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Ley de Competencia ¿Necesidad, moda compromiso?

Un tema complejo por las disciplinas que se unen en la elaboración de la legislación, su interpretación y aplicación.

Se ha dicho que tenemos ya la obligación de contar con una “ley de competencia” pues se acordó ello en el tratado de libre comercio con la Unión Europea. Es así que surgen algunas dudas respecto a si contamos o no con una ley de competencia. En boca de muchos está  contundentemente que no la teníamos. De esta respuesta depende, entonces, si lo que necesitamos es una ley de competencia o bien una reforma a la actual o lo que tenemos, en caso de responder afirmativamente la primera interrogante, es suficiente. De ello desarrollaremos el contenido de estas páginas.

Ley de Competencia, ¿existe ya?

El Código de Comercio de Guatemala contiene en el Libro II, título II, las normas que corresponden al título referido, denominado “De la protección a la libre competencia”.

Desde 1890 existen regulaciones legales sobre “competencia”, gracias a la denominada “Ley Sherman”. Los efectos en el tiempo son bastante cuestionables. Véase, así, por ejemplo, que Esso Standard Oil fue la primera compañía sancionada con esta ley. Rockefeller fue perseguido como criminal dado que su compañía era demasiado grande. De la aplicación de la ley, surgen 34 empresas más. Sin embargo, hoy día, Exxon-Mobile, la descendente directa de Esso Standard Oil, es la compañía más grande del mundo.

De la misma manera, debe comprenderse que Rockefeller hizo una fortuna impresionante por el hecho de satisfacer mejor que otros y a precios cada vez más accesibles, las necesidades de los consumidores en Estados Unidos del siglo XIX. Es así que un infundado miedo, quizás, llevó a establecer la ley Sherman, para evitar el empleo de ese “tamaño económico” de manera negativa.

Esos miedos han sido bastante superados en los países avanzados y la teoría económica, donde se sabe que no es el tamaño de una empresa el elemento esencial, sino las barreras de entrada y la capacidad de afectar al consumidor inmediato en ese momento dado. Típicamente, las legislaciones de competencia parten del modelo de competencia perfecta, que sabemos es un modelo que permite diseñar escenarios, sin embargo no refleja la realidad, en virtud que es imposible, a priori, conocer la totalidad de la información que el sistema de competencia “perfecto” requiere y mucho menos, que una autoridad de competencia pueda modelar de manera “perfecta” esos escenarios que le permitan predecir el futuro de cierto comportamiento empresarial.

Es así que muchos problemas contemporáneos (trataremos 2 casos reales en líneas venideras) son manifestaciones de los problemas de modelar el escenario, precisamente por la falta de información en los órganos encargados de su aplicación.

El empresario, evidentemente, tiene la información limitada, pero matizada por su nivel de aversión al riesgo, para buscar la mejor estrategia a modo de superar sus costos marginales  o por lo menos lograr equilibrio en los mismos. Esas estrategias pueden ser inversiones a corto plazo, precios bajos -por corto plazo- estrategias de mercadeo, etcétera. La cantidad de variables hacen complejo un sistema de legislación de competencia que pueda actuar como filtro de acciones permitidas y acciones no permitidas (legislaciones de análisis a priori) y otras que requieren mecanismos “correctivos” o sancionatorios. En la jurisprudencia internacional, sin embargo, aún los sistemas correctivos (a posteriori) tienen fallos y permiten poner en duda la verdadera eficacia de estas legislaciones.

Desde la perspectiva jurídica, cualquier regulación debe pasar el examen de la justicia. De tal manera, prácticas que mejoran el rendimiento empresarial, bajan precios al consumidor  o presentan innovaciones importantes en bienes y servicios no pueden ser coartadas por reglas para proteger la “competencia”, cuando la competencia tiene como resultado precisamente bajar precios, mejorar el rendimiento empresarial y provocar innovaciones en bienes y servicios.

