La legislación absurda

Hay pedazos de legislación que existen por la necedad inapropiada de algún gestor con poder. 

En el caso de la legislación tributaria hay una permanente excusa, que no es más que ignorancia de cómo funciona la actividad que genera los tributos: la actividad económica. 

La actividad económica es un actividad humana como cualquier otra. Se rige por percepciones, principalmente, percepciones de costo-beneficio. Cualquier cosa que se perciba como “costo”, debe tener, para que se realice por el agente, un beneficio mayor. Si el beneficio no es mayor, no hay razón lógica para realizarlo. Desde la perspectiva moral, además, una actividad creadora debe permitir a su creador, disfrutar, poseer y sentir como propia dicha creación. Entrega cierto orgullo a su creador. 

La tributación, por tanto, debe responder a ambos cálculos. Si se establece la tributación de manera que no hay “beneficio” superior al costo, no hay razón para cumplirla. Si la tributación arranca del creador, ese orgullo por las cosas que está creando, tampoco hay sustento. 

Guatemala es un país en el que no hay mercados con márgen. Es decir, no tenemos un mercado con personas dispuestas a pagar por especialización, calidad o diferenciación.  Somos principalmente un mercado de precios. Lo más barato gana. Para efectos de una política tributaria esta circunstancia es muy importante, ya que encontrar el nivel de “costo” que no destruya los beneficios percibidos tiene un margen mucho más reducido. Igualmente, al ser un mercado de precios, el producto de la creatividad de cada uno tiene márgenes de utilidad tan bajos, que prácticamente hacen ver que la tributación es “trabajar exclusivamente para los gobernantes”. 

Guatemala no es un país para establecer sistemas de tributación de los que se colocan en países ya desarrollados. Guatemala debe buscar los sistemas de tributación que cumplan con ser sencillos, altamente eficientes, económicos y marginalmente de bajo costo. Mientras eso no suceda, la tributación seguirá siendo la barrera más grande que le impide a los más pobres progresar, mientras ven cómo los más ricos, gracias a esa barrera, siguen acaparando cada día más mercados, más productos, mejores oportunidades y mayores márgenes de utilidad. 
Mario E. Archila M. 

El miedo a la libertad

La libertad es la capacidad de decidir. La gente, en general, sin embargo, le tiene miedo a la libertad. Fromm estudió ese fenómeno en un libro que le recomiendo “El miedo a la libertad”. En él trabaja las razones por las que el sistema político de la libertad llega a producir dictadores tan terribles como Hitler quienes eliminan cualquier libertad. Hoy día, en Guatemala, vemos que ese fenómeno surge en las conversaciones cotidianas. Muchas personas con las que he platicado pregunta “¿quién será el ‘gallo’ que nos guíe y nos lleve como país?” Y dicen también “el presidente no puede renunciar porque quién nos va a dirigir”

Esos cuestionamientos encierran la noción de que alguien debe decidir, por mí y por usted. Esa una noción de necesitar quién tome las riendas de nuestro futuro. Del suyo y del mío. Tenemos miedo a la libertad. 

Una “sociedad” no necesita a nadie para que la guíe. Necesita alguien que simplemente administre los recursos para cumplir ciertos servicios públicos, en el sentido propio de un servicio público. 

No es posible que nadie decida por usted, por su vecino y por mi. Con alguien que tenga disponibles los recursos para pagar al policía, al juez y mantenga libres de obstáculos los mecanismos que usted y yo dispongamos para cumplir “libremente” nuestras metas personales, sean comunes o no, pero si colaborando, logramos mucho. 

El miedo a la libertad viene del hecho que la libertad es para decidir. Una decisión nunca se puede tomar en un escenario de certeza plena del futuro. De tal manera que, siempre, decidir es tomar riesgos, aceptar grados de incertidumbre y parece ser, como Fromm estudia en su libro, que el cerebro humano no está del todo diseñado para la incertidumbre y por eso busca la comodidad de delegar la decisión en un tercero y dejarle la responsabilidad del futuro y del fracaso, a alguien más. Eso, aunque implique regalar la libertad y voluntariamente esclavizarse a ese tercero…

No. Dejemos de temerle a la libertad y asumamos las consecuencias de nuestros actos. Se logra un mejor futuro, aunque su cerebro no lo quiera aceptar de entrada. Retomemos, como ciudadanos, el control del “país”, exigiendo a los políticos propuestas en las que no decidan por nosotros, sino que nos garanticen esas condiciones en las que nosotros podemos decidir cómo colaborar con los demás y se garantice que nadie utilizará a otros para fines particulares. 

