Recursos extraordinarios

Todo pinta a que hay más expertos en derecho en Guatemala que abogados. Lo bueno es que la discusión pública sobre un proceso ha despertado el tema del “debido proceso” y nuestra estructura de tribunales.

Tristemente vivimos en un sistema judicial en el que reina la mediocridad. Hay excelentes profesionales en los órganos jurisdiccionales, seguro que sí, pero no son la regla.

Los primeros responsables: centros universitarios. Se enseña sin fundamento sólido. No hay principios, filosofía, doctrina ni jurisprudencia como ejes de las cátedras. Usualmente se leen los códigos y leyes y se discute sobre su “sentido” e “interpretación”, cuando debe comprenderse que el sistema jurídico, tal como se define un sistema lógico, es cerrado, interrelacionado y armónico.

Es cerrado, pues regula toda la realidad desde dentro.

Es interrelacionado, ya que una norma debe interactuar con otra para lograrse llegar a conclusiones, mientras es jerárquico.

Es armónico, ya que debe encontrarse una solución con las normas dadas, a modo de procurar la interpretación que permita a todas vivir dentro del sistema. No se admiten contradicciones en normas de misma jerarquía, por ejemplo, sino que debe encontrarse con apoyo a ciertos principios, la salida que permita su aplicación o bien expulsar la que causa el problema.

En ese orden, hay mecanismos, procesos, para lograr dichas conclusiones. Primero el proceso intelectual de encontrar las normas aplicables a cada caso. Es acá el momento que distingue a un abogado de otro.

Luego de ese proceso intelectual tendremos el proceso legal como tal. Ya sea la formulación de un contrato o el proceso litigioso, según sea el caso. Dicho proceso tiene, cada uno, sus pasos y reglas para lograr el fin para el que ha sido creado.

En los procesos litigiosos, juicios, tenemos 2 planos de normas. Las normas procesales que en blanco y negro constan en las leyes procesales y las normas “inspiradoras” o los principios, que dan el fundamento para esas leyes procesales. Estos principios son usualmente normas constitucionales, pero otras muchas veces son normas contenidas en las partes generales de los mismos código procesales o bien en la legislación sustantiva.

Es por ello que tenemos 2 tipos de “recursos” (no uso el término recurso en su acepción técnico-jurídica exacta) para resolver “errores” de los tribunales.

Los que afectan la normativa procesal o las conclusiones dentro del proceso: recursos ordinarios como la apelación o bien, los que afectan la normativa “inspiradora” o principios. Es así que los primeros son usualmente “ordinarios” y los segundos, extraordinarios.

Dentro del grupo de extraordinarios, tenemos, en Guatemala, el amparo y la casación.

El amparo es constitucional y se activa cuando se violan principios constitucionales, tales como presunción de inocencia, debido proceso, etc. La casación es un recurso extraordinario, técnico-jurídico, que examina errores judiciales de sentencias. Estos errores son por interpretación de hechos (prueba), aplicación de leyes (error en derecho) o violación procesal.

Estos recursos extraordinarios, sin embargo, deben ser, como su término lo dice, extraordinarios. No obstante, por vicios en la comprensión de ciertos principios y por la existencia de deficiente formación profesional de todos los actores -jueces, abogados, fiscales- termina siendo que los más altos tribunales juzgan “de ordinario” casi todos los casos en Guatemala.

Es así que el primer vicio acá relatado se topa con el segundo gran vicio: un sistema mal diseñado de normativas procesales y recursos.

Menudo reto frente a nosotros. Resolver el embrollo.

Mario E. Archila M. 

Reforma Constitucional, ¿Camino a la tiranía?

Todos hemos oído que nadie está de acuerdo con la reforma constitucional plateada por el señor Presidente. Muchas de las objeciones vienen de buscar intereses particulares o de evitar que ciertas herramientas sean eliminadas.

No obstante, hay algunas redacciones que deberán ser vistas con ojos bastante más analíticos.

