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Lo digo y qué…

Se suscitó una “controversia” Twitera (¿Me sigues? Haz clic acá) sobre qué es libertad de expresión y hasta dónde existe el derecho.

Libertad de expresión, evidentemente es decir lo que se me pegue la gana. Evidentemente también, eso hace que me vuelva “esclavo” de mis palabras. ¿Qué quiere decir esto? Yo digo lo que quiera y cualquier persona que me escuche tiene el derecho a decir que estoy equivocado, mintiendo o en falsedad. Estar de acuerdo, aplaudirme o aprobarme.

En los primeros casos, entraremos en un “debate”. Será cuestión de probar cada cual su dicho, usar la cabeza y descubrir la verdad. Es lo lindo de la libertad de expresión. En el segundo caso, se hace mi cómplice y estará sujeto a la disidencia de algún tercero.

Distinto, claro está, es el caso que yo diga algo contra la dignidad de una persona. Ese campo sale de la libertad de expresión y entra en lo que se conoce como delitos contra la dignidad de la persona, precisamente. Insultar, difamar, calumniar a alguien es un límite legítimo a la libertad de expresión que una vez violentado, merece alguna pena y hasta reparación pecuniaria.

La libertad de expresión implica que oiremos cosas con las que no estemos de acuerdo. Eso es libertad de expresión. Se garantiza que tú digas cosas con las que yo no esté de acuerdo.

La libertad de expresión es positiva: decir lo que me venga en ganga. Tiene a su vez el lado contrario: el derecho a no decir nada. No es obligación hablar. Es obligación responder de lo dicho. Insultaste, calumniaste o difamaste: RESPONDE. Paga con el delito y por los daños.

No debe confundirse la responsabilidad de “expresarse”, con el derecho a permanecer callado o a no “autoincriminarse”. Son cosas distintas en ámbitos diferentes. El primero deriva de poder decir cualquier cosa y exponer mis ideas. Quedo, como lo expresé, atado a dichas palabras y sus consecuencias.

El segundo es una garantía judicial. Es que mi “confesión” no debe ser necesaria en un juicio. Debo saber que no me pueden obligar a declarar contra mí o mis parientes. Se busca que realmente se pruebe un delito y no se busque la confesión a como dé lugar.

En Twitter se hablaba que una persona en un medio de comunicación debía ser más cauteloso que un “simple mortal”. No se niega, siempre que la cautela sea a transmitir hechos verídicos. No puede ser cautela simplemente por miedo.

Si un comunicador, celebridad o cualquier persona, por miedo a represalias calla su sentir, su opinión y la VERDAD, estará condenada dicha sociedad a vivir en la sombra, sosiego y aplastada. La libertad de expresión es una garantía a que la sociedad descubra la verdad. Callar por miedo a represalias -no a acciones legales responsables- es síntoma de una sociedad enferma, en deterioro.

El miedo a expresarse es el síntoma de vivir en un mundo intolerante, irrespetuoso de la vida y dignidad, autoritario y superficial. Un mundo sin capacidad de diálogo y con desprecio a la verdad.

Así que diga lo que quiera, solo respete la dignidad de los demás. Esa se respeta mucho mejor, cuando usted sólo habla la verdad y habla de los hechos, no con alusiones personales, denigrantes o irrespetuosas. Cuando saca de su mente los clichés, los “modelos” y los prejuicios. Cuando abre también su mente a las diferencias y se permite escucharlas.

Sepa que cada palabra pronunciada es un lingote de oro o un eslabón en una cadena. Usted escoge.

 

Mario E. Archila M.

¿Fines del Estado?

La historia nos enseña que quien puede cobrar impuestos tratará a toda costa de cobrar lo más posible.

Si bien el poder tributario es manifestación del poder del Estado, este poder no es absoluto ni ilimitado.

En Guatemala, gracias a una rica historia de abusos por parte de la administración tributaria, se incorporó a la Constitución del año 1985 lo que a muchos es un “candado” constitucional al cobro de impuestos.

Claro que es un candado constitucional. Esa es la razón, su espíritu, su justificación: evitar que quien quiere cobrar impuestos cobre lo que quiera.

Ahora en Guatemala se discute el presupuesto para el año 2011. Los ministros salen pidiendo ampliaciones presupuestarias, eliminar candados legales para reasignacioens del presupuesto, aprobación de bonos y financiamiento para la “reconstrucción”. Al lado de ello, nos enteramos de cada vez más actos de corrupción, malversación o priorización dudosa de los recursos tributarios y no tributarios del Estado por parte de la Administración Central.

