El anexo en el formulario del IVA es ilegal…

El acto de incluir este anexo constituye exceso de facultades por parte del Superintendente de Administración Tributaria. Dicha inclusión en el nuevo formulario SAT-2237 en el portal Declaraguate para la determinación, declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado, que está vigente para el pago del período fiscal de dicho impuesto correspondiente al mes de enero de 2019, de requisitos no está basado en ley.

Dichos cambios al formulario, único medio para poder efectuar el pago del impuesto, se materializan en los documentos electrónicos que encuentra en la web de la Administración Tributaria a la le agregó el presente link:

https://portal.sat.gob.gt/portal/preguntas-frecuentes/proveedoresivageneral

Dicho acceso a internet contiene las siguientes descargas:

a) Instructivo para llenado del apartado “detalle de proveedores locales (crédito fiscal) del cuadro 5 y 6” del formulario SAT-2237 Impuesto al Valor Agregado General.

b) Preguntas frecuentes sobre el registro de proveedores en donde muestras las supuestas bases legales que le permiten agregar requisitos para el pago del impuesto.

Dicho instructivo y preguntas frecuentes son para el llenado del formulario de pago del Impuesto al Valor Agregado mensual indicado, el formulario SAT-2237, régimen general que se encuentra en el siguiente sitio web numeral 1 IVA, IVA GENERAL:

https://declaraguate.sat.gob.gt/declaraguate-web/

c) Resumen del contenido del instructivo, preguntas frecuentes y formulario Declaraguate del IVA general.

En dicho instructivo, preguntas frecuentes y formulario para el pago del Impuesto al Valor Agregado se solicita que el contribuyente ingrese información específica que no es la forma regulada por la Ley, para la determinación de la obligación tributaria y sin ingresar esa información sobre los proveedores, no se permite el pago del tributo.

La información que se requiere de los proveedores es un detalle en forma decreciente de la suma de la facturas recibidas de cada uno de ellos.

La obligación tributaria del Impuesto al Valor Agregado se determina conforme a la ley y la ley indica, en su artículo 19, Decreto 27-92 del Congreso de la República, que “Del Impuesto a pagar. La suma neta que el contribuyente debe enterar al fisco en cada período impositivo, es la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados.”

Es así que la violación se configura al EXIGIR EL FORMULARIO PARA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL TRIBUTO INFORMACIÓN DISTINTA A LA EXIGIDA POR LA LEY COMO REQUISITO PREVIO A PAGAR.

6.1. Consideraciones sobre la improcedencia de esa modificación y requerimiento

El Código de Comercio de Comercio señala, en su artículo 373 que los registros contables deben ser en orden cronológico y, dentro de 2 meses de la transacción para considerarse “al día”. Esa misma norma aplica para que el libro de compras esté actualizado de acuerdo a las Ley del IVA y Código Tributario tal y como se señalará más adelante.

Veáse pues que la disposición de ínfima jerarquía normativa como es un formulario, modifica plazos y formas legales, con el agravante que si no se presenta como SAT solicita, no permite el pago del Impuesto al Valor Agregado, sino se cumple con tal ilegal solicitud.

Lo anterior es, hoy día por medio de un formulario electrónico, lo que anteriormente se conocía como “legislación de ventanilla” creada por el actual Superintendente de Administración Tributaria, quien ha excedido sus facultades legales violando los artículo 152 y 154 de la Constitución, incurriendo en posibles responsabilidades reguladas por el artículo 155 de la misma carta magna.

Incurre en posible responsabilidad civil al no permitir el ingreso a las arcas del Estado por disposición de “ventanilla” y hasta en posibles responsabilidades penales por violar leyes y obtener información por vía de coacción, y al abusar del poder que ostenta, solicitando requisitos que no están contenidos en la Ley.

Se deja claro desde ya que ninguno de los fundamentos legales que se utilizan en el documento de “preguntas frecuentes” son suficientes para OBLIGAR Y SUPEDITAR EL PAGO DEL IMPUESTO A COMPLETAR ESA NUEVA SECCIÓN, pues no existe NORMA DE JERARQUÍA LEGAL que indique que:

“El superintendente de administración tributaria, mediante disposiciones publicadas en su sitio web o por modificaciones a los formularios de pago del impuesto puede solicitar información distinta a la que requiere la ley para determinar el impuesto.”

Mucho menos encontraremos norma que le permita solicitar información de terceros por medio de un formulario de pago de tributos y peor aún, que sancione de manera indirecta cuando en el formulario de pago no se consigne la información de los proveedores de los contribuyentes, mediante traslado de la información del libro de compras a la declaración del formulario de pago del IVA con no poder presentar la declaración y no poder realizar el pago del impuesto.

Un texto en ese sentido NO EXISTE y es el único texto que pudiera facultar al Superintendente a realizar semejante acción, pero ese texto no existe, y por tal existe exceso de facultades. Es más, señalaremos que viola normas jurídicas específicas de la legislación tributaria que regulan la forma que podrá requerir esa información.

3.1. El instructivo señala:

a.Período a partir del cual deberá llenarse dicho apartado: enero 2019.

b.Cantidad total de proveedores: Para llenar esta casilla, se debe identificar a los distintos proveedores registrados en el libro de Compras y Servicios recibidos en el período que corresponda. Cada proveedor contará una vez sin importar cuántas de sus facturas aparezcan en dicho registro.

c.Proveedores Principales y cantidad de ellos a ingresar: El formulario le permitirá registrar el valor de las compras realizadas en el período impositivo mensual hasta un máximo de 10 proveedores, en orden decreciente de la suma de sus respectivas facturas sin incluir el IVA (Sin importar la cantidad de las mismas).

d.Estos son los datos que debe de ingresar en el detalle:

a.NIT del proveedor: Debe ingresar el NIT del proveedor, el cual deberá estar afiliado al Régimen General y éste no podrá repetirse.

b.Cantidad de facturas: Ingresar la cantidad total de facturas recibidas por proveedor, del período a presentar.

c.Monto Base: Ingresar la sumatoria de las facturas recibidas de cada proveedor, sin incluir el IVA y el IDP este último para las facturas de combustible (gasolina, diesel, otros).

