Oportunidades de Diciembre, seminario

El mes de diciembre es la fecha para planear el 2021. Dentro de nuestro sistema tributario es el mes en el que hay que «ponerse pilas». Cambios de regímenes, de formas de cálculo de impuestos.

No deje pasar la oportunidad de hacer estos cambios. Para ello, hemos diseñado un seminario-taller para entender las relaciones y las oportunidades que los cambios que la ley permite hacer en diciembre le pueden traer.

Aprenderemos:

  1. Cambios en el ISR durante diciembre. ¿Régimen, pagos trimestrales?
  2. Posibilidad de aprovechar el ISO pagado en 2020 durante 2021 con utilización de regímenes distintos de ISR.
  3. Posibilidad de cambiar a pequeño contribuyente. ¿Quién puede y los beneficios?
  4. Separación de negocios para usar regímenes especiales.
    1. Los regímenes especiales que podrían ahorrar impuestos.
  5. Devoluciones de ISR pagado en exceso durante 2020.

Dos horas y media de posibles escenarios para que explore las posibilidades de evitar que la pandemia se lo coma en 2021 luego de haber tenido que pagar de más.

Impartido por Zoom.

Hay cosas que deben aprovecharse y esto debe hacerse antes del 31 de diciembre.

Jueves 17 de diciembre de 2020, 3 a 5:30pm, Inversión Q350.

Inscríbase acá: https://forms.gle/yXLJaE4B8F3z66Ax7

Impartido por mí, Mario E. Archila.

Los espero.

El Impuesto de Circulación de Vehículos

Ha estado circulando en redes que «se subió el impuesto de Circulación de Vehículos». No. No se subió nada. Lo que pasó hoy es que se publicó el listado de valores de vehículos para efectos del IVA y del Impuesto de Circulación de Vehículos. Si bien, son dos leyes distintas y deberían de aprobarse 2 listados distintos, SAT, por alguna extraña razón, publica uno.

El argumento de SAT es que «son los mismos registros». Pues como decimos en chapín: «pues a puro h…» si son los mismos vehículos. Sin embargo, los valores y propósitos de los listados son distintos y deberían ser listados distintos. La legislación guatemalteca en materia de vehículos obliga a que SAT, a través de sus órganos, apruebe y publique CUATRO listados distintos, mismos que tienen alcances y valores distintos. 

  1. La de valores imponibles para efectos de las compraventas de vehículos gravados con 12% de IVA contenida en el primer párrafo del artículo 55: 

En los casos de enajenación de vehículos automotores terrestres del modelo del año en curso, del año siguiente y del año anterior al año en curso, y de toda clase de vehículos marítimos y aéreos, el Impuesto al Valor Agregado se pagará según la tarifa establecida en el artículo 10 de esta Ley. Para estos casos, el impuesto se pagará de conformidad a la tabla de valores imponibles elaborada anualmente por la Administración Tributaria, aprobada por el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, y publicada en el diario oficial y en la página de internet de la Administración Tributaria, en el mes de noviembre de cada año.

El precio al público varía en cada tipo de punto de venta, por ejemplo.

  1. El segundo listado está incluido en el mismo artículo 55 de la ley del Impuesto al Valor Agregado, para efectos de la importación: 

“En los casos de importación de vehículos automotores terrestres incluyendo motocicletas, el Impuesto al Valor Agregado se pagará según la tarifa establecida en el artículo 10 de esta Ley. Para estos casos, la base imponible para vehículos automotores terrestres de los modelos anteriores al año del modelo del año en curso es el valor consignado en la factura original, emitida por el vendedor del vehículo en el exterior, siempre que ésta cumpla con los requisitos legales establecidos en ley en el país de su emisión y que la autenticidad de dicha factura pueda ser verificada por la Administración Tributaria, además de demostrar y documentar el pago del valor facturado por los medios puestos a disposición por el sistema bancario. 

En el caso de no cumplir con lo requerido en el párrafo anterior, la base imponible del impuesto será el valor del vehículo que figure en la tabla de valores imponibles que anualmente debe elaborar la Superintendencia de Administración Tributaria, la cual deberá aprobar el Directorio de esa Superintendencia y publicar en el diario oficial y en la página de internet de la Administración Tributaria, en el mes de noviembre de cada año

La base imponible para vehículos automotores terrestres de los modelos del año en curso y del año siguiente al modelo del año en curso, será el valor de importación definido como la adición del costo, seguro y flete (CIF por sus siglas en inglés) reportado por los fabricantes o los importadores.” 

Como puede verse, este segundo listado al que está obligado el Directorio se basa en valores de importación sobre un valor CIF, que nada tiene que ver con el valor de mercado del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos. 

  1. La tabla de valores para el Impuesto Sobre Circulación de Vehículo. 

El valor del vehículo, para efecto de la aplicación del Impuesto Sobre Circulación, se determina en tablas de valores imponibles, elaboradas anualmente por la Administración Tributaria y aprobadas por Acuerdo del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, la cual será publicada en el diario oficial y en la página de internet de la Administración Tributaria a más tardar el treinta de noviembre de cada año y regirán para el año inmediato siguiente. 

