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Mejorar la recaudación

En la última semana he oído varias declaraciones sobre cómo SAT y el gobierno central buscan mejorar la recaudación. La cosa es más sencilla de lo que pensamos y más compleja de lo que quisiéramos. Sin embargo hay un par de temas que nunca salen en estas declaraciones y caemos en el común problema de mal enfoque.

Como el tema es que la recaudación está baja, las declaraciones y propuestas que salen son para “mejorar” dicha recaudación. La baja recaudación, entonces, se enfoca como el problema. El problema rara vez es la baja recaudación, sino la mala utilización de los recursos.

La recaudación debe ser “conforme a las necesidades del Estado”, según indica el artículo 239 de la Constitución. Es así que la recaudación responde a dichas necesidades. El punto inicial de las preocupaciones fiscales, por tanto, debe ser “¿Para qué necesitamos dinero?” La respuesta debe ser analizada para descubrir si lo que se plantea SON o no necesidades del Estado.

El Estado nace para proteger esferas de Derechos de los ciudadanos. Es así, por ejemplo, que los Estados modernos resultan de textos preconstitucionales que limitaron los poderes de los reyes. El sistema de gobierno del primitivo Israel, fue uno de jueces. Sin “reyes”. Es así que vemos en documentos históricos que los gobernantes han sido limitados para permitir a los individuos mantener y proteger sus esferas de derechos. Es así que la primera constitución moderna, la Federal Americana, se crea para garantizar lo que los colonos consideraban SUS derechos básicos de Vida, Propiedad y Búsqueda de la propia felicidad. Derechos que para ellos eran “inalienables” y “autoevidentes”. Para este siglo XXI, ya no son tan inalienables ni autoevidentes a la luz de las distorsiones lingüísticas que se han incorporado durante los últimos 200 años.

De esos tres derechos básicos, el que llama la atención para determinar cuáles son las necesidades del Estado, es el tercero: La búsqueda de la propia felicidad. Este derecho engloba la totalidad de visiones que podríamos tener sobre los fines del ser humano y a la vez es una definición que permite orientar el rumbo de un gobierno. La felicidad se define “subjetivamente” pues es “propia”. De ello, por tanto, se desprende que cada uno buscará lo que considere SU felicidad y resulta ser un límite y una garantía que los gobernantes deben respetar. Esta definición de “bien común” es la más comprensiva de todas, pues TU FELICIDAD no necesariamente será la mía y si permitimos que un gobernante decida cuál es la felicidad que vale la pena, no será una “felicidad” común a todos. No será un “bien común”, será únicamente el bien de alguno en particular, inhibiendo a los demás de la búsqueda de su propia felicidad.

Esta discusión es la inicial. Esta discusión nos llevará a estar de acuerdo en algunas funciones esenciales del Estado que deberemos tener como prioritarias. Es así que el Estado existe para proteger los fines que cada uno se traza, evitando que otros, incluso el propio Estado, interfieran en ellos. Tenemos así claro que ninguna persona, incluso el Estado, podrá realizar acciones contra la vida o la propiedad de otro. Tampoco acciones que interfieran con sus fines comerciales, personales, religiosos, etc.

Es así que debemos preguntarnos si es lícito que se emprendan acciones gubernamentales con el único fin de cobrar más tributos, pues aparentemente, todo el aparato recaudador del Estado es una grave interferencia en los fines propios de cada uno de nosotros.

He allí donde empezamos a encontrar las causas de las caídas en la recaudación de algunos impuestos. El hecho de pagar impuestos implica que se aumenten los costos de buscar la felicidad propia. Es así que al aumentar los costos, aumenta también el incentivo para encontrar formas de evitarlos. Unas más ingeniosas que otras y unas tan simples como el hecho de no inscribirse, siquiera, en SAT. Es decir, el comercio informal. La informalidad no llega a los niveles enormes que tiene en Guatemala, en países que son muy libres en sus relaciones comerciales.

La creación de nuevas normas de control, de nuevos procedimientos, de mayores requerimientos legales, no ayuda a que cada uno logre “su propia felicidad”. Es así que ya hemos empezado a ver que medidas como las intervenciones de Aduanas no lograron aumento en recaudación, sino que, por el contrario, baja la misma.

