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Constitución como Garantía

Protegido por ese formalismo y alejado más de la cuenta de la realidad social, el jurista ha vivido durante muchos decenios cobijado dentro de una aséptica coraza profesional. Para él no había leyes justas o injustas. Sólo había “leyes” procedentes de un poder legislativo capaz de promulgarlas, sin entrar siquiera a considerar si tal poder era el derivado de una Constitución democráticamente aprobada o coincidía sin más con la voluntad soberana de tal o cual dictador. El positivismo jurídico desembocó así en la pérdida de conciencia ética y crítica por parte de muchos juristas. Recientemente se ha denunciado este fenómeno y se ha demandado la recuperación por parte de los juristas de una conciencia política no desgajada de su trabajo profesional. Las valoraciones éticas y la postura crítica respecto al Derecho vigente son enfoques que el jurista no debe situar en un plano lejano y metajurídico, aunque en su mano no esté siempre, como es obvio, la posibilidad de derogar o simplemente de arrinconar en el olvido las normas formalmente vigentes.

TOMÁS Y VALIENTE, F., “Manual de Historia del Derecho Español”, Editorial Tecnos, Madrid, 1979, p. 629.

Aunque densa la cita, simplemente implica que la ley no es ley porque cumplió un proceso formal legislativo. No todo lo que se “promulga” tiene la calidad moral de ser obligatoria. Tenemos leyes que favorecen matar a una persona, raza o religión, perfectamente bien promulgadas, pero no por ello “justas” en el sentido de moralidad que la hace obligatoria.
De allí deriva el papel primordial y único que una Constitución debe cumplir: proteger al individuo de quien ostenta el poder del Gobierno.
La Constitución es la garantía que los derechos inherentes no serán violentados por ningún órgano gubernamental, ya sea el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial o cualquier otro en que se haya constituido realmente. La “inherencia” de dichos derechos es lo que permite calificar una ley de “justa” o “injusta”, o en otras palabras, de moralmente obligatoria o no.
Es así que la esfera de derechos individuales debe ser protegida de manera absoluta, como la tradición constitucionalista pura lo concibe. Ya comentamos que la primera constitución moderna nace de la Revolución Americana y ese documento que gritó independencia: la búsqueda de la felicidad de cada cual. En esa frase se condensan los derechos individuales inherentes.
En el siglo XX pasado, la inherencia de dichos derechos cedió ante un concepto desviado y quizás absurdo de “democracia”. Esta palabra perdió su sentido real, para convertirse en una regla de toma de decisiones sobre la premisa de una “mayoría soberana”. Sin embargo, el argumento de la decisión mayoritaria no puede ser suficiente para invadir la esfera de derechos individuales y menos los inherentes. Si se permitiera dicho discurso caeríamos de nuevo en regímenes tan mayoritarios y “democráticos” como el Nazi en Alemania, que es precisamente lo que muchos gobiernos -si no es que todos- buscan lograr. Algunos con mejores intenciones que otros, bajo una regla de mayoría pretenden despojar al individuo de sus esferas más privadas, para convertirse en un parámetro moral “por mayoría”. Nada más peligroso.
Esto puede parecer absurdo y extremo, pero debemos recordar que las “leyes” Nazis fueron aprobadas por un parlamento democráticamente electo, dirigidas contra las minorías étnicas y religiosas, un hecho histórico que hoy se considera como abominable. La evidencia de las posibilidades de abuso de la regla de la mayoría son abrumadoras y aún así, en el mundo jurídico -político, profesional y académico- se sigue escuchando que ‘dura lex est lex‘ sin entrar a considerar si el contenido de dichas “leyes” es o no Derecho. Derecho será únicamente aquella regla parlamentariamente proclamada que cumple con los presupuestos morales para ser obligatoria.
Bajo el argumento que la representación parlamentaria es suficiente para dictar, emitir y dar validez a cualquier “ley” se pueden cometer, como de hecho se han cometido y siguen cometiéndose, grandes injusticias y crímenes. El abuso de poder no es un fenómeno del absolutismo francés del Rey Sol, sino que de cualquier absolutismo, si no, vale recordar los crímenes cometidos por la propia Asamblea Revolucionaria en el nombre de la libertad.
El poder sin límites es altamente peligroso, tanto que la historia de la humanidad es una lucha constante por limitar dicho poder. El Constitucionalismo y la separación de poderes  promulgada por Montesquieu y Locke son el mecanismo encontrado para limitar el poder ‘soberano’ y proteger a los individuos de ese poder. Sin esas limitaciones el capricho del gobernante de turno, ya sin importar si es un ente colectivo o unipersonal cometería los abusos que se le antojaran. De la misma manera un parlamento, bajo el argumento de la representación mayoritaria, declararía “leyes” que violentarían los derechos de minorías. La simple separación de poderes, como las Constituciones de corte francés -varias de las Latinoamericanas- padecen el grave vicio de no ser limitaciones Constitucionales. Especialmente las constituciones más “modernas” y “progresistas”, incluyen provisiones que amplían las esferas de decisión e intromisión de los órganos estatales, sin cumplir con su papel de limitar el poder.
Es, pues, misión del jurista cuestionarse y pronunciarse contra cualquier intento de utilizar argumentos demagógicos y populistas para crear lo que Toqueville llamó Dictadura de las Mayorías.
El tema de los impuestos pasa por el mismo problema. La Constitución debe necesariamente limitar el poder de establecerlos. Dichas limitaciones deben trascender de las necesidades particulares de un gobernante, así como de sus caprichos. Una vez que la legislación tributaria pasa de dichos límites, la obligación moral de pagarlos está extinguida, pues hay una clara comisión de abuso de poder por parte de los entes encargados de establecerlos, cobrarlos y utilizarlos.
¿Me acompaña a realizar los análisis de cuáles son dichos límites?