Es así que, como apunta Hayek “… en determinados supuestos la existencia del monopolio (o del oligopolio) puede ser deseable consecuencia del correcto funcionamiento de la competencia. Dicho en otras palabras: la competencia ‘habrá cumplido su papel’ aun cuando engendre, por lo menos transitoriamente, alguna situación de tipo monopolista…”

Es así que me he atrevido a expresar que Guatemala ya cuenta con una ley de protección de competencia, basado en el artículo 361 del Código de Comercio que establece que “Todas las empresas tienen la obligación de contratar con cualquiera que solicite los productos o servicios que prestan, observando igualdad de trato entre las diversas categorías de consumidores”.

Citando a Hayek, comprendiendo que “…lo que permite a la gran empresa controlar la conducta ajena (poder) no es tanto el volumen de recursos controlados como la posibilidad de suspender la entrega de mercancías que la gente perentoriamente precisa consumir…” Y agrega que este poder no deriva de la posibilidad de controlar los precios, sino del hecho …” de que la empresa está en situación de discriminar entre los diferentes compradores…”.

Por lo tanto, la obligación que establece la ley es una norma de protección de competencia y contra el ejercicio de poder de mercado. Las normas que siguen se sitúan en el campo de “competencia desleal”, aunque la definición de “competencia desleal” es lo suficientemente amplia como para permitir la incorporación vía jurisprudencial de ciertas figuras que la ciencia económica y la doctrina del derecho económico ya han creado. Se define, así, en el artículo 362 como actos desleales “Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, se considerará competencia desleal y, por lo tanto, injusto y prohibido”.

Es así que como actos contrarios a la buena fe comercial y al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles pueden encontrarse, en el proceso judicial, los pactos colusivos, pactos de restricción de oferta, las protecciones territoriales, entre otros.

El procedimiento es un juicio ordinario que pueden iniciar los particulares, las asociaciones gremiales o la Procuraduría General de la Nación.

¿Suficiente?

Personalmente considero que es suficiente la legislación sustantiva para lograr la regulación que se requiere. Sin duda hay que realizar reformas, pero en la parte procesal.

La principal reforma es en el procedimiento, pero es una reforma general al sistema de justicia, ya que el juicio ordinario se convierte en un largo proceso, lleno de trabas. Es así que para este tipo de procesos debe permitirse en Guatemala:

a) Acción colectiva; de modo que puedan adherirse a un juicio varios consumidores ofendidos por el comportamiento. Acción tipo “class action” en Estados Unidos.

b) La modificación a los procedimientos judiciales para evitar los litigios de forma (con recursos entorpecedores);

c) La acción por la Procuraduría General de la Nación ya existe, pero falta formar a los profesionales dentro de dicha institución para reconocer estas prácticas; y, por último, la más importante:

d) La prohibición del artículo 361 citado anteriormente, debe ser claramente incluida en las acciones legales posibles, ya que hoy día, si no se interpreta el acto 361 como un acto de “competencia desleal” no existe acción judicial posible. He allí que debe modificarse el artículo 364 para incluir claramente en él, la acción por actos “monopólicos”.

Considero positivo que es una acción judicial directa y no como se ha realizado en varios países y se presentó en la charla como lineamiento para la ley local, en cuanto a crear una Superintendencia de Competencia, pues el sistema de control de los actos administrativos involucraría un litigio administrativo en dicha dependencia, entre el infractor y la Superintendencia, lo que impide el acceso como parte al público, a otros agentes económicos y luego, de todas maneras, desemboca en un juicio “contencioso administrativo” que no es más que un juicio “ordinario” de única instancia; entre el infractor y dicha Superintendencia.

