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Legislando y legislando, SAT quiere ser Congreso

Normalmente no publico 2 entradas el mismo día… pero no me aguanto. Vea lo que SAT publica en su cuenta de Twitter:

 

Planilla IVA

 

 

 

Aunque parezca increíble, esto no es posible. En ningún lugar la ley tiene esa limitante. Dice únicamente hasta Q12,000 (como deducción a la renta) por consumos personales, pero no hay calificación de ningún tipo.

Es una deducción y por tanto, la literalidad del texto debe ser respetada. Por mucho que parezca que me gasté algo que no tenía, SAT no puede hacer esto…

Si la planilla y las facturas suman más de Q12,000 de IVA, en buen chapín, SAT se jode, salvo que pueda demostrar que hay falsedades.

Saludos,

 

Mario E. Archila M.

La fallida reforma tributaria… inconstitucional una parte, sin efecto otra…

Hoy, 26 de diciembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial la sentencia de inconstitucionalidad de algunos preceptos incluidos en el decreto 4-2012.

El primer comentario que salta a la luz de la sentencia es que EL CONGRESO NI SE ENTERÓ QUE LE CORRIERON AUDIENCIA POR EL DECRETO 4-2012 Y EVACUÓ LA AUDIENCIA CON ARGUMENTOS RESPECTO AL 10-2012. Así de bien saben los legisladores lo que hacen.

Se declaró inconstitucional la limitante que se estableció para los empleados en relación de dependencia sobre la deducción de los planes de pensión privados. Es así que los aportes a planes de pensión SON deducibles tal como lo eran antes del decreto 4-2012. Buena noticia para los empleados. Ningún empleado, por tanto, deberá obedecer el párrafo que dice: “Los planes de previsión social de capitalización individual a que se refiere esta literal, deberán corresponder expresamente a planes de previsión para jubilación y contar con la debida autorización de la autoridad competente, para funcionar como tales.”

El otro artículo que tuvo un final “positivo” para los contribuyentes es la llamada reserva interpretativa que hace la Corte de Constitucionalidad sobre el artículo 3 del 4-2012, que modifica los costos y gastos no deducibles.

La Corte no entra al argumento verdaderamente interesante de la Posición Jurídica Constituida, pero lo hace tangencialmente hablando de la seguridad y que la modificación de los costos y gastos no deducibles no puede ser aplicable a los contribuyentes que ya estaban operando antes del 25 de febrero de 2012 sino que únicamente aplicará a quienes se inscribieron en SAT a partir del 25 de febrero de 2012.

Literalmente la Corte dice: “…si dejar la reserva interpretativa de que, en cuanto a los contribuyentes que estuvieran inscritos antes del veinticuatro de febrero de dos mil doce, dentro del régimen especial contenido en el artículo 72 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al momento de la liquidación respectiva del período impositivo correspondiente del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la cual, formalmente deben presentar dentro de los meses de enero a marzo del año dos mil trece, determinarán el pago del impuesto sobre la renta que les corresponde, conforme a su renta imponible que resulte de la depuración de su renta bruta, de acuerdo a las deducciones establecidas en el artículo 39 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Decreto 26-92 del Congreso de la República), sin tomar en cuenta la reforma dispuesta en el artículo 3 referido.”

Lo anterior quiere decir que lo que pretendían tanto el Congreso, SAT y el Ministerio de Finanzas, que era ya de por sí una movida bastante absurda (léase “tonta y de ignorantes”, pero como lo leen menores de edad no lo pongo así), es aplicable, como dijimos los que entendemos de Derecho Tributario, solo para contribuyentes que se inscribieran con posterioridad al 24 de febrero de 2012.

Lo que no es aplicable es:

ARTICULO 3.

Se reforma el artículo 39, el cual queda así:

Artículo 39. Costos y gastos no deducibles. Las personas, entes y patrimonios a que se refiere el artículo anterior, no podrán deducir de su renta bruta los costos y gastos siguientes:

a) Los que no hayan tenido su origen en el negocio, actividad u operación que genera renta gravada.

En particular, los gastos financieros incurridos por la obtención de recursos utilizados para la realización de inversiones financieras en actividades de fomento de vivienda, mediante cédulas hipotecarias, en tanto dichos títulos de crédito estén exentos de impuestos por mandato legal.

Los contribuyentes no deben deducir los costos y gastos directos en que se incurra para producir las rentas exentas o no afectas; para ello, deben registrarlos en cuentas separadas, a fin de deducir sólo los que se refieren a operaciones gravadas. Si no se llevan cuentas separadas, se calculan los costos y gastos en forma directamente proporcional al total de gastos directos entre el total de rentas gravadas, exentas y no afectas.

b) Los que el titular de la deducción no haya cumplido con la obligación de retener y pagar el Impuesto Sobre la Renta, cuando corresponda. Serán deducibles una vez se haya enterado la retención.

c) Los no respaldados por la documentación legal correspondiente. Se entiende por documentación legal la exigida por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos y otras disposiciones legales tributarias y aduaneras, para efectos de comprobar los actos y contratos afectos a dichos impuestos. Lo anterior, salvo cuando por disposición legal la deducción pueda acreditarse por medio de partida contable.

d) Los que no correspondan al período anual de imposición que se liquida, salvo los regímenes especiales que la presente Ley permite.

