Indígnese

El jueves 10 de septiembre de 2020 el diario El Periódico publica en su titular que el ministerio de Cultura cuenta con 971 asesores. Un gasto de casi Q75,000,000 de quetzales.

Inaudito. Increíble. Estúpido.

El titular

Adicionalmente, se conoce, de boca del mismo responsable, que hay un gabinete paralelo. El tal Centro de Dirección de Gobierno es un gabinete paralelo que tiene como función que 14 “chatíos” disque profesionales de alto nivel velen porque los 14 ministros cumplan las prioridades y metas que les encargó el presidente. Vea:

En ese video se aprecia al director de esa marranada de centro explicando la función.

¿Si son 14 profesionales de alto nivel, por qué no son el ministro? ¿Cómo así que deben encargarse que cada ministro haga lo que es su obligación?

O explicación es que simplemente están allí para cobrarse y para evitar que los actos de corrupción que puedan salir en cada ministerio les llegue a ellos. Aunque parece que son ellos los que se encargarán de velar porque las órdenes se cumplan.

En cuanto al uso de nuestro dinero, pues resulta que ahora pagamos 14 ministros, 15 chaperones de ministros y 25 dependencias de la presidencia que hacen, básicamente, lo que algún ministro ya debería de hacer.

Tomado del MinFin

Yo, la verdad, es que ya estoy harto de ver cómo inútiles muertos de hambres y fracasados llegan a enriquecerse con MI DINERO y el suyo.

Ya estoy harto de una clase política que premia la tranza, el cuello, la mediocridad y la incapacidad.

Y ver que 20-30% de lo que se genera va en pagos de impuestos y cuotas gubernamentales ya me tiene hasta los cojones.

Espero que usted se indigne también y empecemos a ver cómo desaforamos a esa clase política que ya invadió también a los poderes judiciales quienes, OJ y CC, deberían ser el garante final y quienes eviten estos abusos.

Mario E. Archila

Amparos contra los formularios del IVA y su resultado.

Marco Contextual

En el año 2019, ante la modificación al formulario del IVA, Archila & Asociados, juntamente con 4 clientes, planteó 5 amparos para retirar la sección en la que se obligaba, como parte del formulario (Declaración Mensual del Impuesto al Valor Agregado), a colocar los 10 proveedores más importantes del mes. 

En cuanto al fondo, los argumentos de los amparos se desarrollan desde la perspectiva que la determinación de la obligación del IVA no puede depender de llenar requisitos formales adicionales a los que la ley contiene en los artículos 19 y 40.  Es así que en la ley no puede encontrarse ninguna obligación de revelar o colocar, juntamente con la declaración del impuesto, un listado de los proveedores del contribuyente. La obligación se determina con la operación de restar a los débitos fiscales los créditos fiscales obtenidos en el mes o arrastrados de los meses anteriores. 

Si bien es posible que SAT requiera esta información, el procedimiento no puede estar colocado como requisito para efectuar la determinación, liquidación y pago de una obligación tributaria material. 

Para ello, al analizar la ley de amparo, en el artículo 10, se encuentran los siguientes supuestos de procedencia:

  1. “b) Para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto de autoridad, no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquiera otra ley;” 
  2. “d) Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza, con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales, o cuando carezca de ellas o bien las ejerza en forma tal que el agravio que se causare o pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa;” 
  3. “e) Cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo;”

Es claro que la ley de amparo contiene, dentro de los casos de procedencia, de manera muy específica, el hecho que las administraciones exijan requisitos que no constan en ley. Es así que dicha obligación colocada en el “formulario” no podría ser exigida para realizar el pago del impuesto respectivo, principalmente por el literal e).  

Como ya se expuso, adicionalmente, la obligación tributaria se configura por aplicación del artículo 19 de la ley del IVA. Totalidad de créditos y totalidad de débitos, nunca por listados de proveedores y resultaba, por tanto, en un acto de autoridad que obliga a los contribuyentes a realizar algo contra sus derechos reconocidos en la ley, pues para pagar no basta la determinación sino que hay que llenar una sección no basada en ley, pero no puede omitirse el llenado. Acá hacemos un paréntesis: el procedimiento del artículo 30 “A” del Código Tributario, que es el que tiene el procedimiento legal para hacerlo, tiene sanciones específicas y plazos específicos. Es un procedimiento que debe iniciar con la notificación directa al contribuyente y luego hay un plazo de 20 días para completar la información. De no cumplirla, el artículo 94 tendrá la sanción a dicha infracción. Lo que SAT realizó es un bloqueo al pago del IVA si no se proporciona la información, lo que no tiene asidero legal. 