La economía ha establecido que el aumento de tarifas impositivas (deberé decir, del costo total de tributar) no implica que haya un aumento en la recaudación. Laffer hizo su famosa curva, determinando que llega un punto en el que un aumento de tarifa disminuye la recaudación total. Siempre se discute si estamos a la izquierda (se puede subir la tarifa sin ver el efecto negativo) o a la derecha de dicha curva. Creo que es obvio que en Guatemala estamos a la derecha de la curva, pues el 70% de las personas se niega a pagar impuestos. Esto implica que se percibe que el costo de tributar es ya más alto que el beneficio.

En el tema de “las necesidades del Estado”, por tanto, lo importante es considerar que mientras no haya inversión y gasto en lo prioritario (permitir la búsqueda de la felicidad de cada cual) sino que haya utilización del gasto público con fines electorales o privilegiantes, la población en general se resistirá al pago de cualquier exacción que pretenda el Estado. Es así que no podrá encontrarse legislación tributaria que permita llegar a las metas deseadas de recaudación, ya que el problema en sí no es la recaudación, sino el gasto.

Por otro lado, al crear programas que benefician a unos sobre otros, se crean privilegios y la población se resentirá al ver que el aparato Estatal perjudica más de lo que ayuda, pues las metas de esos “perjudicados” son mucho más que las metas de los pocos beneficiados. La limpieza de los programas y actividades estatales que están reflejadas en el presupuesto debe realizarse. No podemos continuar con programas de regalar cosas, dinero, comida, becas, juegos mecánicos, fiestas, construcciones de cosas innesarias para la población específica y hasta cosas como malos servicios de educación y salud -con los que yo no estoy de acuerdo, pero puedo aceptar que los tengamos. Tampoco es posible buscar presionar por más recaudación si la percepción de corrupción es tan alta. Una administración tributaria haciendo terrorismo, tratando a todos de delincuentes y muy lejos del cumplimiento de la ley, mientras vemos que contrata oficinas de millones de quetzales, mientras el famoso edificio de Finanzas Públicas está medio desierto.

Yo todavía no concibo cómo es que SAT tiene casi el mismo presupuesto que el Organismo Judicial. No me resulta comprensible cómo es que se pretende gastar tanto más en el ente que cobra impuestos, pero no se gasta ni la mitad en la contraloría de cuentas ni se invierte en los tribunales de justicia a los niveles que corresponde.

Creo que es hora de empezar a plantearse cómo sería un país en el que cada 100,000 habitantes cuenta con 1 tribunal de instancia civil y mercantil; por cada homicidio por cada 100,000 habitantes, hay un tribunal de instancia penal. Cada sala de apelaciones no ve más de 2 tribunales de instancia en apelación y la Corte Suprema revisa procesos de incidencia, únicamente, y su jurisprudencia es acatada. Estos procesos, no importa qué, no deberían exceder desde su inicio hasta su última fase en casación de 3 años.

Ahora veamos qué inversión requerimos y reorientemos el presupuesto en ese sentido, eliminando lo más superfluo, hasta que logremos tribunales capaces y aparatos de investigación suficientes. Una vez cumplido eso, iniciemos a ver si gastamos para otros menesteres, fortaleciendo la rendición de cuentas y control del gasto público.

 

Mario E. Archila M. 

 

 

Me sorprenden

losms13

Así parece que son nuestros funcionarios. Me sorprende cómo sueltan una tremenda tontería como crear un impuesto de seguridad.

Seguro que tomaron posesión y nunca se enteraron para qué se crea el Estado. Veamos, pues. Hace muchos años, crea o no en Adán y Eva, hace un chorro de años el ser humano era medio salvaje, medio mono (aunque a algunos no se les ha quitado) y de allí que los grupos sociales primitivos vivían bajo la ley del Tetunte: “El que tiene el tetunte más grande, pone la ley”.
La fuerza bruta daba la autoridad. Como buena manada de primates, se defendía el puesto con quijadas de burro y leños. Claro que el ser humano tiene habilidades superiores a la fuerza bruta. Es así que luego de un par de víctimas de tetuntazos, se descubre que el gorila mayor también tiene que dormir y dormido, el tetunte no sirve de mucho.