Es así que no veo del todo accesible dicha vía, con el inconveniente adicional que una Superintendencia tiende a atender problemas coyunturales y de política, más que verdaderos problemas de competencia. Tenemos que considerar que la evaluación de los funcionarios encargados puede ser fuerte y de corto plazo, a modo que se vean tergiversadas sus funciones reales (“The importante of time in antitrust analysis results from the fact that the policy maker is necessarily concerned with short-un dislocaciones in the market. We could presume that all markets will eventually become competitive, but antitrust is concerned with ensuring that this occurs sooner rather than later. The concern is not unique to antitrust … in the long run all of us will be dead. But the fact does not undermine the state´s concern to protect us from murderers or see to it that we are provided with nutrition and health care”.

Caso ejemplificativo

El caso Nestlé/Perrier, por ejemplo, para citar un caso que demuestra el alto grado de complejidad y en su caso, subjetividad a que se sujeta este tipo de legislación, tenemos que para definir el mercado relevante del producto, “agua embotellada”, se discutió que para unos -Perrier- el mercado relevante era “bebidas no alcohólicas” pues todas ellas tenían la misma función: quitar la sed. La Comisión Europea de Competencia, por su parte, argumentó que el mercado relevante debía ser, no sólo porque el cliente buscaba “quitarse la sed” sino “quitarse la sed con un producto sano -no endulzado”, pero eso llevaba a incluir el agua entubada y por tanto, que Coca-Cola era un potencial entrante, ya que Coca-Cola requiere a sus embotelladores iniciar el proceso con agua potable entubada antes de mezclar el jarabe y las burbujas. Para ello, la Comisión agregó a su definición de mercado relevante “producto líquido para quitarse la sed de una fuente natural que proveyera minerales”. Surge entonces la noción que el agua gasificada puede ser parte del mercado relevante o no.

Es por ello que resulta muy complicado dar poderes de decisión a oficinas gubernamentales, ya que el juego de los términos para incluir o excluir un producto o una situación, puede causar mayores distorsiones a la competencia que simplemente permitir la interacción.

Mario E. Archila M.

 

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República, ¿qué es?

