Página 2 de 36

La FEL y sus implicaciones según el 4-2019

Usualmente el Congreso es un aparato de aprobación de ideas escasamente brillantes de alguien más. Algunas se aprueban por músculo político, otras por coyuntura y otras por dinero.

Hace unos meses se aprobó el Decreto 4-2019 que incorporaba algunas cosas nuevas al régimen del IVA. Verdaderamente no sé quién es el “genio” tras bambalinas, pero resulta una medida peligrosísima para nuestra incipiente economía formal que lo que pretende. (Recordemos que 70% de las personas generan sus ingresos, según se estima, del mercado informal y eso es un 30% del PIB). Obligar a que se lleve la contabilidad de manera electrónica en sistemas creados por SAT es absurdo en varios niveles.

La norma dice:

ARTICULO 6.
Se adiciona el artículo 29 “A” al Decreto Número 27-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, para que quede redactado de la forma siguiente:
Artículo 29 “A”. Factura electrónica y registros contables electrónicos. Para el caso de las personas individuales o jurídicas que la Administración Tributaria califique para utilizar el Régimen de Factura Electrónica (FEL), ya sea por el volumen de facturas emitidas, nivel de ingresos brutos facturados, vinculación económica, inscripción a regímenes especiales u otro criterio definido por la Administración Tributaria, su habilitación como usuarios del régimen de factura electrónica será de oficio, y se notificará al contribuyente de dicha obligación, para que haga uso de los servicios autorizados y habilitados por la Superintendencia de Administración Tributaria.
Los contribuyentes registrados en el Régimen de Factura Electrónica deberán utilizar un sistema electrónico de registro de operaciones y de documentación de soporte de todas las operaciones del giro normal del negocio del contribuyente. En este sistema se incluirán, según corresponda: 1. Libro de Inventarios; 2. Libro de primera entrada o diario; 3. Libro mayor o centralizador; 4. Libros de Estados Financieros; 5. Libros de compras y ventas y otros auxiliares que determinen las leyes específicas. Para tal efecto, la Administración Tributaria pondrá a disposición de los contribuyentes, todas las herramientas electrónicas correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo.
La resolución que emita la Administración cobrará vigencia tres meses posteriores a su notificación. La Administración Tributaria desarrollará y pondrá a disposición de los contribuyentes, por los medios que considere necesarios, el reglamento que regule la incorporación, requisitos y condiciones para operar en este régimen.”

¿Qué quiere decir esto?

  1. SAT es quien decide quién y por qué. Es decir, la norma es arbitraria en su origen.
  2. Esta arbitrariedad ayudará a unos y perjudicará a otros, pero sin que sepamos la razón –u otro criterio definido por la Administración Tributaria-y dentro de los perjudicados tendremos a los exportadores que pidan estar en ese régimen de facturación electrónica, pues podrán tener acceso a un régimen, supuestamente, más expedido de devolución del crédito del IVA, pero a los que SAT les puede denegar el mismo, tal como lo hace ahora cuando alguien quiere ser agente de retención del IVA, con un análisis de “por no ser conveniente a los intereses de SAT ya que dejaría de cobrar IVA”… Es así que si autoriza exportadores, les tendrá que devolver, con lo que buscará un criterio para que no se les califique y no devolverles en ese método. A los otros, los que no tienen ese riesgo, los calificará… y allí, pues viene el posible “clavo”. 
  3. En la frase “para que haga uso de los servicios autorizados y habilitados por la Superintendencia de Administración Tributaria”  tenemos parte del secreto. El sistema lo autoriza y habilita SAT. Es decir a su conveniencia, con lo que quiere y para lo que quiere: control y cobro de tributos. Ahora bien, ¿qué tiene eso de malo? Simplemente que la contabilidad y los sistemas computarizados de contabilidad los diseña el empresario para facilitar su negocio y la toma de decisiones de su negocio.  Ese motivo es por el que existe la contabilidad, como una herramienta de la administración para la toma de decisiones.
  4. ¿Qué sistemas? Y vean que son de uso obligatorios. No es simplemente emitir facturas electrónicas en línea. Se viene con todo esto, vean: “Los contribuyentes registrados en el Régimen de Factura Electrónica deberán utilizar un sistema electrónico de registro de operaciones y de documentación de soporte de todas las operaciones del giro normal del negocio del contribuyente. En este sistema se incluirán, según corresponda: 1. Libro de Inventarios; 2. Libro de primera entrada o diario; 3. Libro mayor o centralizador; 4. Libros de Estados Financieros; 5. Libros de compras y ventas y otros auxiliares que determinen las leyes específicas”   Es así que si lo comparamos con el Código de Comercio este artículo obliga a llevar LA CONTABILIDAD en un sistema computarizado, diseñado y puesto a disposición por SAT, al que SAT tendrá acceso en línea y permanentemente.
  5. Dejando de lado los problemas operativos que esto puede dar, como que se caiga el sistema en SAT, un hacker robe la información o destruya el sistema, o peor aún, cibernéticamente lo destruya, o pueda ingresar a las empresas desde fallas de seguridad del sistema o los servidores en los que se aloja, tenemos que pensar que hay sistemas de cómputo para contabilidad tan sofisticados como las empresas mismas, que requieren visados, comunicaciones, formas consolidadas a nivel mundial para su registro, o bien compañías que llevan sus libros contables en sedes extranjeras, que el sistema que SAT les proporcione y sea obligatorio no llene esos requisitos.
  6. Por otro lado, la contabilidad según la constitución es confidencial y puede ser revisada para propósitos de verificación de cumplimiento tributario, no de manera permanente.

Realmente estoy sorprendido que no hay una discusión seria sobre las implicaciones de esta norma legal.

 

Mario E. Archila M.

La idea de derogar el ISR

Fue noticia previo a las elecciones de junio 2019, que el candidato a presidente por el partido oficial y todavía diputado, Estuardo Galdámez y el diputado Fernando Linares-Beltranena, presentaron una iniciativa de ley para la eliminación gradual del Impuesto Sobre la Renta, ISR.

