Reformas que se discuten en el Congreso

En el Congreso se ha presentado la iniciativa 5800, que pretende un “incentivo a los agroinsumos como un incentivo agrícola a los agricultores del país”, como escribió en la carta de presentación de la propuesta el diputado por Baja Verapaz, Edgar Rubén Dubón García.

Esta propuesta de ley incorpora una exención en la ley del IVA, con un numeral adicional al artículo 7:

“16. La compra y venta de toda clase de agroinsumos como semillas para la producción de alimentos de consumo humano, bandejas de germinación, fertilizante, enmiendas para el suelo, fumigadoras motorizadas de mochila, fumigadoras de mochila a presión manual, malta antiviral, tela de policarbonato, nylon molch, manguera para riego por goteo y agroquímicos.”

Vamos por partes. Lo primero es que en el IVA no se puede eximir “la compra” de nada, pues lo que está gravado (Hecho Generador) es la VENTA. Es así que no puede eximirse la “compra”.

Como segundo comentario, vale la pena mencionar que esta exención, en su caso, favorecería al comercializador de esos productos, únicamente. Esto por el efecto de neutralidad del IVA que se vería roto. Vale la pena ampliar en este punto. El IVA es un impuesto que se sostiene sobre el principio de neutralidad. Eso quiere decir que el impacto -repercusión- del impuesto se traslada en cada etapa. El que “compra” desembolsa el dinero del IVA y luego lo “recupera” -se repercute- en su cliente. Este mecanismo hace que no se afecte económicamente -sí financieramente- al intermediario. Con la propuesta que se hace, si ven la redacción, se otorga de manera parcial para la “compra y venta” de productos específicos, de manea que en todas las compras del intermediario se generará cargo del IVA y por lo tanto, el intermediario, el importador, el productor de esos insumos exentos, deberán cargar con el pago del IVA en las compras que no sean de esos productos en específico. Crédito de IVA que no recuperará en sus ventas. El impuesto dejará de ser neutral. Este crédito que se acumule sin posibilidad de ser cobrado al cliente, no tiene mecanismo para ser recuperado, pues no es una “venta a personas exentas” sino que es una “transacción exenta”. De esta forma, si no tiene ventas de productos que puedan compensar ese crédito, deberá considerar una parte de su crédito, importación de esos bienes o lo que necesita para la producción y comercialización de esos bienes, como costo. De no hacerlo así, sufrirá tener que desembolsar el IVA sin recuperarlo. De trasladarlo como costo, posiblemente el consumidor final del producto no verá una reducción en su precio.

El último punto es sobre técnica jurídico tributaria. Una exención no puede redactarse con un “productos como”, dejando un listado ambiguo, pues viola el artículo 239 de la Constitución y los artículos 3, 4 y 5 del Código Tributario.

En conclusión, es una propuesta altamente populista, pero técnicamente mal redactada, para variar, y con un efecto negativo en lo que busca lograr.

Acá dejo la iniciativa si la quiere leer.

Mario E. Archila M.

Amparos contra los formularios del IVA y su resultado.

Marco Contextual

En el año 2019, ante la modificación al formulario del IVA, Archila & Asociados, juntamente con 4 clientes, planteó 5 amparos para retirar la sección en la que se obligaba, como parte del formulario (Declaración Mensual del Impuesto al Valor Agregado), a colocar los 10 proveedores más importantes del mes. 

En cuanto al fondo, los argumentos de los amparos se desarrollan desde la perspectiva que la determinación de la obligación del IVA no puede depender de llenar requisitos formales adicionales a los que la ley contiene en los artículos 19 y 40.  Es así que en la ley no puede encontrarse ninguna obligación de revelar o colocar, juntamente con la declaración del impuesto, un listado de los proveedores del contribuyente. La obligación se determina con la operación de restar a los débitos fiscales los créditos fiscales obtenidos en el mes o arrastrados de los meses anteriores. 

Si bien es posible que SAT requiera esta información, el procedimiento no puede estar colocado como requisito para efectuar la determinación, liquidación y pago de una obligación tributaria material. 

Para ello, al analizar la ley de amparo, en el artículo 10, se encuentran los siguientes supuestos de procedencia:

  1. “b) Para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto de autoridad, no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquiera otra ley;” 
  2. “d) Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza, con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales, o cuando carezca de ellas o bien las ejerza en forma tal que el agravio que se causare o pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa;” 
  3. “e) Cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo;”

Es claro que la ley de amparo contiene, dentro de los casos de procedencia, de manera muy específica, el hecho que las administraciones exijan requisitos que no constan en ley. Es así que dicha obligación colocada en el “formulario” no podría ser exigida para realizar el pago del impuesto respectivo, principalmente por el literal e).  

Como ya se expuso, adicionalmente, la obligación tributaria se configura por aplicación del artículo 19 de la ley del IVA. Totalidad de créditos y totalidad de débitos, nunca por listados de proveedores y resultaba, por tanto, en un acto de autoridad que obliga a los contribuyentes a realizar algo contra sus derechos reconocidos en la ley, pues para pagar no basta la determinación sino que hay que llenar una sección no basada en ley, pero no puede omitirse el llenado. Acá hacemos un paréntesis: el procedimiento del artículo 30 “A” del Código Tributario, que es el que tiene el procedimiento legal para hacerlo, tiene sanciones específicas y plazos específicos. Es un procedimiento que debe iniciar con la notificación directa al contribuyente y luego hay un plazo de 20 días para completar la información. De no cumplirla, el artículo 94 tendrá la sanción a dicha infracción. Lo que SAT realizó es un bloqueo al pago del IVA si no se proporciona la información, lo que no tiene asidero legal. 

Lo que resolvió el tribunal de primera instancia, Sala IV de lo Contencioso Administrativo: 

Esto nos hace ver que conforme a la teoría del acto, estamos, precisamente, frente a un acto administrativo que es unilateral, imperativo y coercitivo. Se programó el formulario, no hubo  notificación -otro vicio- de manera que sin llenar esa sección no se valida el pago, por lo que es imperativo y coercitivo. No llenarlo implica una sanción de omisión de pago de IVA. 

Luego de dicho análisis del acto, el tribunal indicó que SAT no puede exigir requisitos o presupuestos que la Ley del IVA ni su reglamento determinan o establecen como necesarios para el procedimiento del cobro del IVA ni en los procedimientos que faciliten su recaudación, que  “… como en el caso que se denuncia, hace engorroso y retarda el cumplimiento efectivo de la obligación del pago del IVA haciendo incurrir en incumplimientos indebidos por parte del postulante”. 

Declaró con lugar el Amparo. Dos veces. La Sala 2da, por su parte, lo declaró también con lugar con argumentos similares. La Sala 3era declaró sin lugar, pero no comentaré una resolución que tiene menos asidero que el propio requisito, ya que dijo que no había confrontación y, resulta, que son memoriales casi idénticos todos. 

