Hoy salió una noticia “engañosa”, no por mala fe del periodista, sino porque se ha engañado a la población respecto a qué corresponde pagar y qué no en los procesos penales por defraudación tributaria.

La noticia la pueden ver acá 

En Guatemala ha existido una muy mala aplicación -es una exacción ilegal- por parte de SAT, MP y tribunales en cuanto a cobrar dentro de los procesos penales montos por multas e intereses. Esto, además de otros vicios, es una ilegalidad. El artículo 90 del Código Tributario establece con cristalina claridad que “Si de la investigación que se realice, aparecen indicios de la comisión de un delito o de una falta contemplados en la legislación penal, la Administración Tributaria se abstendrá de imponer sanción alguna y procederá a hacerlo del conocimiento de la autoridad competente, sin perjuicio de recibir el pago del adeudo tributario…

Esta norma no está allí por casualidad o por error. Está allí porque el Código Tributario en materia sancionadora tomó la escuela de ser derecho penal aplicado en sede administrativa. Es así que las sanciones son PENAS propiamente hablando. Ahora bien, el presidente exoneró de una multa que debería cobrar SAT, pero ya hay proceso penal iniciado, con lo que está POR LEY, prohibido a SAT imponer sanciones. Es decir, SAT nunca pudo fijar una multa de 100% por el impuesto supuestamente defraudado, ya que no tiene facultades. Con lo que el presidente, a su vez, comete un acto que no tiene fundamento, pues exoneró algo que no existe.

En el Código Procesal Penal, que es de donde viene la confusión, establece que para optar al beneficio de la suspensión de la persecución penal, el implicado deberá demostrar haber pagado el impuesto y la multa e intereses correspondientes. Lo que corresponde de pago a SAT es “Q0.00”. Los intereses, sin embargo, no son “sanción” sino que es el reembolso a la Administración Tributaria de la pérdida de valor de dinero en el tiempo, por lo que en su caso, así deberá ser entendido ese artículo. Si no, imagine, que una vez cometido un nuevo delito, se levanta la suspensión y se le condena por el delito de defraudación. Ese delito tiene pena de prisión y una pena de multa del 100% del impuesto omitido, pero esa multa, ahora, sí es para el Organismo Judicial, con lo cual el contribuyente fue sancionado 3 veces: 1 en lo administrativo y luego 1 vez con prisión y una vez más con otra multa del 100%.

Si quiere leer más de las multas en los procesos penales, le dejo para que vaya a un artículo publicado hace algún tiempo, haciendo clic acá.

Mario E. Archila M.