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La sujeción a la ignorancia

Ayer por la mañana recibí una llamada de una amiga -Lucía Aguilar- quien por cierto es excelente contadora, porque a un cliente o amigo de ella, en su empresa, la firma de auditoría le requería que suspendiera como proveedor a todo aquél que no presentara copia de su RTU.
El pobre amigo de Lucía no puede hacer nada en la empresa porque prácticamente es imposible que se tengan copias de los RTU de la totalidad de proveedores. ¿Se imagina usted que para que le reembolsen gasolina a su vendedor se requiere el RTU de la gasolinera? ¿O del estacionamiento?
Definitivamente el requisito que esta firma de auditoría impone es ridículo. Absurdo. Hasta tonto. Pero, ¿es legal?
Allí se pone interesante…
Para empezar, me parece sorprendente que una firma de auditoría haga un requerimiento que no tiene ninguna base legal.
En nuestra legislación (leyes) el RTU no es un registro público. El documento “público” es el carnet del RTU y es para la identificación del contribuyente frente a SAT. Es más, me atrevería a afirmar que el artículo 24 de la constitución garantiza la secretividad del contenido del RTU. Requerir el envío del RTU como requisito para calificar un proveedor, por tanto, podría ser un requisito contrario a la Constitución.
Por otro lado, la emisión de las facturas se regula en la ley del IVA y en el 10-2012, en cuanto a las leyendas que deben establecerse en dichas facturas para informar al cliente sobre el régimen de ISR al que está sometido el proveedor. En caso de emisión de una factura incorrectamente, es un incumplimiento legal del emisor de la factura. El receptor de la factura debe realizar la retención o no, según diga la factura que está sujeto a retención o que no lo está.
Es así que respecto a la necesidad -y necedad- de contar con copia del RTU de proveedores, no es un requisito con -siquiera sombra de tener- base legal alguna para hacerse y hasta sería un error pretender hacer retenciones conforme a copias de un RTU y no respecto a la factura original recibida. También podría entrar en problemas una persona que requiera información que podría ser considerada como confidencial por la propia Constitución.
La obligación de cumplir con las leyendas es del emisor de la factura, bajo ninguna perspectiva del receptor de una factura que tiene como única obligación legal hacer o no retención según diga la factura.

En corto, si usted tiene unos auditores tan poco preparados, con tan poca visión de la realidad del negocio y con tal nivel de desconocimiento de las leyes tributarias y su correcta aplicación, despídalos. Simple. Huya de ellos y no sea presa de la ignorancia.

Mario E. Archila

La defensa tributaria…

Ayer mientras nos entrevistábamos con un posible cliente, me vino a la mente aquel caso que recibí siendo aún estudiante… Un día de febrero de 2015. Ese primer caso que me tocó “ver qué hacía” durante el año que preparaba mis exámenes para graduarme. Mi jefe de aquel entonces salía de viaje ese mismo día.
Hoy, la firma, Archila & Asociados, con sus 51 años encima, suma más de 100 casos activos en sus diferentes instancias.
Estos procesos nacen, casi todos, de acciones de SAT ocurridas con posterioridad a 2009. Tristemente, si bien el volumen de casos aumenta, no ha aumentado, es peor, ha disminuido el nivel de los ajustes. Cada día son menos técnicos, menos analizados y mucho más contrarios a la jurisprudencia “ancestral”.
Da tristeza que la Administración Tributaria se empiece a dedicar a ajustar en aspectos que no tienen sustento.
Criterios que no tienen sustento ni siquiera desde la perspectiva contable básica, no digamos de la ley. Triste que el contribuyente tenga que sufrir acosos de la autoridad fiscal, cuando todo está correctamente operado.
Escuchar distinciones absurdas como “son bajo criterio técnico, la argumentación jurídica es en otra instancia”, simplemente da terror. No hay criterios técnicos fuera de los jurídicos, pues la Administración Tributaria, la SAT, aplica DERECHO TRIBUTARIO, es decir, que es el brazo aplicador del Sistema Tributario. Ese sistema tributario responde a las normas del derecho, no de la contabilidad ni de la gestión financiera.
Si no comprendemos ese punto, seguiremos haciendo distinciones extrañas y sin sentido. En estos 15 años, por dicha, he podido atestiguar que la razón legal debe prevalecer. Las decenas de tratadistas y los cientos de sentencias consultadas en este lapso -tanto locales como extranjeras- dejan muy claro que la contabilidad es lo de menos… La contabilidad debe ser el resultado de la aplicación de la norma jurídica y la norma jurídica es derivada de la aplicación constitucional, de la integridad del sistema jurídico, de la aplicación de todo el DERECHO…
Es así que no tenga pena de contradecir a su contador, siempre y cuando lo haga con la razón del derecho en la mano. No hay tal cosa como “contabilidad fiscal”… Hay contabilidad que se concilia para cumplir con el derecho tributario… Lo que debe prevalecer es, SIEMPRE el Derecho.