La idea está en la vía correcta. El Impuesto Sobre la Renta resulta un impuesto con alto costo de cumplimiento (es una imposición oculta) y un alto costo de fiscalización, pues la necesidad de auditorías, análisis, comparaciones para determinar el cumplimiento correcto es alto. Eso sin contar que los costos que deben cubrirse para fiscalizar, como es la cantidad de auditores y el costo para un contribuyente en llevar el proceso de ser auditado. Un cliente recién acaba de concluir ese proceso y me indicó que para cumplir con los requerimientos de las 5 meses de auditoría, el departamento contable y de impuestos del contribuyente TRABAJÓ PARA SAT alrededor de 2500 horas. Este costo implica 56 semanas laborales completas, es decir, 13 meses de salarios usados para cumplir con la auditoría de SAT.

Claro que reformar el sistema tributario guatemalteco requiere un par de acciones adicionales que sólo eliminar el ISR para hacerlo sólido. La exposición de motivos sí menciona países como Hong Kong, Irlanda y Singapur como modelos de países con tributación a la renta sencilla. Estos tres países, además, tienen la particularidad de recaudar eficientemente derivado de ello y, no estoy seguro Irlanda, pero Hong Kong y Singapur son dos de los países que tienen un impuesto único como método de recaudación. Eso sí, el impuesto que tienen se llama ISR, pero podría operar más como un impuesto a la venta, por las características de forma de pago.

La propuesta de ley tiene 5 artículos. Voy a comentarlos brevemente, a modo que estemos informados, pues esta iniciativa, aunque no sea perfecta, sí es la primera que busca remover el sistema tributario actual para hacerlo más sencillo y eficiente en su recaudación. Debemos estar claro que el actual ISR es complicadísimo de darle cumplimiento, caro y tergiversa muchísimo del Derecho comercial, civil y notarial del país, así como confunde instituciones tributarias y deja vacíos interpretativos.

El artículo 1 deroga a partir del 2024 (no dice cuándo del 2024) el decreto 10-2012 del Congreso. Sin embargo al derogar completo el 10-2012 del Congreso queda un vacío, ya que el 10-2012 contiene más impuestos que sólo el ISR. Está en el mismo decreto el Impuesto a Primera Matrícula, por ejemplo, que quedaría derogado también (lo que sería fabuloso porque ese impuesto nos coloca en incumplimiento fraudulento del GATT y con posibilidades enfrentar sanciones en la OMC).

El artículo 2 tiene una tabla de reducción gradual de las tarifas de los distintos regímenes y cédulas del Impuesto a la Renta. Así en el régimen sobre utilidades, la tarifa baja del 25% actual al 15% en 2021, 10% en 2022 y 5% en 2023.

Para el régimen opcional simplificado, la tarifa de 7% desaparece en 2021 y habría únicamente la tarifa del 5%, 4% para el 2022 y 2% para el 2023. Esas mismas tarifas y años para el régimen por rentas del trabajo. Vale mencionar que en la propuesta de ley están mal denominados los regímenes, por lo que probablemente de aprobarlo, causarán inaplicación de las autoridades tributarias argumentando que esos regímenes no existen…

La pregunta será si es buena esa tarifa para esos regímenes. Si el promedio de recaudación de los contribuyentes que pagan el 85-90% de la recaudación total del ISR es 3.01%, aproximadamente, un ISR de 2-3% sobre ingresos implicaría que la totalidad de los contribuyentes registrados en el ISR estarían pagando esa cantidad y no habría reporte de pérdidas (es inconstitucional, pero puede ser un buen incentivo para formalizar empresas). En el régimen sobre utilidades, el 15, 10 y 5% de tarifa (sobre las utilidades) implicará que el ISO será el impuesto final en cualquier caso, pues en este régimen (utilidades) el 1% del ISO era aún menor al ISR por pagar (28% de las utilidades es un promedio de 2.53% sobre ingresos -a nivel mundial es aproximadamente eso lo que se paga también-) y podía acreditarse. Al reducir la tarifa, el ISR pasa a ser 1.35%, 0.9% y 0.45% sobre ingresos, con lo que el ISO quedará como impuesto final pagado. Es decir, 1% sobre ingresos. Eso probablemente anule, en esos años, el régimen sobre ingresos.

Los dividendos y las ganancias de capital seguirán estando en 5 y 10%, igualmente los ingresos por rentas de capital mobiliario e inmobiliario (arrendamientos) mientras no sean habituales. El régimen del pequeño contribuyente seguirá siendo 5% sobre ventas y las retenciones a realizar por facturas especiales, de la misma manera, serán 5% del valor de la factura sin IVA.

¿Qué quiero decir con eso? Que la reforma es técnicamente deficiente porque hay más formas de pago que sólo lo dicho en el artículo 2 y se requiere armonizar el impuesto completamente en la fase de transición para no crear distorsiones.

El artículo 3 “ordena” a SAT tomar medidas necesarias para ampliar la base tributaria, reducir el contrabando y la corrupción en aduanas y facilitar y mejorar la recaudación de todos los impuestos restantes. Es decir, le ordena hacer su trabajo. Creo que el Congreso acá podría tomar medidas más drásticas como cerrar las aduanas como puntos de control y dejar los puertos libres con declaraciones electrónicas de la importación y controles posteriores únicamente, por ejemplo, que reduciría el contrabando inmediatamente. Esto porque el contrabando no se causa por la tributación elevada en aduana, sino por una mezcla de enorme burocracia (5000 trámites a cargo del gobierno central), discrecionalidad de los funcionarios de aduanas (ley nacional de aduana y CAUCA y RECAUCA) y que el mercado interno es 70% de población en economía informal que implica que venden sin costo gubernamental (sin burocracia y sin impuestos), nunca sujetos a fiscalizaciones ni interacciones con el fisco. Esto hace que los formales tengan un costo superior y las aduanas sí representen ahorros.