Apelación por la CC

En la obvia apelación que resolvió la CC, en los tres amparos favorables de primera instancia, indicó que “Al respecto, inicialmente se debe indicar que los formularios para la declaración jurada del IVA están regulados en los artículos 40 de la Ley del IVA y 40 de su Reglamento, de los que se concluye que su utilización resulta obligatoria para que los contribuyentes cumplan con las obligaciones formales tributarias legalmente establecidas; consecuentemente, estos se constituyen en una disposición normativa de carácter general y observancia obligatoria.” Nuestro comentario es que los “formuarios” no son para el cumplimento de obligaciones formales. Son el mecanismo de determinación, liquidación y pago de la obligación tributaria MATERIAL. Adicionalmente, que la obligación tributaria, formal y material, como lo había dicho muchísimas veces la Corte, lo dice el artículo 239 de la Constitución y los artículos 2 y 3 del Código Tributario, únicamente nace POR UNA LEY emanada del Congreso de la República. 

Agrega, “Lo anterior, impide que el acto objetado pueda ser revisado por vía de la garantía constitucional de amparo, debido a que no se trata de una resolución susceptible de causar agravio personal y directo a persona determinada…” Esta es la parte que sorprende e indigna, pues la ley de Amparo, como se cita al inicio, no limita la interposición de los amparos únicamente a resoluciones en el sentido de actos que ponen fin a una controversia o solicitud administrativa. Incluye cualquier acto de autoridad, como es modificar un formulario declaración de impuesto. Es menester comprender que todo actuar de la administración pública ES, técnicamente, una resolución, aunque no sea individualizada, además de todo.

Con esos argumentos la Corte de Constitucionalidad simplemente se “lavó las manos” de conocer y envía la controversia a ser discutida vía inconstitucionalidad, que hace, casi imposible una efectiva defensa de los derechos de los contribuyentes, así como automáticamente se estará alrededor de dos años en el congelador constitucional. Sin decir mucho, la Corte de Constitucionalidad le ha delegado potestades legislativas a SAT, que ni siquiera tiene facultades reglamentarias hacia los contribuyentes, para emitir formularios y normativa interna que perjudique derechos de los contribuyentes sin poder hacerse mucho al respecto. 

Voto Razonado Disidente de la Magistrada Dina Ochoa

El voto razonado disidente de la magistrada Dina Ochoa se fundamentó, poco más o menos en lo ya comentado. Ella indicó en dicho voto disidente: “No comparto la decisión aludida pues considero que desnaturaliza el objetivo de ambas garantías pues el amparo tiene como propósito frenar el abuso del poder por parte de las autoridades estatales, mientras que la inconstitucionalidad tiene como propósito la defensa de la supremacía constitucional en preceptos o cuerpos normativos cuyo contenido sea contrario a nuestra Constitución…” “A mi juicio, y contrario a lo considerado por la mayoría del Tribunal, un formulario de SAT no puede considerarse ley, reglamento o disposición de carácter general, para que sea cuestionado por la vía de la inconstitucionlidad. Si bien, los alcances derivados de un formulario administrativo tiene efectos en una colectividad, al ser emitida bajo un formato homogéneo, su naturaleza es la de ser un acto de la administración pública que afecta individualmente a cada una de las personas que lo suscriben. De esa cuenta, considero que el amparo sí es la vía para cuestionar un formulario cuyos requisitos no están previstos en ley.”

Ella cita en su razonamiento el propio artículo 10 literal e) de la ley de amparo compartido inicialmente en este documento y concluye que la Corte de Constitucionalidad debió entrar a conocer el fondo del amparo.

Conclusión

Las consecuencias son graves. Se podrá legislar por formulario y todo bien. Recordemos que Guatemala cuenta con un artículo 239 en la Constitución, que se redactó con esa restricción a los poderes de la Administración Tributaria derivado de los abusos y arbitrariedades que cometía frecuentemente la Dirección General de Rentas Internas mediante, cabalmente, modificación a los formularios de declaraciones de impuestos, con el único propósito de lograr multas de los contribuyentes. 

También bajo esa perspectiva de vicios en la aplicación de las leyes tributarias es que se promovió en 1997 la creación de la SAT fuera del aparato gubernamental centralizado, con el propósito de elevar las calidades técnicas y el apego a la legalidad, situación que ahora se ve que no fue superada, con una SAT que comete obvios abusos en su función y un tribunal constitucional de poca calidad tributaria que le apaña cualquier capricho y abuso bajo cualquier pretexto formal. 

Guatemala, 4 de septiembre de 2020.

Mario E. Archila M.

 

La Factura Electrónica es Ilegal

Con estos días SAT ha estado enviando correos electrónicos identificados como Aviso SAT-FEL-XXX-2018 por el cual se le hace saber a los contribuyentes que deben incorporarse a la Factura Electrónica a más tardar el 31 de diciembre de 2018, “Por lo que a partir del 01 de enero de 2019 serán inactivadas sus autorizaciones de documentos tributarios que hasta ese momento tenga vigentes en el Registro Fiscal de Imprentas (Facturas y otros documentos en papel, impresos por sistemas computarizados o máquinas registradoras, documentos electrónicos del régimen FACE, etc.), siendo el Régimen FEL su único medio de emisión de documentos tributarios”.

Agrega luego que se le insta a habilitarse de forma inmediata e iniciar con la emisión de DTE a través del certificador que se escoja entre los 4 actualmente autorizados por SAT.

Eso ya de por sí es ILEGAL, pero la amenaza resulta delictiva. Veamos lo ilegal.

  1. No hay obligación legal de incorporarse a ningún sistema de facturación electrónica:

Si busca usted en la ley verá que no existe obligación legal alguna de emitir facturas únicamente por medio del sistema “factura electrónica en línea” -FEL- sin embargo, SAT pretende que así sea y coacciona con medidas de hecho.

El hecho de que la Administración Tributaria, sin fundamento legal obligue a utilizar dicho régimen ya es violatorio a los derechos de los contribuyentes.

En el contexto de no existir obligación legal (DERIVADO DE UNA LEY) de incorporarse al Régimen de Factura Electrónica En Línea (FEL), debido que la “orden” -como el aviso citado- es mediante el Acuerdo de Directorio 13-2018, el cual es muy inferior a una LEY, por lo que la forma de que la Administración Tributaria pretende obligar a realizar determinado acto -incorporarse al régimen de facturas electrónicas- es ilegal.

  1. Garantía Constitución: libertad de acción.

El ordenamiento jurídico guatemalteco contiene garantías a favor de los ciudadanos y todos los administrados, así como un sistema impositivo y administrativo cuyos pilares se encuentran consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala.

Nuestra Constitución establece en su artículo 5o.:

“ARTICULO 5o. Libertad de acción.

Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.”