Mario E. Archila M.

Reingeniería en SAT… ¿o cambio de paradigma de la política fiscal?

Ayer 6 de enero de 2015 tuve el gusto de ser invitado a Canal Antigua para hablar de la Superintendencia de Administración Tributaria y su fallo de llegar a la meta de recaudación. Decía en la entrevista que el problema es que requerimos un cambio de paradigma en cuanto a todo el tema fiscal.

Hoy, además, me levanto con la noticia que el Ministerio de Finanzas Públicas le adeuda a SAT parte de su 2 % de comisión sobre lo recaudado y que eso debilita a SAT. Vea la noticia acá.  La noticia, sin embargo, no es necesariamente una sorpresa. Confirma algunas sospechas que tengo sobre el manejo de los asuntos tributarios que este gobierno quiere hacer desde que tomó posesión. Entre ellos, convertir a SAT en un ente represor y mecanismo para presionar a enemigos o estorbos para algunos fines… como la propia competencia comercial que pueda existir.

Veamos algunas acciones que indican que vamos por mal camino. Primero, de política tributaria:

1. Los decretos 4-2012 y 10-2012 en cuanto a las facultades legales dadas a SAT. Se deja de estar en un campo de “derecho tributario” para legalizar un “terrorismo fiscal”. El paradigma tras las reformas en estos decretos es que el contribuyente es un ladrón. Se dan facultades para que SAT “muerda y presione” más duro -eufemismo para menos legal- al contribuyente que ya paga.

2. No hay ningún esfuerzo por incorporar nuevos contribuyentes en esas reformas.

3. El 10-2012 elimina la planilla del IVA y reduce la tasa impositiva de las personas individuales a niveles bajísimos. El ISR corporativo sube por subida de tasas y restricción de gasto, no por facilitación y el de personas crea un incentivo negativo a la tributación, pues evita que los contribuyentes individuales sean fiscalizadores de otros contribuyentes. La planilla del IVA lograba ese efecto. Se logra ver así una baja en la recaudación del IVA y en la facturación en general.

4. Crea, el 10-2012, una ley de aduanas inoperante, abusiva, discrecional e infuncional. Tanto que tuvo que ser reformada en su totalidad por otra no menos abusiva y discrecional. ¿Qué efectos tiene esto? Facilita el contrabando “por aduana”. Efecto que el cruce de información de importaciones Banguat y SAT deja ver claramente.

5. Crece el mercado informal o bien se consolida. Al no existir la presión de contribuyentes requiriendo facturas, se fomenta el mercado informal, lo cual, a su vez, facilita la comercialización de bienes contrabandeados.

6. Creación de procedimientos antojadizos en ventanillas de la propia SAT que hacen altamente oneroso trasladarse a la formalidad.

7. Creación de un Impuesto Sobre la Renta que requiere convenios internacionales para funcionar, así como altos costos de asesoramiento profesional para intentar cumplir correctamente con él. Eleva el costo de cumplimiento y eso, obviamente, evita la incorporación de nuevos contribuyentes. Le permite a los grandes contribuyentes, quienes pagan más del 80% de la tributación y son unos 3000 contribuyentes, ser los únicos con capacidades económicas de funcionar legalmente en el país.

8. Se incorporaron reformas que desnaturalizan la función del Directorio de SAT. Deja de ser un ente técnico para convertirse en un instrumento de recaudación. Ya estamos empezando a ver el inicio de la remoción de directores y lo que puede ser un peligro: la elección de nuevos con las mismas agendas de los otros funcionarios que hemos visto se han elegido bajo este gobierno.

Es así que no es un “fortalecimiento de SAT” lo que se necesita, sino un cambio de paradigma que implique:

1. Simplificación del sistema.

2. Abaratamiento de los costos de cumplimiento. Menos trámites, menos requisitos, menos desconfianza hacia el contribuyente.

3. Hacer gasto público únicamente en 2 ó 3 funciones indispensables; hacer el gasto transparente y eliminar la percepción de corrupción.