El artículo 4 obliga al Ejecutivo a hacer evaluaciones en todas sus dependencias con el objeto de racionalizar el gasto, cerrar dependencias innecesarias o superfluas y evaluar compromisos financieros, dándole prioridad a los servicios de seguridad, justicia, salud y educación.

Obliga a ello, pero no establece plazos, sanciones, parámetros o demás. El problema “tributario” del país siempre es un problema fiscal. Es decir, un problema de gasto. El Congreso tiene la facultad y la obligación de establecer el presupuesto anualmente y fiscalizar su ejecución, reduciendo donde no asignará estableciendo los techos que obliguen al ejecutivo a cerrar esas dependencias. Es así que en este momento el Congreso podría colocar techos máximos de ejecución y obligaciones de tener superávit operativos en el Ejecutivo de algún porcentaje de la recaudación con drásticas sanciones al gabinete en caso no cumplirlo.

La vigencia está en el artículo 5, a 6 meses de su publicación.

Espero les dé una idea de lo que se propuso.

 

Mario E. Archila M.

¿Puede SAT pedir mis estados de cuenta al banco?

Captura de Pantalla 2019-05-06 a la(s) 17.58.21.png

He allí el titular de hoy en Soy502 (FMI pide eliminar secreto bancario).

Tristemente el Fondo Monetario Internacional no se ha enterado de dos cosas importantes.

a) Los guatemaltecos que pagamos impuestos pagamos más que el promedio de la OCDE.

b) El secreto bancario no existe desde hace años en Guatemala y SAT tiene abiertos los procedimientos de siempre para pedirlo.

En cuanto al punto a), le recomiendo leer a Daniel Fernández, quien deja claro que los chapines pagamos “un montón”. Vean esta gráfica:

 

a.198-6-esfuerzofiscal3.png

Nuestro esfuerzo fiscal es casi el doble que la media de la OCDE. vea dónde están Holanda y Alemania. Esto quiere decir que individualmente a nosotros, los guatemaltecos, nos cuesta más en impuestos nuestro gobierno que los eficientes Noruega, Holanda y Alemania. Con el retorno enorme que esos países tienen respecto a lo que pagan. Esfuerzo fiscal.

Sobre el punto b) hay que hacerles ver a los señores (bueno, es una señora) del FMI que están más perdidos que el hijo de la Llorona. En Guatemala, desde hace por lo menos 18 años, el Código Tributario contempla la posibilidad para que SAT requiera medidas cautelares y de urgencia. Entre ellas, podría perfectamente solicitar al juez que le ordene a los bancos trasladar la información que necesite y que “…permitan la debida verificación y fiscalización que le manda la ley…”. Es una mentira repetida que el artículo suspendido por la Corte de Constitucionalidad impide que se pidan los estados de cuenta de los contribuyentes. Y para dejar claro el tema, la CC no declaró la suspensión porque se protege “el secreto bancario” sino que lo suspendió porque el procedimiento inventado por estos “asesores” del gobierno crearon un procedimiento unilateral, secreto, clandestino, para investigar personas, ya sea por actos tributarios o no. De tal manera que debido a que ese procedimiento viola la presunción de inocencia, el debido proceso y la certeza jurídica es que se plantearon las acciones y la Corte de Constitucionalidad se vio obligada a suspender.

Ahora, si SAT, con todas las de ley y en una conducta de buena fe y respetuosa del ordenamiento jurídico desea acceso a las cuentas y movimientos bancarios, puede utilizar el artículo 170 e iniciar esas diligencias. Eso obliga al juez a darle audiencia al contribuyente para que se pueda defender de cualquier acto anómalo, arbitrario o excesivo de SAT, previo a que el juez ordene a los bancos trasladar la información o rechace la solicitud de SAT. El meollo es que SAT no quiere que el contribuyente se entere, pero creo que ninguno está de acuerdo en tener una GESTAPO tributaria, salvo los del FMI.

 

Mario E. Archila M. 

PD: mi amigo y colega Juan Carlos Casellas agrega: “Y yo remataría, diciendo por tal, que dada la vigencia de esta norma, no es cierto que se haya o esté violando los compromisos adquiridos por Guatemala en el ámbito del derecho internacional tributario, pues esa misma norma puede ser utilizada en el contexto de la aplicación de la convención multilateral de intercambio de información de OCDE, pudiéndose por tal entender esta norma, bajo esta óptica, como una derecho tributario internacional”

Ley Para la Reactivación Económica del Café

En la ley para la reactivación económica del café que se aprobó por el Congreso de la República el día 4 de abril de 2019 con el decreto 4-2019 encontramos que los primeros tres artículos hablan del fideicomiso del café y sus adecuaciones, con lo que el fideicomiso estará vigente hasta el 23 de octubre de 2051 con tasas de interés de 2% para micro y pequeños productores, 3% para medianos y grandes, dentro del sector cafetalero.

En el capítulo II de la ley se colocó la “adecuación de la legislación tributaria para la activación económica”, que ya no tiene mucho que ver con café.

El artículo 4 modificará el artículo 16 del 10-2012 del Congreso, el ISR, para que el impuesto en las facturas especiales sea de 5% del valor de la factura sin IVA. Esto entrará en vigencia 8 días después de la publicación.

En el artículo 5 se agrega el artículo 25 bis con el cual se crea un nuevo régimen especial de devolución del IVA: el régimen especial electrónico. Este régimen es para que los exportadores de bienes y de servicios puedan solicitar el 100% de su remanente de crédito de IVA por períodos mensuales. Los exportadores que podrán optar a este régimen son los que tengan ingresos superiores al 50% del total por exportación o quienes no logren compensar, a pesar de generar por exportar menos del 50% de sus ingresos totales, con sus ventas locales. Se deberán registrar anualmente en SAT. (Usualmente acá es donde sale la trampa y cuando llegan medio mañosos a SAT es cuando empiezan a pedir mordidas para la aprobación de estos registros… esperemos que eso no pase nunca.) Los requisitos para estar en este régimen son:

  1. Estar incorporado a Factura Electrónica en Línea;
  2. Utilizar sistema electrónica para registro de operaciones y documentación (contabilidad en electrónico).

