Requisitos para pagar impuestos

He estado viendo que en un foro de contadores abierto en Facebook se preguntan recurrentemente si para esto o aquello hay que tener “patente”, así como he escuchado a asesores tributarios dando sus opiniones sobre cuando sí y cuándo no se debe tener una patente de comercio para tributar.

Vamos por partes. El primer tema importante a considerar es que para pagar impuestos, la ley que hay que observar es la de impuestos. Es decir que para pagar impuestos no importa si estoy en incumplimiento de requisitos formales de otras leyes y bajo esa premisa debería de autorizarse la inscripción en el RTU y la obtención del NIT.

El comerciante deberá pagar impuestos, no por ser comerciante, sino porque actualiza hechos generadores de tributos. Es así que determinar si algo requiere “patente de comercio” o no, no es un tema impositivo, sino que es un tema de la legislación mercantil.

La realización de una actividad como dar en arrendamiento un bien inmueble, NO ES UNA ACTIVIDAD MERCANTIL por sí misma. Lo será cuando la persona se dedica de manera profesional y masiva, por medio de una “empresa mercantil” a dar en arrendamiento bienes inmuebles. Es decir, es una empresa inmobiliaria. Una persona que ha hecho algún patrimonio y tiene un bien inmueble que ha “colocado” en arrendamiento, no es comerciante y no se necesita una patente de comercio para celebrar contratos de arrendamiento. Es más, el contrato de arrendamiento está regulado en el código civil, no es un contrato exclusivamente mercantil. Ahora bien, si tiene varios bienes inmuebles, tiene empleados dedicados a colocarlos y buscar arrendatarios, empleados que les dan mantenimiento y cobran las rentas, etcétera, muy difícil es decir que la actividad sigue siendo “civil” y por tanto, la obtención de una patente de comercio y la formalización de una empresa mercantil será necesaria. Ojo, por regulación mercantil, no por reglas tributarias. Tributariamente, en ambos casos, los regímenes impositivos serán los mismos.

Otro error común en esto es decir que un “pequeño contribuyente” del régimen del IVA no puede tener patente de comercio. Esto es falso por la misma circunstancia. El régimen de pequeño contribuyente en la ley del IVA es un régimen de impuestos al que cualquier persona con ventas menores a los Q150,000.00 anuales puede optar. Sea persona individual o jurídica y sea comerciante o no. Eso sí, si es comerciante, las obligaciones de libros contables seguirá rigiéndose  por el Código de Comercio, aunque tributariamente tenga otra regulación en cuanto a presentación de sus declaraciones.

Dicho esto último, los profesionales liberales y las personas que presentan servicios personales de manera independiente, tengan o no profesión universitaria, no requieren patentes de comercio, pues no son comerciantes. No hay comerciantes sin empleados, sin local, sin marcas, sin establecimiento abierto al público, pero sí hay contribuyente de impuestos aunque no tenga patente pero habitualmente realiza actos gravados por el IVA y tiene ingresos (renta) por esas actividades.

 

Mario E. Archila M.

Obligaciones anuales

Estamos empezando un nuevo año. Vale recordar que al iniciar un nuevo año en el calendario, debemos darle cumplimiento a los pasos “legales” de cierre del año de nuestras actividades.

Lo principal es, para quienes tienen obligación de llevar contabilidad, cerrar el período contable el 31 de diciembre de 2017, salvo que tengan un período contable y fiscal distinto y autorizado por SAT. Este cierre implica que para los gastos de diciembre que todavía no se conoce el total exacto, deberá dejarse la provisión respectiva y aplicar el gasto en ese período. Esto es obligación para los que manejan sistema contable de lo devengado (que deberán ser la gran mayoría) y la ley del Impuesto Sobre la Renta así lo establece.

Corporativamente, al cerrar el ejercicio contable, también hay que hacer el cierre corporativo. Para ello, antes de que concluya abril se deberá realizar la asamblea general anual de accionistas o junta general de socios, según el tipo de sociedad que sea. En esa asamblea se conoce del informe de administración, informe del órgano de fiscalización, estados financieros y del proyecto de distribución de dividendos. También el es momento de cambiar órgano de administración, si corresponde.