Este listado es el que se basa en precio al público. El valor CIF, más la ganancia ordinaria del importador, más la ganancia ordinaria del distribuidor.

  1. El Decreto 10-2012 del Congreso de la República contiene el IMPUESTO ESPECÍFICO A LA PRIMERA MATRÍCULA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES, el cual contiene también un listado: 

La base imponible del Impuesto Específico a la Primera Matrícula de Vehículos Automotores Terrestres, para vehículos automotores terrestres usados, es el valor consignado en la factura original, emitida por el vendedor del vehículo en el exterior, siempre que ésta cumpla con los requisitos establecidos legalmente en el país de su emisión y que la autenticidad de dicha factura pueda ser verificada por la Administración Tributaria, además de presentar el título de propiedad del vehículo expedido por la autoridad competente del país de donde se exporta el mismo y documentar el pago del valor facturado, por los medios puestos a disposición por el sistema bancario tanto nacional como internacional.

En el caso de no cumplir con lo requerido en el párrafo anterior, la base imponible del impuesto será el valor del vehículo que figure en la tabla de valores imponibles que anualmente debe elaborar la Superintendencia de Administración Tributaria, la cual deberá aprobar el Directorio de esa Superintendencia y publicar en el diario oficial y en la página de internet de la Administración Tributaria, en el mes de noviembre de cada año.

Para vehículos terrestres nuevos, ensamblados o fabricados en el extranjero, la base imponible es el valor de importación definido como la adición del seguro y flete al valor del vehículo, reportado por los fabricantes o los importadores.

Para el caso de los vehículos automotores terrestres nuevos, ensamblados o fabricados en Guatemala, la base imponible es el valor del vehículo consignado en la factura emitida por el ensamblador o el fabricante.

El año del modelo de los vehículos automotores terrestres, será determinado mediante la verificación del Número de Identificación Vehicular (VIN por sus siglas en inglés), que debe constar físicamente en los vehículos que ingresen al territorio nacional y coincidir exactamente con los documentos de importación.

  1. De las diferencias de cada listado

Es claro que cada una de las tablas de valores es independiente de la otra y tienen bases imponibles diferentes, por lo que debe tenerse claro que no pueden mezclarse en una. Así las diferencias: 

  1. Para la transferencia de dominio de vehículos sujetos a 12% de Impuesto al Valor Agregado, la tabla de valores no puede ser el precio al público que incluye IVA. Debe también considerarse que cuando se trata de vehículos nuevos, resulta violatorio de los principios de capacidad de pago y justicia tributaria calcular la base imponible por encima del valor de venta real de la mercancía. 
  2. La segunda tabla que la ley del IVA contiene es para importaciones, cuyo valor debe ser el valor CIF y aplica únicamente cuando no se puede presentar factura del importador o fabricante. 
  3. El listado a que se refiere el impuesto Sobre Circulación de Vehículos es para establecer un valor de los vehículos para los 10 años hacia atrás del año corriente, por lo que la información estadística y demás son válidas. Este listado es para una estimación de valor y base del Impuesto específico que se menciona. 
  4. Del error cometido por el Directorio

El Directorio usualmente aprueba en 4 acuerdos únicamente dos tablas, mismas que no llenan los requerimientos de las tablas a aprobar. En esos acuerdos del Directorio indica que se aprueba el mismo de otro impuesto para un impuesto distinto, cuando son situaciones diferentes que no pueden mezclarse.

La información utilizada para elaborar estos listados parte de un requerimiento de entregar “Valor de venta en el mercado de vehículos terrestres” con la indicación que se refiere únicamente para el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, y de esta información el Directorio elabora 4 listados distintos que requieren, según las leyes que los rigen, consideraciones especiales.  

Véase que el Directorio indicó que eran las mismas características y por ello aprobó dichos valores, sin embargo, eso es una percepción incorrecta, por lo siguiente: 

  1. El IVA requiere dos tipos de base imponible. El valor CIF para la tabla para importaciones y un valor de venta del distribuidor a sus clientes, por lo que es imposible se use el mismo listado, ya que se estaría agregando cadenas de valor a la importación o eliminando dichas cadenas. En conclusión, hace irreal el listado. 
    1. Véase que el artículo 55 indica que, para el caso de importación, “…la base imponible para vehículos automotores terrestres de los modelos anteriores al año del modelo del año en curso es el valor consignado en la factura original, emitida por el vendedor del vehículo en el exterior…” y  
    2. Y para los casos de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del año siguiente y del año anterior al año en curso, la ley (primer párrafo del artículo 55 indica que será la tabla de valores imponibles la tabla de valores imponibles que publique la Administración Tributaria, lo que debe leerse con el último párrafo de ese mismo artículo: “La base imponible para vehículos automotores terrestres de los modelos del año en curso y del año siguiente al modelo del año en curso, será el valor de importación definido como la adición del costo, seguro y flete (CIF por sus siglas en inglés) reportado por los fabricantes o los importadores”, pues la ley no distingue en dicho último párrafo que esa base imponible sea para un tipo específico de operación, ya sea transferencia de dominio o importación
  2. El Impuesto a la Primera Matrícula requiere el valor de facturación en el extranjero, es decir, el valor CIF no puede ser utilizado para realizar la determinación del pago de este impuesto, mucho menos el valor “mercado”. 
    1. El artículo 113 del Decreto 10-2012 del Congreso de la República lo establece claramente: “ARTICULO 113. Base imponible del Impuesto Específico a la Primera Matrícula de Vehículos Automotores Terrestres.