4. Dejar de pretender contratar a compañías extranjeras. Nuestra SAT es la administración tributaria más cara de Latinoamérica, o por lo menos de las más caras. Encarecer el funcionamiento no puede ser la solución.

5. Otorgarle verdadera independencia a SAT y dotarle de un cuerpo rector técnico o bien obligarle a seguir criterios judiciales que eviten discutir por siempre lo mismo.

6. Dejar de pretender tener leyes tributarias de países con economías desarrolladas y amplias y pudientes clases medias, para voltear a ver modelos fiscales-tributarios de países que estuvieron quebrados y lograron fomentar crecimiento de sus clases medias y eficiencias en sus recaudaciones.

 

Sin eso, no veo bien el 2015 para los contribuyentes…

 

Mario E. Archila M. 

El porno para rebajar el IVA… Laffer y las salidas del mercado

Entre los males del porno, resulta que es una bella herramienta para demostrar que una subida en tarifas impositivas no lleva siempre a un alza en la recaudación. En España, el gobierno aprobó un alza del IVA a ciertas actividades, dentro de ellas las culturales, con lo cual llevó el IVA por espectáculos de teatro a la tarifa más alta de IVA en España: 21 %. Como era de esperarse cuando uno entiende de análisis económico de la tributación, es que un alza en un impuesto al consumo afecte la demanda según su elasticidad y, obviamente, eso depende de la utilidad marginal de dicho producto o servicio y sus sustitutos, entre otros factores.

El teatro, como otros muchos espectáculos públicos, puede ser muy sensible al precio final, toda vez que no es de primera necesidad. En el artículo de Prensa Libre, claramente se demuestra esto: “Un estudio de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza  (Faeteda) cuantificó el impacto sobre las artes escénicas de un IVA al 21% en su primer año de aplicación  (septiembre de 2012-agosto de 2013) . Respecto a los 12 meses anteriores, la recaudación bruta de los espectáculos cayó un 26% y la recaudación neta para las empresas, un 34%. El número de espectadores pasó de 13,1 millones a 9,3  (un 29% menos) y se perdieron unos 1.800 puestos de trabajo directos.” (Edición electrónica del 4 de diciembre de 2014).

Es así que el alza en la recaudación no se logra con alza en tarifas. Acá, en esta nota de prensa, lo más interesante es lo bizarro de la solución que una compañía de teatro encontró, tanto para continuar en el negocio aún con el alza de los precios, así como para protestar por tan ridícula gradación de las tarifas del IVA… Resulta que las revistas, incluidas las pornográficas, pagan un IVA preferencial de 4 %. Por ello, la compañía de teatro se convirtió en distribuidora de revistas pornográficas y regaló, con las ediciones de la revista, una entrada para la función de teatro. Así que si un impuesto deja de cumplir con los principios de neutralidad y capacidad de pago, lo mejor, siempre, será encontrar un mecanismo para corregir el problema. A veces lo encuentra el gobierno, a veces lo encuentra el contribuyente…

Lea el artículo de Prensa Libre acá. 

 

Mario E. Archila M.

Ley de Competencia ¿Necesidad, moda compromiso?

Un tema complejo por las disciplinas que se unen en la elaboración de la legislación, su interpretación y aplicación.

Se ha dicho que tenemos ya la obligación de contar con una “ley de competencia” pues se acordó ello en el tratado de libre comercio con la Unión Europea. Es así que surgen algunas dudas respecto a si contamos o no con una ley de competencia. En boca de muchos está  contundentemente que no la teníamos. De esta respuesta depende, entonces, si lo que necesitamos es una ley de competencia o bien una reforma a la actual o lo que tenemos, en caso de responder afirmativamente la primera interrogante, es suficiente. De ello desarrollaremos el contenido de estas páginas.

Ley de Competencia, ¿existe ya?

El Código de Comercio de Guatemala contiene en el Libro II, título II, las normas que corresponden al título referido, denominado “De la protección a la libre competencia”.

Desde 1890 existen regulaciones legales sobre “competencia”, gracias a la denominada “Ley Sherman”. Los efectos en el tiempo son bastante cuestionables. Véase, así, por ejemplo, que Esso Standard Oil fue la primera compañía sancionada con esta ley. Rockefeller fue perseguido como criminal dado que su compañía era demasiado grande. De la aplicación de la ley, surgen 34 empresas más. Sin embargo, hoy día, Exxon-Mobile, la descendente directa de Esso Standard Oil, es la compañía más grande del mundo.