Vemos que en el presente caso se tiene la libertad de hacer lo que ley no prohíbe, y  no se tiene ninguna obligación de acatar órdenes que no estén basada en ley ni emitidas conforme a ella.

El Acuerdo 13-2018 del Directorio y la resolución en que se basa el aviso son nulas de pleno derecho, al querer dar órdenes a los contribuyentes de tener facturas electrónicas  en línea obligatoriamente, ya que no son LEY.  Recordemos que el artículo 239 de la Constitución establece que son NULAS IPSO IURE todas las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que modifiquen, tergiversen o disminuyan bases de recaudación. Adicionalmente, establece la misma Constitución que la función pública se ejerce conforme a la ley y que ningún funcionario es superior a la misma, por lo que al leer el artículo 29 de la Ley del IVA se puede claramente ver que la Administración Tributaria ESTÁ IMPOSIBILITADA DE OBLIGAR A USAR UN SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICO, MUCHO MENOS FIJAR PLAZOS PARA ADOPTARLO U ORDENAR QUE SE DEJE DE USAR UN SISTEMA DE FACTURACIÓN POR SU CAPRICHO, YA QUE EL ARTÍCULO CITA INDICA QUE EL SISTEMA ELECTRÓNICO ES OPTATIVO. Veamos:

Art 29 LIVA

Claramente se puede ver que los contribuyentes estamos obligados a emitir documentos con caracteres legibles y permanentes O POR MEDIO ELECTRÓNICO. Y la facultad que SAT tiene es “PARA AUTORIZAR, A SOLICITUD DEL CONTRIBUYENTE, EL USO DE FACTURAS…EN FORMA ELECTRÓNICA” no a obligar a su uso y mucho menos en una plataforma específica. De allí que es clara la violación del artículo 29 de la ley del IVA, misma violación que deriva en una violación de la Constitución al ser contrario a los artículos 5 citado, el artículo 239 último párrafo y los artículos 154 al 155.

Los contribuyentes deben ampararse en el artículo 156 de la Constitución que les permite no obedecer órdenes que sean contrarias a la ley.

Tómese en cuenta que al haber enviado un correo electrónico en el que pretenden coaccionar al contribuyente y obligarle a cosas que no están basadas en ley y, es más, son contrarias a la Constitución misma, la Administración Tributaria podría estar cometiendo actos contrarios al ordenamiento jurídico, algunos con calificaciones delictivas.

 Es así que el aviso referido es un acto VIOLATORIO A LA CONSTITUCIÓN Y POR SÍ NULO Y POR ESO DEBERÁ REVOCARSE.

  1. Fundamento constitucional para efectos de la NULIDAD:

El artículo 44 tercer párrafo de nuestra Carta Magna establece:

“Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza.”

El aviso que nos ocupa son disposiciones “de cualquier otro orden” y claramente restringe la libertad de acción de los contribuyentes que lo reciban -derecho constitucional garantizado-.

Recordemos que la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece la obligación de emitir facturas, las que pueden, conforme a dicha LEY, ser preimpresas, electrónicas o autoimpresas; no hay obligación de que las mismas sean únicamente “electrónicas”.

La Ley establece en el artículo 29 de la Ley del IVA como una OPCIÓN la emisión de facturas electrónicas, pero no hay una sola norma que obligue a emitir facturas electrónicas. El mismo artículo otorga la facultad a la Administración Tributaria de autorizar el mecanismo de emisión QUE EL CONTRIBUYENTE LE SOLICITE.

Sería una imposición absurda de la ley, cuando por las distintas naturalezas de los negocios, la factura electrónica no es recomendable.

Es así que no existe ninguna Ley que obligue a la emisión de factura electrónica y menos en línea, la emisión de factura electrónica es una OPCIÓN que da la Ley del IVA y no puede obligarse a los contribuyentes a emitirla en alguna “fecha específica”.

2.3. Legitima resistencia:

En el orden de ideas expuesto, es de hacer ver a la Administración Tributaria que, cuando esos derechos se ven violados, nuestra Constitución legitima la resistencia para la defensa de derechos y de no acatar órdenes ilegales. El artículo 45 de nuestra Constitución establece en su parte conducente:

“Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución.”

2.4. Violación al principio de legalidad del actuar administrativo:

En virtud de la situación expuesta se viola el principio de legalidad que debe regir a la Administración en no sobrepasar los límites de actuar que la ley le ordene, lo cual se encuentra consagrado en el artículo 154 de la nuestra Constitución Política de la República sobre la Función Pública; sujeción a la ley, en su primer párrafo:

“Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.”

Por ello, el “aviso” es un acto nulo y revocable de la Administración Tributaria, toda vez que existe vicio sustancial pues al efectuar una “orden” que viola disposiciones legales, como es no tener la facultad legal de exigir a los particulares realizar actos que no se encuentran contenidos en ley.

No existe en ningún lugar de la legislación guatemalteca que obligue a acatar órdenes que no se encuentre en la Ley y debidamente promulgadas como tal.

De tal cuenta que la Administración Tributaria no cuenta con facultades para exigir a los particulares determinado acto que no se encuentre contenido en la Ley y por tanto, en franca violación al artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en completa inobservancia a ley.

La Administración Tributaria al utilizar el poder que se le ha otorgado en forma extralimitada y exigir algo que no se basa en ley viola la Constitución y la ley, amenazando con que “Por lo que a partir del 01 de enero de 2019 serán inactivadas sus autorizaciones de documentos tributarios que hasta ese momento tenga vigentes en el Registro Fiscal de Imprentas”. Esta declaración es constitutiva de ABUSOS DE PODER y actos totalmente ilegales, pues la AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS se hace en una resolución, misma que puede ser revocada de oficio únicamente dentro de los diez días de emitida y NUNCA CUANDO YA ESTÁ CAUSANDO ESTADO. Es más, las autorizaciones de documentos, en la ley, NUNCA PIERDEN VIGENCIA, aunque para documentos en papel el Reglamento, de manera inconstitucional, incluyó un plazo de dos años. Es así que aunque las autorizaciones de documentos con que cuente algún contribuyente FUEREN para papel y el plazo del Reglamento fuere aceptado, PERDERÍAN VIGENCIA ÚNICAMENTE A LOS DOS AÑOS DE EMITIDAS DICHAS AUTORIZACIONES. Recordemos que por SEGURIDAD JURÍDICA, contenido en el artículo 2 de la Constitución, de lo que la propia Corte de Constitucionalidad ha dicho: “…El principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 2 de la Constitución, consiste en la confianza que tiene el ciudadano, dentro de un Estado de Derecho, hacia el ordenamiento jurídico; es decir, hacia el conjunto de leyes que garantizan su seguridad, y demanda que dicha legislación sea coherente e inteligible; en tal virtud, las autoridades en ejercicio de sus facultades legales, deben actuar observando dicho principio, respetando leyes vigentes, principalmente la ley fundamental…” Gaceta No. 61, expediente No. 1258-00 sentencia del 10 de julio de 2001.

