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Se va, se va y se fue.

Así estamos con la recaudación. Se fue. Se cayó. Bajó. Kaputt.

El titular de Prensa Libre de hoy 15 de abril explica la caída en el régimen de relación de dependencia respecto al año 2012.
Primero, no es noticia. Ya se sabía. Las tarifas bajaron grandemente. Eso causaría una baja. Pero se dijo que el régimen no aumentaba la base de contribuyentes, sino que los disminuía. Eso también se nota.
El principal punto en la baja es que ahora los empleados no tienen planilla del IVA como crédito al ISR y eso también causa una baja en el resto de los tributos a recaudar. Se perdió una importante fuerza fiscalizadora automática y gratuita. Nadie pide factura pues no le “sirve” y con ello se abren grandes agujeros, principalmente en prestación de servicios, para omitir facturar y con ello omitir el pago del ISR del prestador del servicio. Claro, también es una gran oportunidad para colocar mercadería robada y contrabandeada que no tiene “papeles” en orden desde su origen.

Sin embargo, el mayor problema del régimen de rentas del trabajo está en no permitir una tributación justa. Prácticamente se eliminaron todos los gastos con la absurdamente tonta excusa que se elevó el mínimo vital de Q36,000 a Q48,000.

Es absurdo y tonto pensar que con esa suma se cumple el principio de capacidad de pago, igual tributaria y justicia y equidad.
Imagine que esa suma debe ser suficiente para el contribuyente y el sostenimiento de sus obligaciones morales principales: su familia.
Queda así en evidencia la injusticia, pues se carga de la misma manera a personas con capacidades contributivas distintas. Un soltero, que vive aún con sus padres, tiene la misma deducción que un casado con 3 hijos, mas no tiene sobre sus hombros la misma carga de obligaciones morales encima. El régimen ni siquiera permite deducir medicamentos ni servicios médicos. ¿Justo? Para nada.
No es una cuestión de tarifa. Es una cuestión de estructura y justicia.
La tributación debe estructurarse bajo el principio de capacidad de pago para ser justa y equitativa. Eso implica que deberá considerarse la VERDADERA posibilidad subjetiva del contribuyente para afrontar el pago del adeudo tributario. Eso implica que la depuración de la base debe permitir que se reconozca su personal situación económica. Sin eso, no hay justicia.

Por eso, no es de dudarlo, es que la relación de dependencia es un régimen injusto y la población tendría, por ser inconstitucional su diseño y regulación, el derecho a resistirse a pagarlo.

Mario E. Archila M.

 
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Publicado por en 15 abril 2014 en Uncategorized

 

SAT contra ley de inversión

Si bien no creo que el proyecto de fomento a la inversión y empleo del ejecutivo sea lo que el país necesita ni que esté realizado bajo parámetros de verdadera justicia y equidad tributaria, no me sorprende que SAT emita un dictamen negativo. Era de esperarse. Por naturaleza y gracias a las reformas que se le introdujeron a la ley orgánica de SAT el año pasado, SAT deja de ser un ente técnico y se convierte en un ente represor con el único fin de recaudar.
Acá la noticia: SAT se opone

