Hemos estado enfrascados en los temas prácticos de la reforma tributaria. Creo, sin embargo, que la discusión real no ha sido abordada y allí, no habría muchos argumentos para pretender «subir la carga tributaria».
La Constitución guatemalteca dice «Corresponde con exclusividad al Congreso de la República establecer impuestos… arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo con la equidad y justicia…»
El tema a nivel mediático y de discusión en cada reforma es «nivel de carga» y el vago señalamiento que sin x% de carga del PIB, no llegamos nunca a cumplir los fines previstos…
La Constitución misma señala que las cargas deberán ser establecidas conforme a las necesidades del Estado. Es así que lo que justifica, la causa, la existencia de los tributos y legitima su cobro es precisamente que sean conforme a las necesidades del Estado.
Eso implica que:
1. Debemos conocer y aceptar cuáles son las necesidades previstas.
2. Si las cargas exceden las necesidades previstas, sucedería una especie de enriquecimiento ilícito del Estado.
3. Si los recursos se usan en otro destino, debe la población tener un recurso para revocar su consentimiento al cobro.
El tema se vuelve escabroso, pues las corrientes intelectuales «estatistas» y muchos, con dogma de fe, indican que es un deber pagar, no importa en qué se use. No obstante, es el uso, el destino de los recursos, lo que legitima, constitucionalmente, el tributo.
La principal discusión se ha dejado de lado. Se ha utilizado hasta la Biblia para justificar no entrar en esta discusión. Creo, sin embargo, que es un deber ciudadano cuestionar el uso de los recursos y no permitir que se pretenda cobrar para fines que no se comparten, no son importantes o ni siquiera son fines del Estado.
El plan de gasto de un gobierno central es lo que debe ser discutido y ampliamente comunicado a la población.
Es así que no resulta tan importante, en el mediano y largo plazo, cómo debo pagar, sino si estoy pagando por lo correcto.
Mario E. Archila M.
Impuestos y Moral 
En nuestro país lleno de injusticias sociales me temo que no hay presupuesto que alcance, creo que el tener la conciencia de tributar para mantener el gobierno que merecemos no tiene nada que ver con dogma alguno, sencillamente es cumplir con nuestra obligación y partiendo de este cumplimiento, criticar lo que consideremos criticable.
Entiendo su punto. Simplemente que la obligación legal tiene una causa y los mecanismos políticos deben permitir que el ciudadano realmente fiscalice su utilización y exija el cumplimiento de lo presupuestado. La historia de la tributación es precisamente la lucha por limitar un poder a modo que no se cobrara al ciudadano para cumplir con simples caprichos del rey o bien que si dijo que lo usaría para financiar X, no se usara en Y. Así es como nace el parlamento inglés y se empieza a desarrollar el principio de legalidad en el año 1215.
Buenas Tardes Lic. Archila, me parecen acertadas sus opiniones en cuanto a que no es posible que el estado pretenda aumentar los impuestos, sin tener previo un estudio complento de las necesidades reales del gasto publico….lo que se resume en dos puntos.
1. Presupuestos del estado Claros… sin excesos, ni tampoco economias innecesarias.
2. Claridad y Calidad en el Gasto publico.
Excelentes apreciaciones Lic. Mario; toda vez que el Estado nos impone mas impuestos no necesariamente para cubrir necesidades de todos los guatemaltecos, sino para que nosotros como pueblo paguemos las jugosas remuneraciones de las autoridades, funcionarios y la mayoría de empleados públicos, que en su mayoría no tienen vocación de servicio; sin embargo tambien es importante resaltar que a mi criterio personal, también aumentan los impuestos, porque entre mas ingresos tenga el Estado, mayores serán los negocios (contrataciones) que hagan los señores del ejecutivo y legislativo y también mayores los porcentajes que les queda a ellos por los porcentajes que manejan con los proveedores del Estado. Es por ello que comparto que existe un enriquecimiento ilicito no directamente por el Estado sino por quienes dirigen los destinos de nuestro pais (autoridades, funcionarios y empleados, sin generalizar).
Finalmente concluyo en que si los recursos se usan para otro destino ilegal, la población debe tener un recurso para revocar su consentimiento al cobro.
Espero sus comentarios Lic. Mario. Saludos.