Timbres de Q0.50 en actas

Imposible no comentar sobre este desatino de la comisión de postulación.

Allí puede verse que la comisión “obliga” a un timbre de Q0.50 en las actas de legaciones de documentos.

Esto demuestra un desconocimiento enorme de las leyes y principios en materia tributaria.

La ley del Impuesto de Timbres Fiscales contiene en su estructura dos formas de pago. La primera es en documentos y actos con valor, un pago de timbres fiscales del 3% de ese valor. Así los recibos de pagos y ciertos contratos, como las compraventas de bienes inmuebles, por ejemplo. La segunda forma es por tarifas fijas en las que se grava con un monto específico algún tipo de documento, típicamente notarial.

Es acá el problema de la mala interpretación legal que hace la comisión y tristemente, la gran mayoría de oficinas públicas. Ya antes había escrito de un error de SAT en los nombramientos de representantes de sociedades. Ahora es la comisión que escogerá los candidatos a magistrados.

Pues el tema es que el artículo específico -el 5- dice, en lo que nos importa ahora, lo siguiente:

“ARTICULO 5. * DE LAS TARIFAS ESPECIFICAS.

El impuesto a que se refiere este artículo, resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso, para los documentos siguientes:

5. Títulos, credenciales a documentos acreditativos del nombramiento o cargos o comprobantes de representación de personas jurídicas de cualquier naturaleza, extendidos en acta notarial o en cualquier otra forma. Q. 100.00. Se exceptúan del pago de este impuesto los nombramientos o documentos acreditativos de representantes de cooperativas, los cuales se rigen por lo dispuesto en las leyes especiales.

6. Indices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales, por cada hoja de papel. Q. 0.50.

7.Actas de legalización notarial de firmas o documentos. Q. 5.00.”

El impuesto de timbres fiscales es un impuesto típicamente documental. Es así que los hechos generadores son “El documento”.

ARTICULO 3. DEL SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO Y DEL HECHO GENERADOR.

Es sujeto pasivo del impuesto quien o quienes emitan, suscriban u otorguen documentos que contengan actos o contratos objeto del impuesto y es hecho generador del impuesto tal emisión, suscripción u otorgamiento.”

Entonces llegamos a tener que leer el artículo anterior y dilucidar de qué va cada uno de sus numerales.

Resulta que cada numeral es un hecho generador en específico. Es “un documento”. Entre todo, un tributarista serio debe siempre aplicar las reglas de interpretación para leer un artículo. La comisión aplica cada numeral por separado, como legos. En la materia, hay una prohibición a la doble tributación en el artículo 243 de la Constitución. Eso nos obliga a tener que interpretar el artículo 5 de forma que no cause violación constitucional. Luego, está el principio de especialidad, mismo que nos indica que la norma específica prevalece sobre la general. De esa manera, un nombramiento es específico a “acta notarial”, que es lo general y un “acta de legalización” es específico a “acta notarial”. Por tanto, esos documentos llevan únicamente el timbre fiscal más específico al tipo de acta de que se trate. Las de nombramiento llevan timbres por Q100, las de legalización por Q5.00 y las demás actas notariales Q0.50 por hoja.

Mario E. Archila M.

El anexo en el formulario del IVA es ilegal…

El acto de incluir este anexo constituye exceso de facultades por parte del Superintendente de Administración Tributaria. Dicha inclusión en el nuevo formulario SAT-2237 en el portal Declaraguate para la determinación, declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado, que está vigente para el pago del período fiscal de dicho impuesto correspondiente al mes de enero de 2019, de requisitos no está basado en ley.

Dichos cambios al formulario, único medio para poder efectuar el pago del impuesto, se materializan en los documentos electrónicos que encuentra en la web de la Administración Tributaria a la le agregó el presente link:

https://portal.sat.gob.gt/portal/preguntas-frecuentes/proveedoresivageneral

Dicho acceso a internet contiene las siguientes descargas:

a) Instructivo para llenado del apartado “detalle de proveedores locales (crédito fiscal) del cuadro 5 y 6” del formulario SAT-2237 Impuesto al Valor Agregado General.

b) Preguntas frecuentes sobre el registro de proveedores en donde muestras las supuestas bases legales que le permiten agregar requisitos para el pago del impuesto.

Dicho instructivo y preguntas frecuentes son para el llenado del formulario de pago del Impuesto al Valor Agregado mensual indicado, el formulario SAT-2237, régimen general que se encuentra en el siguiente sitio web numeral 1 IVA, IVA GENERAL:

https://declaraguate.sat.gob.gt/declaraguate-web/

c) Resumen del contenido del instructivo, preguntas frecuentes y formulario Declaraguate del IVA general.

En dicho instructivo, preguntas frecuentes y formulario para el pago del Impuesto al Valor Agregado se solicita que el contribuyente ingrese información específica que no es la forma regulada por la Ley, para la determinación de la obligación tributaria y sin ingresar esa información sobre los proveedores, no se permite el pago del tributo.

La información que se requiere de los proveedores es un detalle en forma decreciente de la suma de la facturas recibidas de cada uno de ellos.

La obligación tributaria del Impuesto al Valor Agregado se determina conforme a la ley y la ley indica, en su artículo 19, Decreto 27-92 del Congreso de la República, que “Del Impuesto a pagar. La suma neta que el contribuyente debe enterar al fisco en cada período impositivo, es la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados.”

Es así que la violación se configura al EXIGIR EL FORMULARIO PARA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL TRIBUTO INFORMACIÓN DISTINTA A LA EXIGIDA POR LA LEY COMO REQUISITO PREVIO A PAGAR.

6.1. Consideraciones sobre la improcedencia de esa modificación y requerimiento

El Código de Comercio de Comercio señala, en su artículo 373 que los registros contables deben ser en orden cronológico y, dentro de 2 meses de la transacción para considerarse “al día”. Esa misma norma aplica para que el libro de compras esté actualizado de acuerdo a las Ley del IVA y Código Tributario tal y como se señalará más adelante.

Veáse pues que la disposición de ínfima jerarquía normativa como es un formulario, modifica plazos y formas legales, con el agravante que si no se presenta como SAT solicita, no permite el pago del Impuesto al Valor Agregado, sino se cumple con tal ilegal solicitud.

Lo anterior es, hoy día por medio de un formulario electrónico, lo que anteriormente se conocía como “legislación de ventanilla” creada por el actual Superintendente de Administración Tributaria, quien ha excedido sus facultades legales violando los artículo 152 y 154 de la Constitución, incurriendo en posibles responsabilidades reguladas por el artículo 155 de la misma carta magna.

