El jueves 10 de septiembre de 2020 el diario El Periódico publica en su titular que el ministerio de Cultura cuenta con 971 asesores. Un gasto de casi Q75,000,000 de quetzales.
Inaudito. Increíble. Estúpido.
El titular
Adicionalmente, se conoce, de boca del mismo responsable, que hay un gabinete paralelo. El tal Centro de Dirección de Gobierno es un gabinete paralelo que tiene como función que 14 “chatíos” disque profesionales de alto nivel velen porque los 14 ministros cumplan las prioridades y metas que les encargó el presidente. Vea:
En una entrevista en Noti7 (único medio al que ha ido)
Luis Miguel Martínez dijo: “contamos con 14 profesionales que están detrás de los ministros”.
— En resumen: hay dos gabinetes en este @GuatemalaGob —
En ese video se aprecia al director de esa marranada de centro explicando la función.
¿Si son 14 profesionales de alto nivel, por qué no son el ministro? ¿Cómo así que deben encargarse que cada ministro haga lo que es su obligación?
O explicación es que simplemente están allí para cobrarse y para evitar que los actos de corrupción que puedan salir en cada ministerio les llegue a ellos. Aunque parece que son ellos los que se encargarán de velar porque las órdenes se cumplan.
En cuanto al uso de nuestro dinero, pues resulta que ahora pagamos 14 ministros, 15 chaperones de ministros y 25 dependencias de la presidencia que hacen, básicamente, lo que algún ministro ya debería de hacer.
Tomado del MinFin
Yo, la verdad, es que ya estoy harto de ver cómo inútiles muertos de hambres y fracasados llegan a enriquecerse con MI DINERO y el suyo.
Ya estoy harto de una clase política que premia la tranza, el cuello, la mediocridad y la incapacidad.
Y ver que 20-30% de lo que se genera va en pagos de impuestos y cuotas gubernamentales ya me tiene hasta los cojones.
Espero que usted se indigne también y empecemos a ver cómo desaforamos a esa clase política que ya invadió también a los poderes judiciales quienes, OJ y CC, deberían ser el garante final y quienes eviten estos abusos.
En el año 2019, ante la modificación al formulario del IVA, Archila & Asociados, juntamente con 4 clientes, planteó 5 amparos para retirar la sección en la que se obligaba, como parte del formulario (Declaración Mensual del Impuesto al Valor Agregado), a colocar los 10 proveedores más importantes del mes.
En cuanto al fondo, los argumentos de los amparos se desarrollan desde la perspectiva que la determinación de la obligación del IVA no puede depender de llenar requisitos formales adicionales a los que la ley contiene en los artículos 19 y 40. Es así que en la ley no puede encontrarse ninguna obligación de revelar o colocar, juntamente con la declaración del impuesto, un listado de los proveedores del contribuyente. La obligación se determina con la operación de restar a los débitos fiscales los créditos fiscales obtenidos en el mes o arrastrados de los meses anteriores.
Si bien es posible que SAT requiera esta información, el procedimiento no puede estar colocado como requisito para efectuar la determinación, liquidación y pago de una obligación tributaria material.
Para ello, al analizar la ley de amparo, en el artículo 10, se encuentran los siguientes supuestos de procedencia:
“b) Para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto de autoridad, no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquiera otra ley;”
“d) Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza, con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales, o cuando carezca de ellas o bien las ejerza en forma tal que el agravio que se causare o pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa;”
“e) Cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo;”
Es claro que la ley de amparo contiene, dentro de los casos de procedencia, de manera muy específica, el hecho que las administraciones exijan requisitos que no constan en ley. Es así que dicha obligación colocada en el “formulario” no podría ser exigida para realizar el pago del impuesto respectivo, principalmente por el literal e).