Recordemos que la asamblea o junta deberá decidir si reparte utilidades o bien si los capitaliza o mantiene como utilidades “acumuladas”. Esta asamblea o junta se documenta en acta, ya sea en el libro de actas o bien en acta notarial. Su relevancia es cada vez mayor, pues en ella se apoya la salida de dinero como “dividendos” o “utilidades” que reciben los accionistas o socios. Esas cantidades de dinero repartidas como dividendos pagan el impuesto sobre la renta vía retención del 5%.

Tributariamente, el 31 de marzo vence la presentación de la declaración anual de ISR, en ambos regímenes. También es la fecha en la que se presentan, algunos contribuyentes calificados como “especiales”, los estados financieros auditados y los contribuyentes que se dedican a la construcción y similares, presentan la programación inicial de sus proyectos iniciados en el 2017, así como la liquidación final de los proyectos terminados en 2018.

También laboralmente hay que presentar un informe estadístico. Si lo incumple lo podrán sancionar.

Tenemos así varias obligaciones esperando ser cumplidas. Anote bien en su calendario para que no se le pase ninguna y si requiere apoyo de nuestra parte, contáctenos.

 

Mario E. Archila M.

Seminario: Impuestos con propósito

SAM_5536El año pasado, Archila & Asociados cumplió 50 años, por lo que celebramos organizando un seminario del Impuesto Sobre la Renta. Este año, el club Rotario Las Américas celebra 20 años y el rotarismo celebra 90 años de existir en Guatemala.

Para celebrar, le donamos al club un seminario y ya están abiertas las inscripciones. El dinero servirá para las obras del club, que incluyen una jornada médica, ayudas a obras como Fundal, el Invegem, el Hospicio San José y Funjesús.

Q350.00 de donación al Club Rotario Las Américas le dará espacio y café con galletas para aprender o profundizar en:

  1. El análisis moral de los impuestos
  2. Las obligaciones formales a cumplir en el ISR
    1. Contribuyentes “normales”
    2. Contribuyentes especiales
  3. Retenciones
    1. Quiénes las realizan
    2. Cómo se calculan
    3. Declaraciones
  4. Gastos deducibles
    1. Requisitos para deducir un gasto
    2. Se le entregará una matriz de requisitos
  5. Pasos de una auditoría de SAT
    1. Requerimientos de información
    2. Plazos a tener en cuenta
    3. Duración del proceso
    4. Medios de defensa

El seminario se llevará a cabo en el Tikal Futura Hotel, en sus auditorios, créame que son “una nave”, el 20 de mayo de 8-12. Incluye coffee break.

El club Rotario Las Américas cuenta con solvencia fiscal, por lo que su donación es deducible del ISR, tanto como persona individual o como sociedad. Inscríbase con Ingrid Martínez del Club Rotario LAS AMÉRICAS al Cel. 4893 8628 o, como siempre, con nosotros, llamando a Doris al 23788484.

Los espero por allí…

Mario E. Archila M. 

Los intereses en el 10-2012

El 10-2012 es, a mi parecer, un rotundo error de planteamiento desde la perspectiva filosófica y económica. Sabemos que es en él se incorpora un “nuevo” Impuesto Sobre la Renta, entre otras 6 cosas… Si bien, no hay mucha novedad positiva, sí hay una novedad de regulaciones que hacen cumplir con la “tramitología” del impuesto, una tortura. Es decir, aumenta el costo de cumplir. Es así que el Libro I del mentado decreto 10-2012 no es, en el fondo, más que un maquillaje que quiso favorecer a la Administración Tributaria y el Fisco con incorporación de reformas que hacen de complicado a imposible que un gasto sea deducible. Una daga por la espalda.

Dentro del “maquillaje”, se incorporaron reformas a la redacción de ciertos requisitos para los costos deducibles. Uno de ellos, los “intereses”.

¿A qué me refiero? Comparemos los párrafos que contenían la deducibilidad de los intereses:

“ARTICULO 38. Renta Imponible en el régimen optativo previsto en el artículo 72 de esta ley.

