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Caridad, solidaridad, responsabilidad social, sensibilidad social

La tributación en Guatemala debe regirse por principios básicos que el mundo ha forjado a lo largo de la historia.

No obstante existe una discusión ideológica que enaltece los ánimos sin permitir dilucidar la verdad.

Hay conceptos que son el caballito de batalla para lograr elevar la tributación. Se centran en tocar el corazón de todos para volver a los contribuyentes unos ciudadanos que ejerzan la “caridad”, “solidaridad”, “responsabilidad social” y otros…

Sin embargo, y acá deja de hablar el abogado para darle paso al estudioso de los valores.

El concepto primordial para el ejercicio de los valores es el de libertad. La libertad implica la posibilidad de hacer o dejar de hacer. La posibilidad de escoger una forma u otra de satisfacer las necesidades, inclinaciones, gustos y hasta caprichos. La libertad implica una decisión individual, sin intromisión ni coerción de ninguna persona o ente. De tal manera que cualquier valor que ejerza en mi vida, cualquier valor que usted hace suyo, lo será únicamente cuando existe esa libertad por la cual usted ha escogido cumplir o no.
El nivel de tributación en un país está atado al costo de vivir en sociedad. No a la caridad de las personas, pues las personas serán caritativas únicamente cuando no están sujetas a sanciones. Si hay una sanción se está frente a un instrumento coercitivo. La coerción anula el ejercicio de un valor. De esa cuenta no se puede pretender que la gente pague impuestos porque es “caritativa” o “solidaria”. Paga porque debe.
En la Constitución de Guatemala se incorporó el mandato-limitación al Congreso de establecer tributos conforme a las necesidades del Estado.
Para determinar dichas necesidades no podemos más que observar lo que los ciudadanos que pagan consideran necesidades. Esto se encuentra en la recaudación voluntaria. Lo que se recauda sin ejercer la facultad de fiscalizar está en directa correlación con lo que las personas consideran necesidades del Estado.
Si el destino de los recursos tributarios son considerados necesidades importantes, los contribuyentes pagarán. Voluntariamente. Si no hay esa relación, la recaudación caerá.
¿Puede ser esa la razón de la existencia de las grandes porciones de mercado informal en países como Guatemala?

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Felicidad de cada uno…

La Constitución ordena que los tributos se establezcan para cubrir las necesidades del Estado.

Hace unos días en el diario Siglo XXI de Guatemala se publicó la noticia que un grupo de ilustres cineastas pretendía por medio de una ley, la creación del Instituto Nacional del Audiovisual y la Cinematografía de Guatemala (Ideacine).

Nada más interesante me dije, cuando al seguir leyendo el proyecto de ley incluye un porcentaje del presupuesto del Estado. El monto que recibiría este Instituto equivale, según el presupuesto actual a Q12 Millones.

Luis Figueroa exclama “Más gorrones al ataque”  y no me queda más que estar de acuerdo.

Veamos así los argumentos jurídicos en cuanto a la creación del instituto y principalmente la asignación de un monto de dinero que proviene del pago de tributos.

En Guatemala, el artículo 239 de la Constitución establece que corresponde al Congreso de la República la creación de impuestos conforme a las “necesidades del Estado”. El término “necesidad del Estado” es lo que podríamos llamar un concepto jurídico indeterminado, pues no hay definición en la Constitución ni otro cuerpo legal de lo que debe entenderse por dicho concepto. Esto quiere decir que serán los tribunales, acá los tribunales constitucionales, los que determinen qué contenido tendrá el término. Hay alguna inclinación general a pensar que “necesidades del Estado” se refiere al “bien común”. Igualmente, bien común resulta un concepto indeterminado en nuestro ordenamiento jurídico.

Una  sentencia guatemalteca, expediente 12-86 de la Corte de Constitucionalidad, aborda el tema desde la perspectiva de la definición de bien común. Lastimosamente no define tampoco lo que es bien común. Dice, no obstante, que corresponderá al Congreso determinar el contenido, según su posición ideológica… y acá es el gol para los honrados y honestos ciudadanos que pagan impuestos bajo la creencia que lo hacen por un legítimo derecho del Estado de cobrarles.