La vida, por tanto, es insoportable si la ley del miedo y la fuerza bruta es la que manda. Para ello se desarrollan mecanismos de solución de conflictos que pasan por delegar “autoridad” no poder. Autoridad para resolver quién tiene “derecho”. Consejos de Ancianos, reyes, pretores, sacerdotes, iluminados, etcétera.

Esos mecanismos van desarrollando instituciones, primero religiosas, luego sociales, que se convierten, con el paso del tiempo, en Derecho. Se va reconociendo que si quiero asegurarme que mañana estaré vivo, debo evitar ir a matar o atropellar al vecino. Si me cae mal algo, voy a los “ancianos”, reyes o lo que tenga “autoridad” para que defina quién debe hacer o dejar de hacer por el otro. Ése está autorizado a coaccionar el cumplimiento de lo que decidió.

Estas interacciones son la génesis de lo que luego se convierte en los estados modernos. El primero de ellos, Estados Unidos, allá en 1776. Se conforma, como lo dicen sus documentos fundacionales, para garantizar y proteger “la vida, la propiedad y el derecho a buscar la propia felicidad” de todos. Luego vienen los estados constitucionales europeos de finales del siglo XVIII e inicios del XIX, principiando con Francia. Y las Américas.

Es connatural, por tanto, a la existencia del Estado moderno que la autoridad se delega, principalmente, para dichos fines. Lo demás son adornos (“gracias” Weimar), pero no fundamentales.

Por lo tanto, si las necesidades básicas de un Estado son garantizar y proteger la vida, la propiedad y la libertad, lo que pagamos (ya desde el origen) en tributos, ES para esos fines. Es su causa. Su razón de ser. Ridículo, por tanto, que tengamos que pagar un “impuesto” específicamente para proveernos “seguridad”. Es como que usted vaya a McDonalds, pida un menú y luego que lo paga, le cobren extra por la hamburguesa, pues “con lo que pagó no alcanzó para la hamburguesa del menú”.

El principal análisis es determinar dónde se gasta en lo que no tenga razón fundamental de ser, para ir eliminando dicho gasto superfluo y con ello destruir las fugas del presupuesto. Priorizar el gasto, pues, para que se entienda. Una vez satisfechas a plenitud las razones básicas de ser del Estado, si queremos entrar en la repartición de otros privilegios, pues aceptaremos o no, pagar por ello; pero decirnos que vamos a pagar más por lo que ya es obligación inicial y fundamental, es bien absurdo.

 

Mario E. Archila M. 

 

Foto tomada de: http://marasypandillaslatinas.blogspot.com/2012/07/los-ms-13-la-ms-salvatrucha-13.html

Se va, se va y se fue.

Así estamos con la recaudación. Se fue. Se cayó. Bajó. Kaputt.

El titular de Prensa Libre de hoy 15 de abril explica la caída en el régimen de relación de dependencia respecto al año 2012.
Primero, no es noticia. Ya se sabía. Las tarifas bajaron grandemente. Eso causaría una baja. Pero se dijo que el régimen no aumentaba la base de contribuyentes, sino que los disminuía. Eso también se nota.
El principal punto en la baja es que ahora los empleados no tienen planilla del IVA como crédito al ISR y eso también causa una baja en el resto de los tributos a recaudar. Se perdió una importante fuerza fiscalizadora automática y gratuita. Nadie pide factura pues no le “sirve” y con ello se abren grandes agujeros, principalmente en prestación de servicios, para omitir facturar y con ello omitir el pago del ISR del prestador del servicio. Claro, también es una gran oportunidad para colocar mercadería robada y contrabandeada que no tiene “papeles” en orden desde su origen.

Sin embargo, el mayor problema del régimen de rentas del trabajo está en no permitir una tributación justa. Prácticamente se eliminaron todos los gastos con la absurdamente tonta excusa que se elevó el mínimo vital de Q36,000 a Q48,000.