Como ya se expuso, adicionalmente, la obligación tributaria se configura por aplicación del artículo 19 de la ley del IVA. Totalidad de créditos y totalidad de débitos, nunca por listados de proveedores y resultaba, por tanto, en un acto de autoridad que obliga a los contribuyentes a realizar algo contra sus derechos reconocidos en la ley, pues para pagar no basta la determinación sino que hay que llenar una sección no basada en ley, pero no puede omitirse el llenado. Acá hacemos un paréntesis: el procedimiento del artículo 30 “A” del Código Tributario, que es el que tiene el procedimiento legal para hacerlo, tiene sanciones específicas y plazos específicos. Es un procedimiento que debe iniciar con la notificación directa al contribuyente y luego hay un plazo de 20 días para completar la información. De no cumplirla, el artículo 94 tendrá la sanción a dicha infracción. Lo que SAT realizó es un bloqueo al pago del IVA si no se proporciona la información, lo que no tiene asidero legal.
Lo que resolvió el tribunal de primera instancia, Sala IV de lo Contencioso Administrativo:
Esto nos hace ver que conforme a la teoría del acto, estamos, precisamente, frente a un acto administrativo que es unilateral, imperativo y coercitivo. Se programó el formulario, no hubo notificación -otro vicio- de manera que sin llenar esa sección no se valida el pago, por lo que es imperativo y coercitivo. No llenarlo implica una sanción de omisión de pago de IVA.
Luego de dicho análisis del acto, el tribunal indicó que SAT no puede exigir requisitos o presupuestos que la Ley del IVA ni su reglamento determinan o establecen como necesarios para el procedimiento del cobro del IVA ni en los procedimientos que faciliten su recaudación, que “… como en el caso que se denuncia, hace engorroso y retarda el cumplimiento efectivo de la obligación del pago del IVA haciendo incurrir en incumplimientos indebidos por parte del postulante”.
Declaró con lugar el Amparo. Dos veces. La Sala 2da, por su parte, lo declaró también con lugar con argumentos similares. La Sala 3era declaró sin lugar, pero no comentaré una resolución que tiene menos asidero que el propio requisito, ya que dijo que no había confrontación y, resulta, que son memoriales casi idénticos todos.
Apelación por la CC
En la obvia apelación que resolvió la CC, en los tres amparos favorables de primera instancia, indicó que “Al respecto, inicialmente se debe indicar que los formularios para la declaración jurada del IVA están regulados en los artículos 40 de la Ley del IVA y 40 de su Reglamento, de los que se concluye que su utilización resulta obligatoria para que los contribuyentes cumplan con las obligaciones formales tributarias legalmente establecidas; consecuentemente, estos se constituyen en una disposición normativa de carácter general y observancia obligatoria.” Nuestro comentario es que los “formuarios” no son para el cumplimento de obligaciones formales. Son el mecanismo de determinación, liquidación y pago de la obligación tributaria MATERIAL. Adicionalmente, que la obligación tributaria, formal y material, como lo había dicho muchísimas veces la Corte, lo dice el artículo 239 de la Constitución y los artículos 2 y 3 del Código Tributario, únicamente nace POR UNA LEY emanada del Congreso de la República.
Agrega, «Lo anterior, impide que el acto objetado pueda ser revisado por vía de la garantía constitucional de amparo, debido a que no se trata de una resolución susceptible de causar agravio personal y directo a persona determinada…” Esta es la parte que sorprende e indigna, pues la ley de Amparo, como se cita al inicio, no limita la interposición de los amparos únicamente a resoluciones en el sentido de actos que ponen fin a una controversia o solicitud administrativa. Incluye cualquier acto de autoridad, como es modificar un formulario declaración de impuesto. Es menester comprender que todo actuar de la administración pública ES, técnicamente, una resolución, aunque no sea individualizada, además de todo.
Con esos argumentos la Corte de Constitucionalidad simplemente se “lavó las manos” de conocer y envía la controversia a ser discutida vía inconstitucionalidad, que hace, casi imposible una efectiva defensa de los derechos de los contribuyentes, así como automáticamente se estará alrededor de dos años en el congelador constitucional. Sin decir mucho, la Corte de Constitucionalidad le ha delegado potestades legislativas a SAT, que ni siquiera tiene facultades reglamentarias hacia los contribuyentes, para emitir formularios y normativa interna que perjudique derechos de los contribuyentes sin poder hacerse mucho al respecto.