Una vez ingresados los valores correspondientes de cada proveedor, deberá dar clic en el botón Agregar para que los mismos sean grabados.

Deberá repetir el procedimiento hasta completar el registro de sus proveedores hasta un máximo de 10 proveedores.

4.2.En el documento de “preguntas frecuentes” se señala en sus apartados 3, 10, 12 y 15 lo siguiente:

“3. ¿Cuál es el fundamento Legal para que ingrese la información de proveedores en el formulario del IVA?

Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Decreto Número 1-98 Artículo 3, literales a) e i).

Código Tributario, Decreto Número 6-91 Artículos 18, 68, 21 “B” numeral 1 y 5, 101 “A”, 98, numerales 2) y 3), 103, 112 numerales 1 c) y 7.

Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto Número 27-92

Articulo 18 y 40

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Acuerdo Gubernativo 5-2013

Artículo 40. Pago.”

“10. ¿Si no ingreso esa sección, puedo presentar mi declaración?

Si usted, ingresó valores en las casillas del formulario de los cuadros 5 y 6 solicitados en el apartado, deberá completarlo para presentar su declaración.”

“12. ¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con lo que se requiere en el apartado?

El sistema no le permitirá presentar la declaración. (Ver bases legales en la pregunta 3.)”

“15. Facturo servicios y en un mes no reporto mi crédito fiscal, ¿Debo llenar el apartado de

crédito fiscal?

En los casos que no reporta monto en la casilla de créditos, el formulario no exige el

ingreso del detalle de los proveedores.”

4.3. El formulario al ingresar al ingresar datos en el apartado 5 de compras, servicios adquiridos y compras de combustible crea un “detalle de proveedores locales”, y si no se llena el mismo, no permite validar la información.

Veremos como cada una de esas normas se refiere a facultades diferentes a poder colocar requerimientos de información en formularios de pago del tributo y eso no puede hacerse en un sistema de derecho.

Veamos pues cada detalle que impide que se haga lo que se pretende:

1. No existe norma que faculte al Superintendente de Administración Tributaria a impedir y bloquear el pago del IVA si no se traslada el detalle de proveedores, contenido en el libro de compras, en la declaración del IVA.

La Ley Tributaria no puede ser tergiversada de ninguna forma y mucho menos por disposiciones que no tienen ni siquiera rango de reglamento como es la modificación de un formulario. Ese acto viola el segundo párrafo del artículo 239 de la Constitución Política de la República. Toda la normativa que señala la Administración Tributaria mediante un documento denominado “preguntas frecuentes” no regula en lo absoluto tal facultad.

No existe texto legal alguno que faculte a la Superintendente de Administración Tributaria a realizar semejante atrocidad.

Las normas legales bajo la que se fundamenta la acción ilegal del Superintendente son las siguientes:

a) Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Decreto Número 1-98 Artículo 3, literales a) e i). (Para analizar esta Ley es importante tener en cuenta que la única Ley que puede regular el pago del IVA es la Ley del IVA, la Ley Orgánica de SAT regula y limita su campo de actuar, no le da poder absoluto).

El artículo 3 literal a) citado por SAT señala el objeto de la Administración Tributaria, en ningún lado señala que permita modificar los formularios para presentar declaraciones coaccionando a los contribuyentes a presentar información de terceros con los que tiene relaciones comerciales para aceptar el pago del tributo. Es más, al sujetar el pago del IVA mediante disposición de “ventanilla” el Superintendente viola la literal a) de dicho artículo en su parte final que establece:

ARTICULO 3.* Objeto y funciones de la SAT.

Es objeto de la SAT, ejercer con exclusividad las funciones de Administración Tributaria contenidas en la legislación de la materia y ejercer las funciones específicas siguientes:

a) Ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos y todos los tributos que gravan el comercio exterior, que debe percibir el Estado, con excepción de los que por ley administran y recaudan las municipalidades. Como parte de esta función, debe procurar altos niveles de cumplimiento tributario, mediante la reducción de la evasión, actuar de conformidad a la ley contra los delitos tributarios y aduaneros y facilitar el cumplimiento a los contribuyentes;

La literal i) de dicho cuerpo legal señala sus facultades fiscalizadoras, post pago de impuestos, la literal i) tampoco regula posibilidad alguna de solicitar información que la ley no contempla como parte de la determinación del tributo para sujetar el pago del IVA.

b) Código Tributario, Decreto Número 6-91 Artículos 18, 68, 21 “B” numeral 1 y 5, 101 “A”, 98, numerales 2) y 3), 103, 112 numerales 1 c) y 7.

El simple hecho de recitar artículo, no hace que el actuar de la Administración sea legal.

• El artículo 18 define al sujeto pasivo de la obligación tributaria.

• El artículo 68 regula la responsabilidad de presentar declaraciones, responsabilidad que se está viendo limitada por las condicionantes que está poniendo la Administración.