Es así de claro que no la Administración Tributaria no puede venir a “revocar” autorizaciones dadas y menos las que tienen plazos vigentes SIN QUE ESO CONSTITUYA UN ACTO CONTRARIO A LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN.

  1. Principio de legalidad tributario:

Es un hecho que las distintas Leyes que decretan impuestos contiene sus distintas bases de recaudación y una de esas bases serán siempre los documentos que se utilizarán para determinar el tributo a pagar, es así ese tipo de bases corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretarlos, en aras de mantener el Estado Representativo que debe existir en Guatemala.

El artículo 239 señala ciertas bases de recaudación fundamentales para decretar tributos y utiliza la frase siguiente para determinarlas: “así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes”

Al decir “especialmente las siguientes” no limita a que existan más bases de recaudación, por que como bien debería saber la Administración Tributaria, existen muchas más bases de recaudación y una de ellas serán los documentos de soporte, los cuales están debidamente establecidos en las legislaciones de los impuestos, por lo que SAT no puede obligar a utilizar nuevos medios sin que ello esté contenido en ley, lo anterior es violatorio al principio de legalidad tributario, ya que la Ley del IVA, únicamente señala a la factura electrónica como una opción.

6. De la inferioridad del Acuerdo del Directorio y el aviso que nos ocupa.

El último párrafo del artículo 239 de la Constitución establece:

“Son nulas ipso jure las disposiciones, jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación.” (subrayado propio).

El párrafo recién citado está en la debida concordancia con lo ya expuesto sobre el derecho de libertad de acción, disposiciones nulas ipso iure, resistencia y principio de legalidad.

Como bien sabe el lector, aunque SAT pretenda ignorarlo, pagar IMPUESTOS es un acto que se hace conforme a los mecanismos establecidos en LAS LEYES y SAT debe limitarse a facilitar a los contribuyentes PAGAR LOS IMPUESTOS, no ponerle trabas. Si bien es cierto que la factura electrónica podrá ser útil, no puede SAT pretender que es un mecanismo que facilitará el cobro del tributo para TODOS los casos y MUCHO MENOS cuando la ley coloca la opción de hacerlo vía electrónica EN EL CONTRIBUYENTE no en SAT.  Tampoco es legal ni constitucionalmente aceptable que ahora SAT pretenda dejar sin vigencia ACTOS ADMINISTRATIVOS FIRMES, como lo es la autorización de documentos, COACCIONANDO A LOS CONTRIBUYENTES A UTILIZAR UN SISTEMA ESPECÍFICO DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS, QUE NO ESTÁ AMPARADO EN LEY PUES LA LEY OTORGA OPCIONES A LOS CONTRIBUYENTES DE CÓMO EMITIR SUS DOCUMENTOS Y ÚNICAMENTE LE PERMITE A SAT AUTORIZAR ESAS SOLICITUDES, NO OBLIGAR A UN SISTEMA PARTICULAR, POR LO QUE SAT ACTÚA EN ABUSO DE AUTORIDAD Y PODER.

A SAT lo que le debe importar es que logremos pagar impuestos y se haga conforme a la ley.  Adicionalmente, el Acuerdo del Directorio no tiene siquiera categoría de Reglamento, ya que dicha facultad le corresponde, por norma y mandato constitucional, al Presidente de la República. Es así que hay una usurpación de atribuciones constitucionales. El Directorio podrá, en todo caso, normar internamente, mas nunca, a un tercero, pues la Constitución no lo permite. Si le diéramos carácter de “reglamento” al acuerdo del Directorio citado, tendría que ser una normativa que facilite la recaudación, cuando en este caso, lo que hace es incrementar el costo de cumplimiento de las operaciones, así como los problemas ya expuestos y las posibles dificultades técnicas que presenta para alguien hacerlo.

Por lo que OBLIGAR a los contribuyentes a realizar determinadas acciones sin fundamento legal y especialmente cuando ya se encuentra pagando impuestos es NULO DE PLENO DERECHO.

Aún cuando fuere un Reglamento, dicho “reglamento” nunca, bajo ningún concepto, puede obligar a un contribuyente, ya que como claramente lo establece el artículo 5 de la Constitución, que estamos únicamente obligados a cumplir con la ley. En el presente caso, la ley es la Ley del Impuesto al Valor Agregado, misma que no obliga a ningún medio electrónico, con lo que evidentemente, no se incumple ninguna ley con no acatar la ilegal resolución de SAT.

  1. NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN

No obstante que el contenido del aviso es NULO, el correo electrónico también es nulo ya que pretende suplir una notificación de carácter personal, ya que como se puede evidenciar, SAT está requiriendo un actuar a los contribuyentes y dicha situación se tiene que hacer en FORMA PERSONALa quien se entregue la notificación FÍSICA.

La notificación por medios electrónicos únicamente puede proceder por mutuo acuerdo entre la SAT y el contribuyente, así que si un contribuyente no ha celebrado ningún contrato con esta Administración para recibir notificaciones electrónicas, SAT no puede notificarle por esa vía.

Lo anterior violenta los siguientes artículos del Código Tributario:

“ARTICULO 130. NOTIFICACIONES PERSONALES.

Se notificarán personalmente las resoluciones que:

a) Determinen tributos.

b) Determinen intereses.

c) Impongan sanciones.

d) Confieran o denieguen audiencias.

e) Decreten o denieguen la apertura a prueba.

f) Denieguen una prueba ofrecida.

g) Las que fijan un plazo para que una persona haga, deje de hacer, entregue, reconozca o manifieste su conformidad o inconformidad en relación con algún asunto.

h) Las resoluciones en que se acuerde un apercibimiento y las que lo hagan efectivo.

i) Las resoluciones en que se otorgue o deniegue un recurso y las que lo resuelvan.

Estas notificaciones no pueden ser renunciadas.

Toda notificación personal se hará constar el mismo día que se haga y expresará la hora y el lugar en que fue hecha e irá firmada por el notificado, pero si éste se negare a suscribirla, el notificador dará fe de ello y la notificación será válida.”Los subrayados son agregados.

Por obvias razones tampoco existe cédula de notificación, situación que viola el artículo 135 del Código Tributario.

Por lo anterior y de conformidad con el artículo 127 del Código Tributario, si no se hace la notificación en forma legal NO SE PUEDEN AFECTAR LOS DERECHOS DE UN CONTRIBUYENTE, y al no cumplir con la normativa citada la notificación es nula de conformidad con el artículo 141 del Código Tributario y así deberá declararse. POR LA ANTERIOR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEBERÁ DECLARAR LA NULIDAD DEL AVISO IMPUGNADO.