¿Qué consecuencias pueden traer en el mediano y largo plazo? ¿Cuál es la función real de una constitución? ¿Qué implicaciones para el débil sistema político actual tendrían de ser aprobadas?

Nosotros hicimos ya dicho análisis y, como es costumbre, lo pondremos en términos coloquiales, pues el tema es para todos, no una tertulia entre académicos.

Analizamos las razones por las que, hoy día, no estamos frente a la sociedad de los años 90 que votaron por el “NO”. Analizamos, gracias a estudios de generaciones y valores sociales, por qué hay un gran riesgo de que sea aprobada y cuáles son los valores que refleja éste modelo.

Le diremos lo que puede ser bueno.

Acompáñenos. Jueves 22 de noviembre de 2012, de 7 a 9:30am en el Hotel Camino Real. Usted desayuna rico, nosotros le damos la información.

Le garantizo que nunca ha visto una presentación que une sociología, valores, historia y Derecho… Q350.00 le compran el asiento y se lleva copia de la presentación a su casa. Llame a Doris al 23788484 para que le pida su desayuno.

Lo espero.

Mario E. Archila M.

Claro que hay coherencia

Es curioso que lo que la gente oye que es ser “libertario” no es lo que es. Todo libertario verdadero estará en desacuerdo con que existan leyes como “impuesto a la distribución del cemento” o “del tabaco” y los aranceles. Todo libertario abogará siempre por la desaparición de dichos privilegios.

De la misma manera abogará porque las leyes sean construidas partiendo de la naturaleza humana: creatividad, ingenio y búsqueda de intereses propios y personales; y la consecuente responsabilidad de sus actos.

¿Qué es la responsabilidad? Pues no es más que tragarse las consecuencias, buenas o malas, de los actos en libertad. De allí que leyes que pretenden que “por mi bien” se establezcan impuestos a los “vicios” son contrarios a los libertarios, ya que únicamente causan privilegios. O el impuesto al cemento, que está diseñado de tal manera que se protege el mercado de la competencia, local y extranjera. ¿Quién paga un precio más alto? Todos los que buscan construir su casa o negocio.

La historia ha tenido períodos muy cercanos, si no es que totalmente, “libertarios”. Claro que nunca se les da crédito, pues se analiza e idealiza un resultado concreto, sin ver los inicios de las corrientes de la historia. Se critica que EEUU no es “libertario”, pero se olvida que lo fue hasta la reforma constitucional impulsada por Franklin D. Roosevelt y su “new deal”. Término que enseña que FDR pasó a fundar un nuevo Estado sobre las bases filosóficas de la corriente del “pacto social” y Rousseau; dejando atrás a Hume y Locke, de la escuela filosófica contraria. ¿Se entiende por qué hoy día EEUU no es libertaria?

Ser libertario no es ser anarquista. La anarquía llevaría a un estado de guerra incontrolable. Ser libertario implica niveles de gobierno centrados en lo que es condiciones de cumplimiento de parámetros que, antes de ser económicos, son morales y jurídicos. No es la abolición del gobierno, sino la limitación del mismo a esferas claras.

Para un libertario no hay distinción de clase o raza, pues se cree en la capacidad innata de cada ser humano de encontrar los mejores satisfactores, conforme a sus circunstancias propias, mientras tenga la libertad suficiente para escogerlas y un pueda obligar a cumplir las promesas que le han hecho otros individuos.

Un libertario, por supuesto, que estará siempre contra la oligarquía. Estará contra grupos de interés, ONG´s y actividades particulares financiadas con fondos de los ciudadanos, ya sea directa o indirectamente (vía tributos, subsidios o manejo de políticas financieras).

¿Cuáles son los sectores más protegidos en Guatemala? La agroindustria, como el azúcar, el café y la banca y finanzas.

¿Hay libertarios a favor de dichos privilegios? No. Hay gente que usa frases y discursos de autores y analistas libertarios para buscar sus privilegios. Eso, claramente.

