La idea de derogar el ISR

Fue noticia previo a las elecciones de junio 2019, que el candidato a presidente por el partido oficial y todavía diputado, Estuardo Galdámez y el diputado Fernando Linares-Beltranena, presentaron una iniciativa de ley para la eliminación gradual del Impuesto Sobre la Renta, ISR.

La idea está en la vía correcta. El Impuesto Sobre la Renta resulta un impuesto con alto costo de cumplimiento (es una imposición oculta) y un alto costo de fiscalización, pues la necesidad de auditorías, análisis, comparaciones para determinar el cumplimiento correcto es alto. Eso sin contar que los costos que deben cubrirse para fiscalizar, como es la cantidad de auditores y el costo para un contribuyente en llevar el proceso de ser auditado. Un cliente recién acaba de concluir ese proceso y me indicó que para cumplir con los requerimientos de las 5 meses de auditoría, el departamento contable y de impuestos del contribuyente TRABAJÓ PARA SAT alrededor de 2500 horas. Este costo implica 56 semanas laborales completas, es decir, 13 meses de salarios usados para cumplir con la auditoría de SAT.

Claro que reformar el sistema tributario guatemalteco requiere un par de acciones adicionales que sólo eliminar el ISR para hacerlo sólido. La exposición de motivos sí menciona países como Hong Kong, Irlanda y Singapur como modelos de países con tributación a la renta sencilla. Estos tres países, además, tienen la particularidad de recaudar eficientemente derivado de ello y, no estoy seguro Irlanda, pero Hong Kong y Singapur son dos de los países que tienen un impuesto único como método de recaudación. Eso sí, el impuesto que tienen se llama ISR, pero podría operar más como un impuesto a la venta, por las características de forma de pago.

La propuesta de ley tiene 5 artículos. Voy a comentarlos brevemente, a modo que estemos informados, pues esta iniciativa, aunque no sea perfecta, sí es la primera que busca remover el sistema tributario actual para hacerlo más sencillo y eficiente en su recaudación. Debemos estar claro que el actual ISR es complicadísimo de darle cumplimiento, caro y tergiversa muchísimo del Derecho comercial, civil y notarial del país, así como confunde instituciones tributarias y deja vacíos interpretativos.

El artículo 1 deroga a partir del 2024 (no dice cuándo del 2024) el decreto 10-2012 del Congreso. Sin embargo al derogar completo el 10-2012 del Congreso queda un vacío, ya que el 10-2012 contiene más impuestos que sólo el ISR. Está en el mismo decreto el Impuesto a Primera Matrícula, por ejemplo, que quedaría derogado también (lo que sería fabuloso porque ese impuesto nos coloca en incumplimiento fraudulento del GATT y con posibilidades enfrentar sanciones en la OMC).

El artículo 2 tiene una tabla de reducción gradual de las tarifas de los distintos regímenes y cédulas del Impuesto a la Renta. Así en el régimen sobre utilidades, la tarifa baja del 25% actual al 15% en 2021, 10% en 2022 y 5% en 2023.

Para el régimen opcional simplificado, la tarifa de 7% desaparece en 2021 y habría únicamente la tarifa del 5%, 4% para el 2022 y 2% para el 2023. Esas mismas tarifas y años para el régimen por rentas del trabajo. Vale mencionar que en la propuesta de ley están mal denominados los regímenes, por lo que probablemente de aprobarlo, causarán inaplicación de las autoridades tributarias argumentando que esos regímenes no existen…

