Página 2 de 4

Derrumbes y seguridades

Deslave
Deslave

 

Don Jorge Palmieri publicó esta foto en su blog. Dele una visita al artículo. Habla de otros temas.

Entrando en el tema que quiero, esta fotografía es la ilustración de estos temas. El clamor popular es “¿Y los estudios de impacto ambiental? ¿La Muni no lo previó? ¿Dónde estaban las autoridades cuando se hizo esto?”

Acá es de ver que la carretera pasa por donde pasa, haya o no impacto ambiental negativo. Los estudios de impacto ambiental son una estrategia para dar comodidad respecto a que “alguien” está haciendo algo por proteger el ambiente. ¿Sirven de algo o son un simple requisito? Requisito que muchas veces es una excusa más para pedir algunos centavitos extra.

Las municipalidades otorgan licencias de construcción, pero nadie se pregunta realmente para qué es que se deben solicitar licencias de construcción y mucho menos, si dichas licencias de construcción son un requisito aceptable. Las licencias de construcción, realmente, no son para verificar estos extremos. Son vehículos de recaudación. Simplemente. Aunque existiera un POT (Plan de Ordenamiento Territorial), las licencias de construcción no podrían, por sí, evitar estas situaciones. ¿Por qué? Porque su función es regular el uso del suelo, no verificar las condiciones geológicas donde se construirá un proyecto. Es así que autorizarían que cierta zona sirva para uso comercial, residencial, mixto; para construir o no un centro comercial, etcétera. Sin embargo, que el suelo tenga o no capacidad de mantenerse firme en ciertas condiciones es trabajo del ingeniero de suelo, el ingeniero civil encargado de la obra, el desarrollador de un proyecto y propietario que compra. Bastante evidente resulta saber que si se compra en la ladera de un barranco y más, a la orilla de un corte de carretera, que “algo” hay que hacer para que no se lave el terrenito que compré. Acá, el propietario quizás llegará a decir, “pero le dieron la licencia de construcción, eso quiere decir que aguantaba” y el sentido común perdió ante el mismo estatismo.

El ministerio de comunicaciones contrata a quien realiza la carretera, pero ¿valida, supervisa y traza la ruta por el lugar más adecuado?

Realmente lo dudo. Muchas veces encontramos rótulos que indican “curva peligrosa” y yo me pregunto “¿No pudieron trazar la ruta de modo que la curva no fuera tan pronunciada?”

En la fotografía se observa que se derrumbó el jardín de una gran casa-habitación. No observo tuberías de desagüe de aguas pluviales; como tampoco un muro de contención adecuado para el corte enorme que se hizo para la carretera. Recordemos que el agua de lluvia de manera natural es absorbida por el suelo. Cuando se hace una construcción de concreto, la misma cantidad de agua que cae es absorbida por una menor superficie, pues el concreto no tiene la misma capacidad de absorción que la tierra. A menor área e igual cantidad de agua, mayor saturación y la tierra pierde su consistencia… resultado inmediato, lodo. Resultado mediato, deslave.

El constructor de la casa lo debía saber. El constructor de la carretera, lo debía saber. La municipalidad, pues podría saberlo, pero su rol es establecer usos y estética de los barrios y zonas de su municipio, no prever que se caerá una casa. El dueño, lo pudo ver venir.

Tenemos tantas autoridades involucradas que creemos que es de ellos el papel de prever, mitigar y prevenir las consecuencias de nuestros actos. Carecemos de un sistema que llegue a determinar qué sucedió. Un sistema legal que no hará posible que se cobre al responsable tanto del corte de la carretera, como de las construcciones que “aflojaron” la tierra en la parte alta de la montaña.

Me lleva al tema final. ¿Cómo le hago para ir a cobrar las responsabilidades civiles y penales?

 

Así es. Tenemos un sistema social de asignación de responsabilidades que lo único que dice es “¿Qué autoridad permitió esto?” y todos nos lavamos las manos, pues la culpa, no es de nadie.

 

Mario E. Archila M.

