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Impuestos y Moral

Los límites morales a la tributación. Guatemala tel: 23788484

¿Hay delito en los casos recientes del reclamo de crédito fiscal?

La respuesta corta es sí. Lo importante es que no es del empresario. Eso es el punto que se pierde de vista.

La existencia del crédito fiscal es el resultado de comprar localmente o importar. Todos los que somos formales tributariamente hablando hacemos esta operación mensualmente discriminando conforme el artículo 16 de la ley del IVA qué sí y qué no creemos que genera ese crédito a favor.

Los que exportan y los que venden a personas exentas (Universidades, por ejemplo) lo que no pueden hacer es compensarse ese crédito con sus ventas. Por eso lo acumulan. Una vez acumulado, lo que queda es pedirlo de vuelta a SAT. Si vendieran localmente, no pedirían nada, simplemente se lo compensan y ya.

¿Me siguen hasta acá? Entonces al tener el crédito por cobrar al fisco, la cosa se empieza a poner complicada.

La ley del IVA original sí respetaba el derecho sobre ese dinero y le daba al fisco un plazo para realizar ajustes y denegatorias. Si no actuaba en ese plazo, el crédito fiscal se consideraba otorgado y el contribuyente lo usaba para pagar otros impuestos. Sencillo. No había los problemas de ahora. Debemos agregar que SAT siempre podía auditar ese crédito posteriormente.

Ahora bien, a algún brillante burócrata y otro más brillante diputado se le ocurrió decir que ese crédito debía ser autorizado y por tanto, SAT tendría un plazo para aprobarlo y si no, se tenía por rechazado. Con eso, el crédito fiscal empieza a dar problemas. El Fisco se apropia “legalmente” de dineros que le pertenecen al contribuyente y hace todo lo posible por no devolverlo. Lo primero que hace es no hacer nada.

Ese no hacer nada causa una enorme presa de crédito en expedientes que nunca son resueltos. Es un robo directo del lado del gobierno gracias a una modificación de ley que tergiversa un derecho.

¿Qué soluciones hay? Litigar. Eso es años y años. Dentro de las opciones de litigar está la de plantear amparos para agilizar los deberes y obligaciones de SAT. Primero se plantea para que hagan la auditoría y luego para que resuelvan.

Veáse que esos amparos son para obligar a SAT a hacer su obligación y devolverle al contribuyente su dinero. El que ya es de él. Allí ya hay delitos…

Cualquier abogado medianamente entrenado podría plantear esos amparos. De la noticia, resulta que acusan de sobornar a funcionarios de SAT para que agilicen algo “por medio de amparos”. A ver… quien declara el amparo es un tribunal y eso llega hasta la Corte de Constitucionalidad y es ella la que emite el último fallo. El funcionario aludido no tiene vela en ese entierro. No es necesario pago alguno al funcionario para que el amparo prospere. Primero porque es taaaaan obvia la procedencia del mismo, que toooodooos se ganan. El delito del funcionario va antes siquiera de la presentación del amparo…

Ahora, la siguiente cosa es ¿Qué soborno se le dio? Por el contribuyente, ninguno. Es, en todo caso, preterintencionalidad, pero lo que es claro de las noticias de prensa es que los abogados aludidos tenían pacto de repartición de lo que cobraban al cliente por el amparo, con funcionarios que no tenían más opción que cumplir la sentencia. Y de las noticias leo que tampoco les devolvieron el 100% del crédito a los amparados, sino que porcentajes menores, que es lo normal, toda vez que hay una cadena de personas involucradas en las auditorías.

El delito es el incumplimiento de deberes y hasta retardo y negligencia en la función pública… pero la venta del caso a medios demuestra que hay desconocimiento de la fundamentación inicial de los reclamos de crédito.

Mientras, compénsese directamente sus créditos IVA con sus débitos IVA, que es su derecho.

Mario E. Archila M.

DIACO… algunas ideas

En el segundo informe de gobierno publicado en el Diario Oficial hace algunos días, se resalta en la página 11 que la DIACO logró devolución de Q10.2 Millones de Quetzales mediante conciliación y atención de 6,059 quejas (corregido 19 de enero de 2018) por aumento de precios injustificado a artículos de la canasta básica.