De la misma manera, debe comprenderse que Rockefeller hizo una fortuna impresionante por el hecho de satisfacer mejor que otros y a precios cada vez más accesibles, las necesidades de los consumidores en Estados Unidos del siglo XIX. Es así que un infundado miedo, quizás, llevó a establecer la ley Sherman, para evitar el empleo de ese “tamaño económico” de manera negativa.

Esos miedos han sido bastante superados en los países avanzados y la teoría económica, donde se sabe que no es el tamaño de una empresa el elemento esencial, sino las barreras de entrada y la capacidad de afectar al consumidor inmediato en ese momento dado. Típicamente, las legislaciones de competencia parten del modelo de competencia perfecta, que sabemos es un modelo que permite diseñar escenarios, sin embargo no refleja la realidad, en virtud que es imposible, a priori, conocer la totalidad de la información que el sistema de competencia “perfecto” requiere y mucho menos, que una autoridad de competencia pueda modelar de manera “perfecta” esos escenarios que le permitan predecir el futuro de cierto comportamiento empresarial.

Es así que muchos problemas contemporáneos (trataremos 2 casos reales en líneas venideras) son manifestaciones de los problemas de modelar el escenario, precisamente por la falta de información en los órganos encargados de su aplicación.

El empresario, evidentemente, tiene la información limitada, pero matizada por su nivel de aversión al riesgo, para buscar la mejor estrategia a modo de superar sus costos marginales  o por lo menos lograr equilibrio en los mismos. Esas estrategias pueden ser inversiones a corto plazo, precios bajos -por corto plazo- estrategias de mercadeo, etcétera. La cantidad de variables hacen complejo un sistema de legislación de competencia que pueda actuar como filtro de acciones permitidas y acciones no permitidas (legislaciones de análisis a priori) y otras que requieren mecanismos “correctivos” o sancionatorios. En la jurisprudencia internacional, sin embargo, aún los sistemas correctivos (a posteriori) tienen fallos y permiten poner en duda la verdadera eficacia de estas legislaciones.

Desde la perspectiva jurídica, cualquier regulación debe pasar el examen de la justicia. De tal manera, prácticas que mejoran el rendimiento empresarial, bajan precios al consumidor  o presentan innovaciones importantes en bienes y servicios no pueden ser coartadas por reglas para proteger la “competencia”, cuando la competencia tiene como resultado precisamente bajar precios, mejorar el rendimiento empresarial y provocar innovaciones en bienes y servicios.

Es así que, como apunta Hayek “… en determinados supuestos la existencia del monopolio (o del oligopolio) puede ser deseable consecuencia del correcto funcionamiento de la competencia. Dicho en otras palabras: la competencia ‘habrá cumplido su papel’ aun cuando engendre, por lo menos transitoriamente, alguna situación de tipo monopolista…”

Es así que me he atrevido a expresar que Guatemala ya cuenta con una ley de protección de competencia, basado en el artículo 361 del Código de Comercio que establece que “Todas las empresas tienen la obligación de contratar con cualquiera que solicite los productos o servicios que prestan, observando igualdad de trato entre las diversas categorías de consumidores”.

Citando a Hayek, comprendiendo que “…lo que permite a la gran empresa controlar la conducta ajena (poder) no es tanto el volumen de recursos controlados como la posibilidad de suspender la entrega de mercancías que la gente perentoriamente precisa consumir…” Y agrega que este poder no deriva de la posibilidad de controlar los precios, sino del hecho …” de que la empresa está en situación de discriminar entre los diferentes compradores…”.

Por lo tanto, la obligación que establece la ley es una norma de protección de competencia y contra el ejercicio de poder de mercado. Las normas que siguen se sitúan en el campo de “competencia desleal”, aunque la definición de “competencia desleal” es lo suficientemente amplia como para permitir la incorporación vía jurisprudencial de ciertas figuras que la ciencia económica y la doctrina del derecho económico ya han creado. Se define, así, en el artículo 362 como actos desleales “Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, se considerará competencia desleal y, por lo tanto, injusto y prohibido”.

Es así que como actos contrarios a la buena fe comercial y al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles pueden encontrarse, en el proceso judicial, los pactos colusivos, pactos de restricción de oferta, las protecciones territoriales, entre otros.

El procedimiento es un juicio ordinario que pueden iniciar los particulares, las asociaciones gremiales o la Procuraduría General de la Nación.

