Obligaciones fiscales de los seguros

 

Hemos tenido algunos cruces en Twitter con personas que sienten que las compañías de seguros no están “al día” en sus obligaciones fiscales, pues, dicen, las aseguradoras les debieron entregar facturas cuando ellos pagaron deducibles o bien pagaron a la aseguradora el resarcimiento del daño causado a un “asegurado” al que chocaron.

Me voy a poner un poco más técnico de lo usual, pero el tema lo amerita.

El Deducible

El término “deducible” se refiere a la cantidad que en cada siniestro -accidente- deberá ser pagado por quien está Asegurado. Es decir, se trata de un “monto mínimo” de daño que el asegurado debe cubrir por su cuenta.

El contrato de seguro, como lo define la ley, es un contrato que para el asegurado no puede implicar fuente de enriquecimiento.

Las relaciones tributarias que se desprenden del contrato con las aseguradoras al momento de pago de un siniestro se deben analizar de forma individual.

Es así que debemos analizar la existencia de dos tributos distintos que pueden surgir por el pago de un siniestro.

Impuesto Al Valor Agregado -IVA- 

El IVA tiene como hecho generador, de manera general, la prestación de servicios y la venta de bienes.

En el contrato de seguro, específicamente, la Aseguradora tiene la obligación de emitir factura por la prima. Prima es el pago que hace un asegurado a la Aseguradora para obtener la cobertura de su seguro. Es el “precio”, si se quiere, por el servicio de “asegurar”.

En el caso de la ocurrencia de un siniestro, se tienen terceros involucrados que generan en varios casos la relación de pago de este impuesto y así, la emisión de la factura. Es decir, los servicios de grúa, de mecánico, de abogados. Todos estos servicios pueden generar una obligación de emitir factura a favor de quien cubra los mismos. Usualmente, la compañía de seguros paga todo y luego cobra el “deducible” al asegurado o le cobra todo a quien causó el daño, si fuera un tercero.

Analizamos cada uno:

Reparación. En el caso de la reparación de un vehículo, el taller es quien resulta obligado a la emisión de la factura y cargo del IVA. La relación entre la Aseguradora y el Asegurado debe considerar las obligaciones del IVA para efectos de su comprensión. De esta cuenta, la Aseguradora cobra la suma que corresponde al deducible y paga al taller la totalidad de la reparación. El deducible, como se define, es la cantidad que paga el asegurado en cada siniestro. Esta suma puede incluir dentro de su cálculo el monto de IVA, cuando el Taller emite 2 facturas, una por el monto de deducible más IVA y otra por el pago de la aseguradora más IVA.

Esto es así, toda vez que el IVA no deriva del deducible ni puede ser parte de la suma “asegurada” ya que corresponde a una obligación tributaria y es el Taller el obligado a cargar dicha suma cuando cobra sus servicios y repuestos.

Si el deducible se cobra al asegurado “con IVA incluido” el comprobante de ese IVA correspondería al asegurado y debe ser cargado al asegurado en una factura. Recordemos que el IVA para generar crédito, debe estar pagado por el contribuyente que lo reclame. La relación entre la Aseguradora y el Asegurador, en cuanto al monto del deducible, no es una relación de “prestación de servicios” sino de compartir el costo de una reparación. De la definición legal, se desprende que debe ser el monto que pague el asegurado, lo que se debería entender, tributariamente, pagado al taller y por tanto, el taller debería emitir la factura por esa porción directamente al asegurado.

Si el asegurado paga el deducible “más IVA” sin recibir una factura por esa suma, el porcentaje de deducible no corresponde realmente con el porcentaje pactado, lo que puede ser un problema adicional. La Aseguradora, por su parte, no podría cobrar el IVA de la reparación sin entregar un comprobante IVA por esa cantidad, ya que no es una obligación de la Aseguradora cobrarlo y el IVA que se paga en la reparación representa crédito IVA para la Aseguradora. El cobro podría implicar una apropiación indebida de dinero y un incumplimiento de la normativa tributaria. En otras palabras, cobrar porción del IVA dentro del deducible, pero guardando la totalidad del IVA en la factura recibida del taller, implica que hay un aprovechamiento del IVA vía el cobro al asegurado, quien no forma parte de la relación tributaria con el taller, mientras que la Aseguradora tiene IVA crédito por la factura y cobro al Asegurado.