La base imponible del Impuesto Específico a la Primera Matrícula de Vehículos Automotores Terrestres, para vehículos automotores terrestres usados, es el valor consignado en la factura original, emitida por el vendedor del vehículo en el exterior, siempre que ésta cumpla con los requisitos establecidos legalmente en el país de su emisión y que la autenticidad de dicha factura pueda ser verificada por la Administración Tributaria, además de presentar el título de propiedad del vehículo expedido por la autoridad competente del país de donde se exporta el mismo y documentar el pago del valor facturado, por los medios puestos a disposición por el sistema bancario tanto nacional como internacional.

En el caso de no cumplir con lo requerido en el párrafo anterior, la base imponible del impuesto será el valor del vehículo que figure en la tabla de valores imponibles que anualmente debe elaborar la Superintendencia de Administración Tributaria, la cual deberá aprobar el Directorio de esa Superintendencia y publicar en el diario oficial y en la página de internet de la Administración Tributaria, en el mes de noviembre de cada año.

Para vehículos terrestres nuevos, ensamblados o fabricados en el extranjero, la base imponible es el valor de importación definido como la adición del seguro y flete al valor del vehículo, reportado por los fabricantes o los importadores.

Para el caso de los vehículos automotores terrestres nuevos, ensamblados o fabricados en Guatemala, la base imponible es el valor del vehículo consignado en la factura emitida por el ensamblador o el fabricante.

El año del modelo de los vehículos automotores terrestres, será determinado mediante la verificación del Número de Identificación Vehicular (VIN por sus siglas en inglés), que debe constar físicamente en los vehículos que ingresen al territorio nacional y coincidir exactamente con los documentos de importación».

  1. Es claro, por tanto, que el Directorio no tomó en consideración estas diferencias necesarias para la determinación de cada una de las bases imponibles. En los acuerdos respectivos, el Directorio afirma que
  2. El acuerdo 17-2020 indica que “contiene los mismos registros en cuanto a la base imponible”, pero es para el Impuesto Específico a la Primera Matrícula, lo que no puede ser el valor base para importación de vehículos, pues el valor base para este impuesto es el de la venta en el exterior, mientras que para el IVA debe ser el valor CIF de la mercancía. En el 16-2020 cuerdo 23-2019 se indica claramente que es un listado con el propósito de la base para Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, base que es un aproximado de un precio de venta final al cliente usuario.  
  1. De las posibles consecuencias por violar dichas normas

Las consecuencias de estos listados realizados a partir de la recopilación de datos con un propósito único y luego su traspolación a los otros tres listados, es una base imponible errónea, con las consecuencias directas de: 

  1. Administración Tributaria ha incumplido su obligación de formular un listado con datos correctos para cada propósito. Las tres leyes involucradas obligan a contar con un listado para cada una de las bases. El trabajo de investigación debe hacerse con dicho propósito. 
  2. Los listados no atienden a la realidad de cada impuesto. Causan distorsiones en las bases de recaudación, mismas que llevan a efectos incorrectos e inconstitucionales: 
    1. Se carga más IVA en la cadena de lo que deberá causarse, pues la facturación real no es atendida. 
    2. En las importaciones se utilizan valores por encima del valor CIF. 
    3. En el impuesto de circulación se utiliza un valor de precio de venta final estimado, que no puede ser el mismo que para el IVA, dado que el valor del vehículo se reduce del inicio del año al final del mismo año. 
    4. En el Impuesto a la Primera Matrícula se pretende usar el mismo valor que para el IVA de importación, cuando sus bases son distintas y el IPRIMA no puede ser calculado sobre valores CIF, mientras que el IVA debe ser estimado sobre dichos valores CIF. 
  3. Es así que al emitir un listado único con propósito de servir de base imponible para más de un impuesto, con información que se recopiló exclusivamente para un impuesto y con un requerimiento puntual, se causan dichas distorsiones que mi representada considera sin asidero legal. 

Pero, entre todo, el Congreso no ha aumentado nada los impuestos. Revise el listado para enterarse cuánto le tocará pagar de «calcomanía» en el 2021 y recuerde que para el 2021, el pago deberá hacerlo antes del 1 de agosto.

Mario E. Archila M.

¿Ya te suscribiste al canal?

