La Factura Electrónica es Ilegal

Con estos días SAT ha estado enviando correos electrónicos identificados como Aviso SAT-FEL-XXX-2018 por el cual se le hace saber a los contribuyentes que deben incorporarse a la Factura Electrónica a más tardar el 31 de diciembre de 2018, “Por lo que a partir del 01 de enero de 2019 serán inactivadas sus autorizaciones de documentos tributarios que hasta ese momento tenga vigentes en el Registro Fiscal de Imprentas (Facturas y otros documentos en papel, impresos por sistemas computarizados o máquinas registradoras, documentos electrónicos del régimen FACE, etc.), siendo el Régimen FEL su único medio de emisión de documentos tributarios”.

Agrega luego que se le insta a habilitarse de forma inmediata e iniciar con la emisión de DTE a través del certificador que se escoja entre los 4 actualmente autorizados por SAT.

Eso ya de por sí es ILEGAL, pero la amenaza resulta delictiva. Veamos lo ilegal.

  1. No hay obligación legal de incorporarse a ningún sistema de facturación electrónica:

Si busca usted en la ley verá que no existe obligación legal alguna de emitir facturas únicamente por medio del sistema “factura electrónica en línea” -FEL- sin embargo, SAT pretende que así sea y coacciona con medidas de hecho.

El hecho de que la Administración Tributaria, sin fundamento legal obligue a utilizar dicho régimen ya es violatorio a los derechos de los contribuyentes.

En el contexto de no existir obligación legal (DERIVADO DE UNA LEY) de incorporarse al Régimen de Factura Electrónica En Línea (FEL), debido que la “orden” -como el aviso citado- es mediante el Acuerdo de Directorio 13-2018, el cual es muy inferior a una LEY, por lo que la forma de que la Administración Tributaria pretende obligar a realizar determinado acto -incorporarse al régimen de facturas electrónicas- es ilegal.

  1. Garantía Constitución: libertad de acción.

El ordenamiento jurídico guatemalteco contiene garantías a favor de los ciudadanos y todos los administrados, así como un sistema impositivo y administrativo cuyos pilares se encuentran consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala.

Nuestra Constitución establece en su artículo 5o.:

“ARTICULO 5o. Libertad de acción.

Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.”

Vemos que en el presente caso se tiene la libertad de hacer lo que ley no prohíbe, y  no se tiene ninguna obligación de acatar órdenes que no estén basada en ley ni emitidas conforme a ella.

El Acuerdo 13-2018 del Directorio y la resolución en que se basa el aviso son nulas de pleno derecho, al querer dar órdenes a los contribuyentes de tener facturas electrónicas  en línea obligatoriamente, ya que no son LEY.  Recordemos que el artículo 239 de la Constitución establece que son NULAS IPSO IURE todas las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que modifiquen, tergiversen o disminuyan bases de recaudación. Adicionalmente, establece la misma Constitución que la función pública se ejerce conforme a la ley y que ningún funcionario es superior a la misma, por lo que al leer el artículo 29 de la Ley del IVA se puede claramente ver que la Administración Tributaria ESTÁ IMPOSIBILITADA DE OBLIGAR A USAR UN SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICO, MUCHO MENOS FIJAR PLAZOS PARA ADOPTARLO U ORDENAR QUE SE DEJE DE USAR UN SISTEMA DE FACTURACIÓN POR SU CAPRICHO, YA QUE EL ARTÍCULO CITA INDICA QUE EL SISTEMA ELECTRÓNICO ES OPTATIVO. Veamos:

Art 29 LIVA

Claramente se puede ver que los contribuyentes estamos obligados a emitir documentos con caracteres legibles y permanentes O POR MEDIO ELECTRÓNICO. Y la facultad que SAT tiene es “PARA AUTORIZAR, A SOLICITUD DEL CONTRIBUYENTE, EL USO DE FACTURAS…EN FORMA ELECTRÓNICA” no a obligar a su uso y mucho menos en una plataforma específica. De allí que es clara la violación del artículo 29 de la ley del IVA, misma violación que deriva en una violación de la Constitución al ser contrario a los artículos 5 citado, el artículo 239 último párrafo y los artículos 154 al 155.