e) Los sueldos, salarios y prestaciones laborales, que no sean acreditados con la copia de la planilla de las contribuciones a la seguridad social presentada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuando proceda.

f) Los respaldados con factura emitida en el exterior en la importación de bienes, que no sean soportados con declaraciones aduaneras de importación y su recibo autorizado de pago; a excepción de los servicios que deberán sustentarse con el comprobante de pago al exterior.

g) Los consistentes en bonificaciones con base en las utilidades o las participaciones de utilidades que se otorguen a los miembros de las juntas o consejos de administración, gerentes o ejecutivos de personas jurídicas.

h) Los de erogaciones que representen una retribución del capital social o patrimonio aportado. En particular, toda suma entregada por participaciones sociales, dividendos, pagados o acreditados en efectivo o en especie a socios o accionistas; las sumas pagadas o acreditadas en efectivo o en especie por los fiduciarios a los fideicomisarios; así como las sumas que abonen o paguen las comunidades de bienes o de patrimonios a sus integrantes, por concepto de retiros, dividendos a cuenta de utilidades o retorno de capital.

i) Los de intereses pagados que excedan al valor de multiplicar la tasa de interés por un monto de tres veces el activo neto total promedio que resulte de la información presentada por el contribuyente en sus declaraciones juradas anuales. Para efectos de la presente literal se entiende como activo neto total promedio, la suma del activo neto total del cierre del año anterior con la del activo neto total del cierre del año actual, ambos valores presentados en la declaración jurada anual del Impuesto Sobre la Renta y anexos de cada período de liquidación definitiva, divididos entre dos. El activo neto total corresponde al valor en libros de todos los bienes que sean efectivamente de la propiedad del contribuyente. La limitación prevista en este inciso no será de aplicación a entidades bancarias y sociedades financieras sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos.

j) Las sumas retiradas en efectivo y el valor de los bienes utilizados o consumidos por cualquier concepto por el propietario, sus familiares, socios y administradores, así como los créditos que abonen en cuenta o remesen a las casas matrices, sus sucursales, agencias o subsidiarias.

k) Los provenientes de cuentas incobrables, cuando se trate de contribuyentes que operen sus registros bajo el método contable de lo percibido.

l) Los de mantenimiento en inversiones de carácter de recreo personal. Cuando estas inversiones estén incluidas en el activo, junto con el de otras actividades que generen rentas gravadas, se llevarán cuentas separadas para los fines de determinar los resultados de una y otra clase de inversiones.

m) Los de mejoras permanentes realizadas a los bienes del activo fijo, y en general, todas aquellas erogaciones por mejoras capitalizables que prolonguen la vida útil de dichos bienes o incrementen su capacidad de producción.

n) Las pérdidas cambiarias originadas en la adquisición de moneda extranjera para operaciones con el exterior, efectuadas por las sucursales, subsidiarias o agencias con su casa matriz o viceversa.

o) Las primas por seguro dotal o por cualquier otro tipo de seguro que genere reintegro, rescate o reembolso de cualquier naturaleza al beneficiario o a quien contrate el seguro.

p) Los incurridos y las depreciaciones de bienes utilizados indistintamente en el ejercicio de la profesión y en el uso particular, sólo podrá deducirse la proporción que corresponda a la obtención de rentas gravadas. Cuando no se pueda comprobar la proporción de tal deducción, sólo se considerará deducible, salvo prueba en contrario, el cincuenta por ciento (50%) del total de dichos gastos y depreciaciones.

q) El monto de las depreciaciones en bienes inmuebles, cuyo valor base exceda del que conste en la Matrícula Fiscal o en Catastro Municipal. Esta restricción no será aplicable a los contribuyentes que realicen mejoras permanentes o edificaciones a bienes inmuebles que no son de su propiedad, ni a los propietarios de bienes inmuebles que realicen mejoras que no constituyan edificaciones, siempre que dichas mejoras no requieran, conforme a las regulaciones vigentes, de licencia municipal de construcción.

En el caso de las depreciaciones que se han venido aplicando antes de la vigencia de esta Ley, y que exceden el valor base, el contribuyente podrá continuar con la depreciación de los mismos como gasto deducible, únicamente si demuestra la inversión efectivamente realizada en los inmuebles.

r) El monto de las donaciones realizadas a organizaciones no gubernamentales, asociaciones y fundaciones no lucrativas, de asistencia, servicio social, iglesias y entidades de carácter religioso, que no cuenten con la solvencia fiscal del período al que corresponde el gasto, emitida por la Administración Tributaria.

s) El monto de costos y gastos del período de liquidación que exceda al noventa y siete por ciento (97%) del total de la renta bruta. Este monto excedente podrá ser trasladado exclusivamente al período fiscal siguiente, para efectos de su deducción.

La disposición del primer párrafo de esta literal, no es aplicable a los contribuyentes que tuvieren pérdidas fiscales durante dos (2) períodos de liquidación definitiva anual consecutivos o que tengan un margen bruto inferior al cuatro por ciento (4%) del total de sus ingresos gravados. Para el efecto, los contribuyentes deberán presentar informe, previo a que venza la presentación de la declaración jurada anual y los anexos a que hace referencia el artículo 54 de la presente Ley, por medio de declaración jurada prestada ante notario, acompañando los estados financieros auditados y medios de prueba documental que acrediten tales extremos.

