Mejor me río. Van a fiscalizar Moteles y restaurantes… ¿De verdad?

140-M JARDIN

En esta noticia: http://www.prensalibre.com/economia/SAT-fiscalizara-autohoteles-todo-pais_0_1301869939.html dicen que buscan que “…lo que se busca es que las personas que hacen uso de estos negocios (autohoteles y hospedajes) exijan su factura y que los propietarios de estos emitan el documento a los clientes”

La cosa es hay que preguntarse “¿Para qué jodidos sirve una factura de uno de estos lugares?” si al momento de irla a declarar para el IVA resultan que no “hay derecho al crédito porque no es para el negocio”. Evidentemente, la otra pregunta es “¿Por qué va a querer alguien tener un comprobante de pago de un negocio de estos?” pero eso es harina de otro costal.

Luego dicen que “…la fiscalización también incluye bares, ventas de licor, zapaterías, librerías, gasolineras, y restaurantes…” y se agrega que “se verificará que los negocios, como restaurantes, incluyan en la factura el pago de la propina por el servicio, pues actualmente se aplican prácticas que no son las adecuadas”, a lo que  hay que hacer un par de acotaciones.

Primero: “propina” en el sentido estricto es una gratuidad que el comensal da al mesero por el esfuerzo en su buena atención.

Segundo: al ser gratuidad, no está sujeta a IVA, por tanto, no requiere factura.

Tercero: sí puede estar sujeta a impuesto sobre la renta o al impuesto de herencias. El IVA aplica a donaciones de bienes muebles, con lo que tendríamos que resolver la discusión si el dinero es un bien mueble o es un medio de pago y cambio…

Cuarto: la propina debe ir en la factura únicamente cuando la misma es un “cargo” al precio del servicio en el restaurante y es obligatoria. No es facturable cuando es “gratuidad al mesero”, pues es una relación entre el mesero y el comensal. Relación, que como se explica en su término, no es “onerosa” sino por “buena onda” del comensal.

Es así que estamos jodidos cuando las leyes permiten TANTA interpretación y se manejan sin tener en cuenta las relaciones jurídicas que verdaderamente existen.

Recordemos que el hecho generador de la obligación tributaria debe ser “expreso”, claro y exacto. No podemos crear hechos generadores por analogía, con lo cual, en muchos casos, el criterio de SAT será el erróneo.

En cuanto a los moteles… la fiscalización de los moteles es más fácil haciendo una visita de campo y contando sábanas en la lavandería. La factura pudo haber sido emitida y quedarse “abandonada” en el cenicero del recinto, principalmente si los tórtolos no eran aquellos que tenían el permiso “legal” y “eclesiástico” para verse furtivamente en dichos centros… así que ponerse a parar carros a la salida y grabarles en vídeo la declaración de si recibió o no su factura, realmente no ayuda en mucho…

En concreto, a los que salen a un par de canitas al aire en estos días, los puede, literalmente, enchufar…

Mario E. Archila M.

¿Hoyo fiscal?

Tristemente estamos en un país en las que los funcionarios se lavan las manos de sus propios errores y lo tratan de trasladar al ciudadano.

Así el caso de las declaraciones sobre el “hoyo fiscal” que habrá “ahora”, gracias a las acciones de inconstitucionalidad planteadas contra la reforma tributaria. 900 y pico de millones de “faltante”.

Veamos primero que el año pasado se aprobó un presupuesto que tenía un plan de gastos Q66 millones 985 mil, aprobado por el Legislativo el pasado 23 de octubre de urgencia nacional con el voto de 105 de 158 diputados. Eso era, ya, Q7 mil 430 millones más que el presupuesto 2012. Sin embargo, contempló ingresos tributarios por Q50 mil 375 millones. El resto vendría financiado por deuda.

Desde el año pasado se le hizo ver al gobierno, por distintos medios, columnas de opinión, entrevistas a profesionales de la tributación, conferencias, reuniones y mesas técnicas, que la tan mentada “Reforma Tributaria” estaba tan mal estructurada, que causaría que mucha gente migrara de la formalidad a la informalidad y los ataques directos a incentivos de la clase media para pagar tributos haría que la recaudación en general descendiera. Predicción cumplida.