Ya llevo 5 semanas publicando en YouTube y publico cada semana, gracias a que mi hijo me hace las ediciones de los vídeos, pues de otra manera no me daría tiempo.

Mientras se suscribe y da clic a la campanita, allá en YouTube, le dejo el segundo de los vídeos publicados:

Sobre derechos adquiridos usando las maquilas de ejemplo

Lo espero en el Canal, acá el link para ver todos los vídeos de impuestos. Sugiero se suscriba y active las notificaciones para no perderse ninguno:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfPViPvqaRgXQ4TL043xgTZzPdG6n1BWt

Mario E. Archila

Estrenamos canal de YouTube

Gracias a Oscar que nos sugirió el episodio. Es sobre los representantes legales y su tratamiento tributario.

Espero resolver las dudas de Oscar y las de todos. Toco también el tema de las dietas, los cargos, los mandatarios, las bonificaciones incentivo por productividad y su sujeción al IGSS. Pues, bastante de todo. Con este episodio también inauguramos el canal de YouTube. Así que vayan a verme por allí también.

Mientras, vaya a YouTube y suscríbase y dele clic a la campanilla para no perderse ningún episodio futuro.

Acá le dejo el link:

Episodio inicial del Canal. Representantes Legales e impuestos.

Reformas que se discuten en el Congreso

En el Congreso se ha presentado la iniciativa 5800, que pretende un «incentivo a los agroinsumos como un incentivo agrícola a los agricultores del país», como escribió en la carta de presentación de la propuesta el diputado por Baja Verapaz, Edgar Rubén Dubón García.

Esta propuesta de ley incorpora una exención en la ley del IVA, con un numeral adicional al artículo 7:

«16. La compra y venta de toda clase de agroinsumos como semillas para la producción de alimentos de consumo humano, bandejas de germinación, fertilizante, enmiendas para el suelo, fumigadoras motorizadas de mochila, fumigadoras de mochila a presión manual, malta antiviral, tela de policarbonato, nylon molch, manguera para riego por goteo y agroquímicos.»

Vamos por partes. Lo primero es que en el IVA no se puede eximir «la compra» de nada, pues lo que está gravado (Hecho Generador) es la VENTA. Es así que no puede eximirse la «compra».

Como segundo comentario, vale la pena mencionar que esta exención, en su caso, favorecería al comercializador de esos productos, únicamente. Esto por el efecto de neutralidad del IVA que se vería roto. Vale la pena ampliar en este punto. El IVA es un impuesto que se sostiene sobre el principio de neutralidad. Eso quiere decir que el impacto -repercusión- del impuesto se traslada en cada etapa. El que «compra» desembolsa el dinero del IVA y luego lo «recupera» -se repercute- en su cliente. Este mecanismo hace que no se afecte económicamente -sí financieramente- al intermediario. Con la propuesta que se hace, si ven la redacción, se otorga de manera parcial para la «compra y venta» de productos específicos, de manea que en todas las compras del intermediario se generará cargo del IVA y por lo tanto, el intermediario, el importador, el productor de esos insumos exentos, deberán cargar con el pago del IVA en las compras que no sean de esos productos en específico. Crédito de IVA que no recuperará en sus ventas. El impuesto dejará de ser neutral. Este crédito que se acumule sin posibilidad de ser cobrado al cliente, no tiene mecanismo para ser recuperado, pues no es una «venta a personas exentas» sino que es una «transacción exenta». De esta forma, si no tiene ventas de productos que puedan compensar ese crédito, deberá considerar una parte de su crédito, importación de esos bienes o lo que necesita para la producción y comercialización de esos bienes, como costo. De no hacerlo así, sufrirá tener que desembolsar el IVA sin recuperarlo. De trasladarlo como costo, posiblemente el consumidor final del producto no verá una reducción en su precio.

El último punto es sobre técnica jurídico tributaria. Una exención no puede redactarse con un «productos como», dejando un listado ambiguo, pues viola el artículo 239 de la Constitución y los artículos 3, 4 y 5 del Código Tributario.

En conclusión, es una propuesta altamente populista, pero técnicamente mal redactada, para variar, y con un efecto negativo en lo que busca lograr.

Acá dejo la iniciativa si la quiere leer.

Mario E. Archila M.

Indígnese

El jueves 10 de septiembre de 2020 el diario El Periódico publica en su titular que el ministerio de Cultura cuenta con 971 asesores. Un gasto de casi Q75,000,000 de quetzales.

Inaudito. Increíble. Estúpido.

El titular

Adicionalmente, se conoce, de boca del mismo responsable, que hay un gabinete paralelo. El tal Centro de Dirección de Gobierno es un gabinete paralelo que tiene como función que 14 “chatíos” disque profesionales de alto nivel velen porque los 14 ministros cumplan las prioridades y metas que les encargó el presidente. Vea:

En ese video se aprecia al director de esa marranada de centro explicando la función.

¿Si son 14 profesionales de alto nivel, por qué no son el ministro? ¿Cómo así que deben encargarse que cada ministro haga lo que es su obligación?