Triste es que se recurra a generalizaciones para descalificar argumentos que tienen asidero en la historia misma y respaldados por estudios y análisis económicos.

Es de aclarar el libre mercado no es un fin, sino el resultado de tener un sistema moral y jurídico basado permitir a cada individuo buscar su propia felicidad, respetando la búsqueda de dicha felicidad propia del vecino. ¿Es esto incongruente con la caridad, la ayuda mútua, la solidaridad? Claramente no. Cada una de esas bellas palabras son virtudes y una virtud sólo puede ser ejercida en libertad. Sí, en libertad de ser caritativo o no; ayudar o no; ser solidario o no.

Es así que no creo que ningún libertario de los que realmente saben qué es ser libertario y busca que se rompan con esos privilegios entregados en las leyes esté en desacuerdo con proponer que se rompa con ellos y se eliminen.

Lo que veo es que en Guatemala hay suficientes cangrejos que por no estar dentro de los privilegios legislados actuales quieren que se les den a ellos y se les quiten a los otros esos privilegios… con esas posturas, ningún libertario estará nunca de acuerdo… y eso es por coherencia.

Mario E. Archila M.

Reformas del Partido Patriota II (El cambio al ISR)

La técnica legislativa es deplorable en esta propuesta, que ya cuenta con dictamen favorable de la comisión de finanzas. La propuesta incluye 7 libros, mismos que implican un par de impuestos nuevos. El gran defecto es que no considera la interacción que los impuestos “nuevos” tienen con otros tributos ya existentes. Entre que la ley la hicieron “economistas” (el término “Derecho Tributario” sí les vino del norte) y que los señores diputados no entendieron, demuestran que no solo no saben de impuestos, sino que no saben de leyes… ni modo… vamos a lo que venimos:

En cuanto a la exposición de motivos que presenta el Ministerio de Finanzas (ojo que el proyecto no lo hizo el Ministerio de Finanzas sino el famoso G40) dice que “Es moderna porque, entre otras características, contiene normas internacionales, precios de transferencia, normas de subcapitalización, conceptos de establecimiento permanente y de residente. La equidad se hace efectiva mediante la ampliación de las bases imponibles: grava ingresos que actualmente no tributan; amplía el ámbito de aplicación subjetivo: precisa con claridad los contribuyentes y los agentes de retención”, sin embargo, habla que “Al mantener la deducción única de Q 48,000 anuales (mínimo vital), excluye del impuesto de la renta del trabajo en relación de dependencia a los trabajadores que devengan un salario menor a los Q 5,000 mensuales, acatando el principio constitucional de capacidad de pago.”

Acá varios errores graves: En tributación muchas veces “moderno” quiere decir “nueva manera de clavar”. Si bien es cierto que causa muchos problemas de aplicación el no saber cuándo se es “residente tributario” porque no tenemos el concepto y pudiera ser (hay que ver la forma en que se redactó el proyecto) que los conceptos de establecimiento permanente y de residente tributario ayuden a clarificar (no así a cobrar o pagar), los demás “modernos” conceptos son de los que me dan alergia porque causan distorsiones enormes en la operación dinámica de los mercados:

  1. Subcapitalización.
  2. Precios de transferencia.

El primero es normalmente un tope a la creatividad, pues castiga a quien tiene ideas pero no dinero. Evidentemente favorece a quien ya tiene dinero y a los bancos del sistema. Logran mejores condiciones de crédito quienes ya cuentan con capital, por lo que ser “emprendedor” costará más. A la larga, se beneficia el status quo.