¿Suficiente?

Personalmente considero que es suficiente la legislación sustantiva para lograr la regulación que se requiere. Sin duda hay que realizar reformas, pero en la parte procesal.

La principal reforma es en el procedimiento, pero es una reforma general al sistema de justicia, ya que el juicio ordinario se convierte en un largo proceso, lleno de trabas. Es así que para este tipo de procesos debe permitirse en Guatemala:

a) Acción colectiva; de modo que puedan adherirse a un juicio varios consumidores ofendidos por el comportamiento. Acción tipo “class action” en Estados Unidos.

b) La modificación a los procedimientos judiciales para evitar los litigios de forma (con recursos entorpecedores);

c) La acción por la Procuraduría General de la Nación ya existe, pero falta formar a los profesionales dentro de dicha institución para reconocer estas prácticas; y, por último, la más importante:

d) La prohibición del artículo 361 citado anteriormente, debe ser claramente incluida en las acciones legales posibles, ya que hoy día, si no se interpreta el acto 361 como un acto de “competencia desleal” no existe acción judicial posible. He allí que debe modificarse el artículo 364 para incluir claramente en él, la acción por actos “monopólicos”.

Considero positivo que es una acción judicial directa y no como se ha realizado en varios países y se presentó en la charla como lineamiento para la ley local, en cuanto a crear una Superintendencia de Competencia, pues el sistema de control de los actos administrativos involucraría un litigio administrativo en dicha dependencia, entre el infractor y la Superintendencia, lo que impide el acceso como parte al público, a otros agentes económicos y luego, de todas maneras, desemboca en un juicio “contencioso administrativo” que no es más que un juicio “ordinario” de única instancia; entre el infractor y dicha Superintendencia.

Es así que no veo del todo accesible dicha vía, con el inconveniente adicional que una Superintendencia tiende a atender problemas coyunturales y de política, más que verdaderos problemas de competencia. Tenemos que considerar que la evaluación de los funcionarios encargados puede ser fuerte y de corto plazo, a modo que se vean tergiversadas sus funciones reales (“The importante of time in antitrust analysis results from the fact that the policy maker is necessarily concerned with short-un dislocaciones in the market. We could presume that all markets will eventually become competitive, but antitrust is concerned with ensuring that this occurs sooner rather than later. The concern is not unique to antitrust … in the long run all of us will be dead. But the fact does not undermine the state´s concern to protect us from murderers or see to it that we are provided with nutrition and health care”.

Caso ejemplificativo

El caso Nestlé/Perrier, por ejemplo, para citar un caso que demuestra el alto grado de complejidad y en su caso, subjetividad a que se sujeta este tipo de legislación, tenemos que para definir el mercado relevante del producto, “agua embotellada”, se discutió que para unos -Perrier- el mercado relevante era “bebidas no alcohólicas” pues todas ellas tenían la misma función: quitar la sed. La Comisión Europea de Competencia, por su parte, argumentó que el mercado relevante debía ser, no sólo porque el cliente buscaba “quitarse la sed” sino “quitarse la sed con un producto sano -no endulzado”, pero eso llevaba a incluir el agua entubada y por tanto, que Coca-Cola era un potencial entrante, ya que Coca-Cola requiere a sus embotelladores iniciar el proceso con agua potable entubada antes de mezclar el jarabe y las burbujas. Para ello, la Comisión agregó a su definición de mercado relevante “producto líquido para quitarse la sed de una fuente natural que proveyera minerales”. Surge entonces la noción que el agua gasificada puede ser parte del mercado relevante o no.

Es por ello que resulta muy complicado dar poderes de decisión a oficinas gubernamentales, ya que el juego de los términos para incluir o excluir un producto o una situación, puede causar mayores distorsiones a la competencia que simplemente permitir la interacción.

Mario E. Archila M.

Timbre en los nombramientos… La pesada tramitología de SAT

Cuando uno no le atina, no lo sabe o no puede hacer mucho, le ven la cara de baboso. Es así que la ignorancia resulta un punto clave para que lo atropellen a uno en sus derechos.

Lo que voy a escribir espero ayude a que tenga los argumentos y armas del conocimiento, que aclaro, es una situación acá que cuya ignorancia no es imputable al ciudadano, aunque nuestro sistema presuma que todos nosotros sabemos las leyes (y de memoria) y por eso las cumplimos.