• El artículo 21 B señala que el contribuyente está obligado DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IVA a presentar sus declaraciones, el nuevo requisito de SAT está impidiendo, por disposición de “ventanilla” presentar las declaraciones, CUALQUIER REQUERIMIENTO DE SAT REGULADO EN EL NUMERAL 1 y 5 del artículo 21 B DEBE SER NOTIFICADO AL CONTRIBUYENTE, POST-DECLARACIÓN DE ACUERDO A LA FORMA Y PLAZOS DE LA LEY, lo anterior está regulado en los artículos 129 y 130 del Código Tributario sobre la notificaciones personales a los contribuyentes; AMÉN DE QUE EL PLAZO PARA MANTENER LOS LIBROS DE COMPRAS AL DÍA SON DE 2 MESES, NO ANTES DE LA DECLARACIÓN. (Ver artículo 37 de la Ley del IVA). Vale recordar que las facultades de la Administración Tributaria en cuanto a los tributos AUTODETERMINADOS, como el IVA, es su verificación posterios, tal como lo regulan los artículo 98 numeral 3 del Código Tributario: VERIFICAR. Requerir información de tercero como un requisito para aceptar un pago no tiene asidero legal alguno.

• El artículo 101 A del Código Tributario es violado por la propia administración ya que obliga a proporcionar información confidencial en cuanto al contenido del libro de compras sin mediar algún responsable que guardará dicha información. Es por ello que esa información solo se entrega cuando se notifica requerimiento con base a los artículo 129 y 130 del Código Tributario y así el contribuyente tiene certeza de quién es el auditor que le está solicitando información. El hecho de subir información a internet, permite que, cualquier persona, principalmente hackers y todos los del personal de tecnología de SAT, tengan acceso a dicha información. Recordemos que para requerir información respecto a terceros el Código Tributario reguló el supuesto en el artículo 30 “A” que indica que para hacerlo el contribuyente debe hacerlo “…dentro del plazo de veinte días de recibido el requerimiento”. Es así que DEBE OBLIGATORIAMENTE que mediar requerimiento para que esta información sea preparada y trasladada.

• El artículo 98 numeral 2 regula la facultad de SAT de requerir impuesto adeudado, no a requerir información previa, bajo apercibimiento de no recibir el pago. El cambio en el formulario de manera que requiera información de terceros como requisito para poder efectuar el pago es un claro caso de abuso de poder, pues el artículo específico que permite el requerir dicha información establece dos obligaciones

• El artículo 98 numeral 3 regula la facultad de SAT de revisar las declaraciones presentadas, no bloquear el pago a los contribuyentes. Y este artículo remite al artículo 30 -que tiene 30 días de plazo para ser atendido- y 93 para requerir la información.

• El artículo 103 regula la determinación de la obligación tributaria de conformidad con la Ley, el Impuesto al Valor Agregado es un impuesto que lo determina el contribuyente, por lo que no es un artículo que permita a la SAT a impedir el pago del IVA si no se divulgan los proveedores en la declaración. La ley del IVA establece que la obligación se determina por “…la diferencia entre el TOTAL de débitos y el TOTAL de créditos fiscales del período…” (Mayúsculas son propias). Los impuestos que determina SAT son el impuesto de circulación de vehículos y el Impuesto de Primera Matricula, para dichos impuestos sí le es permitido a SAT solicitar información previa pues es SAT quien determina y notifica el monto a enterar. El IVA es un tributo autodeterminable y la facultad de SAT es VERIFICAR, es decir, requerir información con posterioridad a la declaración y pago para establecer si efectuó correctamente el pago, no como requisito para efectuar el pago.

• El artículo 112 numerales 1 c) y 7 establecen:

ARTICULO 112. * OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES.

Los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de determinación, recaudación, fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria y en especial deberán:

1. Cuando las leyes lo establezcan:

c) Presentar las declaraciones que correspondan y formular las ampliaciones o aclaraciones que les fueren solicitadas.

7. Proporcionar a la Administración Tributaria la información que le requiera referente a actos, contratos u otros hechos o relaciones mercantiles con terceros, generadores de tributos, siempre que no se viole la garantía de confidencialidad establecida en la Constitución Política de la República y las leyes especiales, el secreto profesional, y lo dispuesto en este Código.

El numeral 1 c) obliga a presentar declaraciones y UNA VEZ PRESENTADA, formulara ampliaciones o aclaraciones, esa norma no faculta a SAT a bloquear el pago del IVA, sujetándola a información previa.

La solicitud de SAT siempre debe estar acompañada de una notificación personal de acuerdo al artículo 129 y 130 del Código Tributario, por lo que la facultad alegada por SAT no existe en ninguno de los artículos que con los que basa su actuar.

Y el numeral 7 obliga a que se sigan los procedimientos del Código Tributario para requerir dicha información. Eso está contenido en el artículo 30 y 30 “A”, que obligan a notificar el requerimiento y dar un plazo de 30 ó 20 días, respectivamente, para que el contribuyente responda el mismo.

c) Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto Número 27-92: Articulo 18 y 40

El artículo 18 de la Ley del IVA regula los requisitos formales de procedencia del crédito fiscal, en ninguna parte de dicho artículo se faculta al superintendente a bloquear e pago del IVA si previamente no se da un detalle de proveedores.

El artículo 18 del la Ley del IVA en su literal d) establece:

ARTICULO 18.* Documentación del crédito fiscal.

Se reconocerá crédito fiscal cuando se cumpla con los requisitos siguientes:

d) Que se encuentren registrados en el libro de compras a que se refiere el artículo 37 de esta Ley; y,

ARTICULO 37.* De los libros de compras y de ventas.

Independientemente de las obligaciones que establece el Código de Comercio en cuanto a la contabilidad mercantil, los contribuyentes deberán llevar y mantener al día un libro de compras y servicios recibidos y otro de ventas y servicios prestados. El reglamento indicará la forma y condiciones que deberán reunir tales libros que podrán ser llevados en forma manual o computarizada.

Se entiende, a los efectos de fiscalización del impuesto, que los registros de compras y ventas están al día, si han sido asentadas en ellos las operaciones declaradas dentro de los dos meses siguientes a que corresponda la declaración presentada.

