Me sorprenden

losms13

Así parece que son nuestros funcionarios. Me sorprende cómo sueltan una tremenda tontería como crear un impuesto de seguridad.

Seguro que tomaron posesión y nunca se enteraron para qué se crea el Estado. Veamos, pues. Hace muchos años, crea o no en Adán y Eva, hace un chorro de años el ser humano era medio salvaje, medio mono (aunque a algunos no se les ha quitado) y de allí que los grupos sociales primitivos vivían bajo la ley del Tetunte: “El que tiene el tetunte más grande, pone la ley”.
La fuerza bruta daba la autoridad. Como buena manada de primates, se defendía el puesto con quijadas de burro y leños. Claro que el ser humano tiene habilidades superiores a la fuerza bruta. Es así que luego de un par de víctimas de tetuntazos, se descubre que el gorila mayor también tiene que dormir y dormido, el tetunte no sirve de mucho.

La vida, por tanto, es insoportable si la ley del miedo y la fuerza bruta es la que manda. Para ello se desarrollan mecanismos de solución de conflictos que pasan por delegar “autoridad” no poder. Autoridad para resolver quién tiene “derecho”. Consejos de Ancianos, reyes, pretores, sacerdotes, iluminados, etcétera.

Esos mecanismos van desarrollando instituciones, primero religiosas, luego sociales, que se convierten, con el paso del tiempo, en Derecho. Se va reconociendo que si quiero asegurarme que mañana estaré vivo, debo evitar ir a matar o atropellar al vecino. Si me cae mal algo, voy a los “ancianos”, reyes o lo que tenga “autoridad” para que defina quién debe hacer o dejar de hacer por el otro. Ése está autorizado a coaccionar el cumplimiento de lo que decidió.

Estas interacciones son la génesis de lo que luego se convierte en los estados modernos. El primero de ellos, Estados Unidos, allá en 1776. Se conforma, como lo dicen sus documentos fundacionales, para garantizar y proteger “la vida, la propiedad y el derecho a buscar la propia felicidad” de todos. Luego vienen los estados constitucionales europeos de finales del siglo XVIII e inicios del XIX, principiando con Francia. Y las Américas.

Es connatural, por tanto, a la existencia del Estado moderno que la autoridad se delega, principalmente, para dichos fines. Lo demás son adornos (“gracias” Weimar), pero no fundamentales.

Por lo tanto, si las necesidades básicas de un Estado son garantizar y proteger la vida, la propiedad y la libertad, lo que pagamos (ya desde el origen) en tributos, ES para esos fines. Es su causa. Su razón de ser. Ridículo, por tanto, que tengamos que pagar un “impuesto” específicamente para proveernos “seguridad”. Es como que usted vaya a McDonalds, pida un menú y luego que lo paga, le cobren extra por la hamburguesa, pues “con lo que pagó no alcanzó para la hamburguesa del menú”.

El principal análisis es determinar dónde se gasta en lo que no tenga razón fundamental de ser, para ir eliminando dicho gasto superfluo y con ello destruir las fugas del presupuesto. Priorizar el gasto, pues, para que se entienda. Una vez satisfechas a plenitud las razones básicas de ser del Estado, si queremos entrar en la repartición de otros privilegios, pues aceptaremos o no, pagar por ello; pero decirnos que vamos a pagar más por lo que ya es obligación inicial y fundamental, es bien absurdo.

 

Mario E. Archila M. 

 

Foto tomada de: http://marasypandillaslatinas.blogspot.com/2012/07/los-ms-13-la-ms-salvatrucha-13.html

Respecto a la revisión histórica

Tomamos prestado el blog de Luis Figueroa en una pequeña tertulia con Carlos Fajardo. Él tiene una visión, yo otra. Acá aclaro un poco de esa visión, para que comprendamos el error que comete Carlos cuando dice: “Posiblemente, y en eso caemos ya en elucubraciones, cuando las masas campesinas hayan desaparecido por completo, subsumidas en el proletariado agrícola o industrial, sea cuando comience el segundo round: la lucha por el poder del estado por el proletariado contra la ya bien definida clase dominante. 200 años mínimo de lucha por delante

El ideal libertario no es la que se ha aplicado en los últimos 50 años… Ni en los últimos 150… es más, en Guatemala nunca se ha aplicado. Eso estamos tratando de hacer unos pocos. Bien incomprendidos, pues se cree que ser libertario o liberal clásico, es algo que ya se “probó” en Guatemala. Vea que no.

