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Impuestos y Moral

Los límites morales a la tributación. Guatemala tel: 23788484

Requisitos para pagar impuestos

He estado viendo que en un foro de contadores abierto en Facebook se preguntan recurrentemente si para esto o aquello hay que tener “patente”, así como he escuchado a asesores tributarios dando sus opiniones sobre cuando sí y cuándo no se debe tener una patente de comercio para tributar.

Vamos por partes. El primer tema importante a considerar es que para pagar impuestos, la ley que hay que observar es la de impuestos. Es decir que para pagar impuestos no importa si estoy en incumplimiento de requisitos formales de otras leyes y bajo esa premisa debería de autorizarse la inscripción en el RTU y la obtención del NIT.

El comerciante deberá pagar impuestos, no por ser comerciante, sino porque actualiza hechos generadores de tributos. Es así que determinar si algo requiere “patente de comercio” o no, no es un tema impositivo, sino que es un tema de la legislación mercantil.

La realización de una actividad como dar en arrendamiento un bien inmueble, NO ES UNA ACTIVIDAD MERCANTIL por sí misma. Lo será cuando la persona se dedica de manera profesional y masiva, por medio de una “empresa mercantil” a dar en arrendamiento bienes inmuebles. Es decir, es una empresa inmobiliaria. Una persona que ha hecho algún patrimonio y tiene un bien inmueble que ha “colocado” en arrendamiento, no es comerciante y no se necesita una patente de comercio para celebrar contratos de arrendamiento. Es más, el contrato de arrendamiento está regulado en el código civil, no es un contrato exclusivamente mercantil. Ahora bien, si tiene varios bienes inmuebles, tiene empleados dedicados a colocarlos y buscar arrendatarios, empleados que les dan mantenimiento y cobran las rentas, etcétera, muy difícil es decir que la actividad sigue siendo “civil” y por tanto, la obtención de una patente de comercio y la formalización de una empresa mercantil será necesaria. Ojo, por regulación mercantil, no por reglas tributarias. Tributariamente, en ambos casos, los regímenes impositivos serán los mismos.

Otro error común en esto es decir que un “pequeño contribuyente” del régimen del IVA no puede tener patente de comercio. Esto es falso por la misma circunstancia. El régimen de pequeño contribuyente en la ley del IVA es un régimen de impuestos al que cualquier persona con ventas menores a los Q150,000.00 anuales puede optar. Sea persona individual o jurídica y sea comerciante o no. Eso sí, si es comerciante, las obligaciones de libros contables seguirá rigiéndose  por el Código de Comercio, aunque tributariamente tenga otra regulación en cuanto a presentación de sus declaraciones.

Dicho esto último, los profesionales liberales y las personas que presentan servicios personales de manera independiente, tengan o no profesión universitaria, no requieren patentes de comercio, pues no son comerciantes. No hay comerciantes sin empleados, sin local, sin marcas, sin establecimiento abierto al público, pero sí hay contribuyente de impuestos aunque no tenga patente pero habitualmente realiza actos gravados por el IVA y tiene ingresos (renta) por esas actividades.

 

Mario E. Archila M.

¿Hay delito en los casos recientes del reclamo de crédito fiscal?

La respuesta corta es sí. Lo importante es que no es del empresario. Eso es el punto que se pierde de vista.

La existencia del crédito fiscal es el resultado de comprar localmente o importar. Todos los que somos formales tributariamente hablando hacemos esta operación mensualmente discriminando conforme el artículo 16 de la ley del IVA qué sí y qué no creemos que genera ese crédito a favor.

Los que exportan y los que venden a personas exentas (Universidades, por ejemplo) lo que no pueden hacer es compensarse ese crédito con sus ventas. Por eso lo acumulan. Una vez acumulado, lo que queda es pedirlo de vuelta a SAT. Si vendieran localmente, no pedirían nada, simplemente se lo compensan y ya.

¿Me siguen hasta acá? Entonces al tener el crédito por cobrar al fisco, la cosa se empieza a poner complicada.

La ley del IVA original sí respetaba el derecho sobre ese dinero y le daba al fisco un plazo para realizar ajustes y denegatorias. Si no actuaba en ese plazo, el crédito fiscal se consideraba otorgado y el contribuyente lo usaba para pagar otros impuestos. Sencillo. No había los problemas de ahora. Debemos agregar que SAT siempre podía auditar ese crédito posteriormente.