La noticia sorprende, realmente, dado que la fijación de precios no está dentro de los ámbitos de protección al consumidor como tal. Lo otro que sorprende es que se diga “injustificada” en la noticia. Justificar la colocación de un precio de un producto a servicio es básicamente imposible. Todos sabemos que el aumento en la demanda aumenta los precios y que los precios poco tienen que ver con el costo. Ojalá fuera tan fácil como conocer el costo de algo y poner el precio de venta. La tal ley de protección al consumidor establece como “derecho del consumidor y usuario” respecto a precios, únicamente lo que establece el artículo 4 literal g): “La sostenibilidad de precios con el que se oferte, promocione, publicite o marque el producto en el establecimiento comercial respectivo.” Esto, es, para variar, una sobrelegislación, pues una vez que se hace una oferta, el oferente siempre queda obligado a sostener la misma por el plazo que indica o el plazo automático de ley si no hubiere pacto en el precio… y así es con todo. Del lado del “proveedor”, por su parte, la ley le obliga (lo que es más lógico que la aritmética básica) en el artículo 15 literal ñ) “Incorporar en listados, rótulos, letreros, etiquetas o envases, el precio de los bienes o servicios que se ofrecen al público, incluyendo el Impuesto del Valor Agregado -IVA-” (que es lo mismo que dice la Ley del IVA), y en el artículo 16 como prohibiciones, establece: “a) El cobro de un precio superior al exhibido, informado o publicado. En todo caso, el consumidor tiene el derecho a pagar al proveedor el precio, tal y como se muestra en la información.” Es decir que el titular parece aceptar que DIACO se extralimitó y está funcionando como una oficina de control de precios, fuera de su ámbito legal de funciones.

Sin embargo, lo que llama la atención de la noticia es la cantidad de procedimientos conciliatorios que han ocurrido en el 2017. Tenemos que estar claros que muchas de las obligaciones que la Ley de Protección al Consumidor contiene son obligaciones que las propias leyes contractuales establecen. El problema, muchas veces, es que el producto o servicio que se adquiere es muy barato como para acudir a un tribunal civil a demandar al proveedor que incumple una garantía o vendió algo con vicios ocultos. Esa situación hace parecer que el consumidor está “desprotegido” ante el “gran capital”, cuando es un tema de diseño de sistemas judiciales y de resolución de conflictos.

Este ámbito de quejas en DIACO, por ello, resulta un camino menos costoso para hacer reclamos. Esta circunstancia es quizás la bondad de la ley, pues permite ese canal hacia un ente gubernamental que puede resolver un conflicto de ínfima o muy baja cuantía, de manera más económica que tribunales.

¿Sabe usted qué más contiene dicha ley?

Mario E. Archila M.

Y que si la música y el arte

Una gran discusión ha salido en las redes la semana anterior respecto a si las artes -música, pintura, danza- deben tener más o menos espacio en la educación de los niños en Guatemala. El tema causó, seguramente, hasta insultos.

El tema de la educación y el diseño curricular siempre es problemático. Métodos de enseñanza hay muchísimos. Teorías sobre pedagogía y aprendizaje, otro montón. Hay debates mundiales sobre la carga óptima diaria hasta la necesidad de prohibir en las cafeterías de las escuelas algún tipo de comida.

Lo cierto es que la modificación al nombre del curso y la publicación de la cantidad de horas semanales que las artes deben tener dentro del diseño curricular guatemalteco ha sacado el principal tema a flote: CADA UNO DE NOSOTROS JUZGA MEJOR QUÉ TIPO DE EDUCACIÓN DEBE DAR A SUS HIJOS.

Es así que el paradigma a discutir es sobre el hecho que una dependencia de gobierno pueda o no dictar un diseño curricular obligatorio y único para un país. Hay temas mucho más profundos que “si 2 horas de artes a la semana es suficiente” y esta discusión en redes la ha sacado, aunque no se reconoce a simple vista que lo que la gente está verdaderamente discutiendo es ese poder innato que las personas tienen de decidir por sí mismas la educación para ellos y sus hijos menores.

