Si bien es sobre la Constitución Mexicana y sus 100 años de existencia, esta ponencia de José “Pepo” Toledo Ordóñez dictada el 28 de febrero de 2017, debe ser leída y traída a nuestra propia historia chapina. Los dejo con ella:

CONSTITUCIÓN   por José Toledo Ordóñez    28FB2017

Con motivo de cumplirse 100 años de la Constitución de México de 1917

XIV Coloquio Nacional del Seminario de Cultura Mexicana

La gran mayoría de partidos políticos propone programas de gobierno con cambios cosméticos que hacen aparecer como fundamentales y lejos de aportar soluciones sólo empeoran las cosas. Lo que se requiere son cambios estructurales y la estructura de un país comienza por su Constitución. Allí se establecen su organización y funcionamiento.  Es el principio de la soberanía de una nación.  En ella se establecen las relaciones y se fijan los límites entre los poderes del Estado y entre éstos y los ciudadanos.

Se da un golpe de Estado cuando un grupo de poder asume en forma violenta la autoridad política de un país.  Una de las primeras medidas que toma una dictadura es abolir la Constitución.  La nueva modalidad en Latinoamérica ha sido modificarla para entronizarse en el poder. Así nacieron los nuevos “dictadores democráticos”, como Ortega en Nicaragua, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia.

Dependiendo de la Constitución de cada país, los tratados internacionales pueden ser superiores a la misma. Muchos de ellos son impuestos por las grandes potencias, a menudo bajo amenaza de medidas coercitivas. Cada vez que un país firma uno de estos  tratados está perdiendo parte de su soberanía; otra variante de golpe de Estado.  La expansión de la primacía del Derecho Internacional conduce a las naciones a un peligroso orden mundial.

El constitucionalismo clásico nace con la Constitución Estadounidense  de 1787 y la Revolución Francesa de 1789.  Se caracteriza por su carácter liberal, defensa de los derechos individuales y poca intervención del estado.  En el siglo XIX surge el constitucionalismo social con mayor intervención estatal y el espíritu de proteger a los más desfavorecidos de la sociedad.

El procedimiento para modificar una Constitución debe ser bastante más rígido que el requerido para las leyes ordinarias.  La Constitución francesa fue hecha por una asamblea constituyente democrática designada para el efecto. Es extensa, muy desarrollada y ha tenido muchos cambios.  Al respecto, el pensador guatemalteco Manuel Ayau  cuenta la siguiente anécdota: Un parroquiano pidió un ejemplar de la Constitución de Francia al dueño de una librería y éste le contestó: “Aquí no vendemos periódicos”.

Por el contrario, la Constitución más duradera del mundo es la de Estados Unidos.  No por accidente es también es la más corta. Apenas tiene 7 artículos y ha sido enmendada 27 veces, incluyendo las 10 enmiendas iniciales dirigidas a darle certeza a los derechos individuales.  Los delegados de los 13 estados en Filadelfia se reunieron para modificar los artículos de la Confederación y decidieron constituirse en Asamblea Constituyente.  Redactaron la Constitución en secreto  y luego los Estados la aprobaron.

Ayau afirma que por haber sido conceptualizada por un grupo de notables, esta Constitución demostró ser mucho más sólida en el tiempo que la de Francia, hecha con la participación del pueblo. Añade que “…la palabra democracia no aparece ni en la Declaración de Independencia ni en la Constitución Federal. Los padres de la patria estadounidense se referían a su país como una República Representativa, no una democracia”   Termina diciendo que  “…cuando no se respetan los derechos individuales sobre todo lo demás, la democracia misma es totalitaria”   Paso sus comentarios al costo.