En Guatemala, seguro, desde tiempos de Justo Rufino Barrios, hemos tenido aplicación de políticas, pensamiento y conductas de la “Ilustración Francesa”, que derivan en el chirmol que somos hoy en Guatemala. Así tenemos que de dichos los orígenes filosóficos que le comento, surgen:

A) el positivismo, especial trascedencia, el jurídico. Estas corrientes fundamentan a los Nazis y Franquistas, entre otros… ah, sí y los Fascistas.
B) la dialéctica y las escuelas de Hegel y Marx, con su desarrollo en la práctica del leninismo y castrismo.
C) el mercantilismo, con sus intervenciones en toda Latinoamérica y en Guatemala, desde 1871, con la reforma “liberal” -francesa- de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, la cual pasa por Carrera y Ubico. No muere allí y se revive en los gobiernos militares de 1955 a 1985. Algo modernizado lo encontramos en el gobierno de Álvaro Arzú y la tendencia del FRG liderada por el General Ríos Montt.
D) La socialdemocracia, que es un punto medio entre mercantilismo y socialismo, con expresiones en todas las actuales democracias latinoamericanas. Vinicio Cerezo y versiones light como Serrano Elías, a versiones más “duras” en Portillo y Colom, en Guatemala; Evo, Correa, Lula y Chavez, por citar algunos más.

Se dice que los libertarios abogamos por la “autoregulación” como milagro del cielo. Bueno, sí, pero realmente no es que todo se “autoregula” porque a uno se le ocurre…

Puede ser que no nos entiendan, quizás por un problema comunicacional, en una parte y por otra, por el error doctrinal que ha copado a nuestro sistema educativo, gracias a la bendita “Ilustración Francesa”. Recuerde que la “Avenida de la Reforma”, la hicieron los liberales en 1870’s para que se pareciera a los Campos Elíseos de París… hasta eso copiamos.

La autoregulación la interpretan los que no les gusta el término, como que se propone “anarquía” y “nada de Estado”. Pero no, lo único que se propone es un Estado que realmente haga lo que tiene que hacer, al que se le amarren las manos para que no puedan andar por allí haciendo piñata los recursos. Combatir la delincuencia viene de “cumplir los contratos y acuerdos voluntarios”, “proteger lo que es de cada cual” y “la vida” de cada cual. Para ello se necesita un Organismo Judicial realmente operante, fuerte, rápido. Ese costo del Estado es el que menos se paga. Todo se va en la fiesta navideña de los “gorrones”, o como técnicamente se llama a los gorrones: Buscadores de Rentas o Rentseakers.

El positivismo y la Ilustración como tal, crean un marco legal. Lo malo es que cualquier marco legal crea incentivos. Muchos “Revolucionarios de Izquierda”, correctamente perciben que los incentivos de los últimos 50 años -de los últimos 150 te diría yo- están colocados en lo que no queremos. Eso sí, se equivocan al pretender achacarle ese error a los libertarios. Que Don Justo y Don Miguel se hayan llamado “liberales”, nada tiene que ver con los libertarios, liberales clásicos y seguidores de la escuela austriaca, pues eso “liberales” Rufinianos y Garcianos, son “franceses”, no escoceses.

¿Quiere ver una Guatemala sin pobreza? Haga lo contrario que se ha hecho desde Justo Rufino Barrios. ¿Quiere ver una Guatemala próspera? No vea en Guatemala una lucha de clases o grupos, pues la lucha sólo es una metáfora colectivizadora que no es real. En el mundo real, no hay tal lucha.