Estoy seguro que si no tuviéramos intervención estatal en el diseño de currículos base y esos controles burocráticos a prestar servicios educativos y cómo pueden prestarlos (aún los privados), en el país tendríamos jornadas educativas de 5 horas al día, ciclos que van con las cosechas específicas de ciertas zonas, educación totalmente enfocada en creatividad y emprendimiento, escuelas secundarias y de diversificado con carreras como danza, pintura o música o bien, electricistas, carpinteros y técnicos de construcción  o escuelas de diversificado en traducción y hasta gestión de centros de servicios. Habría escuelas de bachillerato o perito que buscarían explotar industrias y recursos de las zonas en las que se encuentran (ventajas competitivas), así como otras que se especializarían en que sus alumnos califiquen para los programas de becas al 3er mundo que se otorgan en muchas universidades de países desarrollados.

Es más, habría programas de “escuela en casa” aprobados y autorizados para que los niños pudieran perseguir un sueño de ser bailarines, pintores, actores, directores de cine y otras tantas cosas.

Así es que, al final, todos estamos de acuerdo en que un burócrata no tiene por qué ser quien dicte los contenidos de la educación de nuestros hijos y eso nos lleve a cuestionarnos si queremos seguir pagando por algo que no llena nuestras expectativas.

 

Mario E. Archila M.

Obligaciones anuales

Estamos empezando un nuevo año. Vale recordar que al iniciar un nuevo año en el calendario, debemos darle cumplimiento a los pasos “legales” de cierre del año de nuestras actividades.

Lo principal es, para quienes tienen obligación de llevar contabilidad, cerrar el período contable el 31 de diciembre de 2017, salvo que tengan un período contable y fiscal distinto y autorizado por SAT. Este cierre implica que para los gastos de diciembre que todavía no se conoce el total exacto, deberá dejarse la provisión respectiva y aplicar el gasto en ese período. Esto es obligación para los que manejan sistema contable de lo devengado (que deberán ser la gran mayoría) y la ley del Impuesto Sobre la Renta así lo establece.

Corporativamente, al cerrar el ejercicio contable, también hay que hacer el cierre corporativo. Para ello, antes de que concluya abril se deberá realizar la asamblea general anual de accionistas o junta general de socios, según el tipo de sociedad que sea. En esa asamblea se conoce del informe de administración, informe del órgano de fiscalización, estados financieros y del proyecto de distribución de dividendos. También el es momento de cambiar órgano de administración, si corresponde.

Recordemos que la asamblea o junta deberá decidir si reparte utilidades o bien si los capitaliza o mantiene como utilidades “acumuladas”. Esta asamblea o junta se documenta en acta, ya sea en el libro de actas o bien en acta notarial. Su relevancia es cada vez mayor, pues en ella se apoya la salida de dinero como “dividendos” o “utilidades” que reciben los accionistas o socios. Esas cantidades de dinero repartidas como dividendos pagan el impuesto sobre la renta vía retención del 5%.

Tributariamente, el 31 de marzo vence la presentación de la declaración anual de ISR, en ambos regímenes. También es la fecha en la que se presentan, algunos contribuyentes calificados como “especiales”, los estados financieros auditados y los contribuyentes que se dedican a la construcción y similares, presentan la programación inicial de sus proyectos iniciados en el 2017, así como la liquidación final de los proyectos terminados en 2018.

También laboralmente hay que presentar un informe estadístico. Si lo incumple lo podrán sancionar.

Tenemos así varias obligaciones esperando ser cumplidas. Anote bien en su calendario para que no se le pase ninguna y si requiere apoyo de nuestra parte, contáctenos.

 

Mario E. Archila M.

La defraudación con facturas

El titular del 5 de diciembre de 2017 habla de la vía “no judicial” a defraudadores con facturas. Requiere varias aclaraciones importantes ese titular.

  1. La vía judicial es un término mal empleado. En todo caso será la vía penal o proceso penal, pues en lo administrativo, si alguien no está de acuerdo con lo que la administración resolvió, el último recurso es el contencioso administrativo, ante un tribunal, es decir, una fase o vía judicial.
  2. Decir que le abrió el camino administrativo a los “defraudadores con facturas” es erróneo. Un defraudador es quien ha sido condenado por un tribunal por ese delito. En este caso, no hay siquiera proceso contra quiénes puedan tener en su poder una factura de las ahora famosas “150 empresas” del listado de SAT.
  3. Es importante tener claro que la principal posibilidad de comisión de delito de defraudación no está en quien tiene en su poder facturas de “empresas” fantasmas o que no pagaron. Para que esas personas que compraron bienes o servicios a alguien que luego no pagó sus impuestos o entregó facturas “falsas” en cualquier grado, se requiere, por lo menos, establecer que hubo vinculación y retorno de dinero o bien demostrar que efectivamente esas compras son falsas. Demostrar, léase así, resaltado. El comprador no tiene obligación legal de verificar que su proveedor haya o no pagado impuestos. Por ello es importante también usar el lenguaje correcto.
  4. Es reñido con la ley y la presunción de inocencia que se diga que el simple hecho de tener facturas de alguien que no pagó impuestos lo convierte en delincuente, pues, de nuevo, se requiere más “carnita” para poder concluir con ello. Estoy seguro que hay muchas operaciones reales que están documentadas con estas facturas y resultaría injusto e inequitativo exigir a los compradores que paguen tributos que no les corresponde.