Es momento de tomar el control. 

Mario E. Archila M. 

Las agendas, las prioridades

En el mundo de las prioridades se demuestra quién es qué o mejor dicho qué es quién. Uno no es lo que dice, sino lo que hace, como definición de prioridades. El que trabaja “por sus ideales” demuestre esos ideales con cada acción. La agenda denota qué es importante para ti. Trabajar, la familia, los hobbies, los ideales, todo se refleja en la escogencia diaria sobre el uso de cada minuto. Algunos dirán que eso es posible para algunos pocos, no para todos, pues las circunstancias son distintas, sin embargo se puede lograr. Claro, algunos la tendrán más fácil que otros, como todo en la vida. 

Sugiero que busque el libro “The 4 Hour Workweek” que explica cómo se puede lograr. Muy buenos tips, aunque el punto de estas líneas va más allá. 

Estamos en un momento bastante complicado en lo político. Es un momento en el que no encontramos la salida a los problemas de corrupción. Muchos quieren tener un puesto público, sin embargo, ninguno de ellos presenta planes reales para implementar en el gobierno. Es más de los mismo. 

También estamos ante un nivel de indignación enorme por esa descarada corrupción. Es allí donde la agenda diaria, los actos de cada uno de los candidatos son importantes. 

Podemos establecer una proyección de qué será lo verdaderamente importante para alguien si conocemos su pasado; las decisiones que tomó anteriormente. 

Investiguemos como verdaderos ciudadanos sus lealtades y fidelidades. Candidatos con infidelidades matrimoniales conocidas, por ejemplo, son indicios de falta de lealtad, de falta de visión de largo plazo. Candidatos con acusaciones de “negocios shucos”, con fama de “mordelones”, con actitudes prepotentes o de “humos subidos”, son indicios de autoritarismo; candidatos con aires de grandeza, mesiánicos, son propensos a megalomanía. 

Busque qué han hecho en el pasado; a qué se dedicaron; de qué viven ahora. 

Hagamos nuestro trabajo de ciudadanos sin dejarnos llevar por los discursos, sino que basemos nuestras decisiones en hechos más concretos. 

Mario E. Archila M. 

La belleza de la ilegalidad

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No puede ser, me dije, que sea cierto que debo responder a tan bellas preguntas antes de llenar mi declaración de impuestos.
Resulta que eso es una violación legal evidente. Vea que no puede sujetarse a requisitos que no están en ley. La Constitución obliga a que la función pública se ejerza conforme a la ley. El pago de impuestos se basa en lo que establece cada una de las leyes y ninguna dice que primero hay que obligar al contribuyente a responder preguntas. Más que todo esas preguntas absurdas.
Es ya terrorismo fiscal. Definamos que la administración tributaria debe ser un ente técnico, profesional y sujeto a la ley. Con estas actitudes, se coloca del lado, si bien nos va, de los talacheros, si no es que de los mareros.
Es imposible de creer que alguien dentro de SAT haya aprobado incluir tremenda tontería y sujetar el poder ingresar al formulario de Declaraguate sin responder antes esas preguntas.
¿Busca SAT darle valor a esas declaraciones? ¿Con base en qué? ¿Cómo pago sin responder a ellas? ¿Qué pretende SAT colocando eso?

Llegamos a un punto en el que vemos que las presiones psicológicas, de atemorizar al contribuyente están siendo utilizadas. En el fondo, los ajustes y los criterios dan pena. Discutimos cosas por desconocimiento y ahora creo que por mala fe…
Espero que nadie tome acciones contra los funcionarios de SAT, sino que den marcha atrás y diseñen los formularios conforme a la Ley y el Derecho.

Mario E. Archila M..