Como se observa, la Ley presume al día el libro de compras dentro de los 2 meses siguientes a que corresponda la declaración presentada, NO ANTES DE LA DECLARACIÓN Y SIN ELLO NO SE PUEDA PAGAR EL IMPUESTO.

El artículo 40 de la Ley del IVA, únicamente regula la obligación de presentar declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado y el artículo 19 de la misma ley, ya citado, a determinar la obligación con la diferencia entre el total de débitos y total de créditos. Es SAT quien por medio de un requisito que viola la ley impide la presentación de la determinación en la forma que la propia ley establece y crea una amenaza de incurrir en multas y sanciones por actos directos de SAT que incumplen fundamentos legales.

d) Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Acuerdo Gubernativo 5-2013

Artículo 40. Pago.

Todo reglamento, como indica el último párrafo del artículo 239 de la Constitución debe establecer procedimientos que faciliten la recaudación y lo relativo al cobro administrativo del tributo. Un reglamento tributario es potestad exclusiva del Presidente de la República, por lo que una disposición interna de la administración no puede establecer trabas para el pago del mismo y mucho menos contradecir la ley y el Código Tributario.

Sin embargo dicho artículo tampoco faculta al Superintendente a realizar semejante acto violatorio.

Dicho artículo únicamente señala la forma de pago, sin embargo, el actuar de SAT está dirigido a bloquear el pago, sino se cumple con lo que ella quiere.

Dicho artículo regula:

ARTICULO 40. Pago.

El impuesto se pagará en efectivo o por cualquier otro medio que la Administración Tributaria ponga a disposición de los contribuyentes, a través de la declaración mensual que para el efecto se establezca.

En la declaración mensual las cantidades que se reporten deberán ser enteras, sin centésimos de quetzal.

2. Violación constitucional de sujeción a la Ley:

Los funcionarios de SAT no son superiores a la Constitución, ni al a Ley, si el artículo 135 literal d) de la Constitución señala como deber de los guatemaltecos contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la Ley, no es facultad del Superintendente de turno bloquear el pago a los contribuyentes, solicitando requisitos sin fundamento legal, empeorando la recaudación, ya que dicha disposición solo es un incentivo al a informalidad y un castigo a quienes cumplimos con la ley.

Es por lo anterior que el actuar del Superintendente de Administración Tributaria viola la Constitución al no permitir el pago de tributos a los contribuyentes, sujetándolos a requisitos sin fundamento.

Dicha norma constitucional regula:

“ARTICULO 135. Deberes y derechos cívicos.

Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes:

d) Contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley;”

Por lo anterior, actualmente, el Superintendente de la Administración Tributaria se encuentra en violación directa del artículo 154 de la Constitución que en su primer párrafo establece:

“ARTICULO 154. Función pública; sujeción a la ley.

Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.”

Vemos, por lo anterior, que el detalle de proveedores como requisito para el pago del IVA es ILEGAL y excede las facultades del Superintendente de Administración Tributaria, y lo hace incurrir en violaciones civiles y penales.

3. Forma y plazo para llevar el libro de compras:

No solo es necesario, para el actuar de cualquier funcionario público, que se cuente con una norma meramente facultativa, sino también que respete la Ley en cuanto las formas y plazos en que los contribuyentes deban llevar sus libros.

3.1. Forma de llevar la contabilidad de acuerdo al Código de Comercio de Guatemala:

El código de Comercio señala en sus artículos 373 y 375 lo siguiente:

ARTICULO 373. Operaciones, Errores u Omisiones.

Los comerciantes deben llevar su contabilidad con veracidad y claridad, en orden cronológico, sin espacios en blanco, interpolaciones, raspaduras, ni tachaduras. Los libros no deberán presentar señales de haber sido alterados, sustituyendo o arrancando folios o de cualquier otra manera.

Los errores u omisiones en que se incurriere al operar en los libros o registros, se salvarán inmediatamente después de advertidos, explicando con claridad en qué consisten y extendiendo o complementando el concepto, tal como debiera haberse escrito.

ARTICULO 375. Prohibición de llevar más de una Contabilidad.

Es prohibido llevar más de una contabilidad para la misma empresa. La infracción de esta prohibición es causa de que ninguna de las contabilidades haga prueba, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar.

El código de comercio señala que el orden de la contabilidad es en forma cronológica, el Superintendente de SAT solicita, que, para poder pagar el IVA la contabilidad se despliegue en su sitio web en ORDEN DECRECIENTE DE LA SUMA DE SUS RESPECTIVAS FACTURAS SIN INCLUIR IVA.

Se observar claramente que la Administración Tributaria solicita que la contabilidad se lleve a otra forma, sin facultad alguna, y peor aún, obliga a los contribuyentes a llevar otra contabilidad para efectos de presentar la declaración del IVA, situación inaudita e ilegal por prohibición expresa del artículo 375 del Código de Comercio.

3.2. Plazo para llevar al día el libro de Compras:

ARTICULO 37.* De los libros de compras y de ventas.

Independientemente de las obligaciones que establece el Código de Comercio en cuanto a la contabilidad mercantil, los contribuyentes deberán llevar y mantener al día un libro de compras y servicios recibidos y otro de ventas y servicios prestados. El reglamento indicará la forma y condiciones que deberán reunir tales libros que podrán ser llevados en forma manual o computarizada.

Se entiende, a los efectos de fiscalización del impuesto, que los registros de compras y ventas están al día, si han sido asentadas en ellos las operaciones declaradas dentro de los dos meses siguientes a que corresponda la declaración presentada.

El plazo para tener al día el libro de compras es de 2 meses, no hay norma legal que obligue a tenerlo listo antes de la presentación de la declaración y menos sujetarlo al pago.

4. Pago del Impuesto al Valor Agregado:

La única obligación para poder pagar el Impuesto al Valor Agregado es divulgando la diferencia entre los débitos fiscales cobrados y los créditos fiscales pagados, dicha situación está regulada en el artículo 19 de la Ley del IVA.