En el siglo XX surgen los derechos económicos, sociales y culturales: el derecho al trabajo, el derecho a asociación sindical y el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure salud, alimentación, educación, vestido, vivienda, asistencia médica y todos los servicios sociales necesarios. Esto, condicionado a las posibilidades reales de cada país.  Con este corte surgen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) y la Constitución Soviética (1918).  Al terminar la Segunda Guerra Mundial se produce la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

En el caso de México, la Constitución de 1857, de formato liberal, de nueva cuenta estableció el federalismo de la Constitución de 1924 luego de ser derrotada la dictadura de Antonio López de Santa Ana en 1955. Garantizó los derechos del hombre y la soberanía nacional. Redujo los privilegios de la Iglesia Católica y expropió sus bienes.  Proclamó la libertad de asociación, de expresión de las ideas, de imprenta, de enseñanza, de trabajo, así como la libertad de portación de armas y de locomoción. Suprimió las aduanas interiores y estableció un registro civil. Se dejaron de reconocer los títulos nobiliarios.

La Constitución de 1917 usó de base la de 1857, a la cual se añadieron las demandas de la Revolución Mexicana en temas obreros, agrarios y de educación. Por su fuerte contenido social fue considerada en su momento una de las más avanzadas del mundo, con un buen balance entre liberalismo y derechos sociales. Estableció los derechos del hombre -ahora llamados garantías individuales- así como el régimen de propiedad de la tierra. Instauró derechos sociales como el de organización de los trabajadores y la huelga.  Proclamó las libertades de culto, expresión y asociación y la enseñanza laica y gratuita.  Decretó la no reelección y dio a la Nación dominio sobre el subsuelo y sus recursos naturales.

El debate sobre la vigencia de la Constitución de 1917 no tiene nada que ver con que cumpla cien años de existencia. Ha sido constante.  Ha sido modificada muchas veces en forma casuística y violando los derechos individuales.  Mucho de su contenido se ha alejado de la versión inicial, en temas como el laboral, agrario y recursos naturales.  El resultado es un texto enmarañado, difícil de leer y más aún de comprender.

El historiador por la Universidad Autónoma de México (UNAM) Javier Buenrostro nos informa que desde su promulgación ha sufrido casi setecientos cambios que han modificado 114 de los 136 artículos que la comprenden  y la extensión de su texto original se ha más que triplicado, convirtiéndola en la segunda Constitución más larga del mundo.  Continúa Javier Buenrostro diciendo: “Es claro que en México el pacto social está roto.”  “La población mexicana cuenta con 60 millones de pobres, 70 millones de personas sin seguridad social y 89 millones en alguna condición de vulnerabilidad. El país… no conoce realmente el crecimiento económico, mucho menos desarrollo pleno, aunque las fortunas personales de unos cuantos aumentan día tras día.”.  Es evidente que la Constitución de 1917 no debe ser reordenada y consolidada sino renovada de principio a fin.  La pregunta es bajo cuál sistema económico, como proceder y qué cosas evitar. Lo que es cierto es que haciendo lo mismo no vamos a lograr resultados diferentes.

La mayoría de Constituciones del mundo han sido desvirtuadas al punto en que en ellas se legaliza la desigualdad ante la ley al otorgar privilegios a grupos de poder, alejándose de lo que deben ser,  un régimen de derecho.   Los derechos sociales muchas veces se convierten en privilegios que adquieren categoría constitucional, entrando en conflicto con los derechos individuales.  Los derechos humanos se refieren a satisfactores que las personas no pueden conseguir por su cuenta, como la salud, la educación o un nivel de vida determinado. La teoría es que los seres humanos deben tener acceso a ellos sin importar de dónde sale el dinero para pagar las cuentas, muchas veces fuera de las posibilidades del país. Así se cae en el populismo.

Los derechos naturales no tienen nada que ver con los derechos humanos. Son cosas que existen en el mundo natural: la vida, la libertad, la propiedad.  Son normas que nacen en la conciencia humana, desde el punto de vista del individuo, que es el protagonista de la vida en la sociedad. Es la Ley de Dios inscrita en el corazón del hombre.  Es por esto que me hace sentido que la Constitución de México de 1857 comience declarando “En el nombre de Dios y con la autoridad del Pueblo Mexicano”, frase que hoy muchos consideran obsoleta.