Hay mucho detalle a analizar, así que espero próximamente tener alguna otra oportunidad de aclarar estos confusos términos.

Mario E. Archila M.

Listado empresas vinculadas a venta de facturas

SAT recién publicó listado de empresas vinculadas en caso de venta de facturas

Le dejo acá el listado, por si todavía no lo tiene, sólo haga clic acá.  

Seguramente usted ha visto en la prensa el "escándalo" de "defraudación" por una red de vendedores de facturas y demás. Sin entrar en los pormenores del caso, que bien podría tener muchas aristas que no vale la pena mencionar acá, sí vale la pena que le dé una revisada a sus  compras para determinar que ninguno de sus proveedores le ha jugado la vuelta entregándole facturas de estas compañías. 

No quiere decir que eso ya es defraudación, pues el defraudador en primera instancia es quien entregó una factura y no pagó los impuestos que le tocan por esa venta, no quien compró y pagó el total de su adquisición. Sin embargo, es bueno que revise y luego determine qué acciones le corresponde tomar por esos documentos que, hoy día, se presumen falsos. 
Eso sí, no se alarme de entrada. Habrá que analizar la situación detenidamente en el caso específico de encontrar algo allí, antes de salir a "arreglar" cosas que no eran "arreglables" o de una manera que se vuelve más lío.
Por ello, primero, prudencia y luego hay que saber que todas estas compañías son legalmente inocentes hasta que un tribunal los condene de lo que se les acusa. Deberíamos trabajar todos sobre esa línea.


Mario E. Archila M.

Más de Batman

Hoy no hablaré de impuestos, pues alguien me preguntaba (bueno varios) en las últimas semanas quién es para mí el mejor Batman. Los que me conocen y ven seguido saben que Batman está presente en todo lo que hago (el protector de mi teléfono es un Batman), así que la pregunta me la tomo muy en serio.

El mejor Batman del cine, aunque no me lo crean, para mí es Afleck. El segundo mejor fue Michael Keaton. El mejor Bruce Wayne fue Michael Keaton y el siguiente mejor Wayne fue Christian Bale.

La explicación de esto es:

1. Batman es aterrador. Es una figura que da miedo. Afleck tiene el tamaño adecuado.

2. Es un experto en artes marciales. Las coreografías de peleas de Batman han sido simples hasta Afleck. Él sí se ve que tiene dominio de artes marciales.

3. Aunque es debatible, se dice y yo creo que así es, el “disfraz” es Bruce Wayne, no Batman. Es por ello que Batman crea la figura de Bruce Wayne y no al revés. En eso es mejor el Batman de Afleck y Keaton, que siempre actúan como Batman y se olvidan de Bruce, aún sin la capucha.

4. Batman de Afleck ya tomó total control de todo. Su persona es despiadado, que es una versión más apegada al origen de Batman y a algunas versiones de cómic mucho más oscuras.

5. Bale es un Batman del universo Nolan, no del universo DC. Aunque si me preguntan, mi película de Batman favorita es The Dark Knight Rises.

Mario E. Archila

El Cisma Sangriento

Un libro debe dejarnos alguna lección que podamos aplicar en nuestro día a día. El libro Cisma Sangriento de don Francisco Pérez de Antón no fue la excepción. De manera muy suelta y amena el autor va relatando hechos históricos suscitados durante la Reforma Protestante.

Temas particularmente importantes que quedan en el olvido son la cantidad de muertes ocurridas durante ese período, por temas religiosos -se estiman unos 13 millones- y el nacimiento de la configuración de países europeos que poco más o menos se mantiene hasta hoy.