SAT debería ser un ente puramente técnico de administración de la recaudación. Sin embargo se está convirtiendo en el mayor problema contra el desarrollo del país. Su enfoque es estático y con el único interés de lograr metas de recaudación que se hacen bajo el prisma que nuestro problema es el ingreso tributario y que es el gobierno quien debe contar con recursos, a toda costa.
Nuestro país no atrae inversión porque no presenta condiciones necesarias para garantizar estabilidad y rentabilidad a los capitales.
Somos un mercado demasiado pequeño. Alrededor de 4,000 de personas son económicamente activas. Una industria local no tiene mercado suficiente para ser sustentada en el mediano plazo. Los conflictos sociales que provocan grandes ideas e inversiones, como proyectos eléctricos, hidroeléctricos, mineros y hasta turísticos, nos hacen ver como una verdadera república bananera. Los conflictos laborales del sector sindical, que muchas veces son razones válidas, someten a toda la población a sus caprichos. Burocracia, ésta, que aumenta sus salarios simplemente por el transcurso del tiempo y coadyuva a un aparato estatal ineficiente que hace de manifiesto que es un simple botín político.
Problemas para atraer inversión tenemos suficientes. El problema no es el ingreso tributario.
¿Protección arancelaria y no arancelaria? Contamos con ella porque la primera representa ingresos tributarios y la segunda es una justificación a los puestos de varios “técnicos” en varios ministerios. Realmente no sirve de mucho, pues el mismo diario que presenta la noticia que acá comento, en su portada señala que el contrabando implica una pérdida “fiscal” de Q420 millones.
Lo ridículo es que los derivados de petróleo son altamente regulados. A nadie le importa. Acá se compra por precio y el contrabandista lo sabe. Vende más barato. Deja de pagar impuestos y lo hace en las narices de todas las autoridades.
El problema, visto desde la perspectiva del fisco es hacer más fuerte el control… Desde el público consumidor, es un alivio al bolsillo. El fisco, me consta, siempre trató de “evasores” a las compañías petroleras. Eran unos grandes “evasores”. Si bien, nunca les probó nada, ni les ganó ningún proceso importante, sí logró hartarlos a tal punto que hoy día, queda sólo una. Hoy no tenemos combustible importado por los fabricantes. Se compra al mejor postor, salvo el combustible de una marca americana que aún se vende, no sabemos a ciencia cierta qué tipo de combustible llega a nuestros tanques. Vea que ninguna marca importante a nivel mundial domina -hoy día- el mercado de estaciones de servicio en Guatemala. Tenemos una guerra de precios con marcas locales, principalmente. Dos marcas internacionales, una productora y otra sólo es comercializadora, se mantienen en Guatemala. La otra marca británico-holandesa, es franquicia.
Es el producto de políticas “El contribuyente es malo” y “el problema es la recaudación”.

El problema nunca es la recaudación. El problema siempre es el gasto. De allí deriva la recaudación.

Mario E. Archila M.

 
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Publicado por en 24 marzo 2014 en Uncategorized

 

Nueva fecha. Seminario de cierre 2013 y cambios ISR 2014

¿Cómo se hace el cierre 2013 y qué podrá ser ajustado por SAT? Esa pregunta la recibo muy seguido. Por ello, es que preparamos un seminario para ser impartido el jueves 27 de marzo de 2014.
Lugar: Avenida Reforma 8-95 zona 10, of 202 D
Hora: 8am a 12:30pm
Inversión: Q672.00 (Q600 más IVA)

¿Qué cubriremos?

1. Forma correcta de registrar costos y gastos deducibles.
1.1 Contratos. Su uso y criterio de SAT a lo largo del tiempo.
1.2 Documentos legales
1.3 Gastos devengados y su registro y deducibilidad
1.4 Posibles contingencias por operaciones contables
2. Deducción de intereses
2.1 Montos y tasas máximas
2.2 Personas a las que se pagan intereses no deducibles
2.3 Pagos de intereses al extranjero
3. Reavalúo de bienes
4. Impuestos en el pago de dividendos
4.1 Impuesto de los accionistas
4.2 Impuesto de timbres fiscales
4.3 Casos que no deberían ser considerados rentas de capital (capitalización de utilidades, capitalización de deuda)
5. Precios de transferencia
5.1 Aplicación para el 2013
5.2 Obligaciones a cumplir con la declaración 2013
5.3 Obligaciones para 2014
5.4 Obligatoriedad de realizar estudios de precios de transferencia
6. Formalidades a cumplir con la declaración
7. Cambios incorporados en el Decreto 19-2013
8. Rentas de capital
8.1 Cuando hay rentas de capital y cuando no
8.2 Consecuencias en costos y gastos por la obtención de rentas de capital
9. Deducciones por pagos a empleados
9.1 Caso particular de la bonificación incentivo y su tratamiento en el IGSS

Si quiere que incluyamos algunos temas específicos, escríbanos a info@impuestosychocolate.com

Lo espero. No vaya ser que SAT ya le haya programado una visita.

Mario E. Archila M.

 
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Publicado por en 21 marzo 2014 en Uncategorized

 

¿Hay obligación de tener estudios de precios de transferencia?

