El anexo en el formulario del IVA es ilegal…

El acto de incluir este anexo constituye exceso de facultades por parte del Superintendente de Administración Tributaria. Dicha inclusión en el nuevo formulario SAT-2237 en el portal Declaraguate para la determinación, declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado, que está vigente para el pago del período fiscal de dicho impuesto correspondiente al mes de enero de 2019, de requisitos no está basado en ley.

Dichos cambios al formulario, único medio para poder efectuar el pago del impuesto, se materializan en los documentos electrónicos que encuentra en la web de la Administración Tributaria a la le agregó el presente link:

https://portal.sat.gob.gt/portal/preguntas-frecuentes/proveedoresivageneral

Dicho acceso a internet contiene las siguientes descargas:

a) Instructivo para llenado del apartado “detalle de proveedores locales (crédito fiscal) del cuadro 5 y 6” del formulario SAT-2237 Impuesto al Valor Agregado General.

b) Preguntas frecuentes sobre el registro de proveedores en donde muestras las supuestas bases legales que le permiten agregar requisitos para el pago del impuesto.

Dicho instructivo y preguntas frecuentes son para el llenado del formulario de pago del Impuesto al Valor Agregado mensual indicado, el formulario SAT-2237, régimen general que se encuentra en el siguiente sitio web numeral 1 IVA, IVA GENERAL:

https://declaraguate.sat.gob.gt/declaraguate-web/

c) Resumen del contenido del instructivo, preguntas frecuentes y formulario Declaraguate del IVA general.

En dicho instructivo, preguntas frecuentes y formulario para el pago del Impuesto al Valor Agregado se solicita que el contribuyente ingrese información específica que no es la forma regulada por la Ley, para la determinación de la obligación tributaria y sin ingresar esa información sobre los proveedores, no se permite el pago del tributo.

La información que se requiere de los proveedores es un detalle en forma decreciente de la suma de la facturas recibidas de cada uno de ellos.

La obligación tributaria del Impuesto al Valor Agregado se determina conforme a la ley y la ley indica, en su artículo 19, Decreto 27-92 del Congreso de la República, que “Del Impuesto a pagar. La suma neta que el contribuyente debe enterar al fisco en cada período impositivo, es la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados.”

Es así que la violación se configura al EXIGIR EL FORMULARIO PARA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL TRIBUTO INFORMACIÓN DISTINTA A LA EXIGIDA POR LA LEY COMO REQUISITO PREVIO A PAGAR.

6.1. Consideraciones sobre la improcedencia de esa modificación y requerimiento

El Código de Comercio de Comercio señala, en su artículo 373 que los registros contables deben ser en orden cronológico y, dentro de 2 meses de la transacción para considerarse “al día”. Esa misma norma aplica para que el libro de compras esté actualizado de acuerdo a las Ley del IVA y Código Tributario tal y como se señalará más adelante.

Veáse pues que la disposición de ínfima jerarquía normativa como es un formulario, modifica plazos y formas legales, con el agravante que si no se presenta como SAT solicita, no permite el pago del Impuesto al Valor Agregado, sino se cumple con tal ilegal solicitud.

Lo anterior es, hoy día por medio de un formulario electrónico, lo que anteriormente se conocía como “legislación de ventanilla” creada por el actual Superintendente de Administración Tributaria, quien ha excedido sus facultades legales violando los artículo 152 y 154 de la Constitución, incurriendo en posibles responsabilidades reguladas por el artículo 155 de la misma carta magna.

Incurre en posible responsabilidad civil al no permitir el ingreso a las arcas del Estado por disposición de “ventanilla” y hasta en posibles responsabilidades penales por violar leyes y obtener información por vía de coacción, y al abusar del poder que ostenta, solicitando requisitos que no están contenidos en la Ley.

Se deja claro desde ya que ninguno de los fundamentos legales que se utilizan en el documento de “preguntas frecuentes” son suficientes para OBLIGAR Y SUPEDITAR EL PAGO DEL IMPUESTO A COMPLETAR ESA NUEVA SECCIÓN, pues no existe NORMA DE JERARQUÍA LEGAL que indique que:

“El superintendente de administración tributaria, mediante disposiciones publicadas en su sitio web o por modificaciones a los formularios de pago del impuesto puede solicitar información distinta a la que requiere la ley para determinar el impuesto.”

Mucho menos encontraremos norma que le permita solicitar información de terceros por medio de un formulario de pago de tributos y peor aún, que sancione de manera indirecta cuando en el formulario de pago no se consigne la información de los proveedores de los contribuyentes, mediante traslado de la información del libro de compras a la declaración del formulario de pago del IVA con no poder presentar la declaración y no poder realizar el pago del impuesto.

Un texto en ese sentido NO EXISTE y es el único texto que pudiera facultar al Superintendente a realizar semejante acción, pero ese texto no existe, y por tal existe exceso de facultades. Es más, señalaremos que viola normas jurídicas específicas de la legislación tributaria que regulan la forma que podrá requerir esa información.

3.1. El instructivo señala:

a.Período a partir del cual deberá llenarse dicho apartado: enero 2019.

b.Cantidad total de proveedores: Para llenar esta casilla, se debe identificar a los distintos proveedores registrados en el libro de Compras y Servicios recibidos en el período que corresponda. Cada proveedor contará una vez sin importar cuántas de sus facturas aparezcan en dicho registro.

c.Proveedores Principales y cantidad de ellos a ingresar: El formulario le permitirá registrar el valor de las compras realizadas en el período impositivo mensual hasta un máximo de 10 proveedores, en orden decreciente de la suma de sus respectivas facturas sin incluir el IVA (Sin importar la cantidad de las mismas).

d.Estos son los datos que debe de ingresar en el detalle:

a.NIT del proveedor: Debe ingresar el NIT del proveedor, el cual deberá estar afiliado al Régimen General y éste no podrá repetirse.

b.Cantidad de facturas: Ingresar la cantidad total de facturas recibidas por proveedor, del período a presentar.

c.Monto Base: Ingresar la sumatoria de las facturas recibidas de cada proveedor, sin incluir el IVA y el IDP este último para las facturas de combustible (gasolina, diesel, otros).