Fuera judíos

Fuera judíos. Así sentenciaron a las orillas del lago de Atitlán los pobladores, con la complicidad del alcalde.
Merece comentario, por supuesto, un acto tan deplorable, abusivo, ofensivo y discriminatorio.
Es comparable en hechos a lo que sucede en Gaza, Siria o Irak y lo que el mundo ha vivido con regímenes racistas como EEUU hasta hace unas décadas, Sudáfrica o la Alemania Nazi.
Usted en su vida particular puede tener las preferencias que guste. Si es para casarse, preferir morenas, rubias, altas o bajas, en lo físico; inteligentes o no tanto, en lo intelectual; católicas, pentecostales, judías, musulmanas o ateas en las cuestiones de fe. Para contratar en su empresa, puede querer una cierta altura o tono de piel; preferir mujeres a hombres o al revés; etc. En su vida privada, aunque pueden ser criterios bien tontos, sus preferencias son SUS preferencias. En ese campo podemos tener alguna discrepancia de su conveniencia o inteligencia, pero nada más.
El siguiente grado es cuando provee ya un servicio al público. Allí ya no es tan “su preferencia” quiénes pueden ser sus clientes. Eso ya es discriminar y probablemente, muchos de los casos, pueden ser llevados a tribunales, penales o de derechos humanos.
El último grado, el caso que vivimos en Atitlán, es cuando se utiliza la fuerza del Estado, en este caso municipal, para imponer un criterio discriminador, por lo que sea -raza, credo, ideología política- que convierte el acto en una remembranza de los peores regímenes totalitarios de la historia.
El actuar del pueblo y la complicidad de su autoridad son actos condenables, por cualquier forma que se vea. El Estado está llamado, entre otros, a garantizar: la vida, la libertad y seguridad. Eso incluye la libertad religiosa, la libre movilidad y la igualdad ante la ley.
Es así que el alcalde se ha convertido de autoridad en criminal y nosotros, acá, cual ciudadano romano, viendo cómo se organiza el coliseo para tirar a los leones a quienes no comulgan con la religión del emperador.
No puede ser. Una república pondría tras las rejas al alcalde y sus compinches.
Basta ya de abusos en este país.

 

Mario E. Archila M.

Multa por no pagar la calcomanía

Se han puesto color esperanza las calles. De la Muni dijeron que impondrían multas de Q500.00 a quienes no hubieren pagado su “calcomanía”.

¿Calificativo a esto? Ridículo.

La “calcomanía” es el impuesto de circulación de vehículos. Si bien, tampoco se paga por circular y no tiene relación alguna con la circulación, así se llama.
El no pagar el impuesto implica, por sí, una multa del 100 % del impuesto omitido -dejado de pagar- más intereses del 1 de agosto al momento en que pague. Dicho eso, no es posible que se pretenda cobrar una multa adicional por “no haber pagado” un impuesto.
Esto es como que el PMT le pidiera su declaración anual de ISR y si no la pagó, le pone multa.
Un impuesto tampoco puede ser una autorización para hacer algo, pues dejaría de ser impuesto y se convertiría en una contribución especial, por la cual, estaríamos obteniendo, por el pago del tributo, un beneficio directo del estado.
En este caso, el impuesto de circulación es un impuesto, que quiere decir que no hay ningún servicio estatal relacionado a su pago, directo ni indirecto.
Es por ello que resulta ridícula la estipulación reglamentaria para pretender sancionar por ello.
Es más, resulta inconstitucional que el reglamento de tránsito contenga sanciones, principalmente en materia de impuestos. Esto viola el artículo 239 de la Constitución.

Pretender que los retenes de PMT sean un mecanismo para cobrar el impuesto de circulación suena más a acción de la Salvatrucha que una acción de un gobierno en un estado de Derecho.

¿Cuándo llegaremos a vivir en un Estado de Derecho?

 

Mario E. Archila M. 