Si el concepto jurídico indeterminado “necesidades del Estado” es un término que se definirá conforme a la posición ideológica representada, pero no conforme a “Derecho”.

¿Qué es el Derecho? me preguntará el lector. Pues un cobro de impuestos está conforme a Derecho cuando atiende a las necesidades del Estado, entendidas correctamente: el bien común, que no es más que las condiciones necesarias para que cada uno de los habitantes puede buscar su propia “felicidad”. Pero esto implica que nadie lo hará a expensas de otro.

En el caso del instituto para los “cineastas”, vea que declaran en dicha edición de Siglo XXI:

“El cineasta Julio Hernández, realizador del film Gasolina, galardonado en varios certámenes internacionales, se mostró satisfecho con el dictamen favorable de la ley. “Hemos estado luchando por más de tres años y que bueno que se logró; con esta ley se protegerá el cine guatemalteco, y estaremos a la altura de varios países latinoamericanos”.
Hernández recordó que hasta Estados Unidos “protege a su cine, que es Hollywood”.
El avance del citado proyecto también es bien recibido por Elías Jiménez, director de la productora Casa Comal. “La creación del Instituto es básica, porque dará formación a los futuros cineastas y capacitación a los ya existentes”.

Ahora qué quieren decir estos señores:

1. Hacer cine es caro. Pero yo no quiero pagarlo de mi bolsa y el público tampoco quiere pagarme por ver mis películas.

2. Quiero que me protejan, es decir, como no hago algo que valga la pena ver, según la libre y soberana voluntad de los guatemaltecos y el resto del mundo, déjeme tomar un poquito de los impuestos para no morirme de hambre.

3. Protegido quiere decir que en este Instituto, le dirán a todos los que quieren aventurarse -porque es SU FELICIDAD- a hacer cine, deberán cumplir con todo lo que a los que ya estamos haciendo cine se nos ocurra. Por tanto, si no queremos nuevos cineastas, nos inventaremos los requisitos que no puedan cumplir los nuevos. ¿Entiende, es que nosotros ya sufrimos cumplir el sueño y puede venir un patojo chispudo que nos coma el mandado del próximo Cannes?

¿Le pregunto ahora a usted si SU búsqueda de felicidad, la SUYA, es que estos señores “gorroneen”,como dice Luis Figueroa, de SUS impuestos, del producto de SU esfuerzo, simplemente por que a USTED no se le da la gana ir al cine a ver sus películas y en el extranjero tampoco? ¿Sabía también que para lograr el patrocinio de la producción, muchos de estos estudios no pueden comercializar las películas que producen en Guatemala?  Pero igual usted les pagará Q12 Millones al año.

Imagínese si dentro del concepto de “bien común” y “necesidad del Estado” empezamos a meter todas esas actividades que no son rentables para quienes las ejercen, simplemente con el argumento que “en otros países” las protegen. Su vecino es malo o mediocre para lo que hace, pero tiene un su buen “cuate” en el Congreso y por tanto se consigue un dictamen de una comisión para que le pasen una ley que diga que se creará y asignará presupuesto a una “asociación de XX” para protegerlos y dictar los lineamientos de dicha actividad. USTED, el honrado y honesto vecino que se parte el lomo por alimentar a sus hijos, deberá ahora, pagarle a su vecino a través de sus contribuciones tributarias.

Ah, pero el vecino dirá “es que en otros países…”, pero eso es lo mismo que pensar que como para el 31 de diciembre de 2009, como 20 personas se habían suicidado saltando del puente Belice tírese usted también, pues “otros” se han tirado.

Es imposible que alguien que no sea USTED mismo puede determinar cuáles son las cosas que lo hacen feliz. Es imposible que lo que para usted es “lo mejor de su vida”, haga igual de feliz a otro.

Eso lo comprobó uno de esos expertos, que entre otras cosas, aconsejan subir la carga impositiva y crear este o aquel programa de gobierno. El diario Siglo XXI del 4 de enero de 2010, tiene una entrevista con un experto del Banco Interamericano  de Desarrollo sobre unos estudios de calidad de vida que demuestran que el 90% de los guatemaltecos les satisface su trabajo. El experto, asombrado (¿no era ya evidente que así es, pues?) dice que con el estudio “Descubrimos que la calidad de vida no está en el empleo formal, pues lo que la gente quiere es autonomía, flexibilidad y la posibilidad de dar lo  mejor de sí mismos. Esto lo hace pensar a uno que la legislación muchas veces va en contravía de lo que la gente busca.”