Una vez ingresados los valores correspondientes de cada proveedor, deberá dar clic en el botón Agregar para que los mismos sean grabados.

Deberá repetir el procedimiento hasta completar el registro de sus proveedores hasta un máximo de 10 proveedores.

4.2.En el documento de “preguntas frecuentes” se señala en sus apartados 3, 10, 12 y 15 lo siguiente:

“3. ¿Cuál es el fundamento Legal para que ingrese la información de proveedores en el formulario del IVA?

Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Decreto Número 1-98 Artículo 3, literales a) e i).

Código Tributario, Decreto Número 6-91 Artículos 18, 68, 21 “B” numeral 1 y 5, 101 “A”, 98, numerales 2) y 3), 103, 112 numerales 1 c) y 7.

Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto Número 27-92

Articulo 18 y 40

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Acuerdo Gubernativo 5-2013

Artículo 40. Pago.”

“10. ¿Si no ingreso esa sección, puedo presentar mi declaración?

Si usted, ingresó valores en las casillas del formulario de los cuadros 5 y 6 solicitados en el apartado, deberá completarlo para presentar su declaración.”

“12. ¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con lo que se requiere en el apartado?

El sistema no le permitirá presentar la declaración. (Ver bases legales en la pregunta 3.)”

“15. Facturo servicios y en un mes no reporto mi crédito fiscal, ¿Debo llenar el apartado de

crédito fiscal?

En los casos que no reporta monto en la casilla de créditos, el formulario no exige el

ingreso del detalle de los proveedores.”

4.3. El formulario al ingresar al ingresar datos en el apartado 5 de compras, servicios adquiridos y compras de combustible crea un “detalle de proveedores locales”, y si no se llena el mismo, no permite validar la información.

Veremos como cada una de esas normas se refiere a facultades diferentes a poder colocar requerimientos de información en formularios de pago del tributo y eso no puede hacerse en un sistema de derecho.

Veamos pues cada detalle que impide que se haga lo que se pretende:

1. No existe norma que faculte al Superintendente de Administración Tributaria a impedir y bloquear el pago del IVA si no se traslada el detalle de proveedores, contenido en el libro de compras, en la declaración del IVA.

La Ley Tributaria no puede ser tergiversada de ninguna forma y mucho menos por disposiciones que no tienen ni siquiera rango de reglamento como es la modificación de un formulario. Ese acto viola el segundo párrafo del artículo 239 de la Constitución Política de la República. Toda la normativa que señala la Administración Tributaria mediante un documento denominado “preguntas frecuentes” no regula en lo absoluto tal facultad.

No existe texto legal alguno que faculte a la Superintendente de Administración Tributaria a realizar semejante atrocidad.

Las normas legales bajo la que se fundamenta la acción ilegal del Superintendente son las siguientes:

a) Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Decreto Número 1-98 Artículo 3, literales a) e i). (Para analizar esta Ley es importante tener en cuenta que la única Ley que puede regular el pago del IVA es la Ley del IVA, la Ley Orgánica de SAT regula y limita su campo de actuar, no le da poder absoluto).

El artículo 3 literal a) citado por SAT señala el objeto de la Administración Tributaria, en ningún lado señala que permita modificar los formularios para presentar declaraciones coaccionando a los contribuyentes a presentar información de terceros con los que tiene relaciones comerciales para aceptar el pago del tributo. Es más, al sujetar el pago del IVA mediante disposición de “ventanilla” el Superintendente viola la literal a) de dicho artículo en su parte final que establece:

ARTICULO 3.* Objeto y funciones de la SAT.

Es objeto de la SAT, ejercer con exclusividad las funciones de Administración Tributaria contenidas en la legislación de la materia y ejercer las funciones específicas siguientes:

a) Ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos y todos los tributos que gravan el comercio exterior, que debe percibir el Estado, con excepción de los que por ley administran y recaudan las municipalidades. Como parte de esta función, debe procurar altos niveles de cumplimiento tributario, mediante la reducción de la evasión, actuar de conformidad a la ley contra los delitos tributarios y aduaneros y facilitar el cumplimiento a los contribuyentes;

La literal i) de dicho cuerpo legal señala sus facultades fiscalizadoras, post pago de impuestos, la literal i) tampoco regula posibilidad alguna de solicitar información que la ley no contempla como parte de la determinación del tributo para sujetar el pago del IVA.

b) Código Tributario, Decreto Número 6-91 Artículos 18, 68, 21 “B” numeral 1 y 5, 101 “A”, 98, numerales 2) y 3), 103, 112 numerales 1 c) y 7.

El simple hecho de recitar artículo, no hace que el actuar de la Administración sea legal.

• El artículo 18 define al sujeto pasivo de la obligación tributaria.

• El artículo 68 regula la responsabilidad de presentar declaraciones, responsabilidad que se está viendo limitada por las condicionantes que está poniendo la Administración.