Las lecciones del porno: muestra de intervencionismo

A veces hacer un punto requiere un ejemplo extremo. Ahora la realidad me lo provee. Resulta ser que en California se pretende obligar que la industria porno, sí, leyó bien, porno, obligue al uso del preservativo. Vea la noticia acá: http://www.aidshealth.org/archives/news/california-to-create-new-condoms

La excusa presentada por los promotores es que “Es la primera vez que el público ha escuchado de los planes de Cal/OSHA de proponer y presentar lo que AHF ve son altamente necesarios cambios a la ley californiana de Patógenos Sanguíneos, para proteger de mejor manera a los trabajadores y actores en la industria de filmes para adultos” (“This is the first time the public has heard of Cal/OSHA’s plans to draft and introduce what AHF sees are much-needed safety amendments to California’s Bloodborne Pathogens Statute in order to better protect workers and performers in the adult film industry”).

Vamos al fondo del asunto: ES PORNO. El VIH es una enfermedad de transmisión sexual y por contacto de fluidos. El porno es eso. La conducta. ¿Hay porno con condón? Seguramente. Todos sabemos que el porno no es una realidad. El problema radica en el porno mismo. Por supuesto que es un problema… a varios niveles. Un problema que no justifica interferencias, eso sí.

Un actor o actriz porno sabe que tener sexo por horas con muchos y por orificios que no necesariamente fueron pensados para lo que el guión exige, elevará las posibilidades de contagio. Es, obviamente, una conducta de riesgo.

El hecho de obligar que usen condón no aliviará el problema… Se hará Porno en Estados o países que no lo exigen. Se “talento porno” no requiere de visas particulares o licencias. Perfectamente puede ser una industria clandestina. Allí el riesgo será mucho peor.

El consumo del producto es lo que empuja a las productoras a presentar las escenas que filman. El uso del preservativo no es la cura del SIDA. La conducta sexual sana, sí. Por lo que el fondo no es el condón en el porno, sino el porno mismo. De allí, a prohibirlo, es otra cosa.

Como sociedad debemos entender que la responsabilidad es parte esencial de la libertad y por ello, que alguien quiera hacer de su vida una zona de riesgo, muy su problema. Si una actriz o actor desea disminuir su propio riesgo, pues trabajará únicamente en producciones que utilicen, permiten o admitan el uso del condón. Si eso no vende, no le quedará más que dedicarse a otra profesión menos riesgosa.

Pretender, sin embargo, que somos “libres de consumir porno” pero no sabemos que podemos contagiarnos y por eso “hay que cuidar a los actores y al público” es decirnos irresponsables, por ley.

Estos son los problemas de quienes creen que la ley debe “educar” y “moralizar”. La responsabilidad de los actos implica que la consecuencia lógica de una conducta debe ser asumida por quien realizó dicha conducta.

De tal manera que la ley no puede llegar a eliminar la responsabilidad. Si eso sucede, deja de ser libertad.

Mario E. Archila M.

¿Es inconstitucional el Impuesto de Circulación de Vehículos?

La respuesta corta es: SÍ.

Evidentemente eso no nos resolvería nada, si el sí no está sustentado en algo. Básicamente son 2 violaciones constitucionales las que tiene este tributo:

1. No es un tributo acorde a capacidad de pago;

2. Contiene delegaciones que “chocan” con el principio de legalidad tributario.

En cuanto a la capacidad de pago, este principio es uno de los límites materiales principales que debe cumplir la legislación tributaria. Para que un tributo sea justo y equitativo debe ser estructurado conforme a este principio. La capacidad de pago, en dos platos, es una aptitud subjetiva de hacer frente al adeudo tributario. He allí la violación, pues la base imponible, es decir, de donde se toma el valor al que se le aplica la tarifa (2%), es un indicio de capacidad de pago: la propiedad de un vehículo y el valor de dicho vehículo. Dicha base es una referencia histórica. Se logra saber con certeza que el sujeto tuvo capacidad económica cuando adquirió el vehículo, no tenemos esa certeza luego. Es así que, tanto los tratadistas como la propia Corte de Constitucionalidad han dicho que ningún tributo puede ser establecido sobre patrimonio, activos o ingresos, sin permitir su depuración para que se establezca la efectiva y real capacidad de pago del sujeto y no se tribute sobre una base ficticia.

En cuanto al segundo punto, la violación está en que el principio de legalidad se estableció universalmente para evitar la actuación arbitraria de los órganos ejecutivos en la tributación, principalmente en el establecimiento de sus montos y su cobro. Por ello es que nuestra Constitución indica que corresponde con exclusividad al Congreso de la República establecer impuestos y sus bases de recaudación, entre ellas, la base imponible. En el caso del impuesto a la Circulación de Vehículos, que realmente es a la propiedad de vehículos, la base imponible la establece SAT por medio de un listado. Es así que es un acto de poder el que determina cuánto cuesta un carro. El valor del carro es la “base imponible” y por tanto, no puede ser un acto “delegado”, ya que corresponde con “exclusividad” al Congreso establecer la base imponible, para evitar, precisamente, que el órgano ejecutivo lo haga.