SAT queda obligada y facultada para proporcionar estas herramientas. La solicitud se hará electrónicamente y SAT tiene 30 días para resolver . Si se omitieron requisitos, fijará un plazo de 30 días al contribuyente para que se enmiende. Si es favorable la resolución de SAT, se informa al BANGUAT quien deberá devolver acreditando en cuenta del exportador el dinero.

Con el artículo 6 se adiciona el artículo 29 A que crea el sistema de Factura Electrónica. Esta norma, ahora sí, permite a SAT obligar a los contribuyentes que califique a utilizar el sistema. SAT hará la calificación y emitirá una resolución que entrará en vigencia 3 meses posteriores a su notificación. (TRISTEMENTE le veo un par de problemas a la norma: a) No dejaron previsto que el contribuyente pueda solicitar su incorporación, con lo que de nuevo, tenemos un mecanismo que pueda convertirse en un incentivo de corrupción, pues para que me devuelvan el IVA en el régimen electrónico, tengo que usar estas herramientas y eso depende de SAT, no de mí. Esto ha pasado con el agente de retención del IVA y con los productores autorizados, que ven denegadas sus solicitudes por criterios de “ventanilla”. Quizás en el algún momento también hubo oficinas que lograban las calificaciones con mordidas, no me consta, ya que lo que sí me consta es que se entorpecían las calificaciones para estos regímenes en perjuicio del contribuyente. Y b) La resolución que “entra en vigencia 30 días” es una terminología incorrecta. La resolución entre en vigencia al notificarse y queda firme 10 días después de su notificación, pero la incorporación al sistema electrónico deberá fijarse en 30 días después de notificada. Si decimos que “entra en vigencia”, SAT la puede revocar en cualquier momento de esos 30 días, impunemente, y los contribuyentes tienen normas contradictorias para impugnar dicha resolución, ya que el recurso se plantea en los 10 días de notificada una resolución, pero no se puede impugnar una resolución que no ha entrado en vigencia y quedaría firme 40 días después de notificada… ya veo mucha discusión de cuándo debía plantearse un recurso). 

En el artículo 7 se incluye una reforma al artículo 52 A de la ley del IVA con la que las facturas especiales que se emiten al comprar a productores agropecuarios, artesanales y de productos reciclados no autorizados, serán siempre electrónicas. Positivo es que se permite que los productores se inscriban en cualquier momento del año y las razones de rechazo están más claras. Lo negativo es que hay una sanción penal por la solicitud inexacta. Esto puede dar lugar a abusos en las denuncias por simples interpretaciones distintas de la información.

El artículo 8 es para modificar el reglamento del fideicomiso del café en 60 días de entrada en vigencia la ley.

El artículo 9 permite que las solicitudes de devolución de crédito fiscal que se encuentre en trámite pueda ser trasladado el régimen electrónico.

La ley entra en vigencia 8 días después de su publicación, salvo los artículo 5, 6 y 7 que inician vigencia 6 meses después de la publicación.

Aún no ha sido publicado.

 

Mario E. Archila M.

 

¿Le llegó una comunicación de SAT?

No se aflija así de entrada. Mejor sepa qué hacer.

Véngase el 20 de marzo al Hotel Intercontinental a un seminario que responderá cuestiones importantes sobre las facultades de SAT:

  1. ¿Sabe usted cuándo un requerimiento es de obligatoria respuesta?
  2. ¿Qué cosas pueden y cuáles no pueden pedirle en un requerimiento de información?
  3. ¿Qué información está sujeta a un plazo de 20 días o 30 días y no el típico de 3 días?
  4. ¿Sabe cómo evitar una sanción por resistencia a la acción fiscalizadora?
  5. ¿Conoce los temas que son confidenciales y no deben ser entregados a los auditores tributarios?
  6. ¿Sabe cuáles son los elementos formales más comunes para que lo sancionen?
  7. ¿Tiene a mano los documentos típicos a proporcionar en una fiscalización?

4 horas. Material impreso. De regalo un librito de la guía práctica para mantener los documentos correctos en cada uno de los 29 gastos deducibles. Q750. Llame a Doris al 23788484 para que le guarde su lugar.

Ya se empezaron a inscribir. No tarde que el cupo es limitado.

Mario E. Archila M.

Fiscalizaciones masivas

Auditorías SAT
SAT inicia con fiscalizaciones

SAT ha iniciado febrero con este plan. Ya en 2018 no se tuvo mucha presencia de auditorías, salvo para el caso de devoluciones de IVA, por lo que evidentemente la recaudación sufre un poco y debe reactivarse la “presión”.

Es bueno pensar que no será una cacería de brujas con intenciones de criminalización de las deudas tributarias como ya ha sido historia.

Para ello, sugerimos estar preparados. Recordemos que la relación con SAT, si bien debe ser cordial, es una relación legal que tiene parámetros de cumplimiento para ambas partes. Esos parámetros son mucho más estrictos en el lado de los funcionarios públicos. Por lo anterior estamos ya preparando un seminario de cómo afrontar las fiscalizaciones de SAT.

¿Sabe usted cuándo un requerimiento es de obligatoria respuesta? ¿Qué cosas pueden y cuáles no pueden pedirle en un requerimiento de información? ¿Qué información está sujeta a un plazo de 20 días o 30 días y no el típico de 3 días? ¿Sabe cómo evitar una sanción por resistencia a la acción fiscalizadora? ¿Conoce los temas que son confidenciales y no deben ser entregados a los auditores tributarios? ¿Sabe cuáles son los elementos formales más comunes para que lo sancionen? ¿Tiene a mano los documentos típicos a proporcionar en una fiscalización?

Si quiere saber las respuestas, anótese de una vez para el seminario llamando al 23788484 porque no tendremos muchos espacios. Q750, 4 horas, material impreso para que se lleve y le regalamos al que se inscriba un librito que le indicará cuáles son los documentos de cada uno de los gastos deducibles. El seminario se realizará en el mes de marzo.