Los contribuyentes del impuesto que opten por el régimen establecido en el artículo 72 de esta ley, deberán determinar su renta imponible, deduciendo de su renta bruta, solo los costos y gastos necesarios para producir o conservar la fuente productora de las rentas gravadas, sumando los costos y gastos no deducibles y restando sus rentas exentas. Se consideran costos y gastos necesarios para producir o conservar la fuente productora de rentas gravadas los siguientes:

m) Los intereses sobre créditos y los gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos en instituciones bancarias, financieras y demás instituciones legalmente autorizadas para operar como tales en el país y que se encuentren sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos; los intereses y gastos financieros directamente vinculados con las ofertas públicas de títulos valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías; los intereses sobre créditos y los gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos en Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente constituidas, así como los intereses sobre créditos y gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos de instituciones bancarias y financieras domiciliadas en el exterior, en todos los casos siempre que dichos créditos sean destinados para la producción de rentas gravadas. El monto deducible por concepto de intereses no podrá exceder al que corresponda a las tasas de interés que aplique la Administración Tributaria a las obligaciones de los contribuyentes caídos en mora.

No constituyen gastos deducibles los intereses que se paguen o acrediten a personas individuales o jurídicas que no se encuentren incluidas en el párrafo anterior. Se exceptúan los intereses que las instituciones bancarias, financieras y demás instituciones legalmente autorizadas para operar como tales en el país y que se encuentren sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente constituidas, paguen a sus cuenta-habientes e inversionistas, así como los intereses que se paguen a los inversionistas de títulos valores inscritos en el Mercado de Valores y Mercancías, los cuales sí constituyen gastos deducibles.”

El Decreto 26-92 del Congreso establecía que eran “deducibles” “los intereses sobre créditos y gastos financieros directamente vinculados con tales créditos…”:

  1. Obtenidos de instituciones bancarias (y demás) legalmente autorizadas para operar en el país, que se encuentren sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos;
  2. Los vinculados con las ofertas públicas de títulos valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías;
  3. Los obtenidos en Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente constituidas;
  4. Los obtenidos de instituciones bancarias y financieras domiciliadas en el exterior, en todos los casos siempre que dichos créditos sean destinados para la producción de rentas gravadas;

en todos los casos siempre que dichos créditos sean destinados para la producción de rentas gravadas.

Es así que los intereses deben ser por créditos que sean destinados a la producción de rentas gravadas y obtenidos de esas 4 fuentes descritas. Si no está vinculado “EL CRÉDITO” a PRODUCIR rentas gravadas, no es deducible. Esto quiere decir que el dinero del préstamo se usó para PRODUCIR RENTA

¿Qué cambió?

El artículo 21 del Decreto 10-2012 dice lo siguiente:

“ARTICULO 21. Costos y gastos deducibles.

Se consideran costos y gastos deducibles, siempre que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o conservar la fuente productora de rentas gravadas, los siguientes:

16. Los intereses, los diferenciales de precios, cargos por financiamiento o rendimientos que se paguen derivado de: i) instrumentos financieros; ii) la apertura de crédito, el crédito documentario o los préstamos de dinero; iii) la emisión de títulos de crédito; iv) operaciones de reporto; v) el arrendamiento financiero; el factoraje, la titularización de activos o cualquier tipo de operaciones de crédito o de financiamiento. Todos los intereses para ser deducibles deben originarse de operaciones que generen renta gravada al contribuyente y su deducción se establece de acuerdo al artículo referente a la limitación de la deducción de intereses establecida en este libro.”

La variación está en el origen del dinero para pagar los intereses. Acá ya no se requiere que el dinero del crédito se haya utilizado en producir renta, sino que el dinero para PAGAR LOS INTERESES PROVENGA DE OPERACIONES QUE GENEREN RENTA GRAVADA. El uso del dinero del crédito ya no es requisito. Vea que no hay norma alguna que indique nada sobre el uso del crédito…

¿Le parece sorprendente?

 

Mario E. Archila M. 

Nuevo seminario… Documentación correcta para el ISR

Documentación de operaciones y preparación ante posibles fiscalizaciones de SAT.