Lo que resolvió el tribunal de primera instancia, Sala IV de lo Contencioso Administrativo: 

Esto nos hace ver que conforme a la teoría del acto, estamos, precisamente, frente a un acto administrativo que es unilateral, imperativo y coercitivo. Se programó el formulario, no hubo  notificación -otro vicio- de manera que sin llenar esa sección no se valida el pago, por lo que es imperativo y coercitivo. No llenarlo implica una sanción de omisión de pago de IVA. 

Luego de dicho análisis del acto, el tribunal indicó que SAT no puede exigir requisitos o presupuestos que la Ley del IVA ni su reglamento determinan o establecen como necesarios para el procedimiento del cobro del IVA ni en los procedimientos que faciliten su recaudación, que  “… como en el caso que se denuncia, hace engorroso y retarda el cumplimiento efectivo de la obligación del pago del IVA haciendo incurrir en incumplimientos indebidos por parte del postulante”. 

Declaró con lugar el Amparo. Dos veces. La Sala 2da, por su parte, lo declaró también con lugar con argumentos similares. La Sala 3era declaró sin lugar, pero no comentaré una resolución que tiene menos asidero que el propio requisito, ya que dijo que no había confrontación y, resulta, que son memoriales casi idénticos todos. 

Apelación por la CC

En la obvia apelación que resolvió la CC, en los tres amparos favorables de primera instancia, indicó que “Al respecto, inicialmente se debe indicar que los formularios para la declaración jurada del IVA están regulados en los artículos 40 de la Ley del IVA y 40 de su Reglamento, de los que se concluye que su utilización resulta obligatoria para que los contribuyentes cumplan con las obligaciones formales tributarias legalmente establecidas; consecuentemente, estos se constituyen en una disposición normativa de carácter general y observancia obligatoria.” Nuestro comentario es que los “formuarios” no son para el cumplimento de obligaciones formales. Son el mecanismo de determinación, liquidación y pago de la obligación tributaria MATERIAL. Adicionalmente, que la obligación tributaria, formal y material, como lo había dicho muchísimas veces la Corte, lo dice el artículo 239 de la Constitución y los artículos 2 y 3 del Código Tributario, únicamente nace POR UNA LEY emanada del Congreso de la República. 

Agrega, “Lo anterior, impide que el acto objetado pueda ser revisado por vía de la garantía constitucional de amparo, debido a que no se trata de una resolución susceptible de causar agravio personal y directo a persona determinada…” Esta es la parte que sorprende e indigna, pues la ley de Amparo, como se cita al inicio, no limita la interposición de los amparos únicamente a resoluciones en el sentido de actos que ponen fin a una controversia o solicitud administrativa. Incluye cualquier acto de autoridad, como es modificar un formulario declaración de impuesto. Es menester comprender que todo actuar de la administración pública ES, técnicamente, una resolución, aunque no sea individualizada, además de todo.

Con esos argumentos la Corte de Constitucionalidad simplemente se “lavó las manos” de conocer y envía la controversia a ser discutida vía inconstitucionalidad, que hace, casi imposible una efectiva defensa de los derechos de los contribuyentes, así como automáticamente se estará alrededor de dos años en el congelador constitucional. Sin decir mucho, la Corte de Constitucionalidad le ha delegado potestades legislativas a SAT, que ni siquiera tiene facultades reglamentarias hacia los contribuyentes, para emitir formularios y normativa interna que perjudique derechos de los contribuyentes sin poder hacerse mucho al respecto. 