Pérdida total. En este caso, la aseguradora hace el pago de la suma asegurada al asegurado y recibe el monto del deducible respectivo. Al no existir reparación alguna, ni tercero involucrado, no se debería generar IVA en esta operación al ser puramente resarcitoria. Acá es más claro que si el daño se estima una cantidad X, ejemplifiquemos en Q100,000, el pago al Asegurado debería ser Q100,000 menos el monto del deducible, por lo que no hay en sí ninguna obligación de facturación ni cargar o soportar IVA.

Impuesto de Timbres Fiscales

El impuesto de Timbres Fiscales se genera en la emisión, suscripción u otorgamiento de ciertos documentos, entre ellos actos y contratos y comprobantes de pago. En este caso, el resarcimiento del daño que corresponde a la Aseguradora y la recepción de la suma del deducible, se documentan debidamente, usualmente, por medio de finiquitos. Es así que la comprobación de los pagos es la razón de la afectación al impuesto del Timbre Fiscal en situaciones de resarcimiento.

Es por ello, que al suscribir un documento que tiene como fin la comprobación del pago de una indemnización, se deben cubrir en él los timbres fiscales respectivos (3%).

El hecho generador será la emisión, otorgamiento o suscripción de dichos comprobantes de pago y el obligado a pagar el impuesto resultará el que emita, otorgue o suscriba el mismo, con lo que podría ser únicamente la aseguradora, únicamente el asegurado o ambos, de manera proporcional.

Caso de un tercero que paga el daño

El principal punto acá deriva de la legislación del IVA y la necesidad de emitir factura al culpable de un daño a un asegurado, quien debe pagarle a la Aseguradora la reparación o el daño causado.

Es así el caso que un tercero  se encuentra responsable del percance y por ello “reembolsa” a la aseguradora el monto de las reparaciones necesarias para resarcir el daño causado.

Debemos partir del hecho que la ley del IVA aplica únicamente a “venta” y “servicio”, como se explicó arriba. Estos conceptos están definidos en la ley del IVA y así deben ser entendidos:

1) Por venta: Todo acto o contrato que sirva para transferir a título oneroso el dominio total o parcial de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio nacional, o derechos reales sobre ellos, independientemente de la designación que le den las partes y del lugar en que se celebre el acto o contrato respectivo.
2) Por servicio: La acción o prestación que una persona hace para otra y por la cual percibe un honorario, interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración, siempre que no sea en relación de dependencia.

Luego el artículo 3 es el que indica cuáles son los hechos generadores de la obligación tributaria. La obligación de emitir factura nace únicamente de un hecho generador contemplado en el artículo 3. Los reembolsos o indemnizaciones por daños no están contemplados dentro de ninguno de los 9 hechos generadores como tal y el concepto de “servicio” no es aplicable por lo siguiente:

  1. El que causa un daño tiene la obligación de indemnizarlo.
  2. La aseguradora tiene un contrato con el asegurado, no con quien causa el daño.
  3. El pago que hace el tercero que causó el daño no deriva del contrato, sino de una obligación derivada del propio daño causado, por lo que la Aseguradora no realiza a favor del tercero que causa el daño ninguna prestación y no cobra una remuneración, sino que su derecho de cobro es por repetición dada la subrogación en los derechos del dañado.
  4. El resarcimiento del daño es obligatorio y como resarcimiento del daño, la única obligación de la Aseguradora es comprobar el pago realizado y entregarle un finiquito. Estos son hechos generadores del Impuesto del Timbre Fiscal, no del IVA.
  5. El cobro no puede incluir IVA, dado que el daño no incluye IVA pues el IVA pagado en la reparación corresponde a crédito del IVA, mismo que es un “activo” de la Aseguradora.