Los 900 y tantos millones no son causa de las acciones de inconstitucionalidad, sino del descalabro en el manejo de las finanzas y la legislación tributaria atropellante que se aprobó, precipitadamente, en febrero y marzo del año pasado.

1. Se suspende la simulación fiscal: esto repercute en las facultades fiscalizadoras “penales”, porque la simulación con carácter civil siempre ha estado disponible para SAT. Otra cosa es que no la sepan usar.

2. Se suspende la solvencia fiscal: que no es más que un certificado de estar al día. Claro, las declaraciones de ciertos funcionarios de SAT deja ver que la intención es coaccionar al contribuyente para que pague lo que no debe, pero no afecta las determinaciones tributarias legales de los contribuyentes.

3. Cierre preventivo de establecimiento: esta medida no aumenta la recaudación. Cerrar un establecimiento baja la recaudación. La idea es que se cierre preventivamente a los informales. Ellos, de por sí, ya no tributan. El cierre sancionatorio, sigue vigente.

4. Suspende la Corte dos artículos, 5 ISR y 16 “A” IVA, que son facultades para fiscalizar, no para cobrar.

5. Ganancia de Capital por revaluación de activos: acá el caso es que resultaba especulativo y el verdadero efecto de colocar el impuesto es que nadie revalúa y por miedo a lavado de dinero, nadie vende. ¿Qué se logra? No hay sector inmobiliario activo.

Se ve pues que no es cierto que las impugnaciones bajaron la recaudación. Las leyes nuevas bajaron la recaudación al colocar incentivos negativos para el contribuyente formal.

Mario E. Archila M.

Suspensiones de artículos

Hemos conocido que la Corte de Constitucionalidad ha declarado algunas suspensiones de artículos.
La última ha sido la revaluación de bienes inmuebles por el contribuyente.
Adicionalmente tenemos suspendido ya el artículo de la simulación fiscal, la afectación de las pensiones a la renta, el cierre “preventivo”, parte de las comparaciones de precios en el IVA y el término “valor mercado” en el ISR.

Faltan muchos más, sin embargo esto tenemos.

Les iré contando.

Mario Estuardo Archila M.

Inconstitucionalidades…. ¿Cómo vamos?

Se me pregunta mucho cómo van las acciones de inconstitucionalidad. Pues ya vieron que se han ampliado algunas suspensiones provisionales.

Las malas lenguas dicen que los magistrados están debatiendo “grueso” el tema. El punto es que habrá siempre unos a favor y otros en contra y otros en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra.

Fuera el chisme, considero que las acciones de inconstitucionalidad planteadas por las cámaras empresariales están fundamentadas en temas jurídicos y no en un afán de “no pagar”. Particularmente en las que participé directamente, se tuvo el cuidado de hacer un análisis respecto a cosas que afectaban el progreso de todos, como el sector construcción que ha tenido una sensible baja; o temas como la baja en las ventas de los pequeños contribuyentes y facultades altamente discrecionales de SAT.

Está, actualmente, suspendido, además de las suspensiones anteriores, el artículo que permitía a SAT cerrar “administrativamente” establecimientos, tanto inscritos como “fantasmas”. El detalle está que la herramienta se concibió para cerrar a los “fantasmas” no a los que sí son contribuyentes inscritos, pues en este cierre “preventivo” no hay recursos ni intervención de juez para declarar “culpable” a alguien. Ni el Ministerio Público tiene esa facultad.

Considero que los señores Magistrados están conociendo el fondo de los recursos y no se dejan impresionar por números que no tienen sentido alguno. La recaudación empezó a bajar desde la promulgación de los decretos. El sector construcción está totalmente deprimido y no se ha suspendido provisionalmente la norma. Las noticias reportaron que la facturación se cayó y SAT envió 500 nuevos auditores para monitorear facturación. Es decir, los contribuyentes dejaron de emitirlas, pero ningún artículo suspendido hasta hoy tiene que ver con ese problema, pues la norma es más dura ahora que antes de la reforma.