La pregunta será si es buena esa tarifa para esos regímenes. Si el promedio de recaudación de los contribuyentes que pagan el 85-90% de la recaudación total del ISR es 3.01%, aproximadamente, un ISR de 2-3% sobre ingresos implicaría que la totalidad de los contribuyentes registrados en el ISR estarían pagando esa cantidad y no habría reporte de pérdidas (es inconstitucional, pero puede ser un buen incentivo para formalizar empresas). En el régimen sobre utilidades, el 15, 10 y 5% de tarifa (sobre las utilidades) implicará que el ISO será el impuesto final en cualquier caso, pues en este régimen (utilidades) el 1% del ISO era aún menor al ISR por pagar (28% de las utilidades es un promedio de 2.53% sobre ingresos -a nivel mundial es aproximadamente eso lo que se paga también-) y podía acreditarse. Al reducir la tarifa, el ISR pasa a ser 1.35%, 0.9% y 0.45% sobre ingresos, con lo que el ISO quedará como impuesto final pagado. Es decir, 1% sobre ingresos. Eso probablemente anule, en esos años, el régimen sobre ingresos.

Los dividendos y las ganancias de capital seguirán estando en 5 y 10%, igualmente los ingresos por rentas de capital mobiliario e inmobiliario (arrendamientos) mientras no sean habituales. El régimen del pequeño contribuyente seguirá siendo 5% sobre ventas y las retenciones a realizar por facturas especiales, de la misma manera, serán 5% del valor de la factura sin IVA.

¿Qué quiero decir con eso? Que la reforma es técnicamente deficiente porque hay más formas de pago que sólo lo dicho en el artículo 2 y se requiere armonizar el impuesto completamente en la fase de transición para no crear distorsiones.

El artículo 3 “ordena” a SAT tomar medidas necesarias para ampliar la base tributaria, reducir el contrabando y la corrupción en aduanas y facilitar y mejorar la recaudación de todos los impuestos restantes. Es decir, le ordena hacer su trabajo. Creo que el Congreso acá podría tomar medidas más drásticas como cerrar las aduanas como puntos de control y dejar los puertos libres con declaraciones electrónicas de la importación y controles posteriores únicamente, por ejemplo, que reduciría el contrabando inmediatamente. Esto porque el contrabando no se causa por la tributación elevada en aduana, sino por una mezcla de enorme burocracia (5000 trámites a cargo del gobierno central), discrecionalidad de los funcionarios de aduanas (ley nacional de aduana y CAUCA y RECAUCA) y que el mercado interno es 70% de población en economía informal que implica que venden sin costo gubernamental (sin burocracia y sin impuestos), nunca sujetos a fiscalizaciones ni interacciones con el fisco. Esto hace que los formales tengan un costo superior y las aduanas sí representen ahorros.

El artículo 4 obliga al Ejecutivo a hacer evaluaciones en todas sus dependencias con el objeto de racionalizar el gasto, cerrar dependencias innecesarias o superfluas y evaluar compromisos financieros, dándole prioridad a los servicios de seguridad, justicia, salud y educación.

Obliga a ello, pero no establece plazos, sanciones, parámetros o demás. El problema “tributario” del país siempre es un problema fiscal. Es decir, un problema de gasto. El Congreso tiene la facultad y la obligación de establecer el presupuesto anualmente y fiscalizar su ejecución, reduciendo donde no asignará estableciendo los techos que obliguen al ejecutivo a cerrar esas dependencias. Es así que en este momento el Congreso podría colocar techos máximos de ejecución y obligaciones de tener superávit operativos en el Ejecutivo de algún porcentaje de la recaudación con drásticas sanciones al gabinete en caso no cumplirlo.

La vigencia está en el artículo 5, a 6 meses de su publicación.

Espero les dé una idea de lo que se propuso.

 

Mario E. Archila M.

Requisitos para pagar impuestos

He estado viendo que en un foro de contadores abierto en Facebook se preguntan recurrentemente si para esto o aquello hay que tener “patente”, así como he escuchado a asesores tributarios dando sus opiniones sobre cuando sí y cuándo no se debe tener una patente de comercio para tributar.

Vamos por partes. El primer tema importante a considerar es que para pagar impuestos, la ley que hay que observar es la de impuestos. Es decir que para pagar impuestos no importa si estoy en incumplimiento de requisitos formales de otras leyes y bajo esa premisa debería de autorizarse la inscripción en el RTU y la obtención del NIT.