Ahora bien, la lección importante en cuanto a la materia de este blog la encontré en dos vertientes:

  1. La población en general quedó a capricho de su príncipe en cuanto a la posibilidad de ejercer SU religión. La libertad religiosa era únicamente para el príncipe.
  2. La Reforma Protestante fue más una revolución política a causa de la pérdida de control sobre la recaudación, que una reforma religiosa. Si bien es cierto, con el pasar de los siglos muchas de las 95 tesis de Lutero pasarían a modificar apreciaciones o normas de la propia Iglesia Católica, las derivaciones de esa “protesta” inicial se trasladaron a la lucha política por el control de bienes y diezmos, creando religiones mucho más duras y autoritarias que lo que era la Iglesia previo a las protestas.

Esto me lleva a plantearme la reflexión sobre lo que verdaderamente mueve al mundo de los gobernantes.

Es claro que los intereses puramente personales se vieron reflejados en esta “reforma” con el afán de mantener o lograr el control sobre medios económicos. Cuando esto sucede el mundo se convierte en guerras y muerte de todo el que se opone a su gobernante y esos intereses que busca. Lo más perverso es que siempre se pintan las razones como “a favor del pueblo”. ¿Qué mejor que proclamar que “mi gobierno” apoya la Verdad que los llevará a la vida eterna y esa Verdad es la única posible, de manera que la obligo “por tu bien”? Ese argumento era el que permitía establecer el credo del feudo y expulsar o matar al que profesara un credo distinto.

Evidentemente, nunca se expresó que la razón de esa obligación o limitación a la conciencia derivaba directamente de la avaricia, codicia, ansias de poder o las propias inseguridades del gobernante.

Eso no ha cambiado. El poder siempre disfraza su intención y la justifica con “por tu bien” en todos los aspectos. Especialmente el Tributario. Es por ello que la discusión más importante en materia impositiva no es “cuánto” sino “para qué”.

Mario E. Archila

Los aviones y los impuestos 

Cuando las cosas se toman a la ligera y sin comprensión, se cae en manejos incorrectos de la información. Por ignorancia o por mala fe, se ha estado publicando en medios de comunicación, que nuestra ley de aeronáutica civil tiene un artículo que permite evadir impuestos como un privilegio logrado por alguien. Allí hay varias cosas malas, empezando porque las declaraciones de las autoridades son poco informadas.

Tributariamente, un avión está correctamente internado bajo la figura de arrendamiento, porque hay varias cosas que los medios y las autoridades parece que ignoran.