Los contribuyentes deben ampararse en el artículo 156 de la Constitución que les permite no obedecer órdenes que sean contrarias a la ley.

Tómese en cuenta que al haber enviado un correo electrónico en el que pretenden coaccionar al contribuyente y obligarle a cosas que no están basadas en ley y, es más, son contrarias a la Constitución misma, la Administración Tributaria podría estar cometiendo actos contrarios al ordenamiento jurídico, algunos con calificaciones delictivas.

 Es así que el aviso referido es un acto VIOLATORIO A LA CONSTITUCIÓN Y POR SÍ NULO Y POR ESO DEBERÁ REVOCARSE.

  1. Fundamento constitucional para efectos de la NULIDAD:

El artículo 44 tercer párrafo de nuestra Carta Magna establece:

“Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza.”

El aviso que nos ocupa son disposiciones “de cualquier otro orden” y claramente restringe la libertad de acción de los contribuyentes que lo reciban -derecho constitucional garantizado-.

Recordemos que la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece la obligación de emitir facturas, las que pueden, conforme a dicha LEY, ser preimpresas, electrónicas o autoimpresas; no hay obligación de que las mismas sean únicamente “electrónicas”.

La Ley establece en el artículo 29 de la Ley del IVA como una OPCIÓN la emisión de facturas electrónicas, pero no hay una sola norma que obligue a emitir facturas electrónicas. El mismo artículo otorga la facultad a la Administración Tributaria de autorizar el mecanismo de emisión QUE EL CONTRIBUYENTE LE SOLICITE.

Sería una imposición absurda de la ley, cuando por las distintas naturalezas de los negocios, la factura electrónica no es recomendable.

Es así que no existe ninguna Ley que obligue a la emisión de factura electrónica y menos en línea, la emisión de factura electrónica es una OPCIÓN que da la Ley del IVA y no puede obligarse a los contribuyentes a emitirla en alguna “fecha específica”.

2.3. Legitima resistencia:

En el orden de ideas expuesto, es de hacer ver a la Administración Tributaria que, cuando esos derechos se ven violados, nuestra Constitución legitima la resistencia para la defensa de derechos y de no acatar órdenes ilegales. El artículo 45 de nuestra Constitución establece en su parte conducente:

“Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución.”

2.4. Violación al principio de legalidad del actuar administrativo:

En virtud de la situación expuesta se viola el principio de legalidad que debe regir a la Administración en no sobrepasar los límites de actuar que la ley le ordene, lo cual se encuentra consagrado en el artículo 154 de la nuestra Constitución Política de la República sobre la Función Pública; sujeción a la ley, en su primer párrafo:

“Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.”

Por ello, el “aviso” es un acto nulo y revocable de la Administración Tributaria, toda vez que existe vicio sustancial pues al efectuar una “orden” que viola disposiciones legales, como es no tener la facultad legal de exigir a los particulares realizar actos que no se encuentran contenidos en ley.

No existe en ningún lugar de la legislación guatemalteca que obligue a acatar órdenes que no se encuentre en la Ley y debidamente promulgadas como tal.

De tal cuenta que la Administración Tributaria no cuenta con facultades para exigir a los particulares determinado acto que no se encuentre contenido en la Ley y por tanto, en franca violación al artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en completa inobservancia a ley.