La respuesta corta es no.
Hay una publicación de SAT por allí que lo pide para las transacciones del 1 de enero al 20 de diciembre de 2013, sin embargo en ningún momento de la ley se exige tal cosa.
Con la reforma del 19-2013, se suspendió, además, toda la vigencia y aplicación de las normas de los precios de transferencia, que requiere un poco de cabeza para desenmarañar sus implicaciones para el contribuyente y para la SAT misma.

Arribamos al siguiente criterio, principalmente si debe o no contarse con un dictamen o estudio de los denominados precios de transferencia, realizando el estudio de las normas contenidas en el decreto 19-2013 y 10-2012 que crean la confusión.

La norma principal a analizar es el artículo 27, transitorio, del Decreto 19-2013 que establece:
“ARTICULO 27. Transitorio.
Suspensión de la vigencia de las normas especiales de valoración entre partes relacionadas. La vigencia de las normas especiales de valoración entre partes relacionadas contenidas en el Capítulo VI, artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 de la Ley de Actualización Tributaria, Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, quedan suspendidas de su aplicación y vigencia. Dichas normas volverán a tomar efecto y aplicación el día uno (1) de enero del año dos mil quince (2015). No obstante lo anterior, a partir de la vigencia del presente Decreto, la Administración Tributaria podrá requerir información respecto al contenido del referido Capítulo VI, para formar las bases de datos necesarias.”

Esta norma debe tenerse por vigente desde el 21 de diciembre de 2013, pero en concordancia con el artículo 7 del Código Tributario, tal como lo indica el artículo 30 de dicho decreto.

Es así que se nos presenta el cuestionamiento si debe o no requerirse la elaboración de un estudio de precios de transferencia para el año 2013.

De las normas suspendidas en su aplicación y vigencia, debemos distinguir si el efecto de dicha suspensión es posición jurídica del contribuyente o de SAT, o es ya un “derecho adquirido” o si simplemente es una expectativa.
La primera norma importante a considerar es el artículo 55 que otorga facultades a la administración tributaria para comprobar si las operaciones entre partes relacionadas se han valorado conforme a lo dispuesto por el artículo 54 que contiene el principio de libre competencia.
Esta es una facultad que está sujeta a poder hacer los ajustes “cuando la valoración acordada entre las partes resultare en una menor tributación… o diferimiento de imposición” y por tanto debemos comprender que:

Revisar las operaciones es una facultad de la administración;
Puede hacer ajustes a dichas operaciones únicamente cuando el resultado sea una menor tributación en el país.

Por ello concluimos, al tenor del artículo 7 del Código Tributario, que hoy día, la administración no puede aplicar esa norma, es decir, que del 21 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2014, no podrá revisar las operaciones ni hacer los ajustes, ya que al ser una facultad que está suspendida en vigencia y aplicación, durante ese lapso no es posible.

No obstante, luego del 31 de diciembre del 2014, la facultad estará vigente y será aplicable, por lo que debemos considerar la situación del período del 1 de enero de 2013 al 20 de diciembre de 2013, a la luz de las obligaciones tributarias respectivas y la facultad de que gozará la Administración Tributaria desde el 1 de enero de 2015. Con esto en mente, la Administración Tributaria, durante el año 2015, en adelante, podrá revisar las operaciones del año 2013 y aplicar las normas de valoración y el principio de libre competencia, para todas las operaciones del 1 de enero al 20 de diciembre del 2013, pues la norma estuvo vigente.

Esto, sin embargo, es distinto a las obligaciones de presentar documentos que analizamos a continuación:

ARTICULO 65. Principios generales de información y documentación.
Esta norma indica que: “ Son principios generales de información y documentación los siguientes:
1. Los contribuyentes deben tener, al momento de presentar la declaración jurada del Impuesto Sobre la Renta, la información y el análisis suficiente para demostrar y justificar la correcta determinación de los precios, los montos de las contraprestaciones o los márgenes de ganancia en sus operaciones con partes relacionadas, de acuerdo con las disposiciones de este libro.
2. El contribuyente debe aportar la documentación que le requiera la Administración Tributaria, dentro del plazo de veinte (20) días desde la recepción del requerimiento. Dicha obligación se establece sin perjuicio de la facultad de la Administración Tributaria de solicitar la información adicional que considere necesaria para el ejercicio de sus funciones.
3. La información o documentación a que se refieren los dos artículos siguientes de este libro deben incluir la información que el contribuyente haya utilizado para determinar la valoración de las operaciones entre partes relacionadas y estará formada por:
a. La relativa al contribuyente.
b. La relativa al grupo empresarial al que pertenezca el contribuyente.”, y, como relevante, adicionalmente al 66:

B. ARTICULO 67. Información y documentación relativa al contribuyente.
La documentación específica del contribuyente se exige en todos los casos a que se refiere el artículo “Definición de Partes Relacionadas” de este libro y comprende:
1. Identificación completa del contribuyente y de las distintas partes relacionadas con el mismo.
2. Descripción detallada de la naturaleza, características e importe de sus operaciones con partes relacionadas con indicación del método o métodos de valoración empleados. En el caso de servicios, se incluirá una descripción de los mismos con identificación de los distintos servicios, su naturaleza, el beneficio o utilidad que puedan producirle al contribuyente, el método de valoración acordado y su cuantificación, así como, en su caso, la forma de reparto entre las partes.
3. Análisis de operaciones comparables detallado de acuerdo con el artículo “Análisis de Operaciones Comparables” de este libro.
4. Motivos de la elección del método o métodos así como su procedimiento de aplicación y la especificación del valor o intervalo de valores que el contribuyente haya utilizado para determinar el precio o monto de sus operaciones.
5. La documentación referida en este artículo puede presentarse de forma conjunta para todas las partes relacionadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, siempre que se respete el grado de detalle que exige el presente artículo.”

Es así que vemos que estas normas -65 a 67- son normas que cobran aplicación “en el momento de presentación de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta”, por lo que al 21 de diciembre de 2013, la obligación de presentar dicha información no estaba constituida aún, ya que no había llegado el momento de cumplirla y llegará el momento de cumplir con la obligación de tener disponible dicha información a partir de la exigibilidad de la declaración jurada anual (31 de marzo de 2014). Es por ello que concluimos que no hay obligación legal de tener dicha información disponible, pues la obligación no nace a la vida jurídica debido a la suspensión de la vigencia y aplicación de las normas detalladas, que incluyen, entre otras, la realización y tenencia del análisis de operaciones comparables y justificaciones de la escogencia del método respectivo para valoración entre partes relacionadas.

El artículo transitorio, ya citado, establece la suspensión de la vigencia y aplicación, por lo que aclaramos que consideramos distintos suspender la vigencia que suspender la aplicación. En este caso, la vigencia de la obligación de presentar documentos, nace con el momento de presentación de la declaración anual, por lo que dicha obligación, al no haberse llenado supuestos de aplicación previo a la entrada en vigencia de la suspensión, no constituyó posición jurídica en ninguna de las partes de la obligación tributaria, como tampoco es un derecho adquirido de la administración exigirlo.
Queda a salvo, eso sí, con el único propósito de formar bases de datos, que la administración tributaria pueda requerir información, pero dicha información nace de una norma distinta (el propio artículo transitorio) y con la única finalidad de obtener información para formar bases de datos, no así como la obligación formal exigible que contienen los artículos 65 al 68.

Dicho esto, nuestra conclusión es que:

Por las transacciones del 1 de enero al 20 de diciembre de 2013, la administración podrá realizar ajustes a los precios de transacciones entre partes relacionadas, siempre y cuando inicie las revisiones con posterioridad al 1 de enero de 2015 y siempre que los precios pactados resultaren en una menor tributación en Guatemala.
La documentación que exigen los artículos 65 al 67 del Decreto 10-2012 del Congreso de la República, no es obligatoria, legalmente, producir, tener disponible ni entregar, para el período fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, toda vez que dicha obligación se materializaba con posterioridad a la suspensión de vigencia y aplicación de esas normas, con lo que no constituye posición jurídica ni era derecho adquirido de ninguna parte.

Mario E. Archila M.

 

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Seminario Cierre 2013 y el ISR para el 2014

¿Cómo se hace el cierre 2013 y qué podrá ser ajustado por SAT? Esa pregunta la recibo muy seguido. Por ello, es que preparamos un seminario para ser impartido el 20 de marzo de 2014.
Lugar: Avenida Reforma 8-95 zona 10, of 202 D
Hora: 8am a 12:30pm
Inversión: Q672.00 (Q600 más IVA)

¿Qué cubriremos?