Intereses sobre derechos

En los últimos días he tenido que ver comentarios que provocan que haya que hacer explicaciones doctrinarias y filosóficas.
Muchos creen que los intereses “sociales” deben prevalecer y por tanto el individuo debe ceder a dichos intereses.
Esa sentencia es un contrasentido lógico y una ignorancia de la razón de ser del Estado de Derecho.
Nuestra constitución establece que el interés social prevalece sobre el interés particular. Es evidente, pues las leyes deben ser “generales, abstractas e impersonales”. Si violamos el principio de la prevalencia del interés social sobre el particular, caeremos en legislar privilegios. Esto es así pues los privilegios no son más que intereses particulares que se hicieron prevalecer sobre intereses generales.
En mi Facebook se enojaron muchos porque puse una comparación entre una frase de Hitler y una de Hillary Clinton que sentenciaban, ambas, que el individuo estaba o debía estar supeditado a los intereses sociales. Decían que la comparación era tinta. Realmente no lo es. Lo que hay es diferencias de grado, no de sustancia. Un gobierno totalitario como el Nazi lo que hizo fue hacer prevalecer lo que vendieron como “interés social”: exterminar a los judíos. En el otro lado, una socialdemócrata o cualquier otro tipo de socialismo, hará prevalecer dicho interés social en lo que considere, disminuyendo al individuo.

Es así que, por ejemplo, rescatar bancos o subsidiar compra de bienes, aunque sean más nobles principios que exterminar judíos, ponen un interés social sobre todos los individuos. Es de grado.
Un gobierno republicano, con verdadera separación de poderes y respeto a los derechos de TODOS los ciudadanos, no utilizará el poder público para quitarle el producto del trabajo honrado a unos para que otros puedan gozar del subsidio. Aunque los “otros” sean la mayoría ficticia que llamemos “sociedad” y representen el “interés social” simplemente porque el producto de ese trabajo honrado es un Derecho, tal como la vida y su garantía era un derecho de los judíos.

Es, por tanto, importante ver que la legislación de privilegios es, SIEMPRE, una legislación que se disfraza de “interés social” para hacer prevalecer “intereses de grupos particulares” y SIEMPRE, violatoria de Derechos.

Es así que el interés general significa ausencia de privilegios y por tanto, prevalencia de DERECHOS. Derechos e intereses no son equivalentes. Es así que los intereses, sociales o particulares, en ningún momento pueden prevalecer sobre derechos, de uno, unos, muchos o todos.

Mario E. Archila M.

Transporte público y carga tributaria

Los famosos buses y sus problemas. Tres sistemas de transporte público funcionan ya en la ciudad:
1. Rojos;
2. Transmetro;
3. Transurbano.
Este hecho evidencia que el problema viene desde la raíz. El Transmetro es un ejercicio que busca paliar el problema y presentar una solución viable. Sin embargo ya está muy deteriorado. ¿Razón? Se subsidia su funcionamiento.
Los rojos son los tradicionales del problema. Mal servicio, malas rutas, mala administración; MUCHO subsidio al funcionamiento.
Vea que en Guatemala todo servicio debe ser facturado. ¿Dan factura los buses? ¿Algún comprobante? Esto me indica que claro que el servicio no es el negocio. El servicio es, por diseño, una pérdida garantizada. El subsidio es el negocio.
El Transurbano, bueno, creo que no pasó de ser un esquema de robo y saqueo a las arcas del estado.

En todo el mundo civilizado, el transporte público está integrado. Casi nunca los pilotos tienen a su cargo dinero. Las rutas cortas internas empalman en puntos y horarios con rutas largas. Los buses, por ejemplo, paran casa 100-200 metros y entroncan a no más de 100 metros con las “paradas” de tranvía, metro o tren. Las rutas largas toman ejes clave de las ciudades y las cortas completan una verdadera red. Esas rutas largas están coordinadas entre ciudades, por aquello que viva en una ciudad a las afueras y trabaje en la otra.
En el sistema, está coordinado todo. Principalmente el cobro. Es así que dentro de metros, tranvías y buses puede uno ir sin efectivo. Mecanismos hay varios.
En las estaciones de las afueras de la ciudad hay grandes estacionamientos para que los visitantes que llegan en vehículo propio dejen su auto y suban al transporte público.
¿Subsidios? Sí. Al usuario. Tanto en Austria, Alemania y Holanda, que son los que conozco, el subsidio se otorga a la persona. Al usuario. Estudiantes de primaria, secundaria, universitarios y personas con características especiales: tercera edad, con seguro de desempleo, etc. Todos en lo personal lo reciben.
Al estudiar fuera, yo tenía un carné que me identificaba como estudiante universitario calificado al programa de subsidio de transporte. No era total, sino que cubría las zonas necesarias para ir de mi casa a la universidad, con una reducción de la tarifa mensual. En otros viajes, gozaba de un descuento.