 

Después del descalabro que ha sido la Administración Tributaria del año 2015 para acá, es menester de los contribuyentes defenderse y no permitir estos abusos. El país lo perdemos de a poco.

 

Mario E. Archila M.

(Parte del texto es autoría de Félix Gutiérrez, asociado de la firma).

Obligaciones fiscales de los seguros

 

Hemos tenido algunos cruces en Twitter con personas que sienten que las compañías de seguros no están “al día” en sus obligaciones fiscales, pues, dicen, las aseguradoras les debieron entregar facturas cuando ellos pagaron deducibles o bien pagaron a la aseguradora el resarcimiento del daño causado a un “asegurado” al que chocaron.

Me voy a poner un poco más técnico de lo usual, pero el tema lo amerita.

El Deducible

El término “deducible” se refiere a la cantidad que en cada siniestro -accidente- deberá ser pagado por quien está Asegurado. Es decir, se trata de un “monto mínimo” de daño que el asegurado debe cubrir por su cuenta.

El contrato de seguro, como lo define la ley, es un contrato que para el asegurado no puede implicar fuente de enriquecimiento.

Las relaciones tributarias que se desprenden del contrato con las aseguradoras al momento de pago de un siniestro se deben analizar de forma individual.

Es así que debemos analizar la existencia de dos tributos distintos que pueden surgir por el pago de un siniestro.

Impuesto Al Valor Agregado -IVA- 

El IVA tiene como hecho generador, de manera general, la prestación de servicios y la venta de bienes.

En el contrato de seguro, específicamente, la Aseguradora tiene la obligación de emitir factura por la prima. Prima es el pago que hace un asegurado a la Aseguradora para obtener la cobertura de su seguro. Es el “precio”, si se quiere, por el servicio de “asegurar”.

En el caso de la ocurrencia de un siniestro, se tienen terceros involucrados que generan en varios casos la relación de pago de este impuesto y así, la emisión de la factura. Es decir, los servicios de grúa, de mecánico, de abogados. Todos estos servicios pueden generar una obligación de emitir factura a favor de quien cubra los mismos. Usualmente, la compañía de seguros paga todo y luego cobra el “deducible” al asegurado o le cobra todo a quien causó el daño, si fuera un tercero.

Analizamos cada uno:

Reparación. En el caso de la reparación de un vehículo, el taller es quien resulta obligado a la emisión de la factura y cargo del IVA. La relación entre la Aseguradora y el Asegurado debe considerar las obligaciones del IVA para efectos de su comprensión. De esta cuenta, la Aseguradora cobra la suma que corresponde al deducible y paga al taller la totalidad de la reparación. El deducible, como se define, es la cantidad que paga el asegurado en cada siniestro. Esta suma puede incluir dentro de su cálculo el monto de IVA, cuando el Taller emite 2 facturas, una por el monto de deducible más IVA y otra por el pago de la aseguradora más IVA.

Esto es así, toda vez que el IVA no deriva del deducible ni puede ser parte de la suma “asegurada” ya que corresponde a una obligación tributaria y es el Taller el obligado a cargar dicha suma cuando cobra sus servicios y repuestos.

Si el deducible se cobra al asegurado “con IVA incluido” el comprobante de ese IVA correspondería al asegurado y debe ser cargado al asegurado en una factura. Recordemos que el IVA para generar crédito, debe estar pagado por el contribuyente que lo reclame. La relación entre la Aseguradora y el Asegurador, en cuanto al monto del deducible, no es una relación de “prestación de servicios” sino de compartir el costo de una reparación. De la definición legal, se desprende que debe ser el monto que pague el asegurado, lo que se debería entender, tributariamente, pagado al taller y por tanto, el taller debería emitir la factura por esa porción directamente al asegurado.

Si el asegurado paga el deducible “más IVA” sin recibir una factura por esa suma, el porcentaje de deducible no corresponde realmente con el porcentaje pactado, lo que puede ser un problema adicional. La Aseguradora, por su parte, no podría cobrar el IVA de la reparación sin entregar un comprobante IVA por esa cantidad, ya que no es una obligación de la Aseguradora cobrarlo y el IVA que se paga en la reparación representa crédito IVA para la Aseguradora. El cobro podría implicar una apropiación indebida de dinero y un incumplimiento de la normativa tributaria. En otras palabras, cobrar porción del IVA dentro del deducible, pero guardando la totalidad del IVA en la factura recibida del taller, implica que hay un aprovechamiento del IVA vía el cobro al asegurado, quien no forma parte de la relación tributaria con el taller, mientras que la Aseguradora tiene IVA crédito por la factura y cobro al Asegurado.

Pérdida total. En este caso, la aseguradora hace el pago de la suma asegurada al asegurado y recibe el monto del deducible respectivo. Al no existir reparación alguna, ni tercero involucrado, no se debería generar IVA en esta operación al ser puramente resarcitoria. Acá es más claro que si el daño se estima una cantidad X, ejemplifiquemos en Q100,000, el pago al Asegurado debería ser Q100,000 menos el monto del deducible, por lo que no hay en sí ninguna obligación de facturación ni cargar o soportar IVA.

Impuesto de Timbres Fiscales

El impuesto de Timbres Fiscales se genera en la emisión, suscripción u otorgamiento de ciertos documentos, entre ellos actos y contratos y comprobantes de pago. En este caso, el resarcimiento del daño que corresponde a la Aseguradora y la recepción de la suma del deducible, se documentan debidamente, usualmente, por medio de finiquitos. Es así que la comprobación de los pagos es la razón de la afectación al impuesto del Timbre Fiscal en situaciones de resarcimiento.

Es por ello, que al suscribir un documento que tiene como fin la comprobación del pago de una indemnización, se deben cubrir en él los timbres fiscales respectivos (3%).

El hecho generador será la emisión, otorgamiento o suscripción de dichos comprobantes de pago y el obligado a pagar el impuesto resultará el que emita, otorgue o suscriba el mismo, con lo que podría ser únicamente la aseguradora, únicamente el asegurado o ambos, de manera proporcional.

Caso de un tercero que paga el daño

El principal punto acá deriva de la legislación del IVA y la necesidad de emitir factura al culpable de un daño a un asegurado, quien debe pagarle a la Aseguradora la reparación o el daño causado.

Es así el caso que un tercero  se encuentra responsable del percance y por ello “reembolsa” a la aseguradora el monto de las reparaciones necesarias para resarcir el daño causado.

Debemos partir del hecho que la ley del IVA aplica únicamente a “venta” y “servicio”, como se explicó arriba. Estos conceptos están definidos en la ley del IVA y así deben ser entendidos:

1) Por venta: Todo acto o contrato que sirva para transferir a título oneroso el dominio total o parcial de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio nacional, o derechos reales sobre ellos, independientemente de la designación que le den las partes y del lugar en que se celebre el acto o contrato respectivo.
2) Por servicio: La acción o prestación que una persona hace para otra y por la cual percibe un honorario, interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración, siempre que no sea en relación de dependencia.