Con la Revolución industrial surgen el positivismo y la ciencia contemporánea, divorciados de la teología y de la religión. La ciencia se incorpora al proceso productivo.  No se toma en cuenta al individuo y se le trata como objeto de estudio científico, como un conejillo de indias.  La experiencia es la base para explicar las causas de los fenómenos sociales.  De acuerdo al positivismo la ley debe ser cumplida no importando si es justa o injusta, una vez haya cumplido con las formalidades establecidas para promulgarla.  Como reacción ante esta postura surge el iusnaturalismo, que podemos resumir en la frase “La ley extremadamente injusta no es verdadera ley”  que  Gustav Radbruch menciona en su libro Introducción a la filosofía del derecho. Se llega al colmo de afirmar que hay que cumplir la ley no importando si es justa o injusta pero no cuando es  extremadamente injusta.

No es  extraño que el derecho positivo haya servido de pretexto para crear en muchos países un régimen de legalidad distanciado de un régimen de derecho. Diametralmente opuesta a los derechos naturales que bautizamos como la Ley de Dios, no nos queda más remedio que bautizar el positivismo  como la Ley del Diablo.  El derecho natural es superior al derecho positivo. Nuestras constituciones han sido utilizadas para legalizar  las prebendas, la inequidad  y demás formas de  perversión.   Con el fin de obtener ventajas para los grupos de poder se redactan cláusulas donde el Estado interviene en todas las actividades posibles en los campos económico, político y social. Por eso son tan extensas.

Los gobiernos deben estar en manos de personas capacitadas y honradas, entendiendo que ser honesto no es un mérito sino una obligación.  Sin embargo, acabar con la corrupción no es suficiente para arreglar un país. La honradez es una cualidad y no una estructura, aunque la corrupción puede echar a perder la estructura de un país por buena que sea.  Lo mismo sucede con los privilegios, que no son otra cosa que corrupción legalizada. Personas e instituciones que pregonan valores morales atacan la corrupción abierta que las leyes castigan pero rara vez se refieren a la corrupción encubierta que las leyes protegen.

Quien quiere ser bien recordado en política no cambia nada.  El status quo o régimen de ventajas es defendido a capa y espada.  Como dije antes, haciendo lo mismo no vamos a cambiar. Debemos reformar las estructuras, a sabiendas que seremos atacados. Hay que comenzar donde nace el problema, en las Constituciones que legalizan la desigualdad ante la ley al otorgar ventajas a grupos de poder: políticos, empresarios nacionales y extranjeros, grupos sociales y sindicalistas que se convierten en parásitos del pueblo.

En la Constitución se define el  sistema económico. ¿Cuál es el ideal para que  México pueda recuperar el pacto social?  El comunismo fracasó para el pueblo pero no para la élite gobernante que se enriqueció a sus costillas, quitando unos ricos para poner otros. Como ejemplo, Castro en Cuba y Ortega en Nicaragua. Dudo que los jóvenes sirvan de carne de cañón para otra revolución.  Serían necios. Mi definición para necio: tenaz con estupidez.

