

b) La modificación a los procedimientos judiciales para evitar los litigios de forma (con recursos entorpecedores);

c) La acción por la Procuraduría General de la Nación ya existe, pero falta formar a los profesionales dentro de dicha institución para reconocer estas prácticas; y, por último, la más importante:

d) La prohibición del artículo 361 citado anteriormente, debe ser claramente incluida en las acciones legales posibles, ya que hoy día, si no se interpreta el acto 361 como un acto de “competencia desleal” no existe acción judicial posible. He allí que debe modificarse el artículo 364 para incluir claramente en él, la acción por actos “monopólicos”.

Considero positivo que es una acción judicial directa y no como se ha realizado en varios países y se presentó en la charla como lineamiento para la ley local, en cuanto a crear una Superintendencia de Competencia, pues el sistema de control de los actos administrativos involucraría un litigio administrativo en dicha dependencia, entre el infractor y la Superintendencia, lo que impide el acceso como parte al público, a otros agentes económicos y luego, de todas maneras, desemboca en un juicio “contencioso administrativo” que no es más que un juicio “ordinario” de única instancia; entre el infractor y dicha Superintendencia.

Es así que no veo del todo accesible dicha vía, con el inconveniente adicional que una Superintendencia tiende a atender problemas coyunturales y de política, más que verdaderos problemas de competencia. Tenemos que considerar que la evaluación de los funcionarios encargados puede ser fuerte y de corto plazo, a modo que se vean tergiversadas sus funciones reales (“The importante of time in antitrust analysis results from the fact that the policy maker is necessarily concerned with short-un dislocaciones in the market. We could presume that all markets will eventually become competitive, but antitrust is concerned with ensuring that this occurs sooner rather than later. The concern is not unique to antitrust … in the long run all of us will be dead. But the fact does not undermine the state´s concern to protect us from murderers or see to it that we are provided with nutrition and health care”.

Caso ejemplificativo

El caso Nestlé/Perrier, por ejemplo, para citar un caso que demuestra el alto grado de complejidad y en su caso, subjetividad a que se sujeta este tipo de legislación, tenemos que para definir el mercado relevante del producto, “agua embotellada”, se discutió que para unos -Perrier- el mercado relevante era “bebidas no alcohólicas” pues todas ellas tenían la misma función: quitar la sed. La Comisión Europea de Competencia, por su parte, argumentó que el mercado relevante debía ser, no sólo porque el cliente buscaba “quitarse la sed” sino “quitarse la sed con un producto sano -no endulzado”, pero eso llevaba a incluir el agua entubada y por tanto, que Coca-Cola era un potencial entrante, ya que Coca-Cola requiere a sus embotelladores iniciar el proceso con agua potable entubada antes de mezclar el jarabe y las burbujas. Para ello, la Comisión agregó a su definición de mercado relevante “producto líquido para quitarse la sed de una fuente natural que proveyera minerales”. Surge entonces la noción que el agua gasificada puede ser parte del mercado relevante o no.

Es por ello que resulta muy complicado dar poderes de decisión a oficinas gubernamentales, ya que el juego de los términos para incluir o excluir un producto o una situación, puede causar mayores distorsiones a la competencia que simplemente permitir la interacción.

Mario E. Archila M.