Voto Razonado Disidente de la Magistrada Dina Ochoa
El voto razonado disidente de la magistrada Dina Ochoa se fundamentó, poco más o menos en lo ya comentado. Ella indicó en dicho voto disidente: “No comparto la decisión aludida pues considero que desnaturaliza el objetivo de ambas garantías pues el amparo tiene como propósito frenar el abuso del poder por parte de las autoridades estatales, mientras que la inconstitucionalidad tiene como propósito la defensa de la supremacía constitucional en preceptos o cuerpos normativos cuyo contenido sea contrario a nuestra Constitución…” “A mi juicio, y contrario a lo considerado por la mayoría del Tribunal, un formulario de SAT no puede considerarse ley, reglamento o disposición de carácter general, para que sea cuestionado por la vía de la inconstitucionlidad. Si bien, los alcances derivados de un formulario administrativo tiene efectos en una colectividad, al ser emitida bajo un formato homogéneo, su naturaleza es la de ser un acto de la administración pública que afecta individualmente a cada una de las personas que lo suscriben. De esa cuenta, considero que el amparo sí es la vía para cuestionar un formulario cuyos requisitos no están previstos en ley.”
Ella cita en su razonamiento el propio artículo 10 literal e) de la ley de amparo compartido inicialmente en este documento y concluye que la Corte de Constitucionalidad debió entrar a conocer el fondo del amparo.
Conclusión
Las consecuencias son graves. Se podrá legislar por formulario y todo bien. Recordemos que Guatemala cuenta con un artículo 239 en la Constitución, que se redactó con esa restricción a los poderes de la Administración Tributaria derivado de los abusos y arbitrariedades que cometía frecuentemente la Dirección General de Rentas Internas mediante, cabalmente, modificación a los formularios de declaraciones de impuestos, con el único propósito de lograr multas de los contribuyentes.
También bajo esa perspectiva de vicios en la aplicación de las leyes tributarias es que se promovió en 1997 la creación de la SAT fuera del aparato gubernamental centralizado, con el propósito de elevar las calidades técnicas y el apego a la legalidad, situación que ahora se ve que no fue superada, con una SAT que comete obvios abusos en su función y un tribunal constitucional de poca calidad tributaria que le apaña cualquier capricho y abuso bajo cualquier pretexto formal.
Me voy a salir del tema de impuestos y coyuntura un rato, pues realmente estamos viviendo en tiempos extraños que están ya pasando la factura emocional y mental.
Los seres humanos somos «animales de costumbre» según dicen. La creación de hábitos es natural a nosotros. Vamos, venimos, hacemos y deshacemos en una especie de rutina. Buenos y malos hábitos van moldeando nuestro día a día.
Lo que comemos, lo que dormimos, lo que leemos, lo que hablamos, lo que nos gusta, lo que nos disgusta y lo que creemos que no nos gusta y hasta que sí nos gusta pueden ser producto únicamente de los hábitos.
Todo es «hábitos», «costumbre» y se califica de buena o mala si el resultado nos acerca o nos aleja a aquello que buscamos. Recientemente me topé con un Podcast muy interesante (The Happiness Lab) en el que la Dr. Laurie Santos, profesora de Yale, habla, entrevista y enseña «tips» para ser feliz. Creo que vale la pena que le dé algunos tips que he aprendido con ella.
El dinero no compra la felicidad. Las vivencias son la felicidad. Trabajar más horas, buscar completar más pendientes, estar siempre «multitasking» no hará que sea más feliz, aunque gane más.
El rendimiento aumenta cuando se deja de tener «descansos confeti».
El dinero y la felicidad pueden ser intercambiables cuando el dinero le permite comprar tiempo para hacer cosas que lo hacen feliz.