Luego el artículo 3 es el que indica cuáles son los hechos generadores de la obligación tributaria. La obligación de emitir factura nace únicamente de un hecho generador contemplado en el artículo 3. Los reembolsos o indemnizaciones por daños no están contemplados dentro de ninguno de los 9 hechos generadores como tal y el concepto de “servicio” no es aplicable por lo siguiente:

  1. El que causa un daño tiene la obligación de indemnizarlo.
  2. La aseguradora tiene un contrato con el asegurado, no con quien causa el daño.
  3. El pago que hace el tercero que causó el daño no deriva del contrato, sino de una obligación derivada del propio daño causado, por lo que la Aseguradora no realiza a favor del tercero que causa el daño ninguna prestación y no cobra una remuneración, sino que su derecho de cobro es por repetición dada la subrogación en los derechos del dañado.
  4. El resarcimiento del daño es obligatorio y como resarcimiento del daño, la única obligación de la Aseguradora es comprobar el pago realizado y entregarle un finiquito. Estos son hechos generadores del Impuesto del Timbre Fiscal, no del IVA.
  5. El cobro no puede incluir IVA, dado que el daño no incluye IVA pues el IVA pagado en la reparación corresponde a crédito del IVA, mismo que es un “activo” de la Aseguradora.

 

Mario E. Archila M. 

 

Emisión de facturas (Publicado con autorización de Lucía Aguilar)

De todos es sabido que si trabajamos por cuenta propia, ya sea vendiendo productos o prestando servicios, tenemos la obligación de facturar y pagar los impuestos correspondientes.   Sin embargo, en la Ley del IVA hay un artículo poco conocido y que muchas empresas han optado por ignorar, me refiero al que regula el momento en el cual se deben emitir las facturas.

Primero que todo, hay que entender la naturaleza del IVA, es un impuesto que nosotros le cobramos a nuestros clientes en nombre del Estado. Es decir, quien emite la factura es únicamente el intermediario entre SAT y los clientes.

Actualmente, la práctica más común es que la factura se emite y entrega al cliente para trámite de pago, lo cual puede demorar hasta más de un mes en algunos casos (y en casos extremos, nunca se logra cobrar).   Esto puede ocasionar que nos toque pagar IVA que no hemos cobrado y, mientras tanto, nuestro cliente utiliza el crédito a su favor sin haberlo pagado todavía. En otras palabras, no sólo nos deben sino que está usando una parte de esa deuda para rebajar sus impuestos. Cuando esto sucede la opinión más común es “qué joden los de SAT, si a mí no me han pagado, no tengo dinero y de todos modos se lo van a robar”. Comprensible, a todos nos duele pagar impuestos y más cuando es una cuenta pendiente de cobrar.

No obstante, la culpa de que nos toque pagar ese IVA no es de SAT, de las leyes, del Congreso ni del contador sino de nuestros mismos clientes. Lo que indica la Ley del IVA (artículo 34), es que las facturas por venta de bienes se deberían emitir en el momento de entrega del producto y por la prestación de servicios cuando se reciba el pago. Además, en el artículo 4, se establece que el impuesto se debe pagar en el momento de emisión de la factura (ojo: no se refiere a pagarlo a SAT sino al intermediario). Un buen ejemplo de la forma correcta como se debería trabajar son las empresas que venden vehículos, emiten la factura desde que se concreta el negocio y de una vez cobran el IVA, aunque el cliente se tarde 5 años en pagar, ellos no tendrán problema para cumplir con su obligación fiscal.

Si todos cumpliéramos y exigiéramos que se cumpla con esta disposición legal, el flujo de efectivo de la mayoría de empresas que trabajan créditos se vería beneficiado pues no se tendría que trasladar a SAT dinero propio sino únicamente lo que realmente se ha cobrado. Ya sólo sería cuestión de ser ordenados y no gastarnos este 12% que en realidad nunca nos pertenece.

Lucía Aguilar

** La entrada fue publicada originalmente acá: http://solucionesgt.com/2015/08/cuando-deberian-emitirse-las-facturas/ y allí pueden localizar a Lucía.

Delitos que faltan… además de la corrupción

Orden de captura para la señora Baldetti. Antejuicio planteado contra el General Pérez Molina. Simple y sencillamente por corrupción… Pero falta.

Cuando se revisan las leyes tributarias, hay cosas interesantes que se pasan por alto, pues estamos metidos en los conceptos legales típicos del derecho civil. En el derecho civil y mercantil sólo puedo hacer negocios con “bienes de lícito comercio”. En el derecho tributario, expresamente, eso no es importante.

Expresamente el artículo 16 del Código Tributario indica que “La existencia de las obligaciones tributarias, no será afectada por circunstancias relativas a la validez jurídica de los hechos o actos realizados constitutivos del hecho generador; o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes al celebrar éstos, ni por los efectos que a ellos se les reconozca en otras normas legales, siempre que se produzcan efectivamente los resultados propios del presupuesto de hecho legal y no se trate de tributos documentarios.”

Lo anterior quiere decir que “la validez jurídica de los hechos o actos” no es importante. Es así que el hecho generador (simplificado) del Impuesto Sobre la Renta es el ingreso y el del IVA es “vender” o “prestar servicios”, pero no puede estar condicionado, bajo una perspectiva tributaria, por nada, a que sea “lícito comercio”.

En el caso de la corrupción, el artículo 16 del Código Tributario nos debe llevar a las siguientes conclusiones:

  1. Algunos funcionarios prestaron “servicios” en el concepto de la ley del IVA, pues cobraban a un usuario de la red de corrupción por “hacer algo a su favor”: el acto de corrupción.
  2. Recibieron un ingreso derivado de su trabajo “ilícito”. Hicieron algo.

Es por ello, que además de cometer cohecho -pasivo y activo- también dejaron de enterar al fisco los impuestos correspondientes. Obviamente, como son hechos ilícitos, es claro que hay “mecanismos” tendientes a evitar que la Administración Tributaria descubra dichas sumas. Recordemos que declarar incorrectamente porque hay temas interpretativos sobre un gasto deducible, por ejemplo, no es constitutivo de delito. Pero pedir que se pague a nombre de compañías fantasma, que se pague en efectivo esa mordida, que se disfrace de “algo” cuando es un soborno, simplemente nos debe llevar a pensar que hay “ardid, engaño” y ciertamente “fraude” para el pago de los tributos.

Es por ello, en conclusión, que una persona que cobra un soborno, tributariamente tiene una obligación tributaria por Impuesto Sobre la Renta, ya que tiene un ingreso y además, para efectos del IVA, como son cobros por realización de algo a favor de un tercero y no es relación de dependencia, dichos cobros generan IVA.