Desde el ahora famoso video de Gloria Alvarez sobre el populismo video Gloria Alvarez se ha llevado alguna discusión respecto al contenido.
La mayoría, totalmente sin fundamento y un ataque directo y ofensivo a Gloria, no a la idea.
¿Importa dónde estudió Gloria para establecer que su idea es errónea? No. Eso es una falacia. ¿Importa dónde trabaja o ha trabajado para declarar que la idea es errónea? No. También sería una falacia. ¿Es la idea sobre la pobreza de un país solo válida si la expresa un pobre? Tampoco. Y así, otro montón de críticas. Las “mejores” que he leído en redes sociales es que “entona mal y se vistió feo” por lo que la idea expresada no puede estar bien. Eso es populismo.
Hay que tener claro que una idea es correcta o no, es un juicio verdadero o falso, por la idea, por el juicio mismo, no por cómo se expresa ni por quién lo dijo.
Es así que resulta bastante fuera de lugar que se pretenda decir que el discurso disfraza la izquierda de “populismo” y “la derecha” de República. Quien piense eso, no entendió el discurso y supongo no entendió porque no sabe qué quiere decir “república”.
Primero vamos a decir que “república” no es una palabra que se pone en el nombre de un país y ya. Así, por ejemplo, tanto la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana serían lo mismo. O el Reino Unido de los Países Bajos y el Reino Unido de la Gran Bretaña no serían “República”.
En una república, el Estado no mata a sus disidentes. En una república, los fines de cada ciudadano son respetados mientras no interfieran con los fines del vecino y no impliquen el uso de la fuerza. En una República, ningún grupo, individuo o mayoría es superior al Derecho. Hay instituciones por encima de los caprichos de cualquier gobernante -tiranía- o capaces de encauzar por el espíritu del derecho a cualquier dictador.
La República no es un concepto adjetivo, de adorno. Es un concepto sustantivo, de esencia.
Regresando con los ejemplos dados, en Gran Bretaña o los Países Bajos (Holanda), hay república, pero son reinos. Esos reyes no son electos democráticamente, pero tienen autoridad -no necesariamente poder, pero sí autoridad- y sus parlamentos son los vehículos representativos.
Así es que no se llaman república, sino reino, pero nadie niega que son dos de los países con mayor respeto y garantía por la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Es tan respetado su sistema, que los tribunales de Londres, Rotterdam y La Haya son utilizados mundialmente para resolver conflictos de toda índole.
A pesar de ser reinos, en esos países es innegable la protección a los derechos básicos e inalienables de todos sus ciudadanos. Los gobernantes ejercen verdadera autoridad. Es tanta la autoridad que ejercen, que a pesar de no tener armas, los policías en Londres mantienen el orden.
En estos países usted nunca oye de represiones contra personas que opinan distinto, el incumplimiento de un contrato se resuelve judicialmente muy rápidamente, pues se respetan derechos. Difícilmente hay un caso de corrupción o abuso de poder en dichos países.
Agregando al tema, recuerde que en Inglaterra, la Cámara Alta del Parlamento, no es electa, sino nombrada por el Rey. Son vitalicios y la Corte Suprema es parte de esa Cámara Alta. Eso garantiza la República, aunque dirán los ultra demócratas que esos sistemas no sirven pues no son “democráticos”.
Allí empieza el tema de fondo. La democracia no garantiza los derechos de nadie. Lo que garantiza los derechos de todos son esos mecanismos que permiten el gobierno de leyes y no de hombres.
El populismo surge cuando esos mecanismos no están implementados o son débiles. No es un tema ideológico, sino de realidad. Si el mecanismo permite que un grupo, individuo o mayoría oprima a otro, ¿a quién le importa si es derecha o izquierda? El populismo, por tanto, se cuela más fácilmente es sistemas democráticos sin limitaciones republicanas o con esas limitaciones muy mal establecidas.
Gran Bretaña o los Países Bajos tienen siglos de existir. Han sobrevivido, a pesar de tener reyes, gracias a que consolidaron sus instituciones republicanas. El rey no es todo poderoso. El parlamento tampoco. Los jueces son independientes de ambos en su actuar. La elección democrática de los representantes parlamentarios no puede servir para oprimir a la minoría que perdió. El primer ministro puede ser removido por incapacidad de gobernar y todos ellos están sujetos a ser procesados ante un juez ordinario. El poder del rey es limitado e imposible de ejercer más, sea por su voluntad o por deseos de algún grupo. Tendría que destruir todo el sistema.
Es por ello que el término “populismo” no se refiere a ideología, sino a perversión del sistema. Se trata de mecanismos de persuasión que buscan:
1. Perpetuar en el ejercicio del poder a un grupo, individuo o supuesta mayoría;
2. Sujetar los derechos de todos a la conveniencia de quien ejerce el poder;
3. Utilizar el puesto de gobierno para la propia conveniencia;
4. Convertir en dependientes del aparato gubernamental a los votantes mayoritarios;
5. Evitar la aplicación de la ley en los que ejercen dicho poder;
Lo que nos lleva a sistemas opresivos, sean de derecha -dictaduras- o de izquierda -tiranías.
En ese sentido, el populismo no es ideológico, sino sistémico. Es una estrategia para esos fines perversos. Pervierte el sistema mismo y busca hacer ver que se actúa dentro del marco legal. La forma prevalece y no la sustancia.

Por ello, si se va a criticar algún concepto, no lo hagamos sobre la forma, sino en su fondo.

Mario E. Archila M.

 

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Timbre en los nombramientos… La pesada tramitología de SAT

Cuando uno no le atina, no lo sabe o no puede hacer mucho, le ven la cara de baboso. Es así que la ignorancia resulta un punto clave para que lo atropellen a uno en sus derechos.