Ahora bien, a algún brillante burócrata y otro más brillante diputado se le ocurrió decir que ese crédito debía ser autorizado y por tanto, SAT tendría un plazo para aprobarlo y si no, se tenía por rechazado. Con eso, el crédito fiscal empieza a dar problemas. El Fisco se apropia “legalmente” de dineros que le pertenecen al contribuyente y hace todo lo posible por no devolverlo. Lo primero que hace es no hacer nada.

Ese no hacer nada causa una enorme presa de crédito en expedientes que nunca son resueltos. Es un robo directo del lado del gobierno gracias a una modificación de ley que tergiversa un derecho.

¿Qué soluciones hay? Litigar. Eso es años y años. Dentro de las opciones de litigar está la de plantear amparos para agilizar los deberes y obligaciones de SAT. Primero se plantea para que hagan la auditoría y luego para que resuelvan.

Veáse que esos amparos son para obligar a SAT a hacer su obligación y devolverle al contribuyente su dinero. El que ya es de él. Allí ya hay delitos…

Cualquier abogado medianamente entrenado podría plantear esos amparos. De la noticia, resulta que acusan de sobornar a funcionarios de SAT para que agilicen algo “por medio de amparos”. A ver… quien declara el amparo es un tribunal y eso llega hasta la Corte de Constitucionalidad y es ella la que emite el último fallo. El funcionario aludido no tiene vela en ese entierro. No es necesario pago alguno al funcionario para que el amparo prospere. Primero porque es taaaaan obvia la procedencia del mismo, que toooodooos se ganan. El delito del funcionario va antes siquiera de la presentación del amparo…

Ahora, la siguiente cosa es ¿Qué soborno se le dio? Por el contribuyente, ninguno. Es, en todo caso, preterintencionalidad, pero lo que es claro de las noticias de prensa es que los abogados aludidos tenían pacto de repartición de lo que cobraban al cliente por el amparo, con funcionarios que no tenían más opción que cumplir la sentencia. Y de las noticias leo que tampoco les devolvieron el 100% del crédito a los amparados, sino que porcentajes menores, que es lo normal, toda vez que hay una cadena de personas involucradas en las auditorías.

El delito es el incumplimiento de deberes y hasta retardo y negligencia en la función pública… pero la venta del caso a medios demuestra que hay desconocimiento de la fundamentación inicial de los reclamos de crédito.

Mientras, compénsese directamente sus créditos IVA con sus débitos IVA, que es su derecho.

Mario E. Archila M.

DIACO… algunas ideas

En el segundo informe de gobierno publicado en el Diario Oficial hace algunos días, se resalta en la página 11 que la DIACO logró devolución de Q10.2 Millones de Quetzales mediante conciliación y atención de 6,059 quejas (corregido 19 de enero de 2018) por aumento de precios injustificado a artículos de la canasta básica.

La noticia sorprende, realmente, dado que la fijación de precios no está dentro de los ámbitos de protección al consumidor como tal. Lo otro que sorprende es que se diga “injustificada” en la noticia. Justificar la colocación de un precio de un producto a servicio es básicamente imposible. Todos sabemos que el aumento en la demanda aumenta los precios y que los precios poco tienen que ver con el costo. Ojalá fuera tan fácil como conocer el costo de algo y poner el precio de venta. La tal ley de protección al consumidor establece como “derecho del consumidor y usuario” respecto a precios, únicamente lo que establece el artículo 4 literal g): “La sostenibilidad de precios con el que se oferte, promocione, publicite o marque el producto en el establecimiento comercial respectivo.” Esto, es, para variar, una sobrelegislación, pues una vez que se hace una oferta, el oferente siempre queda obligado a sostener la misma por el plazo que indica o el plazo automático de ley si no hubiere pacto en el precio… y así es con todo. Del lado del “proveedor”, por su parte, la ley le obliga (lo que es más lógico que la aritmética básica) en el artículo 15 literal ñ) “Incorporar en listados, rótulos, letreros, etiquetas o envases, el precio de los bienes o servicios que se ofrecen al público, incluyendo el Impuesto del Valor Agregado -IVA-” (que es lo mismo que dice la Ley del IVA), y en el artículo 16 como prohibiciones, establece: “a) El cobro de un precio superior al exhibido, informado o publicado. En todo caso, el consumidor tiene el derecho a pagar al proveedor el precio, tal y como se muestra en la información.” Es decir que el titular parece aceptar que DIACO se extralimitó y está funcionando como una oficina de control de precios, fuera de su ámbito legal de funciones.