 

Mario E. Archila M. 

 

Emisión de facturas (Publicado con autorización de Lucía Aguilar)

De todos es sabido que si trabajamos por cuenta propia, ya sea vendiendo productos o prestando servicios, tenemos la obligación de facturar y pagar los impuestos correspondientes.   Sin embargo, en la Ley del IVA hay un artículo poco conocido y que muchas empresas han optado por ignorar, me refiero al que regula el momento en el cual se deben emitir las facturas.

Primero que todo, hay que entender la naturaleza del IVA, es un impuesto que nosotros le cobramos a nuestros clientes en nombre del Estado. Es decir, quien emite la factura es únicamente el intermediario entre SAT y los clientes.

Actualmente, la práctica más común es que la factura se emite y entrega al cliente para trámite de pago, lo cual puede demorar hasta más de un mes en algunos casos (y en casos extremos, nunca se logra cobrar).   Esto puede ocasionar que nos toque pagar IVA que no hemos cobrado y, mientras tanto, nuestro cliente utiliza el crédito a su favor sin haberlo pagado todavía. En otras palabras, no sólo nos deben sino que está usando una parte de esa deuda para rebajar sus impuestos. Cuando esto sucede la opinión más común es “qué joden los de SAT, si a mí no me han pagado, no tengo dinero y de todos modos se lo van a robar”. Comprensible, a todos nos duele pagar impuestos y más cuando es una cuenta pendiente de cobrar.

No obstante, la culpa de que nos toque pagar ese IVA no es de SAT, de las leyes, del Congreso ni del contador sino de nuestros mismos clientes. Lo que indica la Ley del IVA (artículo 34), es que las facturas por venta de bienes se deberían emitir en el momento de entrega del producto y por la prestación de servicios cuando se reciba el pago. Además, en el artículo 4, se establece que el impuesto se debe pagar en el momento de emisión de la factura (ojo: no se refiere a pagarlo a SAT sino al intermediario). Un buen ejemplo de la forma correcta como se debería trabajar son las empresas que venden vehículos, emiten la factura desde que se concreta el negocio y de una vez cobran el IVA, aunque el cliente se tarde 5 años en pagar, ellos no tendrán problema para cumplir con su obligación fiscal.

Si todos cumpliéramos y exigiéramos que se cumpla con esta disposición legal, el flujo de efectivo de la mayoría de empresas que trabajan créditos se vería beneficiado pues no se tendría que trasladar a SAT dinero propio sino únicamente lo que realmente se ha cobrado. Ya sólo sería cuestión de ser ordenados y no gastarnos este 12% que en realidad nunca nos pertenece.

Lucía Aguilar

** La entrada fue publicada originalmente acá: http://solucionesgt.com/2015/08/cuando-deberian-emitirse-las-facturas/ y allí pueden localizar a Lucía.

Precios de Transferencia… un poco sobre ellos.

El tema no es nuevo. Surge ya en 1963 como un tema a considerar. 

“Cesiones de bienes o prestaciones de servicios en condiciones económicas diversas de aquellas que se habrían aplicado si la misma operación hubiera sido realizada por sujetos independientes”. Balzani, Curso de Derecho Fiscal Internacional, pág. 380

No necesariamente es un tema de impuestos. Puede ser por razones muy amplias como regulación antidumping o para lograr negociaciones con gobiernos para efectos de aumentos o reducciones de salarios y demás.

Usualmente el interés del fisco es el que predomina en la regulación. Normalmente se trata de casos de empresas en distintos estados. En Guatemala, dado que tenemos 2 regímenes para la imposición a la Renta, resulta apetecible jugar con los precios de servicios o bienes entre una entidad al 5% y otra al 31%.

El primer modelo de OCDE incluía a las subsidiarias y filiales como establecimientos permanentes. Esto ya por el año 1927. De la misma manera el Decreto 10-2012 del Congreso las califica como establecimientos permanentes.

