El Artículo 57 “A” crea la Obligación de los Registros Públicos a exigir la presentación del documento en que conste el pago del impuesto establecido en esta Ley, cuando corresponda, y el Registro General de la Propiedad, además de la obligación anterior, debe exigir la presentación del recibo de pago que corresponda al último trimestre vencido del Impuesto Único Sobre Inmuebles, requisito sin el cual no se efectuarán las inscripciones, anotaciones u operaciones en los mismos, en tanto no se subsane. Si bien la intención es aumentar la recaudación del IUSI (impuesto que sufre más complicaciones legales que sus virtudes) nos encontramos con que podría ser una limitación extrema al derecho de propiedad.

No es posible que un derecho constitucionalmente garantizado, como la propiedad, esté sujeto al cumplimiento de un tributo. Más complicado está ver que en el caso en cuestión, quien incumplió el pago del tributo pudo ser el propietario anterior, quien vendió la propiedad y ahora el comprador, se encuentra con una compraventa que no puede inscribir y su derecho constitucional de propiedad “suspendido” sin poderse ejercer. Ya el Código Tributario establece que el que adquiere un bien, lo adquiere con las deudas tributarias, por lo que resulta de más. Ahora, que las Municipalidades sean incapaces de cobrarlo en tiempo, pues son “otros 20 pesos”.

Analizaré plantear la inconstitucionalidad del caso.

Mario E. Archila M.