¿Dar lo mejor de sí mismos? No los cineastas y otras tantas actividades “protegidas”…

Y de esa legislación ¿MUCHAS VECES?, principalmente la tributaria, va contravía, ¿no lo cree?

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Pagamos, si hay consentimiento

La Constitución debe ser el documento que limite el ejercicio del poder. No hay manifestación del poder de imperio más controversial ni más directo en el individuo que el poder de establecer tributos.

Los términos han evolucionado por años de confrontación ideológica y lucha -muchas veces sangrienta- por lograr aquello que las Colonias Británicas en América establecieron como límite al poder: La búsqueda de la propia felicidad.

El bien común se definió de esa manera en los documentos que dan origen a lo que ahora conocemos como los Estados Unidos de América. El bien común es la razón y límite de las Constituciones.

El poder de decidir sobre la vida, de juzgar, de usar la fuerza, de enviar a la guerra y de cobrar tributos: todos elementos de ese poder “soberano” que la historia nos demuestra que el ser humano siempre ha querido limitar.

El monopolio de la fuerza se justifica únicamente en el sentido de mantener el orden en la sociedad. ¿Qué debe entenderse por “orden en la sociedad”? Ese debate ideológico ha causado muchas muertes y derramamiento de sangre en los anales de la historia. Los colonos de aquel comité que mencionamos lo definieron en la fórmula que mejor lo dice: la búsqueda de la propia felicidad.

El poder del soberano, del Estado, debe garantizar las situaciones generales necesarias para que cada cual lleve a cabo SU BÚSQUEDA de lo que lo hace feliz. El Estado no puede garantizar que cada uno lo logre, simplemente porque cada uno tendrá una definición diferente, propia y única. Mi felicidad no será su felicidad; mi felicidad no necesariamente corresponde con la suya y por tanto, aunque yo ostentara el poder, no puedo -moralmente no se me permite- imponer en usted ningún parámetro bajo pretexto que eso lo llevará a “su felicidad”. Esas condiciones generales son lo que aquellos colonos descubrieron, plasmaron en sus textos constitucionales -declaración de independencia y constitución de la Federación- y lucharon por lograr. Lo que era común a todos los colonos era esa creencia y necesidad de ser dejados a su libre determinación. Esa concepción los llevó a unirse y buscar un “bien común” a todos, ya que todos deseamos alcanzarlo, pero ninguno puede imponerlo al otro.

Esa concepción de bien común es lo que justifica la concentración de poder en los órganos del Estado e incluye el poder de establecer tributos.

Por ello, en las estructuras democráticas, se coloca la potestad de definir los tributos en los parlamentos. Son los parlamentos los que llevan la voz de todo ciudadano que busca su propia felicidad. Son los parlamentos los vehículos para establecer dichas condiciones generales para que cada ciudadano, cada individuo, esté representado y pueda buscar SU PROPIA FELICIDAD.

De allí el grito de guerra de la Revolución Americana: No taxation without representation. Un grito de guerra que no surgió en la Revolución Americana, sino que muchos años antes, allá por el año 1215 cuando se obligó al rey Juan Sin Tierra de Inglaterra a firmar un documento que daría origen, con el pasar de los siglos, a los fundamentos de los Estados Constitucionalmente limitados.

En la historia, se menciona que la Revolución Americana surgió porque las colonias no querían pagar el impuesto al té… Realmente el fondo es mucho más profundo que eso. Los Colonos no buscaron realmente la independencia de la corona inglesa desde el principio. Muchas campañas fueron realizadas para lograr REPRESENTACIÓN ante el Parlamento Inglés y comitivas diplomáticas fueron enviadas a tratar de lograr que el Rey Jorge dejara de abusar sus poderes en las colonias americanas.