Problemática de la llamada Ley de Inversión

¿Servirá la ley? Eso me pregunta la gente muy frecuentemente. Mi respuesta es que probablemente no.
En la profundidad de dicha ley, no obstante, podemos decir mucho más. Es una ley que ignora principios básicos que sustentan un Estado de Derecho, por tanto, una república en su mejor sentido.
El Estado de Derecho se erige sobre la base de la igualdad ante la ley, como uno de sus fundamentos. Diría que el principal.
En el caso de estas famosas leyes de fomento de cualquier cosa, este principio siempre se ve anulado, roto, ignorado. Esta propuesta de ley, ahora, busca “incentivar” y promover la inversión en el país. Se dice que porque ya el resto de países Centroamericanos tienen legislación similar. Dice el adagio que el error no es fuente de Derecho. En nuestros países, el error es fuente de privilegios.
Tributariamente, el principio de igualdad, como lo expresa la Corte de Constitucionalidad en innumerables fallos, implica que a igual capacidad de pago, igual tributación y a mayor capacidad de pago, mayor tributación.
Es así que esta “fabulosa ley” otorga el “incentivo” de no pagar impuesto para inversiones “nuevas” y de cierto tamaño -US$800,000-. Es así que cualquier emprendimiento nuevo de menor tamaño, como los que realizan aproximadamente el 60% de la población (economía hoy “informal”) y las PYMES formales, no podrán siquiera optar por calificar.
He allí que el incentivo aplica a empresa con capacidad financiera muy por encima de la media del empresario guatemalteco. Su capacidad de pago, por tanto, mucho mayor, pero no pagará impuesto sobre la renta. ¿Y el principio de igualdad y capacidad de pago?
Otro principio básico de la tributación en un sistema de Derecho, es el de generalidad. Dicho principio indica que todos estamos llamados a contribuir a las cargas públicas conforme a nuestra capacidad de pago. El principio implica la obligación de contribuir y a su vez impone la limitante a los gobiernos que no pueden decretar exenciones salvo en el caso de incapacidad de pago. Es decir, el principio veda la concesión de privilegios por raza, credo, afiliación, clase, pero admite las exenciones por razones de capacidad de pago.
Acá se exime a grandes capitales, por lo que no es una exención dada en atención a la capacidad de pago.
De lo anterior, por tanto, debemos preguntarnos si puede calificarse esta ley como “justa”. Nuestra Constitución Política en el artículo 243 obliga al Congreso a establecer un sistema tributario justo y equitativo y para ello le ordena que las cargas se decreten conforme al principio de capacidad de pago. Hemos ya esbozado los principios básicos de la justicia tributaria, mismos que son flagrantemente violados por esta ley. Es así que no podemos calificar la ley de justa, bajo ninguna perspectiva. Tampoco podemos sostener que la ley ayuda a hacer un sistema justo.
Lo que sí podemos asegurar es que viola principios fundamentales, otorga beneficios y rompe hasta con el más elemental sentido de proporcionalidad de las cargas. La propuesta es una clara aceptación que el impuesto a la renta es un desincentivo a la promoción de inversión y empleo, por lo menos formal, por lo que si cumpliéramos con los principios expuestos, se aboliría dicho impuesto de manera general.
Mario E. Archila M.
Entrada publicada originalmente en RepúblicaGt

Mejorar la recaudación

En la última semana he oído varias declaraciones sobre cómo SAT y el gobierno central buscan mejorar la recaudación. La cosa es más sencilla de lo que pensamos y más compleja de lo que quisiéramos. Sin embargo hay un par de temas que nunca salen en estas declaraciones y caemos en el común problema de mal enfoque.

Como el tema es que la recaudación está baja, las declaraciones y propuestas que salen son para “mejorar” dicha recaudación. La baja recaudación, entonces, se enfoca como el problema. El problema rara vez es la baja recaudación, sino la mala utilización de los recursos.

La recaudación debe ser “conforme a las necesidades del Estado”, según indica el artículo 239 de la Constitución. Es así que la recaudación responde a dichas necesidades. El punto inicial de las preocupaciones fiscales, por tanto, debe ser “¿Para qué necesitamos dinero?” La respuesta debe ser analizada para descubrir si lo que se plantea SON o no necesidades del Estado.

El Estado nace para proteger esferas de Derechos de los ciudadanos. Es así, por ejemplo, que los Estados modernos resultan de textos preconstitucionales que limitaron los poderes de los reyes. El sistema de gobierno del primitivo Israel, fue uno de jueces. Sin “reyes”. Es así que vemos en documentos históricos que los gobernantes han sido limitados para permitir a los individuos mantener y proteger sus esferas de derechos. Es así que la primera constitución moderna, la Federal Americana, se crea para garantizar lo que los colonos consideraban SUS derechos básicos de Vida, Propiedad y Búsqueda de la propia felicidad. Derechos que para ellos eran “inalienables” y “autoevidentes”. Para este siglo XXI, ya no son tan inalienables ni autoevidentes a la luz de las distorsiones lingüísticas que se han incorporado durante los últimos 200 años.

De esos tres derechos básicos, el que llama la atención para determinar cuáles son las necesidades del Estado, es el tercero: La búsqueda de la propia felicidad. Este derecho engloba la totalidad de visiones que podríamos tener sobre los fines del ser humano y a la vez es una definición que permite orientar el rumbo de un gobierno. La felicidad se define “subjetivamente” pues es “propia”. De ello, por tanto, se desprende que cada uno buscará lo que considere SU felicidad y resulta ser un límite y una garantía que los gobernantes deben respetar. Esta definición de “bien común” es la más comprensiva de todas, pues TU FELICIDAD no necesariamente será la mía y si permitimos que un gobernante decida cuál es la felicidad que vale la pena, no será una “felicidad” común a todos. No será un “bien común”, será únicamente el bien de alguno en particular, inhibiendo a los demás de la búsqueda de su propia felicidad.