El comerciante deberá pagar impuestos, no por ser comerciante, sino porque actualiza hechos generadores de tributos. Es así que determinar si algo requiere “patente de comercio” o no, no es un tema impositivo, sino que es un tema de la legislación mercantil.

La realización de una actividad como dar en arrendamiento un bien inmueble, NO ES UNA ACTIVIDAD MERCANTIL por sí misma. Lo será cuando la persona se dedica de manera profesional y masiva, por medio de una “empresa mercantil” a dar en arrendamiento bienes inmuebles. Es decir, es una empresa inmobiliaria. Una persona que ha hecho algún patrimonio y tiene un bien inmueble que ha “colocado” en arrendamiento, no es comerciante y no se necesita una patente de comercio para celebrar contratos de arrendamiento. Es más, el contrato de arrendamiento está regulado en el código civil, no es un contrato exclusivamente mercantil. Ahora bien, si tiene varios bienes inmuebles, tiene empleados dedicados a colocarlos y buscar arrendatarios, empleados que les dan mantenimiento y cobran las rentas, etcétera, muy difícil es decir que la actividad sigue siendo “civil” y por tanto, la obtención de una patente de comercio y la formalización de una empresa mercantil será necesaria. Ojo, por regulación mercantil, no por reglas tributarias. Tributariamente, en ambos casos, los regímenes impositivos serán los mismos.

Otro error común en esto es decir que un “pequeño contribuyente” del régimen del IVA no puede tener patente de comercio. Esto es falso por la misma circunstancia. El régimen de pequeño contribuyente en la ley del IVA es un régimen de impuestos al que cualquier persona con ventas menores a los Q150,000.00 anuales puede optar. Sea persona individual o jurídica y sea comerciante o no. Eso sí, si es comerciante, las obligaciones de libros contables seguirá rigiéndose  por el Código de Comercio, aunque tributariamente tenga otra regulación en cuanto a presentación de sus declaraciones.

Dicho esto último, los profesionales liberales y las personas que presentan servicios personales de manera independiente, tengan o no profesión universitaria, no requieren patentes de comercio, pues no son comerciantes. No hay comerciantes sin empleados, sin local, sin marcas, sin establecimiento abierto al público, pero sí hay contribuyente de impuestos aunque no tenga patente pero habitualmente realiza actos gravados por el IVA y tiene ingresos (renta) por esas actividades.

 

Mario E. Archila M.

Obligaciones anuales

Estamos empezando un nuevo año. Vale recordar que al iniciar un nuevo año en el calendario, debemos darle cumplimiento a los pasos “legales” de cierre del año de nuestras actividades.

Lo principal es, para quienes tienen obligación de llevar contabilidad, cerrar el período contable el 31 de diciembre de 2017, salvo que tengan un período contable y fiscal distinto y autorizado por SAT. Este cierre implica que para los gastos de diciembre que todavía no se conoce el total exacto, deberá dejarse la provisión respectiva y aplicar el gasto en ese período. Esto es obligación para los que manejan sistema contable de lo devengado (que deberán ser la gran mayoría) y la ley del Impuesto Sobre la Renta así lo establece.

Corporativamente, al cerrar el ejercicio contable, también hay que hacer el cierre corporativo. Para ello, antes de que concluya abril se deberá realizar la asamblea general anual de accionistas o junta general de socios, según el tipo de sociedad que sea. En esa asamblea se conoce del informe de administración, informe del órgano de fiscalización, estados financieros y del proyecto de distribución de dividendos. También el es momento de cambiar órgano de administración, si corresponde.

Recordemos que la asamblea o junta deberá decidir si reparte utilidades o bien si los capitaliza o mantiene como utilidades “acumuladas”. Esta asamblea o junta se documenta en acta, ya sea en el libro de actas o bien en acta notarial. Su relevancia es cada vez mayor, pues en ella se apoya la salida de dinero como “dividendos” o “utilidades” que reciben los accionistas o socios. Esas cantidades de dinero repartidas como dividendos pagan el impuesto sobre la renta vía retención del 5%.