Ahora esperemos que adicionalmente a los delitos ya imputados, se agreguen los que corresponden por los impuestos dejados de pagar al cobrar mordidas, sobornos y demás.

Mario E. Archila M.

El porno para rebajar el IVA… Laffer y las salidas del mercado

Entre los males del porno, resulta que es una bella herramienta para demostrar que una subida en tarifas impositivas no lleva siempre a un alza en la recaudación. En España, el gobierno aprobó un alza del IVA a ciertas actividades, dentro de ellas las culturales, con lo cual llevó el IVA por espectáculos de teatro a la tarifa más alta de IVA en España: 21 %. Como era de esperarse cuando uno entiende de análisis económico de la tributación, es que un alza en un impuesto al consumo afecte la demanda según su elasticidad y, obviamente, eso depende de la utilidad marginal de dicho producto o servicio y sus sustitutos, entre otros factores.

El teatro, como otros muchos espectáculos públicos, puede ser muy sensible al precio final, toda vez que no es de primera necesidad. En el artículo de Prensa Libre, claramente se demuestra esto: “Un estudio de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza  (Faeteda) cuantificó el impacto sobre las artes escénicas de un IVA al 21% en su primer año de aplicación  (septiembre de 2012-agosto de 2013) . Respecto a los 12 meses anteriores, la recaudación bruta de los espectáculos cayó un 26% y la recaudación neta para las empresas, un 34%. El número de espectadores pasó de 13,1 millones a 9,3  (un 29% menos) y se perdieron unos 1.800 puestos de trabajo directos.” (Edición electrónica del 4 de diciembre de 2014).

Es así que el alza en la recaudación no se logra con alza en tarifas. Acá, en esta nota de prensa, lo más interesante es lo bizarro de la solución que una compañía de teatro encontró, tanto para continuar en el negocio aún con el alza de los precios, así como para protestar por tan ridícula gradación de las tarifas del IVA… Resulta que las revistas, incluidas las pornográficas, pagan un IVA preferencial de 4 %. Por ello, la compañía de teatro se convirtió en distribuidora de revistas pornográficas y regaló, con las ediciones de la revista, una entrada para la función de teatro. Así que si un impuesto deja de cumplir con los principios de neutralidad y capacidad de pago, lo mejor, siempre, será encontrar un mecanismo para corregir el problema. A veces lo encuentra el gobierno, a veces lo encuentra el contribuyente…

Lea el artículo de Prensa Libre acá. 

 

Mario E. Archila M.

Impuesto a los Informales

Me invitaron a Canal Antigua a platicar del tema. Así me entero que hay una propuesta para gravar a los informales, emanada de la Vicepresidenta, con Q150… Todavía no sabemos si mensual o anual… Pero hay una declaración sobre la idea con visos de intención.

Me parece grave que se tiren y filtren esas declaraciones así como así. Principalmente porque el problema de la economía informal no se arregla con “hacerlos pagar impuestos” así, a leño. La formalidad tiene costos que son cada vez más difíciles de cubrir. Costos que son poco cuantificables. Así tenemos el tiempo de hacer los trámites, la probabilidad de revisiones, cobros, sanciones, etc.

Guatemala, en cuanto a estructura de sistemas “simples”, tiene de los mejores… Considerados aisladamente. Es así que tenemos un sistema que era casi perfecto: 5% sobre ingresos para efecto del ISR. Un IVA con tarifa única y sin productos diferenciados o exentos. Estos sistemas fueron modificados del 2004 para acá de manera que ya no son tan simples ni sencillos y con el voraz apetito de los gobiernos, se presiona a la Administración Tributaria a buscar hasta debajo de las piedras recursos. Esto logra reventar en fiscalizaciones continuas sobre quienes ya tributan, con criterios, muchas veces, rebuscados.

Se incluyen sanciones como “cierre de establecimiento” por la simple sospecha de no haber emitido una factura, lo que representa un costo altísimo, pues podría verse alguien impedido de realizar su actividad económica por hasta 10 días o perder su “patente de comercio”. Esta eventualidad es un costo que se suma, no cuantificable, pues es contingente, pero existente.

El tiempo, que mencionaba arriba, surge en las propias ventanillas de SAT y registros públicos. Para inscribirse como comerciante, hay que demostrar dirección con requisitos de ventanilla -contrato de arrendamiento, recibo de agua, luz o teléfono, certificación de propiedad- de forma que el que pretende su inscripción tenga título sobre la dirección. Adicionalmente, se exige la presentación del DPI y la formalidad de grabar su huella digital y foto en el registro Tributario Unificado. Todo esto aumenta el costo, pues el interesado debe acudir personalmente a la ventanilla. Ya no se aceptan “tramitadores” y en caso de no tener tiempo, debe utilizarse un mandato (que cuesta unos Q1,000 en el mercado notarial escriturar y registrar).

Hacer las colas y trámites, para un informal, implica, muchas veces, dejar de percibir los alimentos del día o bien dejar de producir la ganancia de la semana.

El problema son burócratas que rayan en la ignorancia y se disparan criterios irresponsablemente sustentados en micos aparejados. En el Registro Tributario Unificado, toda esta tecnología de seguridad de identidad es irrelevante.

Voy a usar un único ejemplo. El Código Tributario indica que es contribuyente quien actualice los supuestos contenidos en la norma generadores de tributos, PRESCINDIENDO DE SU CAPACIDAD LEGAL según el derecho común.

Es así que una persona puede ser contribuyente por el hecho que realiza actividades para las que su edad no le otorga capacidad legal. Imaginemos, que se emplea como “Técnico en Botánica a domicilio”, alias jardinero, pues, pero tiene 13 años de edad. Según la ley del IVA, es un servicio. Por tanto se genera el impuesto. No entrega factura porque no logra obtener un NIT porque en SAT le dicen que como es menor de edad y no tener obligatoriamente un NIT, no se puede.

El Código Tributario indica que aún y cuando el Código Civil (derecho común) no le otorgue dichas capacidades, él es contribuyente. Se registra (vea el 120 del Código Tributario) indicando, declarando, cuál es su nombre (nombres y apellidos), no que deba probar dicha identidad con documento alguno, ya que no es relevante para efectos de pago de tributos, y señalará la dirección que establecerá como domicilio fiscal. Es una declaración ante autoridad. Tiene efectos y no puede la administración tributaria tratar a los contribuyentes de “mentirosos” y exigir prueba de todo lo que le declaran.

Es así que por esta circunstancia, su técnico en botánica no le entrega factura. Ni siquiera de pequeño contribuyente…

 

 

Mario E. Archila M.

¿Quién paga el IVA?

La pregunta es capciosa y causa revuelo, pues los términos son distintos en el derecho tributario al lenguaje económico o político.

Pagar, en Derecho, se refiere a extinguir de modo natural una obligación. Así, el pintor paga, entregando el retrato que le encargaron.