• El artículo 21 B señala que el contribuyente está obligado DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IVA a presentar sus declaraciones, el nuevo requisito de SAT está impidiendo, por disposición de “ventanilla” presentar las declaraciones, CUALQUIER REQUERIMIENTO DE SAT REGULADO EN EL NUMERAL 1 y 5 del artículo 21 B DEBE SER NOTIFICADO AL CONTRIBUYENTE, POST-DECLARACIÓN DE ACUERDO A LA FORMA Y PLAZOS DE LA LEY, lo anterior está regulado en los artículos 129 y 130 del Código Tributario sobre la notificaciones personales a los contribuyentes; AMÉN DE QUE EL PLAZO PARA MANTENER LOS LIBROS DE COMPRAS AL DÍA SON DE 2 MESES, NO ANTES DE LA DECLARACIÓN. (Ver artículo 37 de la Ley del IVA). Vale recordar que las facultades de la Administración Tributaria en cuanto a los tributos AUTODETERMINADOS, como el IVA, es su verificación posterios, tal como lo regulan los artículo 98 numeral 3 del Código Tributario: VERIFICAR. Requerir información de tercero como un requisito para aceptar un pago no tiene asidero legal alguno.

• El artículo 101 A del Código Tributario es violado por la propia administración ya que obliga a proporcionar información confidencial en cuanto al contenido del libro de compras sin mediar algún responsable que guardará dicha información. Es por ello que esa información solo se entrega cuando se notifica requerimiento con base a los artículo 129 y 130 del Código Tributario y así el contribuyente tiene certeza de quién es el auditor que le está solicitando información. El hecho de subir información a internet, permite que, cualquier persona, principalmente hackers y todos los del personal de tecnología de SAT, tengan acceso a dicha información. Recordemos que para requerir información respecto a terceros el Código Tributario reguló el supuesto en el artículo 30 “A” que indica que para hacerlo el contribuyente debe hacerlo “…dentro del plazo de veinte días de recibido el requerimiento”. Es así que DEBE OBLIGATORIAMENTE que mediar requerimiento para que esta información sea preparada y trasladada.

• El artículo 98 numeral 2 regula la facultad de SAT de requerir impuesto adeudado, no a requerir información previa, bajo apercibimiento de no recibir el pago. El cambio en el formulario de manera que requiera información de terceros como requisito para poder efectuar el pago es un claro caso de abuso de poder, pues el artículo específico que permite el requerir dicha información establece dos obligaciones

• El artículo 98 numeral 3 regula la facultad de SAT de revisar las declaraciones presentadas, no bloquear el pago a los contribuyentes. Y este artículo remite al artículo 30 -que tiene 30 días de plazo para ser atendido- y 93 para requerir la información.

• El artículo 103 regula la determinación de la obligación tributaria de conformidad con la Ley, el Impuesto al Valor Agregado es un impuesto que lo determina el contribuyente, por lo que no es un artículo que permita a la SAT a impedir el pago del IVA si no se divulgan los proveedores en la declaración. La ley del IVA establece que la obligación se determina por “…la diferencia entre el TOTAL de débitos y el TOTAL de créditos fiscales del período…” (Mayúsculas son propias). Los impuestos que determina SAT son el impuesto de circulación de vehículos y el Impuesto de Primera Matricula, para dichos impuestos sí le es permitido a SAT solicitar información previa pues es SAT quien determina y notifica el monto a enterar. El IVA es un tributo autodeterminable y la facultad de SAT es VERIFICAR, es decir, requerir información con posterioridad a la declaración y pago para establecer si efectuó correctamente el pago, no como requisito para efectuar el pago.

• El artículo 112 numerales 1 c) y 7 establecen:

ARTICULO 112. * OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES.

Los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de determinación, recaudación, fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria y en especial deberán:

1. Cuando las leyes lo establezcan:

c) Presentar las declaraciones que correspondan y formular las ampliaciones o aclaraciones que les fueren solicitadas.

7. Proporcionar a la Administración Tributaria la información que le requiera referente a actos, contratos u otros hechos o relaciones mercantiles con terceros, generadores de tributos, siempre que no se viole la garantía de confidencialidad establecida en la Constitución Política de la República y las leyes especiales, el secreto profesional, y lo dispuesto en este Código.

El numeral 1 c) obliga a presentar declaraciones y UNA VEZ PRESENTADA, formulara ampliaciones o aclaraciones, esa norma no faculta a SAT a bloquear el pago del IVA, sujetándola a información previa.

La solicitud de SAT siempre debe estar acompañada de una notificación personal de acuerdo al artículo 129 y 130 del Código Tributario, por lo que la facultad alegada por SAT no existe en ninguno de los artículos que con los que basa su actuar.

Y el numeral 7 obliga a que se sigan los procedimientos del Código Tributario para requerir dicha información. Eso está contenido en el artículo 30 y 30 “A”, que obligan a notificar el requerimiento y dar un plazo de 30 ó 20 días, respectivamente, para que el contribuyente responda el mismo.

c) Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto Número 27-92: Articulo 18 y 40

El artículo 18 de la Ley del IVA regula los requisitos formales de procedencia del crédito fiscal, en ninguna parte de dicho artículo se faculta al superintendente a bloquear e pago del IVA si previamente no se da un detalle de proveedores.

El artículo 18 del la Ley del IVA en su literal d) establece:

ARTICULO 18.* Documentación del crédito fiscal.

Se reconocerá crédito fiscal cuando se cumpla con los requisitos siguientes:

d) Que se encuentren registrados en el libro de compras a que se refiere el artículo 37 de esta Ley; y,

ARTICULO 37.* De los libros de compras y de ventas.

Independientemente de las obligaciones que establece el Código de Comercio en cuanto a la contabilidad mercantil, los contribuyentes deberán llevar y mantener al día un libro de compras y servicios recibidos y otro de ventas y servicios prestados. El reglamento indicará la forma y condiciones que deberán reunir tales libros que podrán ser llevados en forma manual o computarizada.

Se entiende, a los efectos de fiscalización del impuesto, que los registros de compras y ventas están al día, si han sido asentadas en ellos las operaciones declaradas dentro de los dos meses siguientes a que corresponda la declaración presentada.

Como se observa, la Ley presume al día el libro de compras dentro de los 2 meses siguientes a que corresponda la declaración presentada, NO ANTES DE LA DECLARACIÓN Y SIN ELLO NO SE PUEDA PAGAR EL IMPUESTO.