O explicación es que simplemente están allí para cobrarse y para evitar que los actos de corrupción que puedan salir en cada ministerio les llegue a ellos. Aunque parece que son ellos los que se encargarán de velar porque las órdenes se cumplan.

En cuanto al uso de nuestro dinero, pues resulta que ahora pagamos 14 ministros, 15 chaperones de ministros y 25 dependencias de la presidencia que hacen, básicamente, lo que algún ministro ya debería de hacer.

Tomado del MinFin

Yo, la verdad, es que ya estoy harto de ver cómo inútiles muertos de hambres y fracasados llegan a enriquecerse con MI DINERO y el suyo.

Ya estoy harto de una clase política que premia la tranza, el cuello, la mediocridad y la incapacidad.

Y ver que 20-30% de lo que se genera va en pagos de impuestos y cuotas gubernamentales ya me tiene hasta los cojones.

Espero que usted se indigne también y empecemos a ver cómo desaforamos a esa clase política que ya invadió también a los poderes judiciales quienes, OJ y CC, deberían ser el garante final y quienes eviten estos abusos.

Mario E. Archila

Amparos contra los formularios del IVA y su resultado.

Marco Contextual

En el año 2019, ante la modificación al formulario del IVA, Archila & Asociados, juntamente con 4 clientes, planteó 5 amparos para retirar la sección en la que se obligaba, como parte del formulario (Declaración Mensual del Impuesto al Valor Agregado), a colocar los 10 proveedores más importantes del mes. 

En cuanto al fondo, los argumentos de los amparos se desarrollan desde la perspectiva que la determinación de la obligación del IVA no puede depender de llenar requisitos formales adicionales a los que la ley contiene en los artículos 19 y 40.  Es así que en la ley no puede encontrarse ninguna obligación de revelar o colocar, juntamente con la declaración del impuesto, un listado de los proveedores del contribuyente. La obligación se determina con la operación de restar a los débitos fiscales los créditos fiscales obtenidos en el mes o arrastrados de los meses anteriores. 

Si bien es posible que SAT requiera esta información, el procedimiento no puede estar colocado como requisito para efectuar la determinación, liquidación y pago de una obligación tributaria material. 

Para ello, al analizar la ley de amparo, en el artículo 10, se encuentran los siguientes supuestos de procedencia:

  1. “b) Para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto de autoridad, no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquiera otra ley;” 
  2. “d) Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza, con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales, o cuando carezca de ellas o bien las ejerza en forma tal que el agravio que se causare o pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa;” 
  3. “e) Cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo;”

Es claro que la ley de amparo contiene, dentro de los casos de procedencia, de manera muy específica, el hecho que las administraciones exijan requisitos que no constan en ley. Es así que dicha obligación colocada en el “formulario” no podría ser exigida para realizar el pago del impuesto respectivo, principalmente por el literal e).  

Como ya se expuso, adicionalmente, la obligación tributaria se configura por aplicación del artículo 19 de la ley del IVA. Totalidad de créditos y totalidad de débitos, nunca por listados de proveedores y resultaba, por tanto, en un acto de autoridad que obliga a los contribuyentes a realizar algo contra sus derechos reconocidos en la ley, pues para pagar no basta la determinación sino que hay que llenar una sección no basada en ley, pero no puede omitirse el llenado. Acá hacemos un paréntesis: el procedimiento del artículo 30 “A” del Código Tributario, que es el que tiene el procedimiento legal para hacerlo, tiene sanciones específicas y plazos específicos. Es un procedimiento que debe iniciar con la notificación directa al contribuyente y luego hay un plazo de 20 días para completar la información. De no cumplirla, el artículo 94 tendrá la sanción a dicha infracción. Lo que SAT realizó es un bloqueo al pago del IVA si no se proporciona la información, lo que no tiene asidero legal. 

Lo que resolvió el tribunal de primera instancia, Sala IV de lo Contencioso Administrativo: 

Esto nos hace ver que conforme a la teoría del acto, estamos, precisamente, frente a un acto administrativo que es unilateral, imperativo y coercitivo. Se programó el formulario, no hubo  notificación -otro vicio- de manera que sin llenar esa sección no se valida el pago, por lo que es imperativo y coercitivo. No llenarlo implica una sanción de omisión de pago de IVA. 

Luego de dicho análisis del acto, el tribunal indicó que SAT no puede exigir requisitos o presupuestos que la Ley del IVA ni su reglamento determinan o establecen como necesarios para el procedimiento del cobro del IVA ni en los procedimientos que faciliten su recaudación, que  “… como en el caso que se denuncia, hace engorroso y retarda el cumplimiento efectivo de la obligación del pago del IVA haciendo incurrir en incumplimientos indebidos por parte del postulante”. 

Declaró con lugar el Amparo. Dos veces. La Sala 2da, por su parte, lo declaró también con lugar con argumentos similares. La Sala 3era declaró sin lugar, pero no comentaré una resolución que tiene menos asidero que el propio requisito, ya que dijo que no había confrontación y, resulta, que son memoriales casi idénticos todos. 