Incurre en posible responsabilidad civil al no permitir el ingreso a las arcas del Estado por disposición de “ventanilla” y hasta en posibles responsabilidades penales por violar leyes y obtener información por vía de coacción, y al abusar del poder que ostenta, solicitando requisitos que no están contenidos en la Ley.

Se deja claro desde ya que ninguno de los fundamentos legales que se utilizan en el documento de “preguntas frecuentes” son suficientes para OBLIGAR Y SUPEDITAR EL PAGO DEL IMPUESTO A COMPLETAR ESA NUEVA SECCIÓN, pues no existe NORMA DE JERARQUÍA LEGAL que indique que:

“El superintendente de administración tributaria, mediante disposiciones publicadas en su sitio web o por modificaciones a los formularios de pago del impuesto puede solicitar información distinta a la que requiere la ley para determinar el impuesto.”

Mucho menos encontraremos norma que le permita solicitar información de terceros por medio de un formulario de pago de tributos y peor aún, que sancione de manera indirecta cuando en el formulario de pago no se consigne la información de los proveedores de los contribuyentes, mediante traslado de la información del libro de compras a la declaración del formulario de pago del IVA con no poder presentar la declaración y no poder realizar el pago del impuesto.

Un texto en ese sentido NO EXISTE y es el único texto que pudiera facultar al Superintendente a realizar semejante acción, pero ese texto no existe, y por tal existe exceso de facultades. Es más, señalaremos que viola normas jurídicas específicas de la legislación tributaria que regulan la forma que podrá requerir esa información.

3.1. El instructivo señala:

a.Período a partir del cual deberá llenarse dicho apartado: enero 2019.

b.Cantidad total de proveedores: Para llenar esta casilla, se debe identificar a los distintos proveedores registrados en el libro de Compras y Servicios recibidos en el período que corresponda. Cada proveedor contará una vez sin importar cuántas de sus facturas aparezcan en dicho registro.

c.Proveedores Principales y cantidad de ellos a ingresar: El formulario le permitirá registrar el valor de las compras realizadas en el período impositivo mensual hasta un máximo de 10 proveedores, en orden decreciente de la suma de sus respectivas facturas sin incluir el IVA (Sin importar la cantidad de las mismas).

d.Estos son los datos que debe de ingresar en el detalle:

a.NIT del proveedor: Debe ingresar el NIT del proveedor, el cual deberá estar afiliado al Régimen General y éste no podrá repetirse.

b.Cantidad de facturas: Ingresar la cantidad total de facturas recibidas por proveedor, del período a presentar.

c.Monto Base: Ingresar la sumatoria de las facturas recibidas de cada proveedor, sin incluir el IVA y el IDP este último para las facturas de combustible (gasolina, diesel, otros).

Una vez ingresados los valores correspondientes de cada proveedor, deberá dar clic en el botón Agregar para que los mismos sean grabados.

Deberá repetir el procedimiento hasta completar el registro de sus proveedores hasta un máximo de 10 proveedores.

4.2.En el documento de “preguntas frecuentes” se señala en sus apartados 3, 10, 12 y 15 lo siguiente:

“3. ¿Cuál es el fundamento Legal para que ingrese la información de proveedores en el formulario del IVA?

Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Decreto Número 1-98 Artículo 3, literales a) e i).

Código Tributario, Decreto Número 6-91 Artículos 18, 68, 21 “B” numeral 1 y 5, 101 “A”, 98, numerales 2) y 3), 103, 112 numerales 1 c) y 7.

Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto Número 27-92

Articulo 18 y 40

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Acuerdo Gubernativo 5-2013

Artículo 40. Pago.”

“10. ¿Si no ingreso esa sección, puedo presentar mi declaración?

Si usted, ingresó valores en las casillas del formulario de los cuadros 5 y 6 solicitados en el apartado, deberá completarlo para presentar su declaración.”

“12. ¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con lo que se requiere en el apartado?

El sistema no le permitirá presentar la declaración. (Ver bases legales en la pregunta 3.)”

“15. Facturo servicios y en un mes no reporto mi crédito fiscal, ¿Debo llenar el apartado de

crédito fiscal?

En los casos que no reporta monto en la casilla de créditos, el formulario no exige el

ingreso del detalle de los proveedores.”

4.3. El formulario al ingresar al ingresar datos en el apartado 5 de compras, servicios adquiridos y compras de combustible crea un “detalle de proveedores locales”, y si no se llena el mismo, no permite validar la información.

Veremos como cada una de esas normas se refiere a facultades diferentes a poder colocar requerimientos de información en formularios de pago del tributo y eso no puede hacerse en un sistema de derecho.

Veamos pues cada detalle que impide que se haga lo que se pretende:

1. No existe norma que faculte al Superintendente de Administración Tributaria a impedir y bloquear el pago del IVA si no se traslada el detalle de proveedores, contenido en el libro de compras, en la declaración del IVA.

La Ley Tributaria no puede ser tergiversada de ninguna forma y mucho menos por disposiciones que no tienen ni siquiera rango de reglamento como es la modificación de un formulario. Ese acto viola el segundo párrafo del artículo 239 de la Constitución Política de la República. Toda la normativa que señala la Administración Tributaria mediante un documento denominado “preguntas frecuentes” no regula en lo absoluto tal facultad.

No existe texto legal alguno que faculte a la Superintendente de Administración Tributaria a realizar semejante atrocidad.

Las normas legales bajo la que se fundamenta la acción ilegal del Superintendente son las siguientes:

a) Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Decreto Número 1-98 Artículo 3, literales a) e i). (Para analizar esta Ley es importante tener en cuenta que la única Ley que puede regular el pago del IVA es la Ley del IVA, la Ley Orgánica de SAT regula y limita su campo de actuar, no le da poder absoluto).

El artículo 3 literal a) citado por SAT señala el objeto de la Administración Tributaria, en ningún lado señala que permita modificar los formularios para presentar declaraciones coaccionando a los contribuyentes a presentar información de terceros con los que tiene relaciones comerciales para aceptar el pago del tributo. Es más, al sujetar el pago del IVA mediante disposición de “ventanilla” el Superintendente viola la literal a) de dicho artículo en su parte final que establece:

ARTICULO 3.* Objeto y funciones de la SAT.