El texto constitucional dice (artículo 239): Corresponde con exclusividad al Congreso de la República establecer los impuestos, ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales de conformidad con las necesidades del Estado… (luego dice acorde a los principios de equidad y justicia tributaria, tema de otras entradas a este blog).

Ahora bien, ya de dudosa calidad es el gasto en los programas de Cohesión Social, no digamos que de dudoso resultado en el largo plazo también. Las acusaciones de corrupción saltan como pulgas en perro callejero. La destrucción por lluvias hace que los ministros (Willy Castillo entre ellos. Extracto de entrevista en Siglo XXI: Ninguno de ustedes está a la fuerza y saben que están asumiendo una responsabilidad; ¿qué respuesta van a dar a ello? Este es un gran reto y una prueba muy fuerte. Cuando voy al Congreso y me citan, pregunto qué Guatemala queremos. Si queremos una con buenas carreteras, estoy convencido de que hay que hacer lo que se hizo en el Mitch: un impuesto temporal para hacer esa inversión. Traigamos al BID, a Cepal, que nos apoyen a monitorear, a la contratación, a esta empresa internacional que tengo que contratar para que nos certifique y nos verifique. Hagamos todo eso), pidan “impuestos temporales como para el Mitch”. Y yo digo: “Willy, perdón, que Guatemala no ha tenido impuestos extraordinarios nunca: el ISET en el 1991 ya es ahora el ISO, sin dejar de cobrarse, salvo 6 meses durante el año 2004“.

¿Pero, cuáles son las necesidades del Estado que deben cubrirse con los tributos? Sin entrar en discusiones “ideológicas”, seguro que “justicia, seguridad y educación” vienen a su mente…

¿En qué quiere invertir esta administración? En una exposición pictórica conmemorando la revolución del 44. Estoy de acuerdo con Luis Figueroa.

Ya párenle con la revolución del 44, eliminen esa memoria, que no es más que vivir anclados en un pasado que ni siquiera dio frutos. Veamos hacia el futuro, sin divisiones y centrando la capacidad del Estado a lo que verdaderamente son necesidades y que es la Guatemala que estoy seguro todos anhelamos:

1. Salir de casa con la certeza que SUS derechos son respetados;

2. Que en caso de que dichos derechos sean violados, haya un aparato de justicia que sirva pronta y cumplidamente tan apreciado Bien (justicia).

3. Que tenga la certeza que sus hijos no tendrán, desde su nacimiento, una deuda encima que cubrir, que es lo que la deuda pública está haciendo: hipotecando SU futuro, el de sus hijos y nietos.

¿Es moral pagar impuestos cuando sirven a intereses particulares y no de Estado?

Mario E. Archila M.

Haga una rica langosta: ley de extinción de dominio

Tengo un montón de cosas más importantes, en mi vida, pero esto es importante para el país.

La famosa ley de extinción del dominio, como dice LuisFi, es una “wizachada”. Ni modo. Quiere leer la ley. Vaya al sitio del Congreso. Acá está el link: http://www.congreso.gob.gt/archivos/iniciativas/registro4021.pdf

Eso es claro para los que entendemos un poquito de “debido proceso”, “protección constitucional”, “presunción de inocencia” y demás.

No es una cosa de persigamos a los malos y hagamos todo lo malo que podamos con ellos. ¡No! Es una cosa de principios.

En este blog he discutido sobre cuáles son los orígenes de ciertos principios y su aplicación en el derecho Tributario. El Constitucionalismo entero es el resultado de una lucha de siglos por limitar y determinar el límite al ejercicio del poder.

¿Sabe cómo se hace la mejor langosta? Se toma viva y se calienta el agua, hasta que esté cocida. Aderece a su gusto el agua, antes de calentar. De la misma manera se pierde la libertad y el límite que tantos siglos ha costado.

Las cosas no tienen derechos. Siempre las tienen las personas.

Esta ley pretende que las cosas tengan la “sanción”, no “las personas”, quienes seguirán siendo “inocentes”. ¡Hágame el favor!