  1. Las aeronaves son bienes INMUEBLES. Sí, aunque se mueven, no son “muebles” legalmente, sino inmuebles, de manera que les aplica la legislación de ese tipo de bienes. Los carros, por la comparación que hacen esos medios medio raros que publican noticias como verdad científica sin preguntar, son MUEBLES.  Es así que la legislación de unos y otros es distinta.
    1. ¿Qué implica que son inmuebles? La propiedad está en el extranjero. Punto uno. Esto permite varias figuras que no deben ser gravadas localmente.
    2. Primero, la renta. La renta no es de fuente guatemalteca, porque el bien se sitúa en el extranjero, no en Guatemala, legalmente hablando.
    3. El contrato de arrendamiento que contiene la ley de aviación civil, léase bien, aviación civil, no aviación “comercial” como se ha malentendido por autoridades, contiene la figura del contrato de arrendamiento. Un contrato que no es como el de una casa, sino que tiene cláusulas especiales que se regulan en la ley. Maliciosamente se ha dicho en medios que es el “artículo 41” que permite evadir. A ver, es cuando los dizque periodistas se ponen a tratar de leer leyes como si leyeran versículos de secta religiosa de mala reputación. La ley se lee conforme a su texto y en su contexto. Hay más normas que regulan el contrato de arrendamiento de aeronaves, con un sentido particular y propio. SE PROTEGE AL PROPIETARIO de la aeronave.
      1. El arrendamiento, de la ley de aviación civil, que es aplicable para aviones comerciales como para aviones privadas, tiene normas específicas. El famoso artículo 41 es sólo una norma, que además, está mal redactada.
      2. Entre los artículos importantes, encontramos, el Artículo 49: El contrato de arrendamiento es para dar a cambio de una renta convenida, para uno o más vuelos, una distancia a recorrer u otras modalidades y para ser utilizada en una actividad específicamente aeronáutica.
      3. El Artículo 51: Obliga a establecer de quién era o es la responsabilidad de equiparla y tripularla.
      4. Las obligaciones del Arrendatario se establecen en el artículo 52:
        1. El arrendatario está obligado a cuidar la aeronave arrendada con la debida diligencia
        2. utilizarla exclusivamente en la actividad aeronáutica indicada en el contrato,
        3. pagar la renta en los plazos y lugares convenidos y a devolver la aeronave al arrendador al término del contrato, en el estado en que la recibió y sin más deterioro que los producidos por el uso legítimo y el transcurso del tiempo
        4. mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad hasta el término del contrato de arrendamiento
        5. Incorporar el mecanismo de inmovilización y retorno de la aeronave a su propietario, como lo indica el artículo 53.
    4. Al amparo del artículo 41 de la Ley de de Aviación Civil se puede obtener una matrícula guatemalteca cuando una aeronave está en arrendamiento, pues el sentido propio de ese artículo es se concordante con la protección de quien vende financiado el mismo o quien adquiere la aeronave en el extranjero sin pagarlo o bien, sin explotarlo de manera directa derivado de los costos de mantenimiento elevados y los riesgos que conlleva. Es así que se mantiene la propiedad INMUEBLE en el extranjero y se traslada el riesgo operativo vía arrendamiento a quien lo explota localmente. La ley, por tanto, en este artículo, traslada la autoridad aeronáutica a un bien que está legalmente fuera de Guatemala, permitiendo que se obtenga una matrícula local y la autoridad local pueda ejercer control aeronáutico. El bien, sin embargo, no ha sido nacionalizado, pues no ha ocurrido una venta.
      1. El artículo 41, en el último párrafo, establece la situación aduanal -como dije- mal redactada, pero establece la situación aduanal de esos aviones o helicópteros extranjeros sobre los que se celebró un contrato de arrendamiento (leasing), que es la forma usual de financiar la compra de muchos de ellos.
      2. El texto dice: “ARTICULO 41. Se considera de nacionalidad guatemalteca toda aeronave inscrita en el Registro Aeronáutico Nacional. La marca de matrícula de las aeronaves civiles consistirá en la letra T asignada a Guatemala como marca de nacionalidad y la letra G como contramarca, ambas con mayúscula seguidas de un grupo de tres letras mayúsculas del alfabeto que deberá fijarse en el exterior de la aeronave.
        No se permitirá que una aeronave nacional tenga dos o más matrículas. Las aeronaves con matrícula de otro país podrán adquirir matrícula guatemalteca, previa cancelación de la matrícula anterior y el cumplimiento de los requisitos de registro establecidos en el Reglamento, así como de las obligaciones fiscales a que esté afecta.
        Cualquier empresa guatemalteca podrá adquirir en arrendamiento para uso dentro y fuera del país, aeronaves propiedad de empresas extranjeras e inscribirlas en el Registro Aeronáutico por el plazo que dure el arrendamiento, adquiriendo matrícula guatemalteca provisional, sin más trámite que el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento y sin tener que cancelar los impuestos de importación.”
      3. La parte mal redactada es el párrafo resaltado pues no es que “sin tener que cancelar los impuestos de importación”, pues lo que realmente sucede es que un contrato de arrendamiento no causa “importación” al país, de manera que nunca hay hecho generador de esos tributos. La nacionalización y la importación se darán en el momento de ejercer la opción de compra, si el contrato de arrendamiento lo tiene.