Vea lo que me escribió un cliente: “Le informo que fui hacer un trámite a la SAT y no pude, le cuento que me
dijeron que el nombramiento del representante legal debe llevar un sello de
50 centavos en la última página y el sello del abogado.”

Por sello, es obviamente un timbre fiscal de Q0.50.

El error de concepto acá no es de la persona que quiso hacer el trámite para dicha sociedad, sino que, por el contrario, el problema de ignorancia es en la agencia SAT respectiva… particularmente, supongo, en el de la ventanilla, pues el Lic. Pedro, jefe de los centros de atención de SAT, con quien he tenido comunicaciones telefónicas, sí sabe que esto no se puede hacer…

La ley (bueno, leyes) lo que dice es lo siguiente:

1. El impuesto del Timbre Fiscal establece como sujeto pasivo a quien otorgue, emita o suscriba un documento. (Artículo 3)

2. El hecho generador específico para requerir Q0.50 es la razón del Registro Mercantil que emite y suscribe el Registrador Mercantil, no el contribuyente. El contribuyente es el usuario. Acá creo que debería SAT comunicarse con el Registro Mercantil y hacerle ver su error de no colocarlo (que si quieren lo cobren al representante, como lo hace el Registro de la Propiedad).

3. El artículo 680 del Código de Comercio indica que “Incumplimiento de leyes fiscales. Los efectos de los contratos y actos mercantiles no se perjudican ni suspenden por el incumplimiento de leyes fiscales, sin que esta disposición libere a los responsables de las sanciones que tales leyes impongan.”

De lo anterior, creo que es un error interpretativo y de aplicación no permitir hacer los trámites respectivos por la falta de dicho timbre de Q0.50, ya que el nombramiento es válido legalmente y no puede rechazarse para hacer un trámite. Es más, quien incumplió la ley no es el cliente, sino que el Registro Mercantil, ya que la ley del Impuesto específico (los Q0.50) tiene como sujeto pasivo a “quien emita, otorgue o suscriba documentos” y en este caso el documento es la razón del registro Mercantil que dice que el nombramiento ya fue inscrito. Es así que claramente el problema no es del cliente, pero se le vuelve.

La ley, sabiamente, en el Código de Comercio, indica que el incumplimiento de leyes fiscales no inhibe su validez. Esto es claramente por estas situaciones, tan insignificantes, como por las otras más graves -en montos- pero que son sujeto de discusiones e interpretaciones, como pudiera ser definir, por ejemplo, si un contrato de compraventa de inmueble está sujeto a pago de IVA o de timbre. La venta de dicho inmueble, sin duda, será válido, aunque se haya pagado el impuesto incorrecto o incorrectamente. La relación tributaria es personal, entre el “sujeto pasivo” (contribuyente definido por la ley) y el “sujeto activo” (el Estado o la Administración Tributaria).

Es así que espero le ayude este tip y se le plante al de la ventanilla, llame al jefe de la oficina y si aún así no lo logra, ponga su queja para que sancionen al empleado de SAT que reboza de ignorancia.

Mario E. Archila M.

La belleza de la ilegalidad

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No puede ser, me dije, que sea cierto que debo responder a tan bellas preguntas antes de llenar mi declaración de impuestos.
Resulta que eso es una violación legal evidente. Vea que no puede sujetarse a requisitos que no están en ley. La Constitución obliga a que la función pública se ejerza conforme a la ley. El pago de impuestos se basa en lo que establece cada una de las leyes y ninguna dice que primero hay que obligar al contribuyente a responder preguntas. Más que todo esas preguntas absurdas.
Es ya terrorismo fiscal. Definamos que la administración tributaria debe ser un ente técnico, profesional y sujeto a la ley. Con estas actitudes, se coloca del lado, si bien nos va, de los talacheros, si no es que de los mareros.
Es imposible de creer que alguien dentro de SAT haya aprobado incluir tremenda tontería y sujetar el poder ingresar al formulario de Declaraguate sin responder antes esas preguntas.
¿Busca SAT darle valor a esas declaraciones? ¿Con base en qué? ¿Cómo pago sin responder a ellas? ¿Qué pretende SAT colocando eso?

Llegamos a un punto en el que vemos que las presiones psicológicas, de atemorizar al contribuyente están siendo utilizadas. En el fondo, los ajustes y los criterios dan pena. Discutimos cosas por desconocimiento y ahora creo que por mala fe…
Espero que nadie tome acciones contra los funcionarios de SAT, sino que den marcha atrás y diseñen los formularios conforme a la Ley y el Derecho.