Es objeto de la SAT, ejercer con exclusividad las funciones de Administración Tributaria contenidas en la legislación de la materia y ejercer las funciones específicas siguientes:

a) Ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos y todos los tributos que gravan el comercio exterior, que debe percibir el Estado, con excepción de los que por ley administran y recaudan las municipalidades. Como parte de esta función, debe procurar altos niveles de cumplimiento tributario, mediante la reducción de la evasión, actuar de conformidad a la ley contra los delitos tributarios y aduaneros y facilitar el cumplimiento a los contribuyentes;

La literal i) de dicho cuerpo legal señala sus facultades fiscalizadoras, post pago de impuestos, la literal i) tampoco regula posibilidad alguna de solicitar información que la ley no contempla como parte de la determinación del tributo para sujetar el pago del IVA.

b) Código Tributario, Decreto Número 6-91 Artículos 18, 68, 21 “B” numeral 1 y 5, 101 “A”, 98, numerales 2) y 3), 103, 112 numerales 1 c) y 7.

El simple hecho de recitar artículo, no hace que el actuar de la Administración sea legal.

• El artículo 18 define al sujeto pasivo de la obligación tributaria.

• El artículo 68 regula la responsabilidad de presentar declaraciones, responsabilidad que se está viendo limitada por las condicionantes que está poniendo la Administración.

• El artículo 21 B señala que el contribuyente está obligado DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IVA a presentar sus declaraciones, el nuevo requisito de SAT está impidiendo, por disposición de “ventanilla” presentar las declaraciones, CUALQUIER REQUERIMIENTO DE SAT REGULADO EN EL NUMERAL 1 y 5 del artículo 21 B DEBE SER NOTIFICADO AL CONTRIBUYENTE, POST-DECLARACIÓN DE ACUERDO A LA FORMA Y PLAZOS DE LA LEY, lo anterior está regulado en los artículos 129 y 130 del Código Tributario sobre la notificaciones personales a los contribuyentes; AMÉN DE QUE EL PLAZO PARA MANTENER LOS LIBROS DE COMPRAS AL DÍA SON DE 2 MESES, NO ANTES DE LA DECLARACIÓN. (Ver artículo 37 de la Ley del IVA). Vale recordar que las facultades de la Administración Tributaria en cuanto a los tributos AUTODETERMINADOS, como el IVA, es su verificación posterios, tal como lo regulan los artículo 98 numeral 3 del Código Tributario: VERIFICAR. Requerir información de tercero como un requisito para aceptar un pago no tiene asidero legal alguno.

• El artículo 101 A del Código Tributario es violado por la propia administración ya que obliga a proporcionar información confidencial en cuanto al contenido del libro de compras sin mediar algún responsable que guardará dicha información. Es por ello que esa información solo se entrega cuando se notifica requerimiento con base a los artículo 129 y 130 del Código Tributario y así el contribuyente tiene certeza de quién es el auditor que le está solicitando información. El hecho de subir información a internet, permite que, cualquier persona, principalmente hackers y todos los del personal de tecnología de SAT, tengan acceso a dicha información. Recordemos que para requerir información respecto a terceros el Código Tributario reguló el supuesto en el artículo 30 “A” que indica que para hacerlo el contribuyente debe hacerlo “…dentro del plazo de veinte días de recibido el requerimiento”. Es así que DEBE OBLIGATORIAMENTE que mediar requerimiento para que esta información sea preparada y trasladada.

• El artículo 98 numeral 2 regula la facultad de SAT de requerir impuesto adeudado, no a requerir información previa, bajo apercibimiento de no recibir el pago. El cambio en el formulario de manera que requiera información de terceros como requisito para poder efectuar el pago es un claro caso de abuso de poder, pues el artículo específico que permite el requerir dicha información establece dos obligaciones

• El artículo 98 numeral 3 regula la facultad de SAT de revisar las declaraciones presentadas, no bloquear el pago a los contribuyentes. Y este artículo remite al artículo 30 -que tiene 30 días de plazo para ser atendido- y 93 para requerir la información.

• El artículo 103 regula la determinación de la obligación tributaria de conformidad con la Ley, el Impuesto al Valor Agregado es un impuesto que lo determina el contribuyente, por lo que no es un artículo que permita a la SAT a impedir el pago del IVA si no se divulgan los proveedores en la declaración. La ley del IVA establece que la obligación se determina por “…la diferencia entre el TOTAL de débitos y el TOTAL de créditos fiscales del período…” (Mayúsculas son propias). Los impuestos que determina SAT son el impuesto de circulación de vehículos y el Impuesto de Primera Matricula, para dichos impuestos sí le es permitido a SAT solicitar información previa pues es SAT quien determina y notifica el monto a enterar. El IVA es un tributo autodeterminable y la facultad de SAT es VERIFICAR, es decir, requerir información con posterioridad a la declaración y pago para establecer si efectuó correctamente el pago, no como requisito para efectuar el pago.

• El artículo 112 numerales 1 c) y 7 establecen:

ARTICULO 112. * OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES.

Los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de determinación, recaudación, fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria y en especial deberán:

1. Cuando las leyes lo establezcan:

c) Presentar las declaraciones que correspondan y formular las ampliaciones o aclaraciones que les fueren solicitadas.

7. Proporcionar a la Administración Tributaria la información que le requiera referente a actos, contratos u otros hechos o relaciones mercantiles con terceros, generadores de tributos, siempre que no se viole la garantía de confidencialidad establecida en la Constitución Política de la República y las leyes especiales, el secreto profesional, y lo dispuesto en este Código.

El numeral 1 c) obliga a presentar declaraciones y UNA VEZ PRESENTADA, formulara ampliaciones o aclaraciones, esa norma no faculta a SAT a bloquear el pago del IVA, sujetándola a información previa.

La solicitud de SAT siempre debe estar acompañada de una notificación personal de acuerdo al artículo 129 y 130 del Código Tributario, por lo que la facultad alegada por SAT no existe en ninguno de los artículos que con los que basa su actuar.

Y el numeral 7 obliga a que se sigan los procedimientos del Código Tributario para requerir dicha información. Eso está contenido en el artículo 30 y 30 “A”, que obligan a notificar el requerimiento y dar un plazo de 30 ó 20 días, respectivamente, para que el contribuyente responda el mismo.

c) Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto Número 27-92: Articulo 18 y 40

El artículo 18 de la Ley del IVA regula los requisitos formales de procedencia del crédito fiscal, en ninguna parte de dicho artículo se faculta al superintendente a bloquear e pago del IVA si previamente no se da un detalle de proveedores.

El artículo 18 del la Ley del IVA en su literal d) establece:

ARTICULO 18.* Documentación del crédito fiscal.

Se reconocerá crédito fiscal cuando se cumpla con los requisitos siguientes:

d) Que se encuentren registrados en el libro de compras a que se refiere el artículo 37 de esta Ley; y,

ARTICULO 37.* De los libros de compras y de ventas.