El Estado no necesita “hacer” más que garantizar seguridad y justicia. Después cada cual puede salir adelante.

Se requiere confianza en la sociedad y la confianza se alcanza cuando hay certeza y puede predecirse la conducta de cada uno. ¿Con un sistema judicial débil y un sistema político que responde a intereses no ha derechos, puede predecirse? Seguro que no.

Mario E. Archila M.

¿Fines del Estado?

La historia nos enseña que quien puede cobrar impuestos tratará a toda costa de cobrar lo más posible.

Si bien el poder tributario es manifestación del poder del Estado, este poder no es absoluto ni ilimitado.

En Guatemala, gracias a una rica historia de abusos por parte de la administración tributaria, se incorporó a la Constitución del año 1985 lo que a muchos es un “candado” constitucional al cobro de impuestos.

Claro que es un candado constitucional. Esa es la razón, su espíritu, su justificación: evitar que quien quiere cobrar impuestos cobre lo que quiera.

Ahora en Guatemala se discute el presupuesto para el año 2011. Los ministros salen pidiendo ampliaciones presupuestarias, eliminar candados legales para reasignacioens del presupuesto, aprobación de bonos y financiamiento para la “reconstrucción”. Al lado de ello, nos enteramos de cada vez más actos de corrupción, malversación o priorización dudosa de los recursos tributarios y no tributarios del Estado por parte de la Administración Central.

El texto constitucional dice (artículo 239): Corresponde con exclusividad al Congreso de la República establecer los impuestos, ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales de conformidad con las necesidades del Estado… (luego dice acorde a los principios de equidad y justicia tributaria, tema de otras entradas a este blog).

Ahora bien, ya de dudosa calidad es el gasto en los programas de Cohesión Social, no digamos que de dudoso resultado en el largo plazo también. Las acusaciones de corrupción saltan como pulgas en perro callejero. La destrucción por lluvias hace que los ministros (Willy Castillo entre ellos. Extracto de entrevista en Siglo XXI: Ninguno de ustedes está a la fuerza y saben que están asumiendo una responsabilidad; ¿qué respuesta van a dar a ello? Este es un gran reto y una prueba muy fuerte. Cuando voy al Congreso y me citan, pregunto qué Guatemala queremos. Si queremos una con buenas carreteras, estoy convencido de que hay que hacer lo que se hizo en el Mitch: un impuesto temporal para hacer esa inversión. Traigamos al BID, a Cepal, que nos apoyen a monitorear, a la contratación, a esta empresa internacional que tengo que contratar para que nos certifique y nos verifique. Hagamos todo eso), pidan “impuestos temporales como para el Mitch”. Y yo digo: “Willy, perdón, que Guatemala no ha tenido impuestos extraordinarios nunca: el ISET en el 1991 ya es ahora el ISO, sin dejar de cobrarse, salvo 6 meses durante el año 2004“.

¿Pero, cuáles son las necesidades del Estado que deben cubrirse con los tributos? Sin entrar en discusiones “ideológicas”, seguro que “justicia, seguridad y educación” vienen a su mente…

¿En qué quiere invertir esta administración? En una exposición pictórica conmemorando la revolución del 44. Estoy de acuerdo con Luis Figueroa.

Ya párenle con la revolución del 44, eliminen esa memoria, que no es más que vivir anclados en un pasado que ni siquiera dio frutos. Veamos hacia el futuro, sin divisiones y centrando la capacidad del Estado a lo que verdaderamente son necesidades y que es la Guatemala que estoy seguro todos anhelamos:

1. Salir de casa con la certeza que SUS derechos son respetados;

2. Que en caso de que dichos derechos sean violados, haya un aparato de justicia que sirva pronta y cumplidamente tan apreciado Bien (justicia).

3. Que tenga la certeza que sus hijos no tendrán, desde su nacimiento, una deuda encima que cubrir, que es lo que la deuda pública está haciendo: hipotecando SU futuro, el de sus hijos y nietos.

¿Es moral pagar impuestos cuando sirven a intereses particulares y no de Estado?

Mario E. Archila M.