La Administración Tributaria al utilizar el poder que se le ha otorgado en forma extralimitada y exigir algo que no se basa en ley viola la Constitución y la ley, amenazando con que “Por lo que a partir del 01 de enero de 2019 serán inactivadas sus autorizaciones de documentos tributarios que hasta ese momento tenga vigentes en el Registro Fiscal de Imprentas”. Esta declaración es constitutiva de ABUSOS DE PODER y actos totalmente ilegales, pues la AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS se hace en una resolución, misma que puede ser revocada de oficio únicamente dentro de los diez días de emitida y NUNCA CUANDO YA ESTÁ CAUSANDO ESTADO. Es más, las autorizaciones de documentos, en la ley, NUNCA PIERDEN VIGENCIA, aunque para documentos en papel el Reglamento, de manera inconstitucional, incluyó un plazo de dos años. Es así que aunque las autorizaciones de documentos con que cuente algún contribuyente FUEREN para papel y el plazo del Reglamento fuere aceptado, PERDERÍAN VIGENCIA ÚNICAMENTE A LOS DOS AÑOS DE EMITIDAS DICHAS AUTORIZACIONES. Recordemos que por SEGURIDAD JURÍDICA, contenido en el artículo 2 de la Constitución, de lo que la propia Corte de Constitucionalidad ha dicho: “…El principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 2 de la Constitución, consiste en la confianza que tiene el ciudadano, dentro de un Estado de Derecho, hacia el ordenamiento jurídico; es decir, hacia el conjunto de leyes que garantizan su seguridad, y demanda que dicha legislación sea coherente e inteligible; en tal virtud, las autoridades en ejercicio de sus facultades legales, deben actuar observando dicho principio, respetando leyes vigentes, principalmente la ley fundamental…” Gaceta No. 61, expediente No. 1258-00 sentencia del 10 de julio de 2001.

Es así de claro que no la Administración Tributaria no puede venir a “revocar” autorizaciones dadas y menos las que tienen plazos vigentes SIN QUE ESO CONSTITUYA UN ACTO CONTRARIO A LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN.

  1. Principio de legalidad tributario:

Es un hecho que las distintas Leyes que decretan impuestos contiene sus distintas bases de recaudación y una de esas bases serán siempre los documentos que se utilizarán para determinar el tributo a pagar, es así ese tipo de bases corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretarlos, en aras de mantener el Estado Representativo que debe existir en Guatemala.

El artículo 239 señala ciertas bases de recaudación fundamentales para decretar tributos y utiliza la frase siguiente para determinarlas: “así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes”

Al decir “especialmente las siguientes” no limita a que existan más bases de recaudación, por que como bien debería saber la Administración Tributaria, existen muchas más bases de recaudación y una de ellas serán los documentos de soporte, los cuales están debidamente establecidos en las legislaciones de los impuestos, por lo que SAT no puede obligar a utilizar nuevos medios sin que ello esté contenido en ley, lo anterior es violatorio al principio de legalidad tributario, ya que la Ley del IVA, únicamente señala a la factura electrónica como una opción.

6. De la inferioridad del Acuerdo del Directorio y el aviso que nos ocupa.

El último párrafo del artículo 239 de la Constitución establece:

“Son nulas ipso jure las disposiciones, jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación.” (subrayado propio).

El párrafo recién citado está en la debida concordancia con lo ya expuesto sobre el derecho de libertad de acción, disposiciones nulas ipso iure, resistencia y principio de legalidad.

Como bien sabe el lector, aunque SAT pretenda ignorarlo, pagar IMPUESTOS es un acto que se hace conforme a los mecanismos establecidos en LAS LEYES y SAT debe limitarse a facilitar a los contribuyentes PAGAR LOS IMPUESTOS, no ponerle trabas. Si bien es cierto que la factura electrónica podrá ser útil, no puede SAT pretender que es un mecanismo que facilitará el cobro del tributo para TODOS los casos y MUCHO MENOS cuando la ley coloca la opción de hacerlo vía electrónica EN EL CONTRIBUYENTE no en SAT.  Tampoco es legal ni constitucionalmente aceptable que ahora SAT pretenda dejar sin vigencia ACTOS ADMINISTRATIVOS FIRMES, como lo es la autorización de documentos, COACCIONANDO A LOS CONTRIBUYENTES A UTILIZAR UN SISTEMA ESPECÍFICO DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS, QUE NO ESTÁ AMPARADO EN LEY PUES LA LEY OTORGA OPCIONES A LOS CONTRIBUYENTES DE CÓMO EMITIR SUS DOCUMENTOS Y ÚNICAMENTE LE PERMITE A SAT AUTORIZAR ESAS SOLICITUDES, NO OBLIGAR A UN SISTEMA PARTICULAR, POR LO QUE SAT ACTÚA EN ABUSO DE AUTORIDAD Y PODER.