Independientemente de las obligaciones que establece el Código de Comercio en cuanto a la contabilidad mercantil, los contribuyentes deberán llevar y mantener al día un libro de compras y servicios recibidos y otro de ventas y servicios prestados. El reglamento indicará la forma y condiciones que deberán reunir tales libros que podrán ser llevados en forma manual o computarizada.

Se entiende, a los efectos de fiscalización del impuesto, que los registros de compras y ventas están al día, si han sido asentadas en ellos las operaciones declaradas dentro de los dos meses siguientes a que corresponda la declaración presentada.

Como se observa, la Ley presume al día el libro de compras dentro de los 2 meses siguientes a que corresponda la declaración presentada, NO ANTES DE LA DECLARACIÓN Y SIN ELLO NO SE PUEDA PAGAR EL IMPUESTO.

El artículo 40 de la Ley del IVA, únicamente regula la obligación de presentar declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado y el artículo 19 de la misma ley, ya citado, a determinar la obligación con la diferencia entre el total de débitos y total de créditos. Es SAT quien por medio de un requisito que viola la ley impide la presentación de la determinación en la forma que la propia ley establece y crea una amenaza de incurrir en multas y sanciones por actos directos de SAT que incumplen fundamentos legales.

d) Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Acuerdo Gubernativo 5-2013

Artículo 40. Pago.

Todo reglamento, como indica el último párrafo del artículo 239 de la Constitución debe establecer procedimientos que faciliten la recaudación y lo relativo al cobro administrativo del tributo. Un reglamento tributario es potestad exclusiva del Presidente de la República, por lo que una disposición interna de la administración no puede establecer trabas para el pago del mismo y mucho menos contradecir la ley y el Código Tributario.

Sin embargo dicho artículo tampoco faculta al Superintendente a realizar semejante acto violatorio.

Dicho artículo únicamente señala la forma de pago, sin embargo, el actuar de SAT está dirigido a bloquear el pago, sino se cumple con lo que ella quiere.

Dicho artículo regula:

ARTICULO 40. Pago.

El impuesto se pagará en efectivo o por cualquier otro medio que la Administración Tributaria ponga a disposición de los contribuyentes, a través de la declaración mensual que para el efecto se establezca.

En la declaración mensual las cantidades que se reporten deberán ser enteras, sin centésimos de quetzal.

2. Violación constitucional de sujeción a la Ley:

Los funcionarios de SAT no son superiores a la Constitución, ni al a Ley, si el artículo 135 literal d) de la Constitución señala como deber de los guatemaltecos contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la Ley, no es facultad del Superintendente de turno bloquear el pago a los contribuyentes, solicitando requisitos sin fundamento legal, empeorando la recaudación, ya que dicha disposición solo es un incentivo al a informalidad y un castigo a quienes cumplimos con la ley.

Es por lo anterior que el actuar del Superintendente de Administración Tributaria viola la Constitución al no permitir el pago de tributos a los contribuyentes, sujetándolos a requisitos sin fundamento.

Dicha norma constitucional regula:

“ARTICULO 135. Deberes y derechos cívicos.

Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes:

d) Contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley;”

Por lo anterior, actualmente, el Superintendente de la Administración Tributaria se encuentra en violación directa del artículo 154 de la Constitución que en su primer párrafo establece:

“ARTICULO 154. Función pública; sujeción a la ley.

Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.”

Vemos, por lo anterior, que el detalle de proveedores como requisito para el pago del IVA es ILEGAL y excede las facultades del Superintendente de Administración Tributaria, y lo hace incurrir en violaciones civiles y penales.

3. Forma y plazo para llevar el libro de compras:

No solo es necesario, para el actuar de cualquier funcionario público, que se cuente con una norma meramente facultativa, sino también que respete la Ley en cuanto las formas y plazos en que los contribuyentes deban llevar sus libros.

3.1. Forma de llevar la contabilidad de acuerdo al Código de Comercio de Guatemala:

El código de Comercio señala en sus artículos 373 y 375 lo siguiente:

ARTICULO 373. Operaciones, Errores u Omisiones.

Los comerciantes deben llevar su contabilidad con veracidad y claridad, en orden cronológico, sin espacios en blanco, interpolaciones, raspaduras, ni tachaduras. Los libros no deberán presentar señales de haber sido alterados, sustituyendo o arrancando folios o de cualquier otra manera.

Los errores u omisiones en que se incurriere al operar en los libros o registros, se salvarán inmediatamente después de advertidos, explicando con claridad en qué consisten y extendiendo o complementando el concepto, tal como debiera haberse escrito.

ARTICULO 375. Prohibición de llevar más de una Contabilidad.

Es prohibido llevar más de una contabilidad para la misma empresa. La infracción de esta prohibición es causa de que ninguna de las contabilidades haga prueba, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar.

El código de comercio señala que el orden de la contabilidad es en forma cronológica, el Superintendente de SAT solicita, que, para poder pagar el IVA la contabilidad se despliegue en su sitio web en ORDEN DECRECIENTE DE LA SUMA DE SUS RESPECTIVAS FACTURAS SIN INCLUIR IVA.

Se observar claramente que la Administración Tributaria solicita que la contabilidad se lleve a otra forma, sin facultad alguna, y peor aún, obliga a los contribuyentes a llevar otra contabilidad para efectos de presentar la declaración del IVA, situación inaudita e ilegal por prohibición expresa del artículo 375 del Código de Comercio.

3.2. Plazo para llevar al día el libro de Compras:

ARTICULO 37.* De los libros de compras y de ventas.

Independientemente de las obligaciones que establece el Código de Comercio en cuanto a la contabilidad mercantil, los contribuyentes deberán llevar y mantener al día un libro de compras y servicios recibidos y otro de ventas y servicios prestados. El reglamento indicará la forma y condiciones que deberán reunir tales libros que podrán ser llevados en forma manual o computarizada.

Se entiende, a los efectos de fiscalización del impuesto, que los registros de compras y ventas están al día, si han sido asentadas en ellos las operaciones declaradas dentro de los dos meses siguientes a que corresponda la declaración presentada.

El plazo para tener al día el libro de compras es de 2 meses, no hay norma legal que obligue a tenerlo listo antes de la presentación de la declaración y menos sujetarlo al pago.

4. Pago del Impuesto al Valor Agregado:

La única obligación para poder pagar el Impuesto al Valor Agregado es divulgando la diferencia entre los débitos fiscales cobrados y los créditos fiscales pagados, dicha situación está regulada en el artículo 19 de la Ley del IVA.

“ARTICULO 19. Del impuesto a pagar.