Apelación por la CC

En la obvia apelación que resolvió la CC, en los tres amparos favorables de primera instancia, indicó que “Al respecto, inicialmente se debe indicar que los formularios para la declaración jurada del IVA están regulados en los artículos 40 de la Ley del IVA y 40 de su Reglamento, de los que se concluye que su utilización resulta obligatoria para que los contribuyentes cumplan con las obligaciones formales tributarias legalmente establecidas; consecuentemente, estos se constituyen en una disposición normativa de carácter general y observancia obligatoria.” Nuestro comentario es que los “formuarios” no son para el cumplimento de obligaciones formales. Son el mecanismo de determinación, liquidación y pago de la obligación tributaria MATERIAL. Adicionalmente, que la obligación tributaria, formal y material, como lo había dicho muchísimas veces la Corte, lo dice el artículo 239 de la Constitución y los artículos 2 y 3 del Código Tributario, únicamente nace POR UNA LEY emanada del Congreso de la República. 

Agrega, «Lo anterior, impide que el acto objetado pueda ser revisado por vía de la garantía constitucional de amparo, debido a que no se trata de una resolución susceptible de causar agravio personal y directo a persona determinada…” Esta es la parte que sorprende e indigna, pues la ley de Amparo, como se cita al inicio, no limita la interposición de los amparos únicamente a resoluciones en el sentido de actos que ponen fin a una controversia o solicitud administrativa. Incluye cualquier acto de autoridad, como es modificar un formulario declaración de impuesto. Es menester comprender que todo actuar de la administración pública ES, técnicamente, una resolución, aunque no sea individualizada, además de todo.

Con esos argumentos la Corte de Constitucionalidad simplemente se “lavó las manos” de conocer y envía la controversia a ser discutida vía inconstitucionalidad, que hace, casi imposible una efectiva defensa de los derechos de los contribuyentes, así como automáticamente se estará alrededor de dos años en el congelador constitucional. Sin decir mucho, la Corte de Constitucionalidad le ha delegado potestades legislativas a SAT, que ni siquiera tiene facultades reglamentarias hacia los contribuyentes, para emitir formularios y normativa interna que perjudique derechos de los contribuyentes sin poder hacerse mucho al respecto. 

Voto Razonado Disidente de la Magistrada Dina Ochoa

El voto razonado disidente de la magistrada Dina Ochoa se fundamentó, poco más o menos en lo ya comentado. Ella indicó en dicho voto disidente: “No comparto la decisión aludida pues considero que desnaturaliza el objetivo de ambas garantías pues el amparo tiene como propósito frenar el abuso del poder por parte de las autoridades estatales, mientras que la inconstitucionalidad tiene como propósito la defensa de la supremacía constitucional en preceptos o cuerpos normativos cuyo contenido sea contrario a nuestra Constitución…” “A mi juicio, y contrario a lo considerado por la mayoría del Tribunal, un formulario de SAT no puede considerarse ley, reglamento o disposición de carácter general, para que sea cuestionado por la vía de la inconstitucionlidad. Si bien, los alcances derivados de un formulario administrativo tiene efectos en una colectividad, al ser emitida bajo un formato homogéneo, su naturaleza es la de ser un acto de la administración pública que afecta individualmente a cada una de las personas que lo suscriben. De esa cuenta, considero que el amparo sí es la vía para cuestionar un formulario cuyos requisitos no están previstos en ley.”

Ella cita en su razonamiento el propio artículo 10 literal e) de la ley de amparo compartido inicialmente en este documento y concluye que la Corte de Constitucionalidad debió entrar a conocer el fondo del amparo.

Conclusión

Las consecuencias son graves. Se podrá legislar por formulario y todo bien. Recordemos que Guatemala cuenta con un artículo 239 en la Constitución, que se redactó con esa restricción a los poderes de la Administración Tributaria derivado de los abusos y arbitrariedades que cometía frecuentemente la Dirección General de Rentas Internas mediante, cabalmente, modificación a los formularios de declaraciones de impuestos, con el único propósito de lograr multas de los contribuyentes. 

También bajo esa perspectiva de vicios en la aplicación de las leyes tributarias es que se promovió en 1997 la creación de la SAT fuera del aparato gubernamental centralizado, con el propósito de elevar las calidades técnicas y el apego a la legalidad, situación que ahora se ve que no fue superada, con una SAT que comete obvios abusos en su función y un tribunal constitucional de poca calidad tributaria que le apaña cualquier capricho y abuso bajo cualquier pretexto formal. 

Guatemala, 4 de septiembre de 2020.

Mario E. Archila M.

 

Viva feliz…

Me voy a salir del tema de impuestos y coyuntura un rato, pues realmente estamos viviendo en tiempos extraños que están ya pasando la factura emocional y mental.

Los seres humanos somos «animales de costumbre» según dicen. La creación de hábitos es natural a nosotros. Vamos, venimos, hacemos y deshacemos en una especie de rutina. Buenos y malos hábitos van moldeando nuestro día a día.