Bueno, dicho esto, les cuento que la inconstitucionalidad planteada por unos “buzos” patojos, estudiantes de derecho, se centra, precisamente, en el segundo punto. Les deseo suerte.

 

Mario E. Archila M.

Costo de cumplimiento

Sorprende que la propia presentación oficial de SAT sobre las reformas indique se las reformas aumentan el costo de cumplimiento.

Es decir que se sabe que es más costoso cumplir con pagar impuestos. Este costo no se puede medir directamente. Sí podemos medir el costo de cobrarlo, pues lo dirá SAT misma. Ya leímos declaraciones del Superintendente explicando que ahora, debido a la baja en la facturación, debieron sacar 500 auditores adicionales para combatir dicho “flagelo”.

Así es que no sólo subió la carga, individualmente considerada, sino que sube también el costo de cumplir y se agrega el costo de la incertidumbre sobre la interpretación. Resultado: ES MÁS BARATO NO PAGAR. Allí hago un juego de probabilidades de que me “cachen” y un cálculo financiero de cuánto me cuesta pagar luego de que me cachen.

Sorprende.

Los diseños de las normas impositivas deben ser claros, eficientes y sencillos de cumplir. Deben evitar que haya interpretaciones varias, contradicciones, confusiones o situaciones en las que un empleado de la Administración puede ejercer directamente algún poder coercitivo, como cerrar un negocio con su “sospecha”.

Al evitar todo ello, se eliminan costos de cumplimiento, de incertidumbre y se hace mucho más sencillo lograr una recaudación voluntaria más alta.

Es simple. ¿Usted a qué lugar va a comprar? ¿A uno en el que para enseñarle el producto, darle el precio, cobrarle y entregárselo debe hacer cálculos, llenar formas, esperar respuestas, lograr consensos e interpretar lo que le ofrecieron, rezando por no tener que discutirlo con el superior una vez ya lo pagó, o aquel lugar donde dice quiero A y 30 segundos después le dicen “gracias por su visita, buen día”?

Mario E. Archila M.

¿De quién es la culpa?

Muchas personas me han preguntado, ¿Quién redactó la dichosa reforma tributaria?

Mi honesta respuesta es “no me consta”.

Lo que me consta es que está mal hecha. Lo que me consta es que son 2 decretos del Congreso… lo que me consta es que, al final, lo hizo el Congreso.

Veamos que a mi se me puede ocurrir el mamarracho más desgraciado del mundo y lo logro meter de proyecto de ley. Es Congreso tiene que votar para que sea decreto.

¿Qué pasó? He allí el detalle. Nunca debió pasar al Congreso, sí… nunca. Pasó. Nunca debió tener dictamen favorable, claro, ¡nunca! Nunca debió ser aprobado como decreto, por supuesto, ¡nunca! Y luego, pudo ser vetado por el Presidente, ¡claro!

Así que vea que el culpable final no es el que hace el mamarracho, sino el que levanta su manita o pone su firma.

Necesita nombres, pues busque las publicaciones de prensa y comunicados del ahora infame G-40. Ellos “apoyaron” la aprobación de todo esto. Por allí al rato le suenan nombres de los redactores. Luego busque en el Congreso quiénes firmaron el “dictamen” y busque qué diputados lo aprobaron y, siga la cadena…

Seguramente que no es fácil hacer leyes, pero vea que en el año 91 hubo una reforma integral, se hacen Código Tributario y leyes del ISR e IVA. Estudiadas con principios en mente. De allí para acá, las modificaciones han sido con el único espíritu y fin de impedir el desarrollo integral de los contribuyentes… Que a la fecha, somos usted y yo.

Mario E. Archila M.

Otros aspectos de la llamada “Reforma Tributaria”

¿Finalidad de un Gobierno?

Allí hay otro problema en cuanto a la Reforma Tributaria. Evidentemente no todo puede ser hecho por el gobierno. Hay acciones para las que no está hecho y acciones que principalmente le corresponden.

¿Sabemos cuáles son cuáles? He allí un primer gran problema que la reforma no trató. La misma se hace con una programación de gasto que es más una lista navideña a Santa Clós que un programa que responda a acciones de gobierno.