La suma neta que el contribuyente debe enterar al fisco en cada período impositivo, es la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados”

El artículo no regula la posibilidad de que el contribuyente no entregue al fisco, sino divulga a sus proveedores en la declaración.

Por lo anterior, está claro que SIN UNA NORMA FUNDANTE la solicitud de llenar el formulario con esa información, ya es ilegal, sujetar el pago a llenarlo, es in claro abuso de autoridad.

Mario E. Archila M.

*El texto es coautoría con el licenciado Félix Gutiérrez*

Dale con el “secreto bancario”

Varios mitos tras la suspensión de la Corte de Constitucionalidad que vale la pena aclarar.

1. SAT puede tener acceso a la información bancaria desde hace más de 10 años. Este acceso estaba ya regulado, como cualquier otra cosa en poder de terceros y debido a la garantía de confidencialidad contractual y en parte legal, los bancos podían haber requerido que fuera con intermediación de juez. Este procedimiento está en el Código Tributario desde, por lo menos, 2006.

2. El procedimiento anterior no era del gusto de SAT por algo tan absurdo como querer ser una agencia terrorista o MI6. Su excusa es que se iba a enterar el contribuyente. Este país, en papel, es una República y por tanto, los individuos tienen ciertos derechos, como a saber que están siendo investigados y tener acceso a cualquier expediente que sobre ellos se forme. ¿Han oído hablar de la policía aquella secreta que infundía terror? No la GESTAPO, sino el DIC. De eso se trató la Asamblea Nacional Constituyente en 1985. Se colocó en la Constitución un montón de letras con el afán de que eso no volviera a suceder. Pues SAT lo está haciendo con ese procedimiento. Sólo mire estos dos artículos de la Constitución:

Artículo 30.- Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.

Artículo 31.- Acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos.

Es claro que si van a formar un expediente con MI información, dicha información tiene que ser de acceso a mí, el contribuyente en cuestión y, es más, a saber LA FINALIDAD DE LA MISMA Y DERECHO A CORREGIRLA, RECTIFICARLA Y ACTUALIZARLA.

El procedimiento, por tanto, es inconstitucional, sin mucha duda.

3. Al eliminar el PROCEDIMIENTO, no es que SAT no tenga cómo hacerlo. Pero como ya les dije en varias conferencias a los señores de SAT, pues presentes había hasta intendentes, no repetiré acá dónde está el procedimiento.

4. La información bancaria no es esencial para recaudar ni para verificar obligaciones tributarias, pues el dinero que entra a una cuenta de banco no necesariamente implica que deba ser parte de la base imponible.

Me explico. En Guatemala, nuestra tributación es sobre principios territoriales. Es así que si un contribuyente genera renta por actividades en el extranjero, en Guatemalan no debería pagar impuesto a la renta, como tampoco emitir factura del IVA ni enterar débito del IVA alguno.

Otro caso podrá ser el que haya anticipos. Los anticipos son cuentas por pagar al cliente y no generan renta ni emisiones de facturas del IVA.

En estos dos casos habrá depósitos de dinero a la cuenta de bancos, pero no habrá pago de impuesto alguno.

De la misma manera habrá situaciones en las que los pagos de impuestos son mayores a los ingresos a bancos por el hecho de la operación comercial. Es así, por ejemplo, que la ley del IVA obliga a emitir la factura cuando se entrega el bien vendido, aunque no haya pago. En el ISR, si está en sistema de lo devengado (lo usual) debe registrar el ingreso aunque no tenga dinero.

Con lo anterior, espero se comprenda que la información bancaria es complementaria a TODOS los demás elementos de fiscalización.

5. Se estableció el artículo como mecanismo “exculpatorio” de delitos pues es cuando exista “duda razonable en SAT”.

Ese término se utiliza para condenar: “Una persona es inocente hasta que se prueba lo contrario más allá de la duda razonable“. Es así que al decir que SAT solicita la información cuando tiene “duda razonable” de las determinaciones de impuestos, implica que ya lo considera culpable y con este procedimiento lo exculpará o confirmará su presunción de culpabilidad.

Esa postura viola la constitución, pues toda persona es inocente hasta ser CITADO,OÍDO Y VENCIDO en proceso legal ante juez competente. Por tanto, tener un procedimiento secreto en el que el contribuyente no tiene derecho a nada, ni a presentar información complementaria que clarifique los estados de cuenta, ES violatorio de la Constitución.

Espero haber aclarado un poco el embrollo.

Mario E. Archila M.

La Evolución del Derecho Tributario para evitar corrupción

En última época hemos oído que la tributación es una herramienta de redistribución del ingreso y una herramienta para realización de políticas públicas (funciones parafiscales de la tributación).

Sin embargo hay que revisar esas posturas previo a aceptarlas como dogma. En Guatemala la Constitución establece, artículo 239, que los tributos se establecen conforme a las necesidades del Estado. Este principio bastante republicano nos permite muy largas discusiones, incluido el tema que hoy planteo.

Hay una fuerte corriente de campañas para reducir o eliminar la corrupción y grandes olas de noticias sobre las fortunas -mal habidas- de los políticos en muchas latitudes. Es con todo eso que debemos empezar a analizar los límites de la tributación.

La corrupción es el uso del dinero público (principalmente tributación) para fines distintos a los planteados inicialmente. Es decir, la corrupción es llevar el dinero recaudado a los bolsillos de los políticos y sus amigos. Este fenómeno es una consecuencia del sistema y no su causa. La causa es la capacidad financiera del Estado y los espacios de poder discrecional o arbitrario. Estos poderes los crea la propia legislación y muchas veces, la propia legislación tributaria, principalmente cuando se recauda con un fin específico.

La finalidad de redistribuir o la de hacer o motivar que algo se haga por los contribuyentes genera espacios para decisiones del burócrata de turno. Decisiones mismas que llevan la semilla de la corrupción dentro de sí. Un programa de reparto -transferencias condicionadas, subsidios- implica automáticamente tener que establecer mecanismos para escoger al destinatario de dichos beneficios. Esa escogencia permite la realización, por sí misma, de actos de corrupción para beneficiarse directamente al otorgarlo a X y no a Y.

De la misma manera, un tributo con fines parafiscales, imaginemos, un tributo sobre bienes patrimoniales para su conservación, deja el espacio para que una módica mordida -en relación al costo del tributo- sea ofrecida y pagada a cambio de excluir del padrón de bienes con valor histórico a ese bien en específico. Igual sucedería si es la exención a un tributo predial cuando sea patrimonio histórico o cultural, lo que podría llevar a utilizar el recurso de la mordida o coima para lograr dicha exención.