En 1933 se adopta un nuevo modelo de convenio por OCDE, en el que se separan las rentas de las entidades. Con ello cada una debería atribuir su renta y es aplicable por igual a los establecimientos permanentes.

Estas reglas internacionales, elaboradas en modelos de convenios para evitar la doble imposición, al ser adaptadas como normas internas causan distorsiones graves. Es así que en 1979 OCDE adoptó guías para realizar la valoración de las transacciones. De allí deriva el principio del precio de libre mercado o arm’s lenght pricing. Dado que habrá problema en la incorporación de la regulación de OCDE a los distintos países, en el modelo OCDE se prevé que los lineamientos de OCDE son superiores. Claro está que en Guatemala esto no se da, toda vez que no tenemos dichos convenios celebrados, sino únicamente legislación local, sin dichas referencias.

Ámbitos

Usualmente es únicamente entre residentes y no residentes, pues para los fines de ahorros fiscales entre un grupo, la ventaja está en la diferente imposición que hay en los distintos países. Hay, no obstante, excepciones. También es casi siempre para el ISR, aunque encontramos que Colombia e Israel lo tienen para el IVA.

La materia tiene asidero en otros aspectos de derecho tributario y se fundamenta en la materialidad sobre la forma. En Guatemala, por ejemplo, si no es aplicable la revalorización por la falta de coincidencia entre la forma y la sustancia, la ley permite que se ajuste la forma. En el caso de no ser aplicable la regulación y ajustes por precios de transferencia, por lo menos en Guatemala, quedará el campo abierto para normativa como simulación, normas contra evasión y delitos

de defraudación tributaria. Es así que la normativa no será aplicable entre entidades residentes en Guatemala, aunque sean relacionadas, con ello estaremos frente a regulación penal, normalmente.

Elementos

Subjetivo

El elemento subjetivo es el control directo o indirecto entre las 2 entidades. No obstante la regulación comparada nos enseña que en muchos países se prescinde de requisitos formales para determinar la existencia efectiva de una determinada situación de control de un sujeto sobre otro, o bien de la sujeción de ambos a un mismo centro de poder o dirección.

Objetivo

El elemento objetivo es el precio anormal fijado entre los sujetos. Es “anormal” en el sentido de alejarse del precio de libre mercado, como se define luego.

OCDE es quien ha definido el principio de precio de libre mercado y es por ello que los informes de OCDE son imprescindibles para la aplicación de cualquier método empírico de valuación, aunque sea de modo ilustrativo y no vinculante. Como se explicaba, la adaptación de las reglas internacionales del modelo a la normativa interna causa más de un problema, con lo que encontramos que hay legislaciones con soluciones distintas.

1. El Reino Unido busca reajustar el precio de una operación entre asociadas al precio que hubiere tenido esa operación entre sujetos independientes.

2. En Alemania, verifica que se haya realizado como si fueran independientes.

3. En EE. UU.  la adecuación se refiere a la renta que habría surgido de la operación si hubiere sido efectuada por un sujeto independiente con otro independiente en condiciones de mercado.

4. Para Dinamarca, lo ajustable es la utilidad que hubiere obtenido de operar con un sujeto independiente.

5. En Canadá la administración puede llevar los costos e ingresos a “montos razonables”.

Bélgica se sujeta a imposición toda ventaja anómala que hubiere asegurado a la entidad asociada no residente.

EL PRINCIPIO DE PRECIO DE LIBRE MERCADO

Data de 1963 y el artículo 9 del modelo de OCDE. Se repite luego en todos los convenio modelo.

Se expresa en cuanto a condiciones comerciales entre entidades que difieren de aquellas que hubieran sido acordadas entre entidades independientes de modo que las ganancias que hubiere reportado alguna de ellas, gracias a dichas condiciones no han sido percibidas y por tanto, deben ser incluidas como ganancias de dicha entidad y gravadas como corresponda.

No atiende a la finalidad por la que se pactó el precio de transferencia. Es importante aclarar que los precios de transferencia pueden ser pactados por entidades relacionadas con finalidades diversas, tales como evitar aplicación de reglas de protección de competencia o poder negociar con el gobierno condiciones diversas por su inversión.