El Papel de la Constitución

El esqueleto normativo de cualquier sociedad tendrá, obligadamente, que ser su Constitución. No como puede ser visto por algunos, por el hecho de contener el catálogo programático de los “fines sociales”, es decir, por contener los lineamientos y objetivos del Estado, sino por establecer el límite al poder encomendado a unos pocos y ciertos mecanismos estructurales que permiten tomar decisiones dentro de los campos permitidos a ese poder.

Como explica el profesor Jorge Carpizo en su obra Estudios Constitucionales, la Constitución para algunos, los adeptos a la doctrina constructivista, parte de la convicción que “… se puede realizar una ordenación total del Estado, de una vez y para siempre, en el que queden subsumidos todos los casos particulares” y agrega que “(l)a posibilidad de la razón para hallar ese ordenamiento inmutable y que proporciona el orden y la estabilidad política. En esta forma la Constitución no sólo es expresión de un orden, sino que es la creadora del mismo.” Esta concepción, como se ve, implica que ese orden se supedita a una voluntad expresa y conocida, que puede establecerle fines específicos.

La historia nos demuestra que lo anterior no fue lo que se tenía en mente cuando se redactó y promulgó la primera constitución escrita de la historia moderna: la de la Unión Americana.

La Constitución de los Estados Unidos de América fue pensada primordialmente como un mecanismo para limitar los poderes de quien lo ostentara. No fue una decisión simple, sino que se da en un proceso en el que los colonos se dan cuenta que la Constitución británica no podía ser invocada con éxito frente al Parlamento, por lo que “…llegaron a la conclusión que tenían que edificar los cimientos que faltaban…”, por lo que redactaron una constitución con el fin de establecer un gobierno limitado. Era un documento que buscaba únicamente limitar los poderes de quien estuviere en el gobierno, llámese rey, congreso, parlamento o senado.

El sistema parece que puede dar grandes resultados, crear la economía y el nivel de vida más alto de la historia en tan sólo unas cuántas generaciones. Basta ver la historia desplegada, en alrededor de 5,000 años, bastaron menos de 200 años -1776 a 1920- para que los Estados Unidos de América pasara de ser un grupo de colonias sobreviviendo, a convertirse en el país que representa alrededor de un tercio de la “economía” mundial.

He dicho que esta Constitución fue la primera, y por lo tanto debe ser el modelo que muchas otras constituciones del mundo han seguido. Es además la de más larga vida, pues es básicamente la misma que al momento de entrar en vigencia. ¿Cuál ha sido el error en las otras Constituciones? Me atrevo a decir que el error radica en nosotros mismos y los espejismos que creemos –en esa Fatal Arrogancia, pues gracias a “…la restringida capacidad de nuestra inteligencia, los objetivos inmediatos aparecen siempre muy importantes y tendemos a sacrificar a ellos las ventajas a largo plazo” y se inicia con la era de las “Constituciones progresistas” que bajo la idea de otorgar el poder de los gobernantes, incluyen funciones específicas y metas a cumplir, desvirtuando la figura de un control del ejercicio del poder, volviendo las mismas un catálogo de funciones y metas por alcanzar, creando, no un poder limitado, sino un poder ilimitado, circunscrito al cumplimiento de esos fines programados.

La actual Constitución Política de la República de Guatemala data de 1985, con entrada en vigencia en 1986. Recuerdo que en aquel momento, a pesar de haber contado con sólo 10 años, se me presentó la Constitución como la salvación a nuestros problemas, se dijo que su contenido y redacción eran de lo más progresista y moderno, en el que el gobierno debía cumplir con metas establecidas para lograr el bien común.

A esa edad, sin comprender nada de lo que oí, creí que todas esas palabras significaban algo bueno. Ahora comprendo que lo único que esas palabras querían decir es que quien ostentara el poder podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando lo justificara como una de las metas “constitucionales”. Basta leer algunos artículos de nuestra Constitución para comprender lo que digo. Por ejemplo, el derecho a la libertad de acción, es decir, el poder hacer cualquier acto que no atente contra la propiedad, vida o libertad de otro individuo, se convierte en un derecho garantizado en el sentido que todos pueden hacer todo aquello que la “ley” no prohibe. Y “ley” será aquello que el Congreso de la República decrete y el Presidente de la República promulgue, con lo que la limitación del poder no es más que un espejismo formal, ya que es totalmente discrecional, según la concepción ideológica de quienes los ostentan, y no un claro dique para su ejercicio.

Nuestro sistema constitucional no es más que un sistema que permite a una minoría electa (gobernantes: diputados, ejecutivo, etcétera) por una mayoría temporal y relativa (únicamente al momento de la elección y dentro de las personas que emitieron voto válido, no de toda la población) establecer el contenido de las limitaciones a todos y cada uno de nosotros.

Nada escapa de este espejismo de contar con un sistema constitucional. La potestad de imponer tributos está contenida en ella y regulada de la misma manera que la libertad de acción, utilizada como ejemplo en líneas anteriores.

Si vemos el contenido de la Constitución en cuanto a la materia impositiva, encontraremos que:

Corresponde con exclusividad al Congreso de la República, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación…

Exploraremos en las siguientes entradas la interpretación de estas normas.