Mucho del gasto no representará mejora de condiciones para los ciudadanos. Es más, mucho del gasto, por el simple hecho que el gobierno anuncie que lo hará, causará falsas expectativas y eso, a su vez, mayores conflictos sociales.

Coincidimos que tenemos problemas tan graves como la seguridad. Aunque la violencia haya disminuido, cuando vemos cifras de muertos, no necesariamente vemos que las causas de dicha violencia están siendo atacadas. Un conflicto de tránsito termina en una persona muerta. Un robo de mercadería resulta en competencia desleal y extorsión de la propia policía. Un incumplimiento de un proveedor puede llevar a la tumba a alguien.

¿Qué es lo que sucede? No hay mitigación de conflictos pequeños. Los tribunales son inservibles para la gran mayoría de los conflictos y las instituciones públicas de “seguridad” ven únicamente la justicia penal, de alto impacto, como importante. Es la justicia “de paz”, es decir, la civil y mercantil de ínfima cuantía la que evitará violencia. Es la válvula que hará que la conflictividad se reduzca. Menor conflictividad, mayor posibilidad de crear un ambiente de paz.

La correlación es difícil de hacer, pues los medios se enfocan en los resultados de la justicia penal. Se enfocan en las estadísticas de fallecidos por actos violentos. Las historias detrás deben ser más ilustrativas para encontrar el problema. Así que no hay ideas ni propuestas para mejorar la justicia de paz.

A eso le sumamos la cantidad de “tareas” que le asignamos al Estado. Tareas que pasan de lo noble al saqueo. De lo virtuoso al robo. De lo deseable a la exigencia. Esas tareas se le asignan en esa lista de navidad por lo que el problema tributario se convierte en un problema de caja fiscal.

La historia demuestra que por allí empiezan grandes revoluciones. Demuestra que la gente llega a explotar cuando ve que su dinero, su esfuerzo, se utiliza en cosas por las que no encuentra justificativo real alguno. El uso opaco de los recursos, los fines dudosos y hasta los fines redistributivos causarán conflicto. La sociedad, los pagadores de tributos, estará sometida a una presión enorme, que llegará a reventar.

Toda la idea tras el pacto fiscal era hacer más transparente el gasto. Colocar mejor los recursos. Sigue sin suceder. Los operadores políticos siguen viendo el problema del lado de lo que aspiran: su puesto de gobierno. Allí el problema está en que a mayor transparencia y mejor alocación de los recursos, menos posibilidad de saqueo. Dicho problema es de fondo. Se evade. Se escucha siempre la misma canción de “pero la gente no paga y sin recursos no se puede hacer nada”. Se paga más que hace 10 años. El gasto es más opaco y menos efectivo que hace 10 años. Algunas excepciones, por épocas. La alfabetización había ya iniciado y el gobierno de UNE cancela las escuelas modelo en las que no había acceso a los recursos por los funcionarios. ¿Se vale?

La proveeduría de servicios y bienes al estado está, hoy día, en tela de juicio y abiertamente los interesados en los jugosos contratos se pelean por la cuota. Ninguno propone mecanismos en los que no hay probabilidad de manejar precios o comisiones. ¿Se vale?

El sistema de justicia está tomado, sin que se pueda encontrar una salida. La normativa procesal es la que lo provoca. Acá se extorsiona a todo nivel si se clama justicia, pues la justicia está cerrada a tecnicismos que permiten a sus operadores jugar con ella y el bolsillo de los interesados. ¿Se vale?

Por supuesto que si simplifico el problema a “el Estado se quedará sin poder cubrir sus pagos”, la pelota está de nuestro lado. De usted y yo que pagamos.

Veamos casos interesantes. Se dice que pagamos muy poco. La primera pregunta es “¿Comparado con quién?” La segunda pregunta debe ser: “¿Para qué queremos pagar más?” y la tercera pregunta es “¿Quiénes pagan en Guatemala?”

Hong Kong tiene un impuesto único con tarifa de 15 y 16%. Recauda lo mismo que nosotros. ¿La diferencia? Paga la mayoría de la población. Acá, el seguro social, el ISR, el IVA, circulación, vehículos, importación, timbres, IUSI, etc. se pagan por unos pocos y no logramos recaudar más allá del 12% del PIB. ¿Por qué? Alrededor del 70% de la población no paga. Es informal. Pero lo más interesante es que no tenemos 70% de pobres. El 40% de la población aproximadamente es del 10% más rico del país. Algo no cuadra en las matemáticas.