El artículo 40 de la Ley del IVA, únicamente regula la obligación de presentar declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado y el artículo 19 de la misma ley, ya citado, a determinar la obligación con la diferencia entre el total de débitos y total de créditos. Es SAT quien por medio de un requisito que viola la ley impide la presentación de la determinación en la forma que la propia ley establece y crea una amenaza de incurrir en multas y sanciones por actos directos de SAT que incumplen fundamentos legales.

d) Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Acuerdo Gubernativo 5-2013

Artículo 40. Pago.

Todo reglamento, como indica el último párrafo del artículo 239 de la Constitución debe establecer procedimientos que faciliten la recaudación y lo relativo al cobro administrativo del tributo. Un reglamento tributario es potestad exclusiva del Presidente de la República, por lo que una disposición interna de la administración no puede establecer trabas para el pago del mismo y mucho menos contradecir la ley y el Código Tributario.

Sin embargo dicho artículo tampoco faculta al Superintendente a realizar semejante acto violatorio.

Dicho artículo únicamente señala la forma de pago, sin embargo, el actuar de SAT está dirigido a bloquear el pago, sino se cumple con lo que ella quiere.

Dicho artículo regula:

ARTICULO 40. Pago.

El impuesto se pagará en efectivo o por cualquier otro medio que la Administración Tributaria ponga a disposición de los contribuyentes, a través de la declaración mensual que para el efecto se establezca.

En la declaración mensual las cantidades que se reporten deberán ser enteras, sin centésimos de quetzal.

2. Violación constitucional de sujeción a la Ley:

Los funcionarios de SAT no son superiores a la Constitución, ni al a Ley, si el artículo 135 literal d) de la Constitución señala como deber de los guatemaltecos contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la Ley, no es facultad del Superintendente de turno bloquear el pago a los contribuyentes, solicitando requisitos sin fundamento legal, empeorando la recaudación, ya que dicha disposición solo es un incentivo al a informalidad y un castigo a quienes cumplimos con la ley.

Es por lo anterior que el actuar del Superintendente de Administración Tributaria viola la Constitución al no permitir el pago de tributos a los contribuyentes, sujetándolos a requisitos sin fundamento.

Dicha norma constitucional regula:

“ARTICULO 135. Deberes y derechos cívicos.

Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes:

d) Contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley;”

Por lo anterior, actualmente, el Superintendente de la Administración Tributaria se encuentra en violación directa del artículo 154 de la Constitución que en su primer párrafo establece:

“ARTICULO 154. Función pública; sujeción a la ley.

Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.”

Vemos, por lo anterior, que el detalle de proveedores como requisito para el pago del IVA es ILEGAL y excede las facultades del Superintendente de Administración Tributaria, y lo hace incurrir en violaciones civiles y penales.

3. Forma y plazo para llevar el libro de compras:

No solo es necesario, para el actuar de cualquier funcionario público, que se cuente con una norma meramente facultativa, sino también que respete la Ley en cuanto las formas y plazos en que los contribuyentes deban llevar sus libros.

3.1. Forma de llevar la contabilidad de acuerdo al Código de Comercio de Guatemala:

El código de Comercio señala en sus artículos 373 y 375 lo siguiente:

ARTICULO 373. Operaciones, Errores u Omisiones.

Los comerciantes deben llevar su contabilidad con veracidad y claridad, en orden cronológico, sin espacios en blanco, interpolaciones, raspaduras, ni tachaduras. Los libros no deberán presentar señales de haber sido alterados, sustituyendo o arrancando folios o de cualquier otra manera.

Los errores u omisiones en que se incurriere al operar en los libros o registros, se salvarán inmediatamente después de advertidos, explicando con claridad en qué consisten y extendiendo o complementando el concepto, tal como debiera haberse escrito.

ARTICULO 375. Prohibición de llevar más de una Contabilidad.

Es prohibido llevar más de una contabilidad para la misma empresa. La infracción de esta prohibición es causa de que ninguna de las contabilidades haga prueba, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar.

El código de comercio señala que el orden de la contabilidad es en forma cronológica, el Superintendente de SAT solicita, que, para poder pagar el IVA la contabilidad se despliegue en su sitio web en ORDEN DECRECIENTE DE LA SUMA DE SUS RESPECTIVAS FACTURAS SIN INCLUIR IVA.

Se observar claramente que la Administración Tributaria solicita que la contabilidad se lleve a otra forma, sin facultad alguna, y peor aún, obliga a los contribuyentes a llevar otra contabilidad para efectos de presentar la declaración del IVA, situación inaudita e ilegal por prohibición expresa del artículo 375 del Código de Comercio.

3.2. Plazo para llevar al día el libro de Compras:

ARTICULO 37.* De los libros de compras y de ventas.

Independientemente de las obligaciones que establece el Código de Comercio en cuanto a la contabilidad mercantil, los contribuyentes deberán llevar y mantener al día un libro de compras y servicios recibidos y otro de ventas y servicios prestados. El reglamento indicará la forma y condiciones que deberán reunir tales libros que podrán ser llevados en forma manual o computarizada.

Se entiende, a los efectos de fiscalización del impuesto, que los registros de compras y ventas están al día, si han sido asentadas en ellos las operaciones declaradas dentro de los dos meses siguientes a que corresponda la declaración presentada.

El plazo para tener al día el libro de compras es de 2 meses, no hay norma legal que obligue a tenerlo listo antes de la presentación de la declaración y menos sujetarlo al pago.

4. Pago del Impuesto al Valor Agregado:

La única obligación para poder pagar el Impuesto al Valor Agregado es divulgando la diferencia entre los débitos fiscales cobrados y los créditos fiscales pagados, dicha situación está regulada en el artículo 19 de la Ley del IVA.