“ARTICULO 19. Del impuesto a pagar.

La suma neta que el contribuyente debe enterar al fisco en cada período impositivo, es la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados”

El artículo no regula la posibilidad de que el contribuyente no entregue al fisco, sino divulga a sus proveedores en la declaración.

Por lo anterior, está claro que SIN UNA NORMA FUNDANTE la solicitud de llenar el formulario con esa información, ya es ilegal, sujetar el pago a llenarlo, es in claro abuso de autoridad.

Mario E. Archila M.

*El texto es coautoría con el licenciado Félix Gutiérrez*

Dale con el “secreto bancario”

Varios mitos tras la suspensión de la Corte de Constitucionalidad que vale la pena aclarar.

1. SAT puede tener acceso a la información bancaria desde hace más de 10 años. Este acceso estaba ya regulado, como cualquier otra cosa en poder de terceros y debido a la garantía de confidencialidad contractual y en parte legal, los bancos podían haber requerido que fuera con intermediación de juez. Este procedimiento está en el Código Tributario desde, por lo menos, 2006.

2. El procedimiento anterior no era del gusto de SAT por algo tan absurdo como querer ser una agencia terrorista o MI6. Su excusa es que se iba a enterar el contribuyente. Este país, en papel, es una República y por tanto, los individuos tienen ciertos derechos, como a saber que están siendo investigados y tener acceso a cualquier expediente que sobre ellos se forme. ¿Han oído hablar de la policía aquella secreta que infundía terror? No la GESTAPO, sino el DIC. De eso se trató la Asamblea Nacional Constituyente en 1985. Se colocó en la Constitución un montón de letras con el afán de que eso no volviera a suceder. Pues SAT lo está haciendo con ese procedimiento. Sólo mire estos dos artículos de la Constitución:

Artículo 30.- Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.

Artículo 31.- Acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos.

Es claro que si van a formar un expediente con MI información, dicha información tiene que ser de acceso a mí, el contribuyente en cuestión y, es más, a saber LA FINALIDAD DE LA MISMA Y DERECHO A CORREGIRLA, RECTIFICARLA Y ACTUALIZARLA.

El procedimiento, por tanto, es inconstitucional, sin mucha duda.

3. Al eliminar el PROCEDIMIENTO, no es que SAT no tenga cómo hacerlo. Pero como ya les dije en varias conferencias a los señores de SAT, pues presentes había hasta intendentes, no repetiré acá dónde está el procedimiento.

4. La información bancaria no es esencial para recaudar ni para verificar obligaciones tributarias, pues el dinero que entra a una cuenta de banco no necesariamente implica que deba ser parte de la base imponible.

Me explico. En Guatemala, nuestra tributación es sobre principios territoriales. Es así que si un contribuyente genera renta por actividades en el extranjero, en Guatemalan no debería pagar impuesto a la renta, como tampoco emitir factura del IVA ni enterar débito del IVA alguno.

Otro caso podrá ser el que haya anticipos. Los anticipos son cuentas por pagar al cliente y no generan renta ni emisiones de facturas del IVA.

En estos dos casos habrá depósitos de dinero a la cuenta de bancos, pero no habrá pago de impuesto alguno.

De la misma manera habrá situaciones en las que los pagos de impuestos son mayores a los ingresos a bancos por el hecho de la operación comercial. Es así, por ejemplo, que la ley del IVA obliga a emitir la factura cuando se entrega el bien vendido, aunque no haya pago. En el ISR, si está en sistema de lo devengado (lo usual) debe registrar el ingreso aunque no tenga dinero.

Con lo anterior, espero se comprenda que la información bancaria es complementaria a TODOS los demás elementos de fiscalización.

5. Se estableció el artículo como mecanismo “exculpatorio” de delitos pues es cuando exista “duda razonable en SAT”.

Ese término se utiliza para condenar: “Una persona es inocente hasta que se prueba lo contrario más allá de la duda razonable“. Es así que al decir que SAT solicita la información cuando tiene “duda razonable” de las determinaciones de impuestos, implica que ya lo considera culpable y con este procedimiento lo exculpará o confirmará su presunción de culpabilidad.

Esa postura viola la constitución, pues toda persona es inocente hasta ser CITADO,OÍDO Y VENCIDO en proceso legal ante juez competente. Por tanto, tener un procedimiento secreto en el que el contribuyente no tiene derecho a nada, ni a presentar información complementaria que clarifique los estados de cuenta, ES violatorio de la Constitución.

Espero haber aclarado un poco el embrollo.

Mario E. Archila M.

La Evolución del Derecho Tributario para evitar corrupción

En última época hemos oído que la tributación es una herramienta de redistribución del ingreso y una herramienta para realización de políticas públicas (funciones parafiscales de la tributación).

Sin embargo hay que revisar esas posturas previo a aceptarlas como dogma. En Guatemala la Constitución establece, artículo 239, que los tributos se establecen conforme a las necesidades del Estado. Este principio bastante republicano nos permite muy largas discusiones, incluido el tema que hoy planteo.

Hay una fuerte corriente de campañas para reducir o eliminar la corrupción y grandes olas de noticias sobre las fortunas -mal habidas- de los políticos en muchas latitudes. Es con todo eso que debemos empezar a analizar los límites de la tributación.

La corrupción es el uso del dinero público (principalmente tributación) para fines distintos a los planteados inicialmente. Es decir, la corrupción es llevar el dinero recaudado a los bolsillos de los políticos y sus amigos. Este fenómeno es una consecuencia del sistema y no su causa. La causa es la capacidad financiera del Estado y los espacios de poder discrecional o arbitrario. Estos poderes los crea la propia legislación y muchas veces, la propia legislación tributaria, principalmente cuando se recauda con un fin específico.