Mario E. Archila M..

Fuera judíos

Fuera judíos. Así sentenciaron a las orillas del lago de Atitlán los pobladores, con la complicidad del alcalde.
Merece comentario, por supuesto, un acto tan deplorable, abusivo, ofensivo y discriminatorio.
Es comparable en hechos a lo que sucede en Gaza, Siria o Irak y lo que el mundo ha vivido con regímenes racistas como EEUU hasta hace unas décadas, Sudáfrica o la Alemania Nazi.
Usted en su vida particular puede tener las preferencias que guste. Si es para casarse, preferir morenas, rubias, altas o bajas, en lo físico; inteligentes o no tanto, en lo intelectual; católicas, pentecostales, judías, musulmanas o ateas en las cuestiones de fe. Para contratar en su empresa, puede querer una cierta altura o tono de piel; preferir mujeres a hombres o al revés; etc. En su vida privada, aunque pueden ser criterios bien tontos, sus preferencias son SUS preferencias. En ese campo podemos tener alguna discrepancia de su conveniencia o inteligencia, pero nada más.
El siguiente grado es cuando provee ya un servicio al público. Allí ya no es tan “su preferencia” quiénes pueden ser sus clientes. Eso ya es discriminar y probablemente, muchos de los casos, pueden ser llevados a tribunales, penales o de derechos humanos.
El último grado, el caso que vivimos en Atitlán, es cuando se utiliza la fuerza del Estado, en este caso municipal, para imponer un criterio discriminador, por lo que sea -raza, credo, ideología política- que convierte el acto en una remembranza de los peores regímenes totalitarios de la historia.
El actuar del pueblo y la complicidad de su autoridad son actos condenables, por cualquier forma que se vea. El Estado está llamado, entre otros, a garantizar: la vida, la libertad y seguridad. Eso incluye la libertad religiosa, la libre movilidad y la igualdad ante la ley.
Es así que el alcalde se ha convertido de autoridad en criminal y nosotros, acá, cual ciudadano romano, viendo cómo se organiza el coliseo para tirar a los leones a quienes no comulgan con la religión del emperador.
No puede ser. Una república pondría tras las rejas al alcalde y sus compinches.
Basta ya de abusos en este país.

 

Mario E. Archila M.

Multa por no pagar la calcomanía

Se han puesto color esperanza las calles. De la Muni dijeron que impondrían multas de Q500.00 a quienes no hubieren pagado su “calcomanía”.

¿Calificativo a esto? Ridículo.

La “calcomanía” es el impuesto de circulación de vehículos. Si bien, tampoco se paga por circular y no tiene relación alguna con la circulación, así se llama.
El no pagar el impuesto implica, por sí, una multa del 100 % del impuesto omitido -dejado de pagar- más intereses del 1 de agosto al momento en que pague. Dicho eso, no es posible que se pretenda cobrar una multa adicional por “no haber pagado” un impuesto.
Esto es como que el PMT le pidiera su declaración anual de ISR y si no la pagó, le pone multa.
Un impuesto tampoco puede ser una autorización para hacer algo, pues dejaría de ser impuesto y se convertiría en una contribución especial, por la cual, estaríamos obteniendo, por el pago del tributo, un beneficio directo del estado.
En este caso, el impuesto de circulación es un impuesto, que quiere decir que no hay ningún servicio estatal relacionado a su pago, directo ni indirecto.
Es por ello que resulta ridícula la estipulación reglamentaria para pretender sancionar por ello.
Es más, resulta inconstitucional que el reglamento de tránsito contenga sanciones, principalmente en materia de impuestos. Esto viola el artículo 239 de la Constitución.

Pretender que los retenes de PMT sean un mecanismo para cobrar el impuesto de circulación suena más a acción de la Salvatrucha que una acción de un gobierno en un estado de Derecho.

¿Cuándo llegaremos a vivir en un Estado de Derecho?

 

Mario E. Archila M. 

La culpa de la baja recaudación

Leo la noticia que SAT culpa al sector comercial (sector privado) de la baja recaudación. Usted puede leer la noticia acá: http://www.elperiodico.com.gt/es/20140819/economia/553/SAT-culpa-a-sector-comercial-de–la-baja-recaudación-por-no-facturar.htm

No sé si llorar o reír. Y para ello, vamos por partes.

