Estamos en un declive claro del sistema legal. Hay una contaminación inmensa de los principios que ilustraron la creación de las primeras constituciones.
En los tiempos actuales se ha pervertido el sentido propio de las palabras para convertirlas en slogan sin sustento.
La legítima lucha por la igualdad ante la ley, que inicia para despojar de privilegios a la clase gobernante -nobles- se transforma en una lucha por obtener privilegios de grupos aglomerados por sus circunstancias personales, no por búsquedas legítimas de esa igualdad ante la ley.
Utilizar el aparato gubernamental para obtener privilegios es, sin duda, la mayor perversidad que se ha instalado en él. El aparato gubernamental se acepta y concibe legítimo únicamente cuando su labor se enfoca en evitar que uno o unos utilicen a otros contra su voluntad. Es decir, cuando se cometen actos ilegales -romper contratos, por ejemplo- o actos criminales -daños a la integridad, vida o libertad de otro.
Al ir despojando de su contenido a las palabras y creando frases vacías para incluir en ellas todo tipo de agenda, la clase política y sus “amigos” han tomado control de contenidos educativos en todo nivel, para permitir que su agenda personal se disfrace de esas luchas -que son ilegítimas en muchos casos- para avanzar su búsqueda de privilegios y dinero.
Hoy día el apellido “social” ha sido desplazado de conceptos de “inclusión”, “sostenibilidad”, “multiculturalidad”, entre otros.
Cuando la lucha es por una verdadera igualdad ante la ley, esos conceptos claramente se usan para generar leyes privadas -privilegios- y desgastar a la sociedad en una lucha polarizante.
Vale la pena revisar los conceptos a fondo y empezar a ver de vuelta los fundamentos de ese sistema original. Quizás la salida de la conflictividad, corrupción y pobreza es para el otro lado.
Mario Estuardo Archila M.