Lo que voy a escribir espero ayude a que tenga los argumentos y armas del conocimiento, que aclaro, es una situación acá que cuya ignorancia no es imputable al ciudadano, aunque nuestro sistema presuma que todos nosotros sabemos las leyes (y de memoria) y por eso las cumplimos.

Vea lo que me escribió un cliente: “Le informo que fui hacer un trámite a la SAT y no pude, le cuento que me
dijeron que el nombramiento del representante legal debe llevar un sello de
50 centavos en la última página y el sello del abogado.”

Por sello, es obviamente un timbre fiscal de Q0.50.

El error de concepto acá no es de la persona que quiso hacer el trámite para dicha sociedad, sino que, por el contrario, el problema de ignorancia es en la agencia SAT respectiva… particularmente, supongo, en el de la ventanilla, pues el Lic. Pedro, jefe de los centros de atención de SAT, con quien he tenido comunicaciones telefónicas, sí sabe que esto no se puede hacer…

La ley (bueno, leyes) lo que dice es lo siguiente:

1. El impuesto del Timbre Fiscal establece como sujeto pasivo a quien otorgue, emita o suscriba un documento. (Artículo 3)

2. El hecho generador específico para requerir Q0.50 es la razón del Registro Mercantil que emite y suscribe el Registrador Mercantil, no el contribuyente. El contribuyente es el usuario. Acá creo que debería SAT comunicarse con el Registro Mercantil y hacerle ver su error de no colocarlo (que si quieren lo cobren al representante, como lo hace el Registro de la Propiedad).

3. El artículo 680 del Código de Comercio indica que “Incumplimiento de leyes fiscales. Los efectos de los contratos y actos mercantiles no se perjudican ni suspenden por el incumplimiento de leyes fiscales, sin que esta disposición libere a los responsables de las sanciones que tales leyes impongan.”

De lo anterior, creo que es un error interpretativo y de aplicación no permitir hacer los trámites respectivos por la falta de dicho timbre de Q0.50, ya que el nombramiento es válido legalmente y no puede rechazarse para hacer un trámite. Es más, quien incumplió la ley no es el cliente, sino que el Registro Mercantil, ya que la ley del Impuesto específico (los Q0.50) tiene como sujeto pasivo a “quien emita, otorgue o suscriba documentos” y en este caso el documento es la razón del registro Mercantil que dice que el nombramiento ya fue inscrito. Es así que claramente el problema no es del cliente, pero se le vuelve.

La ley, sabiamente, en el Código de Comercio, indica que el incumplimiento de leyes fiscales no inhibe su validez. Esto es claramente por estas situaciones, tan insignificantes, como por las otras más graves -en montos- pero que son sujeto de discusiones e interpretaciones, como pudiera ser definir, por ejemplo, si un contrato de compraventa de inmueble está sujeto a pago de IVA o de timbre. La venta de dicho inmueble, sin duda, será válido, aunque se haya pagado el impuesto incorrecto o incorrectamente. La relación tributaria es personal, entre el “sujeto pasivo” (contribuyente definido por la ley) y el “sujeto activo” (el Estado o la Administración Tributaria).

Es así que espero le ayude este tip y se le plante al de la ventanilla, llame al jefe de la oficina y si aún así no lo logra, ponga su queja para que sancionen al empleado de SAT que reboza de ignorancia.

Mario E. Archila M.

 

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Declaraguate… ¿obligatorio? ¿De verdad?

Desde el 1 de octubre, SAT determinó que los pequeños contribuyentes podrán pagar sus declaraciones ÚNICAMENTE por medio de Declaraguate.

No voy a entrar a discutir la evidente ilegalidad de este mecanismo de pago, para el contribuyente especial grande como para usted o para mí, como para el pequeño. Ese tema es tan evidente y tan fácil, que no vale la pena. Voy a entrar a examinar la lógica de esta decisión, que sólo puede tener un calificativo…

Vea.