Primer tema a resolver:

¿Baja recaudación respecto a qué? Este punto es vital responder porque no es así no más de poner el adjetivo de “baja” a la recaudación que se está obteniendo. Acá la recaudación está respecto a la meta del presupuesto. El mismo presupuesto que nadie aprobó. Así queda en vigencia el del año anterior. Y con eso, la recaudación esperada se puso por “default”.

Si vamos a los números, el ISR recauda, el empresarial, un 3.1 % del PIB. Esto es el promedio de Latinoamérica. ¿Es entonces el sector “comercial” el problema? Baja la recaudación en este sector definitivamente que no es. Resulta baja la recaudación total, pero no en este sector.

La noticia dice que los empresarios “inflan” sus costos y gastos para reportar una menor utilidad. Eso tiene varios matices. Yo no puedo “inflar” gastos. Puedo incluir gastos que no necesariamente son deducibles o gastos que representan una discrepancia de opinión respecto a su deducibilidad. Si los “inflo”, cometo fraude; si coloco algunos que representan duda, simplemente es eso, duda de criterio y dependerá, finalmente, de una decisión de tribunales. Desgraciadamente, el 10-2012 (nueva ley del ISR), tiene tantos agujeros interpretativos, que las dudas son más que las certezas.

Ahora bien, en la recaudación de ISR en personas individuales, allí sí estamos muy por debajo del promedio. Pero esto no es culpa de nadie más que el que redactó el régimen de ISR de asalariados. Esto, por 2 razones:

1) La tasa de impuesto acá fue reducida de 31 % a 7 %. Esto hizo que muchos empleados que se les pagaba en esquemas “dudosos” o “por fuera”, ahora estén en las planillas de salarios y tributen, causando un gasto deducible en el patrono (28 % de ventaja con 7 % de gasto impositivo). Buen negocios.

2) Eliminaron la planilla del IVA. Esto porque se decía que era ilógico e injusto que los empleados acreditaran IVA al pago de su ISR. Esto causa que los empleados ahora tengan un impuesto final de 19% en sus consumos, por lo que si antes el dicho 12% de IVA en consumos reducía el ISR final, ahora se suma a dicho ISR. El efecto es que se aumenta el incentivo a no pedir factura, por lo que se genera un efecto cascada de evasión:

El empleado prefiere comprar en lugares que no dan factura y ahorrarse un poco en sus consumos. Antes prefería documentar las comprar para obtener un beneficio en un ISR que ya estaba pagando. Esto genera que muchos pequeños empresarios y profesionales independientes compitan por una masa de clientes que no quiere factura. No emitir factura implica el ahorro en el cliente y en el “evasor”. Es así que debemos estar viendo migración de formalidad a informalidad.

3) El 80 % de la Población Económicamente Activa, se estima, es economía informal. Esto en el sentido que por una, varias o todas sus transacciones no da factura, no está inscrito en el Registro Mercantil, no tiene NIT… no quiere saber nada del gobierno. Este alto nivel de personas en la economía informal, se estima, generan un 50% del PIB. Esto explica la gran baja en IVA importación y los gritos desesperados de muchos grandes empresarios locales, pues están perdiendo clientes gracias al contrabando. Otros de estos grandes, por su parte, se están aprovechando de dicho fenómeno, usando a la informalidad en parte de su cadena o volviéndose empresarios del contrabando.

El 10-2012 estaba llamado a aumentar la base de contribuyentes. Esto no sucedió. La eliminación de la planilla del IVA causó un gran incentivo al comercio informal, con una presión desde el cliente final, eliminando la presión a ser formal que el sistema de planilla del IVA y acreditamiento estableció.

Es así que el primer culpable no es el “empresario”, sino una legislación redactada sobre principios incorrecto y con grandes contradicciones y faltas de claridad y certeza. Por su parte, el 4-2012 aumentó los controles, sí, pero únicamente del 20 % de la población. Aumenta el costo de cumplir con la ley.

Esto por tanto, es sumar 1+1. A mayor costo de formalidad y a mayor incentivo a la informalidad, el resultado sólo puede ser el que vemos.

De mi parte, puedo dar fe que los contribuyentes formales ahora son acosados con requerimientos de información, mientras en las narices de todos, proliferan negocios informales, profesionales que no facturan, sectores de sobrevivencia que no quieren saber nada de SAT ni del gobierno y grandes aprovechados de toda esta red de informales que pueden distribuir sus productos y servicios sin tributar.

Mientras, quizás me quede solo como el único abogado de Guatemala que da factura hasta por la legalización de tarjeta de circulación…

 

 

Mario E. Archila M.