Lo que comemos, lo que dormimos, lo que leemos, lo que hablamos, lo que nos gusta, lo que nos disgusta y lo que creemos que no nos gusta y hasta que sí nos gusta pueden ser producto únicamente de los hábitos.

Todo es «hábitos», «costumbre» y se califica de buena o mala si el resultado nos acerca o nos aleja a aquello que buscamos. Recientemente me topé con un Podcast muy interesante (The Happiness Lab) en el que la Dr. Laurie Santos, profesora de Yale, habla, entrevista y enseña «tips» para ser feliz. Creo que vale la pena que le dé algunos tips que he aprendido con ella.

  1. El dinero no compra la felicidad. Las vivencias son la felicidad. Trabajar más horas, buscar completar más pendientes, estar siempre «multitasking» no hará que sea más feliz, aunque gane más.
  2. El rendimiento aumenta cuando se deja de tener «descansos confeti».
  3. El dinero y la felicidad pueden ser intercambiables cuando el dinero le permite comprar tiempo para hacer cosas que lo hacen feliz.

¿Estos puntos qué quieren decir?

En la búsqueda de trabajo muchas personas prefieren un sueldo en dinero más alto que un sueldo en «posibilidades», aunque a la larga, el trabajo con posibilidades es lo que estaban añorando. Dejan tiempo de amigos, familia, para sí mismos, para aprender, para enseñar, para conectar, por ganar más dinero, para luego darse cuenta que la vida que llevan es más miserable. En la Edad Media, decía el entrevistado en el podcast, la gente estaba en control de su vida, aunque no supiera la hora. Se guiaban por el sol y por las campanas de la Iglesia que marcaban el momento de levantarse, acostarse, ir a misa (comunidad), el medio día para comer y dormir. Ahora vivimos presos del reloj y para todo tenemos «hora de». En los profesionales que usualmente cobramos por hora esa esclavitud es mucho mayor.

Esa esclavitud empieza a pasar factura en calidad de vida. Vemos nuestro tiempo como «productivo»=»bueno», «no productivo»=»malo». Pagamos con felicidad. Es por ello que la segunda profesional entrevistada hizo experimentos, encuestas y seguimientos para descubrir que tenemos más tiempo libre ahora que hace 300 años, pero sentimos que estamos siempre «contra el tiempo» y «el día no alcanza».

Esa escasez de tiempo es más una percepción que una realidad objetiva. Objetivamente, tenemos más tiempo a nuestra disposición, sin embargo lo usamos como «confeti» de tiempo. Tomamos pequeños descansos, muchas veces inadvertidamente, que hacen que nuestra atención se pierda, pero no llegamos a «descansar». Vamos a las comidas prendidos del teléfono, preocupados del email y del Whatsapp. Pendientes de la siguiente llamada. Ella dice que lo mejor es buscar actividades en las que conectemos con más personas y nos desconectemos de la rutina de oficina. Así, el almuerzo no deberá ser solos en la mesa, sino con los colegas, para hablar de cosas humanas y no del trabajo. La hora de almuerzo no es para adelantar correos o contestar mensajes, sino que una oportunidad para tener esa humana conexión con alguien. Luego, al momento de regresar a trabajar, el nivel de satisfacción será mayor. En estos momentos de «Home Office», haga almuerzo con la familia, sin teléfono, sin computadora, sin distracciones. Conecte con su familia y aumente su felicidad, como aumentará la satisfacción por su propio trabajo y con ello, su productividad.

De la misma manera, use el dinero para ganar tiempo. Comprar comida puede ser caro, pero comprar comida para tener tiempo de poder aprender a tocar un instrumento, disfrutar de su serie favorita o aprender a pintar, porque al comprar comida no pasó el tiempo de cocinar haciéndolo y por tanto liberó tiempo en su vida, era el consejo que esta entrevistada -profesora de Harvard, si mal no recuerdo- proponía. Es lo mismo que evitar salir al tráfico para una reunión. Compre una versión pagada de Zoom y no vuelva a hacer reuniones de trabajo en las que el tráfico sea un trago amargo. Podrá trabajar mejor y ganar 2 hasta 3 horas al día. Esta profesora decía que había cambiado de casa, aunque pagaba más renta, pero ahora tenía 1 hora más libre, porque podía estar en 5 minutos a pie en la Universidad y no 1 hora en carro de camino. Y es una hora de vuelta. Ganó 2 horas en su día. Pero esas dos horas ganadas no van a «hacer más y más» sino a poder hacer las cosas mejor y poder hacer aquello más llena sin pensar que «no tiene tiempo». Así la compra de comida, dice ella, dejó de ser «$30 de gasto» a ser «me costó $30 dólares ganar 2 horas de vida a la semana porque no tengo que cocinar», tiempo que puede ahora usar en leer, tomarse un café con una amiga o aprender una nueva habilidad.

¿Qué pondrá en práctica?