Guatemala es un país en el que más del 50% de la población es pobre. 13%, aproximadamente, vive en extrema pobreza. En Guatemala, se estima que únicamente el 16% de la población tiene internet. Según reportajes de prensa “Con un 16% de penetración de Internet entre su población, Guatemala es uno de los países con más baja cobertura de este servicio en Latinoamérica.” (Artículo completo, acá). Sólo nos gana Nicaragua como el peor en Latinoamérica.

Declaraguate es un sistema de declaración electrónico, vía web. Es decir que SAT presupone que los contribuyentes del régimen más bajo, tienen acceso a internet. La lógica no cuadra.

Somos un país que sufre del problema que únicamente 3,000 contribuyentes pagan ISR e IVA (como contribuyentes). La idea de la Administración Tributaria debería ser facilitar la recaudación, principalmente en aquellos que tienen menos utilidades marginales. Es así que en este régimen, el pequeño contribuyente, podemos esperar que estén inscritos contribuyentes que emiten esas facturas en eventuales transacciones, pues son empleados de tiempo completo que hacen algún trabajo independiente de vez en cuando. También son pequeños negocios en lugares remotos (remotos en relación a la presencia de SAT), que las emiten cuando un citadino llega y la exige. También la emiten pequeños productores agrícolas que venden sus cosechas a industrias semiformales que las requieren para registrar sus gastos…

Es decir que es un régimen de entrada, marginal. Es un punto de entrada para incorporar al sistema formal a más contribuyentes. Ahora, con la disposición de SAT, se eleva el costo, pues de 10 transacciones que estos sujetos realizaban, quizás facturaban como pequeño contribuyente 3. Ahora para pagar por esas 3, deben buscar acceso a una computadora con internet, que probablemente implica viajar a la cabecera departamental. Esto es un ascenso en su costo de cumplimiento por arriba de las utilidades que le presentan, no las 3 transacciones, sino las 10 que realizó. Es así que es más barato, probablemente, negarse a esas 3 transacciones que requieren formalizarse, perder esos ingresos, pues no le implicarán ningún beneficio, sino que perderá el equivalente a 4 transacciones.

Es decir, que la medida de SAT es una tremenda idiotez. No entiendo en qué país creen que viven…

Mario E. Archila M.

 

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La cosa hay que separarla

¿Para qué se deben pagar impuestos?
Hay mucha confusión, tanto en los funcionarios como en los votantes.
Nuestra Constitución dice que se paga en relación a las necesidades del Estado y eso ayuda más a la confusión.
En la mente de muchos los impuestos son un mecanismo de solidaridad y vehículo para hacer caridad.
Eso es conceptualmente imposible. Por varias razones.
1. Ámbito de cada uno;
1. Razones de cada uno de esos ámbitos.

La solidaridad y la caridad son del ámbito privado. Son virtudes. Eso implica que me hago moralmente mejor si ejerzo dichas virtudes, mas nadie puede obligar a otro a que haga caridad o sea solidario. Tampoco le corresponde a un tercero juzgar si se está haciendo un bien con una acción caritativa a solidaria. Es una acción puramente privada. Del ámbito de la moral.
Los tributos, sin embargo, corresponden al mundo de lo público y de las relaciones de poder. Se utiliza el poder público para cobrarlos, para verificar su correcto cumplimiento. Es así que imposible de pensar que los impuestos son un mecanismo de solidaridad, caridad o beneficencia.
¿Pero, entonces, para qué sirven?
Sirven para cubrir servicios públicos. Esos servicios públicos son, principalmente, aquellos que su consumo no los agota y no pueden o no deberían ser prestados por particulares. Es así que los servicios de justicia, relaciones diplomáticas y el uso de la fuerza pública represiva, son por esencia, dichos servicios. Los demás, esos sí pueden ser prestados por particulares, como la educación, salud y hasta alguna infraestructura.
Es así que no es posible tratar las contribuciones que una persona pueda hacer de la misma manera. Tanto que tampoco son excluyentes unas de otras, por su ámbito ni por sus fines.