No cuadra porque el costo de la formalidad es invisible y mucho más caro. El costo de cumplimiento fiscal también lo es. De tal forma que es más rentable ser informal. Al tener un sistema así, las reformas planteadas, que aumentan costos de cumplimiento, tanto fiscal como comercial, son porras al sector informal.

Debemos replantear el rumbo. Los fundamentos.

 

Mario E. Archila M.

La fallida reforma tributaria… inconstitucional una parte, sin efecto otra…

Hoy, 26 de diciembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial la sentencia de inconstitucionalidad de algunos preceptos incluidos en el decreto 4-2012.

El primer comentario que salta a la luz de la sentencia es que EL CONGRESO NI SE ENTERÓ QUE LE CORRIERON AUDIENCIA POR EL DECRETO 4-2012 Y EVACUÓ LA AUDIENCIA CON ARGUMENTOS RESPECTO AL 10-2012. Así de bien saben los legisladores lo que hacen.

Se declaró inconstitucional la limitante que se estableció para los empleados en relación de dependencia sobre la deducción de los planes de pensión privados. Es así que los aportes a planes de pensión SON deducibles tal como lo eran antes del decreto 4-2012. Buena noticia para los empleados. Ningún empleado, por tanto, deberá obedecer el párrafo que dice: “Los planes de previsión social de capitalización individual a que se refiere esta literal, deberán corresponder expresamente a planes de previsión para jubilación y contar con la debida autorización de la autoridad competente, para funcionar como tales.”

El otro artículo que tuvo un final “positivo” para los contribuyentes es la llamada reserva interpretativa que hace la Corte de Constitucionalidad sobre el artículo 3 del 4-2012, que modifica los costos y gastos no deducibles.

La Corte no entra al argumento verdaderamente interesante de la Posición Jurídica Constituida, pero lo hace tangencialmente hablando de la seguridad y que la modificación de los costos y gastos no deducibles no puede ser aplicable a los contribuyentes que ya estaban operando antes del 25 de febrero de 2012 sino que únicamente aplicará a quienes se inscribieron en SAT a partir del 25 de febrero de 2012.

Literalmente la Corte dice: “…si dejar la reserva interpretativa de que, en cuanto a los contribuyentes que estuvieran inscritos antes del veinticuatro de febrero de dos mil doce, dentro del régimen especial contenido en el artículo 72 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al momento de la liquidación respectiva del período impositivo correspondiente del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la cual, formalmente deben presentar dentro de los meses de enero a marzo del año dos mil trece, determinarán el pago del impuesto sobre la renta que les corresponde, conforme a su renta imponible que resulte de la depuración de su renta bruta, de acuerdo a las deducciones establecidas en el artículo 39 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Decreto 26-92 del Congreso de la República), sin tomar en cuenta la reforma dispuesta en el artículo 3 referido.”

Lo anterior quiere decir que lo que pretendían tanto el Congreso, SAT y el Ministerio de Finanzas, que era ya de por sí una movida bastante absurda (léase “tonta y de ignorantes”, pero como lo leen menores de edad no lo pongo así), es aplicable, como dijimos los que entendemos de Derecho Tributario, solo para contribuyentes que se inscribieran con posterioridad al 24 de febrero de 2012.

Lo que no es aplicable es:

ARTICULO 3.

Se reforma el artículo 39, el cual queda así:

Artículo 39. Costos y gastos no deducibles. Las personas, entes y patrimonios a que se refiere el artículo anterior, no podrán deducir de su renta bruta los costos y gastos siguientes:

a) Los que no hayan tenido su origen en el negocio, actividad u operación que genera renta gravada.

En particular, los gastos financieros incurridos por la obtención de recursos utilizados para la realización de inversiones financieras en actividades de fomento de vivienda, mediante cédulas hipotecarias, en tanto dichos títulos de crédito estén exentos de impuestos por mandato legal.