1. Forma correcta de registrar costos y gastos deducibles.
1.1 Contratos. Su uso y criterio de SAT a lo largo del tiempo.
1.2 Documentos legales
1.3 Gastos devengados y su registro y deducibilidad
1.4 Posibles contingencias por operaciones contables
2. Deducción de intereses
2.1 Montos y tasas máximas
2.2 Personas a las que se pagan intereses no deducibles
2.3 Pagos de intereses al extranjero
3. Reavalúo de bienes
4. Impuestos en el pago de dividendos
4.1 Impuesto de los accionistas
4.2 Impuesto de timbres fiscales
4.3 Casos que no deberían ser considerados rentas de capital (capitalización de utilidades, capitalización de deuda)
5. Precios de transferencia
5.1 Aplicación para el 2013
5.2 Obligaciones a cumplir con la declaración 2013
5.3 Obligaciones para 2014
5.4 Obligatoriedad de realizar estudios de precios de transferencia
6. Formalidades a cumplir con la declaración
7. Cambios incorporados en el Decreto 19-2013
8. Rentas de capital
8.1 Cuando hay rentas de capital y cuando no
8.2 Consecuencias en costos y gastos por la obtención de rentas de capital
9. Deducciones por pagos a empleados
9.1 Caso particular de la bonificación incentivo y su tratamiento en el IGSS

Si quiere que incluyamos algunos temas específicos, escríbanos a info@impuestosychocolate.com

Lo espero. No vaya ser que SAT ya le haya programado una visita.

Mario E. Archila M.

 

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La capitalización de utilidades y el ISR

Ha surgido una controversia sobre el criterio de SAT en cuanto a las capitalizaciones de utilidades y su tratamiento como “pago de dividendos” en especie.
Este punto es un claro ejemplo de cómo se confunden situaciones contables con los hechos generadores de impuestos, que son situaciones jurídicas.
La capitalización de utilidades no puede ser pago de dividendos, toda vez que “dividendo” es un concepto jurídico propio.

Lo que deberíamos analizar en una ley tributaria es, precisamente, la definición del Hecho Generador que la misma nos da. La situación contable, por lo tanto, es un indicador de lo que sucedió, mas no es una definición legal del hecho generador.

Es así que en este caso particular, se debe recurrir a la ley para establecer qué es lo que se define como hecho generador. Sin que ocurra tal hecho, es imposible que se hable de la obligación tributaria. Recordemos que el Hecho Generador es el supuesto contenido en la norma cuya ocurrencia da origen a la obligación tributaria.

En el impuesto sobre la renta, por lo tanto, no es el artículo 3 el importante, pues allí está únicamente definido, de manera parcial, el hecho generador. El artículo 3 contiene los elementos objetivos del hecho generador, la riqueza gravable, no así el hecho generador completo. Antes de hacer el análisis de cuáles hechos generadores gravan o podrían gravar la capitalización de utilidades, debemos tener claro que la Constitución de Guatemala posee uno de los principios de legalidad más cerrados de las constituciones modernas, ya que no sólo requiere que el Congreso establezca los tributos, sino que a su vez, obliga y limita a que únicamente el Congreso determine, en ley, las bases de recaudación, dentro de ellas y de manera particular, el Hecho Generador (239 de la Constitución, primer párrafo). Es así que no podemos concluir, bajo ningún punto de vista, que una partida contable o una norma de contabilidad dará lugar a un hecho generador, pues violaría el sistema jurídico-constitucional del país.