Mario E. Archila M.

 

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La belleza de la ilegalidad

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No puede ser, me dije, que sea cierto que debo responder a tan bellas preguntas antes de llenar mi declaración de impuestos.
Resulta que eso es una violación legal evidente. Vea que no puede sujetarse a requisitos que no están en ley. La Constitución obliga a que la función pública se ejerza conforme a la ley. El pago de impuestos se basa en lo que establece cada una de las leyes y ninguna dice que primero hay que obligar al contribuyente a responder preguntas. Más que todo esas preguntas absurdas.
Es ya terrorismo fiscal. Definamos que la administración tributaria debe ser un ente técnico, profesional y sujeto a la ley. Con estas actitudes, se coloca del lado, si bien nos va, de los talacheros, si no es que de los mareros.
Es imposible de creer que alguien dentro de SAT haya aprobado incluir tremenda tontería y sujetar el poder ingresar al formulario de Declaraguate sin responder antes esas preguntas.
¿Busca SAT darle valor a esas declaraciones? ¿Con base en qué? ¿Cómo pago sin responder a ellas? ¿Qué pretende SAT colocando eso?

Llegamos a un punto en el que vemos que las presiones psicológicas, de atemorizar al contribuyente están siendo utilizadas. En el fondo, los ajustes y los criterios dan pena. Discutimos cosas por desconocimiento y ahora creo que por mala fe…
Espero que nadie tome acciones contra los funcionarios de SAT, sino que den marcha atrás y diseñen los formularios conforme a la Ley y el Derecho.

Mario E. Archila M..

 

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Fuera judíos

Fuera judíos. Así sentenciaron a las orillas del lago de Atitlán los pobladores, con la complicidad del alcalde.
Merece comentario, por supuesto, un acto tan deplorable, abusivo, ofensivo y discriminatorio.
Es comparable en hechos a lo que sucede en Gaza, Siria o Irak y lo que el mundo ha vivido con regímenes racistas como EEUU hasta hace unas décadas, Sudáfrica o la Alemania Nazi.
Usted en su vida particular puede tener las preferencias que guste. Si es para casarse, preferir morenas, rubias, altas o bajas, en lo físico; inteligentes o no tanto, en lo intelectual; católicas, pentecostales, judías, musulmanas o ateas en las cuestiones de fe. Para contratar en su empresa, puede querer una cierta altura o tono de piel; preferir mujeres a hombres o al revés; etc. En su vida privada, aunque pueden ser criterios bien tontos, sus preferencias son SUS preferencias. En ese campo podemos tener alguna discrepancia de su conveniencia o inteligencia, pero nada más.
El siguiente grado es cuando provee ya un servicio al público. Allí ya no es tan “su preferencia” quiénes pueden ser sus clientes. Eso ya es discriminar y probablemente, muchos de los casos, pueden ser llevados a tribunales, penales o de derechos humanos.
El último grado, el caso que vivimos en Atitlán, es cuando se utiliza la fuerza del Estado, en este caso municipal, para imponer un criterio discriminador, por lo que sea -raza, credo, ideología política- que convierte el acto en una remembranza de los peores regímenes totalitarios de la historia.
El actuar del pueblo y la complicidad de su autoridad son actos condenables, por cualquier forma que se vea. El Estado está llamado, entre otros, a garantizar: la vida, la libertad y seguridad. Eso incluye la libertad religiosa, la libre movilidad y la igualdad ante la ley.
Es así que el alcalde se ha convertido de autoridad en criminal y nosotros, acá, cual ciudadano romano, viendo cómo se organiza el coliseo para tirar a los leones a quienes no comulgan con la religión del emperador.
No puede ser. Una república pondría tras las rejas al alcalde y sus compinches.
Basta ya de abusos en este país.

 

Mario E. Archila M.

 

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