“ARTICULO 19. Del impuesto a pagar.

La suma neta que el contribuyente debe enterar al fisco en cada período impositivo, es la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados”

El artículo no regula la posibilidad de que el contribuyente no entregue al fisco, sino divulga a sus proveedores en la declaración.

Por lo anterior, está claro que SIN UNA NORMA FUNDANTE la solicitud de llenar el formulario con esa información, ya es ilegal, sujetar el pago a llenarlo, es in claro abuso de autoridad.

Mario E. Archila M.

*El texto es coautoría con el licenciado Félix Gutiérrez*

Los intereses en el 10-2012

El 10-2012 es, a mi parecer, un rotundo error de planteamiento desde la perspectiva filosófica y económica. Sabemos que es en él se incorpora un “nuevo” Impuesto Sobre la Renta, entre otras 6 cosas… Si bien, no hay mucha novedad positiva, sí hay una novedad de regulaciones que hacen cumplir con la “tramitología” del impuesto, una tortura. Es decir, aumenta el costo de cumplir. Es así que el Libro I del mentado decreto 10-2012 no es, en el fondo, más que un maquillaje que quiso favorecer a la Administración Tributaria y el Fisco con incorporación de reformas que hacen de complicado a imposible que un gasto sea deducible. Una daga por la espalda.

Dentro del “maquillaje”, se incorporaron reformas a la redacción de ciertos requisitos para los costos deducibles. Uno de ellos, los “intereses”.

¿A qué me refiero? Comparemos los párrafos que contenían la deducibilidad de los intereses:

“ARTICULO 38. Renta Imponible en el régimen optativo previsto en el artículo 72 de esta ley.

Los contribuyentes del impuesto que opten por el régimen establecido en el artículo 72 de esta ley, deberán determinar su renta imponible, deduciendo de su renta bruta, solo los costos y gastos necesarios para producir o conservar la fuente productora de las rentas gravadas, sumando los costos y gastos no deducibles y restando sus rentas exentas. Se consideran costos y gastos necesarios para producir o conservar la fuente productora de rentas gravadas los siguientes:

m) Los intereses sobre créditos y los gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos en instituciones bancarias, financieras y demás instituciones legalmente autorizadas para operar como tales en el país y que se encuentren sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos; los intereses y gastos financieros directamente vinculados con las ofertas públicas de títulos valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías; los intereses sobre créditos y los gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos en Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente constituidas, así como los intereses sobre créditos y gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos de instituciones bancarias y financieras domiciliadas en el exterior, en todos los casos siempre que dichos créditos sean destinados para la producción de rentas gravadas. El monto deducible por concepto de intereses no podrá exceder al que corresponda a las tasas de interés que aplique la Administración Tributaria a las obligaciones de los contribuyentes caídos en mora.

No constituyen gastos deducibles los intereses que se paguen o acrediten a personas individuales o jurídicas que no se encuentren incluidas en el párrafo anterior. Se exceptúan los intereses que las instituciones bancarias, financieras y demás instituciones legalmente autorizadas para operar como tales en el país y que se encuentren sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente constituidas, paguen a sus cuenta-habientes e inversionistas, así como los intereses que se paguen a los inversionistas de títulos valores inscritos en el Mercado de Valores y Mercancías, los cuales sí constituyen gastos deducibles.”

El Decreto 26-92 del Congreso establecía que eran “deducibles” “los intereses sobre créditos y gastos financieros directamente vinculados con tales créditos…”:

  1. Obtenidos de instituciones bancarias (y demás) legalmente autorizadas para operar en el país, que se encuentren sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos;
  2. Los vinculados con las ofertas públicas de títulos valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías;
  3. Los obtenidos en Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente constituidas;
  4. Los obtenidos de instituciones bancarias y financieras domiciliadas en el exterior, en todos los casos siempre que dichos créditos sean destinados para la producción de rentas gravadas;

en todos los casos siempre que dichos créditos sean destinados para la producción de rentas gravadas.

Es así que los intereses deben ser por créditos que sean destinados a la producción de rentas gravadas y obtenidos de esas 4 fuentes descritas. Si no está vinculado “EL CRÉDITO” a PRODUCIR rentas gravadas, no es deducible. Esto quiere decir que el dinero del préstamo se usó para PRODUCIR RENTA

¿Qué cambió?

El artículo 21 del Decreto 10-2012 dice lo siguiente:

“ARTICULO 21. Costos y gastos deducibles.

Se consideran costos y gastos deducibles, siempre que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o conservar la fuente productora de rentas gravadas, los siguientes:

16. Los intereses, los diferenciales de precios, cargos por financiamiento o rendimientos que se paguen derivado de: i) instrumentos financieros; ii) la apertura de crédito, el crédito documentario o los préstamos de dinero; iii) la emisión de títulos de crédito; iv) operaciones de reporto; v) el arrendamiento financiero; el factoraje, la titularización de activos o cualquier tipo de operaciones de crédito o de financiamiento. Todos los intereses para ser deducibles deben originarse de operaciones que generen renta gravada al contribuyente y su deducción se establece de acuerdo al artículo referente a la limitación de la deducción de intereses establecida en este libro.”

La variación está en el origen del dinero para pagar los intereses. Acá ya no se requiere que el dinero del crédito se haya utilizado en producir renta, sino que el dinero para PAGAR LOS INTERESES PROVENGA DE OPERACIONES QUE GENEREN RENTA GRAVADA. El uso del dinero del crédito ya no es requisito. Vea que no hay norma alguna que indique nada sobre el uso del crédito…

¿Le parece sorprendente?

 

Mario E. Archila M. 

Rentas de capital… ¿O no?

Una recurrente pregunta será si algo es o no una renta de capital o una renta regida por otra “cédula” en el Impuesto Sobre la Renta contenido en el 10-2012.