Valuaciones

Existen varios métodos para realizar las valuaciones:

1. Tradicionales basados en el valor normal de la operación o “transactional methods”

1.a. Confrontación de precios. Confronta el precio de una transacción entre asociadas comparándola con los precios de una transacción comparable no controlada en circunstancias comprables.

Al encontrar diferencias se estima que la transacción no se realizó en condiciones de libre mercado y debe ser sustituido por el precio de libre mercado.

Hay dos posibilidades de comparación:

1. Confrontación externa, al comparar operaciones entre entidades independientes del grupo.

2. Confrontación interna, al comparar operaciones entre el mismo grupo y otra independiente.

Este es el método principal recomendado por OCDE desde 1995.

Presenta, no obstante, dificultades en su aplicación.

A. Defecto de similitud o identidad del objeto.

B. Defecto de compara olidas del mercado de destino.

C. Diferencia en volúmenes de venta.

D. Diferencia en los términos y condiciones de venta.

E. Diferencia en los bienes inmateriales cedidos junto a los productos.

De allí deriva que se tendrá, en algunos casos, que comparar otros criterios menos directos como márgenes brutos entre entidades controladas y no controladas.

1.b. Método de precio de reventa. Permite establecer si se realizó la transacción en precio de mercado, mediante una adecuada valuación del precio en que la adquirente asociada vende el bien a una entidad independiente.

Esta valuación puede hacerse aun con entidades independientes.

1.c. El método del costo adicionado. Se realiza una reconstrucción del precio de libre competencia que parte del valor de los costos afrontados por el proveedor de la mercadería o de los servicios objeto de una operación con asociadas. Así que los costos se incrementan por un “adecuado” margen de utilidad.

El grado de comparación de las operaciones debe ser evaluado con relación específica a las funciones practicadas por las partes o condiciones de mercado, más que la consistencia objetiva de los bienes o servicios transferidos.

Las dificultades principales están en cuanto a la determinación del adecuado margen de utilidad, pues es muy complicado obtener la cuantificación de los costos y elementos que reflejen el libre mercado.

2. Otros métodos o métodos alternativos que se utilizan cuando no es posible aplicar los anteriores, pero no puede recurrirse a ellos simplemente porque los anteriores presentan dificultades para obtener la data. Se basan en la obtención de la utilidad en vez del precio.

2.a. Método de distribución de la utilidad. Busca restablecer el valor global de la utilidad producida por las empresas asociadas, sobre la base que la misma habría alcanzado si las empresas hubieren actuado en condiciones de independencia.

Se hace mediante la cuantificación de la utilidad que las empresas asociadas produjeron globalmente a través de una transacción y que consecuentemente debe ser distribuida. Se determina dicho valor y se subdivide entre las empresas asociadas conforme el criterio de subdivisión que habría sido aplicado entre empresas independientes involucradas en la transacción. En este método puede ser verificado el precio aun entre sectores distintos, pues se busca la relación de distribución de la utilidad que entidades independientes hubieren buscado.

2.b. Método de margen de utilidad neta. Se basa en el margen de utilidad que una empresa obtiene al realizar operaciones entre asociadas y se compara con el margen que pudo obtener en relaciones con independientes. Requiere, sin embargo, de una amplia base de datos que podría no existir al momento de realizar la operación. También presenta el problema que solo verifica únicamente una entidad y por ello podría atribuir utilidades mayores o menores que están incidirás por los márgenes del grupo.

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA

Las operaciones que deben ser revisadas se contrastan con operaciones de referencia. Esas operaciones deben ser comparables.

Para determinar la comparabilidad es necesario individualizar algunos factores:

1. Características intrínsecas de los bienes o servicios.

2. Análisis funcional. Se refiere a determinar las funciones que realizan las empresas involucradas en la transacción, pues usualmente la ganancia se retribuye según las funciones realizadas por cada una.