Los contribuyentes no deben deducir los costos y gastos directos en que se incurra para producir las rentas exentas o no afectas; para ello, deben registrarlos en cuentas separadas, a fin de deducir sólo los que se refieren a operaciones gravadas. Si no se llevan cuentas separadas, se calculan los costos y gastos en forma directamente proporcional al total de gastos directos entre el total de rentas gravadas, exentas y no afectas.

b) Los que el titular de la deducción no haya cumplido con la obligación de retener y pagar el Impuesto Sobre la Renta, cuando corresponda. Serán deducibles una vez se haya enterado la retención.

c) Los no respaldados por la documentación legal correspondiente. Se entiende por documentación legal la exigida por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos y otras disposiciones legales tributarias y aduaneras, para efectos de comprobar los actos y contratos afectos a dichos impuestos. Lo anterior, salvo cuando por disposición legal la deducción pueda acreditarse por medio de partida contable.

d) Los que no correspondan al período anual de imposición que se liquida, salvo los regímenes especiales que la presente Ley permite.

e) Los sueldos, salarios y prestaciones laborales, que no sean acreditados con la copia de la planilla de las contribuciones a la seguridad social presentada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuando proceda.

f) Los respaldados con factura emitida en el exterior en la importación de bienes, que no sean soportados con declaraciones aduaneras de importación y su recibo autorizado de pago; a excepción de los servicios que deberán sustentarse con el comprobante de pago al exterior.

g) Los consistentes en bonificaciones con base en las utilidades o las participaciones de utilidades que se otorguen a los miembros de las juntas o consejos de administración, gerentes o ejecutivos de personas jurídicas.

h) Los de erogaciones que representen una retribución del capital social o patrimonio aportado. En particular, toda suma entregada por participaciones sociales, dividendos, pagados o acreditados en efectivo o en especie a socios o accionistas; las sumas pagadas o acreditadas en efectivo o en especie por los fiduciarios a los fideicomisarios; así como las sumas que abonen o paguen las comunidades de bienes o de patrimonios a sus integrantes, por concepto de retiros, dividendos a cuenta de utilidades o retorno de capital.

i) Los de intereses pagados que excedan al valor de multiplicar la tasa de interés por un monto de tres veces el activo neto total promedio que resulte de la información presentada por el contribuyente en sus declaraciones juradas anuales. Para efectos de la presente literal se entiende como activo neto total promedio, la suma del activo neto total del cierre del año anterior con la del activo neto total del cierre del año actual, ambos valores presentados en la declaración jurada anual del Impuesto Sobre la Renta y anexos de cada período de liquidación definitiva, divididos entre dos. El activo neto total corresponde al valor en libros de todos los bienes que sean efectivamente de la propiedad del contribuyente. La limitación prevista en este inciso no será de aplicación a entidades bancarias y sociedades financieras sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos.

j) Las sumas retiradas en efectivo y el valor de los bienes utilizados o consumidos por cualquier concepto por el propietario, sus familiares, socios y administradores, así como los créditos que abonen en cuenta o remesen a las casas matrices, sus sucursales, agencias o subsidiarias.

k) Los provenientes de cuentas incobrables, cuando se trate de contribuyentes que operen sus registros bajo el método contable de lo percibido.

l) Los de mantenimiento en inversiones de carácter de recreo personal. Cuando estas inversiones estén incluidas en el activo, junto con el de otras actividades que generen rentas gravadas, se llevarán cuentas separadas para los fines de determinar los resultados de una y otra clase de inversiones.

m) Los de mejoras permanentes realizadas a los bienes del activo fijo, y en general, todas aquellas erogaciones por mejoras capitalizables que prolonguen la vida útil de dichos bienes o incrementen su capacidad de producción.

n) Las pérdidas cambiarias originadas en la adquisición de moneda extranjera para operaciones con el exterior, efectuadas por las sucursales, subsidiarias o agencias con su casa matriz o viceversa.

o) Las primas por seguro dotal o por cualquier otro tipo de seguro que genere reintegro, rescate o reembolso de cualquier naturaleza al beneficiario o a quien contrate el seguro.

p) Los incurridos y las depreciaciones de bienes utilizados indistintamente en el ejercicio de la profesión y en el uso particular, sólo podrá deducirse la proporción que corresponda a la obtención de rentas gravadas. Cuando no se pueda comprobar la proporción de tal deducción, sólo se considerará deducible, salvo prueba en contrario, el cincuenta por ciento (50%) del total de dichos gastos y depreciaciones.

q) El monto de las depreciaciones en bienes inmuebles, cuyo valor base exceda del que conste en la Matrícula Fiscal o en Catastro Municipal. Esta restricción no será aplicable a los contribuyentes que realicen mejoras permanentes o edificaciones a bienes inmuebles que no son de su propiedad, ni a los propietarios de bienes inmuebles que realicen mejoras que no constituyan edificaciones, siempre que dichas mejoras no requieran, conforme a las regulaciones vigentes, de licencia municipal de construcción.