Los espero.

 

Mario E. Archila M.

El anexo en el formulario del IVA es ilegal…

El acto de incluir este anexo constituye exceso de facultades por parte del Superintendente de Administración Tributaria. Dicha inclusión en el nuevo formulario SAT-2237 en el portal Declaraguate para la determinación, declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado, que está vigente para el pago del período fiscal de dicho impuesto correspondiente al mes de enero de 2019, de requisitos no está basado en ley.

Dichos cambios al formulario, único medio para poder efectuar el pago del impuesto, se materializan en los documentos electrónicos que encuentra en la web de la Administración Tributaria a la le agregó el presente link:

https://portal.sat.gob.gt/portal/preguntas-frecuentes/proveedoresivageneral

Dicho acceso a internet contiene las siguientes descargas:

a) Instructivo para llenado del apartado “detalle de proveedores locales (crédito fiscal) del cuadro 5 y 6” del formulario SAT-2237 Impuesto al Valor Agregado General.

b) Preguntas frecuentes sobre el registro de proveedores en donde muestras las supuestas bases legales que le permiten agregar requisitos para el pago del impuesto.

Dicho instructivo y preguntas frecuentes son para el llenado del formulario de pago del Impuesto al Valor Agregado mensual indicado, el formulario SAT-2237, régimen general que se encuentra en el siguiente sitio web numeral 1 IVA, IVA GENERAL:

https://declaraguate.sat.gob.gt/declaraguate-web/

c) Resumen del contenido del instructivo, preguntas frecuentes y formulario Declaraguate del IVA general.

En dicho instructivo, preguntas frecuentes y formulario para el pago del Impuesto al Valor Agregado se solicita que el contribuyente ingrese información específica que no es la forma regulada por la Ley, para la determinación de la obligación tributaria y sin ingresar esa información sobre los proveedores, no se permite el pago del tributo.

La información que se requiere de los proveedores es un detalle en forma decreciente de la suma de la facturas recibidas de cada uno de ellos.

La obligación tributaria del Impuesto al Valor Agregado se determina conforme a la ley y la ley indica, en su artículo 19, Decreto 27-92 del Congreso de la República, que “Del Impuesto a pagar. La suma neta que el contribuyente debe enterar al fisco en cada período impositivo, es la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados.”

Es así que la violación se configura al EXIGIR EL FORMULARIO PARA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL TRIBUTO INFORMACIÓN DISTINTA A LA EXIGIDA POR LA LEY COMO REQUISITO PREVIO A PAGAR.

6.1. Consideraciones sobre la improcedencia de esa modificación y requerimiento

El Código de Comercio de Comercio señala, en su artículo 373 que los registros contables deben ser en orden cronológico y, dentro de 2 meses de la transacción para considerarse “al día”. Esa misma norma aplica para que el libro de compras esté actualizado de acuerdo a las Ley del IVA y Código Tributario tal y como se señalará más adelante.

Veáse pues que la disposición de ínfima jerarquía normativa como es un formulario, modifica plazos y formas legales, con el agravante que si no se presenta como SAT solicita, no permite el pago del Impuesto al Valor Agregado, sino se cumple con tal ilegal solicitud.

Lo anterior es, hoy día por medio de un formulario electrónico, lo que anteriormente se conocía como “legislación de ventanilla” creada por el actual Superintendente de Administración Tributaria, quien ha excedido sus facultades legales violando los artículo 152 y 154 de la Constitución, incurriendo en posibles responsabilidades reguladas por el artículo 155 de la misma carta magna.

Incurre en posible responsabilidad civil al no permitir el ingreso a las arcas del Estado por disposición de “ventanilla” y hasta en posibles responsabilidades penales por violar leyes y obtener información por vía de coacción, y al abusar del poder que ostenta, solicitando requisitos que no están contenidos en la Ley.

Se deja claro desde ya que ninguno de los fundamentos legales que se utilizan en el documento de “preguntas frecuentes” son suficientes para OBLIGAR Y SUPEDITAR EL PAGO DEL IMPUESTO A COMPLETAR ESA NUEVA SECCIÓN, pues no existe NORMA DE JERARQUÍA LEGAL que indique que:

“El superintendente de administración tributaria, mediante disposiciones publicadas en su sitio web o por modificaciones a los formularios de pago del impuesto puede solicitar información distinta a la que requiere la ley para determinar el impuesto.”

Mucho menos encontraremos norma que le permita solicitar información de terceros por medio de un formulario de pago de tributos y peor aún, que sancione de manera indirecta cuando en el formulario de pago no se consigne la información de los proveedores de los contribuyentes, mediante traslado de la información del libro de compras a la declaración del formulario de pago del IVA con no poder presentar la declaración y no poder realizar el pago del impuesto.

Un texto en ese sentido NO EXISTE y es el único texto que pudiera facultar al Superintendente a realizar semejante acción, pero ese texto no existe, y por tal existe exceso de facultades. Es más, señalaremos que viola normas jurídicas específicas de la legislación tributaria que regulan la forma que podrá requerir esa información.

3.1. El instructivo señala:

a.Período a partir del cual deberá llenarse dicho apartado: enero 2019.

b.Cantidad total de proveedores: Para llenar esta casilla, se debe identificar a los distintos proveedores registrados en el libro de Compras y Servicios recibidos en el período que corresponda. Cada proveedor contará una vez sin importar cuántas de sus facturas aparezcan en dicho registro.

c.Proveedores Principales y cantidad de ellos a ingresar: El formulario le permitirá registrar el valor de las compras realizadas en el período impositivo mensual hasta un máximo de 10 proveedores, en orden decreciente de la suma de sus respectivas facturas sin incluir el IVA (Sin importar la cantidad de las mismas).

d.Estos son los datos que debe de ingresar en el detalle:

a.NIT del proveedor: Debe ingresar el NIT del proveedor, el cual deberá estar afiliado al Régimen General y éste no podrá repetirse.

b.Cantidad de facturas: Ingresar la cantidad total de facturas recibidas por proveedor, del período a presentar.

c.Monto Base: Ingresar la sumatoria de las facturas recibidas de cada proveedor, sin incluir el IVA y el IDP este último para las facturas de combustible (gasolina, diesel, otros).