Si le quitan su casa porque dicen que la cosa es “presuntamente de origen ilícita”, hace que usted sea “sancionado”, sin juicio. Si no, ¿explíqueme cómo le quitaron algo que es suyo, sin haberlo condenado? ¿Qué pasa si resulta que usted es inocente dentro de cuatro años? Esto es la zanahoria para aderezar la langosta.

Acá está la cebolla: Es imposible pensar que las “cosas” tengan derechos. Pregúntele a su computadora si firmó con usted un contrato de servicios profesionales, si siente apropiada la compensación… Es “SU computadora”.

Mire el ajo y albahaca: Se pierde el derecho de propiedad sobre bienes “de procedencia lícita, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de ilícita procedencia”… lo que quiere decir que si usted tiene locales comerciales o una casa y la da en “arrendamiento” a alguien, que resulta que lo acusan de los delitos que están allí, le quitan su casa o local.

Mariano Rayo me dirá: “Es que hay un procedimiento”, pero son babosadas, disculpen, porque la Constitución dice claramente que nadie es culpable, mientras no se haya probado lo contrario en un tribunal (principio formal) y para ello debe ser citado, oído y vencido (principio material). El procedimiento expedito y con apelación -ahora- en 48 horas, es ridícula, pues busque y prepare su prueba en 48 horas, cuando no ha sido citado más que para que le informen que su casa ya no es suya. Y es más, le informen al delincuente presunto que vivía allí, cuando va camino al preventivo.

El debido proceso material implica, definitivamente, que usted y sus cosas, son inocentes, hasta que les prueben lo contrario, no “independientemente” de la sentencia penal. Allí le va el cilantro.

Un poco de picante, le recomiendo chiltepe o chile piquín: mientras se discute, vea usted dónde vive, porque los bienes ya están en poder del Estado. El Fiscal, no el juez, llevan el procedimiento y el juez, sólo lo “aprueba”. Usted puede alegar, pero no le dan los bienes. Es decir que usted es culpable desde el inicio. “No es la cosa”, gritan en el Congreso… Así como muchas otras cosas que no entienden.

Esto es cuestión de principios. Lo que tiene plumas, camina como pato y hace “cuac cuac” sin producir eco, es un PATO.

Sirva en un plato con salsa de mantequilla, adornado con perejil colocho.

Cambiarle el contenido a las palabras es algo de lo que aquella novela de George Orwell se encargó de explicarnos llevaría a la sociedad a un régimen totalitario sin salida.

Además, si leyó la noticia de arriba, resulta que a puerta cerrada lo que los congresistas quieren es que a los funcionarios no les aplique la “presunción de culpa”… Es el poquito de sal que nos faltaba.

La langosta perfecta. ¿No cree?

Mario E. Archila

Estado de Derecho y las camionetas 1

En cuanto a “camionetas” ya hay controversia: rojos o transurbano. En cuanto al “Estado de Derecho”, los chapines ni la sombra le vemos. Esto es, sin embargo, algo que ha ocurrido desde que este terruño se convirtió en Nación.

Para que usted comprenda el hermoso concepto de “Estado de Derecho”, le invito a salga a la ventana de su casa u oficina y observe el tránsito vehicular. Durante algunas semanas trabajaremos el concepto para que no le quepa duda, cuando escuche hablar a los políticos, cuando sí y cuando no le están vendiendo el verdadero concepto de Estado de Derecho.

En las calles de la ciudad circulan un sin fin de vehículos, peatones, para arriba, abajo, norte, sur, este y oeste. Nadie puede decir con precisión hacia dónde camina aquel con quien se “topa” en un semáforo. De la misma manera, nadie puede saber con precisión hacia dónde va cada uno de los ciudadanos o habitantes de un Estado.

¿Cómo logramos llegar a nuestro destino y cómo definimos nuestro destino? Eso es lo que significa vivir o no en un Estado de Derecho.

El marco general normativo: leyes, costumbres, moral, guían o restringen la actividad en mayor o menor grado. Calificar esas normas de “buenas” o “malas”, es lo que dará o no un acercamiento a ese Estado de Derecho.

A partir de hoy, súbase conmigo a una camioneta y descubramos si estamos cerca o lejos de tan preciado estado.

Caminemos por la ciudad, crucemos la calle, subamos a un bus, alquilemos un taxi. ¿Me acompaña?

Mario E. Archila M.