En el mundo del IVA, por tanto, resulta que jurídicamente paga quien hace la presentación de la declaración luego de su cálculo de créditos y débitos. El consumidor final, en este aspecto, no paga.

Ahora bien, el consumidor final, el cliente, desembolsa, da el dinero, pero no paga. Esto es la percusión o repercusión del impuesto. Pero no el pago.

Es evidente que todo tributo lo “paga”, económicamente hablando, el consumidor final. El ISR, por ejemplo, es siempre un costo más para medir el ROI o Retorno de inversión. Allí, sin embargo, no se nota.
Cuando usted compra algo, incluye, costo de producción y venta, gastos indirectos, publicidad e impuestos, todos los impuestos, tanto directos como indirectos. A usted, únicamente le revelan el IVA.
Esto es importante, porque en Derecho Tributario, paga únicamente el contribuyente o el responsable de la deuda. El consumidor final sufre el efecto, no así el pago. Por ello es vital saber en qué contexto se usa el término por quién habla.

Los políticos venden la idea -los malos asesores también- que los impuestos directos “los paga el comerciante” y el IVA lo “paga” el consumidor.
En el primer caso es jurídicamente cierto, no financieramente cierto. En el segundo caso, es financieramente cierto, no así jurídicamente cierto.

Financieramente, todo tributo lo paga el consumidor. Es más, si son muy altos, lo pagará al no tener el servicio o bien, o, encontrando dicho bien únicamente en el mercado negro a precios altísimos.

Mario E. Archila M.

Otros aspectos de la llamada “Reforma Tributaria”

¿Finalidad de un Gobierno?

Allí hay otro problema en cuanto a la Reforma Tributaria. Evidentemente no todo puede ser hecho por el gobierno. Hay acciones para las que no está hecho y acciones que principalmente le corresponden.

¿Sabemos cuáles son cuáles? He allí un primer gran problema que la reforma no trató. La misma se hace con una programación de gasto que es más una lista navideña a Santa Clós que un programa que responda a acciones de gobierno.

Mucho del gasto no representará mejora de condiciones para los ciudadanos. Es más, mucho del gasto, por el simple hecho que el gobierno anuncie que lo hará, causará falsas expectativas y eso, a su vez, mayores conflictos sociales.

Coincidimos que tenemos problemas tan graves como la seguridad. Aunque la violencia haya disminuido, cuando vemos cifras de muertos, no necesariamente vemos que las causas de dicha violencia están siendo atacadas. Un conflicto de tránsito termina en una persona muerta. Un robo de mercadería resulta en competencia desleal y extorsión de la propia policía. Un incumplimiento de un proveedor puede llevar a la tumba a alguien.

¿Qué es lo que sucede? No hay mitigación de conflictos pequeños. Los tribunales son inservibles para la gran mayoría de los conflictos y las instituciones públicas de “seguridad” ven únicamente la justicia penal, de alto impacto, como importante. Es la justicia “de paz”, es decir, la civil y mercantil de ínfima cuantía la que evitará violencia. Es la válvula que hará que la conflictividad se reduzca. Menor conflictividad, mayor posibilidad de crear un ambiente de paz.

La correlación es difícil de hacer, pues los medios se enfocan en los resultados de la justicia penal. Se enfocan en las estadísticas de fallecidos por actos violentos. Las historias detrás deben ser más ilustrativas para encontrar el problema. Así que no hay ideas ni propuestas para mejorar la justicia de paz.

A eso le sumamos la cantidad de “tareas” que le asignamos al Estado. Tareas que pasan de lo noble al saqueo. De lo virtuoso al robo. De lo deseable a la exigencia. Esas tareas se le asignan en esa lista de navidad por lo que el problema tributario se convierte en un problema de caja fiscal.

La historia demuestra que por allí empiezan grandes revoluciones. Demuestra que la gente llega a explotar cuando ve que su dinero, su esfuerzo, se utiliza en cosas por las que no encuentra justificativo real alguno. El uso opaco de los recursos, los fines dudosos y hasta los fines redistributivos causarán conflicto. La sociedad, los pagadores de tributos, estará sometida a una presión enorme, que llegará a reventar.

Toda la idea tras el pacto fiscal era hacer más transparente el gasto. Colocar mejor los recursos. Sigue sin suceder. Los operadores políticos siguen viendo el problema del lado de lo que aspiran: su puesto de gobierno. Allí el problema está en que a mayor transparencia y mejor alocación de los recursos, menos posibilidad de saqueo. Dicho problema es de fondo. Se evade. Se escucha siempre la misma canción de “pero la gente no paga y sin recursos no se puede hacer nada”. Se paga más que hace 10 años. El gasto es más opaco y menos efectivo que hace 10 años. Algunas excepciones, por épocas. La alfabetización había ya iniciado y el gobierno de UNE cancela las escuelas modelo en las que no había acceso a los recursos por los funcionarios. ¿Se vale?

La proveeduría de servicios y bienes al estado está, hoy día, en tela de juicio y abiertamente los interesados en los jugosos contratos se pelean por la cuota. Ninguno propone mecanismos en los que no hay probabilidad de manejar precios o comisiones. ¿Se vale?

El sistema de justicia está tomado, sin que se pueda encontrar una salida. La normativa procesal es la que lo provoca. Acá se extorsiona a todo nivel si se clama justicia, pues la justicia está cerrada a tecnicismos que permiten a sus operadores jugar con ella y el bolsillo de los interesados. ¿Se vale?

Por supuesto que si simplifico el problema a “el Estado se quedará sin poder cubrir sus pagos”, la pelota está de nuestro lado. De usted y yo que pagamos.

Veamos casos interesantes. Se dice que pagamos muy poco. La primera pregunta es “¿Comparado con quién?” La segunda pregunta debe ser: “¿Para qué queremos pagar más?” y la tercera pregunta es “¿Quiénes pagan en Guatemala?”

Hong Kong tiene un impuesto único con tarifa de 15 y 16%. Recauda lo mismo que nosotros. ¿La diferencia? Paga la mayoría de la población. Acá, el seguro social, el ISR, el IVA, circulación, vehículos, importación, timbres, IUSI, etc. se pagan por unos pocos y no logramos recaudar más allá del 12% del PIB. ¿Por qué? Alrededor del 70% de la población no paga. Es informal. Pero lo más interesante es que no tenemos 70% de pobres. El 40% de la población aproximadamente es del 10% más rico del país. Algo no cuadra en las matemáticas.

No cuadra porque el costo de la formalidad es invisible y mucho más caro. El costo de cumplimiento fiscal también lo es. De tal forma que es más rentable ser informal. Al tener un sistema así, las reformas planteadas, que aumentan costos de cumplimiento, tanto fiscal como comercial, son porras al sector informal.

Debemos replantear el rumbo. Los fundamentos.

 

Mario E. Archila M.