Voto Razonado Disidente de la Magistrada Dina Ochoa

El voto razonado disidente de la magistrada Dina Ochoa se fundamentó, poco más o menos en lo ya comentado. Ella indicó en dicho voto disidente: “No comparto la decisión aludida pues considero que desnaturaliza el objetivo de ambas garantías pues el amparo tiene como propósito frenar el abuso del poder por parte de las autoridades estatales, mientras que la inconstitucionalidad tiene como propósito la defensa de la supremacía constitucional en preceptos o cuerpos normativos cuyo contenido sea contrario a nuestra Constitución…” “A mi juicio, y contrario a lo considerado por la mayoría del Tribunal, un formulario de SAT no puede considerarse ley, reglamento o disposición de carácter general, para que sea cuestionado por la vía de la inconstitucionlidad. Si bien, los alcances derivados de un formulario administrativo tiene efectos en una colectividad, al ser emitida bajo un formato homogéneo, su naturaleza es la de ser un acto de la administración pública que afecta individualmente a cada una de las personas que lo suscriben. De esa cuenta, considero que el amparo sí es la vía para cuestionar un formulario cuyos requisitos no están previstos en ley.”

Ella cita en su razonamiento el propio artículo 10 literal e) de la ley de amparo compartido inicialmente en este documento y concluye que la Corte de Constitucionalidad debió entrar a conocer el fondo del amparo.

Conclusión

Las consecuencias son graves. Se podrá legislar por formulario y todo bien. Recordemos que Guatemala cuenta con un artículo 239 en la Constitución, que se redactó con esa restricción a los poderes de la Administración Tributaria derivado de los abusos y arbitrariedades que cometía frecuentemente la Dirección General de Rentas Internas mediante, cabalmente, modificación a los formularios de declaraciones de impuestos, con el único propósito de lograr multas de los contribuyentes. 

También bajo esa perspectiva de vicios en la aplicación de las leyes tributarias es que se promovió en 1997 la creación de la SAT fuera del aparato gubernamental centralizado, con el propósito de elevar las calidades técnicas y el apego a la legalidad, situación que ahora se ve que no fue superada, con una SAT que comete obvios abusos en su función y un tribunal constitucional de poca calidad tributaria que le apaña cualquier capricho y abuso bajo cualquier pretexto formal. 

Guatemala, 4 de septiembre de 2020.

Mario E. Archila M.

 

Los enfoques en la tributación

He pasado un par de días en un Congreso Internacional de Tributación en la ciudad se Quetzaltenango. Ha sido una experiencia académicamente interesante.

La alineación de ponentes era muy variada. Colombia, Ecuador, Perú, México, Chile y Guatemala prestaron, a través de sus tributaristas, visiones diferentes sobre los temas actuales, aunque muchos coincidentes en el fondo.

Estamos ya en épocas en las que los gobiernos justifican su voracidad fiscal y proponen conceptos equivocados que vamos dando por sentados.

Así, por ejemplo, las famosas BEPS, tergiversan el lenguaje para pretender equiparar la elusión tributaria con la evasión. Todo porque se parte de la idea que “pagar impuestos es bueno”.

Muchos años llevo trabajando en una idea: pagar impuestos es perverso de por sí. Su justificación es puramente legal. Quitar el producto de su trabajo a una persona es una institución más cercana a la esclavitud que a la república. Más cerca del feudalismo que un sistema democrático republicano. Quedamos presos y siervos de los políticos. ¿Está usted de acuerdo a seguir manteniendo a esa ralea?

Si bien, la vida en sociedad requiere cubrir ciertos gastos comunes que nos permitan a todos vivir en condiciones positivas, la noción que es vía impuestos y un sistema de redistribución de riqueza lo que resulta ser una postura violadora de principios como tal. Año a año, con esa excusa, vemos cómo se otorgan facultades invasivas a la administración tributaria, se nos acusa de ser delincuentes teibutarios y se pretende que seamos siervos sin voz ni voto.

La verdadera discusión debe estar en los principios y en análisis de las consecuencias de dejar esos principios de lado, entregando poderes omnipotentes a la administración tributaria y el Congreso.

Mario E. Archila M.

El problema no es la recaudación

… es el gasto.

Eso está claro para unos pocos pues todavía se oye eso de “Guatemala es el país con la menor recaudación de Latinoamérica”. Sí, ¿y qué?

La medición de la recaudación frente a PIB es una medida que nos indica cuánto de lo que creemos es el PIB se consume el gobierno. A noviembre, SAT reporta haber recaudado Q59,870,000,000.00 y Banguat estima el PIB 2019 en Q631,935,000,000.00.