Milagrosamente, SAT no hace más ajustes sostenibles en tribunales. SAT gana un poco menos del 20 % de los casos… Claro, en materia de impuestos no hay milagros, simplemente conocimiento o ignorancia.

Azteca

Al terminar, sabrá cómo “deducibilizar” gastos que en otro momento de la historia serían claramente un gasto deducible y ahora requieren trámites o documentaciones adicionales.
Esta parte es principalmente valiosa para los notarios y asesores jurídicos que no son expertos en materia tributaria para evitar ajustes por faltas de documentación.
Para los contadores y auditores, el seminario les permitirá conocer la documentación que deben tener y qué deben o pueden requerir según la ley, a modo de mantener los soportes contables de manera adecuada.
Cualquier contribuyente encontrará valiosa información para prescindir de requerimientos de documentación que no son los necesarios durante una futura fiscalización o litigio tributario -si fuera el caso.

El conocimiento, su prevención

El conocimiento es la mejor arma frente al abuso. La prevención, la mejor estrategia financiera. Regálele el conocimiento a su contador, auditor, asesor legal corporativo y gerentes…

Este año 2015 toca que se aplique plenamente el decreto 10-2012 en cuanto al Impuesto Sobre la Renta que contiene. Ya en 2014 empezaron a fiscalizar el año 2013, por lo que quienes sean fiscalizados este año -y en adelante- lo serán bajo esta normativa.

Desgraciadamente, la ley tiene vicios en cuanto a su técnica, redacción y fundamentación filosófica. Otro elemento negativo, desde la perspectiva de costo de cumplimiento, es la falta de criterios judiciales que iluminen la aplicación de las nuevas normas. Eso tardará unos 8 años en llegar…

Sin embargo, debemos imaginar que los criterios legales serán, siempre, los que prevalezcan y deben ser utilizados en la resolución de las dudas tributarias… De eso trata este seminario.

Mientras tanto, podemos interpretar las normas legales y prepararnos lo más apegado a criterios jurisdiccionales análogos basados en normas de las anteriores leyes del ISR, doctrina de las ramas del derecho que ilustran sobre las instituciones a que se refieren las normas legales-tributarias, atendiendo a precedentes.

Contenido

Hay 10 documentos o “grupos” de documentos necesarios para que un gasto sea deducible. Hay 2 requisitos adicionales. Hay 29 gastos deducibles. Hay 19 tipos de gastos definidos como “no deducibles”. Vamos a agrupar cada gasto según su grupo de documentación necesaria.

Para establecer si un gasto es deducible:

  1. Debe estar en definido como gasto deducible;
  2. Debe cumplir con los requisitos para la deducibilidad:
    1. De fondo
    2. De forma
  3. Debe cumplir con la documentación para que el gasto sea deducible.
  4. No debe estar en el listado de gastos no deducibles.

Documentos a presentar juntamente con la declaración anual

En este caso, según la actividad podrían ser necesarios documentos distintos, así que los trataremos agrupados así:

  1. Documentos comunes a presentar por todos,
    1. Contabilidad, quiénes sí y quiénes no
    2. Estados financieros
  2. Documentos a tener disponibles,
    1. Relativa al contribuyente
    2. Relativa al grupo empresarial
  3. Documentos para clases especiales de contribuyentes y
  4. Documentos según cada actividad
    1. Recursos naturales
    2. Actividades mineras
    3. Construcción y similares
    4. Lotificaciones

Estos listados legales de normativa, lo cruzaremos con requerimientos de información que SAT ha efectuado durante el 2014, a modo que vea los requisitos desde la perspectiva de SAT. Evidentemente le explicaremos cuáles de esos “requerimientos” son “nulos” y cuáles sí “ni modo”, usted debe cumplir… EN 3 DÍAS HÁBILES

Del seminario

4 horas efectivas. De la ley al documento al requerimiento de información. Todo en un sólo seminario.
18 de marzo de 2015 de 8 am a 12:30pm, Auditorio Cancuen del Grand Tikal Futura Hotel.
Inversión: Q750.00; cupo limitado.