Esta discusión es la inicial. Esta discusión nos llevará a estar de acuerdo en algunas funciones esenciales del Estado que deberemos tener como prioritarias. Es así que el Estado existe para proteger los fines que cada uno se traza, evitando que otros, incluso el propio Estado, interfieran en ellos. Tenemos así claro que ninguna persona, incluso el Estado, podrá realizar acciones contra la vida o la propiedad de otro. Tampoco acciones que interfieran con sus fines comerciales, personales, religiosos, etc.

Es así que debemos preguntarnos si es lícito que se emprendan acciones gubernamentales con el único fin de cobrar más tributos, pues aparentemente, todo el aparato recaudador del Estado es una grave interferencia en los fines propios de cada uno de nosotros.

He allí donde empezamos a encontrar las causas de las caídas en la recaudación de algunos impuestos. El hecho de pagar impuestos implica que se aumenten los costos de buscar la felicidad propia. Es así que al aumentar los costos, aumenta también el incentivo para encontrar formas de evitarlos. Unas más ingeniosas que otras y unas tan simples como el hecho de no inscribirse, siquiera, en SAT. Es decir, el comercio informal. La informalidad no llega a los niveles enormes que tiene en Guatemala, en países que son muy libres en sus relaciones comerciales.

La creación de nuevas normas de control, de nuevos procedimientos, de mayores requerimientos legales, no ayuda a que cada uno logre “su propia felicidad”. Es así que ya hemos empezado a ver que medidas como las intervenciones de Aduanas no lograron aumento en recaudación, sino que, por el contrario, baja la misma.

La economía ha establecido que el aumento de tarifas impositivas (deberé decir, del costo total de tributar) no implica que haya un aumento en la recaudación. Laffer hizo su famosa curva, determinando que llega un punto en el que un aumento de tarifa disminuye la recaudación total. Siempre se discute si estamos a la izquierda (se puede subir la tarifa sin ver el efecto negativo) o a la derecha de dicha curva. Creo que es obvio que en Guatemala estamos a la derecha de la curva, pues el 70% de las personas se niega a pagar impuestos. Esto implica que se percibe que el costo de tributar es ya más alto que el beneficio.

En el tema de “las necesidades del Estado”, por tanto, lo importante es considerar que mientras no haya inversión y gasto en lo prioritario (permitir la búsqueda de la felicidad de cada cual) sino que haya utilización del gasto público con fines electorales o privilegiantes, la población en general se resistirá al pago de cualquier exacción que pretenda el Estado. Es así que no podrá encontrarse legislación tributaria que permita llegar a las metas deseadas de recaudación, ya que el problema en sí no es la recaudación, sino el gasto.

Por otro lado, al crear programas que benefician a unos sobre otros, se crean privilegios y la población se resentirá al ver que el aparato Estatal perjudica más de lo que ayuda, pues las metas de esos “perjudicados” son mucho más que las metas de los pocos beneficiados. La limpieza de los programas y actividades estatales que están reflejadas en el presupuesto debe realizarse. No podemos continuar con programas de regalar cosas, dinero, comida, becas, juegos mecánicos, fiestas, construcciones de cosas innesarias para la población específica y hasta cosas como malos servicios de educación y salud -con los que yo no estoy de acuerdo, pero puedo aceptar que los tengamos. Tampoco es posible buscar presionar por más recaudación si la percepción de corrupción es tan alta. Una administración tributaria haciendo terrorismo, tratando a todos de delincuentes y muy lejos del cumplimiento de la ley, mientras vemos que contrata oficinas de millones de quetzales, mientras el famoso edificio de Finanzas Públicas está medio desierto.

Yo todavía no concibo cómo es que SAT tiene casi el mismo presupuesto que el Organismo Judicial. No me resulta comprensible cómo es que se pretende gastar tanto más en el ente que cobra impuestos, pero no se gasta ni la mitad en la contraloría de cuentas ni se invierte en los tribunales de justicia a los niveles que corresponde.