Sistema frente a cultura

Ha surgido un problema “político” en Guatemala. Se busca la elección del nuevo Fiscal General de la Nación. Hace un año se apoyó socialmente una ley para “regular” cómo las comisiones de postulación que manda la Constitución debían elegir a los candidatos. La ley vino en un momento de crisis “institucional” debido al famoso vídeo de Rodrigo Rosenberg.

Ahora el jefe de CICIG, Carlos Castresana, dijo:“No atendieron nada; han respetado las formas para defraudar el fondo. Han producido un resultado contrario no sólo al que quiere la ley, sino la Constitución”, reprochó Castresana, quien dijo que tras el escándalo en las postuladoras de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como del Instituto de la Defensa Pública Penal, “quisimos ser lo más respetuosos posibles con la institucionalidad y, digamos, que les dimos un voto de confianza”. El Editorial del mismo Siglo XXI que publicó las declaraciones citadas arriba, trató el tema. Dicho Editorial coincide en que “Un proceso que en sí es deficiente, podía funcionar si ellos se comprometían con la Constitución y con los intereses generales, pero claramente sólo sirven a los intereses de quienes los han mandado ahí“.

Denota tal proceso un problema de fondo. El problema del Ministerio Público no es de estructura, no es de gente… Es de principios…

La elección del fiscal poco incidirá en la gestión de la institución, por la simple razón que el sistema jurídico alrededor del Ministerio Público no se resuelve con una figura “mesiánica” que resolverá los 17 asesinatos diarios o las bandas de crimen organizado infiltradas a todo nivel. El problema es de la totalidad de dicho sistema jurídico.

Vale describir que el sistema jurídico que impera es uno que requiere que el 100% de los involucrados, gobernados y gobernantes, sean inmaculados, limpios y libres de pecado, para que el mismo presente resultados positivos. Una sola persona íntegra, correcta y moral, no tiene ninguna capacidad de mover dicho aparato de  manera positiva. El sistema descansa en antivalores, por lo que únicamente funciona a la perfección con personas que operan desde dicha oscura perspectiva.

El sistema completa recompensa a quien es irresponsable, por ello otorga extensas facultades a los gobernantes para que suplan las deficiencias de actividad de los gobernados: si lo hiciste mal, te compenso; si no lo haces te compenso; si lo haces bien, te cargo. El sistema completo recompensa la forma sobre la sustancia: si tienes la razón, requieres un formalismo para hacerla cumplir; si eres dueño, el usurpador goza de la propiedad mientras la formalidad transcurre por el tiempo; la razonabilidad no existe dentro del sistema que opera sobre “blanco y negro”. El sistema completo recompensa la falta de honestidad y honorabilidad: ser exitoso en parámetros “occidentales” es calificado de manera negativa; ser “astuto” es “toda la onda”, como dirán los jóvenes. El sistema completo se basa en el incumplimiento: llegue usted a la hora en punto a una reunión y verá cómo ni los meseros están listos para recibirlo. El sistema completo se basa en “salirse con la suya”, no en los “derechos que me corresponden”. Hablo acá de dos tipos de sistemas que coexisten: el sistema social -el ethos- y el sistema jurídico -leyes positivas-.

El sistema social es el que precede al sistema jurídico. Se basa en lo que la población -típicamente una élite intelectual, económica, religiosa y militar- considera bueno. Esto se filtra en el resto de la población. Así se crean las leyes positivas del sistema jurídico. Se crean con la “idiosincracia básica” de dichas élites. En Guatemala, dicha imagen deseada es incorrecta. El sistema jurídico se basa en seres humanos inmaculados. Basta con entender que el ser humano, por naturaleza, tiende al mal y por tanto requiere de normas sociales, morales y jurídicas, que delimiten su actuación.

Históricamente, cuando las normas religiosas eran creídas de corazón, los sistemas políticos y jurídicos cambiaron para adecuarse a ellos, pues la población dejaba de obedecer dichas normas jurídicas. Así la Europa “medieval” saltó a la prosperidad por cambios en el paradigma religioso. Tal cambio fue tan profundo en el corazón de las personas que huyeron de las jurisdicciones que consideraban con “leyes incorrectas” para luego fundar un sistema jurídico que partiera de dichos principios religiosos: Estados Unidos. Le recomiendo que lea el Acta de Independencia de los Estados Unidos de América. Lea con atención. Se sorprenderá.