Tributariamente, el 31 de marzo vence la presentación de la declaración anual de ISR, en ambos regímenes. También es la fecha en la que se presentan, algunos contribuyentes calificados como “especiales”, los estados financieros auditados y los contribuyentes que se dedican a la construcción y similares, presentan la programación inicial de sus proyectos iniciados en el 2017, así como la liquidación final de los proyectos terminados en 2018.

También laboralmente hay que presentar un informe estadístico. Si lo incumple lo podrán sancionar.

Tenemos así varias obligaciones esperando ser cumplidas. Anote bien en su calendario para que no se le pase ninguna y si requiere apoyo de nuestra parte, contáctenos.

 

Mario E. Archila M.

Delitos que faltan… además de la corrupción

Orden de captura para la señora Baldetti. Antejuicio planteado contra el General Pérez Molina. Simple y sencillamente por corrupción… Pero falta.

Cuando se revisan las leyes tributarias, hay cosas interesantes que se pasan por alto, pues estamos metidos en los conceptos legales típicos del derecho civil. En el derecho civil y mercantil sólo puedo hacer negocios con “bienes de lícito comercio”. En el derecho tributario, expresamente, eso no es importante.

Expresamente el artículo 16 del Código Tributario indica que “La existencia de las obligaciones tributarias, no será afectada por circunstancias relativas a la validez jurídica de los hechos o actos realizados constitutivos del hecho generador; o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes al celebrar éstos, ni por los efectos que a ellos se les reconozca en otras normas legales, siempre que se produzcan efectivamente los resultados propios del presupuesto de hecho legal y no se trate de tributos documentarios.”

Lo anterior quiere decir que “la validez jurídica de los hechos o actos” no es importante. Es así que el hecho generador (simplificado) del Impuesto Sobre la Renta es el ingreso y el del IVA es “vender” o “prestar servicios”, pero no puede estar condicionado, bajo una perspectiva tributaria, por nada, a que sea “lícito comercio”.

En el caso de la corrupción, el artículo 16 del Código Tributario nos debe llevar a las siguientes conclusiones:

  1. Algunos funcionarios prestaron “servicios” en el concepto de la ley del IVA, pues cobraban a un usuario de la red de corrupción por “hacer algo a su favor”: el acto de corrupción.
  2. Recibieron un ingreso derivado de su trabajo “ilícito”. Hicieron algo.

Es por ello, que además de cometer cohecho -pasivo y activo- también dejaron de enterar al fisco los impuestos correspondientes. Obviamente, como son hechos ilícitos, es claro que hay “mecanismos” tendientes a evitar que la Administración Tributaria descubra dichas sumas. Recordemos que declarar incorrectamente porque hay temas interpretativos sobre un gasto deducible, por ejemplo, no es constitutivo de delito. Pero pedir que se pague a nombre de compañías fantasma, que se pague en efectivo esa mordida, que se disfrace de “algo” cuando es un soborno, simplemente nos debe llevar a pensar que hay “ardid, engaño” y ciertamente “fraude” para el pago de los tributos.

Es por ello, en conclusión, que una persona que cobra un soborno, tributariamente tiene una obligación tributaria por Impuesto Sobre la Renta, ya que tiene un ingreso y además, para efectos del IVA, como son cobros por realización de algo a favor de un tercero y no es relación de dependencia, dichos cobros generan IVA.

Ahora esperemos que adicionalmente a los delitos ya imputados, se agreguen los que corresponden por los impuestos dejados de pagar al cobrar mordidas, sobornos y demás.

Mario E. Archila M.