Para 2018, que ya tenemos datos “ciertos” para ambos montos, SAT presentó una recaudación de Q61,236,220,000.00 y el BANGUAT reportó un PIB de Q589,959,000,000.00. Si hacemos el famoso cálculo de presión fiscal obtenemos que para 2018 la recaudación fue de 10.38% del PIB. Eso sí, las cifras del PIB 2018 son preliminares.

Esa recaudación, ¿qué nos dice? No mucho, realmente. Imaginemos que el 70% de la población, se estimó en algún momento por algún tanque de pensamiento, es informal. Que aproximadamente el 30% del PIB es producido por esa población en la informalidad. Tendríamos que ajustar la carga tributaria a las personas que pagan. Eso hace que el PIB formal sea Q412,971,300,000.00 y por tanto, la recaudación es de 14.83% del PIB “formal”. Así podríamos jugar y jugar con las variables. Hasta podríamos usar otros métodos de estimar el PIB.

Lo que sí está claro, es la cantidad de dinero que entra a las arcas del Estado. Y es allí donde tenemos que fijarnos. Usted y yo le damos dinero en administración a un grupo de políticos. Ellos “administran” ese dinero para cubrir las necesidades de vivir en sociedad. En un régimen republicano, esos fines “sociales” son justicia, seguridad, relaciones diplomáticas y algunas obras de infraestructura. Podríamos ampliar a subsidiar algunas cosas como educación o salud, pero eso es zona gris. En Guatemala, la situación fiscal (el dinero en el fisco) es un poco menos clara para usted y para mí. Los políticos crean y crean “obligaciones sociales” que “justifican” cobrarnos cada vez más. El problema está en que la vaca sigue estando mal alimentada y no sirve para producir leche ni parir becerros.

Veamos esta gráfica antes de continuar:

Vea que del gobierno del PAN en 1996, los salarios estaban 1.78 a 1 respecto a inversión. Un gobierno que logró que buenos resultados económicos y niveles de inversión bastante grandes. Electrificación, telefonía e infraestructura como no se había tenido en la historia. En los gobiernos que le siguieron vemos un fuerte crecimiento de las remuneraciones y descenso de la inversión. Hemos llegado a los niveles actuales de casi 10 veces en gasto por remuneraciones por cada quetzal de inversión.

¿Qué nos dice esto? Gastamos en burócratas y empleados públicos cada vez más sin que ello se refleje en servicios cada vez mejores ni en infraestructura cada vez mejor. Es un gobierno creciente sin efectividad ni eficiencia. Se crean plazas, posiblemente plazas fantasmas, sin que haya retorno de la inversión en impuestos que los ciudadanos hacemos. Es así que el problema no es la recaudación, sino el gasto. Debemos eliminar plazas innecesarias, funciones duplicadas, los cánceres de los pactos colectivos con aumentos sin justificación y la herencia de plazas. Eliminar el gasto superfluo. Mire lo que la corte salvadoreña le ordenó al gobierno -que no es competencia de la corte andar haciendo eso y es de sentido común de una buena administración- en esta sentencia:

Mientras no suceda eso, no se coloque una regla fiscal clara en la Constitución y las cortes no entiendan que están para defender los derechos de los ciudadanos en materia tributaria y no para ser cómplices del congreso y los burócratas en esquilmarnos, este país no cambiará.

Mario E. Archila M.

Timbres de Q0.50 en actas

Imposible no comentar sobre este desatino de la comisión de postulación.

Allí puede verse que la comisión “obliga” a un timbre de Q0.50 en las actas de legaciones de documentos.

Esto demuestra un desconocimiento enorme de las leyes y principios en materia tributaria.

La ley del Impuesto de Timbres Fiscales contiene en su estructura dos formas de pago. La primera es en documentos y actos con valor, un pago de timbres fiscales del 3% de ese valor. Así los recibos de pagos y ciertos contratos, como las compraventas de bienes inmuebles, por ejemplo. La segunda forma es por tarifas fijas en las que se grava con un monto específico algún tipo de documento, típicamente notarial.

Es acá el problema de la mala interpretación legal que hace la comisión y tristemente, la gran mayoría de oficinas públicas. Ya antes había escrito de un error de SAT en los nombramientos de representantes de sociedades. Ahora es la comisión que escogerá los candidatos a magistrados.