La finalidad de redistribuir o la de hacer o motivar que algo se haga por los contribuyentes genera espacios para decisiones del burócrata de turno. Decisiones mismas que llevan la semilla de la corrupción dentro de sí. Un programa de reparto -transferencias condicionadas, subsidios- implica automáticamente tener que establecer mecanismos para escoger al destinatario de dichos beneficios. Esa escogencia permite la realización, por sí misma, de actos de corrupción para beneficiarse directamente al otorgarlo a X y no a Y.

De la misma manera, un tributo con fines parafiscales, imaginemos, un tributo sobre bienes patrimoniales para su conservación, deja el espacio para que una módica mordida -en relación al costo del tributo- sea ofrecida y pagada a cambio de excluir del padrón de bienes con valor histórico a ese bien en específico. Igual sucedería si es la exención a un tributo predial cuando sea patrimonio histórico o cultural, lo que podría llevar a utilizar el recurso de la mordida o coima para lograr dicha exención.

Debe considerarse que la decisión de gobierno, aún en los mejores procesos de compras y contrataciones del gobierno, siempre tienen mecanismos para lograr que sean manipulados. Es así que entre más facultades y funciones se le asignen al gobierno para utilizar el ingreso tributario, más espacios para la corrupción existirán.

De allí que debemos regresar a entender que las funciones del Estado son aquellas funciones originarias y puramente necesarias que realice un gobierno, ya que cada función adicional será un pretexto a mediano y largo plazo para que quien esté en el uso de las funciones públicas descubra un mecanismo para aprovecharse de ese sistema.

Retornar a principios de tributación más cerrados podrá ser la mejor batalla contra la corrupción en todos los niveles de gobierno.

Mario E. Archila M.

La defraudación con facturas

El titular del 5 de diciembre de 2017 habla de la vía “no judicial” a defraudadores con facturas. Requiere varias aclaraciones importantes ese titular.

  1. La vía judicial es un término mal empleado. En todo caso será la vía penal o proceso penal, pues en lo administrativo, si alguien no está de acuerdo con lo que la administración resolvió, el último recurso es el contencioso administrativo, ante un tribunal, es decir, una fase o vía judicial.
  2. Decir que le abrió el camino administrativo a los “defraudadores con facturas” es erróneo. Un defraudador es quien ha sido condenado por un tribunal por ese delito. En este caso, no hay siquiera proceso contra quiénes puedan tener en su poder una factura de las ahora famosas “150 empresas” del listado de SAT.
  3. Es importante tener claro que la principal posibilidad de comisión de delito de defraudación no está en quien tiene en su poder facturas de “empresas” fantasmas o que no pagaron. Para que esas personas que compraron bienes o servicios a alguien que luego no pagó sus impuestos o entregó facturas “falsas” en cualquier grado, se requiere, por lo menos, establecer que hubo vinculación y retorno de dinero o bien demostrar que efectivamente esas compras son falsas. Demostrar, léase así, resaltado. El comprador no tiene obligación legal de verificar que su proveedor haya o no pagado impuestos. Por ello es importante también usar el lenguaje correcto.
  4. Es reñido con la ley y la presunción de inocencia que se diga que el simple hecho de tener facturas de alguien que no pagó impuestos lo convierte en delincuente, pues, de nuevo, se requiere más “carnita” para poder concluir con ello. Estoy seguro que hay muchas operaciones reales que están documentadas con estas facturas y resultaría injusto e inequitativo exigir a los compradores que paguen tributos que no les corresponde.

Hay mucho detalle a analizar, así que espero próximamente tener alguna otra oportunidad de aclarar estos confusos términos.

Mario E. Archila M.

El Cisma Sangriento

Un libro debe dejarnos alguna lección que podamos aplicar en nuestro día a día. El libro Cisma Sangriento de don Francisco Pérez de Antón no fue la excepción. De manera muy suelta y amena el autor va relatando hechos históricos suscitados durante la Reforma Protestante.

Temas particularmente importantes que quedan en el olvido son la cantidad de muertes ocurridas durante ese período, por temas religiosos -se estiman unos 13 millones- y el nacimiento de la configuración de países europeos que poco más o menos se mantiene hasta hoy.

Ahora bien, la lección importante en cuanto a la materia de este blog la encontré en dos vertientes:

  1. La población en general quedó a capricho de su príncipe en cuanto a la posibilidad de ejercer SU religión. La libertad religiosa era únicamente para el príncipe.
  2. La Reforma Protestante fue más una revolución política a causa de la pérdida de control sobre la recaudación, que una reforma religiosa. Si bien es cierto, con el pasar de los siglos muchas de las 95 tesis de Lutero pasarían a modificar apreciaciones o normas de la propia Iglesia Católica, las derivaciones de esa “protesta” inicial se trasladaron a la lucha política por el control de bienes y diezmos, creando religiones mucho más duras y autoritarias que lo que era la Iglesia previo a las protestas.

Esto me lleva a plantearme la reflexión sobre lo que verdaderamente mueve al mundo de los gobernantes.

Es claro que los intereses puramente personales se vieron reflejados en esta “reforma” con el afán de mantener o lograr el control sobre medios económicos. Cuando esto sucede el mundo se convierte en guerras y muerte de todo el que se opone a su gobernante y esos intereses que busca. Lo más perverso es que siempre se pintan las razones como “a favor del pueblo”. ¿Qué mejor que proclamar que “mi gobierno” apoya la Verdad que los llevará a la vida eterna y esa Verdad es la única posible, de manera que la obligo “por tu bien”? Ese argumento era el que permitía establecer el credo del feudo y expulsar o matar al que profesara un credo distinto.