Los intereses en el 10-2012

El 10-2012 es, a mi parecer, un rotundo error de planteamiento desde la perspectiva filosófica y económica. Sabemos que es en él se incorpora un “nuevo” Impuesto Sobre la Renta, entre otras 6 cosas… Si bien, no hay mucha novedad positiva, sí hay una novedad de regulaciones que hacen cumplir con la “tramitología” del impuesto, una tortura. Es decir, aumenta el costo de cumplir. Es así que el Libro I del mentado decreto 10-2012 no es, en el fondo, más que un maquillaje que quiso favorecer a la Administración Tributaria y el Fisco con incorporación de reformas que hacen de complicado a imposible que un gasto sea deducible. Una daga por la espalda.

Dentro del “maquillaje”, se incorporaron reformas a la redacción de ciertos requisitos para los costos deducibles. Uno de ellos, los “intereses”.

¿A qué me refiero? Comparemos los párrafos que contenían la deducibilidad de los intereses:

“ARTICULO 38. Renta Imponible en el régimen optativo previsto en el artículo 72 de esta ley.

Los contribuyentes del impuesto que opten por el régimen establecido en el artículo 72 de esta ley, deberán determinar su renta imponible, deduciendo de su renta bruta, solo los costos y gastos necesarios para producir o conservar la fuente productora de las rentas gravadas, sumando los costos y gastos no deducibles y restando sus rentas exentas. Se consideran costos y gastos necesarios para producir o conservar la fuente productora de rentas gravadas los siguientes:

m) Los intereses sobre créditos y los gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos en instituciones bancarias, financieras y demás instituciones legalmente autorizadas para operar como tales en el país y que se encuentren sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos; los intereses y gastos financieros directamente vinculados con las ofertas públicas de títulos valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías; los intereses sobre créditos y los gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos en Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente constituidas, así como los intereses sobre créditos y gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos de instituciones bancarias y financieras domiciliadas en el exterior, en todos los casos siempre que dichos créditos sean destinados para la producción de rentas gravadas. El monto deducible por concepto de intereses no podrá exceder al que corresponda a las tasas de interés que aplique la Administración Tributaria a las obligaciones de los contribuyentes caídos en mora.

No constituyen gastos deducibles los intereses que se paguen o acrediten a personas individuales o jurídicas que no se encuentren incluidas en el párrafo anterior. Se exceptúan los intereses que las instituciones bancarias, financieras y demás instituciones legalmente autorizadas para operar como tales en el país y que se encuentren sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente constituidas, paguen a sus cuenta-habientes e inversionistas, así como los intereses que se paguen a los inversionistas de títulos valores inscritos en el Mercado de Valores y Mercancías, los cuales sí constituyen gastos deducibles.”

El Decreto 26-92 del Congreso establecía que eran “deducibles” “los intereses sobre créditos y gastos financieros directamente vinculados con tales créditos…”:

  1. Obtenidos de instituciones bancarias (y demás) legalmente autorizadas para operar en el país, que se encuentren sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos;
  2. Los vinculados con las ofertas públicas de títulos valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías;
  3. Los obtenidos en Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente constituidas;
  4. Los obtenidos de instituciones bancarias y financieras domiciliadas en el exterior, en todos los casos siempre que dichos créditos sean destinados para la producción de rentas gravadas;

en todos los casos siempre que dichos créditos sean destinados para la producción de rentas gravadas.

Es así que los intereses deben ser por créditos que sean destinados a la producción de rentas gravadas y obtenidos de esas 4 fuentes descritas. Si no está vinculado “EL CRÉDITO” a PRODUCIR rentas gravadas, no es deducible. Esto quiere decir que el dinero del préstamo se usó para PRODUCIR RENTA

¿Qué cambió?

El artículo 21 del Decreto 10-2012 dice lo siguiente:

“ARTICULO 21. Costos y gastos deducibles.