Es por ello que al observar el artículo 83 del Decreto 10-2012, claramente vemos que grava la obtención de rentas de capital y el hecho generador en específico está en el artículo 84 que califica como renta de capital mobiliario, el pago de dividendos o utilidades.
La capitalización de utilidades, realmente, es la pérdida de dichas utilidades a favor de la sociedad y el hecho generador es el pago o distribución de dichas utilidades. Dejan de ser utilidades cuando se capitalizan y no hay distribución de las mismas. Se entregan acciones, sin embargo, dichas acciones no son, jurídicamente, pago de dividendos en especie, como lo sería, por ejemplo, que la sociedad decretara dividendos y para pagarlos, a falta de efectivo en caja, distribuyera inventario.
Si lo vemos estrictamente desde la perspectiva de la sociedad, el valor en libros de las acciones no varía, pues se compone de capital pagado, menos perdidas acumuladas, más utilidades retenidas más reserva legal, dividido el número de acciones emitidas. Al hacer la capitalización, el monto de utilidades retenidas pasa a ser parte del capital pagado y el número de acciones emitidas aumenta, pero el valor total del valor en libros que le correspondía al accionista nunca varió.

Es así que la contabilización del lado del accionista no debería afectar si hay o no “dividendos”, sino que la definición legal de dividendos es la que debe marcar la existencia o no de los mismos y por tanto, su contabilización. Es más, los accionistas no serán todos “personas obligadas a llevar contabilidad” ni tampoco, si la llevaran, tendrán la misma forma de contabilizar sus inversiones, por lo que no puede ser un elemento el criterio para establecer si se paga o no el impuesto. Recordemos que en materia tributaria, únicamente la capacidad de pago es relevante al momento de determinar los hechos generadores y su alcance. 2 accionistas de la misma sociedad deberían de tributar por el mismo hecho, independientemente de su forma de llevar contabilidad o causaríamos una injusticia. Sólo imagine lo injusto que será si hay accionistas corporativos y accionistas personales. Los corporativos pagarán el tributo mientras que los otros no, pues los primeros registran su inversión a costo adquisición mientras que los individuales únicamente reciben acciones a cambio de su valor en libros.
Es así que si el hecho generador es distribución de dividendos o utilidades, imposible resulta que por analogía se equipare la capitalización de utilidades, que es una operación distinta, a dicho hecho generador. De hacerlo, como se mencionó, habría dos inconstitucionalidades:

1. Violación a la igualdad tributaria,
2. Violación al principio de legalidad por utilizar analogía para crear un hecho generador.

Mario E. Archila M.

 

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Las propinas y el IVA

Tanto revuelo por algo que ya existía en la ley.
¿Qué grava el IVA? Pues sencillamente lean el artículo 2 y 3: venta de bienes y prestación de servicios.

¿Qué es una propina? En el concepto real de propina, estamos frente a una gratificación, una liberalidad del comensal por la atención recibida del mesero. No es una remuneración por una prestación personal, pues el mesero no tiene ninguna relación contractual con el comensal. La relación contractual es del mesero y el restaurante.
Ahora bien, si la “propina” es un recargo por servicio, a la usanza de eventos en hoteles o grupos grandes en restaurantes, deja de encuadrar en el concepto de propina explicado arriba y se convierte en una remuneración por esa prestación. Tal como dice el IVA, por lo que estaría gravado.
Esto está así desde 1992, por lo menos.
¿Cambia en algo lo que dice la ley y el reglamento ahora? Realmente no. Siempre se tuvo que incluir en la factura, pagar IVA e ISR sobre los recargos por servicio. La denominación de “propina” no puede ser indicador real de lo que causa el impuesto.
Adicionalmente, la confusión la causa el reglamento, mas no la ley. Es así que una norma reglamentaria no puede venir a incluir hechos generadores que no están en ley. De tal manera el reglamento, si está incluyendo cosas que no están en ley, es nulo. Si simplemente redunda, pues no es más que eso: redundancia.
En este caso, el reglamento sólo puede tener un sentido:
Deberá incluirse en la factura el recargo por servicio, cuando es un recargo hecho por el restaurante, no cuando es una liberalidad del comensal con el mesero.
En el primer caso, obviamente, por los artículos 2 y 3 del IVA, paga IVA y forma parte de la factura y representa, también, un ingreso afecto para efectos del ISR. Por su lado, en el caso de la liberalidad, no es ingreso del restaurante, no forma parte del IVA, pues no está comprendido en los artículos 2 y 3.

Espero que se aclare el asunto y dejen de estar haciendo devuelvo ir cosas que técnicamente pueden ser explicadas.

Mario E. Archila M.

 
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Publicado por en 5 marzo 2014 en Uncategorized

 
 
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