¿Estos puntos qué quieren decir?
En la búsqueda de trabajo muchas personas prefieren un sueldo en dinero más alto que un sueldo en «posibilidades», aunque a la larga, el trabajo con posibilidades es lo que estaban añorando. Dejan tiempo de amigos, familia, para sí mismos, para aprender, para enseñar, para conectar, por ganar más dinero, para luego darse cuenta que la vida que llevan es más miserable. En la Edad Media, decía el entrevistado en el podcast, la gente estaba en control de su vida, aunque no supiera la hora. Se guiaban por el sol y por las campanas de la Iglesia que marcaban el momento de levantarse, acostarse, ir a misa (comunidad), el medio día para comer y dormir. Ahora vivimos presos del reloj y para todo tenemos «hora de». En los profesionales que usualmente cobramos por hora esa esclavitud es mucho mayor.
Esa esclavitud empieza a pasar factura en calidad de vida. Vemos nuestro tiempo como «productivo»=»bueno», «no productivo»=»malo». Pagamos con felicidad. Es por ello que la segunda profesional entrevistada hizo experimentos, encuestas y seguimientos para descubrir que tenemos más tiempo libre ahora que hace 300 años, pero sentimos que estamos siempre «contra el tiempo» y «el día no alcanza».
Esa escasez de tiempo es más una percepción que una realidad objetiva. Objetivamente, tenemos más tiempo a nuestra disposición, sin embargo lo usamos como «confeti» de tiempo. Tomamos pequeños descansos, muchas veces inadvertidamente, que hacen que nuestra atención se pierda, pero no llegamos a «descansar». Vamos a las comidas prendidos del teléfono, preocupados del email y del Whatsapp. Pendientes de la siguiente llamada. Ella dice que lo mejor es buscar actividades en las que conectemos con más personas y nos desconectemos de la rutina de oficina. Así, el almuerzo no deberá ser solos en la mesa, sino con los colegas, para hablar de cosas humanas y no del trabajo. La hora de almuerzo no es para adelantar correos o contestar mensajes, sino que una oportunidad para tener esa humana conexión con alguien. Luego, al momento de regresar a trabajar, el nivel de satisfacción será mayor. En estos momentos de «Home Office», haga almuerzo con la familia, sin teléfono, sin computadora, sin distracciones. Conecte con su familia y aumente su felicidad, como aumentará la satisfacción por su propio trabajo y con ello, su productividad.
De la misma manera, use el dinero para ganar tiempo. Comprar comida puede ser caro, pero comprar comida para tener tiempo de poder aprender a tocar un instrumento, disfrutar de su serie favorita o aprender a pintar, porque al comprar comida no pasó el tiempo de cocinar haciéndolo y por tanto liberó tiempo en su vida, era el consejo que esta entrevistada -profesora de Harvard, si mal no recuerdo- proponía. Es lo mismo que evitar salir al tráfico para una reunión. Compre una versión pagada de Zoom y no vuelva a hacer reuniones de trabajo en las que el tráfico sea un trago amargo. Podrá trabajar mejor y ganar 2 hasta 3 horas al día. Esta profesora decía que había cambiado de casa, aunque pagaba más renta, pero ahora tenía 1 hora más libre, porque podía estar en 5 minutos a pie en la Universidad y no 1 hora en carro de camino. Y es una hora de vuelta. Ganó 2 horas en su día. Pero esas dos horas ganadas no van a «hacer más y más» sino a poder hacer las cosas mejor y poder hacer aquello más llena sin pensar que «no tiene tiempo». Así la compra de comida, dice ella, dejó de ser «$30 de gasto» a ser «me costó $30 dólares ganar 2 horas de vida a la semana porque no tengo que cocinar», tiempo que puede ahora usar en leer, tomarse un café con una amiga o aprender una nueva habilidad.
Si bien nos están dejando reabrir, es posible que las obligaciones detrás de ello le hayan pasado por alto.