El populismo nace del derecho de toda persona a tener un nivel de vida adecuado sin importar de dónde sale el dinero para pagar las cuentas, la mayor parte de veces fuera de las posibilidades del país. Ha causado grave atraso en el desarrollo de las naciones. Como ejemplo la crisis de Venezuela, uno de los países más ricos en recursos naturales del mundo. Qué no decir de Argentina antes de Perón; su población tenía un nivel de vida comparable al de Suiza.  Después de Perón cayó a la categoría de país subdesarrollado. Es el  único caso de involución que conozco en el mundo. El pasado no se puede cambiar. Pero sí se puede repetir volviendo a caer en los mismos errores. Argentina lo hizo con los Kirchner.  Si los problemas se solucionaran legislando, sería más fácil emitir un decreto que diga “Se prohíbe la pobreza” y sentarse a esperar    El liberalismo no ha funcionado porque no existe. Lo hubo cuando en 1787 se juntaron 13 estados para protegerse y comerciar libremente entre ellos; así nacieron los Estados Unidos de América.  Hoy no hay en el planeta autoridad suficientemente fuerte para mantener un mercado libre. Esfuerzos como la Perestroika siempre terminan igual. El pastel que se llama patria se reparte entre grupos de poder que cambian con el tiempo. Lo que no cambia es que al pueblo siempre le queda la tajada más pequeña o quizás las migajas. El mercantilismo  proteccionista que heredamos de la colonia domina las economías latinoamericanas plagadas de privilegios.  Ha sido nefasto y empobrecedor. España misma terminó el saqueo de América en la quiebra y sin haber desarrollado su propia industria.  Mercantilismo e Iglesia Católica versus libertad económica y religiosa crearon un abismo en poco más de cien años en dos países vecinos con el mismo sistema de gobierno de república federal: México y Estados Unidos.

La corrupción entre gobiernos y empresarios responde a los términos de plutocracia (por riqueza) o cleptocracia (por robo); sobornos, evasión fiscal y otros. La corrupción legalizada responde a los términos se capitalismo prebendario, clientelismo o amiguismo. Deviene en protección para sus negocios, barreras a la competencia, etcétera.  Para algunos es un supuesto capitalismo; para otros es inevitable que los empresarios usen su dinero y poder para influenciar a los gobiernos.  Estas prácticas dejaron de ser propias del capitalismo prebendario y se extendieron a todos los ismos: comunismo, socialismo, populismo, liberalismo, etcétera como una plaga que los hizo inoperantes, ahora ismos del mal, diferentes a los ismos del arte, hechos para el gozo del hombre. Disminuyen drásticamente la posibilidad de pagar por los satisfactores que la población necesita.

La interrogante ha preocupado a los pontífices de la Iglesia Católica a partir de que León XIII publicó  la visionaria encíclica Rerum Novarum en 1891. Allí reconoció el derecho a la propiedad privada, el fracaso del socialismo y condenó la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos. Lapsus: Tal vez no estaba informado de que la Iglesia Católica fue el mayor acumulador de riquezas y privilegios durante la colonización española en América.

A partir del Concilio Vaticano II con Pablo VI el cambio es radical. El régimen de propiedad privada es cambiado por el de la comunidad de bienes. Deja de ser un derecho natural, la Ley de Dios, para convertirse en un patrimonio a distribuir conforme al derecho positivo, la Ley del Diablo.  De allí nace la Teología de la Liberación o iglesia de los pobres, justificando la violencia en nombre de la justicia social. Los curas cambiaron la sotana por las ametralladoras.  Las reformas liberales en las antiguas colonias españolas proveyeron instrumentos legales para expropiar las tierras de la Iglesia, que en ese tiempo era el terrateniente más poderoso.  Ya sin tierras, la iglesia propone la reforma agraria para expropiarlas y darlas a los pobres. ¿Por qué no lo hizo cuando eran suyas? ¿Un pequeño olvido?  Juan Pablo II sigue la misma línea y en su carta encíclica Centesimus Annus (1991) dice: “Queda mostrado cuán inaceptable es la afirmación de que la derrota del socialismo deja al capitalismo como único modelo de organización económica.”  “La Iglesia no tiene modelos para proponer…”.   El Papa Francisco planteó el desafío económico de esta era como el fracaso del capitalismo global para crear justicia, equidad y medios de vida dignos para los pobres. Al igual que sus antecesores aceptó no tener una “receta” para  la solución al problema.  Todos estos pontífices buscaron sin éxito una palabra que pudiera definir el verdadero enemigo a quien hay que atacar.