En Holanda, cada ciudad maneja su red de transporte de manera separada, pero el descuento se hace efectivo en el pago, que era centralizado. Todos usan el mismo sistema de pago.

¿A dónde voy con este tema? Resulta que el subsidio sale de sus impuestos, pero no está ayudando a quien debe. Enriquece al empresario del transporte, no mejora, no aliviana tráfico y crea un sistema a merced de políticos.

El transporte público no se arregla por quien lo preste; eso es lo de menos, sino por quien lo pague. Hoy día, el que lo paga no tiene la menor injerencia en el mismo.
Lo mismo sucede con el resto del presupuesto. Pagamos algunos por el uso que le dan unos pocos a favor de beneficios políticos.
Tal como pudiéramos decir que el precio del pasaje es lo que se paga, más el subsidio, más el desperdicio en el camino, más el costo social de tener buses atascados de personas, accidentes, buses a media calle, buses descompuestos, citas perdidas, horas en tráfico de los pasajeros en condiciones de sardinas, etc.

En tributos, sucede igual. La carga de aproximadamente 12% es pagada por una pequeña porción de la población. Con lo que la carga per capita va de 0 en unos casos a “recibo millones” del erario en el otro extremo, sufriendo el desembolso de ese 12% solo unos pocos.

Mario E. Archila M.

Mario E. Archila M.

Las lecciones del porno: muestra de intervencionismo

A veces hacer un punto requiere un ejemplo extremo. Ahora la realidad me lo provee. Resulta ser que en California se pretende obligar que la industria porno, sí, leyó bien, porno, obligue al uso del preservativo. Vea la noticia acá: http://www.aidshealth.org/archives/news/california-to-create-new-condoms

La excusa presentada por los promotores es que “Es la primera vez que el público ha escuchado de los planes de Cal/OSHA de proponer y presentar lo que AHF ve son altamente necesarios cambios a la ley californiana de Patógenos Sanguíneos, para proteger de mejor manera a los trabajadores y actores en la industria de filmes para adultos” (“This is the first time the public has heard of Cal/OSHA’s plans to draft and introduce what AHF sees are much-needed safety amendments to California’s Bloodborne Pathogens Statute in order to better protect workers and performers in the adult film industry”).

Vamos al fondo del asunto: ES PORNO. El VIH es una enfermedad de transmisión sexual y por contacto de fluidos. El porno es eso. La conducta. ¿Hay porno con condón? Seguramente. Todos sabemos que el porno no es una realidad. El problema radica en el porno mismo. Por supuesto que es un problema… a varios niveles. Un problema que no justifica interferencias, eso sí.

Un actor o actriz porno sabe que tener sexo por horas con muchos y por orificios que no necesariamente fueron pensados para lo que el guión exige, elevará las posibilidades de contagio. Es, obviamente, una conducta de riesgo.

El hecho de obligar que usen condón no aliviará el problema… Se hará Porno en Estados o países que no lo exigen. Se “talento porno” no requiere de visas particulares o licencias. Perfectamente puede ser una industria clandestina. Allí el riesgo será mucho peor.

El consumo del producto es lo que empuja a las productoras a presentar las escenas que filman. El uso del preservativo no es la cura del SIDA. La conducta sexual sana, sí. Por lo que el fondo no es el condón en el porno, sino el porno mismo. De allí, a prohibirlo, es otra cosa.

Como sociedad debemos entender que la responsabilidad es parte esencial de la libertad y por ello, que alguien quiera hacer de su vida una zona de riesgo, muy su problema. Si una actriz o actor desea disminuir su propio riesgo, pues trabajará únicamente en producciones que utilicen, permiten o admitan el uso del condón. Si eso no vende, no le quedará más que dedicarse a otra profesión menos riesgosa.

Pretender, sin embargo, que somos “libres de consumir porno” pero no sabemos que podemos contagiarnos y por eso “hay que cuidar a los actores y al público” es decirnos irresponsables, por ley.

Estos son los problemas de quienes creen que la ley debe “educar” y “moralizar”. La responsabilidad de los actos implica que la consecuencia lógica de una conducta debe ser asumida por quien realizó dicha conducta.

De tal manera que la ley no puede llegar a eliminar la responsabilidad. Si eso sucede, deja de ser libertad.

Mario E. Archila M.