Es absurdo y tonto pensar que con esa suma se cumple el principio de capacidad de pago, igual tributaria y justicia y equidad.
Imagine que esa suma debe ser suficiente para el contribuyente y el sostenimiento de sus obligaciones morales principales: su familia.
Queda así en evidencia la injusticia, pues se carga de la misma manera a personas con capacidades contributivas distintas. Un soltero, que vive aún con sus padres, tiene la misma deducción que un casado con 3 hijos, mas no tiene sobre sus hombros la misma carga de obligaciones morales encima. El régimen ni siquiera permite deducir medicamentos ni servicios médicos. ¿Justo? Para nada.
No es una cuestión de tarifa. Es una cuestión de estructura y justicia.
La tributación debe estructurarse bajo el principio de capacidad de pago para ser justa y equitativa. Eso implica que deberá considerarse la VERDADERA posibilidad subjetiva del contribuyente para afrontar el pago del adeudo tributario. Eso implica que la depuración de la base debe permitir que se reconozca su personal situación económica. Sin eso, no hay justicia.

Por eso, no es de dudarlo, es que la relación de dependencia es un régimen injusto y la población tendría, por ser inconstitucional su diseño y regulación, el derecho a resistirse a pagarlo.

Mario E. Archila M.

SAT contra ley de inversión

Si bien no creo que el proyecto de fomento a la inversión y empleo del ejecutivo sea lo que el país necesita ni que esté realizado bajo parámetros de verdadera justicia y equidad tributaria, no me sorprende que SAT emita un dictamen negativo. Era de esperarse. Por naturaleza y gracias a las reformas que se le introdujeron a la ley orgánica de SAT el año pasado, SAT deja de ser un ente técnico y se convierte en un ente represor con el único fin de recaudar.
Acá la noticia: SAT se opone

SAT debería ser un ente puramente técnico de administración de la recaudación. Sin embargo se está convirtiendo en el mayor problema contra el desarrollo del país. Su enfoque es estático y con el único interés de lograr metas de recaudación que se hacen bajo el prisma que nuestro problema es el ingreso tributario y que es el gobierno quien debe contar con recursos, a toda costa.
Nuestro país no atrae inversión porque no presenta condiciones necesarias para garantizar estabilidad y rentabilidad a los capitales.
Somos un mercado demasiado pequeño. Alrededor de 4,000 de personas son económicamente activas. Una industria local no tiene mercado suficiente para ser sustentada en el mediano plazo. Los conflictos sociales que provocan grandes ideas e inversiones, como proyectos eléctricos, hidroeléctricos, mineros y hasta turísticos, nos hacen ver como una verdadera república bananera. Los conflictos laborales del sector sindical, que muchas veces son razones válidas, someten a toda la población a sus caprichos. Burocracia, ésta, que aumenta sus salarios simplemente por el transcurso del tiempo y coadyuva a un aparato estatal ineficiente que hace de manifiesto que es un simple botín político.
Problemas para atraer inversión tenemos suficientes. El problema no es el ingreso tributario.
¿Protección arancelaria y no arancelaria? Contamos con ella porque la primera representa ingresos tributarios y la segunda es una justificación a los puestos de varios “técnicos” en varios ministerios. Realmente no sirve de mucho, pues el mismo diario que presenta la noticia que acá comento, en su portada señala que el contrabando implica una pérdida “fiscal” de Q420 millones.
Lo ridículo es que los derivados de petróleo son altamente regulados. A nadie le importa. Acá se compra por precio y el contrabandista lo sabe. Vende más barato. Deja de pagar impuestos y lo hace en las narices de todas las autoridades.
El problema, visto desde la perspectiva del fisco es hacer más fuerte el control… Desde el público consumidor, es un alivio al bolsillo. El fisco, me consta, siempre trató de “evasores” a las compañías petroleras. Eran unos grandes “evasores”. Si bien, nunca les probó nada, ni les ganó ningún proceso importante, sí logró hartarlos a tal punto que hoy día, queda sólo una. Hoy no tenemos combustible importado por los fabricantes. Se compra al mejor postor, salvo el combustible de una marca americana que aún se vende, no sabemos a ciencia cierta qué tipo de combustible llega a nuestros tanques. Vea que ninguna marca importante a nivel mundial domina -hoy día- el mercado de estaciones de servicio en Guatemala. Tenemos una guerra de precios con marcas locales, principalmente. Dos marcas internacionales, una productora y otra sólo es comercializadora, se mantienen en Guatemala. La otra marca británico-holandesa, es franquicia.
Es el producto de políticas “El contribuyente es malo” y “el problema es la recaudación”.

El problema nunca es la recaudación. El problema siempre es el gasto. De allí deriva la recaudación.

Mario E. Archila M.