La recaudación muestra bajas, pero las suspensiones son en “facultades de fiscalizar”, que se utilizan por SAT al revisar contribuyentes no en la recaudación; en cierres preventivos, pero tienen la posibilidad de cobrar por procedimientos de determinación de obligaciones. Es así que la baja en la recaudación no es por “los recursos” sino porque la población cambió su comportamiento.

Espero que se resuelvan rápidamente y con lugar aquellas normas que están causando que los contribuyentes dejen sus actividades económicas o bien dejen la formalidad en ellas para no ser sancionados o no gastar por arriba de su rentabilidad sólo para cubrir impuestos.

 

Les contaré más.

 

Mario E. Archila M. 

Cierre preventivo

Hemos visto aberraciones que se han dejado pasar. Ahora esto es inverosímil. ¿En qué cabeza cabe que se puede cerrar preventivamente un establecimiento empresa o negocio en el cual se constate la realización de actividades comerciales, financieras, profesionales u otras actividades gravadas, sin haberse registrado como contribuyente o responsable ante la Administración Tributaria, o encontrándose inscrito no posea las facturas u otros documentos que las leyes impositivas establezcan como obligatorios, para emitir y entregar a los adquirientes de bienes o servicios?

No emitir factura es una infracción con sanción de cierre. Ahora acá se hace de manera preventiva con una simple “visita de auditoría”. El cierre se puede hacer hasta por 15 días y resulta, que si el contribuyente está inscrito (es decir que preventivamente le cerraron por “sospecha” que no tenía facturas) una vez vencido el plazo o probado que sí las tenía, le podrían seguir el procedimiento de cierre y cerrarlo “sancionatoriamente” por hasta 10 días.

¿Ridículo, no?

Mario E. Archila

Convenios de pago y multas

Se modificó el artículo 40 del Código Tributario a modo que los convenios de pago ahora son por 18 meses, permiten la rebaja de intereses y sanción por mora y también pueden ser formalizados para impuestos retenidos o percibidos, aunque sin rebajas.

Acá el comentario es un poco más una advertencia, pues haber dejado de pagar impuestos “retenidos” (que le toca quitarle a un pago que le hace a un proveedor) o “percibidos” (cuando usted los cobra por cuenta de SAT) es un delito. Solicitar un convenio de pago en este sentido podría ser una confesión de haber cometido el delito.

En cuanto a las multas y sanciones, muchas fueron rebajadas. Algunas otras fueron modificadas y ampliadas.

En este espacio vale la pena mencionar la nueva sanción por la no presentación ante la Administración Tributaria de los informes establecidos en las leyes tributarias. La multa va de Q5,000 a 1% de los ingresos brutos del último mes en que el contribuyente declaró ingresos. Estos informes son los que se mencionan en los artículos de información a presentar a SAT.

De la mano con el cambio al régimen del Impuesto Sobre la Renta, que obliga a retener en cualquier compra cuando uno es un contribuyente obligado a llevar contabilidad conforme la ley, está la multa de Q1,000 por cada constancia de retención que se entregue “tarde”. ¿Qué es tarde? La constancia de retención debe ser emitida al momento de acreditamiento o pago, que será en el momento de recibir la factura, pues la ley del IVA establece que la factura se entrega al recibir los bienes (que implica registrar la cuenta por pagar, es decir, se le acredita en cuenta el monto al proveedor) y en prestación de servicios la factura se entrega al momento que se recibe el pago.

Todas las sanciones del artículo 94 podrán ser reducidas en 85% cuando el contribuyente infractor se presente voluntariamente a aceptar la comisión de la sanción y pague inmediatamente.

Importante cambio resultó en las infracciones sancionadas con el cierre temporal del establecimiento o empresa. Ahora se comete la infracción (los primeros 3 ya existían):

  1. No emitir o no entregar facturas, notas de débito, notas de crédito o documentos exigidos por las leyes tributarias específicas, en la forma y plazo establecidos en las mismas.
  2. Emitir facturas, notas de débito, notas de crédito u otros documentos exigidos por las leyes tributarias específicas, que no estén previamente autorizados por la Administración Tributaria.
  3. Utilizar máquinas registradoras, cajas registradoras u otros sistemas no autorizados por la Administración Tributaria, para emitir facturas u otros documentos.
  4. No haber autorizado los libros contables u otros registros obligatorios establecidos en el Código de Comercio y las leyes tributarias específicas.