Haga una rica langosta: ley de extinción de dominio

Tengo un montón de cosas más importantes, en mi vida, pero esto es importante para el país.

La famosa ley de extinción del dominio, como dice LuisFi, es una “wizachada”. Ni modo. Quiere leer la ley. Vaya al sitio del Congreso. Acá está el link: http://www.congreso.gob.gt/archivos/iniciativas/registro4021.pdf

Eso es claro para los que entendemos un poquito de “debido proceso”, “protección constitucional”, “presunción de inocencia” y demás.

No es una cosa de persigamos a los malos y hagamos todo lo malo que podamos con ellos. ¡No! Es una cosa de principios.

En este blog he discutido sobre cuáles son los orígenes de ciertos principios y su aplicación en el derecho Tributario. El Constitucionalismo entero es el resultado de una lucha de siglos por limitar y determinar el límite al ejercicio del poder.

¿Sabe cómo se hace la mejor langosta? Se toma viva y se calienta el agua, hasta que esté cocida. Aderece a su gusto el agua, antes de calentar. De la misma manera se pierde la libertad y el límite que tantos siglos ha costado.

Las cosas no tienen derechos. Siempre las tienen las personas.

Esta ley pretende que las cosas tengan la “sanción”, no “las personas”, quienes seguirán siendo “inocentes”. ¡Hágame el favor!

Si le quitan su casa porque dicen que la cosa es “presuntamente de origen ilícita”, hace que usted sea “sancionado”, sin juicio. Si no, ¿explíqueme cómo le quitaron algo que es suyo, sin haberlo condenado? ¿Qué pasa si resulta que usted es inocente dentro de cuatro años? Esto es la zanahoria para aderezar la langosta.

Acá está la cebolla: Es imposible pensar que las “cosas” tengan derechos. Pregúntele a su computadora si firmó con usted un contrato de servicios profesionales, si siente apropiada la compensación… Es “SU computadora”.

Mire el ajo y albahaca: Se pierde el derecho de propiedad sobre bienes “de procedencia lícita, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de ilícita procedencia”… lo que quiere decir que si usted tiene locales comerciales o una casa y la da en “arrendamiento” a alguien, que resulta que lo acusan de los delitos que están allí, le quitan su casa o local.

Mariano Rayo me dirá: “Es que hay un procedimiento”, pero son babosadas, disculpen, porque la Constitución dice claramente que nadie es culpable, mientras no se haya probado lo contrario en un tribunal (principio formal) y para ello debe ser citado, oído y vencido (principio material). El procedimiento expedito y con apelación -ahora- en 48 horas, es ridícula, pues busque y prepare su prueba en 48 horas, cuando no ha sido citado más que para que le informen que su casa ya no es suya. Y es más, le informen al delincuente presunto que vivía allí, cuando va camino al preventivo.

El debido proceso material implica, definitivamente, que usted y sus cosas, son inocentes, hasta que les prueben lo contrario, no “independientemente” de la sentencia penal. Allí le va el cilantro.

Un poco de picante, le recomiendo chiltepe o chile piquín: mientras se discute, vea usted dónde vive, porque los bienes ya están en poder del Estado. El Fiscal, no el juez, llevan el procedimiento y el juez, sólo lo “aprueba”. Usted puede alegar, pero no le dan los bienes. Es decir que usted es culpable desde el inicio. “No es la cosa”, gritan en el Congreso… Así como muchas otras cosas que no entienden.

Esto es cuestión de principios. Lo que tiene plumas, camina como pato y hace “cuac cuac” sin producir eco, es un PATO.

Sirva en un plato con salsa de mantequilla, adornado con perejil colocho.

Cambiarle el contenido a las palabras es algo de lo que aquella novela de George Orwell se encargó de explicarnos llevaría a la sociedad a un régimen totalitario sin salida.

Además, si leyó la noticia de arriba, resulta que a puerta cerrada lo que los congresistas quieren es que a los funcionarios no les aplique la “presunción de culpa”… Es el poquito de sal que nos faltaba.