La causa en la obligación Tributaria

Hemos estado enfrascados en los temas prácticos de la reforma tributaria. Creo, sin embargo, que la discusión real no ha sido abordada y allí, no habría muchos argumentos para pretender “subir la carga tributaria”.

La Constitución guatemalteca dice “Corresponde con exclusividad al Congreso de la República establecer impuestos… arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo con la equidad y justicia…”

El tema a nivel mediático y de discusión en cada reforma es “nivel de carga” y el vago señalamiento que sin x% de carga del PIB, no llegamos nunca a cumplir los fines previstos…

La Constitución misma señala que las cargas deberán ser establecidas conforme a las necesidades del Estado. Es así que lo que justifica, la causa, la existencia de los tributos y legitima su cobro es precisamente que sean conforme a las necesidades del Estado.

Eso implica que:

1. Debemos conocer y aceptar cuáles son las necesidades previstas.

2. Si las cargas exceden las necesidades previstas, sucedería una especie de enriquecimiento ilícito del Estado.

3. Si los recursos se usan en otro destino, debe la población tener un recurso para revocar su consentimiento al cobro.

El tema se vuelve escabroso, pues las corrientes intelectuales “estatistas” y muchos, con dogma de fe, indican que es un deber pagar, no importa en qué se use. No obstante, es el uso, el destino de los recursos, lo que legitima, constitucionalmente, el tributo.

La principal discusión se ha dejado de lado. Se ha utilizado hasta la Biblia para justificar no entrar en esta discusión. Creo, sin embargo, que es un deber ciudadano cuestionar el uso de los recursos y no permitir que se pretenda cobrar para fines que no se comparten, no son importantes o ni siquiera son fines del Estado.

El plan de gasto de un gobierno central es lo que debe ser discutido y ampliamente comunicado a la población.

Es así que no resulta tan importante, en el mediano y largo plazo, cómo debo pagar, sino si estoy pagando por lo correcto.

Mario E. Archila M.

Otros aspectos de la llamada “Reforma Tributaria”

¿Finalidad de un Gobierno?

Allí hay otro problema en cuanto a la Reforma Tributaria. Evidentemente no todo puede ser hecho por el gobierno. Hay acciones para las que no está hecho y acciones que principalmente le corresponden.

¿Sabemos cuáles son cuáles? He allí un primer gran problema que la reforma no trató. La misma se hace con una programación de gasto que es más una lista navideña a Santa Clós que un programa que responda a acciones de gobierno.

Mucho del gasto no representará mejora de condiciones para los ciudadanos. Es más, mucho del gasto, por el simple hecho que el gobierno anuncie que lo hará, causará falsas expectativas y eso, a su vez, mayores conflictos sociales.

Coincidimos que tenemos problemas tan graves como la seguridad. Aunque la violencia haya disminuido, cuando vemos cifras de muertos, no necesariamente vemos que las causas de dicha violencia están siendo atacadas. Un conflicto de tránsito termina en una persona muerta. Un robo de mercadería resulta en competencia desleal y extorsión de la propia policía. Un incumplimiento de un proveedor puede llevar a la tumba a alguien.

¿Qué es lo que sucede? No hay mitigación de conflictos pequeños. Los tribunales son inservibles para la gran mayoría de los conflictos y las instituciones públicas de “seguridad” ven únicamente la justicia penal, de alto impacto, como importante. Es la justicia “de paz”, es decir, la civil y mercantil de ínfima cuantía la que evitará violencia. Es la válvula que hará que la conflictividad se reduzca. Menor conflictividad, mayor posibilidad de crear un ambiente de paz.

La correlación es difícil de hacer, pues los medios se enfocan en los resultados de la justicia penal. Se enfocan en las estadísticas de fallecidos por actos violentos. Las historias detrás deben ser más ilustrativas para encontrar el problema. Así que no hay ideas ni propuestas para mejorar la justicia de paz.

A eso le sumamos la cantidad de “tareas” que le asignamos al Estado. Tareas que pasan de lo noble al saqueo. De lo virtuoso al robo. De lo deseable a la exigencia. Esas tareas se le asignan en esa lista de navidad por lo que el problema tributario se convierte en un problema de caja fiscal.