La duda, más que razonable, proviene de la misma redacción de la ley. Evidentemente chocan criterios económicos, contables y legales en el uso del lenguaje para establecer las distinciones, mas no podemos perder de vista que estamos frente a leyes y es el campo del derecho tributario resolver el conflicto.

Es así que la interpretación de cualquier norma tributaria debe hacerse a la luz de los principios constitucionales, de los contenidos en el Código Tributario y los contenidos en las leyes específicas.

El primer principio a aplicar en materia tributaria es el de legalidad. El establecimiento del tributo y sus bases deben estar contenidas en ley. Se desprende de ello que hechos generadores y su tipificación, deben contenerse en ley. Luego que por vía de la analogía no se pueden crear hechos generadores de tributos. También aplica a exenciones y demás bases de recaudación. Es así que el primer paso es aplicar el artículo 2 del Código Tributario en cuanto a las fuentes del Derecho Tributario. Las disposiciones constitucionales van en primer lugar y son las de mayor jerarquía. Siguen las leyes y tratados y por último los reglamentos. El artículo 239 de la Constitución es el que contiene el principio de legalidad.

El artículo 3 del Código Tributario exige la emisión de una ley para decretar tributos, otorgar exenciones, entre otros, por lo que primero hay que ubicar la norma legal aplicable.

En el 10-2012, el artículo 4 contiene las definiciones de “rentas afectas”, lo que deducimos de la frase “independientemente que estén gravadas o exentas”, y en conjunto con el artículo 3 que define como “afectas” las rentas obtenidas en el territorio nacional y por tanto, en el Artículo 4 se hace la categorización de “rentas de fuente guatemalteca”.

Así es que encontramos las definiciones de rentas de actividades lucrativas, las de rentas del trabajo y las rentas de capital.

Desgraciadamente, como opinión personal, este artículo no contiene una definición que excluya directamente unas de otras y causa, por tanto, confusiones en el transcurso de la ley.

Es así que resulta muy sencillo colocar una renta de capital como renta de actividad lucrativa viendo únicamente el artículo 4 o bien, viendo únicamente el hecho generador, contenido en el artículo 10, de las rentas de actividades lucrativas: “Constituye hecho generador del Impuesto Sobre la Renta regulado en el presente título, la obtención de rentas provenientes de actividades lucrativas realizadas con carácter habitual u ocasional por personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios que se especifican en este libro, residentes en Guatemala.

Se entiende por actividades lucrativas las que suponen la combinación de uno o más factores de producción, con el fin de producir, transformar, comercializar, transportar o distribuir bienes para su venta o prestación de servicios, por cuenta y riesgo del contribuyente. (…)”

Esta definición me parece muy “curiosa”, toda vez que las rentas de actividades lucrativas estaban definidas en el artículo 4. Ahora, con esta definición en el hecho generador, se crean temas interesantes, especialmente si vemos que las rentas pueden ser “habituales u ocasionales”. Esto causa un conflicto frontal con la definición usual de ganancia de capital, pues ella se da por la venta de activos que no son del “comercio usual” del contribuyente.

También nos encontramos que si la actividad lucrativa, como la define el artículo 10 -Hecho Generador- es la combinación de uno o más factores de producción, así como “capital y empleo”, los servicios financieros son rentas que generan obligación tributaria en este régimen (Actividad lucrativa). La venta de bienes al crédito, por ejemplo, generará habitualmente intereses, por lo que está generando obligación tributaria ya que es hecho generador de este régimen.

Por su lado, las rentas de capital se describen, artículo 4, como “… las derivadas del capital y de las ganancias de capital, percibidas o devengadas en dinero o en especie, por residentes o no en Guatemala…” y entre el listado particular aparecen:

1. Dividendos y utilidades;

2. Intereses o rendimientos;

3. Regalías;

4. Rentas provenientes de bienes muebles o inmuebles (supongo que esto quiere decir precios por arrendamientos, pues el concepto renta es distinto dentro de la ley);

5. Ganancias de capital por la venta de acciones o títulos o participaciones, con varias calificaciones de afectación;

6. Rentas de capital derivados de la transmisión de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio nacional;

7. Los premios de loterias, juegos, rifas y demás;

8. Incorporación al patrimonio del contribuyente residente de bienes, que no estén gravadas por otro impuesto directo.

Es así que la definición de “Actividades Lucrativas” incorpora todos los supuestos de afectación de las rentas y ganancias de capital, ya que, obviamente, todos los supuestos detallados derivan de la “combinación de uno o más factores de producción”. Esos factores, tradicionalmente, son el capital y la mano de obra o el trabajo. Recibo intereses porque tengo algún capital trabajando para mi, ya sea en depósitos o bien por haber prestado dinero. Recibo ingresos porque vendí, habitual u ocasionalmente, un bien.

La escogencia del leguaje causa muchas dudas. La distinción usual, para estos casos, sea mejor colocarla en la habitualidad de la realización que causa esos ingresos. Veamos así que resulta una renta de capital la obtención de una regalía por uso de marcas o patentes de invención. Sin embargo, esas rentas de capital pueden ser catalogadas como “rentas de actividades lucrativas” pues es una renta que habitualmente obtiene un contribuyente que se dedica a la explotación de derechos sobre marcas o patentes de invención y no tiene otra razón de ser. Sus inversiones son para generar marcas, crearles reputación, mercadearlas y luego vender derechos de uso de las mismas. Una compañía que crea personajes e historietas; una compañía que es la dueña del know how de un negocio que se comercializa con sus marcas, como sería cualquiera de los restaurantes de cadenas que todos conocemos. ¿Es una renta de capital? Ambos hechos generadores los incluyen. ¿Cómo resolvemos el conflicto?