La langosta perfecta. ¿No cree?

Mario E. Archila

Pagamos, si hay consentimiento

La Constitución debe ser el documento que limite el ejercicio del poder. No hay manifestación del poder de imperio más controversial ni más directo en el individuo que el poder de establecer tributos.

Los términos han evolucionado por años de confrontación ideológica y lucha -muchas veces sangrienta- por lograr aquello que las Colonias Británicas en América establecieron como límite al poder: La búsqueda de la propia felicidad.

El bien común se definió de esa manera en los documentos que dan origen a lo que ahora conocemos como los Estados Unidos de América. El bien común es la razón y límite de las Constituciones.

El poder de decidir sobre la vida, de juzgar, de usar la fuerza, de enviar a la guerra y de cobrar tributos: todos elementos de ese poder “soberano” que la historia nos demuestra que el ser humano siempre ha querido limitar.

El monopolio de la fuerza se justifica únicamente en el sentido de mantener el orden en la sociedad. ¿Qué debe entenderse por “orden en la sociedad”? Ese debate ideológico ha causado muchas muertes y derramamiento de sangre en los anales de la historia. Los colonos de aquel comité que mencionamos lo definieron en la fórmula que mejor lo dice: la búsqueda de la propia felicidad.

El poder del soberano, del Estado, debe garantizar las situaciones generales necesarias para que cada cual lleve a cabo SU BÚSQUEDA de lo que lo hace feliz. El Estado no puede garantizar que cada uno lo logre, simplemente porque cada uno tendrá una definición diferente, propia y única. Mi felicidad no será su felicidad; mi felicidad no necesariamente corresponde con la suya y por tanto, aunque yo ostentara el poder, no puedo -moralmente no se me permite- imponer en usted ningún parámetro bajo pretexto que eso lo llevará a “su felicidad”. Esas condiciones generales son lo que aquellos colonos descubrieron, plasmaron en sus textos constitucionales -declaración de independencia y constitución de la Federación- y lucharon por lograr. Lo que era común a todos los colonos era esa creencia y necesidad de ser dejados a su libre determinación. Esa concepción los llevó a unirse y buscar un “bien común” a todos, ya que todos deseamos alcanzarlo, pero ninguno puede imponerlo al otro.

Esa concepción de bien común es lo que justifica la concentración de poder en los órganos del Estado e incluye el poder de establecer tributos.

Por ello, en las estructuras democráticas, se coloca la potestad de definir los tributos en los parlamentos. Son los parlamentos los que llevan la voz de todo ciudadano que busca su propia felicidad. Son los parlamentos los vehículos para establecer dichas condiciones generales para que cada ciudadano, cada individuo, esté representado y pueda buscar SU PROPIA FELICIDAD.

De allí el grito de guerra de la Revolución Americana: No taxation without representation. Un grito de guerra que no surgió en la Revolución Americana, sino que muchos años antes, allá por el año 1215 cuando se obligó al rey Juan Sin Tierra de Inglaterra a firmar un documento que daría origen, con el pasar de los siglos, a los fundamentos de los Estados Constitucionalmente limitados.

En la historia, se menciona que la Revolución Americana surgió porque las colonias no querían pagar el impuesto al té… Realmente el fondo es mucho más profundo que eso. Los Colonos no buscaron realmente la independencia de la corona inglesa desde el principio. Muchas campañas fueron realizadas para lograr REPRESENTACIÓN ante el Parlamento Inglés y comitivas diplomáticas fueron enviadas a tratar de lograr que el Rey Jorge dejara de abusar sus poderes en las colonias americanas.

De esa manera, el Parlamento impuso un tributo al té, el cual fue mal visto en las colonias americanas. Las colonias trataron de nuevo de lograr la representación en el parlamento, pues era un Derecho Inherente a cualquier ciudadano inglés, que cada tributo debía ser establecido por medio de su consentimiento prestado por la representación en el parlamento. Las colonias no estaban representadas.