En el caso de las depreciaciones que se han venido aplicando antes de la vigencia de esta Ley, y que exceden el valor base, el contribuyente podrá continuar con la depreciación de los mismos como gasto deducible, únicamente si demuestra la inversión efectivamente realizada en los inmuebles.

r) El monto de las donaciones realizadas a organizaciones no gubernamentales, asociaciones y fundaciones no lucrativas, de asistencia, servicio social, iglesias y entidades de carácter religioso, que no cuenten con la solvencia fiscal del período al que corresponde el gasto, emitida por la Administración Tributaria.

s) El monto de costos y gastos del período de liquidación que exceda al noventa y siete por ciento (97%) del total de la renta bruta. Este monto excedente podrá ser trasladado exclusivamente al período fiscal siguiente, para efectos de su deducción.

La disposición del primer párrafo de esta literal, no es aplicable a los contribuyentes que tuvieren pérdidas fiscales durante dos (2) períodos de liquidación definitiva anual consecutivos o que tengan un margen bruto inferior al cuatro por ciento (4%) del total de sus ingresos gravados. Para el efecto, los contribuyentes deberán presentar informe, previo a que venza la presentación de la declaración jurada anual y los anexos a que hace referencia el artículo 54 de la presente Ley, por medio de declaración jurada prestada ante notario, acompañando los estados financieros auditados y medios de prueba documental que acrediten tales extremos.

Para efectos de la aplicación del párrafo anterior, se entiende como margen bruto a la sumatoria del total de ingresos por servicios prestados más la diferencia entre el total de ventas y su respectivo costo de ventas.

La Administración Tributaria puede realizar las verificaciones para comprobar la veracidad de lo declarado y documentación acompañada.”

Según, entonces, la sentencia del expediente 2836 -2012 de la Corte de Constitucionalidad las modificaciones de este artículo al impuesto sobre la renta solo aplican para los contribuyente inscritos a partir del  25 de febrero del año 2012.

Otros fueron impugnados, declarados sin lugar, que era de esperarse, pues corresponden a normas que no chocan directamente con normas constitucionales “dogmáticas” y por tanto, es más difícil hacer el argumento.

Ahora bien, me sorprende que la Corte declare sin lugar el artículo 7 del 4-2012, pues crea una arbitrariedad enorme. ¿Cómo es posible que mis precios de venta en el IVA dependan del precio de la competencia? Ni modo. Así que, salvo nuevo planteamiento, el artículo 7 sigue vigente. Se lo copio para que se asuste:

ARTICULO 7.

Se adiciona el artículo 14 “A”, el cual queda así:

Artículo 14 “A”. Base del débito fiscal. Para efectos tributarios, la base de cálculo del débito fiscal es el precio de venta del bien o prestación de servicios, ya incluidos los descuentos concedidos.

En el caso que un contribuyente, en un plazo de 3 meses, reporte en su facturación precios de ventas promedios menores al costo de adquisición o producción de bienes, la Administración Tributaria podrá determinar la base de cálculo del débito fiscal, tomando en consideración el precio de venta del mismo producto en otras operaciones del mismo contribuyente u otros contribuyentes dentro del mismo plazo, salvo que el contribuyente justifique y demuestre las razones por las cuales se produjo esa situación y presente información bancaria y financiera que acredite sus ingresos reales.

En los servicios de espectáculos públicos, teatro y similares, los contribuyentes deben emitir la factura correspondiente y el precio del espectáculo consignado en la misma no debe ser inferior al costo del espectáculo para el público, de acuerdo al precio de cada localidad del evento.”

Los dejo así con el regalo de año nuevo que la Corte nos dio.

Mario E. Archila M.

Noticias para alarmarse: El comercio es señal de delincuencia y SAT amenaza con prisión

En la edición de Prensa Libre del 29 de noviembre de 2012 me encontré -me contaron y luego fui a leer- de dos noticias que me alarmaron.

La primera es que “INVESTIGAN NEGOCIOS UBICADOS EN ZONA 15” por la posibilidad que sean fachadas para el lavado de dinero. La encuentra en la página 10.