Se consideran costos y gastos deducibles, siempre que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o conservar la fuente productora de rentas gravadas, los siguientes:

16. Los intereses, los diferenciales de precios, cargos por financiamiento o rendimientos que se paguen derivado de: i) instrumentos financieros; ii) la apertura de crédito, el crédito documentario o los préstamos de dinero; iii) la emisión de títulos de crédito; iv) operaciones de reporto; v) el arrendamiento financiero; el factoraje, la titularización de activos o cualquier tipo de operaciones de crédito o de financiamiento. Todos los intereses para ser deducibles deben originarse de operaciones que generen renta gravada al contribuyente y su deducción se establece de acuerdo al artículo referente a la limitación de la deducción de intereses establecida en este libro.”

La variación está en el origen del dinero para pagar los intereses. Acá ya no se requiere que el dinero del crédito se haya utilizado en producir renta, sino que el dinero para PAGAR LOS INTERESES PROVENGA DE OPERACIONES QUE GENEREN RENTA GRAVADA. El uso del dinero del crédito ya no es requisito. Vea que no hay norma alguna que indique nada sobre el uso del crédito…

¿Le parece sorprendente?

 

Mario E. Archila M. 

Invitación al Seminario “Documentos del ISR”

Milagrosamente, SAT no hace más ajustes sostenibles en tribunales. SAT gana un poco menos del 20 % de los casos… Claro, en materia de impuestos no hay milagros, simplemente conocimiento o ignorancia.

El conocimiento, su prevención

El conocimiento es la mejor arma frente al abuso. La prevención, la mejor estrategia financiera. Regálele el conocimiento a su contador, auditor, asesor legal corporativo y gerentes…

Este año 2015 toca que se aplique plenamente el decreto 10-2012 en cuanto al Impuesto Sobre la Renta que contiene. Ya en 2014 empezaron a fiscalizar el año 2013, por lo que quienes sean fiscalizados este año -y en adelante- lo serán bajo esta normativa.

Desgraciadamente, la ley tiene vicios en cuanto a su técnica, redacción y fundamentación filosófica. Otro elemento negativo, desde la perspectiva de costo de cumplimiento, es la falta de criterios judiciales que iluminen la aplicación de las nuevas normas. Eso tardará unos 8 años en llegar…

Sin embargo, debemos imaginar que los criterios legales serán, siempre, los que prevalezcan y deben ser utilizados en la resolución de las dudas tributarias… De eso trata este seminario.

Mientras tanto, podemos interpretar las normas legales y prepararnos lo más apegado a criterios jurisdiccionales análogos basados en normas de las anteriores leyes del ISR, doctrina de las ramas del derecho que ilustran sobre las instituciones a que se refieren las normas legales-tributarias, atendiendo a precedentes.

Contenido

Hay 10 documentos o “grupos” de documentos necesarios para que un gasto sea deducible. Hay 2 requisitos adicionales. Hay 29 gastos deducibles. Hay 19 tipos de gastos definidos como “no deducibles”. Vamos a agrupar cada gasto según su grupo de documentación necesaria.

Para establecer si un gasto es deducible:

  1. Debe estar en definido como gasto deducible;
  2. Debe cumplir con los requisitos para la deducibilidad:
    1. De fondo
    2. De forma
  3. Debe cumplir con la documentación para que el gasto sea deducible.
  4. No debe estar en el listado de gastos no deducibles.

Del seminario

4 horas efectivas. De la ley al documento al requerimiento de información. Todo en un sólo seminario.
18 de marzo de 2015 de 8 am a 12:30pm, Auditorio Cancuen del Grand Tikal Futura Hotel.
Inversión: Q750.00; cupo limitado.

Grupos de 3 ó más: Q560.00 por persona.
Reserve al 23788484. Doris le dará las instrucciones para el pago.

Lo espero.

Mario E. Archila M.

Nuevo seminario… Documentación correcta para el ISR

Documentación de operaciones y preparación ante posibles fiscalizaciones de SAT.

Milagrosamente, SAT no hace más ajustes sostenibles en tribunales. SAT gana un poco menos del 20 % de los casos… Claro, en materia de impuestos no hay milagros, simplemente conocimiento o ignorancia.

