Un problema de competencia

Muchos están emocionados con la entrada en vigencia de la ley. Celebran con bombos y platillos que los precios van a bajar gracias a esta nueva ley.

Bastante equivocada la postura, considerando que no necesariamente tenemos un mercado con prácticas anticompetitivas, sino que es más un mercado con prácticas gubernamentales que impiden la competencia misma.

Lo más escalofriante que demuestran los números, son los trámites en Guatemala.

Veamos tiempos. Según un estudio de Banco Mundial, lo tiempos de aduanas en Guatemala son casi 20 veces más largos para exportación y para la importación casi 9 veces más que en los países desarrollados.

Les dejo el análisis completo que realizara UFM Market Trends acá para que lo vean.

Ahora bien, ese problema no es únicamente en ese trámite, sino que tenemos el gran problema de la tramititis en el país.

Guatemala, según el Banco Mundial, tiene la mayor cantidad de trámites de Latinoamérica:

De estos trámites, cada uno dura en promedio 4.5 horas. ¿Cuánto cuesta un trámite en tiempo-vida de una persona? Con 2 trámites por producto, ya tenemos más de 1 jornada completa de trabajo de 1 persona. Es así que las barreras de entrada son trámites, poco medibles económicamente.

Los aranceles, que es lo que la gente puede cuantificar fácilmente, son tan bajos en Guatemala que pareciera que somos el paraíso de la libertad de comercio. Sin embargo, los productos más necesitados, los de consumo masivo y frecuente, requieren muchos trámites para poder ser comercializados.

Es por ello, que le tengo muy poca fe a la ley de competencia. Es mucho el trabajo que hay que hacer como país para empezar a ver resultados. Todos los trámites, tiempos de aduana, tiempos de logística, etc., son factores que suman al costo y distorsionan precios. Es imposible ser competitivo si debe compensarse que la carga viaja a 12-18 kilómetros por hora en el país y no a 75-100 kilómetros por hora como ocurre en países civilizados. Que para salir de aduana nos tardamos días con la carga y no horas. Que para poner una tienda o vender un producto debemos tener licencia ambiental, sanitaria, municipal, registro de producto, autorizaciones de locales, entre otros 5000 trámites posibles. Luego, de haberse olvidado alguno o de haber cumplido todos, pero con alguna idea de algún burócrata nuevo de turno, estar sujeto a sanciones por seguridad social, seguridad ocupacional, impuestos, juzgados municipales, tránsito, autoridades de ambiente, aduanas, salud y otras.

Cada uno de esos puntos es un “costo adicional” que se vería en una gráfica como se puede ver acá el “precio adicionado por impuesto”, ya que son impuestos que se pagan en tiempo, no en efectivo:

Con eso dicho, consideramos bastante difícil que la ley modifique en algo los precios de venta. Es más, un error en prioridades que establezca dicha Superintendencia de Competencia, podrá causar aún mayores costos a los “agentes económicos” que desplace competencia fuera del mercado, en lugar de abrir la competencia. Es por ello que todo el enfoque inicial de la Superintendencia de Competencia debería ser empujar las reformas legales y reglamentarias para mejorar el ambiente de competencia en el mercado. Una reforma tipo la que Milei inició en Argentina al eliminar normas que permitían controles gubernamentales.

Mario Estuardo Archila M.