A SAT lo que le debe importar es que logremos pagar impuestos y se haga conforme a la ley.  Adicionalmente, el Acuerdo del Directorio no tiene siquiera categoría de Reglamento, ya que dicha facultad le corresponde, por norma y mandato constitucional, al Presidente de la República. Es así que hay una usurpación de atribuciones constitucionales. El Directorio podrá, en todo caso, normar internamente, mas nunca, a un tercero, pues la Constitución no lo permite. Si le diéramos carácter de “reglamento” al acuerdo del Directorio citado, tendría que ser una normativa que facilite la recaudación, cuando en este caso, lo que hace es incrementar el costo de cumplimiento de las operaciones, así como los problemas ya expuestos y las posibles dificultades técnicas que presenta para alguien hacerlo.

Por lo que OBLIGAR a los contribuyentes a realizar determinadas acciones sin fundamento legal y especialmente cuando ya se encuentra pagando impuestos es NULO DE PLENO DERECHO.

Aún cuando fuere un Reglamento, dicho “reglamento” nunca, bajo ningún concepto, puede obligar a un contribuyente, ya que como claramente lo establece el artículo 5 de la Constitución, que estamos únicamente obligados a cumplir con la ley. En el presente caso, la ley es la Ley del Impuesto al Valor Agregado, misma que no obliga a ningún medio electrónico, con lo que evidentemente, no se incumple ninguna ley con no acatar la ilegal resolución de SAT.

  1. NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN

No obstante que el contenido del aviso es NULO, el correo electrónico también es nulo ya que pretende suplir una notificación de carácter personal, ya que como se puede evidenciar, SAT está requiriendo un actuar a los contribuyentes y dicha situación se tiene que hacer en FORMA PERSONALa quien se entregue la notificación FÍSICA.

La notificación por medios electrónicos únicamente puede proceder por mutuo acuerdo entre la SAT y el contribuyente, así que si un contribuyente no ha celebrado ningún contrato con esta Administración para recibir notificaciones electrónicas, SAT no puede notificarle por esa vía.

Lo anterior violenta los siguientes artículos del Código Tributario:

“ARTICULO 130. NOTIFICACIONES PERSONALES.

Se notificarán personalmente las resoluciones que:

a) Determinen tributos.

b) Determinen intereses.

c) Impongan sanciones.

d) Confieran o denieguen audiencias.

e) Decreten o denieguen la apertura a prueba.

f) Denieguen una prueba ofrecida.

g) Las que fijan un plazo para que una persona haga, deje de hacer, entregue, reconozca o manifieste su conformidad o inconformidad en relación con algún asunto.

h) Las resoluciones en que se acuerde un apercibimiento y las que lo hagan efectivo.

i) Las resoluciones en que se otorgue o deniegue un recurso y las que lo resuelvan.

Estas notificaciones no pueden ser renunciadas.

Toda notificación personal se hará constar el mismo día que se haga y expresará la hora y el lugar en que fue hecha e irá firmada por el notificado, pero si éste se negare a suscribirla, el notificador dará fe de ello y la notificación será válida.”Los subrayados son agregados.

Por obvias razones tampoco existe cédula de notificación, situación que viola el artículo 135 del Código Tributario.

Por lo anterior y de conformidad con el artículo 127 del Código Tributario, si no se hace la notificación en forma legal NO SE PUEDEN AFECTAR LOS DERECHOS DE UN CONTRIBUYENTE, y al no cumplir con la normativa citada la notificación es nula de conformidad con el artículo 141 del Código Tributario y así deberá declararse. POR LA ANTERIOR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEBERÁ DECLARAR LA NULIDAD DEL AVISO IMPUGNADO.

 

Después del descalabro que ha sido la Administración Tributaria del año 2015 para acá, es menester de los contribuyentes defenderse y no permitir estos abusos. El país lo perdemos de a poco.

 

Mario E. Archila M.

(Parte del texto es autoría de Félix Gutiérrez, asociado de la firma).