Evidentemente, nunca se expresó que la razón de esa obligación o limitación a la conciencia derivaba directamente de la avaricia, codicia, ansias de poder o las propias inseguridades del gobernante.

Eso no ha cambiado. El poder siempre disfraza su intención y la justifica con “por tu bien” en todos los aspectos. Especialmente el Tributario. Es por ello que la discusión más importante en materia impositiva no es “cuánto” sino “para qué”.

Mario E. Archila

Batman y los impuestos

Los que me conocen han visto que mi celular tiene un estuche de Batman. Resulta ser que no sólo me gusta, sino que además está relacionado, Batman, con los impuestos.

Batman, el héroe nocturno en el que se transforma Bruce Wayne (ya no se llama Bruno Díaz) gracias a su entrenamiento y recursos, vive en ciudad Gótica o “Gotham” como se llama en inglés. Esa ciudad, que a veces se dice que es Chicago y otras que puede ser una representación de Nueva York, tiene una existencia verdadera. Se las cuento.

Resulta que el rey Juan (Sin Tierra) quería ir a conocer su reino del norte. Él era normando (francés) y para poder ir hasta donde quería tenía que atravesar la aldea Gotham. Para los aldeanos implicaba tener que construir y mantener esa nueva “ruta real”. Para evitarlo, se empezaron a hacer pasar por locos. Cosas raras hicieron y lograron que así, tanto el rey como sus esbirros que cobrarían lo necesario para construir su carretera, decidieran irse por otra ruta, aunque más costosa. (Si quieren ampliar la historia).

Es así que Gotham representa una protección a los ciudadanos frente a los cobros y caprichos de su gobernante. Es así que simboliza la labor de un abogado de impuestos. Por ello, creo que somos un gremio “gótico”.

 

Mario E. Archila M.

SAT-anizando

Hay muchas noticias interesantes en estos momentos sobre nuestro mundo “impositivo”. Tenemos las noticias de Aceros de Guatemala, las de los Panama Papers… Y así.

Me gusta tomar unas líneas para hacer algunos comentarios respecto a estos puntos, que pueden explicar otras perspectivas sobre asuntos que acá se mencionaron en los medios respecto a estos casos. VALE INDICAR QUE NO CONOZCO LOS CASOS MÁS QUE POR LOS MEDIOS, POR LO QUE HARÉ COMENTARIOS DE LO QUE PUEDE PASARLE A GENTE HONRADA EN SITUACIONES QUE TERMINARÍAN O HAN TERMINADO EN ACUSACIONES PENALES SERIAS, SIN QUE REALMENTE SEAN DELITOS.

Noticia caso Aceros de Guatemala:

Literalmente en la conferencia de prensa SAT y CICIG indican que las denuncias derivan de supuestas simulaciones de compras de chatarra, esto porque hay detectadas “inconsistencias” derivadas de que los proveedores de primera y segunda línea “no son localizarles” y “no tienen infraestructura suficiente para operar” y “proveedores fallecidos”.

Esta jerga quiere decir lo siguiente:

a) Proveedores de primera línea: quienes directamente vendieron Aceros.

b) Proveedores de segunda línea: quienes le venden a los proveedores directos de Aceros (pueden ser a los mismos de primera línea “sospechosos” u otros).

c) Que no son localizarles. Esta situación se da por muchas razones. En lo personal he visto porque las empresas cierran entre el momento de la facturación al momento en el que se les trata de ubicar, tienen direcciones erróneas en los registros de SAT, son falsos o son documentos que utilizan los verdaderos proveedores para documentar sus ventas.

d) Que no tienen infraestructura suficiente para operar. Esta es una calificación, usualmente, contable que hace un auditor de SAT en el que busca si los balances del “proveedor” tienen activos para la prestación de los servicios que están facturados o para la venta de los bienes que provee a quien le aparece de cliente.

Los problemas de las calificaciones que hace SAT:

NOTA ACLARATORIA: En este caso depende de lo particular y de toda la investigación. Mi apreciación acá es para relatar partiendo de un caso público, situaciones que he observado en otros casos que han sido resueltos favorablemente para el acusado. Esto se ha dado porque las imputaciones no son conclusivas y con una defensa técnico-tributaria acompañando a la defensa técnico-penal se ha logrado el desvanecimiento de la imputación. No conozco el caso a detalle para referirme a él y lo que continúa es para uso general y conocimiento del público de lo que puede estar bien o mal en su propia operación, aún cuando no tiene ningún ánimo defraudatorio.

En los casos de devolución de IVA que inician los exportadores, es usual que estas imputaciones aparezcan y terminen en procesos penales contra los exportadores. Muchas veces el criterio aplicado por SAT es una conclusión parcial y no del todo válida para llegar a acusar de defraudación. Esto porque quien solicita el crédito es acusado, pero al avanzar en la investigación y cruzarla con otros medios probatorios se puede demostrar que el “delito” lo han cometido personas distintas. Si es el caso de Aceros, no lo sé, pero he visto esas imputaciones en café y cardamomo, así como en unos ajustes a grupos que no exportan, sino que fabrican.

Para contextualizar, partamos que hay una economía informal muy importante en Guatemala. La compra de productos como chatarra (caso Aceros) o productos agrícolas que pueden venir de minifundios, como el café, cardamomo o vegetales; los textiles artesanales, cerámicas, artesanías de madera, productos del bosque, frutas, etcétera, involucra a muchos productores pequeños  o cooperativas, que venden sus productos a contribuyentes del sector formal. Estos pequeños productores, muchas veces, no tienen registros en SAT, por lo que no hay NIT, facturas autorizadas ni demás documentación. El contribuyente “formal” al comprar a ellos debería documentar su compra en una factura especial (factura por cuenta del comprador). Estas facturas, sin embargo, tienen retenciones de ISR e IVA que el productor “informal” no acepta -son muy caras en su esquema económico-cultural- con lo que recurre a terceros para el “servicio de facturación”. Este servicio ES el que resulta, evidentemente ilegal.