Es por ello que hemos realizado una recopilación de las medidas y protocolos a seguir para la prevención del COVID-19 en los Centros de Trabajo, que hemos encontrar en las distintas disposiciones que se han ido creando durante el Estado de Calamidad decretado por el Presidente de la República de Guatemala. Siga leyendo para tener un esbozo de su contenido, aunque si lo quiere adquirir de una vez, presione acá:
Si bien son horas de recopilación, lo ponemos a disposición a únicamente Q89.00 en versión digital. Este documento tiene un valor aproximado de Q2800.00 si nos pide que le digamos cómo cumplir con todo lo que ordenaron las autoridades.
Así, por ejemplo, quizás no sabe que es necesario contar con un Plan de Prevención de Riesgos o Plan de Salud y Seguridad Ocupacional (según el caso), que se adecue a las normas de Salud y Seguridad que debe tener todo establecimiento, PRINCIPALMENTE porque son de observancia obligatoria tanto para los patronos como para los trabajadores y, su incumplimiento, puede ser sancionado como falta laboral para ambas partes. Es así que, si bien muchas de estas medidas pueden ser implementadas en los centros de trabajo por sentido común, para que dicha implementación esté legalmente completa se requiere que en aquellos lugares de trabajo con menos de 10 empleados se cree y ponga en vigencia un Plan de Prevención de Riesgos, mientras que para los lugares con 10 o más empleados, se ponga en vigencia un Plan de Salud y Seguridad Ocupacional. Estos planes requieren aprobación de profesionales y autoridades de trabajo, así como la incorporación de su obligatoriedad en el Reglamento Interior de Trabajo (si aplicare).
De igual forma para que estas medidas sean exigibles a un trabajador, deben estar establecidas en el Plan de Prevención de Riesgos o Plan de Salud y Seguridad Ocupacional (según el caso), incluso si se iniciara un procedimiento disciplinario que amerite un despido justificado.
Las infracciones laborales dependerán de la calificación y gravedad que de las mismas haga un Inspector de Trabajo, tal es el caso de infringir normas de Salud y Seguridad Ocupacional dará lugar a la imposición de multas entre 8 y 16 salarios mínimos o bien, vulnerar una disposición prohibitiva dará lugar a la imposición de multas entre 2 y 10 salarios mínimos.
De igual manera deben tener una guía que permita al Monitor de Salud velar por el cumplimiento de las medidas implementadas.
En el Plan correspondiente, también deben incorporarse las medidas que se ajusten al centro de trabajo en cuanto a la salud y seguridad de los empleados en general y no sólo las que corresponden a la prevención del COVID-19.
Es así que, además de su implementación de hecho, deberá hacerse una implementación jurídica en cada centro de trabajo que debe cumplir con el nivel respectivo del plan, según el número de empleados que tenga el lugar de trabajo.
El documento contiene:
MEDIDAS Y PROTOCOLOS A SEGUIR PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO 1. Distanciamiento social
2. Protocolos de entrada
3. Mascarillas
4. Desinfección del lugar y transporte
5. Instalaciones
6. Equipo
7. Servicio de transporte
8. Campañas internas
9. Información de los empleados
10. Casos dentro del centro de trabajo
11. Obligaciones a FORMALES
12. Se prohíbe a los Patronos
13 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
14 Se prohíbe a LOS TRABAJADORES
15 Obligaciones del monitor o monitores de salud y seguridad ocupacional
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El procedimiento de compra es muy sencillo. Podrá hacer transferencia a Banco Industrial o con VisaLink si quiere pagar con tarjeta. Haga clic acá para hacer su pedido.
En estas semanas hemos estado haciendo cambios en la administración de la firma para facilitar prestarle servicios en estos tiempos extraños.
Ahora podemos ofrecerle cobros por VisaLink, facturas electrónicas. Ya desde el 2010 estuvimos transformando mucho del trabajo tras bambalinas, pues todo nuestro archivo está digitalizado y nos permite seguir trabajando bastante normal.
Contamos con firma electrónica certificada para poder presentar documentos en el Registro Mercantil de manera electrónica.