Los Colonos argumentaban que sus derechos como súbditos de la corona inglesa les permitían representación directa en el Parlamento y que sin dicha representación directa, los tributos que el Parlamento les imponía eran inconstitucionales. En el año 1773, el Parlamento deroga el impuesto al té -sin representación de las Colonias- y el resultado de dicho acto fue tomado como un “insulto” a las colonias. Los hechos desembocan en lo que fue la conocida Fiesta del Té de Boston. Movimiento precursor de la guerra de independencia. Las colonias hubieran pagado y seguirían siendo colonias, si tan sólo se les hubiera dado la representación que exigieron. La obligación de pago nace cuando hay consentimiento y el consentimiento surge de la representación parlamentaria bien ejercida.

La representación parlamentaria directa, por tanto, es desde hace mucho tiempo considerada un derecho inherente y constitucionalmente protegido, que legitima la imposición de tributos.

En Guatemala, dicha representación está contenida en el artículo 239 de la Constitución que establece que “Corresponde con exclusividad al Congreso de la República establecer impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales…”

Los espero en la próxima…

Constitución como Garantía

Protegido por ese formalismo y alejado más de la cuenta de la realidad social, el jurista ha vivido durante muchos decenios cobijado dentro de una aséptica coraza profesional. Para él no había leyes justas o injustas. Sólo había “leyes” procedentes de un poder legislativo capaz de promulgarlas, sin entrar siquiera a considerar si tal poder era el derivado de una Constitución democráticamente aprobada o coincidía sin más con la voluntad soberana de tal o cual dictador. El positivismo jurídico desembocó así en la pérdida de conciencia ética y crítica por parte de muchos juristas. Recientemente se ha denunciado este fenómeno y se ha demandado la recuperación por parte de los juristas de una conciencia política no desgajada de su trabajo profesional. Las valoraciones éticas y la postura crítica respecto al Derecho vigente son enfoques que el jurista no debe situar en un plano lejano y metajurídico, aunque en su mano no esté siempre, como es obvio, la posibilidad de derogar o simplemente de arrinconar en el olvido las normas formalmente vigentes.

TOMÁS Y VALIENTE, F., “Manual de Historia del Derecho Español”, Editorial Tecnos, Madrid, 1979, p. 629.