Las facturas que emite el “facturador” son legítimas, usualmente, en cuanto a contar con autorizaciones de SAT, impresión en imprenta legítima, etc. Algunas veces son parte de redes de facturación, otras veces son personas “particulares” que tienen NIT y facturas autorizadas que  las usan para sus negocios y las “prestan” a terceros cuando se requiere. Son ilegales, eso sí, en el sentido que documentan que X le vendió a A, pero realmente Z le vendió a A. A, acá, aún no comete acto fraudulento alguno.

Es así que no es de extrañar que muchos de los contribuyentes formales y decentes que existimos tengamos entre nuestras compras facturas de “no localizados” o “sin infraestructura” para lo que compramos. Ahora ahondo en eso.

El “no localizados” sucede muchas veces por varias razones. La primera, probablemente la más común, es que el “facturador” desde hace rato que dejó de usar la dirección que aparece en las facturas, pero como hacer el trámite lo percibe carísimo, ya que tiene que ir, probar la nueva dirección, cambiar sus facturas, etc., no lo hace.

La segunda razón es que dejó de operar entre el momento que emitió la factura (esto es proveedores reales que quiebran) y el momento en el que SAT fiscaliza al “comprador”. Esto es mucho más frecuente de lo que uno se imagina. Es claro también que dado que dejó de operar, no hizo ningún trámite en SAT.

La tercera razón (no es orden de importancia o frecuencia) es porque sí son una mafia y se esconden. En este tercer caso, usualmente hay varias líneas más abajo de prestadores de “facturas” -proveedores de segunda, tercera y cuarta línea… Y luego viene el “truco”. Esos proveedores que no proveyeron nada, realmente simularon las ventas, devuelven el dinero al “cliente”, es decir, el acusado. En este caso, sí hay un notorio fraude. El otro mecanismo del fraude es que pagan un porcentaje de las “facturas” y nunca la deuda entera. Luego, con el tiempo, eliminan la cuenta por pagar a esos supuestos “proveedores” con algún movimiento contable. Esto sucede por 3 razones:

a) Simularon toda la operación para que SAT les devolviera un IVA que nunca pagaron;

b) Simularon la documentación porque el verdadero proveedor no emitió facturas;

c) Subvaloraron (que ya es de por sí delito) importaciones de inventario y no podían justificar el costo real.

Quizás hay más, pero como no me dedico a esas tranzas, esas son las que he visto relatadas en denuncias, resoluciones y conversaciones con personeros de SAT y MP en eventos académicos.

En esta tercera razón sí hay delitos cometidos por el “exportador” o “comprador”. En los otros casos, quien evade puede ser el proveedor que emite una factura de un tercero (factura falsa), pero ese tercero puede ser que sí pague los tributos completos, con lo que no habría defraudación tributaria como tal (no hay merma en la recaudación). En el caso de  no localizarlos porque dejaron de tener operaciones, lo importante es verificar si tuvieron operaciones en su momento -cuando emitieron las facturas.

El otro caso citado es que no hay “infraestructura suficiente”. Este es más complicado. Como hay muchos casos, voy a mencionar 2 que conozco:

  1. Prestación de servicios de dirección. En el caso de toma de decisiones, SAT es del criterio que una persona sola no puede “ganar millones” por tomar decisiones en una compañía. Que no es “razonable”. El otro criterio es que una Sociedad Anónima tienen que tener planilla para prestar servicios y que si no, hay “simulación”.
    1. Formalmente hay simulación en el caso de la Sociedad Anónima en la que el accionista principal (o total) es el único que trabaja. Sin embargo la simulación no es “tributaria” porque esa persona individual generaría el mismo impuesto 5-7% y 12% de IVA igual que lo que genera la Sociedad. De tal forma, el siguiente elemento del delito tributario “menoscabo en la recaudación” no se logra. Y si se pusiera como “empleado” generaría un menor pago de tributos.
  2. Falta de valor en los activos. SAT utiliza el criterio que la renta de equipos y bienes tiene que ser un porcentaje del valor en libros de los activos, por lo que si el prestador de los servicios o bienes no tiene “activos suficientes en contabilidad”, comete simulación. Algunas acotaciones para ver que el criterio no es tan simple de aplicar:
    1. La contabilidad refleja muchas veces el valor “en libros” de los activos, que es el valor de adquisición depreciado en método de línea recta (mismo porcentaje por año). Así que una compañía que digitaliza datos, por ejemplo, puede tener computadoras que tienen vida útil de 8 años, pero la depreciación “conforme a la ley” es de 33.3% al año, es decir, 3 años. A partir del 4 año ya no tiene “activos”, pues su valor es 0, aunque físicamente sí los tenga y sí pueda prestar el servicio.
    2. Un servicio de mensajería que factura una Sociedad Anónima, por ejemplo, podría ser cuestionado porque no tiene “motos” en sus activos. Esto podría ser posible si está contratando mensajeros (pequeños contribuyentes, por ejemplo) que cobran por paquete y ellos son los que usan una moto (al rato que no es de ellos tampoco).
    3. Arrendamientos de bienes inmuebles: el mismo caso. El valor matrícula es un valor histórico y la gente no revalúa para evitar el pago de IUSI mayor, pero da en arrendamiento al valor mercado de su propiedad.

Como ven, hay muchas aristas en estos casos. Espero que SAT y MP tengan suficientes elementos en el caso particular y también que en los casos en los que no hay suficiente evidencia contra un contribuyente, no opten por medidas y acciones penales que causen desgastes innecesarios. Hay que pagar conforme a la ley, lo que aplica a todos los involucrados.

 

Mario E. Archila M.