Una vez ingresados los valores correspondientes de cada proveedor, deberá dar clic en el botón Agregar para que los mismos sean grabados.

Deberá repetir el procedimiento hasta completar el registro de sus proveedores hasta un máximo de 10 proveedores.

4.2.En el documento de “preguntas frecuentes” se señala en sus apartados 3, 10, 12 y 15 lo siguiente:

“3. ¿Cuál es el fundamento Legal para que ingrese la información de proveedores en el formulario del IVA?

Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Decreto Número 1-98 Artículo 3, literales a) e i).

Código Tributario, Decreto Número 6-91 Artículos 18, 68, 21 “B” numeral 1 y 5, 101 “A”, 98, numerales 2) y 3), 103, 112 numerales 1 c) y 7.

Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto Número 27-92

Articulo 18 y 40

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Acuerdo Gubernativo 5-2013

Artículo 40. Pago.”

“10. ¿Si no ingreso esa sección, puedo presentar mi declaración?

Si usted, ingresó valores en las casillas del formulario de los cuadros 5 y 6 solicitados en el apartado, deberá completarlo para presentar su declaración.”

“12. ¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con lo que se requiere en el apartado?

El sistema no le permitirá presentar la declaración. (Ver bases legales en la pregunta 3.)”

“15. Facturo servicios y en un mes no reporto mi crédito fiscal, ¿Debo llenar el apartado de

crédito fiscal?

En los casos que no reporta monto en la casilla de créditos, el formulario no exige el

ingreso del detalle de los proveedores.”

4.3. El formulario al ingresar al ingresar datos en el apartado 5 de compras, servicios adquiridos y compras de combustible crea un “detalle de proveedores locales”, y si no se llena el mismo, no permite validar la información.

Veremos como cada una de esas normas se refiere a facultades diferentes a poder colocar requerimientos de información en formularios de pago del tributo y eso no puede hacerse en un sistema de derecho.

Veamos pues cada detalle que impide que se haga lo que se pretende:

1. No existe norma que faculte al Superintendente de Administración Tributaria a impedir y bloquear el pago del IVA si no se traslada el detalle de proveedores, contenido en el libro de compras, en la declaración del IVA.

La Ley Tributaria no puede ser tergiversada de ninguna forma y mucho menos por disposiciones que no tienen ni siquiera rango de reglamento como es la modificación de un formulario. Ese acto viola el segundo párrafo del artículo 239 de la Constitución Política de la República. Toda la normativa que señala la Administración Tributaria mediante un documento denominado “preguntas frecuentes” no regula en lo absoluto tal facultad.

No existe texto legal alguno que faculte a la Superintendente de Administración Tributaria a realizar semejante atrocidad.

Las normas legales bajo la que se fundamenta la acción ilegal del Superintendente son las siguientes:

a) Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Decreto Número 1-98 Artículo 3, literales a) e i). (Para analizar esta Ley es importante tener en cuenta que la única Ley que puede regular el pago del IVA es la Ley del IVA, la Ley Orgánica de SAT regula y limita su campo de actuar, no le da poder absoluto).

El artículo 3 literal a) citado por SAT señala el objeto de la Administración Tributaria, en ningún lado señala que permita modificar los formularios para presentar declaraciones coaccionando a los contribuyentes a presentar información de terceros con los que tiene relaciones comerciales para aceptar el pago del tributo. Es más, al sujetar el pago del IVA mediante disposición de “ventanilla” el Superintendente viola la literal a) de dicho artículo en su parte final que establece:

ARTICULO 3.* Objeto y funciones de la SAT.

Es objeto de la SAT, ejercer con exclusividad las funciones de Administración Tributaria contenidas en la legislación de la materia y ejercer las funciones específicas siguientes:

a) Ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos y todos los tributos que gravan el comercio exterior, que debe percibir el Estado, con excepción de los que por ley administran y recaudan las municipalidades. Como parte de esta función, debe procurar altos niveles de cumplimiento tributario, mediante la reducción de la evasión, actuar de conformidad a la ley contra los delitos tributarios y aduaneros y facilitar el cumplimiento a los contribuyentes;

La literal i) de dicho cuerpo legal señala sus facultades fiscalizadoras, post pago de impuestos, la literal i) tampoco regula posibilidad alguna de solicitar información que la ley no contempla como parte de la determinación del tributo para sujetar el pago del IVA.

b) Código Tributario, Decreto Número 6-91 Artículos 18, 68, 21 “B” numeral 1 y 5, 101 “A”, 98, numerales 2) y 3), 103, 112 numerales 1 c) y 7.

El simple hecho de recitar artículo, no hace que el actuar de la Administración sea legal.

• El artículo 18 define al sujeto pasivo de la obligación tributaria.

• El artículo 68 regula la responsabilidad de presentar declaraciones, responsabilidad que se está viendo limitada por las condicionantes que está poniendo la Administración.

• El artículo 21 B señala que el contribuyente está obligado DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IVA a presentar sus declaraciones, el nuevo requisito de SAT está impidiendo, por disposición de “ventanilla” presentar las declaraciones, CUALQUIER REQUERIMIENTO DE SAT REGULADO EN EL NUMERAL 1 y 5 del artículo 21 B DEBE SER NOTIFICADO AL CONTRIBUYENTE, POST-DECLARACIÓN DE ACUERDO A LA FORMA Y PLAZOS DE LA LEY, lo anterior está regulado en los artículos 129 y 130 del Código Tributario sobre la notificaciones personales a los contribuyentes; AMÉN DE QUE EL PLAZO PARA MANTENER LOS LIBROS DE COMPRAS AL DÍA SON DE 2 MESES, NO ANTES DE LA DECLARACIÓN. (Ver artículo 37 de la Ley del IVA). Vale recordar que las facultades de la Administración Tributaria en cuanto a los tributos AUTODETERMINADOS, como el IVA, es su verificación posterios, tal como lo regulan los artículo 98 numeral 3 del Código Tributario: VERIFICAR. Requerir información de tercero como un requisito para aceptar un pago no tiene asidero legal alguno.