Para efectos de la aplicación del párrafo anterior, se entiende como margen bruto a la sumatoria del total de ingresos por servicios prestados más la diferencia entre el total de ventas y su respectivo costo de ventas.

La Administración Tributaria puede realizar las verificaciones para comprobar la veracidad de lo declarado y documentación acompañada.”

Según, entonces, la sentencia del expediente 2836 -2012 de la Corte de Constitucionalidad las modificaciones de este artículo al impuesto sobre la renta solo aplican para los contribuyente inscritos a partir del  25 de febrero del año 2012.

Otros fueron impugnados, declarados sin lugar, que era de esperarse, pues corresponden a normas que no chocan directamente con normas constitucionales “dogmáticas” y por tanto, es más difícil hacer el argumento.

Ahora bien, me sorprende que la Corte declare sin lugar el artículo 7 del 4-2012, pues crea una arbitrariedad enorme. ¿Cómo es posible que mis precios de venta en el IVA dependan del precio de la competencia? Ni modo. Así que, salvo nuevo planteamiento, el artículo 7 sigue vigente. Se lo copio para que se asuste:

ARTICULO 7.

Se adiciona el artículo 14 “A”, el cual queda así:

Artículo 14 “A”. Base del débito fiscal. Para efectos tributarios, la base de cálculo del débito fiscal es el precio de venta del bien o prestación de servicios, ya incluidos los descuentos concedidos.

En el caso que un contribuyente, en un plazo de 3 meses, reporte en su facturación precios de ventas promedios menores al costo de adquisición o producción de bienes, la Administración Tributaria podrá determinar la base de cálculo del débito fiscal, tomando en consideración el precio de venta del mismo producto en otras operaciones del mismo contribuyente u otros contribuyentes dentro del mismo plazo, salvo que el contribuyente justifique y demuestre las razones por las cuales se produjo esa situación y presente información bancaria y financiera que acredite sus ingresos reales.

En los servicios de espectáculos públicos, teatro y similares, los contribuyentes deben emitir la factura correspondiente y el precio del espectáculo consignado en la misma no debe ser inferior al costo del espectáculo para el público, de acuerdo al precio de cada localidad del evento.”

Los dejo así con el regalo de año nuevo que la Corte nos dio.

Mario E. Archila M.

Noticias para alarmarse: El comercio es señal de delincuencia y SAT amenaza con prisión

En la edición de Prensa Libre del 29 de noviembre de 2012 me encontré -me contaron y luego fui a leer- de dos noticias que me alarmaron.

La primera es que “INVESTIGAN NEGOCIOS UBICADOS EN ZONA 15” por la posibilidad que sean fachadas para el lavado de dinero. La encuentra en la página 10.

¿Qué me alarmó? Que nos estamos convirtiendo en un régimen que duda de cualquier ciudadano. Todo negocio implica la existencia de lavado de dinero o vínculos con el narcotráfico. La noticia dice “Entre los hechos que han desencadenado sospechas para que el Ministerio de Gobernación monte operativos de inteligencia se incluyen el aumento y creciente desarrollo comercial, hurto y robo de vehículos, saqueos a viviendas, ataques armados directos, enfrentamientos y asaltos a peatones”. Está bien que el hurto y robo de vehículos alerte, pero que “el aumento y creciente desarrollo comercial” sea una alarma no puede estar bien.

Triste resulta que el vocero de la Municipalidad declare que “…personas tramitan patente de comercio y tarjeta de salud, pero no cuentan con el permiso de abierto al público, pues quieren operar en áreas residenciales, donde no está permitido”. En el fondo quiere decir que hemos sido expropiados. Si bien el orden es deseable, también lo es que no poder decidir dónde tener un negocio acarrea ilegalidad. También lo es que el hecho de tener que pedir permiso para abrir un negocio en mi casa, no es más que una llana expropiación.

La otra “bella” noticia es que se anuncia que “SAT VA TRAS SUBVALUACIONES”. Acá el tema es escabroso. SAT y Muni firmaron un acuerdo para que SAT fiscalice el IUSI… ¿Es eso legal? SAT y Muni no pueden firmar acuerdos por los que Muni le traslada la administración del IUSI a la SAT. Se requiere de una ley para trasladarlo.

Ahora, el tema incluye que SAT busca recaudar IVA que no recaudó en compraventas de inmuebles. Dice Miguel Gutiérrez, con esa ignorancia de burócrata, que detectaron “simulaciones de valores en compraventas”. Lo que deberían decirle sus abogados en SAT es que para que pueda decir que hubo “simulaciones” debe seguir un proceso judicial que la declare, pues las compraventas de inmuebles se documentan en escrituras públicas, documentos que hacen prueba, por ser faccionados ante Notario Público que goza de fe pública. Si son “simulados” imagino que tiene en su poder ya las sentencias que declaran la nulidad del instrumento público o la simulación del negocio civil. Sin eso, simplemente está haciendo lo que los gringos dicen “bluffing” y hasta puede ser delito, pues está imputando ilícitos a particulares.