El sistema comunista quiso forzar la solidaridad dentro el sistema, pareciendo superior al capitalismo. En la práctica fracasó y resultó ser aún  menos solidario que la economía de mercado.  Devino en un festín de privilegios.  El liberalismo ha demostrado ser el mejor sistema para producir riqueza, más no para distribuirla. No ha funcionado porque la solidaridad como virtud quedó a cargo de los individuos -no del sistema-, y los individuos y las empresas no son precisamente casas de beneficencia ni mucho menos hermanas de la caridad.  La economía de mercado debe hacerse compatible con la solidaridad. El obrero debe ser convertido en socio de la empresa por medio de sistemas de pago por productividad, la antítesis del paternalismo. Para ello hay que eliminar obstáculos y flexibilizar leyes laborales que hoy lo impiden para “proteger” al obrero.  También debe cambiar la mentalidad de los industriales que buscan sus clientes en el exterior en lugar de crear una generación de consumidores en el país para consumir sus propios productos, al estilo Henry Ford. En otras palabras, más clase media y menos pobreza.

La discusión bizantina entre conservadores y liberales, comunistas y  capitalistas,  derecha o izquierda solamente desvía la atención del problema real: los privilegios. Éste es el auténtico adversario. Donde quiera que se den, es lo que hay que atacar y acabar.    Echan a perder cualquier sistema económico por muchas cualidades que tenga. Deben ser atacados donde se originan: En la Constitución y demás Leyes y Reglamentos de un país.  La Constitución debe tener la mínima cantidad de  capítulos que establezcan la estructura básica del gobierno y garantice los derechos individuales del individuo, para que pueda defenderse del gobierno mismo y de los grupos de poder, nacionales y extranjeros. Una Constitución escrita debe ser una afirmación normativa de principios, no una declaración de hechos. Los principios permanecen en el tiempo. La moral y la ética son atemporales aunque haya quien los quiera releer. Los hechos cambian de acuerdo a la dinámica de un país, a la cual deben responder las leyes y reglamentos respetando los principios de la Constitución, de los cuales hago una pequeña lista: El derecho a la vida, a la seguridad física del individuo. El derecho a la propiedad privada; que toda persona pueda disponer libremente de sus bienes. El derecho a la libertad personal, la libertad de pensamiento,  la libertad de expresión, la libertad de locomoción, la libertad de religión.  En esto consiste un Estado de Derecho. Ojo, no confundir la igualdad ante la ley con la igualdad en la posición económica o en el nivel de vida de las personas. Eso es precisamente lo que hizo Perón.

Mezclar una declaración de principios que se hace una sola vez con hechos cambiantes produce problemas y abre la puerta para manipular los principios fundamentales de una nación.

Pero esto no es suficiente. En toda Constitución debe haber un capítulo donde se establezcan candados que pongan límite al abuso de los grupos de poder para permitir el desarrollo del país y restablecer el pacto social. Esta es la clave.  Ejemplos de  candados: Un mínimo de carga tributaria con relación al PIB, tanto en impuestos directos como indirectos. Un máximo de endeudamiento con relación al PIB por parte del gobierno. Un mínimo de porcentaje del presupuesto  nacional dedicado a inversión y un máximo a funcionamiento. Un candado a la emisión inorgánica de dinero, el más abusivo de los impuestos. Un máximo de prestaciones laborales exigibles por los sindicatos comparados a la media de salarios y demás indicadores laborales de país. Cero exenciones de impuestos, cero monopolios, etcétera.

La solidaridad no puede quedar a cargo de los individuos. Debe estar normada en el sistema pero no al estilo del régimen comunista donde también se da el amiguismo o clientelismo, sino utilizando candados en la Constitución.   El tema es hacer una lista básica de candados dirigidos a eliminar los privilegios. Aquí es donde está el debate. El sistema económico mejor concebido posible no va a funcionar nunca si siguen existiendo.

En el caso de la Constitución de 1917 de México está la necesidad de renovarla para que responda a estos principios. Los legisladores deben buscar un marco legal básico de leyes abstractas, universales y morales que garanticen al ciudadano el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Todo esto en condiciones de igualdad, lejos de toda discriminación o marginación de individuos o grupos. Cero privilegios.  Sólo así se podrá  recuperar el pacto social.