Grupos de 3 ó más: Q560.00 por persona.
Reserve al 23788484. Doris le dará las instrucciones para el pago.

 

Lo espero. No tenemos muchos espacios.

 

Mario E. Archila M.

Reingeniería en SAT… ¿o cambio de paradigma de la política fiscal?

Ayer 6 de enero de 2015 tuve el gusto de ser invitado a Canal Antigua para hablar de la Superintendencia de Administración Tributaria y su fallo de llegar a la meta de recaudación. Decía en la entrevista que el problema es que requerimos un cambio de paradigma en cuanto a todo el tema fiscal.

Hoy, además, me levanto con la noticia que el Ministerio de Finanzas Públicas le adeuda a SAT parte de su 2 % de comisión sobre lo recaudado y que eso debilita a SAT. Vea la noticia acá.  La noticia, sin embargo, no es necesariamente una sorpresa. Confirma algunas sospechas que tengo sobre el manejo de los asuntos tributarios que este gobierno quiere hacer desde que tomó posesión. Entre ellos, convertir a SAT en un ente represor y mecanismo para presionar a enemigos o estorbos para algunos fines… como la propia competencia comercial que pueda existir.

Veamos algunas acciones que indican que vamos por mal camino. Primero, de política tributaria:

1. Los decretos 4-2012 y 10-2012 en cuanto a las facultades legales dadas a SAT. Se deja de estar en un campo de “derecho tributario” para legalizar un “terrorismo fiscal”. El paradigma tras las reformas en estos decretos es que el contribuyente es un ladrón. Se dan facultades para que SAT “muerda y presione” más duro -eufemismo para menos legal- al contribuyente que ya paga.

2. No hay ningún esfuerzo por incorporar nuevos contribuyentes en esas reformas.

3. El 10-2012 elimina la planilla del IVA y reduce la tasa impositiva de las personas individuales a niveles bajísimos. El ISR corporativo sube por subida de tasas y restricción de gasto, no por facilitación y el de personas crea un incentivo negativo a la tributación, pues evita que los contribuyentes individuales sean fiscalizadores de otros contribuyentes. La planilla del IVA lograba ese efecto. Se logra ver así una baja en la recaudación del IVA y en la facturación en general.

4. Crea, el 10-2012, una ley de aduanas inoperante, abusiva, discrecional e infuncional. Tanto que tuvo que ser reformada en su totalidad por otra no menos abusiva y discrecional. ¿Qué efectos tiene esto? Facilita el contrabando “por aduana”. Efecto que el cruce de información de importaciones Banguat y SAT deja ver claramente.

5. Crece el mercado informal o bien se consolida. Al no existir la presión de contribuyentes requiriendo facturas, se fomenta el mercado informal, lo cual, a su vez, facilita la comercialización de bienes contrabandeados.

6. Creación de procedimientos antojadizos en ventanillas de la propia SAT que hacen altamente oneroso trasladarse a la formalidad.

7. Creación de un Impuesto Sobre la Renta que requiere convenios internacionales para funcionar, así como altos costos de asesoramiento profesional para intentar cumplir correctamente con él. Eleva el costo de cumplimiento y eso, obviamente, evita la incorporación de nuevos contribuyentes. Le permite a los grandes contribuyentes, quienes pagan más del 80% de la tributación y son unos 3000 contribuyentes, ser los únicos con capacidades económicas de funcionar legalmente en el país.

8. Se incorporaron reformas que desnaturalizan la función del Directorio de SAT. Deja de ser un ente técnico para convertirse en un instrumento de recaudación. Ya estamos empezando a ver el inicio de la remoción de directores y lo que puede ser un peligro: la elección de nuevos con las mismas agendas de los otros funcionarios que hemos visto se han elegido bajo este gobierno.

Es así que no es un “fortalecimiento de SAT” lo que se necesita, sino un cambio de paradigma que implique:

1. Simplificación del sistema.

2. Abaratamiento de los costos de cumplimiento. Menos trámites, menos requisitos, menos desconfianza hacia el contribuyente.