De esa manera, el Parlamento impuso un tributo al té, el cual fue mal visto en las colonias americanas. Las colonias trataron de nuevo de lograr la representación en el parlamento, pues era un Derecho Inherente a cualquier ciudadano inglés, que cada tributo debía ser establecido por medio de su consentimiento prestado por la representación en el parlamento. Las colonias no estaban representadas.

Los Colonos argumentaban que sus derechos como súbditos de la corona inglesa les permitían representación directa en el Parlamento y que sin dicha representación directa, los tributos que el Parlamento les imponía eran inconstitucionales. En el año 1773, el Parlamento deroga el impuesto al té -sin representación de las Colonias- y el resultado de dicho acto fue tomado como un “insulto” a las colonias. Los hechos desembocan en lo que fue la conocida Fiesta del Té de Boston. Movimiento precursor de la guerra de independencia. Las colonias hubieran pagado y seguirían siendo colonias, si tan sólo se les hubiera dado la representación que exigieron. La obligación de pago nace cuando hay consentimiento y el consentimiento surge de la representación parlamentaria bien ejercida.

La representación parlamentaria directa, por tanto, es desde hace mucho tiempo considerada un derecho inherente y constitucionalmente protegido, que legitima la imposición de tributos.

En Guatemala, dicha representación está contenida en el artículo 239 de la Constitución que establece que “Corresponde con exclusividad al Congreso de la República establecer impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales…”

Los espero en la próxima…

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Constitución como Garantía

Protegido por ese formalismo y alejado más de la cuenta de la realidad social, el jurista ha vivido durante muchos decenios cobijado dentro de una aséptica coraza profesional. Para él no había leyes justas o injustas. Sólo había “leyes” procedentes de un poder legislativo capaz de promulgarlas, sin entrar siquiera a considerar si tal poder era el derivado de una Constitución democráticamente aprobada o coincidía sin más con la voluntad soberana de tal o cual dictador. El positivismo jurídico desembocó así en la pérdida de conciencia ética y crítica por parte de muchos juristas. Recientemente se ha denunciado este fenómeno y se ha demandado la recuperación por parte de los juristas de una conciencia política no desgajada de su trabajo profesional. Las valoraciones éticas y la postura crítica respecto al Derecho vigente son enfoques que el jurista no debe situar en un plano lejano y metajurídico, aunque en su mano no esté siempre, como es obvio, la posibilidad de derogar o simplemente de arrinconar en el olvido las normas formalmente vigentes.

TOMÁS Y VALIENTE, F., “Manual de Historia del Derecho Español”, Editorial Tecnos, Madrid, 1979, p. 629.