La solución, dice SAT a través de Gutiérrez, es que se aplicará una tasa de 3-5% del valor no declarado, sujeto a convenio de pago. ¿Habrá leído la Constitución? No puede hacerse eso sin una ley del Congreso. Si existe “simulación” en el valor y Gutiérrez ya lo detectó, debe iniciar los procesos legales -civiles, administrativos y penales- correspondientes. Si no denuncia, él comete omisión de denuncia. Con sus declaraciones parece que lo que quieren es extorsionar a los contribuyentes y podría caer SAT en exacciones ilegales, coacción y amenazas. Esto con la nueva Ley Anticorrupción está grueso.

Es así que qué lindo es ser funcionario, pero qué bello es que en un Estado de Derecho, el poder no es ilimitado y debería asesorarse mejor antes de hablar.

No cabe duda que este gobierno quiere ser tiránico. No cabe duda…

Mario E. Archila M.

La visión de los impuestos

Me he topado, por azares del destino, con personas que tienen distintas imágenes y opiniones sobre los tributos. Claro que hay quienes están a favor y quienes están en contra.

Hoy motiva estas líneas el punto trascendental respecto a los tributos en general, que se pasa por alto y nos mete en grandes líos.

Los tributos son siempre y al final un tema jurídico. No es un tema económico ni un tema contable. Es un tema jurídico.

De tal manera que debe comprenderse que la economía y la economía política son para “diseño de la política económica de un país”, entre ello, el establecimiento de las metas de recaudación. En la parte contable, la contabilidad es un auxiliar para la administración empresarial y es la base para la determinación de muchos hechos generadores y de muchos aspectos tributarios.

Ninguna de esas ciencias es relevante para las relaciones jurídicas que surgen de las leyes tributarias. Es así que la meta de recaudación no puede ser superior a los límites jurídicos impuestos al poder tributario. La contabilidad tampoco puede servir de base para aplicación de leyes tributarias y menos para su interpretación.

Es por ello que termina siendo un asunto jurídico. Existe toda una ciencia detrás de la interpretación de las normas jurídicas y no digamos de las normas tributarias. El derecho tributario es de origen constitucional. Tanto que las revoluciones que originaron constituciones, nacen por el cobro abusivo de tributos. Puede leer de esos orígenes acá mismo: https://impuestosychocolate.com/2009/10/20/de-chocolates-e-impuestos/

La interpretación jurídica podrá ser contraria a la interpretación contable y a los intereses recaudatorios que se presentaron en los análisis económicos que justifican las metas de recaudación. Pero la interpretación jurídica es el límite natural de la aplicación de cualquier ley, principalmente cuando se trata de una relación personal entre contribuyente y estado.

Hoy oí de algún alto funcionario de SAT que los jueces “tuercen” la ley. No puede negarse que los jueces (magistrados en este caso) pueden cometer errores judiciales y para eso existen los recursos legales correspondientes, pero debe ser siempre matizado el comentario, ya que siempre debe prevalecer el criterio legal. La interpretación constitucional y de normas que desde el Código de Hamurabí han debido ser interpretadas y con lo que, hoy día, contamos ya con más de 5000 años de formación de la ciencia jurídica, que no es más que la interpretación de la normativa.

El derecho tributario, por tanto, es un tema primordialmente de derecho. De instituciones jurídicas como hecho generador, sujeto pasivo, exenciones, sanciones, límites constitucionales, principios que lo ilustran. Hay toda una doctrina de la prueba a la que se sujeta la propia contabilidad y una forma correcta de resolver los conflictos normativos y jerárquicos.

Me da mucha pena que personas ajenas al mundo del derecho descalifiquen tan rápidamente el trabajo de los magistrados, pues un juez puede equivocarse, pero en un proceso tributario son por lo menos 7 magistrados, quienes tienen a su cargo resolver los casos.

¿Hay errores? Sin duda. Pero la mayoría de los casos que he leído y he defendido, han sido resueltos conforme a Derecho.

Es así que con un problema tributario frente a nosotros, la herramienta principal es el Derecho, no la economía ni la contabilidad.

 

Mario E. Archila M.

Implicaciones de los gastos deducibles

Mucho se habló que la reforma tributaria rebajaba el impuesto sobre la renta. Eso es parcialmente cierto.

Si usted es politiquero, dirá que claro que es cierto porque se bajó del 31% al 25% la tarifa del Impuesto Sobre la Renta. Pero eso no nos dice nada a los que sí le ponemos corazón a este horrendo tema de las exacciones forzadas del producto de su trabajo.

En el Derecho Tributario la cosa es así:

El impacto en el contribuyente es lo que vale. He allí lo que se denomina “capacidad de pago” y “no confiscatoriedad”. Véase los artículos 239 y 243 de la Constitución para los textos constitucionales que obligan a cumplir con estos principios.

Para determinar el impacto, la tarifa es lo de menos. Tenemos así que una tarifa del 5% sobre ingresos brutos resultará confiscatoria, porque no se cobra sobre utilidad, sino sobre los ingresos y dicha operación hace que en muchos casos, el contribuyente pague más de lo que gana en su actividad.

De la misma manera, el 25% sobre 40% de utilidad es más que el 31% sobre 10% de utilidad. El impacto en el primer caso es de 10% sobre los ingresos, mientras que en el segundo, es de 3.1%. La tarifa menor no es indicativo que se “bajó” un impuesto.