      4. Es por ello que el contrato de arrendamiento tiene regulaciones específicas en la ley de Aviación Civil, principalmente las siguientes:
        1. La definición del mismo: “ARTICULO 49. Del arrendamiento de aeronaves. El contrato de arrendamiento de aeronave es aquel mediante el cual el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso y posesión de una aeronave determinada por cierta renta convenida, para uno o más vuelos, una distancia a recorrer u otras modalidades y para ser utilizada en una actividad específicamente aeronáutica. Este contrato debe inscribirse en el Registro Aeronáutico Nacional.” De ello debemos verificar que el contrato cumpla con estos requisitos y suponemos que está inscrito en el Registro Aeronáutico Nacional.
        2. El artículo 51, por su parte, indica que  “Arrendamiento con o sin tripulación. El arrendador puede obligarse a entregar la aeronave equipada y tripulada siempre que la conducción técnica y la dirección de la tripulación se transfieran al arrendatario, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 62 de la presente ley.  / En caso que el arrendatario de la aeronave asuma la responsabilidad de equiparla y tripularla, la obligación del arrendador, se reduce a hacer entrega de la aeronave en el lugar y tiempo convenidos, provista de la documentación necesaria para su utilización.”
        3. De vital importancia es el contenido del artículo 52: “Obligaciones. El arrendatario está obligado a cuidar la aeronave arrendada con la debida diligencia y a utilizarla exclusivamente en la actividad aeronáutica indicada en el contrato, así mismo, está obligado a pagar la renta en los plazos y lugares convenidos y a devolver la aeronave al arrendador al término del contrato, en el estado en que la recibió y sin más deterioro que los producidos por el uso legítimo y el transcurso del tiempo. / La obligación del arrendatario comprende la de mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad hasta el término del contrato de arrendamiento.”
      5. En este punto es importante considerar que esta ley establece, sin posibilidad expresa de pacto en contrario, las obligaciones específicas de las partes, y la ley, en general, regula la aviación civil en el territorio, como un acto de soberanía. Además, otorga un beneficio particular a las aeronaves en materia impositiva, pero dicho beneficio no es caprichoso, sino que explica una situación de la industria misma, ya que muchas aeronaves son financiadas por medio de leasing (arrendamiento) y debe permitirse que las revisiones de aeronavegabilidad y regulaciones aeronáuticas en general se ejerzan por la autoridad guatemalteca.
      6. El artículo 41 tiene, técnicamente, una norma que evita el conflicto entre dos realidades distintas: la jurídica respecto a la naturaleza de bienes inmuebles de los aviones y la real, pues evidentemente son vehículos y, por tanto, muebles. Es así que un contrato de arrendamiento permite que un tercero utilice el avión en Guatemala sin necesidad de importarlo. Consideramos que técnicamente es correcto colocar esta disposición dada la naturaleza del bien (inmueble) y permitir así la matriculación por contratos de arrendamiento, ya que seguramente las fábricas venden las aeronaves con “leasing” en la mayoría de los casos y no podría funcionar un contrato de “leasing” si el bien se importa y nacionaliza a nombre del arrendatario.
      7. El artículo más importante de la regulación del arrendamiento en la aviación civil es el artículo 53 que establece: “Procede la inmovilización de la aeronave arrendada en caso de incumplimiento de las obligaciones del arrendatario o de la resolución del contrato, obligando a la inmediata restitución de la aeronave y su documentación a favor del arrendador previo inventario de la entrega, bajo la responsabilidad del arrendatario. / La inmovilización de la aeronave procede por resolución judicial o cuando el contrato de arrendamiento quede sin efecto en el Registro Aeronáutico Nacional. En este último caso la Dirección General de Aeronáutica Civil a petición de parte podrá disponer la inmovilización.”
      8. Este mecanismo de la ley permite el retorno de la aeronave al extranjero sin que el propietario deba pagar importación en su país o impuestos de reexportación, si hubiere, en el lugar del arrendamiento. Permite que la relación jurídica de arrendamiento pueda ser coercitiva en Guatemala y dadas las normas especiales para mantener la aeronavegabilidad de esas naves, si el arrendatario incumple, el avión queda en tierra y se pueda reexportarle sin más trámite.

Hay, evidentemente, elementos de riesgo que se encuentran en el esquema de arrendamiento, fuera de las noticias de prensa, cuando puede ser demostrado que el contrato de arrendamiento es simulado, total o parcialmente, sin un propósito distinto a dejar de pagar impuestos, situación que requiere de una comprobación judicial rigurosa. La deficiencia podría venir del hecho que no cumple con lo que establece la ley de la materia en cuanto al contenido del mismo. Así, en aplicación de la normativa tributaria, no llenaría “todos” los requisitos para que sea un contrato de arrendamiento válido para gozar del “beneficio”.

Del otro lado, en cuanto a los pagos de Impuesto Sobre la Renta por los arrendamientos, no encuentro, que el arrendamiento de un avión esté sujeto a retención de ISR en Guatemala, toda vez que el avión no está, jurídicamente, situado en Guatemala y Guatemala grava únicamente las rentas de fuente guatemalteca. En este punto, creo que podríamos aún debatir un poco más.

 

Mario E. Archila M.

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