Pues el tema es que el artículo específico -el 5- dice, en lo que nos importa ahora, lo siguiente:

“ARTICULO 5. * DE LAS TARIFAS ESPECIFICAS.

El impuesto a que se refiere este artículo, resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso, para los documentos siguientes:

5. Títulos, credenciales a documentos acreditativos del nombramiento o cargos o comprobantes de representación de personas jurídicas de cualquier naturaleza, extendidos en acta notarial o en cualquier otra forma. Q. 100.00. Se exceptúan del pago de este impuesto los nombramientos o documentos acreditativos de representantes de cooperativas, los cuales se rigen por lo dispuesto en las leyes especiales.

6. Indices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales, por cada hoja de papel. Q. 0.50.

7.Actas de legalización notarial de firmas o documentos. Q. 5.00.”

El impuesto de timbres fiscales es un impuesto típicamente documental. Es así que los hechos generadores son “El documento”.

ARTICULO 3. DEL SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO Y DEL HECHO GENERADOR.

Es sujeto pasivo del impuesto quien o quienes emitan, suscriban u otorguen documentos que contengan actos o contratos objeto del impuesto y es hecho generador del impuesto tal emisión, suscripción u otorgamiento.”

Entonces llegamos a tener que leer el artículo anterior y dilucidar de qué va cada uno de sus numerales.

Resulta que cada numeral es un hecho generador en específico. Es “un documento”. Entre todo, un tributarista serio debe siempre aplicar las reglas de interpretación para leer un artículo. La comisión aplica cada numeral por separado, como legos. En la materia, hay una prohibición a la doble tributación en el artículo 243 de la Constitución. Eso nos obliga a tener que interpretar el artículo 5 de forma que no cause violación constitucional. Luego, está el principio de especialidad, mismo que nos indica que la norma específica prevalece sobre la general. De esa manera, un nombramiento es específico a “acta notarial”, que es lo general y un “acta de legalización” es específico a “acta notarial”. Por tanto, esos documentos llevan únicamente el timbre fiscal más específico al tipo de acta de que se trate. Las de nombramiento llevan timbres por Q100, las de legalización por Q5.00 y las demás actas notariales Q0.50 por hoja.

Mario E. Archila M.

Dale con el “secreto bancario”

Varios mitos tras la suspensión de la Corte de Constitucionalidad que vale la pena aclarar.

1. SAT puede tener acceso a la información bancaria desde hace más de 10 años. Este acceso estaba ya regulado, como cualquier otra cosa en poder de terceros y debido a la garantía de confidencialidad contractual y en parte legal, los bancos podían haber requerido que fuera con intermediación de juez. Este procedimiento está en el Código Tributario desde, por lo menos, 2006.

2. El procedimiento anterior no era del gusto de SAT por algo tan absurdo como querer ser una agencia terrorista o MI6. Su excusa es que se iba a enterar el contribuyente. Este país, en papel, es una República y por tanto, los individuos tienen ciertos derechos, como a saber que están siendo investigados y tener acceso a cualquier expediente que sobre ellos se forme. ¿Han oído hablar de la policía aquella secreta que infundía terror? No la GESTAPO, sino el DIC. De eso se trató la Asamblea Nacional Constituyente en 1985. Se colocó en la Constitución un montón de letras con el afán de que eso no volviera a suceder. Pues SAT lo está haciendo con ese procedimiento. Sólo mire estos dos artículos de la Constitución:

Artículo 30.- Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.

Artículo 31.- Acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos.

Es claro que si van a formar un expediente con MI información, dicha información tiene que ser de acceso a mí, el contribuyente en cuestión y, es más, a saber LA FINALIDAD DE LA MISMA Y DERECHO A CORREGIRLA, RECTIFICARLA Y ACTUALIZARLA.

El procedimiento, por tanto, es inconstitucional, sin mucha duda.

3. Al eliminar el PROCEDIMIENTO, no es que SAT no tenga cómo hacerlo. Pero como ya les dije en varias conferencias a los señores de SAT, pues presentes había hasta intendentes, no repetiré acá dónde está el procedimiento.

4. La información bancaria no es esencial para recaudar ni para verificar obligaciones tributarias, pues el dinero que entra a una cuenta de banco no necesariamente implica que deba ser parte de la base imponible.