Es así que la reforma más importante a la ley del Impuesto Sobre la Renta no es la tarifa, sino que el procedimiento de cálculo de la “base imponible”. Base imponible, en el impuesto sobre la renta, debe ser el resultado de restar a los ingresos los gastos deducibles.

Venga el 21 de junio a las 7am al Camino Real para enterarse de cómo no le pasará que SAT le ajuste sus gastos deducibles. Sería grave, realmente grave, que usted se gaste buen porcentaje de sus ingresos en generarlos y por un simple documento mal llevado, SAT le niegue esos derechos.

Llame al 23788484 para inscribirse. El cupo es limitado.

Lo espero.

Mario E. Archila M. 

Reformas al Código Tributario del Decreto 4-2012, reforma Fiscal de Guatemala

El Código Tributario es el cuerpo legal que regula la materia tributaria en general. Contiene los principios de aplicación, interpretación e integración del mundo jurídico tributario, los procedimientos, definiciones y sanciones. Las modificaciones a este régimen pueden considerarse de vital importancia pues definen la mecánica y forma de realizar ajustes tributarios y sancionar a los contribuyentes “mafiosos”. Claro que la importancia principal está en que sus normas son las que deben salvaguardar los derechos básicos de los contribuyentes.

Dicho esto, encontramos que son las reformas a las que más atención debe ponérseles, aunque usualmente el público en general se preocupa más por las tarifas que por las reglas que garantizan o violan su esfera de derecho.

Se incorporaron varias normas y reformaron otras a este cuerpo legal.

Simulación Fiscal

La primera es la incorporación del artículo 16 A, que contiene la llamada “simulación fiscal”:

“Artículo 16 “A”. Simulación fiscal. La Administración Tributaria formulará los ajustes que correspondan,cuando establezca que los contribuyentes, en detrimento de la recaudación tributaria:

a) Encubran el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza;

b) Declaren o confiesen falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas; o,

c) Constituyan o transmitan derechos a personas interpuestas, para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas.

En estos casos, la Administración Tributaria formulará los ajustes que correspondan y notificará al contribuyente o al responsable, sin perjuicio de iniciar las acciones penales, cuando corresponda.”

Tiene algunas cosas importantes de comentar por lo peligroso que resulta una norma de este tipo. Si bien es cierto que otras legislaciones contemplan normas similares, debe tenerse presente que la simulación fiscal podría existir sin problema alguno, si se limita a ser una “herramienta” de la administración tributaria para realizar ajustes. Es decir, con efectos únicamente limitados a corregir posibles omisiones del contribuyente, con la necesidad plena y absoluta de demostrar que el acto es “simulado” y que “el acto que se oculta” es tal o cual.

Usualmente se deja claramente estipulado el procedimiento para “establecer” dicha simulación y los efectos que tendrá. Acá, la norma simplemente indica que la Administración Tributaria formulará los ajustes cuando “establezca” que los contribuyentes “en detrimento” de la recaudación cometen alguno de los 3 tipos de simulación que establece el artículo y “…formulará los ajustes que correspondan y notificará al contribuyente…sin perjuicio de iniciar las acciones penales, cuando corresponda”.

Vemos que hay 2 situaciones a las que debemos ponerle atención:

  1. ¿Cómo establece la administración tributaria que hubo simulación?
  2. ¿Cuándo corresponde iniciar acciones penales?

En situaciones similares, otras legislaciones claramente establecen que deberá establecer dichas situaciones de simulación por medio de los procedimientos de determinación o procedimientos especiales administrativos. Siempre sujetos a control de los tribunales de lo contencioso administrativo. Acá la redacción no indica cómo, por lo que deberíamos empezar a ver cómo quedó, en su conjunto, el “nuevo” Código Tributario para hacer las conjeturas del caso. Todo parece indicar que será una norma que “se salta” el control de los tribunales que la Constitución crea como obligatorio.

Siempre causa temor que estas herramientas sean mal utilizadas, principalmente cuando se parcha un cuerpo legal como el Código Tributario.

Junto a esta modificación, también se modificó el artículo 90, mismo que tiene ahora el siguiente texto: “Si de la investigación que se realice, aparecen indicios de la comisión de un delito o de una falta contemplados en la legislación penal, la Administración Tributaria se abstendrá de imponer sanción alguna y procederá a hacerlo del conocimiento de la autoridad competente, sin perjuicio de recibir el pago del adeudo tributario y ello no libera al contribuyente de la responsabilidad penal. La Administración Tributaria en ningún caso sancionará dos veces la misma infracción”, con lo que “pegan” ambos artículos para que la conjetura inicial sea que cualquier indicio “establecido” por la propia SAT dará lugar a la “obligatoria” denuncia y con ello, se convierta en una “pistola a la sien” del contribuyente, más que herramienta de ajuste.

Informes de terceros

Recurrente reforma es la del artículo 30 que contiene la información que SAT puede requerir. Lo que llama la atención es que reitera la obligación de proporcionar información sobre terceros, cuando sea: “…sobre actos, contratos, actividades mercantiles, profesionales o de cualquier otra naturaleza, con terceros, que sea requerida a efecto de verificar la determinación o generación de tributos, dejando a salvo los datos protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala y leyes especiales.” Agrega que “… la Administración Tributaria…” podrá, por medio de un aviso a los contribuyentes o terceros “…que deben informar de sus actividades afectas generadoras de tributos, exentas o efectuadas con terceros, en forma electrónica, con determinada periodicidad, facilitando para el efecto los medios, formatos, contenidos u otros elementos que contendrán la información que se le solicite.”