La norma que debería servir de parámetro para responder es el 15: “Las rentas de capital y las ganancias de capital, se gravan separadamente de conformidad con las disposiciones del Título IV de este libro.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no es de aplicación a las rentas de capital mobiliario, ganancias de capital de la misma naturaleza, ni a las ganancias por la venta de activos extraordinarios obtenidas por bancos y sociedades financieras, ni a los salvamentos de aseguradoras y afianzadoras, sometidas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, las cuales tributan conforme las disposiciones contenidas en este título. También se exceptúan del primer párrafo, y deberán tributar conforme las disposiciones contenidas en este título, las rentas del capital inmobiliario y mobiliario provenientes del arrendamiento, subarrendamiento, así como de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles y muebles, obtenidas por personas individuales o jurídicas residentes en Guatemala, cuyo giro habitual sea dicha actividad.”

Considero que el artículo 15 no hace del todo bien su trabajo, pues crea dos excepciones, mismas que son aplicables únicamente cuando uno se enfrenta a “rentas de capital” puramente. El primer problema es que las rentas de capital no están definidas de forma inequívoca y los elementos definitorios que tienen las rentas de actividades lucrativas también le aplican a los conceptos de rentas de capital. El artículo 15 está redactado como si unívocamente fueran rentas de capital que serán “absorbidas” como rentas de actividades lucrativas en este régimen, si se llena el requisito allí dado, en los varios casos exceptuados. Por lo que podríamos pensar que la interpretación de la norma es también que lo que está catalogado como “renta de capital”, salvo la excepción, tributará únicamente como renta de capital. Lástima que la redacción no sea clara, pues técnicamente, aunque haya exención, causa doble obligación tributaria. Una como renta exenta y otra como renta gravada.

Este punto, la exención y causación del tributo, sin embargo, también ocasiona problemas, que espero tratar más adelante en este medio.

Ahora, el tema, según el artículo 15, se centra en determinar si es el giro habitual dicha actividad o no. Regresamos, por tanto, a un concepto jurídico.

Se ha escuchado que la Administración Tributaria pretende que “giro habitual” sea equivalente a “actividad principal” como la define el Código Tributario en el Artículo 120 en cuanto a ser la actividad por la que el contribuyente obtuvo más del cincuenta por ciento de sus ingresos en el período anterior. Es claro que los conceptos son totalmente distintos. “Giro habitual” se refiere a la frecuencia de realización de una actividad, mientras que “actividad principal” se refiere al volumen de facturación. Obviamente no podrán ser equivalentes.

El giro responde a las actividades que una empresa lleva a cabo cada momento. Ahora bien, “actividad principal” en el sentido definido por el Código Tributario se refiere al volumen de facturación. Es así que será la actividad principal aquella por la que factura más del 50% de los ingresos del año.

Veamos así que un contribuyente puede realizar habitualmente -todos los días- venta de dulces y chicles. Es decir, tiene una empresa abierta por la que vende esos bienes habitualmente. También es propietario de 2 locales comerciales que da en arrendamiento desde hace 5 años, por los que cobra mensualmente una renta y, por último, es un excelente fotógrafo y cobra por sus servicios de fotógrafo, actividad que se desarrolla usualmente, por razones de los eventos que cubre, en Semana Santa y Navidad. De lo anterior se desprende que giro habitual será la tienda de dulces y el arrendamiento de los locales; mientras que la actividad menos “habitual” es la de fotógrafo. Pero, ¿qué tal si factura 60% de sus ingresos al año por su actividad de fotógrafo, ya que es tan famoso que puede darse el lujo de trabajar sólo esos meses al año, y de vez en cuando, mientras que las otras 2 actividades que realiza son habituales, pero facturan únicamente 40% del total?

Dicho esto, es importante tener claro que la ley habla de “giro habitual” y no de volumen de facturación para distinguir el régimen, pero no es sencillo, en el caso de los arrendamientos del ejemplo, ya que no tenemos un parámetro claro de cómo medir dicha habitualidad. Sabríamos, en este caso, que el contribuyente como actividad principal tendrá en el RTU registrado “Servicios personales”, pero, ¿aceptará SAT que los arrendamientos pagan conforme a las rentas de actividades lucrativas y no como rentas de capital inmobiliario?

Mario E. Archila M. 

¿Rebaja al Impuesto de Circulación de Vehículos?

El decreto 1-2013 del Congreso nos presenta una “reducción” al pago de la famosa “calcomanía” de este año y en adelante.

El texto dice:

ARTICULO 5. Reducción del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos.

Se decreta la reducción del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, contenido en el Decreto Número 70-94 del Congreso de la República y sus reformas, a efecto de que todos los contribuyentes que paguen dicho impuesto sobre los vehículos terrestres al estar vigente la presente Ley, tengan una reducción del cincuenta por ciento (50%) sobre el monto del impuesto determinado.”

En este caso, técnicamente hablando, es una reducción al impuesto -condonación en el caso de pagos pendientes o descuento al impuesto, para el futuro-, lo que es posible. Algunos han salido diciendo que “no aplica para el 2013”, que “el Congreso no puede hacer eso”… bueno, sí aplica y el Congreso sí puede.

Obviamente esta reducción no obedece a nada más que buscar elevar simpatía, pues el grueso del decreto 1-2013 es una amnistía parcial, que es bastante sospechosa…

La reducción sí aplica para este año porque aunque modifica “cuantía” del impuesto, debemos leer bien lo que el Código Tributario indica con las reformas a cuantías de impuestos: PARA EVITAR DOBLE DECLARACIÓN.

En este caso la operación de determinar la obligación tributaria no puede resultar en “doble declaración”, ya que se determina el impuesto por vehículo, de manera separada, para un pago único anual. Es decir, que si usted determina el pago de su calcomanía, lo hace una única vez y la rebaja se incluye en esa declaración. UNA SOLA DECLARACIÓN.