Aunque densa la cita, simplemente implica que la ley no es ley porque cumplió un proceso formal legislativo. No todo lo que se “promulga” tiene la calidad moral de ser obligatoria. Tenemos leyes que favorecen matar a una persona, raza o religión, perfectamente bien promulgadas, pero no por ello “justas” en el sentido de moralidad que la hace obligatoria.
De allí deriva el papel primordial y único que una Constitución debe cumplir: proteger al individuo de quien ostenta el poder del Gobierno.
La Constitución es la garantía que los derechos inherentes no serán violentados por ningún órgano gubernamental, ya sea el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial o cualquier otro en que se haya constituido realmente. La “inherencia” de dichos derechos es lo que permite calificar una ley de “justa” o “injusta”, o en otras palabras, de moralmente obligatoria o no.
Es así que la esfera de derechos individuales debe ser protegida de manera absoluta, como la tradición constitucionalista pura lo concibe. Ya comentamos que la primera constitución moderna nace de la Revolución Americana y ese documento que gritó independencia: la búsqueda de la felicidad de cada cual. En esa frase se condensan los derechos individuales inherentes.
En el siglo XX pasado, la inherencia de dichos derechos cedió ante un concepto desviado y quizás absurdo de “democracia”. Esta palabra perdió su sentido real, para convertirse en una regla de toma de decisiones sobre la premisa de una “mayoría soberana”. Sin embargo, el argumento de la decisión mayoritaria no puede ser suficiente para invadir la esfera de derechos individuales y menos los inherentes. Si se permitiera dicho discurso caeríamos de nuevo en regímenes tan mayoritarios y “democráticos” como el Nazi en Alemania, que es precisamente lo que muchos gobiernos -si no es que todos- buscan lograr. Algunos con mejores intenciones que otros, bajo una regla de mayoría pretenden despojar al individuo de sus esferas más privadas, para convertirse en un parámetro moral “por mayoría”. Nada más peligroso.
Esto puede parecer absurdo y extremo, pero debemos recordar que las “leyes” Nazis fueron aprobadas por un parlamento democráticamente electo, dirigidas contra las minorías étnicas y religiosas, un hecho histórico que hoy se considera como abominable. La evidencia de las posibilidades de abuso de la regla de la mayoría son abrumadoras y aún así, en el mundo jurídico -político, profesional y académico- se sigue escuchando que ‘dura lex est lex‘ sin entrar a considerar si el contenido de dichas “leyes” es o no Derecho. Derecho será únicamente aquella regla parlamentariamente proclamada que cumple con los presupuestos morales para ser obligatoria.
Bajo el argumento que la representación parlamentaria es suficiente para dictar, emitir y dar validez a cualquier “ley” se pueden cometer, como de hecho se han cometido y siguen cometiéndose, grandes injusticias y crímenes. El abuso de poder no es un fenómeno del absolutismo francés del Rey Sol, sino que de cualquier absolutismo, si no, vale recordar los crímenes cometidos por la propia Asamblea Revolucionaria en el nombre de la libertad.
El poder sin límites es altamente peligroso, tanto que la historia de la humanidad es una lucha constante por limitar dicho poder. El Constitucionalismo y la separación de poderes  promulgada por Montesquieu y Locke son el mecanismo encontrado para limitar el poder ‘soberano’ y proteger a los individuos de ese poder. Sin esas limitaciones el capricho del gobernante de turno, ya sin importar si es un ente colectivo o unipersonal cometería los abusos que se le antojaran. De la misma manera un parlamento, bajo el argumento de la representación mayoritaria, declararía “leyes” que violentarían los derechos de minorías. La simple separación de poderes, como las Constituciones de corte francés -varias de las Latinoamericanas- padecen el grave vicio de no ser limitaciones Constitucionales. Especialmente las constituciones más “modernas” y “progresistas”, incluyen provisiones que amplían las esferas de decisión e intromisión de los órganos estatales, sin cumplir con su papel de limitar el poder.
Es, pues, misión del jurista cuestionarse y pronunciarse contra cualquier intento de utilizar argumentos demagógicos y populistas para crear lo que Toqueville llamó Dictadura de las Mayorías.
El tema de los impuestos pasa por el mismo problema. La Constitución debe necesariamente limitar el poder de establecerlos. Dichas limitaciones deben trascender de las necesidades particulares de un gobernante, así como de sus caprichos. Una vez que la legislación tributaria pasa de dichos límites, la obligación moral de pagarlos está extinguida, pues hay una clara comisión de abuso de poder por parte de los entes encargados de establecerlos, cobrarlos y utilizarlos.
¿Me acompaña a realizar los análisis de cuáles son dichos límites?
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El Papel de la Constitución

El esqueleto normativo de cualquier sociedad tendrá, obligadamente, que ser su Constitución. No como puede ser visto por algunos, por el hecho de contener el catálogo programático de los “fines sociales”, es decir, por contener los lineamientos y objetivos del Estado, sino por establecer el límite al poder encomendado a unos pocos y ciertos mecanismos estructurales que permiten tomar decisiones dentro de los campos permitidos a ese poder.

Como explica el profesor Jorge Carpizo en su obra Estudios Constitucionales, la Constitución para algunos, los adeptos a la doctrina constructivista, parte de la convicción que “… se puede realizar una ordenación total del Estado, de una vez y para siempre, en el que queden subsumidos todos los casos particulares” y agrega que “(l)a posibilidad de la razón para hallar ese ordenamiento inmutable y que proporciona el orden y la estabilidad política. En esta forma la Constitución no sólo es expresión de un orden, sino que es la creadora del mismo.” Esta concepción, como se ve, implica que ese orden se supedita a una voluntad expresa y conocida, que puede establecerle fines específicos.