Se complementa con el nuevo artículo 30 B que la Administración Tributaria podrá, a su costa, instalar dispositivos de control o sistemas que le permitan obtener información sobre la producción, importación, distribución, compraventa, transporte o comercialización de bienes o servicios, y sobre la operación de tráfico de telecomunicaciones, directamente dentro de los sistemas o mecanismos de control del contribuyente, tales como sistemas del tráfico de telecomunicaciones, de producción, o fabricación, envasado, llenado, vaciado, o transporte de bienes y servicios de los productores, importadores o distribuidores de bienes o servicios.

Esto quiere decir que SAT podrá “ver on-line” sus transacciones directamente y con ello podrá ajustar al contribuyente “observado” y a terceros. Se cierra el círculo con el artículo 125 A que se agregó, mismo que se refiere a documentos de prueba y certificaciones de la propia Administración Tributaria:

“Artículo 125 “A”. Conservación y certificación de documentos recibidos por la Administración Tributaria. La Administración Tributaria está facultada para que los documentos, registros, informaciones o archivos que reciba, se digitalicen, guarden, almacenen e integren en sistemas informáticos, electrónicos u otros similares, que garanticen su conservación, su fiel reproducción y faciliten la gestión administrativa, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

La certificación de la documentación que obre en la Administración Tributaria en sistemas informáticos, digitalizados, electrónicos, mecánicos u otros similares, que emita funcionario competente para ello, serán admisibles como medios de prueba en toda actuación administrativa o judicial y tendrán plena validez y valor probatorio.”

La última frase “…serán admisibles como medios de prueba en toda actuación administrativa o judicial y tendrán plena validez y valor probatorio” refiriéndose a las certificaciones emitidas por la propia Administración Tributaria nos dan alguna luz que podría indicar que desde un procedimiento interno y de confrontación de datos y documentos, el funcionario a cargo de la “investigación” -sin participación aún del contribuyente- emitirá la certificación con su propia interpretación y dirá que “hay simulación en virtud de los medios probatorios que tuvo a la vista” y eso, por virtud de ley, será un documento con plena validez y valor probatorio, tanto en el procedimiento administrativo o judicial. En palabras simples: ya estableció con total valor de verdad que usted cometió “simulación”, aunque nunca le haya informado. Es hasta este momento que le notificará y dará audiencia, pero puede, a su vez, iniciar el proceso penal en su contra, pues el delito se tipifica con “simulación + detrimento en la recaudación”, elementos que él ya certificó con “pleno valor probatorio” para el mismo juez penal.

Muy peligroso. Como la figura penal indica esos elementos para que haya delito de defraudación tributaria, vea lo que el artículo 90 del Código Tributario le obliga al funcionario de la Administración Tributaria:

“Artículo 90. Prohibición de doble pena -Non bis in idem-. Si de la investigación que se realice, aparecen indicios de la comisión de un delito o de una falta contemplados en la legislación penal, la Administración Tributaria se abstendrá de imponer sanción alguna y procederá a hacerlo del conocimiento de la autoridad competente, sin perjuicio de recibir el pago del adeudo tributario y ello no libera al contribuyente de la responsabilidad penal. La Administración Tributaria en ningún caso sancionará dos veces la misma infracción.”

De tal manera que se cierra el círculo “indicio de la comisión del delito” que se prueba con la certificación interna, que obliga, a su vez, al funcionario a interponer la denuncia so pena de cometer él el delito de omisión de denuncia y permite a su vez que se cobre el tributo.

Ya hemos tenido la experiencia, aún sin la reforma, de casos en los que SAT inició directamente acciones penales, cuando encontró simples descuadres que pudieron ser sujetas de un procedimiento administrativo.

Mario E. Archila M. 

Curso abierto al público

ASPECTOS RELEVANTES DE LA REFORMA FISCAL (Decreto 4-2012)

El famoso y carismático Tuncho Granados me ha invitado a acompañarle a dar este seminario. Reserve el 6 de marzo de 8:30 a 13:00 y estar con nosotros en el Westin Camino Real, para enterarse cómo se lo van a vacunar los de la SAT, para por lo menos, conseguirse buenas curitas. La inversión total es de solo Q900 (al descontar el IVA que puede compensar, es únicamente Q804); incluye ya el parqueo y el coffee break. Para inscribirse llame al 2337-0111.

Contenido:

  1. 70 artículos modificados
    1. Ley del Impuesto Sobre la Renta
    2. Ley del Impuesto al Valor Agregado
    3. Código Tributario
    4. Ley Antievasión
    5. Ley del Timbre
    6. Código Penal
  2. Exposición de casos prácticos originados por las nuevas regulaciones fiscales, tanto desde el punto de vista legal como contable.
  3. Principales implicaciones contenidas en la reforma.
  4. Análisis entre las nuevas regulaciones y la contabilidad.

Los espero.

Mario E. Archila M. 