• El artículo 101 A del Código Tributario es violado por la propia administración ya que obliga a proporcionar información confidencial en cuanto al contenido del libro de compras sin mediar algún responsable que guardará dicha información. Es por ello que esa información solo se entrega cuando se notifica requerimiento con base a los artículo 129 y 130 del Código Tributario y así el contribuyente tiene certeza de quién es el auditor que le está solicitando información. El hecho de subir información a internet, permite que, cualquier persona, principalmente hackers y todos los del personal de tecnología de SAT, tengan acceso a dicha información. Recordemos que para requerir información respecto a terceros el Código Tributario reguló el supuesto en el artículo 30 “A” que indica que para hacerlo el contribuyente debe hacerlo “…dentro del plazo de veinte días de recibido el requerimiento”. Es así que DEBE OBLIGATORIAMENTE que mediar requerimiento para que esta información sea preparada y trasladada.

• El artículo 98 numeral 2 regula la facultad de SAT de requerir impuesto adeudado, no a requerir información previa, bajo apercibimiento de no recibir el pago. El cambio en el formulario de manera que requiera información de terceros como requisito para poder efectuar el pago es un claro caso de abuso de poder, pues el artículo específico que permite el requerir dicha información establece dos obligaciones

• El artículo 98 numeral 3 regula la facultad de SAT de revisar las declaraciones presentadas, no bloquear el pago a los contribuyentes. Y este artículo remite al artículo 30 -que tiene 30 días de plazo para ser atendido- y 93 para requerir la información.

• El artículo 103 regula la determinación de la obligación tributaria de conformidad con la Ley, el Impuesto al Valor Agregado es un impuesto que lo determina el contribuyente, por lo que no es un artículo que permita a la SAT a impedir el pago del IVA si no se divulgan los proveedores en la declaración. La ley del IVA establece que la obligación se determina por “…la diferencia entre el TOTAL de débitos y el TOTAL de créditos fiscales del período…” (Mayúsculas son propias). Los impuestos que determina SAT son el impuesto de circulación de vehículos y el Impuesto de Primera Matricula, para dichos impuestos sí le es permitido a SAT solicitar información previa pues es SAT quien determina y notifica el monto a enterar. El IVA es un tributo autodeterminable y la facultad de SAT es VERIFICAR, es decir, requerir información con posterioridad a la declaración y pago para establecer si efectuó correctamente el pago, no como requisito para efectuar el pago.

• El artículo 112 numerales 1 c) y 7 establecen:

ARTICULO 112. * OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES.

Los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de determinación, recaudación, fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria y en especial deberán:

1. Cuando las leyes lo establezcan:

c) Presentar las declaraciones que correspondan y formular las ampliaciones o aclaraciones que les fueren solicitadas.

7. Proporcionar a la Administración Tributaria la información que le requiera referente a actos, contratos u otros hechos o relaciones mercantiles con terceros, generadores de tributos, siempre que no se viole la garantía de confidencialidad establecida en la Constitución Política de la República y las leyes especiales, el secreto profesional, y lo dispuesto en este Código.

El numeral 1 c) obliga a presentar declaraciones y UNA VEZ PRESENTADA, formulara ampliaciones o aclaraciones, esa norma no faculta a SAT a bloquear el pago del IVA, sujetándola a información previa.

La solicitud de SAT siempre debe estar acompañada de una notificación personal de acuerdo al artículo 129 y 130 del Código Tributario, por lo que la facultad alegada por SAT no existe en ninguno de los artículos que con los que basa su actuar.

Y el numeral 7 obliga a que se sigan los procedimientos del Código Tributario para requerir dicha información. Eso está contenido en el artículo 30 y 30 “A”, que obligan a notificar el requerimiento y dar un plazo de 30 ó 20 días, respectivamente, para que el contribuyente responda el mismo.

c) Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto Número 27-92: Articulo 18 y 40

El artículo 18 de la Ley del IVA regula los requisitos formales de procedencia del crédito fiscal, en ninguna parte de dicho artículo se faculta al superintendente a bloquear e pago del IVA si previamente no se da un detalle de proveedores.

El artículo 18 del la Ley del IVA en su literal d) establece:

ARTICULO 18.* Documentación del crédito fiscal.

Se reconocerá crédito fiscal cuando se cumpla con los requisitos siguientes:

d) Que se encuentren registrados en el libro de compras a que se refiere el artículo 37 de esta Ley; y,

ARTICULO 37.* De los libros de compras y de ventas.

Independientemente de las obligaciones que establece el Código de Comercio en cuanto a la contabilidad mercantil, los contribuyentes deberán llevar y mantener al día un libro de compras y servicios recibidos y otro de ventas y servicios prestados. El reglamento indicará la forma y condiciones que deberán reunir tales libros que podrán ser llevados en forma manual o computarizada.

Se entiende, a los efectos de fiscalización del impuesto, que los registros de compras y ventas están al día, si han sido asentadas en ellos las operaciones declaradas dentro de los dos meses siguientes a que corresponda la declaración presentada.

Como se observa, la Ley presume al día el libro de compras dentro de los 2 meses siguientes a que corresponda la declaración presentada, NO ANTES DE LA DECLARACIÓN Y SIN ELLO NO SE PUEDA PAGAR EL IMPUESTO.

El artículo 40 de la Ley del IVA, únicamente regula la obligación de presentar declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado y el artículo 19 de la misma ley, ya citado, a determinar la obligación con la diferencia entre el total de débitos y total de créditos. Es SAT quien por medio de un requisito que viola la ley impide la presentación de la determinación en la forma que la propia ley establece y crea una amenaza de incurrir en multas y sanciones por actos directos de SAT que incumplen fundamentos legales.

d) Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Acuerdo Gubernativo 5-2013

Artículo 40. Pago.