Azteca

Al terminar, sabrá cómo “deducibilizar” gastos que en otro momento de la historia serían claramente un gasto deducible y ahora requieren trámites o documentaciones adicionales.
Esta parte es principalmente valiosa para los notarios y asesores jurídicos que no son expertos en materia tributaria para evitar ajustes por faltas de documentación.
Para los contadores y auditores, el seminario les permitirá conocer la documentación que deben tener y qué deben o pueden requerir según la ley, a modo de mantener los soportes contables de manera adecuada.
Cualquier contribuyente encontrará valiosa información para prescindir de requerimientos de documentación que no son los necesarios durante una futura fiscalización o litigio tributario -si fuera el caso.

El conocimiento, su prevención

El conocimiento es la mejor arma frente al abuso. La prevención, la mejor estrategia financiera. Regálele el conocimiento a su contador, auditor, asesor legal corporativo y gerentes…

Este año 2015 toca que se aplique plenamente el decreto 10-2012 en cuanto al Impuesto Sobre la Renta que contiene. Ya en 2014 empezaron a fiscalizar el año 2013, por lo que quienes sean fiscalizados este año -y en adelante- lo serán bajo esta normativa.

Desgraciadamente, la ley tiene vicios en cuanto a su técnica, redacción y fundamentación filosófica. Otro elemento negativo, desde la perspectiva de costo de cumplimiento, es la falta de criterios judiciales que iluminen la aplicación de las nuevas normas. Eso tardará unos 8 años en llegar…

Sin embargo, debemos imaginar que los criterios legales serán, siempre, los que prevalezcan y deben ser utilizados en la resolución de las dudas tributarias… De eso trata este seminario.

Mientras tanto, podemos interpretar las normas legales y prepararnos lo más apegado a criterios jurisdiccionales análogos basados en normas de las anteriores leyes del ISR, doctrina de las ramas del derecho que ilustran sobre las instituciones a que se refieren las normas legales-tributarias, atendiendo a precedentes.

Contenido

Hay 10 documentos o “grupos” de documentos necesarios para que un gasto sea deducible. Hay 2 requisitos adicionales. Hay 29 gastos deducibles. Hay 19 tipos de gastos definidos como “no deducibles”. Vamos a agrupar cada gasto según su grupo de documentación necesaria.

Para establecer si un gasto es deducible:

  1. Debe estar en definido como gasto deducible;
  2. Debe cumplir con los requisitos para la deducibilidad:
    1. De fondo
    2. De forma
  3. Debe cumplir con la documentación para que el gasto sea deducible.
  4. No debe estar en el listado de gastos no deducibles.

Documentos a presentar juntamente con la declaración anual

En este caso, según la actividad podrían ser necesarios documentos distintos, así que los trataremos agrupados así:

  1. Documentos comunes a presentar por todos,
    1. Contabilidad, quiénes sí y quiénes no
    2. Estados financieros
  2. Documentos a tener disponibles,
    1. Relativa al contribuyente
    2. Relativa al grupo empresarial
  3. Documentos para clases especiales de contribuyentes y
  4. Documentos según cada actividad
    1. Recursos naturales
    2. Actividades mineras
    3. Construcción y similares
    4. Lotificaciones

Estos listados legales de normativa, lo cruzaremos con requerimientos de información que SAT ha efectuado durante el 2014, a modo que vea los requisitos desde la perspectiva de SAT. Evidentemente le explicaremos cuáles de esos “requerimientos” son “nulos” y cuáles sí “ni modo”, usted debe cumplir… EN 3 DÍAS HÁBILES

Del seminario

4 horas efectivas. De la ley al documento al requerimiento de información. Todo en un sólo seminario.
18 de marzo de 2015 de 8 am a 12:30pm, Auditorio Cancuen del Grand Tikal Futura Hotel.
Inversión: Q750.00; cupo limitado.

Grupos de 3 ó más: Q560.00 por persona.
Reserve al 23788484. Doris le dará las instrucciones para el pago.

 

Lo espero. No tenemos muchos espacios.

 

Mario E. Archila M.