Aunque densa la cita, simplemente implica que la ley no es ley porque cumplió un proceso formal legislativo. No todo lo que se “promulga” tiene la calidad moral de ser obligatoria. Tenemos leyes que favorecen matar a una persona, raza o religión, perfectamente bien promulgadas, pero no por ello “justas” en el sentido de moralidad que la hace obligatoria.
De allí deriva el papel primordial y único que una Constitución debe cumplir: proteger al individuo de quien ostenta el poder del Gobierno.
La Constitución es la garantía que los derechos inherentes no serán violentados por ningún órgano gubernamental, ya sea el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial o cualquier otro en que se haya constituido realmente. La “inherencia” de dichos derechos es lo que permite calificar una ley de “justa” o “injusta”, o en otras palabras, de moralmente obligatoria o no.
Es así que la esfera de derechos individuales debe ser protegida de manera absoluta, como la tradición constitucionalista pura lo concibe. Ya comentamos que la primera constitución moderna nace de la Revolución Americana y ese documento que gritó independencia: la búsqueda de la felicidad de cada cual. En esa frase se condensan los derechos individuales inherentes.
En el siglo XX pasado, la inherencia de dichos derechos cedió ante un concepto desviado y quizás absurdo de “democracia”. Esta palabra perdió su sentido real, para convertirse en una regla de toma de decisiones sobre la premisa de una “mayoría soberana”. Sin embargo, el argumento de la decisión mayoritaria no puede ser suficiente para invadir la esfera de derechos individuales y menos los inherentes. Si se permitiera dicho discurso caeríamos de nuevo en regímenes tan mayoritarios y “democráticos” como el Nazi en Alemania, que es precisamente lo que muchos gobiernos -si no es que todos- buscan lograr. Algunos con mejores intenciones que otros, bajo una regla de mayoría pretenden despojar al individuo de sus esferas más privadas, para convertirse en un parámetro moral “por mayoría”. Nada más peligroso.
Esto puede parecer absurdo y extremo, pero debemos recordar que las “leyes” Nazis fueron aprobadas por un parlamento democráticamente electo, dirigidas contra las minorías étnicas y religiosas, un hecho histórico que hoy se considera como abominable. La evidencia de las posibilidades de abuso de la regla de la mayoría son abrumadoras y aún así, en el mundo jurídico -político, profesional y académico- se sigue escuchando que ‘dura lex est lex‘ sin entrar a considerar si el contenido de dichas “leyes” es o no Derecho. Derecho será únicamente aquella regla parlamentariamente proclamada que cumple con los presupuestos morales para ser obligatoria.
Bajo el argumento que la representación parlamentaria es suficiente para dictar, emitir y dar validez a cualquier “ley” se pueden cometer, como de hecho se han cometido y siguen cometiéndose, grandes injusticias y crímenes. El abuso de poder no es un fenómeno del absolutismo francés del Rey Sol, sino que de cualquier absolutismo, si no, vale recordar los crímenes cometidos por la propia Asamblea Revolucionaria en el nombre de la libertad.
El poder sin límites es altamente peligroso, tanto que la historia de la humanidad es una lucha constante por limitar dicho poder. El Constitucionalismo y la separación de poderes  promulgada por Montesquieu y Locke son el mecanismo encontrado para limitar el poder ‘soberano’ y proteger a los individuos de ese poder. Sin esas limitaciones el capricho del gobernante de turno, ya sin importar si es un ente colectivo o unipersonal cometería los abusos que se le antojaran. De la misma manera un parlamento, bajo el argumento de la representación mayoritaria, declararía “leyes” que violentarían los derechos de minorías. La simple separación de poderes, como las Constituciones de corte francés -varias de las Latinoamericanas- padecen el grave vicio de no ser limitaciones Constitucionales. Especialmente las constituciones más “modernas” y “progresistas”, incluyen provisiones que amplían las esferas de decisión e intromisión de los órganos estatales, sin cumplir con su papel de limitar el poder.
Es, pues, misión del jurista cuestionarse y pronunciarse contra cualquier intento de utilizar argumentos demagógicos y populistas para crear lo que Toqueville llamó Dictadura de las Mayorías.
El tema de los impuestos pasa por el mismo problema. La Constitución debe necesariamente limitar el poder de establecerlos. Dichas limitaciones deben trascender de las necesidades particulares de un gobernante, así como de sus caprichos. Una vez que la legislación tributaria pasa de dichos límites, la obligación moral de pagarlos está extinguida, pues hay una clara comisión de abuso de poder por parte de los entes encargados de establecerlos, cobrarlos y utilizarlos.
¿Me acompaña a realizar los análisis de cuáles son dichos límites?

El Papel de la Constitución

El esqueleto normativo de cualquier sociedad tendrá, obligadamente, que ser su Constitución. No como puede ser visto por algunos, por el hecho de contener el catálogo programático de los “fines sociales”, es decir, por contener los lineamientos y objetivos del Estado, sino por establecer el límite al poder encomendado a unos pocos y ciertos mecanismos estructurales que permiten tomar decisiones dentro de los campos permitidos a ese poder.

Como explica el profesor Jorge Carpizo en su obra Estudios Constitucionales, la Constitución para algunos, los adeptos a la doctrina constructivista, parte de la convicción que “… se puede realizar una ordenación total del Estado, de una vez y para siempre, en el que queden subsumidos todos los casos particulares” y agrega que “(l)a posibilidad de la razón para hallar ese ordenamiento inmutable y que proporciona el orden y la estabilidad política. En esta forma la Constitución no sólo es expresión de un orden, sino que es la creadora del mismo.” Esta concepción, como se ve, implica que ese orden se supedita a una voluntad expresa y conocida, que puede establecerle fines específicos.

La historia nos demuestra que lo anterior no fue lo que se tenía en mente cuando se redactó y promulgó la primera constitución escrita de la historia moderna: la de la Unión Americana.