Me explico. En Guatemala, nuestra tributación es sobre principios territoriales. Es así que si un contribuyente genera renta por actividades en el extranjero, en Guatemalan no debería pagar impuesto a la renta, como tampoco emitir factura del IVA ni enterar débito del IVA alguno.

Otro caso podrá ser el que haya anticipos. Los anticipos son cuentas por pagar al cliente y no generan renta ni emisiones de facturas del IVA.

En estos dos casos habrá depósitos de dinero a la cuenta de bancos, pero no habrá pago de impuesto alguno.

De la misma manera habrá situaciones en las que los pagos de impuestos son mayores a los ingresos a bancos por el hecho de la operación comercial. Es así, por ejemplo, que la ley del IVA obliga a emitir la factura cuando se entrega el bien vendido, aunque no haya pago. En el ISR, si está en sistema de lo devengado (lo usual) debe registrar el ingreso aunque no tenga dinero.

Con lo anterior, espero se comprenda que la información bancaria es complementaria a TODOS los demás elementos de fiscalización.

5. Se estableció el artículo como mecanismo “exculpatorio” de delitos pues es cuando exista “duda razonable en SAT”.

Ese término se utiliza para condenar: “Una persona es inocente hasta que se prueba lo contrario más allá de la duda razonable“. Es así que al decir que SAT solicita la información cuando tiene “duda razonable” de las determinaciones de impuestos, implica que ya lo considera culpable y con este procedimiento lo exculpará o confirmará su presunción de culpabilidad.

Esa postura viola la constitución, pues toda persona es inocente hasta ser CITADO,OÍDO Y VENCIDO en proceso legal ante juez competente. Por tanto, tener un procedimiento secreto en el que el contribuyente no tiene derecho a nada, ni a presentar información complementaria que clarifique los estados de cuenta, ES violatorio de la Constitución.

Espero haber aclarado un poco el embrollo.

Mario E. Archila M.

La Evolución del Derecho Tributario para evitar corrupción

En última época hemos oído que la tributación es una herramienta de redistribución del ingreso y una herramienta para realización de políticas públicas (funciones parafiscales de la tributación).

Sin embargo hay que revisar esas posturas previo a aceptarlas como dogma. En Guatemala la Constitución establece, artículo 239, que los tributos se establecen conforme a las necesidades del Estado. Este principio bastante republicano nos permite muy largas discusiones, incluido el tema que hoy planteo.

Hay una fuerte corriente de campañas para reducir o eliminar la corrupción y grandes olas de noticias sobre las fortunas -mal habidas- de los políticos en muchas latitudes. Es con todo eso que debemos empezar a analizar los límites de la tributación.

La corrupción es el uso del dinero público (principalmente tributación) para fines distintos a los planteados inicialmente. Es decir, la corrupción es llevar el dinero recaudado a los bolsillos de los políticos y sus amigos. Este fenómeno es una consecuencia del sistema y no su causa. La causa es la capacidad financiera del Estado y los espacios de poder discrecional o arbitrario. Estos poderes los crea la propia legislación y muchas veces, la propia legislación tributaria, principalmente cuando se recauda con un fin específico.

La finalidad de redistribuir o la de hacer o motivar que algo se haga por los contribuyentes genera espacios para decisiones del burócrata de turno. Decisiones mismas que llevan la semilla de la corrupción dentro de sí. Un programa de reparto -transferencias condicionadas, subsidios- implica automáticamente tener que establecer mecanismos para escoger al destinatario de dichos beneficios. Esa escogencia permite la realización, por sí misma, de actos de corrupción para beneficiarse directamente al otorgarlo a X y no a Y.

De la misma manera, un tributo con fines parafiscales, imaginemos, un tributo sobre bienes patrimoniales para su conservación, deja el espacio para que una módica mordida -en relación al costo del tributo- sea ofrecida y pagada a cambio de excluir del padrón de bienes con valor histórico a ese bien en específico. Igual sucedería si es la exención a un tributo predial cuando sea patrimonio histórico o cultural, lo que podría llevar a utilizar el recurso de la mordida o coima para lograr dicha exención.

Debe considerarse que la decisión de gobierno, aún en los mejores procesos de compras y contrataciones del gobierno, siempre tienen mecanismos para lograr que sean manipulados. Es así que entre más facultades y funciones se le asignen al gobierno para utilizar el ingreso tributario, más espacios para la corrupción existirán.