Requisitos para pagar impuestos

He estado viendo que en un foro de contadores abierto en Facebook se preguntan recurrentemente si para esto o aquello hay que tener “patente”, así como he escuchado a asesores tributarios dando sus opiniones sobre cuando sí y cuándo no se debe tener una patente de comercio para tributar.

Vamos por partes. El primer tema importante a considerar es que para pagar impuestos, la ley que hay que observar es la de impuestos. Es decir que para pagar impuestos no importa si estoy en incumplimiento de requisitos formales de otras leyes y bajo esa premisa debería de autorizarse la inscripción en el RTU y la obtención del NIT.

El comerciante deberá pagar impuestos, no por ser comerciante, sino porque actualiza hechos generadores de tributos. Es así que determinar si algo requiere “patente de comercio” o no, no es un tema impositivo, sino que es un tema de la legislación mercantil.

La realización de una actividad como dar en arrendamiento un bien inmueble, NO ES UNA ACTIVIDAD MERCANTIL por sí misma. Lo será cuando la persona se dedica de manera profesional y masiva, por medio de una “empresa mercantil” a dar en arrendamiento bienes inmuebles. Es decir, es una empresa inmobiliaria. Una persona que ha hecho algún patrimonio y tiene un bien inmueble que ha “colocado” en arrendamiento, no es comerciante y no se necesita una patente de comercio para celebrar contratos de arrendamiento. Es más, el contrato de arrendamiento está regulado en el código civil, no es un contrato exclusivamente mercantil. Ahora bien, si tiene varios bienes inmuebles, tiene empleados dedicados a colocarlos y buscar arrendatarios, empleados que les dan mantenimiento y cobran las rentas, etcétera, muy difícil es decir que la actividad sigue siendo “civil” y por tanto, la obtención de una patente de comercio y la formalización de una empresa mercantil será necesaria. Ojo, por regulación mercantil, no por reglas tributarias. Tributariamente, en ambos casos, los regímenes impositivos serán los mismos.

Otro error común en esto es decir que un “pequeño contribuyente” del régimen del IVA no puede tener patente de comercio. Esto es falso por la misma circunstancia. El régimen de pequeño contribuyente en la ley del IVA es un régimen de impuestos al que cualquier persona con ventas menores a los Q150,000.00 anuales puede optar. Sea persona individual o jurídica y sea comerciante o no. Eso sí, si es comerciante, las obligaciones de libros contables seguirá rigiéndose  por el Código de Comercio, aunque tributariamente tenga otra regulación en cuanto a presentación de sus declaraciones.

Dicho esto último, los profesionales liberales y las personas que presentan servicios personales de manera independiente, tengan o no profesión universitaria, no requieren patentes de comercio, pues no son comerciantes. No hay comerciantes sin empleados, sin local, sin marcas, sin establecimiento abierto al público, pero sí hay contribuyente de impuestos aunque no tenga patente pero habitualmente realiza actos gravados por el IVA y tiene ingresos (renta) por esas actividades.

 

Mario E. Archila M.

Obligaciones anuales

Estamos empezando un nuevo año. Vale recordar que al iniciar un nuevo año en el calendario, debemos darle cumplimiento a los pasos “legales” de cierre del año de nuestras actividades.

Lo principal es, para quienes tienen obligación de llevar contabilidad, cerrar el período contable el 31 de diciembre de 2017, salvo que tengan un período contable y fiscal distinto y autorizado por SAT. Este cierre implica que para los gastos de diciembre que todavía no se conoce el total exacto, deberá dejarse la provisión respectiva y aplicar el gasto en ese período. Esto es obligación para los que manejan sistema contable de lo devengado (que deberán ser la gran mayoría) y la ley del Impuesto Sobre la Renta así lo establece.

Corporativamente, al cerrar el ejercicio contable, también hay que hacer el cierre corporativo. Para ello, antes de que concluya abril se deberá realizar la asamblea general anual de accionistas o junta general de socios, según el tipo de sociedad que sea. En esa asamblea se conoce del informe de administración, informe del órgano de fiscalización, estados financieros y del proyecto de distribución de dividendos. También el es momento de cambiar órgano de administración, si corresponde.