¿Qué me alarmó? Que nos estamos convirtiendo en un régimen que duda de cualquier ciudadano. Todo negocio implica la existencia de lavado de dinero o vínculos con el narcotráfico. La noticia dice “Entre los hechos que han desencadenado sospechas para que el Ministerio de Gobernación monte operativos de inteligencia se incluyen el aumento y creciente desarrollo comercial, hurto y robo de vehículos, saqueos a viviendas, ataques armados directos, enfrentamientos y asaltos a peatones”. Está bien que el hurto y robo de vehículos alerte, pero que “el aumento y creciente desarrollo comercial” sea una alarma no puede estar bien.

Triste resulta que el vocero de la Municipalidad declare que “…personas tramitan patente de comercio y tarjeta de salud, pero no cuentan con el permiso de abierto al público, pues quieren operar en áreas residenciales, donde no está permitido”. En el fondo quiere decir que hemos sido expropiados. Si bien el orden es deseable, también lo es que no poder decidir dónde tener un negocio acarrea ilegalidad. También lo es que el hecho de tener que pedir permiso para abrir un negocio en mi casa, no es más que una llana expropiación.

La otra “bella” noticia es que se anuncia que “SAT VA TRAS SUBVALUACIONES”. Acá el tema es escabroso. SAT y Muni firmaron un acuerdo para que SAT fiscalice el IUSI… ¿Es eso legal? SAT y Muni no pueden firmar acuerdos por los que Muni le traslada la administración del IUSI a la SAT. Se requiere de una ley para trasladarlo.

Ahora, el tema incluye que SAT busca recaudar IVA que no recaudó en compraventas de inmuebles. Dice Miguel Gutiérrez, con esa ignorancia de burócrata, que detectaron “simulaciones de valores en compraventas”. Lo que deberían decirle sus abogados en SAT es que para que pueda decir que hubo “simulaciones” debe seguir un proceso judicial que la declare, pues las compraventas de inmuebles se documentan en escrituras públicas, documentos que hacen prueba, por ser faccionados ante Notario Público que goza de fe pública. Si son “simulados” imagino que tiene en su poder ya las sentencias que declaran la nulidad del instrumento público o la simulación del negocio civil. Sin eso, simplemente está haciendo lo que los gringos dicen “bluffing” y hasta puede ser delito, pues está imputando ilícitos a particulares.

La solución, dice SAT a través de Gutiérrez, es que se aplicará una tasa de 3-5% del valor no declarado, sujeto a convenio de pago. ¿Habrá leído la Constitución? No puede hacerse eso sin una ley del Congreso. Si existe “simulación” en el valor y Gutiérrez ya lo detectó, debe iniciar los procesos legales -civiles, administrativos y penales- correspondientes. Si no denuncia, él comete omisión de denuncia. Con sus declaraciones parece que lo que quieren es extorsionar a los contribuyentes y podría caer SAT en exacciones ilegales, coacción y amenazas. Esto con la nueva Ley Anticorrupción está grueso.

Es así que qué lindo es ser funcionario, pero qué bello es que en un Estado de Derecho, el poder no es ilimitado y debería asesorarse mejor antes de hablar.

No cabe duda que este gobierno quiere ser tiránico. No cabe duda…

Mario E. Archila M.

Reforma Constitucional, ¿Camino a la tiranía?

Todos hemos oído que nadie está de acuerdo con la reforma constitucional plateada por el señor Presidente. Muchas de las objeciones vienen de buscar intereses particulares o de evitar que ciertas herramientas sean eliminadas.

No obstante, hay algunas redacciones que deberán ser vistas con ojos bastante más analíticos.

¿Qué consecuencias pueden traer en el mediano y largo plazo? ¿Cuál es la función real de una constitución? ¿Qué implicaciones para el débil sistema político actual tendrían de ser aprobadas?

Nosotros hicimos ya dicho análisis y, como es costumbre, lo pondremos en términos coloquiales, pues el tema es para todos, no una tertulia entre académicos.

Analizamos las razones por las que, hoy día, no estamos frente a la sociedad de los años 90 que votaron por el “NO”. Analizamos, gracias a estudios de generaciones y valores sociales, por qué hay un gran riesgo de que sea aprobada y cuáles son los valores que refleja éste modelo.

Le diremos lo que puede ser bueno.

Acompáñenos. Jueves 22 de noviembre de 2012, de 7 a 9:30am en el Hotel Camino Real. Usted desayuna rico, nosotros le damos la información.

Le garantizo que nunca ha visto una presentación que une sociología, valores, historia y Derecho… Q350.00 le compran el asiento y se lleva copia de la presentación a su casa. Llame a Doris al 23788484 para que le pida su desayuno.

Lo espero.

Mario E. Archila M.