Todo reglamento, como indica el último párrafo del artículo 239 de la Constitución debe establecer procedimientos que faciliten la recaudación y lo relativo al cobro administrativo del tributo. Un reglamento tributario es potestad exclusiva del Presidente de la República, por lo que una disposición interna de la administración no puede establecer trabas para el pago del mismo y mucho menos contradecir la ley y el Código Tributario.

Sin embargo dicho artículo tampoco faculta al Superintendente a realizar semejante acto violatorio.

Dicho artículo únicamente señala la forma de pago, sin embargo, el actuar de SAT está dirigido a bloquear el pago, sino se cumple con lo que ella quiere.

Dicho artículo regula:

ARTICULO 40. Pago.

El impuesto se pagará en efectivo o por cualquier otro medio que la Administración Tributaria ponga a disposición de los contribuyentes, a través de la declaración mensual que para el efecto se establezca.

En la declaración mensual las cantidades que se reporten deberán ser enteras, sin centésimos de quetzal.

2. Violación constitucional de sujeción a la Ley:

Los funcionarios de SAT no son superiores a la Constitución, ni al a Ley, si el artículo 135 literal d) de la Constitución señala como deber de los guatemaltecos contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la Ley, no es facultad del Superintendente de turno bloquear el pago a los contribuyentes, solicitando requisitos sin fundamento legal, empeorando la recaudación, ya que dicha disposición solo es un incentivo al a informalidad y un castigo a quienes cumplimos con la ley.

Es por lo anterior que el actuar del Superintendente de Administración Tributaria viola la Constitución al no permitir el pago de tributos a los contribuyentes, sujetándolos a requisitos sin fundamento.

Dicha norma constitucional regula:

“ARTICULO 135. Deberes y derechos cívicos.

Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes:

d) Contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley;”

Por lo anterior, actualmente, el Superintendente de la Administración Tributaria se encuentra en violación directa del artículo 154 de la Constitución que en su primer párrafo establece:

“ARTICULO 154. Función pública; sujeción a la ley.

Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.”

Vemos, por lo anterior, que el detalle de proveedores como requisito para el pago del IVA es ILEGAL y excede las facultades del Superintendente de Administración Tributaria, y lo hace incurrir en violaciones civiles y penales.

3. Forma y plazo para llevar el libro de compras:

No solo es necesario, para el actuar de cualquier funcionario público, que se cuente con una norma meramente facultativa, sino también que respete la Ley en cuanto las formas y plazos en que los contribuyentes deban llevar sus libros.

3.1. Forma de llevar la contabilidad de acuerdo al Código de Comercio de Guatemala:

El código de Comercio señala en sus artículos 373 y 375 lo siguiente:

ARTICULO 373. Operaciones, Errores u Omisiones.

Los comerciantes deben llevar su contabilidad con veracidad y claridad, en orden cronológico, sin espacios en blanco, interpolaciones, raspaduras, ni tachaduras. Los libros no deberán presentar señales de haber sido alterados, sustituyendo o arrancando folios o de cualquier otra manera.

Los errores u omisiones en que se incurriere al operar en los libros o registros, se salvarán inmediatamente después de advertidos, explicando con claridad en qué consisten y extendiendo o complementando el concepto, tal como debiera haberse escrito.

ARTICULO 375. Prohibición de llevar más de una Contabilidad.

Es prohibido llevar más de una contabilidad para la misma empresa. La infracción de esta prohibición es causa de que ninguna de las contabilidades haga prueba, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar.

El código de comercio señala que el orden de la contabilidad es en forma cronológica, el Superintendente de SAT solicita, que, para poder pagar el IVA la contabilidad se despliegue en su sitio web en ORDEN DECRECIENTE DE LA SUMA DE SUS RESPECTIVAS FACTURAS SIN INCLUIR IVA.

Se observar claramente que la Administración Tributaria solicita que la contabilidad se lleve a otra forma, sin facultad alguna, y peor aún, obliga a los contribuyentes a llevar otra contabilidad para efectos de presentar la declaración del IVA, situación inaudita e ilegal por prohibición expresa del artículo 375 del Código de Comercio.

3.2. Plazo para llevar al día el libro de Compras:

ARTICULO 37.* De los libros de compras y de ventas.

Independientemente de las obligaciones que establece el Código de Comercio en cuanto a la contabilidad mercantil, los contribuyentes deberán llevar y mantener al día un libro de compras y servicios recibidos y otro de ventas y servicios prestados. El reglamento indicará la forma y condiciones que deberán reunir tales libros que podrán ser llevados en forma manual o computarizada.

Se entiende, a los efectos de fiscalización del impuesto, que los registros de compras y ventas están al día, si han sido asentadas en ellos las operaciones declaradas dentro de los dos meses siguientes a que corresponda la declaración presentada.

El plazo para tener al día el libro de compras es de 2 meses, no hay norma legal que obligue a tenerlo listo antes de la presentación de la declaración y menos sujetarlo al pago.

4. Pago del Impuesto al Valor Agregado:

La única obligación para poder pagar el Impuesto al Valor Agregado es divulgando la diferencia entre los débitos fiscales cobrados y los créditos fiscales pagados, dicha situación está regulada en el artículo 19 de la Ley del IVA.

“ARTICULO 19. Del impuesto a pagar.

La suma neta que el contribuyente debe enterar al fisco en cada período impositivo, es la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados”

El artículo no regula la posibilidad de que el contribuyente no entregue al fisco, sino divulga a sus proveedores en la declaración.

Por lo anterior, está claro que SIN UNA NORMA FUNDANTE la solicitud de llenar el formulario con esa información, ya es ilegal, sujetar el pago a llenarlo, es in claro abuso de autoridad.

Mario E. Archila M.

*El texto es coautoría con el licenciado Félix Gutiérrez*