Beca completa para el seminario de actualización tributaria

Muchas veces enero no es el mes para pensar en capacitaciones, yo lo sé. Por ello es que gracias a la generosidad del organizador, Tuncho Granados, contamos con UNA beca completa para el seminario del 10 de febrero. EL GANADOR FUE JOSÉ KONTRERAS. RECIBIMOS ALREDEDOR DE 10 CORREOS SOLICITÁNDOLA. LÁSTIMA QUE SÓLO TENÍAMOS 1 DISPONIBLE.

Con esto, si el presupuesto da para enviar al Gerente Financiero, no así al Contador General, podrás quizás, mandar a dos. ¿Quieres ir y llevar  a tu mamá que tiene unos locales que alquila y no sabe nada de lo que su contador mes a mes le pide que firme? Acompáñale y regálale su entrada.

Para poder decidir, pues es tarea difícil ser juez, hemos pensado simplemente que me envíes un correo a más tardar mañana al medio día (mario.archila@impuestosychocolate.com) con la respuesta a esta pregunta: “¿Por qué necesito recibir el seminario?” Para revisar el contenido, haz clic acá.

La respuesta que más originalidad y necesidad demuestre, recibirá la confirmación y el pase para ingresar.

Espero verlos por allí.

Mario E. Archila M.

Curso de actualización y defensa fiscal

Curso Actualización Fiscal y cierre contable
Para que no lo vacunen los de SAT

Estimados amigos, a petición general, este curso se está dando en la ciudad de Guatemala. ¿Cómo evitar que lo vacunen los de SAT? ¿Cierre contable 2010? ¿Si es contador, qué nuevas obligaciones tiene?

O sea… -como diría Tuncho Granados en ese bestseller chapín- los temas candentes para no ser el cochito del sábado del festín recaudador.

Los espero por allí para platicar de esto y al rato, por si no lo ha leído, le cuento qué tienen que ver los impuestos con los chocolates.

Mario E. Archila

Impuesto sobre la Renta en Relación de dependencia

Vamos a entrar a un tema complicado. Lo bueno es que sus aportes a fondos de pensiones, siguen siendo deducibles del ISR. Siga leyendo.

La mayoría de las personas pagan Impuesto Sobre la Renta en relación de dependencia. Es un régimen asqueroso. Realmente sucio y negativo. Evita el desarrollo de una clase media, castiga la formación de capital en ese grupo y coloca incentivos contrarios a los valores y principios que propiciarán un crecimiento económico en esa gran clase media. La misma clase mayoritaria de los países desarrollados.

¿Cómo me atrevo a decir esto? Un poco de sentido común, llamado técnicamente, análisis económico del derecho -en este caso de la ley, porque de Derecho no tiene nada.

Vea pues: el profesional liberal o el comerciante (técnico, profesional, comerciante, vendedor, etcétera) que no trabaja en relación de dependencia, tiene 2 opciones para el pago de su impuesto sobre la renta: 5% de sus ingresos brutos o 31% sobre su utilidad determinada al final del año (con pagos a cuenta y pago de Impuesto de Solidaridad). El que trabaja en relación de dependencia tiene el pago en una tabla progresiva, según su “renta” del año, con retención mensual sobre proyección.

El que trabaja “no en dependencia” paga mensualmente el 5% de sus ingresos o bien el trimestralmente algo aproximado al 31% de su utilidad. En el 5% sobre ingresos, ése es el impacto final del impuesto. En el 31%, el impacto mínimo será de 0.93% de ingresos brutos (llega a 1.25% por el ISO). Nada más. Se supone que el sistema de impuestos en Guatemala debe ser justo y equitativo, pero vea cómo son totalmente distorcionadores los elementos. Paga porcentualmente más el empleado, el trabajador, la mayoría.

El sistema “caro” para personas individuales que no están en relación de dependencia es 5% de sus ingresos. Se acaba la discusión. El otro, es sobre utilidad. ¿Qué gastos se incluyen para establecer dicha utilidad? Vea la ley y encontrará en el artículo 38 de la ley del ISR, una lista que va de la a) a la z).

Ahora, si usted es empleado en relación de dependencia, la ley establece sólo 6 razones para “deducir”. Q36,000 al año, sin comprobantes y un par de asuntos más, que realmente son insignificantes. Contribuciones al IGSS, gastos médicos y cierto tipo de seguros. Esto no suma más del 8% de sus “gastos” vitales. Y a cierto nivel de ingresos, usted ya paga 31% de ISR, casi sobre la totalidad de sus ingresos brutos. ¿No puede ser, verdad?

La ley dice entonces que si usted es extremadamente enfermizo, pagará menos impuestos. Eso si su patrono no decide despedirlo primero porque no es productivo. Igualmente, debe necesariamente aceptar como “deducible” sus pagos al IGSS, ya que es casi siempre obligatorio para usted realizar el pago -es técnicamente un tributo- de manera que si el propio Estado se lo exige, debe aceptarlo. Suena correcto, pero no trate de meter gastos de comida, vestuario u otras cosas, porque eso se supone que está incluido en los Q36,000 anuales… ¿Justo?