El segundo tema es el “orgasmo” de los que se dedican a esto, porque ven una fuente de ingresos, bastante rayando en el fraude, para asesorar en cuánto la aplicación de esto. ¿Por qué? No se puede normar el principio de “libre negociación”. Si está normado, ya no es libre. Si me dicen que no puedo vender a menos de X precio, para efectos de tributar, aún y cuando, es el precio realmente convenido, tengo una distorsión significativa. Claro que los señores están buscando recaudar, pero la recaudación debe obedecer al principio de neutralidad y los precios de transferencia es un mecanismo que los gobiernos buscan para “corregir” la distorsión que su propio sistema impositivo causó. Lo veremos mas adelante.

Y por último, el más grave error acá es que una deducción única no responde, ni por asomo, al principio de capacidad de pago. Se sigue gravando a los empleados en relación de dependencia sobre lo que se denomina “rentas ficticias”. ¿Cómo así? Simplemente dice que cualquier persona debe gastar para su manutención y la de su familia Q48,000. (Que valga decir que equivalen a Q4,000 mensuales, no Q5,000. Vaya que le dieron dictamen favorable después de leerla bien…) Eso viola totalmente la capacidad de pago, la justicia y equidad tributaria y el principio de igualdad en materia tributaria. Una persona casada que mantiene su hogar podrá tener un salario de Q10,000 mensuales, con lo que tendrá un monto deducible, de entrada, de Q48,000, pero mantiene económicamente a su pareja y 3 hijos. Su ingreso gravable será de Q120,000-48,000=Q72,000. Sin embargo, cada hijo cuesta Q1,000 de colegio y Q750 de alimentación mensuales (ropa, comida, entretenimiento); su pareja y los gastos del hogar alrededor de Q3,000 mensuales, que equivale a Q8,250.00. Al final tendría esta persona Q21,000 en la bolsa, no Q72,000. Con el mismo salario, un soltero que vive con sus papás y no tiene gastos, probablemente en sus “obligaciones” económico familiares no gaste ni Q1,500 al mes. Con ello, evidentemente, su posición es que tiene Q102,000.00 en su bolsa y le cobrarán el impuesto únicamente sobre Q72,000.00

La doctrina, en este punto, ya discute la inconveniencia de este tipo de tributación “ficticia” y presiona a que se busque gravar -si se decide gravar la renta- sobre una base de “renta real”. Es decir, sobre lo que “queda” una vez que se han incurrido en los gastos de una honesta y prudente administración. El sistema como está planteado, genera una total injusticia por no gravar la “capacidad de pago” y por tanto, el tributo y el sistema tributario es injusto e inequitativo. Eso ya es hoy día, pero acá se reincide. Viola los artículos 239 y 243 de la Constitución Política de la República.

El proyecto, en cuanto al ISR, también mantiene graves distorsiones al seguir siendo “cedular”. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se gravan los ingresos según se hayan originado. Si son “por trabajo”, se gravan de una manera; si son “financieros”, se gravan de otra manera; si son provenientes de “inversión de capital”, de otra. La pregunta lógica es ¿por qué no se grava la utilidad por utilidad que es y no por “procedencia”? Los principios más básicos de conducta indican que el ser humano busca maximizar y por tanto, estoy totalmente seguro, que si tenemos diferentes regímenes para esto, tendremos “creativos” que disfrazarán una renta de trabajo como inversión de capital, si fuera más bajo o de capital como financiero, si fuera más conveniente.

Dentro del régimen de asalariados, de nuevo, se busca la eliminación del crédito por IVA pagado. Este mecanismo, quiera o no quiera aceptar el Fisco, el Ministerio y el Congreso, crea incentivos para el consumo en el mercado informal. Esto por dos razones:

  1. Alrededor del 75% del mercado en Guatemala es informal;
  2. No hay incentivo en reportar los gastos bajo ningún esquema por parte del trabajador.