La Constitución de los Estados Unidos de América fue pensada primordialmente como un mecanismo para limitar los poderes de quien lo ostentara. No fue una decisión simple, sino que se da en un proceso en el que los colonos se dan cuenta que la Constitución británica no podía ser invocada con éxito frente al Parlamento, por lo que “…llegaron a la conclusión que tenían que edificar los cimientos que faltaban…”, por lo que redactaron una constitución con el fin de establecer un gobierno limitado. Era un documento que buscaba únicamente limitar los poderes de quien estuviere en el gobierno, llámese rey, congreso, parlamento o senado.

El sistema parece que puede dar grandes resultados, crear la economía y el nivel de vida más alto de la historia en tan sólo unas cuántas generaciones. Basta ver la historia desplegada, en alrededor de 5,000 años, bastaron menos de 200 años -1776 a 1920- para que los Estados Unidos de América pasara de ser un grupo de colonias sobreviviendo, a convertirse en el país que representa alrededor de un tercio de la “economía” mundial.

He dicho que esta Constitución fue la primera, y por lo tanto debe ser el modelo que muchas otras constituciones del mundo han seguido. Es además la de más larga vida, pues es básicamente la misma que al momento de entrar en vigencia. ¿Cuál ha sido el error en las otras Constituciones? Me atrevo a decir que el error radica en nosotros mismos y los espejismos que creemos –en esa Fatal Arrogancia, pues gracias a “…la restringida capacidad de nuestra inteligencia, los objetivos inmediatos aparecen siempre muy importantes y tendemos a sacrificar a ellos las ventajas a largo plazo” y se inicia con la era de las “Constituciones progresistas” que bajo la idea de otorgar el poder de los gobernantes, incluyen funciones específicas y metas a cumplir, desvirtuando la figura de un control del ejercicio del poder, volviendo las mismas un catálogo de funciones y metas por alcanzar, creando, no un poder limitado, sino un poder ilimitado, circunscrito al cumplimiento de esos fines programados.

La actual Constitución Política de la República de Guatemala data de 1985, con entrada en vigencia en 1986. Recuerdo que en aquel momento, a pesar de haber contado con sólo 10 años, se me presentó la Constitución como la salvación a nuestros problemas, se dijo que su contenido y redacción eran de lo más progresista y moderno, en el que el gobierno debía cumplir con metas establecidas para lograr el bien común.

A esa edad, sin comprender nada de lo que oí, creí que todas esas palabras significaban algo bueno. Ahora comprendo que lo único que esas palabras querían decir es que quien ostentara el poder podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando lo justificara como una de las metas “constitucionales”. Basta leer algunos artículos de nuestra Constitución para comprender lo que digo. Por ejemplo, el derecho a la libertad de acción, es decir, el poder hacer cualquier acto que no atente contra la propiedad, vida o libertad de otro individuo, se convierte en un derecho garantizado en el sentido que todos pueden hacer todo aquello que la “ley” no prohibe. Y “ley” será aquello que el Congreso de la República decrete y el Presidente de la República promulgue, con lo que la limitación del poder no es más que un espejismo formal, ya que es totalmente discrecional, según la concepción ideológica de quienes los ostentan, y no un claro dique para su ejercicio.

Nuestro sistema constitucional no es más que un sistema que permite a una minoría electa (gobernantes: diputados, ejecutivo, etcétera) por una mayoría temporal y relativa (únicamente al momento de la elección y dentro de las personas que emitieron voto válido, no de toda la población) establecer el contenido de las limitaciones a todos y cada uno de nosotros.

Nada escapa de este espejismo de contar con un sistema constitucional. La potestad de imponer tributos está contenida en ella y regulada de la misma manera que la libertad de acción, utilizada como ejemplo en líneas anteriores.

Si vemos el contenido de la Constitución en cuanto a la materia impositiva, encontraremos que:

Corresponde con exclusividad al Congreso de la República, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación…

Exploraremos en las siguientes entradas la interpretación de estas normas.