Distinto es una reforma al Impuesto Sobre la Renta, por ejemplo, que se les ocurra hoy y rebaje la tarifa de 31 a 29%. En este caso, la declaración por el año enero a diciembre 2013 sufriría el caso de tener que hacerse una determinación por los ingresos de enero a hoy a 31% y luego de mañana a diciembre al 29%. Es así que la finalidad de la norma del Código Tributario es evitar que eso suceda y entrará en vigencia el próximo período.

En el caso de una declaración única, el momento de la determinación de la obligación dicta las normas a utilizar y no existe posibilidad alguna de dobles declaraciones. Es por ello que sí está vigente.

Luego el hecho de hacer una rebaja al impuesto determinado no a la tarifa, pues es un poco impráctico, pero sí es posible. Es básicamente una exoneración parcial de tributo.

 

Mario E. Archila M.

 

 

Curso de Impuesto Sobre la Renta

Ahora sí… Acá vamos con el primero de 2 cursos sobre impuestos. Este es para todos. El más pato al más buzo. Cambiaron la ley y está generando conflictos llegar a entenderla.

Lugar y hora

Hotel Camino Real, jueves 20 de junio; 8 a 12:30pm.

Inversión

Individual: Q600.00

2 personas: Q500.00 cada una.

3 personas en adelante: Q475 cada una.

Puede pagar con Tarjeta de Crédito Visa en nuestras oficinas. Visacuotas en el precio individual.

Inscripciones

Al 23788484 con Doris. Cupo se cierra el 14 de junio.

Contenido

  1. Principios Constitucionales en Guatemala
  2. El 10-2012 y la nueva regulación del ISR
    1. Afectación
    2. Hechos generadores
    3. Regímenes de pago según categoría de renta afecta
  3. Régimen de Utilidades
    1. Hecho generador
    2. Rentas exentas
    3. Gastos deducibles
      1. Requisitos del gasto
        1. Documentos
        2. Registros contables y otros
      2. Limitaciones a los intereses
    4. Gastos no deducibles
    5. Pagos trimestrales
    6. Pagos en exceso
  4. Régimen Opcional Simplificado (5, 6 y 7%)
    1. Formas de operar
    2. Retenciones
  5. Rentas de Capital
    1. Cuando hay renta de capital y cuando es renta ordinaria
    2. Ganancias de capital
  6. Rentas del Trabajo
    1. Planilla del IVA
    2. Gastos deducibles
    3. Retenciones a empleados

Véngase. Le va a gustar… o por lo menos, aprenderá algo nuevo. 

Mario E. Archila M. 

Legislando y legislando, SAT quiere ser Congreso

Normalmente no publico 2 entradas el mismo día… pero no me aguanto. Vea lo que SAT publica en su cuenta de Twitter:

 

Planilla IVA

 

 

 

Aunque parezca increíble, esto no es posible. En ningún lugar la ley tiene esa limitante. Dice únicamente hasta Q12,000 (como deducción a la renta) por consumos personales, pero no hay calificación de ningún tipo.

Es una deducción y por tanto, la literalidad del texto debe ser respetada. Por mucho que parezca que me gasté algo que no tenía, SAT no puede hacer esto…

Si la planilla y las facturas suman más de Q12,000 de IVA, en buen chapín, SAT se jode, salvo que pueda demostrar que hay falsedades.

Saludos,

 

Mario E. Archila M.

Inconstitucionalidades…. ¿Cómo vamos?

Se me pregunta mucho cómo van las acciones de inconstitucionalidad. Pues ya vieron que se han ampliado algunas suspensiones provisionales.

Las malas lenguas dicen que los magistrados están debatiendo “grueso” el tema. El punto es que habrá siempre unos a favor y otros en contra y otros en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra.

Fuera el chisme, considero que las acciones de inconstitucionalidad planteadas por las cámaras empresariales están fundamentadas en temas jurídicos y no en un afán de “no pagar”. Particularmente en las que participé directamente, se tuvo el cuidado de hacer un análisis respecto a cosas que afectaban el progreso de todos, como el sector construcción que ha tenido una sensible baja; o temas como la baja en las ventas de los pequeños contribuyentes y facultades altamente discrecionales de SAT.

Está, actualmente, suspendido, además de las suspensiones anteriores, el artículo que permitía a SAT cerrar “administrativamente” establecimientos, tanto inscritos como “fantasmas”. El detalle está que la herramienta se concibió para cerrar a los “fantasmas” no a los que sí son contribuyentes inscritos, pues en este cierre “preventivo” no hay recursos ni intervención de juez para declarar “culpable” a alguien. Ni el Ministerio Público tiene esa facultad.

Considero que los señores Magistrados están conociendo el fondo de los recursos y no se dejan impresionar por números que no tienen sentido alguno. La recaudación empezó a bajar desde la promulgación de los decretos. El sector construcción está totalmente deprimido y no se ha suspendido provisionalmente la norma. Las noticias reportaron que la facturación se cayó y SAT envió 500 nuevos auditores para monitorear facturación. Es decir, los contribuyentes dejaron de emitirlas, pero ningún artículo suspendido hasta hoy tiene que ver con ese problema, pues la norma es más dura ahora que antes de la reforma.

La recaudación muestra bajas, pero las suspensiones son en “facultades de fiscalizar”, que se utilizan por SAT al revisar contribuyentes no en la recaudación; en cierres preventivos, pero tienen la posibilidad de cobrar por procedimientos de determinación de obligaciones. Es así que la baja en la recaudación no es por “los recursos” sino porque la población cambió su comportamiento.

Espero que se resuelvan rápidamente y con lugar aquellas normas que están causando que los contribuyentes dejen sus actividades económicas o bien dejen la formalidad en ellas para no ser sancionados o no gastar por arriba de su rentabilidad sólo para cubrir impuestos.

 

Les contaré más.

 

Mario E. Archila M.