Debe considerarse que la decisión de gobierno, aún en los mejores procesos de compras y contrataciones del gobierno, siempre tienen mecanismos para lograr que sean manipulados. Es así que entre más facultades y funciones se le asignen al gobierno para utilizar el ingreso tributario, más espacios para la corrupción existirán.

De allí que debemos regresar a entender que las funciones del Estado son aquellas funciones originarias y puramente necesarias que realice un gobierno, ya que cada función adicional será un pretexto a mediano y largo plazo para que quien esté en el uso de las funciones públicas descubra un mecanismo para aprovecharse de ese sistema.

Retornar a principios de tributación más cerrados podrá ser la mejor batalla contra la corrupción en todos los niveles de gobierno.

Mario E. Archila M.

La defraudación con facturas

El titular del 5 de diciembre de 2017 habla de la vía “no judicial” a defraudadores con facturas. Requiere varias aclaraciones importantes ese titular.

  1. La vía judicial es un término mal empleado. En todo caso será la vía penal o proceso penal, pues en lo administrativo, si alguien no está de acuerdo con lo que la administración resolvió, el último recurso es el contencioso administrativo, ante un tribunal, es decir, una fase o vía judicial.
  2. Decir que le abrió el camino administrativo a los “defraudadores con facturas” es erróneo. Un defraudador es quien ha sido condenado por un tribunal por ese delito. En este caso, no hay siquiera proceso contra quiénes puedan tener en su poder una factura de las ahora famosas “150 empresas” del listado de SAT.
  3. Es importante tener claro que la principal posibilidad de comisión de delito de defraudación no está en quien tiene en su poder facturas de “empresas” fantasmas o que no pagaron. Para que esas personas que compraron bienes o servicios a alguien que luego no pagó sus impuestos o entregó facturas “falsas” en cualquier grado, se requiere, por lo menos, establecer que hubo vinculación y retorno de dinero o bien demostrar que efectivamente esas compras son falsas. Demostrar, léase así, resaltado. El comprador no tiene obligación legal de verificar que su proveedor haya o no pagado impuestos. Por ello es importante también usar el lenguaje correcto.
  4. Es reñido con la ley y la presunción de inocencia que se diga que el simple hecho de tener facturas de alguien que no pagó impuestos lo convierte en delincuente, pues, de nuevo, se requiere más “carnita” para poder concluir con ello. Estoy seguro que hay muchas operaciones reales que están documentadas con estas facturas y resultaría injusto e inequitativo exigir a los compradores que paguen tributos que no les corresponde.

Hay mucho detalle a analizar, así que espero próximamente tener alguna otra oportunidad de aclarar estos confusos términos.

Mario E. Archila M.

Precios de Transferencia… un poco sobre ellos.

El tema no es nuevo. Surge ya en 1963 como un tema a considerar. 

“Cesiones de bienes o prestaciones de servicios en condiciones económicas diversas de aquellas que se habrían aplicado si la misma operación hubiera sido realizada por sujetos independientes”. Balzani, Curso de Derecho Fiscal Internacional, pág. 380

No necesariamente es un tema de impuestos. Puede ser por razones muy amplias como regulación antidumping o para lograr negociaciones con gobiernos para efectos de aumentos o reducciones de salarios y demás.

Usualmente el interés del fisco es el que predomina en la regulación. Normalmente se trata de casos de empresas en distintos estados. En Guatemala, dado que tenemos 2 regímenes para la imposición a la Renta, resulta apetecible jugar con los precios de servicios o bienes entre una entidad al 5% y otra al 31%.

El primer modelo de OCDE incluía a las subsidiarias y filiales como establecimientos permanentes. Esto ya por el año 1927. De la misma manera el Decreto 10-2012 del Congreso las califica como establecimientos permanentes.

En 1933 se adopta un nuevo modelo de convenio por OCDE, en el que se separan las rentas de las entidades. Con ello cada una debería atribuir su renta y es aplicable por igual a los establecimientos permanentes.

Estas reglas internacionales, elaboradas en modelos de convenios para evitar la doble imposición, al ser adaptadas como normas internas causan distorsiones graves. Es así que en 1979 OCDE adoptó guías para realizar la valoración de las transacciones. De allí deriva el principio del precio de libre mercado o arm’s lenght pricing. Dado que habrá problema en la incorporación de la regulación de OCDE a los distintos países, en el modelo OCDE se prevé que los lineamientos de OCDE son superiores. Claro está que en Guatemala esto no se da, toda vez que no tenemos dichos convenios celebrados, sino únicamente legislación local, sin dichas referencias.

Ámbitos

Usualmente es únicamente entre residentes y no residentes, pues para los fines de ahorros fiscales entre un grupo, la ventaja está en la diferente imposición que hay en los distintos países. Hay, no obstante, excepciones. También es casi siempre para el ISR, aunque encontramos que Colombia e Israel lo tienen para el IVA.

La materia tiene asidero en otros aspectos de derecho tributario y se fundamenta en la materialidad sobre la forma. En Guatemala, por ejemplo, si no es aplicable la revalorización por la falta de coincidencia entre la forma y la sustancia, la ley permite que se ajuste la forma. En el caso de no ser aplicable la regulación y ajustes por precios de transferencia, por lo menos en Guatemala, quedará el campo abierto para normativa como simulación, normas contra evasión y delitos

de defraudación tributaria. Es así que la normativa no será aplicable entre entidades residentes en Guatemala, aunque sean relacionadas, con ello estaremos frente a regulación penal, normalmente.

Elementos

Subjetivo

El elemento subjetivo es el control directo o indirecto entre las 2 entidades. No obstante la regulación comparada nos enseña que en muchos países se prescinde de requisitos formales para determinar la existencia efectiva de una determinada situación de control de un sujeto sobre otro, o bien de la sujeción de ambos a un mismo centro de poder o dirección.

Objetivo

El elemento objetivo es el precio anormal fijado entre los sujetos. Es “anormal” en el sentido de alejarse del precio de libre mercado, como se define luego.

OCDE es quien ha definido el principio de precio de libre mercado y es por ello que los informes de OCDE son imprescindibles para la aplicación de cualquier método empírico de valuación, aunque sea de modo ilustrativo y no vinculante. Como se explicaba, la adaptación de las reglas internacionales del modelo a la normativa interna causa más de un problema, con lo que encontramos que hay legislaciones con soluciones distintas.

1. El Reino Unido busca reajustar el precio de una operación entre asociadas al precio que hubiere tenido esa operación entre sujetos independientes.