El mecanismo de control cruzado que la planilla del IVA permitía estaba empezando a dar resultados, con lo que la recaudación de los contribuyentes que proveían facturas subiría y se mantendría controlado. La eliminación de gastos o la no inclusión (porque actualmente tampoco se permite) dentro del régimen del asalariado, nos deja con 1.4 millones de personas que hacían trabajo de fiscalización indirecta. Se supone que el Decreto 4-2012 aumenta controles por la venta “sin factura”. Esos controles sólo caen sobre los contribuyentes que ya están siendo controlados. De manera que ese 1.4 Millones de personas tienen ahora una opción económica más rentable en comprar todo lo que consumen en el ya ignorado mercado negro.

En un par de días publicaré el análisis de los artículos de esta parte del proyecto.

Mario E. Archila M.

Reforma fiscal en Guatemala 2/2

Ya cantaron Ali Babá y sus cuarenta ladrones. Dijeron “Ábrete Sésamo”, con lo que las arcas del Estado tienen excusa para abrirse al despilfarro.

No es la intención de muchos de los firmantes, pero están abriendo la puerta para una aplastante reforma fiscal, que nos ponga a todos, de patitas en la calle.

El tema fiscal no es un tema de “presupuesto de Estado”, como tiende a verlo el asesor de gobierno. Recordemos que la Superintendencia de Bancos, Bancos Centrales, Ministerios y Secretarias -Economía y Finanzas- etc., son lugar de trabajo de los funcionarios que se asesoran por estos “bien intencionados profesionales”. Muchos de ellos, se quedarían sin trabajo, si estos organismos no existieran. Pero la historia demuestra que no son necesarios para existir. Lo digo totalmente convencido y no voy a entrar ni siquiera a responder comentarios sobre por qué, pues la historia lo demuestra.

El tema fiscal es un tema moral, principalmente. Moralmente, el cobro de una exacción de dinero, sólo se justifica si el obligado está dispuesto a pagarlo. Si no, es simplemente un robo.

Usted evidentemente estaría dispuesto a aceptar que si sale un decreto por el cual hay que dar muerte a todo aquel que mida menos de 1.85mts, la cosa no está muy “legal”. Estoy seguro que no me saldría con el aforismo aquél de “dura lex est lex”, ya que quedaría como genocida o similar de apoyar tremenda estupidez. Es lo mismo con venir y decir que los impuestos hay que pagarlos simplemente porque son leyes.

Entramos así a la carnita del asunto. Al meollo. A lo puro bueno. No se vale proponer que se suban impuestos, se cobren más impuestos, se ajusten más personas, se fortalezca a la SAT, Policía, IVE y demás hierbas, para subir los ingresos del Estado.

En buen chapín -guatemaltequismo-, los ingresos del Estado “PELAN”, son los ingresos de cada persona, de cada ciudadano, de cada trabajador, los que deben ser asegurados. Así que las políticas fiscales no deben ir a asegurar los ingresos para el “Estado” (gobierno en cualquier denominación de funcionarios), sino a garantizar que usted, su hermano y hermana, sus tíos, primos, abuelos y padres, e hijos en el futuro, tengan una mejor posibilidad, mejor calidad de vida, mejor y mayores oportunidades. En concreto, que sean cada generación, más ricos que la anterior.

Con ello dicho, hay varios paradigmas ridículos, tomados como dogmas para justificar pedir una reforma que busca resolverle un problema en el que nos metieron los mismos burócratas: hay que eliminar el déficit y para ello, hay que cobrar más tributos.

Momento. ¿El déficit lo crearon los burócratas a los que ahora hay que darles más dinero para que resuelvan el problema que ellos mismos crearon?

No sé usted pero es como haber mandado a hacer una auditoría externa a su empresa, encontrar que el Gerente General le robaba y todavía darle un premio y aumento de sueldo.

El déficit fiscal debería ser cobrado a los funcionarios que lo causaron. No sabemos quienes fueron, entonces, tampoco me lo cobren a mi. Suficiente tengo con mantener a mi familia en esta situación de caos económico.