También hemos incorporado a los abogados del departamento de litigio a las notificaciones electrónicas del Organismo Judicial y Corte de Constitucionalidad.
Hay mucho que en Guatemala no se puede hacer por medios electrónicos, aunque, por dicha, cada vez son más.
También compramos licencia de Zoom para no tener restricciones de tiempo en su uso y comunicarnos viéndonos las caras sin restricciones de tiempo.
El mercado inmobiliario siempre ha causado problemas en cuanto a cómo debe tributarse. Desde el año 2012 las reglas cambiaron y en los últimos años SAT ha iniciado fiscalizaciones desde el Registro de la Propiedad y citando a quienes en los últimos 5 años han vendido su casa con precios distintos a los que realmente recibieron.
Por ello, ante los riesgos que una mala forma de hacer una transacción hemos diseñado este seminario con el contenido pensado para que no se equivoque. Desde un desarrollo inmobiliario hasta la venta de un inmueble en el mercado de reventa.
Nos hemos esforzado en llenar todas las preguntas frecuentes que recibimos en la oficina.
1. Tributación de los desarrollos inmobiliarios y urbanización
2. Compraventa de inmuebles entre personas particulares
2.1. Ganancia de Capital
2.2. IVA o Timbre
2.3. IUSI
2.4. El financiamiento de las compraventas
3. Fiscalización por SAT
3.1. riesgos de defraudación
3.2. Riesgos de lavado de dinero
4. Requisitos de las escrituras
5 de agosto de 2020 (miércoles)
De 3:00pm a 6:00pm
Impartido por Zoom
Inversión: Q560.00 (Y sí, doy factura).
Inscripción a: Llenando el siguiente formulario: Reservar Espacio
o escriba a: redes@impuestosychocolate.com y por WhatsApp al +502 4392 7541
PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y COVID-19 EN AMÉRICA LATINA
Los estudios de precios de transferencia del 2020 representan un gran reto para las empresas, debido a los efectos que el Covid-19 pudo provocar en las operaciones mercantiles. Conozca al lado de expertos las consideraciones a tener presente para enfrentar adecuadamente el análisis de operaciones.
Pluma invitada: Le pedí a Lucía Estrada Barrientos que nos explicara qué pasaría de aprobarse y entrar en vigencia el Decreto 15-2020. Ella es abogada y notaria por la UFM, Máster en Economía Industrial y Mercados, con especialización en Energía, Transporte y Telecomunicaciones por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene amplia experiencia en el sector eléctrico, tanto público como privado. Evidentemente es mejor que alguien experto en el tema, desde las dos perspectivas, legal y económica, nos lo explique. Gracias a Lucía.
El pasado 29 de abril el pleno del Congreso de la República, con el voto favorable de 126 diputados, 1 en contra y 33 ausentes, rechazó el veto que emitió el Presidente de la República, doctor Alejandro Giammattei al Decreto 15-2020, el cual establece las medidas económicas-financieras adicionales de protección para la población para afrontar las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria mundial generada por el Covid-19.
Dentro del mencionado Decreto se señala que, para evitar la interrupción de los servicios básicos a la población guatemalteca en situación de vulnerabilidad, en el cual se contempla el servicio de suministro de energía eléctrica, se dictan medidas de emergencia a las entidades prestadoras de los servicios básicos, siendo éstas:
A partir de la declaratoria de estado de calamidad pública, en ningún caso podrá suspenderse la prestación de los considerados servicios básicos.
No podrá aplicarse a las cuentas de los usuarios de estos servicios; cargos moratorios, intereses, gastos administrativos, cualquier otra penalización.
Los usuarios que no estén en capacidad de realizar los correspondientes pagos por consumo a las entidades prestadoras de servicios, podrán suscribir convenios de pago de hasta en doce (12) cuotas, sin recargo alguno, iniciando en el mes posterior al mes en que haya cesado el estado de calamidad pública. Las empresas prestadoras de servicios deberán suscribir el respectivo convenio de forma inmediata.