3. Reglas pactadas. Ellas pueden incidir en los precios. Son las modalidades con las que las partes quisieron distribuirse las responsabilidades, riesgos y beneficios.

4. Circunstancias económicas. Hay que considerar las características de los mercados, ya que puede darse que idénticos productos sean comercializados de manera distinta y con precios distintos en diferentes mercados.

5. Estrategias comerciales. Tales como precios por introducción al mercado.

La Administración Tributaria, usualmente, deberá respetar las condiciones contactares pactadas por las partes, pero podrá apartarse de ellas cuando determine que la forma y la sustancia no concuerdan o cuando,  a pesar de que concuerdan, son condiciones que nunca se hubieren pactado en condiciones de independencia.

Es también importante determinar si se hará la revisión de transacciones individuales o en conjunto; ya sea porque se refiere a una transacción que forma parte de otras o por estar encadenada con otras.

En ocasiones se presenta que la revisión arroja como resultado una pluralidad de resultados. Ello indica, algunas veces, que deberá realizarse una nueva valuación. Otras veces, la pluralidad de resultados indicará que la transacción está de los parámetros aceptables y por tanto, no debe hacerse el ajuste.

Las Administraciones deben atender a los comportamientos multianuales que pueden ser más ilustrativos que una transacción aislada.

Un factor que puede ser revelador de prácticas de precios de transferencia es el reporte de pérdidas reiteradas, aunque es claro que dichas pérdidas sí pueden ser reales.

Las Administraciones deben tener en cuenta que muchas veces es la intervención estatal en precios lo que ocasiona distorsiones.

Principal atención de colocarse en los precios en aduanas, pues las administraciones de aduanas tienen facultades de establecer precios en aduana, que puede llevar a conclusiones distintas en los ajustes practicados.

CONFLICTOS POR AJUSTES DE PRECIOS

Es evidente que la realización de ajustes por precios afectará directamente a un grupo empresarial y sus cargas tributarias en varias jurisdicciones, ya que se ajusta el precio en un lugar para elevar la imposición en dicho lugar. Los tratados para evitar la doble imposición usualmente buscan que las administraciones tributarias resuelvan de manera amistosa esta circunstancia, a modo de evitar ajustes dispares y doble imposición a la misma renta. Hay varios mecanismos a través de los tratados y la legislación local:

Uno de ellos es el “safe harbour” que son dispensas para la aplicación de ciertas obligaciones o procesos más simples.

El sistema de Acuerdos de Precio Anticipado o APA, que es un acuerdo entre el contribuyente y la administración previo a la realización de las transacciones intragrupo. Con estos acuerdos se autoriza a la empresa la utilización de ciertos parámetros o método para realizar la fijación de sus precios. En estos acuerdos de individualiza:

  1. Las circunstancias de hecho relativas a las operaciones del grupo;
  2. El método a utilizar para la determinación del precio de transferencia;
  3. Los criterios esenciales para la aplicación del acuerdo;
  4. El plazo de duración del acuerdo.

Debe considerarse que no todos los Estados admiten los acuerdos unilaterales, es decir, aquellos que se celebran únicamente con la administración de uno de los residentes, por lo que deberá tenerse en cuenta la necesidad o no de la participación de la otra u otras administraciones. En Guatemala, los acuerdos, aparentemente, son unilaterales y serán admitidos para los efectos guatemaltecos los acuerdos que se celebren con la Administración Tributaria guatemalteca.

En nuestra nueva legislación, a partir del 1 de enero 2013, conforme al Decreto 10-2012 del Congreso, se regula la materia, poco más o menos, conforme al modelo de OCDE, incorporando quizás, debilidades en cuanto a partes relacionadas y la actual falta de preparación de la Administración para afrontar la aplicación de esta regulación, al no contarse con tratados de cooperación entre administraciones tributarias ni contar con la infraestructura requerida para la aprobación de Acuerdos de Precio Anticipado, por ejemplo.

Esperemos lograr navegar por las turbulentas aguas de la fiscalidad internacional.