De allí que debemos regresar a entender que las funciones del Estado son aquellas funciones originarias y puramente necesarias que realice un gobierno, ya que cada función adicional será un pretexto a mediano y largo plazo para que quien esté en el uso de las funciones públicas descubra un mecanismo para aprovecharse de ese sistema.

Retornar a principios de tributación más cerrados podrá ser la mejor batalla contra la corrupción en todos los niveles de gobierno.

Mario E. Archila M.

¿Hay delito en los casos recientes del reclamo de crédito fiscal?

La respuesta corta es sí. Lo importante es que no es del empresario. Eso es el punto que se pierde de vista.

La existencia del crédito fiscal es el resultado de comprar localmente o importar. Todos los que somos formales tributariamente hablando hacemos esta operación mensualmente discriminando conforme el artículo 16 de la ley del IVA qué sí y qué no creemos que genera ese crédito a favor.

Los que exportan y los que venden a personas exentas (Universidades, por ejemplo) lo que no pueden hacer es compensarse ese crédito con sus ventas. Por eso lo acumulan. Una vez acumulado, lo que queda es pedirlo de vuelta a SAT. Si vendieran localmente, no pedirían nada, simplemente se lo compensan y ya.

¿Me siguen hasta acá? Entonces al tener el crédito por cobrar al fisco, la cosa se empieza a poner complicada.

La ley del IVA original sí respetaba el derecho sobre ese dinero y le daba al fisco un plazo para realizar ajustes y denegatorias. Si no actuaba en ese plazo, el crédito fiscal se consideraba otorgado y el contribuyente lo usaba para pagar otros impuestos. Sencillo. No había los problemas de ahora. Debemos agregar que SAT siempre podía auditar ese crédito posteriormente.

Ahora bien, a algún brillante burócrata y otro más brillante diputado se le ocurrió decir que ese crédito debía ser autorizado y por tanto, SAT tendría un plazo para aprobarlo y si no, se tenía por rechazado. Con eso, el crédito fiscal empieza a dar problemas. El Fisco se apropia “legalmente” de dineros que le pertenecen al contribuyente y hace todo lo posible por no devolverlo. Lo primero que hace es no hacer nada.

Ese no hacer nada causa una enorme presa de crédito en expedientes que nunca son resueltos. Es un robo directo del lado del gobierno gracias a una modificación de ley que tergiversa un derecho.

¿Qué soluciones hay? Litigar. Eso es años y años. Dentro de las opciones de litigar está la de plantear amparos para agilizar los deberes y obligaciones de SAT. Primero se plantea para que hagan la auditoría y luego para que resuelvan.

Veáse que esos amparos son para obligar a SAT a hacer su obligación y devolverle al contribuyente su dinero. El que ya es de él. Allí ya hay delitos…

Cualquier abogado medianamente entrenado podría plantear esos amparos. De la noticia, resulta que acusan de sobornar a funcionarios de SAT para que agilicen algo “por medio de amparos”. A ver… quien declara el amparo es un tribunal y eso llega hasta la Corte de Constitucionalidad y es ella la que emite el último fallo. El funcionario aludido no tiene vela en ese entierro. No es necesario pago alguno al funcionario para que el amparo prospere. Primero porque es taaaaan obvia la procedencia del mismo, que toooodooos se ganan. El delito del funcionario va antes siquiera de la presentación del amparo…

Ahora, la siguiente cosa es ¿Qué soborno se le dio? Por el contribuyente, ninguno. Es, en todo caso, preterintencionalidad, pero lo que es claro de las noticias de prensa es que los abogados aludidos tenían pacto de repartición de lo que cobraban al cliente por el amparo, con funcionarios que no tenían más opción que cumplir la sentencia. Y de las noticias leo que tampoco les devolvieron el 100% del crédito a los amparados, sino que porcentajes menores, que es lo normal, toda vez que hay una cadena de personas involucradas en las auditorías.

El delito es el incumplimiento de deberes y hasta retardo y negligencia en la función pública… pero la venta del caso a medios demuestra que hay desconocimiento de la fundamentación inicial de los reclamos de crédito.

