Las reformas a las reformas

Se aprobó el decreto 19-2013. El mismo corrige algunas de las deficiencias de los decretos 4-2012 y 10-2012; conocidas como ley anti evasión II y ley de actualización tributaria.
Se oyen las críticas al 19-2013, que no ha salido, siquiera, publicado. Lo peor es que las mismas salen de quienes son artífices principales de los decretos que causaron el problema.
En el fondo, el problema principal es filosófico. Quienes redactaron el 4-2012 y 10-2012 piensan que la administración tributaria debe ser policía y el adeudo tributario es una obligación que se impone y se cumple so pena de cárcel. Esa postura es de la Edad Media o bien de gobiernos totalitarios como los de Stalin, Hitler o Castro.
La obligación tributaria requiere de ciertos elementos para su existencia y validez. La obligación tributaria requiere que la prestación (el dinero que usted paga) sea establecido en función de las necesidades del Estado, no de los caprichos del gobernante de turno.
Adicionalmente, la deuda tributaria requiere el cumplimiento de los principios tributarios constitucionales, que son generalidad, igualdad y capacidad de pago, para configurar así un tributo justo y equitativo y un sistema tributario justo y equitativo. Claro, quienes redactaron el 4 y 10-2012, de principios sabrán poco.
No me extraña que defiendan poco sustentado ahora, su desacierto.
En la aplicación, la deuda tributaria tiene carácter de adeudo civil. Esto es en el sentido de no poder ser penado con cárcel. El delito se comete por el ardid, engaño o fraude utilizado para evitar su pago, no en el hecho de pagar distinto a lo que la Administración cree que se debe.
Es así que el derecho tributario responde a los principios constitucionales más elementales, pues su aplicación afecta de manera directa los ámbitos de libertad, propiedad y consecución de los fines propios de cada ser humano. Por dicha injerencia es que la administración tributaria debe quedar mucho más constreñida en el ejercicio de sus funciones que cualquier otra administración pública.
Dicho esto, es claro que nuestro sistema tributario no es, ni por asomo, justo y equitativo y mucho menos responde a los principio de generalidad, igualdad y capacidad de pago.
Es vital que pensemos en cambios profundos para lograr el apego a estos principios y demos el paso clave en la estructuración de un sistema tributario correcto, constitucional, legal y moralmente hablando, poniendo sobre la mesa la pregunta principal a ser respondida: ¿CUÁLES NECESIDADES SON REALMENTE DEL ESTADO Y ESTAMOS DISPUESTOS A PAGAR COMO CIUDADANOS?