Creo que es hora de empezar a plantearse cómo sería un país en el que cada 100,000 habitantes cuenta con 1 tribunal de instancia civil y mercantil; por cada homicidio por cada 100,000 habitantes, hay un tribunal de instancia penal. Cada sala de apelaciones no ve más de 2 tribunales de instancia en apelación y la Corte Suprema revisa procesos de incidencia, únicamente, y su jurisprudencia es acatada. Estos procesos, no importa qué, no deberían exceder desde su inicio hasta su última fase en casación de 3 años.

Ahora veamos qué inversión requerimos y reorientemos el presupuesto en ese sentido, eliminando lo más superfluo, hasta que logremos tribunales capaces y aparatos de investigación suficientes. Una vez cumplido eso, iniciemos a ver si gastamos para otros menesteres, fortaleciendo la rendición de cuentas y control del gasto público.

 

Mario E. Archila M. 

 

 

Me sorprenden

losms13

Así parece que son nuestros funcionarios. Me sorprende cómo sueltan una tremenda tontería como crear un impuesto de seguridad.

Seguro que tomaron posesión y nunca se enteraron para qué se crea el Estado. Veamos, pues. Hace muchos años, crea o no en Adán y Eva, hace un chorro de años el ser humano era medio salvaje, medio mono (aunque a algunos no se les ha quitado) y de allí que los grupos sociales primitivos vivían bajo la ley del Tetunte: “El que tiene el tetunte más grande, pone la ley”.
La fuerza bruta daba la autoridad. Como buena manada de primates, se defendía el puesto con quijadas de burro y leños. Claro que el ser humano tiene habilidades superiores a la fuerza bruta. Es así que luego de un par de víctimas de tetuntazos, se descubre que el gorila mayor también tiene que dormir y dormido, el tetunte no sirve de mucho.

La vida, por tanto, es insoportable si la ley del miedo y la fuerza bruta es la que manda. Para ello se desarrollan mecanismos de solución de conflictos que pasan por delegar “autoridad” no poder. Autoridad para resolver quién tiene “derecho”. Consejos de Ancianos, reyes, pretores, sacerdotes, iluminados, etcétera.

Esos mecanismos van desarrollando instituciones, primero religiosas, luego sociales, que se convierten, con el paso del tiempo, en Derecho. Se va reconociendo que si quiero asegurarme que mañana estaré vivo, debo evitar ir a matar o atropellar al vecino. Si me cae mal algo, voy a los “ancianos”, reyes o lo que tenga “autoridad” para que defina quién debe hacer o dejar de hacer por el otro. Ése está autorizado a coaccionar el cumplimiento de lo que decidió.

Estas interacciones son la génesis de lo que luego se convierte en los estados modernos. El primero de ellos, Estados Unidos, allá en 1776. Se conforma, como lo dicen sus documentos fundacionales, para garantizar y proteger “la vida, la propiedad y el derecho a buscar la propia felicidad” de todos. Luego vienen los estados constitucionales europeos de finales del siglo XVIII e inicios del XIX, principiando con Francia. Y las Américas.

Es connatural, por tanto, a la existencia del Estado moderno que la autoridad se delega, principalmente, para dichos fines. Lo demás son adornos (“gracias” Weimar), pero no fundamentales.

Por lo tanto, si las necesidades básicas de un Estado son garantizar y proteger la vida, la propiedad y la libertad, lo que pagamos (ya desde el origen) en tributos, ES para esos fines. Es su causa. Su razón de ser. Ridículo, por tanto, que tengamos que pagar un “impuesto” específicamente para proveernos “seguridad”. Es como que usted vaya a McDonalds, pida un menú y luego que lo paga, le cobren extra por la hamburguesa, pues “con lo que pagó no alcanzó para la hamburguesa del menú”.

El principal análisis es determinar dónde se gasta en lo que no tenga razón fundamental de ser, para ir eliminando dicho gasto superfluo y con ello destruir las fugas del presupuesto. Priorizar el gasto, pues, para que se entienda. Una vez satisfechas a plenitud las razones básicas de ser del Estado, si queremos entrar en la repartición de otros privilegios, pues aceptaremos o no, pagar por ello; pero decirnos que vamos a pagar más por lo que ya es obligación inicial y fundamental, es bien absurdo.

 

Mario E. Archila M. 

 

Foto tomada de: http://marasypandillaslatinas.blogspot.com/2012/07/los-ms-13-la-ms-salvatrucha-13.html