Ayer 6 de enero de 2015 tuve el gusto de ser invitado a Canal Antigua para hablar de la Superintendencia de Administración Tributaria y su fallo de llegar a la meta de recaudación. Decía en la entrevista que el problema es que requerimos un cambio de paradigma en cuanto a todo el tema fiscal.
Hoy, además, me levanto con la noticia que el Ministerio de Finanzas Públicas le adeuda a SAT parte de su 2 % de comisión sobre lo recaudado y que eso debilita a SAT. Vea la noticia acá. La noticia, sin embargo, no es necesariamente una sorpresa. Confirma algunas sospechas que tengo sobre el manejo de los asuntos tributarios que este gobierno quiere hacer desde que tomó posesión. Entre ellos, convertir a SAT en un ente represor y mecanismo para presionar a enemigos o estorbos para algunos fines… como la propia competencia comercial que pueda existir.
Veamos algunas acciones que indican que vamos por mal camino. Primero, de política tributaria:
1. Los decretos 4-2012 y 10-2012 en cuanto a las facultades legales dadas a SAT. Se deja de estar en un campo de «derecho tributario» para legalizar un «terrorismo fiscal». El paradigma tras las reformas en estos decretos es que el contribuyente es un ladrón. Se dan facultades para que SAT «muerda y presione» más duro -eufemismo para menos legal- al contribuyente que ya paga.
2. No hay ningún esfuerzo por incorporar nuevos contribuyentes en esas reformas.
3. El 10-2012 elimina la planilla del IVA y reduce la tasa impositiva de las personas individuales a niveles bajísimos. El ISR corporativo sube por subida de tasas y restricción de gasto, no por facilitación y el de personas crea un incentivo negativo a la tributación, pues evita que los contribuyentes individuales sean fiscalizadores de otros contribuyentes. La planilla del IVA lograba ese efecto. Se logra ver así una baja en la recaudación del IVA y en la facturación en general.
4. Crea, el 10-2012, una ley de aduanas inoperante, abusiva, discrecional e infuncional. Tanto que tuvo que ser reformada en su totalidad por otra no menos abusiva y discrecional. ¿Qué efectos tiene esto? Facilita el contrabando «por aduana». Efecto que el cruce de información de importaciones Banguat y SAT deja ver claramente.
5. Crece el mercado informal o bien se consolida. Al no existir la presión de contribuyentes requiriendo facturas, se fomenta el mercado informal, lo cual, a su vez, facilita la comercialización de bienes contrabandeados.
6. Creación de procedimientos antojadizos en ventanillas de la propia SAT que hacen altamente oneroso trasladarse a la formalidad.
7. Creación de un Impuesto Sobre la Renta que requiere convenios internacionales para funcionar, así como altos costos de asesoramiento profesional para intentar cumplir correctamente con él. Eleva el costo de cumplimiento y eso, obviamente, evita la incorporación de nuevos contribuyentes. Le permite a los grandes contribuyentes, quienes pagan más del 80% de la tributación y son unos 3000 contribuyentes, ser los únicos con capacidades económicas de funcionar legalmente en el país.
8. Se incorporaron reformas que desnaturalizan la función del Directorio de SAT. Deja de ser un ente técnico para convertirse en un instrumento de recaudación. Ya estamos empezando a ver el inicio de la remoción de directores y lo que puede ser un peligro: la elección de nuevos con las mismas agendas de los otros funcionarios que hemos visto se han elegido bajo este gobierno.
Es así que no es un «fortalecimiento de SAT» lo que se necesita, sino un cambio de paradigma que implique:
1. Simplificación del sistema.
2. Abaratamiento de los costos de cumplimiento. Menos trámites, menos requisitos, menos desconfianza hacia el contribuyente.
3. Hacer gasto público únicamente en 2 ó 3 funciones indispensables; hacer el gasto transparente y eliminar la percepción de corrupción.
4. Dejar de pretender contratar a compañías extranjeras. Nuestra SAT es la administración tributaria más cara de Latinoamérica, o por lo menos de las más caras. Encarecer el funcionamiento no puede ser la solución.
5. Otorgarle verdadera independencia a SAT y dotarle de un cuerpo rector técnico o bien obligarle a seguir criterios judiciales que eviten discutir por siempre lo mismo.
6. Dejar de pretender tener leyes tributarias de países con economías desarrolladas y amplias y pudientes clases medias, para voltear a ver modelos fiscales-tributarios de países que estuvieron quebrados y lograron fomentar crecimiento de sus clases medias y eficiencias en sus recaudaciones.
Sin eso, no veo bien el 2015 para los contribuyentes…
Mario E. Archila M.
Impuestos y Moral 
Sin duda el desgaste a la SAT fue evidente desde el inicio de este gobierno del Partido mal llamado Patriota.
Comparto la opinión en cuanto a obligar a la SAT, como ente recaudador, a seguir aquellos criterios en los cuales ha sido vencida en los Órganos Jurisdiccionales competentes, pues sigue empeñada en formular ajustes o implementar procedimientos que violan en primer termino la Constitución Política de la República y no digamos otras leyes de índole tributario que, se supone, deberían conocer bien.
El único fortalecimiento que la AT necesita es Independencia política, técnica y un marco regulatorio simple.
Como siempre muy atinado en su blog Lic. Archila.
Dos comentarios,
El punto 8 no es del todo cierto, la tasa de actividades lucrativas bajó, las propiedades ahora se trasladan por el 3% de timbres no el 12% del iva, no «todo» subió.
El punto 7 aplica para empresas con intereses «overseas», i.e. sociedades que pueden costearse este tipo de Estudios de Precios de Transferencias, ahi hay capacidad de pago, además yo veo bien, que se transparente la información financiera de conglomerados internacionales, ya si tengo mi offshorsita en panama para otras cosas, si no me gustaria estas nuevas normas de Precios de Transferencia.
Con lo de aduanas y procedimientos antojadizos de acuerdo.
Saludos
Las transferencias de inmuebles en la segunda venta bajó. La ganancia de capital en traslado de inmuebles, subió…
Los precios de transferencia no tienen sentido real. Ganan las firmas que los hacen y nada más…
Y otro tema: hablo del costo de cumplimiento en el punto 8, no del costo impositivo per se. El costo transaccional y de cumplir al gobierno con los requisitos subió, lo que es, al final, un impuesto oculto.