3. Hacer gasto público únicamente en 2 ó 3 funciones indispensables; hacer el gasto transparente y eliminar la percepción de corrupción.

4. Dejar de pretender contratar a compañías extranjeras. Nuestra SAT es la administración tributaria más cara de Latinoamérica, o por lo menos de las más caras. Encarecer el funcionamiento no puede ser la solución.

5. Otorgarle verdadera independencia a SAT y dotarle de un cuerpo rector técnico o bien obligarle a seguir criterios judiciales que eviten discutir por siempre lo mismo.

6. Dejar de pretender tener leyes tributarias de países con economías desarrolladas y amplias y pudientes clases medias, para voltear a ver modelos fiscales-tributarios de países que estuvieron quebrados y lograron fomentar crecimiento de sus clases medias y eficiencias en sus recaudaciones.

 

Sin eso, no veo bien el 2015 para los contribuyentes…

 

Mario E. Archila M. 

Problemática de Ley de Inversión

¿Servirá la ley? Eso me pregunta la gente muy frecuentemente. Mi respuesta es que probablemente no.
En la profundidad de dicha ley, no obstante, podemos decir mucho más. Es una ley que ignora principios básicos que sustentan un Estado de Derecho, por tanto, una república en su mejor sentido.
El Estado de Derecho se erige sobre la base de la igualdad ante la ley, como uno de sus fundamentos. Diría que el principal.
En el caso de estas famosas leyes de fomento de cualquier cosa, este principio siempre se ve anulado, roto, ignorado. Esta propuesta de ley, ahora, busca “incentivar” y promover la inversión en el país. Se dice que porque ya el resto de países Centroamericanos tienen legislación similar. Dice el adagio que el error no es fuente de Derecho. En nuestros países, el error es fuente de privilegios.
Tributariamente, el principio de igualdad, como lo expresa la Corte de Constitucionalidad en innumerables fallos, implica que a igual capacidad de pago, igual tributación y a mayor capacidad de pago, mayor tributación.
Es así que esta “fabulosa ley” otorga el “incentivo” de no pagar impuesto para inversiones “nuevas” y de cierto tamaño -US$800,000-. Es así que cualquier emprendimiento nuevo de menor tamaño, como los que realizan aproximadamente el 60% de la población (economía hoy “informal”) y las PYMES formales, no podrán siquiera optar por calificar.
He allí que el incentivo aplica a empresa con capacidad financiera muy por encima de la media del empresario guatemalteco. Su capacidad de pago, por tanto, mucho mayor, pero no pagará impuesto sobre la renta. ¿Y el principio de igualdad y capacidad de pago?
Otro principio básico de la tributación en un sistema de Derecho, es el de generalidad. Dicho principio indica que todos estamos llamados a contribuir a las cargas públicas conforme a nuestra capacidad de pago. El principio implica la obligación de contribuir y a su vez impone la limitante a los gobiernos que no pueden decretar exenciones salvo en el caso de incapacidad de pago. Es decir, el principio veda la concesión de privilegios por raza, credo, afiliación, clase, pero admite las exenciones por razones de capacidad de pago.
Acá se exime a grandes capitales, por lo que no es una exención dada en atención a la capacidad de pago.
De lo anterior, por tanto, debemos preguntarnos si puede calificarse esta ley como “justa”. Nuestra Constitución Política en el artículo 243 obliga al Congreso a establecer un sistema tributario justo y equitativo y para ello le ordena que las cargas se decreten conforme al principio de capacidad de pago. Hemos ya esbozado los principios básicos de la justicia tributaria, mismos que son flagrantemente violados por esta ley. Es así que no podemos calificar la ley de justa, bajo ninguna perspectiva. Tampoco podemos sostener que la ley ayuda a hacer un sistema justo.
Lo que sí podemos asegurar es que viola principios fundamentales, otorga beneficios y rompe hasta con el más elemental sentido de proporcionalidad de las cargas. La propuesta es una clara aceptación que el impuesto a la renta es un desincentivo a la promoción de inversión y empleo, por lo menos formal, por lo que si cumpliéramos con los principios expuestos, se aboliría dicho impuesto de manera general.

Mario E. Archila M.