La historia demuestra que por allí empiezan grandes revoluciones. Demuestra que la gente llega a explotar cuando ve que su dinero, su esfuerzo, se utiliza en cosas por las que no encuentra justificativo real alguno. El uso opaco de los recursos, los fines dudosos y hasta los fines redistributivos causarán conflicto. La sociedad, los pagadores de tributos, estará sometida a una presión enorme, que llegará a reventar.

Toda la idea tras el pacto fiscal era hacer más transparente el gasto. Colocar mejor los recursos. Sigue sin suceder. Los operadores políticos siguen viendo el problema del lado de lo que aspiran: su puesto de gobierno. Allí el problema está en que a mayor transparencia y mejor alocación de los recursos, menos posibilidad de saqueo. Dicho problema es de fondo. Se evade. Se escucha siempre la misma canción de “pero la gente no paga y sin recursos no se puede hacer nada”. Se paga más que hace 10 años. El gasto es más opaco y menos efectivo que hace 10 años. Algunas excepciones, por épocas. La alfabetización había ya iniciado y el gobierno de UNE cancela las escuelas modelo en las que no había acceso a los recursos por los funcionarios. ¿Se vale?

La proveeduría de servicios y bienes al estado está, hoy día, en tela de juicio y abiertamente los interesados en los jugosos contratos se pelean por la cuota. Ninguno propone mecanismos en los que no hay probabilidad de manejar precios o comisiones. ¿Se vale?

El sistema de justicia está tomado, sin que se pueda encontrar una salida. La normativa procesal es la que lo provoca. Acá se extorsiona a todo nivel si se clama justicia, pues la justicia está cerrada a tecnicismos que permiten a sus operadores jugar con ella y el bolsillo de los interesados. ¿Se vale?

Por supuesto que si simplifico el problema a “el Estado se quedará sin poder cubrir sus pagos”, la pelota está de nuestro lado. De usted y yo que pagamos.

Veamos casos interesantes. Se dice que pagamos muy poco. La primera pregunta es “¿Comparado con quién?” La segunda pregunta debe ser: “¿Para qué queremos pagar más?” y la tercera pregunta es “¿Quiénes pagan en Guatemala?”

Hong Kong tiene un impuesto único con tarifa de 15 y 16%. Recauda lo mismo que nosotros. ¿La diferencia? Paga la mayoría de la población. Acá, el seguro social, el ISR, el IVA, circulación, vehículos, importación, timbres, IUSI, etc. se pagan por unos pocos y no logramos recaudar más allá del 12% del PIB. ¿Por qué? Alrededor del 70% de la población no paga. Es informal. Pero lo más interesante es que no tenemos 70% de pobres. El 40% de la población aproximadamente es del 10% más rico del país. Algo no cuadra en las matemáticas.

No cuadra porque el costo de la formalidad es invisible y mucho más caro. El costo de cumplimiento fiscal también lo es. De tal forma que es más rentable ser informal. Al tener un sistema así, las reformas planteadas, que aumentan costos de cumplimiento, tanto fiscal como comercial, son porras al sector informal.

Debemos replantear el rumbo. Los fundamentos.

 

Mario E. Archila M.

Reforma Constitucional, ¿Camino a la tiranía?

Todos hemos oído que nadie está de acuerdo con la reforma constitucional plateada por el señor Presidente. Muchas de las objeciones vienen de buscar intereses particulares o de evitar que ciertas herramientas sean eliminadas.

No obstante, hay algunas redacciones que deberán ser vistas con ojos bastante más analíticos.

¿Qué consecuencias pueden traer en el mediano y largo plazo? ¿Cuál es la función real de una constitución? ¿Qué implicaciones para el débil sistema político actual tendrían de ser aprobadas?

Nosotros hicimos ya dicho análisis y, como es costumbre, lo pondremos en términos coloquiales, pues el tema es para todos, no una tertulia entre académicos.

Analizamos las razones por las que, hoy día, no estamos frente a la sociedad de los años 90 que votaron por el “NO”. Analizamos, gracias a estudios de generaciones y valores sociales, por qué hay un gran riesgo de que sea aprobada y cuáles son los valores que refleja éste modelo.

Le diremos lo que puede ser bueno.

Acompáñenos. Jueves 22 de noviembre de 2012, de 7 a 9:30am en el Hotel Camino Real. Usted desayuna rico, nosotros le damos la información.