Sin embargo, lo que llama la atención de la noticia es la cantidad de procedimientos conciliatorios que han ocurrido en el 2017. Tenemos que estar claros que muchas de las obligaciones que la Ley de Protección al Consumidor contiene son obligaciones que las propias leyes contractuales establecen. El problema, muchas veces, es que el producto o servicio que se adquiere es muy barato como para acudir a un tribunal civil a demandar al proveedor que incumple una garantía o vendió algo con vicios ocultos. Esa situación hace parecer que el consumidor está “desprotegido” ante el “gran capital”, cuando es un tema de diseño de sistemas judiciales y de resolución de conflictos.

Este ámbito de quejas en DIACO, por ello, resulta un camino menos costoso para hacer reclamos. Esta circunstancia es quizás la bondad de la ley, pues permite ese canal hacia un ente gubernamental que puede resolver un conflicto de ínfima o muy baja cuantía, de manera más económica que tribunales.

¿Sabe usted qué más contiene dicha ley?

Mario E. Archila M.

Y que si la música y el arte

Una gran discusión ha salido en las redes la semana anterior respecto a si las artes -música, pintura, danza- deben tener más o menos espacio en la educación de los niños en Guatemala. El tema causó, seguramente, hasta insultos.

El tema de la educación y el diseño curricular siempre es problemático. Métodos de enseñanza hay muchísimos. Teorías sobre pedagogía y aprendizaje, otro montón. Hay debates mundiales sobre la carga óptima diaria hasta la necesidad de prohibir en las cafeterías de las escuelas algún tipo de comida.

Lo cierto es que la modificación al nombre del curso y la publicación de la cantidad de horas semanales que las artes deben tener dentro del diseño curricular guatemalteco ha sacado el principal tema a flote: CADA UNO DE NOSOTROS JUZGA MEJOR QUÉ TIPO DE EDUCACIÓN DEBE DAR A SUS HIJOS.

Es así que el paradigma a discutir es sobre el hecho que una dependencia de gobierno pueda o no dictar un diseño curricular obligatorio y único para un país. Hay temas mucho más profundos que “si 2 horas de artes a la semana es suficiente” y esta discusión en redes la ha sacado, aunque no se reconoce a simple vista que lo que la gente está verdaderamente discutiendo es ese poder innato que las personas tienen de decidir por sí mismas la educación para ellos y sus hijos menores.

Estoy seguro que si no tuviéramos intervención estatal en el diseño de currículos base y esos controles burocráticos a prestar servicios educativos y cómo pueden prestarlos (aún los privados), en el país tendríamos jornadas educativas de 5 horas al día, ciclos que van con las cosechas específicas de ciertas zonas, educación totalmente enfocada en creatividad y emprendimiento, escuelas secundarias y de diversificado con carreras como danza, pintura o música o bien, electricistas, carpinteros y técnicos de construcción  o escuelas de diversificado en traducción y hasta gestión de centros de servicios. Habría escuelas de bachillerato o perito que buscarían explotar industrias y recursos de las zonas en las que se encuentran (ventajas competitivas), así como otras que se especializarían en que sus alumnos califiquen para los programas de becas al 3er mundo que se otorgan en muchas universidades de países desarrollados.

Es más, habría programas de “escuela en casa” aprobados y autorizados para que los niños pudieran perseguir un sueño de ser bailarines, pintores, actores, directores de cine y otras tantas cosas.

Así es que, al final, todos estamos de acuerdo en que un burócrata no tiene por qué ser quien dicte los contenidos de la educación de nuestros hijos y eso nos lleve a cuestionarnos si queremos seguir pagando por algo que no llena nuestras expectativas.

 

Mario E. Archila M.

Obligaciones anuales

Estamos empezando un nuevo año. Vale recordar que al iniciar un nuevo año en el calendario, debemos darle cumplimiento a los pasos “legales” de cierre del año de nuestras actividades.

Lo principal es, para quienes tienen obligación de llevar contabilidad, cerrar el período contable el 31 de diciembre de 2017, salvo que tengan un período contable y fiscal distinto y autorizado por SAT. Este cierre implica que para los gastos de diciembre que todavía no se conoce el total exacto, deberá dejarse la provisión respectiva y aplicar el gasto en ese período. Esto es obligación para los que manejan sistema contable de lo devengado (que deberán ser la gran mayoría) y la ley del Impuesto Sobre la Renta así lo establece.