Recordemos que la asamblea o junta deberá decidir si reparte utilidades o bien si los capitaliza o mantiene como utilidades “acumuladas”. Esta asamblea o junta se documenta en acta, ya sea en el libro de actas o bien en acta notarial. Su relevancia es cada vez mayor, pues en ella se apoya la salida de dinero como “dividendos” o “utilidades” que reciben los accionistas o socios. Esas cantidades de dinero repartidas como dividendos pagan el impuesto sobre la renta vía retención del 5%.

Tributariamente, el 31 de marzo vence la presentación de la declaración anual de ISR, en ambos regímenes. También es la fecha en la que se presentan, algunos contribuyentes calificados como “especiales”, los estados financieros auditados y los contribuyentes que se dedican a la construcción y similares, presentan la programación inicial de sus proyectos iniciados en el 2017, así como la liquidación final de los proyectos terminados en 2018.

También laboralmente hay que presentar un informe estadístico. Si lo incumple lo podrán sancionar.

Tenemos así varias obligaciones esperando ser cumplidas. Anote bien en su calendario para que no se le pase ninguna y si requiere apoyo de nuestra parte, contáctenos.

 

Mario E. Archila M.

Emisión de facturas (Publicado con autorización de Lucía Aguilar)

De todos es sabido que si trabajamos por cuenta propia, ya sea vendiendo productos o prestando servicios, tenemos la obligación de facturar y pagar los impuestos correspondientes.   Sin embargo, en la Ley del IVA hay un artículo poco conocido y que muchas empresas han optado por ignorar, me refiero al que regula el momento en el cual se deben emitir las facturas.

Primero que todo, hay que entender la naturaleza del IVA, es un impuesto que nosotros le cobramos a nuestros clientes en nombre del Estado. Es decir, quien emite la factura es únicamente el intermediario entre SAT y los clientes.

Actualmente, la práctica más común es que la factura se emite y entrega al cliente para trámite de pago, lo cual puede demorar hasta más de un mes en algunos casos (y en casos extremos, nunca se logra cobrar).   Esto puede ocasionar que nos toque pagar IVA que no hemos cobrado y, mientras tanto, nuestro cliente utiliza el crédito a su favor sin haberlo pagado todavía. En otras palabras, no sólo nos deben sino que está usando una parte de esa deuda para rebajar sus impuestos. Cuando esto sucede la opinión más común es “qué joden los de SAT, si a mí no me han pagado, no tengo dinero y de todos modos se lo van a robar”. Comprensible, a todos nos duele pagar impuestos y más cuando es una cuenta pendiente de cobrar.

No obstante, la culpa de que nos toque pagar ese IVA no es de SAT, de las leyes, del Congreso ni del contador sino de nuestros mismos clientes. Lo que indica la Ley del IVA (artículo 34), es que las facturas por venta de bienes se deberían emitir en el momento de entrega del producto y por la prestación de servicios cuando se reciba el pago. Además, en el artículo 4, se establece que el impuesto se debe pagar en el momento de emisión de la factura (ojo: no se refiere a pagarlo a SAT sino al intermediario). Un buen ejemplo de la forma correcta como se debería trabajar son las empresas que venden vehículos, emiten la factura desde que se concreta el negocio y de una vez cobran el IVA, aunque el cliente se tarde 5 años en pagar, ellos no tendrán problema para cumplir con su obligación fiscal.

Si todos cumpliéramos y exigiéramos que se cumpla con esta disposición legal, el flujo de efectivo de la mayoría de empresas que trabajan créditos se vería beneficiado pues no se tendría que trasladar a SAT dinero propio sino únicamente lo que realmente se ha cobrado. Ya sólo sería cuestión de ser ordenados y no gastarnos este 12% que en realidad nunca nos pertenece.

Lucía Aguilar

** La entrada fue publicada originalmente acá: http://solucionesgt.com/2015/08/cuando-deberian-emitirse-las-facturas/ y allí pueden localizar a Lucía.