Segundo paradigma. Si el Estado no tiene déficit, seremos más ricos. Eso es cierto, únicamente, si nunca causamos déficit en primer lugar. Si ya lo causamos, ya nos “jodimos”. Salir del déficit no nos hará ricos. Dejar de causarlo y crear las condiciones para que la recaudación voluntaria llegue a los niveles de “superavit”, sí, pues esas condiciones son las que están haciendo que usted y yo, cada día, junto con los otros 13,999,998 guatemaltecos, seamos menos pobres (más ricos, pues).

Ya había mencionado Hong Kong. Crece desde hace mucho a 8.2% anual. Carga tributaria igual que la guatemalteca. Nosotros, con suerte, cada año salimos tablas (http://www.elcato.org/publicaciones/articulos/art-2005-03-21.html)

Usted está a punto de votar… así que piense, como Carlos Alberto Montaner lo dijo, que: “En nuestro sistema democrático la idea de que existe y se percibe un bien común es una falacia. Lo que existe es intereses particulares, defendidos a dentelladas por los grupos de presión con algún acceso al poder.” (Haga clic para ver el artículo completo).

No le parece el uso del presupuesto: vote por quien lo bajará y eliminará. ¿Hay alguno? Bien, ése es su trabajo. Aumentar la deuda pública nunca es bueno. No hay ningún “número mágico” que le permita a un país endeudarse para salir adelante. Le están quitando igual dinero a usted. La deuda, siempre, es déficit fiscal.

Es que la democracia debe ser como en Suecia. Los países nórdicos son lo que la “democracia” representa. Bien, no lo digo yo, lo dice un diputado sueco: “Veamos: Suecia duplicó su carga tributaria entre 1960 y 1989 (del 28 al 56% del PIB). Durante 1960 y 1980, el gasto público pasó del 31 al 60% del PIB y el empleo público como porcentaje del total de la fuerza laboral se triplicó. La adjudicación de más y más responsabilidades exclusivas del Estado sueco (léase monopolios estatales) resultaron en que el país se convirtió en “el paraíso de la producción en masas, ya sea de automóviles, viviendas, educación o salud”.

Pero el modelo era insostenible y eso se volvió dolorosamente evidente entre 1991 y 1993, periodo durante el cual se perdieron medio millón de empleos y el PIB sufrió una pérdida acumulada de un 6%. El gasto público se disparó a un 72,4% del PIB.”

De ello, tal como ahora hacen los suecos, en Guatemala, debemos de estar dejando de apuntar a la “democracia”, para apuntarle a la República. Con ello, la reforma fiscal buscada, no será “aumento de impuestos”, sino lo contrario. Control de los gastos y mecanismos para forzar presupuestos balanceados hasta superavit por ley, de modo que se busque elevar el ingreso per capita, no la recaudación según PIB. La columnista citada lo dijo para Ecuador: “Lo que los ecuatorianos debemos entender es que si hasta la supuesta “utopía socialista” del mundo (1) elimina monopolios estatales, (2) tiene un estado descentralizado y (3) rebaja impuestos, algo está verdaderamente mal con el socialismo colectivista y centralista que ha existido en nuestro país y que amenaza con radicalizarse.

Estoy trabajando en una propuesta de ISR para Guatemala, misma que será publicada acá en breve.

Mario E. Archila M.

Alianzas Público Privadas I

Surge la pregunta en el entorno: ¿Cómo salir de la pobreza? El Encuentro Nacional de Empresarios que se lleva a cabo en Guatemala el 7 de octubre de 2010, tiene ese tema.

Los discursos políticos tienen esa temática: acabar con la pobreza. Los programas “sociales” que surgen en los distintos países, tienen ese enfoque.

En Guatemala, la ley de Alianzas Público Privadas busca ser una herramienta para combatir y acabar con la pobreza.

Desde la perspectiva histórica, la pobreza es el estado natural del hombre. El hombre, como especie, nació en la pobreza. En los últimos 2000 años de historia, para tomar el contexto del calendario occidental actual, la pobreza es el común denominador. La gente vivía en pobreza. Los reyes de la Francia de los Luises, es una familia pobre en relación a un ciudadano de clase media de un país “medianamente avanzado”.