Corporativamente, al cerrar el ejercicio contable, también hay que hacer el cierre corporativo. Para ello, antes de que concluya abril se deberá realizar la asamblea general anual de accionistas o junta general de socios, según el tipo de sociedad que sea. En esa asamblea se conoce del informe de administración, informe del órgano de fiscalización, estados financieros y del proyecto de distribución de dividendos. También el es momento de cambiar órgano de administración, si corresponde.

Recordemos que la asamblea o junta deberá decidir si reparte utilidades o bien si los capitaliza o mantiene como utilidades “acumuladas”. Esta asamblea o junta se documenta en acta, ya sea en el libro de actas o bien en acta notarial. Su relevancia es cada vez mayor, pues en ella se apoya la salida de dinero como “dividendos” o “utilidades” que reciben los accionistas o socios. Esas cantidades de dinero repartidas como dividendos pagan el impuesto sobre la renta vía retención del 5%.

Tributariamente, el 31 de marzo vence la presentación de la declaración anual de ISR, en ambos regímenes. También es la fecha en la que se presentan, algunos contribuyentes calificados como “especiales”, los estados financieros auditados y los contribuyentes que se dedican a la construcción y similares, presentan la programación inicial de sus proyectos iniciados en el 2017, así como la liquidación final de los proyectos terminados en 2018.

También laboralmente hay que presentar un informe estadístico. Si lo incumple lo podrán sancionar.

Tenemos así varias obligaciones esperando ser cumplidas. Anote bien en su calendario para que no se le pase ninguna y si requiere apoyo de nuestra parte, contáctenos.

 

Mario E. Archila M.

La defraudación con facturas

El titular del 5 de diciembre de 2017 habla de la vía “no judicial” a defraudadores con facturas. Requiere varias aclaraciones importantes ese titular.

  1. La vía judicial es un término mal empleado. En todo caso será la vía penal o proceso penal, pues en lo administrativo, si alguien no está de acuerdo con lo que la administración resolvió, el último recurso es el contencioso administrativo, ante un tribunal, es decir, una fase o vía judicial.
  2. Decir que le abrió el camino administrativo a los “defraudadores con facturas” es erróneo. Un defraudador es quien ha sido condenado por un tribunal por ese delito. En este caso, no hay siquiera proceso contra quiénes puedan tener en su poder una factura de las ahora famosas “150 empresas” del listado de SAT.
  3. Es importante tener claro que la principal posibilidad de comisión de delito de defraudación no está en quien tiene en su poder facturas de “empresas” fantasmas o que no pagaron. Para que esas personas que compraron bienes o servicios a alguien que luego no pagó sus impuestos o entregó facturas “falsas” en cualquier grado, se requiere, por lo menos, establecer que hubo vinculación y retorno de dinero o bien demostrar que efectivamente esas compras son falsas. Demostrar, léase así, resaltado. El comprador no tiene obligación legal de verificar que su proveedor haya o no pagado impuestos. Por ello es importante también usar el lenguaje correcto.
  4. Es reñido con la ley y la presunción de inocencia que se diga que el simple hecho de tener facturas de alguien que no pagó impuestos lo convierte en delincuente, pues, de nuevo, se requiere más “carnita” para poder concluir con ello. Estoy seguro que hay muchas operaciones reales que están documentadas con estas facturas y resultaría injusto e inequitativo exigir a los compradores que paguen tributos que no les corresponde.

Hay mucho detalle a analizar, así que espero próximamente tener alguna otra oportunidad de aclarar estos confusos términos.

Mario E. Archila M.

Listado empresas vinculadas a venta de facturas

SAT recién publicó listado de empresas vinculadas en caso de venta de facturas

Le dejo acá el listado, por si todavía no lo tiene, sólo haga clic acá.  

Seguramente usted ha visto en la prensa el "escándalo" de "defraudación" por una red de vendedores de facturas y demás. Sin entrar en los pormenores del caso, que bien podría tener muchas aristas que no vale la pena mencionar acá, sí vale la pena que le dé una revisada a sus  compras para determinar que ninguno de sus proveedores le ha jugado la vuelta entregándole facturas de estas compañías. 

