En estos días hemos tenido la noticia sobre la pretensión del gobierno central de aclarar la reserva sobre la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tema, si bien interesante desde una perspectiva filosófica, al tenor de lo que se suscitó tras los juicios de Nürenberg, no es el tema de esta entrada.

En el sistema de protección de derechos humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado al pago de sumas de dinero para las víctimas.
He allí donde el problema principal se suscita. Los derechos humanos son obligaciones del aparato de gobierno frente a los ciudadanos, la población. Recibir una condena implica, por tanto, una declaración que dicho aparato de gobierno no hizo su trabajo frente a la población.
Entendamos que “Estado” es una ficción. No existe como tal. Por ello es de ver, con el sistema local que tenemos, cómo luego de la condena el “Estado” lo paga.

Como acceder a este sistema y obtener la condena no es nada sencillo ni rápido, debemos considerar que el funcionario que había jurado cumplir con la constitución, incluidos los derechos humanos, probablemente ya dejó el cargo. Ahora está en el cargo alguien que mira la condena.
Es un pago que debe enfrentar el Estado. ¿Cómo lo hará? Pues simplemente -léase con sarcasmo- acudirá al presupuesto del Estado. ¿Cómo se financia el presupuesto? Con el pago tributos de los ciudadanos o la contratación de deuda, que no es más que tributos diferidos.
Allí entramos a la primera encrucijada. El fallo dice que el Estado le incumplió a los ciudadanos en materia de Derechos Humanos, su más fundamental función y deber. Ahora, el incumplidor recurre a la propia víctima, los ciudadanos, para enfrentar su condena.

El diseño interno es el que requiere de modificaciones. Veamos dos que parece que nadie considera.

1. La Constitución Política de la República tiene la regla de “solidaridad del Estado” por daños causados por el funcionario. Esta regla es la regla de irresponsabilidad. Se mejoraría muchísimo cambiando la regla a una regla de “subsidariedad”. Esto implicará que el funcionario que causó el daño -daños civiles, obviamente- deberá cubrir personalmente y con su patrimonio dichas condenas. Frente a la víctima, el Estado temporalmente la cubre en los montos que el funcionario no logró cubrir y se queda obteniendo el monto del funcionario en el tiempo.
¿Qué logramos con ello? Mayor cautela en la función pública. Responsabilidad directa de quien causó el daño por acción u omisión.
2. Luego tenemos el problema que la violación de los derechos humanos es consecuencia de un sistema normativo y procesal que originariamente causará la violación, por más que el funcionario quiera cumplir con su deber.
Cuando hay violadores, secuestradores, asesinos, atracadores, etc., sin capturar, hay una violación de derechos humanos. La cosa es que creemos que la violencia y criminalidad son producto de situaciones que muchas veces ni relación tienen. La causa más frecuente de violencia es un conflicto relativamente sencillo que no se pudo resolver, ya sea por falta de cultura o por mecanismos externos certeros y prontos.
Le doy un ejemplo:
Va usted por la calle en su vehículo y un desconocido, por imprudencia de él, lo choca. Sus opciones son que el seguro de alguno de los dos pague, que sea persona decente y sin chistear acepte su culpa y se comprometa a pagar, que usted pague lo suyo, que si él se niega se den a las trompadas o balazos, pues probablemente demandarlo no lo llevará tan lejos. Es más, una vez interpuesta la demanda, sus opciones siguen siendo las mismas…
¿Qué sucederá así con cada pequeño conflicto? Escalará la temperatura social, hasta que cada cual resuelva los problemas por su cuenta. Violencia y criminalidad. ¿Sabía usted que aproximadamente el 70% de las víctimas de crímenes violentos son atacados por personas que conocen personalmente y tienen alguna relación?
El proceso judicial es un problema que debe ser atendido. Este es el mismo proceso con el que un ciudadano buscará responsabilizar a un funcionario por sus actos.

Es así que el tema de fondo para los guatemaltecos es exigir las modificaciones para que las violaciones por las cuales pagamos todos, dejen de ocurrir en el futuro.

Nos vemos a la próxima.

Mario E.