Estamos en una colorida fiesta. Hay bulla, música, tragos y pleitos. Eso es lo que nos deja el caso de La Línea en la SAT. El antejuicio de la Vicepresidenta en manos del Congreso. El Presidente que se hace bolas al tratar de dar declaraciones. El Ministro de Gobernación que esboza declaraciones cuasirebuznantes por no saber ni qué.

Ahora, bien, ¿qué pasó? Una descomposición del sistema jurídico por andar empujando cosas que con Derecho tienen poco que ver.

Desde su promulgación en 1991, el Código Tributario le ha resultado incómodo a los gobernantes. Lo mismo que les resulta incómodo tener un artículo 239 en la Constitución y un 243 con un principio de prohibición a la confiscación. Esos cuerpos legales están, precisamente, para hacer incómoda al gobernante la tarea de cobrar impuestos. Evidentemente para eso son. Las Constituciones son para limitar el poder. La ley es para limitar el ejercicio del poder. Una vez dicho esto, claro está que les resulta incómodo. Ya lo decía Lord Acton: “Con poder absoluto, hasta a un burro le resulta fácil gobernar”.

Tenemos luego las incursiones de trasnochados activistas “pro” algo, que pretenden que el cobro de impuestos debe ser un juego de “usted pague y no alegue”. Señorones éstos que se juntan a tomar, supongo que café, con trasnochados gobernantes y políticos a quienes se les ponen de “$” los ojitos, pensando que podrán cobrar y cobrar, para gastar y gastar y quedarse con su tajadita de por medio.

Esta última parte responde a la perversión del rol del gobierno en la vida de los ciudadanos. Imaginemos que se buscó atar de manos a los gobernantes de la antigüedad para que dejaran a “su pueblo” en paz; en la Edad Media, se levantan grandes revoluciones para limitar el poder del Rey y sacarlo de la vida privada, pero en pleno siglo XX y XXI, empezamos a transferir toda la responsabilidad de nuestro presente, de nuestra salud, de nuestra educación, de nuestras decisiones personales, de nuestras relaciones de pareja, de cuántos hijos tener, de cómo y dónde vivir, a los gobernantes… Regresamos al punto de partida. La consecuencia, que se use el erario público para quedarse con un “poquito”.

Por ello es que esas ideas cuadran. Y así se hacen modificaciones anuales al Código Tributario, no para hacer rigurosa la aplicación de la fuerza pública en el cobro de impuestos, sino debilitar la posición de los contribuyentes frente a ese ejercicio de poder. En SAT, se establecen metas de rendimiento que van por cuánto dinero cobran y cuantos ajustes formulan, no por cuanto dinero cobran “correctamente” ni cuantos ajustes ganan en tribunales. Se crea un incentivo institucional hecho para pervertir el sistema y la conducta de los colabores de SAT. El bueno -moralmente- tratará de pasarla en el sistema sin violentar su consciencia. El otro, será la manzana envenenada que buscará su beneficio a costas del contribuyente, de las mafias, de los gobernantes. Como el caso de vehículos en SAT y la Línea, en Aduanas.

Para no extenderme tanto, uno de los problemas mayores, por ejemplo, que permite el contubernio entre funcionarios de SAT y contribuyentes -sean mafiosos o extorsionados- es la reforma contenida en el Decreto 4-2012 que elimina, en el recurso de revocatoria, la intervención de la Procuraduría General de la Nación.

La participación de la PGN tenía un doble sentido:

1. Es el representante del Estado. El Estado es, finalmente, el acreedor de los tributos, así que su participación es importante, principalmente, si se está dando la razón al contribuyente.

2. Elimina, aunque sea en teoría, el monopolio de la decisión. Este es un elemento deseable para reducir la posibilidad de corrupción. Al tener que informar del transcurso del expediente a un órgano distinto al principal, la posibilidad de hacer actos de corrupción entre el contribuyente y SAT se reducen.

Adicionalmente, el Decreto 10-2012 también introdujo la Ley Nacional de Aduanas. Una ley que causaba fuertes incentivos para la corrupción, pues reinsertaba otro elemento básico para aumentar dicha corrupción: discrecionalidad. La Aduana se convertía en un órgano con amplios poderes discrecionales y monopolios, pues sólo por allí puedo pasar mi mercancía legalmente…

Es así que si queremos arreglar la corrupción en el país debemos:

1. Eliminar discrecionalidad.

2. Eliminar monopolios (permisos, pasos, licencias).

3. Dispersar la responsabilidad de las decisiones.

4. Crear mecanismos de rendición de cuentas.

5. Limitar funciones a ser ejercidas por los órganos gubernamentales y prohibir las que salgan de esas encomendadas.

Por allí va el reto.

Mario E. Archila M.