2. En Alemania, verifica que se haya realizado como si fueran independientes.

3. En EE. UU.  la adecuación se refiere a la renta que habría surgido de la operación si hubiere sido efectuada por un sujeto independiente con otro independiente en condiciones de mercado.

4. Para Dinamarca, lo ajustable es la utilidad que hubiere obtenido de operar con un sujeto independiente.

5. En Canadá la administración puede llevar los costos e ingresos a “montos razonables”.

Bélgica se sujeta a imposición toda ventaja anómala que hubiere asegurado a la entidad asociada no residente.

EL PRINCIPIO DE PRECIO DE LIBRE MERCADO

Data de 1963 y el artículo 9 del modelo de OCDE. Se repite luego en todos los convenio modelo.

Se expresa en cuanto a condiciones comerciales entre entidades que difieren de aquellas que hubieran sido acordadas entre entidades independientes de modo que las ganancias que hubiere reportado alguna de ellas, gracias a dichas condiciones no han sido percibidas y por tanto, deben ser incluidas como ganancias de dicha entidad y gravadas como corresponda.

No atiende a la finalidad por la que se pactó el precio de transferencia. Es importante aclarar que los precios de transferencia pueden ser pactados por entidades relacionadas con finalidades diversas, tales como evitar aplicación de reglas de protección de competencia o poder negociar con el gobierno condiciones diversas por su inversión.

Valuaciones

Existen varios métodos para realizar las valuaciones:

1. Tradicionales basados en el valor normal de la operación o “transactional methods”

1.a. Confrontación de precios. Confronta el precio de una transacción entre asociadas comparándola con los precios de una transacción comparable no controlada en circunstancias comprables.

Al encontrar diferencias se estima que la transacción no se realizó en condiciones de libre mercado y debe ser sustituido por el precio de libre mercado.

Hay dos posibilidades de comparación:

1. Confrontación externa, al comparar operaciones entre entidades independientes del grupo.

2. Confrontación interna, al comparar operaciones entre el mismo grupo y otra independiente.

Este es el método principal recomendado por OCDE desde 1995.

Presenta, no obstante, dificultades en su aplicación.

A. Defecto de similitud o identidad del objeto.

B. Defecto de compara olidas del mercado de destino.

C. Diferencia en volúmenes de venta.

D. Diferencia en los términos y condiciones de venta.

E. Diferencia en los bienes inmateriales cedidos junto a los productos.

De allí deriva que se tendrá, en algunos casos, que comparar otros criterios menos directos como márgenes brutos entre entidades controladas y no controladas.

1.b. Método de precio de reventa. Permite establecer si se realizó la transacción en precio de mercado, mediante una adecuada valuación del precio en que la adquirente asociada vende el bien a una entidad independiente.

Esta valuación puede hacerse aun con entidades independientes.

1.c. El método del costo adicionado. Se realiza una reconstrucción del precio de libre competencia que parte del valor de los costos afrontados por el proveedor de la mercadería o de los servicios objeto de una operación con asociadas. Así que los costos se incrementan por un “adecuado” margen de utilidad.

El grado de comparación de las operaciones debe ser evaluado con relación específica a las funciones practicadas por las partes o condiciones de mercado, más que la consistencia objetiva de los bienes o servicios transferidos.

Las dificultades principales están en cuanto a la determinación del adecuado margen de utilidad, pues es muy complicado obtener la cuantificación de los costos y elementos que reflejen el libre mercado.

2. Otros métodos o métodos alternativos que se utilizan cuando no es posible aplicar los anteriores, pero no puede recurrirse a ellos simplemente porque los anteriores presentan dificultades para obtener la data. Se basan en la obtención de la utilidad en vez del precio.

2.a. Método de distribución de la utilidad. Busca restablecer el valor global de la utilidad producida por las empresas asociadas, sobre la base que la misma habría alcanzado si las empresas hubieren actuado en condiciones de independencia.

Se hace mediante la cuantificación de la utilidad que las empresas asociadas produjeron globalmente a través de una transacción y que consecuentemente debe ser distribuida. Se determina dicho valor y se subdivide entre las empresas asociadas conforme el criterio de subdivisión que habría sido aplicado entre empresas independientes involucradas en la transacción. En este método puede ser verificado el precio aun entre sectores distintos, pues se busca la relación de distribución de la utilidad que entidades independientes hubieren buscado.

2.b. Método de margen de utilidad neta. Se basa en el margen de utilidad que una empresa obtiene al realizar operaciones entre asociadas y se compara con el margen que pudo obtener en relaciones con independientes. Requiere, sin embargo, de una amplia base de datos que podría no existir al momento de realizar la operación. También presenta el problema que solo verifica únicamente una entidad y por ello podría atribuir utilidades mayores o menores que están incidirás por los márgenes del grupo.

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA

Las operaciones que deben ser revisadas se contrastan con operaciones de referencia. Esas operaciones deben ser comparables.

Para determinar la comparabilidad es necesario individualizar algunos factores:

1. Características intrínsecas de los bienes o servicios.

2. Análisis funcional. Se refiere a determinar las funciones que realizan las empresas involucradas en la transacción, pues usualmente la ganancia se retribuye según las funciones realizadas por cada una.

3. Reglas pactadas. Ellas pueden incidir en los precios. Son las modalidades con las que las partes quisieron distribuirse las responsabilidades, riesgos y beneficios.

4. Circunstancias económicas. Hay que considerar las características de los mercados, ya que puede darse que idénticos productos sean comercializados de manera distinta y con precios distintos en diferentes mercados.

5. Estrategias comerciales. Tales como precios por introducción al mercado.

La Administración Tributaria, usualmente, deberá respetar las condiciones contactares pactadas por las partes, pero podrá apartarse de ellas cuando determine que la forma y la sustancia no concuerdan o cuando,  a pesar de que concuerdan, son condiciones que nunca se hubieren pactado en condiciones de independencia.

Es también importante determinar si se hará la revisión de transacciones individuales o en conjunto; ya sea porque se refiere a una transacción que forma parte de otras o por estar encadenada con otras.

En ocasiones se presenta que la revisión arroja como resultado una pluralidad de resultados. Ello indica, algunas veces, que deberá realizarse una nueva valuación. Otras veces, la pluralidad de resultados indicará que la transacción está de los parámetros aceptables y por tanto, no debe hacerse el ajuste.

Las Administraciones deben atender a los comportamientos multianuales que pueden ser más ilustrativos que una transacción aislada.

Un factor que puede ser revelador de prácticas de precios de transferencia es el reporte de pérdidas reiteradas, aunque es claro que dichas pérdidas sí pueden ser reales.

Las Administraciones deben tener en cuenta que muchas veces es la intervención estatal en precios lo que ocasiona distorsiones.