No quiere decir que eso ya es defraudación, pues el defraudador en primera instancia es quien entregó una factura y no pagó los impuestos que le tocan por esa venta, no quien compró y pagó el total de su adquisición. Sin embargo, es bueno que revise y luego determine qué acciones le corresponde tomar por esos documentos que, hoy día, se presumen falsos. 
Eso sí, no se alarme de entrada. Habrá que analizar la situación detenidamente en el caso específico de encontrar algo allí, antes de salir a "arreglar" cosas que no eran "arreglables" o de una manera que se vuelve más lío.
Por ello, primero, prudencia y luego hay que saber que todas estas compañías son legalmente inocentes hasta que un tribunal los condene de lo que se les acusa. Deberíamos trabajar todos sobre esa línea.


Mario E. Archila M.

Más de Batman

Hoy no hablaré de impuestos, pues alguien me preguntaba (bueno varios) en las últimas semanas quién es para mí el mejor Batman. Los que me conocen y ven seguido saben que Batman está presente en todo lo que hago (el protector de mi teléfono es un Batman), así que la pregunta me la tomo muy en serio.

El mejor Batman del cine, aunque no me lo crean, para mí es Afleck. El segundo mejor fue Michael Keaton. El mejor Bruce Wayne fue Michael Keaton y el siguiente mejor Wayne fue Christian Bale.

La explicación de esto es:

1. Batman es aterrador. Es una figura que da miedo. Afleck tiene el tamaño adecuado.

2. Es un experto en artes marciales. Las coreografías de peleas de Batman han sido simples hasta Afleck. Él sí se ve que tiene dominio de artes marciales.

3. Aunque es debatible, se dice y yo creo que así es, el “disfraz” es Bruce Wayne, no Batman. Es por ello que Batman crea la figura de Bruce Wayne y no al revés. En eso es mejor el Batman de Afleck y Keaton, que siempre actúan como Batman y se olvidan de Bruce, aún sin la capucha.

4. Batman de Afleck ya tomó total control de todo. Su persona es despiadado, que es una versión más apegada al origen de Batman y a algunas versiones de cómic mucho más oscuras.

5. Bale es un Batman del universo Nolan, no del universo DC. Aunque si me preguntan, mi película de Batman favorita es The Dark Knight Rises.

Mario E. Archila

El Cisma Sangriento

Un libro debe dejarnos alguna lección que podamos aplicar en nuestro día a día. El libro Cisma Sangriento de don Francisco Pérez de Antón no fue la excepción. De manera muy suelta y amena el autor va relatando hechos históricos suscitados durante la Reforma Protestante.

Temas particularmente importantes que quedan en el olvido son la cantidad de muertes ocurridas durante ese período, por temas religiosos -se estiman unos 13 millones- y el nacimiento de la configuración de países europeos que poco más o menos se mantiene hasta hoy.

Ahora bien, la lección importante en cuanto a la materia de este blog la encontré en dos vertientes:

  1. La población en general quedó a capricho de su príncipe en cuanto a la posibilidad de ejercer SU religión. La libertad religiosa era únicamente para el príncipe.
  2. La Reforma Protestante fue más una revolución política a causa de la pérdida de control sobre la recaudación, que una reforma religiosa. Si bien es cierto, con el pasar de los siglos muchas de las 95 tesis de Lutero pasarían a modificar apreciaciones o normas de la propia Iglesia Católica, las derivaciones de esa “protesta” inicial se trasladaron a la lucha política por el control de bienes y diezmos, creando religiones mucho más duras y autoritarias que lo que era la Iglesia previo a las protestas.

Esto me lleva a plantearme la reflexión sobre lo que verdaderamente mueve al mundo de los gobernantes.

Es claro que los intereses puramente personales se vieron reflejados en esta “reforma” con el afán de mantener o lograr el control sobre medios económicos. Cuando esto sucede el mundo se convierte en guerras y muerte de todo el que se opone a su gobernante y esos intereses que busca. Lo más perverso es que siempre se pintan las razones como “a favor del pueblo”. ¿Qué mejor que proclamar que “mi gobierno” apoya la Verdad que los llevará a la vida eterna y esa Verdad es la única posible, de manera que la obligo “por tu bien”? Ese argumento era el que permitía establecer el credo del feudo y expulsar o matar al que profesara un credo distinto.

Evidentemente, nunca se expresó que la razón de esa obligación o limitación a la conciencia derivaba directamente de la avaricia, codicia, ansias de poder o las propias inseguridades del gobernante.

Eso no ha cambiado. El poder siempre disfraza su intención y la justifica con “por tu bien” en todos los aspectos. Especialmente el Tributario. Es por ello que la discusión más importante en materia impositiva no es “cuánto” sino “para qué”.

Mario E. Archila

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