Para que no se sintiera tan “feo” el régimen, porque al hacer números resulta que su impacto empieza a ser 7, 9 y hasta 15% (y hasta más) sobre su sueldo, le crean el beneficio del “crédito por IVA pagado”. Esto es que usted vaya por el mundo recogiendo cuando factura pueda y todo el IVA que pagó en el año, se le acepta como “pago” para el ISR. Así, su patrono, recalcula su impuesto y el 14 de febrero del año siguiente, se lo devuelve de las retenciones que le hizo. Ahhh, sí, porque en este régimen, su cheque mensual ya viene con el cobro del Impuesto que resultará al final del año. Entonces el 14 de febrero es el día del cuchubal. 12% de todo lo que usted compró sirve para pagar el Impuesto Sobre la Renta. Al que realmente le sirve este beneficio es al Estado, pues obliga a los negocios a dar factura, ya que crea el incentivo en usted de ser cobrador de impuestos y aumenta la recaudación global de IVA y de ISR de dichos negocios. A usted le hace un poco de daño.

¿Qué fomenta este sistema? El gasto. El despilfarro. Con el afán de no pagar ISR, los empleados salen a la caza de cuanto puedan para justificar mayores gastos.

Adicionalmente, la ley, sabiamente, había dispuesto que los planes de pensiones de capitalización individual fueran un gasto deducible. Claro, pues todos sabemos que en los países desarrollados, los mayores actores en bolsas de valores -es decir los dueños de las corporaciones y mayores aportantes al mercado de capitales- son los fondos privados de pensiones. Warren Buffett manejaba sus inversiones así, según recuerdo. Usted tiene el derecho soberano de ahorrar para su vejez. Si es “proletario”, alguien debe velar por su vejez y qué mejor que un sistema de capitalización privada, es decir, suyo propio en el que usted sepa cuánto hay metido, para usted solito. Todos los libros de valores indican que la frugalidad en la juventud es moral y ayudará a su vejez, para no ser una carga para su familia, ni para el Estado.

Por ello existía la norma de esa deducción.

Claro, hasta que algún burócrata, “economista de la eficiencia burocrática” o asesor de planes de gobierno -no de estatistas-, dispuso manejar los términos a su conveniencia y en el año 2010, la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- emitió un “algo” que determinaba que los aportes a planes de retiro o fondos de “pensiones” bancarios, no serían deducibles. Argumentó SAT que la Superintendencia de Bancos le indicó que los bancos no podían realizar este tipo de planes. Cerraron burocráticamente el círculo. Por supuesto que yo dije en aquél momento que no era legal, constitucional ni justo…

Así es que los funcionarios de turno, con un criterio totalmente obtuso, anticuado y político y de corto plazo, pretendieron ampliar la recaudación coartando el soberano derecho de los trabajadores a ahorrar y acumular capital.

Si se mantiene como único beneficio sustancial en el ISR “la planilla del IVA”, como se le conoce, estamos minando la capacidad de formación de capital y seguiremos en el atraso, con un sistema bancario y financiero sostenido principalmente por operaciones de bonos del Estado, rentista y buscador de favores de las autoridades de turno. Ahora sí lo discutieron, porque se quedaron sin incentivos en el sistema para obtener capital de individuos. ¿De qué sirve ahorrar? Bien lo dijo una usuaria de Twitter: “A mi no me gusta guardar dinero en el banco. Prefiero dejarlo en bolsas, chumpas, pantalones, etc. Así ademas de ahorrar, me doy sorpresas”.

La Superintendencia de Bancos y el Banguat resultan defendiendo la postura que emitió a SAT, por supuesta comunicación de la Superitendencia de Bancos -que la dirigía el ahora presidente del Banco. SAT, por su parte, pretendió pasarse de la raya. Lo bueno, hoy se publicó la sentencia en la que le dicen a ambos, no metan sus narices en donde nadie los llamó. La Corte de Constitucionalidad emitió el fallo por el cual deben ser aceptados esos aportes y dejó sin efecto, para aceptarlo como deducción, los “dictámenes” de la Superintendencia de Bancos y de SAT.

Así que si usted tiene un fondo de pensiones en los bancos del sistema, todo lo que aportó durante el año 2010 es deducible. Compre su Diario Oficial para tener el texto. El principal argumento es que “…el principio de legalidad en materia tributara debe entenderse como la exigencia de que la creación de un tributo y también de sus elementos, sea determinada por una ley, y sin la existencia de esta ley no podrían surgir nuevos tributos o diferentes modalidades de sus elementos. Es decir, deberá ser por ley que se establezcan el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, descuentos, reducciones y recargos y las infracciones y sanciones tributarias, de  manera que de no estar reconocido alguno de estos elementos en la ley, una autoridad de cualquier índole no podría crearlos, ya que de hacerlo estaría lesionándose el principio de legalidad” y por ello, cuando no se distinguió en la ley el tipo de “fondo de pensiones”, no puede limitarse el derecho de la deducción por medio de notas o resoluciones administrativas y reitera el criterio que sería una “exclusión arbitraria”. Criterio utilizado en la sentencia del 25 de marzo de 2004, expediente 1086-2003, también respecto a los derechos del empleado en la declaración del ISR de relación de dependencia -allí se discutía el crédito del IVA.

Mañana le contaré de algunos trucos por si lo llaman a “fiscalizarle” su planilla del IVA. No se vaya a dejar, por favor.

Mario E. Archila M.