Principal atención de colocarse en los precios en aduanas, pues las administraciones de aduanas tienen facultades de establecer precios en aduana, que puede llevar a conclusiones distintas en los ajustes practicados.

CONFLICTOS POR AJUSTES DE PRECIOS

Es evidente que la realización de ajustes por precios afectará directamente a un grupo empresarial y sus cargas tributarias en varias jurisdicciones, ya que se ajusta el precio en un lugar para elevar la imposición en dicho lugar. Los tratados para evitar la doble imposición usualmente buscan que las administraciones tributarias resuelvan de manera amistosa esta circunstancia, a modo de evitar ajustes dispares y doble imposición a la misma renta. Hay varios mecanismos a través de los tratados y la legislación local:

Uno de ellos es el “safe harbour” que son dispensas para la aplicación de ciertas obligaciones o procesos más simples.

El sistema de Acuerdos de Precio Anticipado o APA, que es un acuerdo entre el contribuyente y la administración previo a la realización de las transacciones intragrupo. Con estos acuerdos se autoriza a la empresa la utilización de ciertos parámetros o método para realizar la fijación de sus precios. En estos acuerdos de individualiza:

  1. Las circunstancias de hecho relativas a las operaciones del grupo;
  2. El método a utilizar para la determinación del precio de transferencia;
  3. Los criterios esenciales para la aplicación del acuerdo;
  4. El plazo de duración del acuerdo.

Debe considerarse que no todos los Estados admiten los acuerdos unilaterales, es decir, aquellos que se celebran únicamente con la administración de uno de los residentes, por lo que deberá tenerse en cuenta la necesidad o no de la participación de la otra u otras administraciones. En Guatemala, los acuerdos, aparentemente, son unilaterales y serán admitidos para los efectos guatemaltecos los acuerdos que se celebren con la Administración Tributaria guatemalteca.

En nuestra nueva legislación, a partir del 1 de enero 2013, conforme al Decreto 10-2012 del Congreso, se regula la materia, poco más o menos, conforme al modelo de OCDE, incorporando quizás, debilidades en cuanto a partes relacionadas y la actual falta de preparación de la Administración para afrontar la aplicación de esta regulación, al no contarse con tratados de cooperación entre administraciones tributarias ni contar con la infraestructura requerida para la aprobación de Acuerdos de Precio Anticipado, por ejemplo.

Esperemos lograr navegar por las turbulentas aguas de la fiscalidad internacional.

Lic. Mario E. Archila M. 

Asamblea Nacional Constituyente… ¿Necesaria?

Mucho se ha dado luego de la inicial crisis de corrupción por el caso de “La Línea”. Agregamos a dicho caso el caso “IGSS” y el caso “Agua con Sal”. Es sin duda el mayor descubrimiento claro de corrupción en nuestra historia. Anteriormente, puras conjeturas y sospechas sin acciones en tribunales. Ahora, a esperar culpables y más “casos”. De ello, muchos escenarios poco claros. Lastimosamente, nuestras autoridades no respondieron políticamente a tiempo, con la humildad de aceptar el error y empezaron a dar gritos desesperados, exacerbando la crisis. Tengo, casi, el convencimiento pleno que si la señora Baldetti hubiere renunciado inmediatamente al regresar a Guatemala -por su responsabilidad administrativa y política en la designación del prófugo Monzón- y el Presidente hubiere requerido poner a disposición los cargos de ministros y presentar su renuncia al pleno -que podía ser “revocable” o “sujeta a aceptación” del Congreso- cuando inmediatamente se eligiera Vicepresidente nuevo, los ánimos estarían más calmados y permitirían mejor la reflexión cerebral y no visceral. Errores políticos, muchos. Buscar una terna mal integrada y tan cercana a los propios focos de corrupción para que se eligiera nuevo Vicepresidente, era ya un problema, no digamos que se cambiara la terna tres veces.

Lo pasado, pasado, pero ahora tenemos ánimos caldeados, enojos y frustraciones a flor de piel. Tanto que se piden varias cosas por varios actores. Mucho desde el fervor que causa la indignación. Está bien indignarse, pero debemos poner en el congelador las emociones y meditar qué causa el problema y cómo lo vamos a resolver como “Nación”.

Una propuesta que está fuera de lugar es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué digo que está fuera de lugar? Porque el problema no es TODA la Constitución, sino que partes de la misma que pueden ser corregidos con reformas parciales o bien, con reformas legales.

¿Cuál percibe usted como un problema real para tener tanta corrupción? Si no responde que parte del problema es la clase política actual, los diputados, los partidos, los funcionarios por elección y los que se colocan en cada cambio de gobierno, como ministros y viceministros, no se ha enterado bien de qué es la problemática que tenemos. El principal problema es que la clase política tiene dentro de sus miembros, personas que hacen, fomentan y buscan enriquecerse con el erario público.

Entonces vea el problema de pedir una Asamblea Nacional Constituyente: “…es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria señalará el artículo o los artículos que hayan de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevarán a cabo las elecciones dentro del plazo máximo de ciento veinte días, procediéndose en lo demás conforme a la Ley Electoral Constitucional.” (Artículo 278). Y el 279 que establece: “Las calidades requeridas para ser diputado a la Asamblea Nacional Constituyente son las mismas que se exigen para ser Diputado al Congreso y los diputados constituyentes gozarán de iguales inmunidades y prerrogativas… Las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, el número de diputados a elegir y las demás cuestiones relacionadas, con el proceso electoral se normarán en igual forma que las elecciones al Congreso de la República.”

Así que la Asamblea Nacional Constituyente es darle carta blanca al actual Congreso para que convoque, para lo que quiera, y sean los mismos partidos políticos actuales, con la misma composición de clase política y con la misma manera de elección, quien decida qué y cómo se harán los cambios.

El primer cambio, por tanto, es una ley Electoral que fomente un cambio en la forma de elección. Quitar el monopolio participativo a los partidos políticos; que las elecciones sean por cambios parciales en la integración del congreso. Decidir si tendremos un sistema con posesión de la curul para el diputado o al partido electo y amarrar el financiamiento de campaña, así como mejorar las sanciones que el Tribunal Supremo Electoral puede implementar. Sin esa parte, la propuesta cae en las mismas manos sucias que han provocado la crisis.

Ahora bien, si lo que la gente que pide Asamblea Nacional Constituyente, lo que quiere es desconocer a las autoridades actuales y promulgar una nueva Constitución, sin atender la actual, estamos ante un delito de rebelión y sedición. Un Golpe de Estado.

Mario E. Archila M.