La riqueza debe hacerse. Las comodidades y el nivel de vida representa el nivel de riqueza a la que una persona tiene acceso.

El paradigma de la pobreza es un paradigma que puede afectar salir o perpetuar el problema. Para salir de pobres, no hay que repartir, sino crear. Veamos con esta perspectiva si la ley de Alianzas Público-Privadas cumple o no.

Usted puede ver el Decreto, que ya es ley de Guatemala, haciendo clic acá.

No me referiré a artículos en particular, salvo que la redacción específica tenga implicaciones importantes.

El fin de la ley es promover la construcción de infraestructura con un marco legal particular. Me pregunto al leer la ley, si esto no es al final una nueva ley de concesiones  o hubiera sido mejor llamarle ley de contrataciones del Estado. En algún lugar habrá algo que me dé la respuesta.

El artículo 4 llama poderosamente la atención, en cuanto a que los principios que deben regir las alianzas de este tipo incluyen la “distribución de riesgos”, bajo el parámetro de que “…los riesgos que asumen específicamente el Estado y el participante privado…” deben ser establecidos expresamente y su distribución entre particular y el Estado será compartida y definida en cada contrato de alianzas. ¿No tenemos acá un seguro para inversión sin riesgo por parte del “privado”?

Dentro de esos principios tenemos también -mismo artículo 4- un proceso de participación competitivo, que permita, previo a la adjudicación del proyecto, escoger al participante privado que pueda prestar el servicio más eficiente. Era de preguntarle a los congresistas que propusieron esto: “¿No han leído los periódicos que se llenan de noticias de corrupción, de uso de sociedades de cartón, de tráfico de influencias y demás, en los actuales procesos de licitación?” Insistimos en el mismo mecanismo: que un grupo de funcionarios “omnisapientes” escoja honrada e imparcialmente, cuando la historia nos demuestra que, en palabras de Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.

Agreguen el principio de seguridad jurídica (estaba en la Constitución, por cierto) que busca el cumplimiento irrestricto de las obligaciones de esto actos, entre ellas, el plazo, que puede ser un máximo de 30 años. Me han comentado por allí, por ejemplo, que el primer tramo del Transmetro tiene unos derechos a favor de quienes “costearon” la construcción de paradas y pasarelas con un plazo la mitad que el plazo que le dieron, por la misma inversión, a los que “costearon” la construcción del eje central (el nuevo que pasa por la zona 9 hasta la zona 13). ¿Este plazo tendrá algo que ver con eso?

Vea usted, si hago una inversión que recupero en 10 años, pero logro “negociar” con quien me adjudicará la cosa, que el 30% será para él, si el plazo es de 15, 20 ó 30 años, gané mucho más…

El principios de responsabilidad fiscal, que debería ser que si el Estado no tiene dinero, no paga nada, se convierte en un principio en esta ley, que si “necesito” (como habla el político) hacer la obra, los pagos que le tocan al Estado serán “deuda pública”. LINDOS. Si esto quiere decir que “hipotecan mi futuro y el de mi familia”, y tal y como se aprobaron los bonos, nos endeudamos para transferir esa riqueza, sin riesgo real, al “inversionista”. No me parece.

¿Cuáles son las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial? ¿Apoyar programas de gobierno “contra la pobreza” o alinear mi empresa con los fines de la empresa de modo que todos los “stakeholders”, es decir, los interesados -y esto es económico- ganen? Veo acá la posibilidad de manejar las puntuaciones para adjudicación con criterios “políticos” de darle la calificación de este tipo de programas a personas específicas, con dedicatoria, pues, por si no me expliqué claramente.

Con esto termino por hoy el análisis del primer título de la ley. No es conclusivo aún, pero para que vea un poco el lenguaje usado.

Seguimos en las entradas que vienen.

Mario E. Archila M.