Para dictar este tipo de medidas es necesario conocer el funcionamiento del mercado eléctrico guatemalteco y las implicaciones económicas nacionales que pueden verse afectadas en caso que exista una crisis económica dentro del subsector eléctrico.
Si bien es cierto que las Distribuidoras Eléctricas y las Empresas Eléctricas Municipales son las encargadas de realizar los cobros a los usuarios finales de electricidad, el mercado eléctrico tiene otros participantes que forman parte de la cadena de suministro eléctrico, siendo éstos: i) Los Generadores de Energía Eléctrica; y, ii) Los transportistas de energía eléctrica.
Guatemala tuvo un «boom» dentro del sector eléctrico guatemalteco, entre los años 2011-2015, durante el cual hubo una tendencia a construir una gran cantidad de proyectos de generación eléctrica, llegando a tener una capacidad de generación instalada equivalente al doble de la demanda de consumo eléctrico. Esto no ha permitido que todas las entidades que realizaron inversiones millonarias hayan logrado obtener contratos para la venta de energía, debiendo buscar vender la potencia y energía generada en el mercado spot, con los grandes usuarios, o bien, a través de la exportación de potencia y energía eléctrica a otros países de Centro América, poniendo en problemas económicos a varios de los inversionistas.
Asimismo, desde el año 2009 se llevaron a cabo los planes de expansión en el sistema de transporte (Pet-1-2009 y Petnac), lo cual implica la construcción de más de 1000 kilómetros de líneas de transporte de energía eléctrica, entre las cuales se incluyen líneas del sistema principal, como del sistema secundario.
Aunado a los bajos precios de la energía eléctrica y la alta oferta de generación eléctrica que ya ha puesto en problemas a algunos inversionistas, así como la ingobernabilidad que existe en el país que ha conllevado a una constante confrontación social con los agentes del subsector eléctrico, ahora se suma la entrada en vigencia del Decreto 15-2020 lo cual implica que existirá poca o nula capacidad de pago por parte de los agentes del subsector eléctrico guatemalteco, con las deudas adquiridas con los distintos bancos del sistema guatemalteco y banca internacional, lo cual puede tener consecuencias serias en la economía guatemalteca, pudiendo provocarse una crisis financiera en el sistema bancario, considerando que la deuda que el subsector eléctrico guatemalteco tiene con los bancos que operan en Guatemala, está calculada en más de 10 mil millones de dólares (Nota de Mario E: esto es mucho más de la recaudación total de SAT en un año). Igualmente, de no tomarse medidas que ayuden a los agentes del subsector eléctrico guatemalteco, se podría generar un desabastecimiento de energía eléctrica, conllevando a un racionamiento de la misma, ya que los generadores no tendrían la capacidad de comprar combustibles para cumplir con los contratos de venta de potencia y energía eléctrica que tienen con las Distribuidoras y las Empresas Eléctricas Municipales.
Claramente, el decreto 15-2020 del Congreso de la República, en vez de representar una solución financiera para los guatemaltecos, pone en peligro el abastecimiento del suministro eléctrico en Guatemala, el cual es vital para mantener activos los servicios de salud y seguridad en estos momentos, asimismo se vería afectado el sistema bancario guatemalteco, el cual alberga la inversión de millones de guatemaltecos. Por último, este decreto atenta contra los principios constitucionales de propiedad privada, libre contratación y libertad de industria y comercio, dejando entrever nuevamente la falta de certeza jurídica para los inversionistas, lo cual convierte al país en un destino poco atractivo para realizar inversiones que ayudan al sostenimiento de la economía nacional.
Acá podrá descargar un pdf con un resumen y breves comentarios a las disposiciones presidenciales que entraron en vigencia el 15 de mayo. COVID disposiciones 15 de mayo.
Lo que faltaba. Un par de zombies en el Congreso se les ocurre que para palear la crisis del COVID-19 hay que subir el Impuesto Sobre la Renta.