Ese numeral 4 implica que en una sociedad, no tener los libros de actas de consejo de administración o junta directiva, de Asamblea de accionistas o junta de socios y de registro de accionistas, hará posible a SAT cerrar el establecimiento.

La buena noticia es que se incluyó en la reforma el siguiente párrafo:

“A solicitud del sancionado, el juez podrá reemplazar la sanción de cierre temporal por una multa equivalente hasta el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos obtenidos en el establecimiento sancionado durante el último período mensual. Dicha multa no podrá ser menor a diez mil Quetzales (Q.10,000.00)”. Anteriormente este “beneficio” existía únicamente para “servicios públicos esenciales” y era el 10% de los ingresos del contribuyente, no del establecimiento. Con ello, existe una gran ventaja, ya que un contribuyente con muchos establecimientos podrá beneficiarse de esto, protegiendo su imagen y pagando únicamente por el establecimiento sancionado.

Reformas al ISR contenidas en el 4-2012

Aunque no entran en vigencia las que modifican “situaciones jurídicas constituidas”, sí hay algunas que son importantes tener presente.

La primera se refiere a los exportadores. Es una combinación de normas del ISR e IVA modificadas en este decreto -4-2012- que causa varias controversias.

Es el primer artículo que reforma el ISR en este decreto y entre lo que llama la atención dice: “… cuando emitan facturas especiales por cuenta del vendedor de bienes o el prestador de servicios de acuerdo con la Ley del Impuesto al Valor Agregado y deberán retener con carácter de pago definitivo el Impuesto Sobre la Renta, con una tarifa del cinco por ciento (5%) si se trata de compra de bienes, y seis por ciento (6%) por la adquisición de servicios, calculado sobre la renta presunta del importe facturado, menos el Impuesto al Valor Agregado retenido”

La retención del IVA no aplica, pues acá no pagan el IVA sino que lo calculan como crédito y débito, pero el efecto es calcular el ISR como pago definitivo sobre la renta presunta con la tarifa que allí dice. Ahora bien, 2 problemas en el cálculo:

1. ¿Cuál es la base imponible? Base imponible en lenguaje de impuesto es la cantidad a la que le aplico el porcentaje. Acá dice “renta presunta”, pero no hay ningún artículo en la ley que explique cuál es la renta presunta. De tal manera que no “hay base”. ¿En qué importa esto? En que no tenemos forma de aplicar el porcentaje a nada. Creo que lo debieron decir en este artículo es cuál era la renta presunta, como estaba hasta el 25 de febrero y luego remitir a la tarifa del artículo 44 ó 72, según quisiera el Congreso. Grave error. Conclusión “constitucional”: NO SE PUEDE CALCULAR EL IMPUESTO Y POR TANTO NO SE PUEDE PAGAR.

2. Los líos que le causa al “proveedor no autorizado”:

    • ISR como pago definitivo -es decir, sin posibilidad de calcular su verdadera utilidad-
    • IVA: no se paga el IVA al productor. Se retiene la totalidad.
    • No hay exención para el productor en cuanto a no emitir factura. Sancionable por ello.

En este caso, el productor pagará sobre “renta presunta” aunque sea un productor real, legal, correcto y honrado. Esto quiere decir que la ley obliga a que se pague en la facturación sin importar cuál es la utilidad real del productor. El principio básico del Derecho Tributario es que deben establecerse impuestos únicamente sobre la capacidad de pago de un ciudadano. Una renta “presunta” no revela, no muestra, la capacidad de contribuir de ese productor. Además, sigue teniendo “ventas” y no hay regulación para efectos de considerarla renta exenta en su régimen normal. Podría tener que pagar 2 veces. En el IVA, el problema está en que el productor está obligado a dar factura en la venta, pero ahora, el comprador no la quiere, es más, debe emitir esa factura especial (factura especial: factura que emite el comprador), pero no existe ninguna norma que regule las obligaciones del lado del vendedor, con lo que podría hasta caer en la infracción sancionada con cierre de establecimiento.

La norma está tan mal hecha, que no puedo creer que le hayan hecho la “upa” en todos lados…

Mario E. Archila M.