Mientras, compénsese directamente sus créditos IVA con sus débitos IVA, que es su derecho.

Mario E. Archila M.

Batman y los impuestos

Los que me conocen han visto que mi celular tiene un estuche de Batman. Resulta ser que no sólo me gusta, sino que además está relacionado, Batman, con los impuestos.

Batman, el héroe nocturno en el que se transforma Bruce Wayne (ya no se llama Bruno Díaz) gracias a su entrenamiento y recursos, vive en ciudad Gótica o “Gotham” como se llama en inglés. Esa ciudad, que a veces se dice que es Chicago y otras que puede ser una representación de Nueva York, tiene una existencia verdadera. Se las cuento.

Resulta que el rey Juan (Sin Tierra) quería ir a conocer su reino del norte. Él era normando (francés) y para poder ir hasta donde quería tenía que atravesar la aldea Gotham. Para los aldeanos implicaba tener que construir y mantener esa nueva “ruta real”. Para evitarlo, se empezaron a hacer pasar por locos. Cosas raras hicieron y lograron que así, tanto el rey como sus esbirros que cobrarían lo necesario para construir su carretera, decidieran irse por otra ruta, aunque más costosa. (Si quieren ampliar la historia).

Es así que Gotham representa una protección a los ciudadanos frente a los cobros y caprichos de su gobernante. Es así que simboliza la labor de un abogado de impuestos. Por ello, creo que somos un gremio “gótico”.

 

Mario E. Archila M.

Delitos que faltan… además de la corrupción

Orden de captura para la señora Baldetti. Antejuicio planteado contra el General Pérez Molina. Simple y sencillamente por corrupción… Pero falta.

Cuando se revisan las leyes tributarias, hay cosas interesantes que se pasan por alto, pues estamos metidos en los conceptos legales típicos del derecho civil. En el derecho civil y mercantil sólo puedo hacer negocios con “bienes de lícito comercio”. En el derecho tributario, expresamente, eso no es importante.

Expresamente el artículo 16 del Código Tributario indica que “La existencia de las obligaciones tributarias, no será afectada por circunstancias relativas a la validez jurídica de los hechos o actos realizados constitutivos del hecho generador; o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes al celebrar éstos, ni por los efectos que a ellos se les reconozca en otras normas legales, siempre que se produzcan efectivamente los resultados propios del presupuesto de hecho legal y no se trate de tributos documentarios.”

Lo anterior quiere decir que “la validez jurídica de los hechos o actos” no es importante. Es así que el hecho generador (simplificado) del Impuesto Sobre la Renta es el ingreso y el del IVA es “vender” o “prestar servicios”, pero no puede estar condicionado, bajo una perspectiva tributaria, por nada, a que sea “lícito comercio”.

En el caso de la corrupción, el artículo 16 del Código Tributario nos debe llevar a las siguientes conclusiones:

  1. Algunos funcionarios prestaron “servicios” en el concepto de la ley del IVA, pues cobraban a un usuario de la red de corrupción por “hacer algo a su favor”: el acto de corrupción.
  2. Recibieron un ingreso derivado de su trabajo “ilícito”. Hicieron algo.

Es por ello, que además de cometer cohecho -pasivo y activo- también dejaron de enterar al fisco los impuestos correspondientes. Obviamente, como son hechos ilícitos, es claro que hay “mecanismos” tendientes a evitar que la Administración Tributaria descubra dichas sumas. Recordemos que declarar incorrectamente porque hay temas interpretativos sobre un gasto deducible, por ejemplo, no es constitutivo de delito. Pero pedir que se pague a nombre de compañías fantasma, que se pague en efectivo esa mordida, que se disfrace de “algo” cuando es un soborno, simplemente nos debe llevar a pensar que hay “ardid, engaño” y ciertamente “fraude” para el pago de los tributos.

Es por ello, en conclusión, que una persona que cobra un soborno, tributariamente tiene una obligación tributaria por Impuesto Sobre la Renta, ya que tiene un ingreso y además, para efectos del IVA, como son cobros por realización de algo a favor de un tercero y no es relación de dependencia, dichos cobros generan IVA.

Ahora esperemos que adicionalmente a los delitos ya imputados, se agreguen los que corresponden por los impuestos dejados de pagar al cobrar mordidas, sobornos y demás.

Mario E. Archila M.