Adicionalmente, con un derroche de conocimiento tributario y constitucional que da miedo.
Vamos por partes.
El artículo 1 de la reforma indica que se modifica el artículo 36 del Decreto 10-2012 (ISR).
Este artículo es sobre las tarifas del ISR en el régimen de utilidades. Fuera de las consideraciones que ya ni vale la pena hacer, que empujaría la tarifa marginal de ISR a 35% y nos colocaría como una de las más altas del mundo en tarifas empresariales, cuando los mejores sistemas de ISR del mundo son «flat» y sin cobro de ISR a los dividendos, con grandes ventajas para la reinversión de utilidades y ahorro, que es lo que la crisis requiere, no alivia en nada la crisis, sino que la agrava. Es claro que el gobierno es un parásito y en esto, es más parásito aún.
Además, el Código Tributario impide que esta reforma entre en vigencia inmediatamente y sería aplicable a partir del 2021. Véase el artículo 7 del Código Tributario.
Si bien la propuesta de ley es para «palear la crisis del COVID», esta reforma la agrava y además, es permanente, no es un aumento transitorio. Lo que la reforma debería haber dicho es que para el año 2021 en adelante se permitirá arrastrar pérdidas y compensarlas contra utilidades, así como derogar el ISO.
El artículo 2 de la propuesta dice:
Esta reforma es la más tonta de todas. Simplemente deberá constituirse sociedades que vendan menos de Q60,000 al mes y ya. No es complicado de eludir. Pero este régimen ya es bastante dudoso en cuanto a su constitucionalidad y se sostiene simplemente porque las tarifas eran bajas. 10% sobre los ingresos afectará principalmente a los prestadores de servicios, que son los que más fácilmente pueden dejar de emitir facturas. No emitir factura y que le emitan a un prestador de servicios una factura especial paga el 5% de ISR. ¿Les parece lógico? Esta reforma iniciaría a partir del mes siguiente a que se publique.
Por último, en el artículo 3 pretenden:
Esta propuesta es la que más sentido hace, si se quiere equiparar Guatemala a la tributación «normal» de los demás países. Guatemala es el país con la menor carga tributaria para las personas en relación de dependencia. Esta alza de tarifa es lo que más sentido hace. Claro, que no hace mucho sentido en cuanto a quiénes pagan ISR en Guatemala, pues en este régimen no pagan ni 200,000 personas. Según la propia iniciativa, los asalariados con sueldos de más de Q600,000 anuales son 26,549 personas. El pero es que tampoco entrará en vigencia en 2020, sino que será hasta 2021, por lo que tampoco es viable «contra la crisis».
La iniciativa completa, se supone, impactará a 27,187 personas. Claro está, esto es lo que más molesta de la iniciativa, que pretenden afectar a este grupo de personas para aliviar la crisis de millones, con la idea de aumentar los ingresos tributarios. Se supone que lograrían un aumento de Q2,200,000,000.00 sin embargo la baja de la recaudación, a este momento, ya la estimó SAT en Q5,000,000,000.00. Es clarísimo que una vez se suban las tarifas en 20% para el régimen de utilidades, 43% para los del opcional simplificado y asalariados, el incentivo se aumenta para tratar de evitar esos pagos, lo que es muy sencillo. Tampoco es cierto que lograrán esa recaudación, pues ya lo que estamos viendo es suspensiones de contratos de trabajo, despidos, cierres de locales, cierre de empresas, etcétera, con lo que los cálculos hechos sobre lo reportado en 2019 tienen un gran error de partida. ¿De verdad tienen economistas en su filas en este partido?
La forma de enfrentar la crisis es reduciendo gasto, primero. Aumentando capacidad de inversión, segundo. Lo que esta iniciativa logrará, es lo contrario y a su vez, permitir que sea más rentable seguir siendo informal y creando esquemas que permitan reducir renta.
MEDIDAS Y PROTOCOLOS A SEGUIR PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO
Impuestos y Moral 