Le garantizo que nunca ha visto una presentación que une sociología, valores, historia y Derecho… Q350.00 le compran el asiento y se lleva copia de la presentación a su casa. Llame a Doris al 23788484 para que le pida su desayuno.

Lo espero.

Mario E. Archila M.

Claro que hay coherencia

Es curioso que lo que la gente oye que es ser “libertario” no es lo que es. Todo libertario verdadero estará en desacuerdo con que existan leyes como “impuesto a la distribución del cemento” o “del tabaco” y los aranceles. Todo libertario abogará siempre por la desaparición de dichos privilegios.

De la misma manera abogará porque las leyes sean construidas partiendo de la naturaleza humana: creatividad, ingenio y búsqueda de intereses propios y personales; y la consecuente responsabilidad de sus actos.

¿Qué es la responsabilidad? Pues no es más que tragarse las consecuencias, buenas o malas, de los actos en libertad. De allí que leyes que pretenden que “por mi bien” se establezcan impuestos a los “vicios” son contrarios a los libertarios, ya que únicamente causan privilegios. O el impuesto al cemento, que está diseñado de tal manera que se protege el mercado de la competencia, local y extranjera. ¿Quién paga un precio más alto? Todos los que buscan construir su casa o negocio.

La historia ha tenido períodos muy cercanos, si no es que totalmente, “libertarios”. Claro que nunca se les da crédito, pues se analiza e idealiza un resultado concreto, sin ver los inicios de las corrientes de la historia. Se critica que EEUU no es “libertario”, pero se olvida que lo fue hasta la reforma constitucional impulsada por Franklin D. Roosevelt y su “new deal”. Término que enseña que FDR pasó a fundar un nuevo Estado sobre las bases filosóficas de la corriente del “pacto social” y Rousseau; dejando atrás a Hume y Locke, de la escuela filosófica contraria. ¿Se entiende por qué hoy día EEUU no es libertaria?

Ser libertario no es ser anarquista. La anarquía llevaría a un estado de guerra incontrolable. Ser libertario implica niveles de gobierno centrados en lo que es condiciones de cumplimiento de parámetros que, antes de ser económicos, son morales y jurídicos. No es la abolición del gobierno, sino la limitación del mismo a esferas claras.

Para un libertario no hay distinción de clase o raza, pues se cree en la capacidad innata de cada ser humano de encontrar los mejores satisfactores, conforme a sus circunstancias propias, mientras tenga la libertad suficiente para escogerlas y un pueda obligar a cumplir las promesas que le han hecho otros individuos.

Un libertario, por supuesto, que estará siempre contra la oligarquía. Estará contra grupos de interés, ONG´s y actividades particulares financiadas con fondos de los ciudadanos, ya sea directa o indirectamente (vía tributos, subsidios o manejo de políticas financieras).

¿Cuáles son los sectores más protegidos en Guatemala? La agroindustria, como el azúcar, el café y la banca y finanzas.

¿Hay libertarios a favor de dichos privilegios? No. Hay gente que usa frases y discursos de autores y analistas libertarios para buscar sus privilegios. Eso, claramente.

Triste es que se recurra a generalizaciones para descalificar argumentos que tienen asidero en la historia misma y respaldados por estudios y análisis económicos.

Es de aclarar el libre mercado no es un fin, sino el resultado de tener un sistema moral y jurídico basado permitir a cada individuo buscar su propia felicidad, respetando la búsqueda de dicha felicidad propia del vecino. ¿Es esto incongruente con la caridad, la ayuda mútua, la solidaridad? Claramente no. Cada una de esas bellas palabras son virtudes y una virtud sólo puede ser ejercida en libertad. Sí, en libertad de ser caritativo o no; ayudar o no; ser solidario o no.

Es así que no creo que ningún libertario de los que realmente saben qué es ser libertario y busca que se rompan con esos privilegios entregados en las leyes esté en desacuerdo con proponer que se rompa con ellos y se eliminen.

Lo que veo es que en Guatemala hay suficientes cangrejos que por no estar dentro de los privilegios legislados actuales quieren que se les den a ellos y se les quiten a los otros esos privilegios… con esas posturas, ningún libertario estará nunca de acuerdo… y eso es por coherencia.

Mario E. Archila M.