La historia nos demuestra que lo anterior no fue lo que se tenía en mente cuando se redactó y promulgó la primera constitución escrita de la historia moderna: la de la Unión Americana.

La Constitución de los Estados Unidos de América fue pensada primordialmente como un mecanismo para limitar los poderes de quien lo ostentara. No fue una decisión simple, sino que se da en un proceso en el que los colonos se dan cuenta que la Constitución británica no podía ser invocada con éxito frente al Parlamento, por lo que “…llegaron a la conclusión que tenían que edificar los cimientos que faltaban…”, por lo que redactaron una constitución con el fin de establecer un gobierno limitado. Era un documento que buscaba únicamente limitar los poderes de quien estuviere en el gobierno, llámese rey, congreso, parlamento o senado.

El sistema parece que puede dar grandes resultados, crear la economía y el nivel de vida más alto de la historia en tan sólo unas cuántas generaciones. Basta ver la historia desplegada, en alrededor de 5,000 años, bastaron menos de 200 años -1776 a 1920- para que los Estados Unidos de América pasara de ser un grupo de colonias sobreviviendo, a convertirse en el país que representa alrededor de un tercio de la “economía” mundial.

He dicho que esta Constitución fue la primera, y por lo tanto debe ser el modelo que muchas otras constituciones del mundo han seguido. Es además la de más larga vida, pues es básicamente la misma que al momento de entrar en vigencia. ¿Cuál ha sido el error en las otras Constituciones? Me atrevo a decir que el error radica en nosotros mismos y los espejismos que creemos –en esa Fatal Arrogancia, pues gracias a “…la restringida capacidad de nuestra inteligencia, los objetivos inmediatos aparecen siempre muy importantes y tendemos a sacrificar a ellos las ventajas a largo plazo” y se inicia con la era de las “Constituciones progresistas” que bajo la idea de otorgar el poder de los gobernantes, incluyen funciones específicas y metas a cumplir, desvirtuando la figura de un control del ejercicio del poder, volviendo las mismas un catálogo de funciones y metas por alcanzar, creando, no un poder limitado, sino un poder ilimitado, circunscrito al cumplimiento de esos fines programados.

La actual Constitución Política de la República de Guatemala data de 1985, con entrada en vigencia en 1986. Recuerdo que en aquel momento, a pesar de haber contado con sólo 10 años, se me presentó la Constitución como la salvación a nuestros problemas, se dijo que su contenido y redacción eran de lo más progresista y moderno, en el que el gobierno debía cumplir con metas establecidas para lograr el bien común.

A esa edad, sin comprender nada de lo que oí, creí que todas esas palabras significaban algo bueno. Ahora comprendo que lo único que esas palabras querían decir es que quien ostentara el poder podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando lo justificara como una de las metas “constitucionales”. Basta leer algunos artículos de nuestra Constitución para comprender lo que digo. Por ejemplo, el derecho a la libertad de acción, es decir, el poder hacer cualquier acto que no atente contra la propiedad, vida o libertad de otro individuo, se convierte en un derecho garantizado en el sentido que todos pueden hacer todo aquello que la “ley” no prohibe. Y “ley” será aquello que el Congreso de la República decrete y el Presidente de la República promulgue, con lo que la limitación del poder no es más que un espejismo formal, ya que es totalmente discrecional, según la concepción ideológica de quienes los ostentan, y no un claro dique para su ejercicio.

Nuestro sistema constitucional no es más que un sistema que permite a una minoría electa (gobernantes: diputados, ejecutivo, etcétera) por una mayoría temporal y relativa (únicamente al momento de la elección y dentro de las personas que emitieron voto válido, no de toda la población) establecer el contenido de las limitaciones a todos y cada uno de nosotros.

Nada escapa de este espejismo de contar con un sistema constitucional. La potestad de imponer tributos está contenida en ella y regulada de la misma manera que la libertad de acción, utilizada como ejemplo en líneas anteriores.

Si vemos el contenido de la Constitución en cuanto a la materia impositiva, encontraremos que:

Corresponde con exclusividad al Congreso de la República, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación…

Exploraremos en las siguientes entradas la interpretación de estas normas.