 

Mario E. Archila

¿Está listo para reabrir su negocio u oficina?

Si bien nos están dejando reabrir, es posible que las obligaciones detrás de ello le hayan pasado por alto.

Es por ello que hemos realizado una recopilación de las medidas y protocolos a seguir para la prevención del COVID-19 en los Centros de Trabajo, que hemos encontrar en las distintas disposiciones que se han ido creando durante el Estado de Calamidad decretado por el Presidente de la República de Guatemala. Siga leyendo para tener un esbozo de su contenido, aunque si lo quiere adquirir de una vez, presione acá: 

Si bien son horas de recopilación, lo ponemos a disposición a únicamente Q89.00 en versión digital. Este documento tiene un valor aproximado de Q2800.00 si nos pide que le digamos cómo cumplir con todo lo que ordenaron las autoridades.

Así, por ejemplo, quizás no sabe que es necesario contar con un Plan de Prevención de Riesgos o Plan de Salud y Seguridad Ocupacional (según el caso), que se adecue a las normas de Salud y Seguridad que debe tener todo establecimiento, PRINCIPALMENTE porque son de observancia obligatoria tanto para los patronos como para los trabajadores y, su incumplimiento, puede ser sancionado como falta laboral para ambas partes. Es así que, si bien muchas de estas medidas pueden ser implementadas en los centros de trabajo por sentido común, para que dicha implementación esté legalmente completa se requiere que en aquellos lugares de trabajo con menos de 10 empleados se cree y ponga en vigencia un Plan de Prevención de Riesgos, mientras que para los lugares con 10 o más empleados, se ponga en vigencia un Plan de Salud y Seguridad Ocupacional. Estos planes requieren aprobación de profesionales y autoridades de trabajo, así como la incorporación de su obligatoriedad en el Reglamento Interior de Trabajo (si aplicare).
De igual forma para que estas medidas sean exigibles a un trabajador, deben estar establecidas en el Plan de Prevención de Riesgos o Plan de Salud y Seguridad Ocupacional (según el caso), incluso si se iniciara un procedimiento disciplinario que amerite un despido justificado.
Las infracciones laborales dependerán de la calificación y gravedad que de las mismas haga un Inspector de Trabajo, tal es el caso de infringir normas de Salud y Seguridad Ocupacional dará lugar a la imposición de multas entre 8 y 16 salarios mínimos o bien, vulnerar una disposición prohibitiva dará lugar a la imposición de multas entre 2 y 10 salarios mínimos.
De igual manera deben tener una guía que permita al Monitor de Salud velar por el cumplimiento de las medidas implementadas.
En el Plan correspondiente, también deben incorporarse las medidas que se ajusten al centro de trabajo en cuanto a la salud y seguridad de los empleados en general y no sólo las que corresponden a la prevención del COVID-19.
Es así que, además de su implementación de hecho, deberá hacerse una implementación jurídica en cada centro de trabajo que debe cumplir con el nivel respectivo del plan, según el número de empleados que tenga el lugar de trabajo.

El documento contiene:

MEDIDAS Y PROTOCOLOS A SEGUIR PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO
1. Distanciamiento social

2. Protocolos de entrada
3. Mascarillas
4. Desinfección del lugar y transporte
5. Instalaciones
6. Equipo
7. Servicio de transporte
8. Campañas internas
9. Información de los empleados
10. Casos dentro del centro de trabajo
11. Obligaciones a FORMALES

12. Se prohíbe a los Patronos

13 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
14 Se prohíbe a LOS TRABAJADORES
15 Obligaciones del monitor o monitores de salud y seguridad ocupacional

Si bien son horas de recopilación, lo ponemos a disposición a únicamente Q89.00 en versión digital. Este documento tiene un valor aproximado de Q2800.00 si nos pide que le digamos cómo cumplir con todo lo que ordenaron las autoridades.

El procedimiento de compra es muy sencillo. Podrá hacer transferencia a Banco Industrial o con VisaLink si quiere pagar con tarjeta. Haga clic acá para hacer su pedido.

Las plataformas que adquirimos en la firma

En estas semanas hemos estado haciendo cambios en la administración de la firma para facilitar prestarle servicios en estos tiempos extraños.

Ahora podemos ofrecerle cobros por VisaLink, facturas electrónicas. Ya desde el 2010 estuvimos transformando mucho del trabajo tras bambalinas, pues todo nuestro archivo está digitalizado y nos permite seguir trabajando bastante normal.

Contamos con firma electrónica certificada para poder presentar documentos en el Registro Mercantil de manera electrónica.

También hemos incorporado a los abogados del departamento de litigio a las notificaciones electrónicas del Organismo Judicial y Corte de Constitucionalidad.

Hay mucho que en Guatemala no se puede hacer por medios electrónicos, aunque, por dicha, cada vez son más.

También compramos licencia de Zoom para no tener restricciones de tiempo en su uso y comunicarnos viéndonos las caras sin restricciones de tiempo.

¿Cree que nos falte algo más?

 

Mario E. Archila