El sistema jurídico guatemalteco, por su lado, parte de la imagen contraria: el ser humano se comportará de manera inmaculada… siempre y cuando sea de la élite. De allí que surge un sistema “mesiánico”, incongruente, sin entendimiento de la naturaleza humana. Utilizando el ejemplo del Fiscal General como punto de partida, la aseveración que no importa quién sea electo, no pasará nada, se basa en aspectos muy puntuales de dicho sistema:

  • El monopolio de la acción penal. Se parte de la premisa que el Derecho Penal afecta principalmente a la “sociedad” como un ente concreto. Se parte de la premisa que el ofendido por un delito penal no tiene la capacidad -económica, intelectual, legal, etc.- para llevar el caso a buen término. Una acción penal subsidiaria, que permitiera en primer lugar al ofendido ser el atacante y únicamente en caso de no existir tal ofendido o renunciar o solicitarlo el mismo, será labor del “Ministerio Público”. El 99% de los casos podrían ser llevados a juicio, pues es sabido que la gran mayoría de lo que es perseguido, lo es, porque el ofendido se constituye como querellante adhesivo, pero acá debe convencer al fiscal y luego al juez.
  • La discrecionalidad en el sistema. El fiscal a cargo del caso es quien decide si prosigue, si investiga, si hay motivos suficientes. Usualmente dicho proceso, por la naturaleza misma del sistema y sus recompensas, hará que el fiscal decida perseguir los casos que le impliquen menor cantidad de tiempo invertido y mayor certeza de la condena -no de la culpabilidad.
  • La falta de prioridad del Estado al sector justicia. El Ministerio Público sufre lo que todo guatemalteco sufre al final. No hay prioridad real de las funciones de justicia del Estado. Como se parte de un sistema en el que las élites pensaron que la actividad de los gobernantes, que serían ellos, debería ser una de salvación de los ignorantes humanos que tendrían a su cargo, para elevarse como “el salvador y mesías” de Guatemala, se asignaron prioridades lejos del óptimo para crear un verdadero Estado fuerte: en el que el sector justicia es el organismo más importante. Vea la historia. Roma llegó a dominar el mundo gracias a un sistema judicial impresionante. El Derecho Romano que vale la pena estudiar no es el de la recopilación de Justiniano, sino los procesos de formación del Derecho desde la época de los reyes romanos, hasta el apogeo de la República. El paradigma era que los jueces debían resolver lo más pronto posible, la mayor cantidad de conflictos entre particulares para mantener la paz. En Guatemala, el Organismo Judicial tiene asignado 2% de presupuesto en la Constitución (Artículo 213. Presupuesto del Organismo Judicial. (Reformado). Es atribución de la Corte Suprema de Justicia formular el presupuesto del Ramo; para el efecto, se le asigna una cantidad no menor del dos por ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado, que deberá entregarse a la Tesorería del Organismo Judicial cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano correspondiente…). Frente a otros organismos o entidades que tienen:
  • Universidad de San Carlos 5% (Artículo 84. Asignación presupuestaria para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa no menor del cinco por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, debiéndose procurar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del nivel académico).
  • La Superintendencia de Administración Tributaria tiene una “comisión” del 2% de lo que recauda para su operación;
  • El deporte tiene una asignación de por lo menos el 3% del presupuesto (Artículo 91. Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Para ese efecto, se destinará una asignación privativa no menor del tres por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado.)

Cabe entonces la pregunta, sistémicamente, ¿qué es la prioridad? En un país en el que sólo el 1% de la población llega a la Universidad, aproximadamente, 5% del presupuesto está dirigido a una de las universidades. El deporte, en un país de desnutridos, ocupa 3% del presupuesto. Pero para cubrir la justicia, se destina únicamente 2% del presupuesto al Organismo Judicial. La recaudación de impuestos tiene un presupuesto casi igual que todo un organismo del Estado.

17 asesinatos al día y 2% del presupuesto en jueces, son cifras alarmantes.

La segunda pregunta es ¿qué moral refleja un sistema así?

Imagino que es una en la que cada acción debe quedar sin consecuencia, por lo que se anula la responsabilidad de los actos. Sin responsabilidad de los actos de las personas, simplemente seguiremos viviendo en la Edad Media, mientras que las sociedades que aprendieron que cada acto tiene una consecuencia moral, social y jurídica, entraron hace más de 200 años en la Era Moderna.

¿Hasta cuándo seguiremos así?