Lic. Mario E. Archila M. 

Delitos que faltan… además de la corrupción

Orden de captura para la señora Baldetti. Antejuicio planteado contra el General Pérez Molina. Simple y sencillamente por corrupción… Pero falta.

Cuando se revisan las leyes tributarias, hay cosas interesantes que se pasan por alto, pues estamos metidos en los conceptos legales típicos del derecho civil. En el derecho civil y mercantil sólo puedo hacer negocios con “bienes de lícito comercio”. En el derecho tributario, expresamente, eso no es importante.

Expresamente el artículo 16 del Código Tributario indica que “La existencia de las obligaciones tributarias, no será afectada por circunstancias relativas a la validez jurídica de los hechos o actos realizados constitutivos del hecho generador; o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes al celebrar éstos, ni por los efectos que a ellos se les reconozca en otras normas legales, siempre que se produzcan efectivamente los resultados propios del presupuesto de hecho legal y no se trate de tributos documentarios.”

Lo anterior quiere decir que “la validez jurídica de los hechos o actos” no es importante. Es así que el hecho generador (simplificado) del Impuesto Sobre la Renta es el ingreso y el del IVA es “vender” o “prestar servicios”, pero no puede estar condicionado, bajo una perspectiva tributaria, por nada, a que sea “lícito comercio”.

En el caso de la corrupción, el artículo 16 del Código Tributario nos debe llevar a las siguientes conclusiones:

  1. Algunos funcionarios prestaron “servicios” en el concepto de la ley del IVA, pues cobraban a un usuario de la red de corrupción por “hacer algo a su favor”: el acto de corrupción.
  2. Recibieron un ingreso derivado de su trabajo “ilícito”. Hicieron algo.

Es por ello, que además de cometer cohecho -pasivo y activo- también dejaron de enterar al fisco los impuestos correspondientes. Obviamente, como son hechos ilícitos, es claro que hay “mecanismos” tendientes a evitar que la Administración Tributaria descubra dichas sumas. Recordemos que declarar incorrectamente porque hay temas interpretativos sobre un gasto deducible, por ejemplo, no es constitutivo de delito. Pero pedir que se pague a nombre de compañías fantasma, que se pague en efectivo esa mordida, que se disfrace de “algo” cuando es un soborno, simplemente nos debe llevar a pensar que hay “ardid, engaño” y ciertamente “fraude” para el pago de los tributos.

Es por ello, en conclusión, que una persona que cobra un soborno, tributariamente tiene una obligación tributaria por Impuesto Sobre la Renta, ya que tiene un ingreso y además, para efectos del IVA, como son cobros por realización de algo a favor de un tercero y no es relación de dependencia, dichos cobros generan IVA.

Ahora esperemos que adicionalmente a los delitos ya imputados, se agreguen los que corresponden por los impuestos dejados de pagar al cobrar mordidas, sobornos y demás.

Mario E. Archila M.

Desesperación

La falta de técnica y la desesperación en SAT está siendo muy evidente. ¿Qué sucede?

Me atrevo a dar algunas causas y algunas sugerencias, que espero, en algún momento, puedan ser atendidas e implementadas.

1. Relación con el contribuyente. SAT se ha convertido en una tortura tramitológica. Últimamente, han empezado con criterios infantilmente tontos en las ventanillas.

2. En las auditorías se pide información que es totalmente ilógica y absurda. Por ejemplo, que pretendan que una desarrolladora inmobiliaria les dé acceso a las casas que vendió hace 3 años. 

3. La judicialización exagerada de la materia tributaria. Hoy día vemos y sufrimos con la idea que el contribuyente es un delincuente cuando la administración no entiende los hechos y transacciones. 

4. Hay un desdén por lo jurídico. La materia es jurídica, por lo que la actuación de la administración debe estar sujeta a la ley, de manera estricta. Ese principio ha sido totalmente olvidado. 

En este momento, no le veo rescate a la institución. Está como gallina sin cabeza y eso la torna en muy peligrosa…

Mario E. Archila M.