Impuestos y Moral

Los legisladores sueñan con poder cambiar el mundo

Hoy encontré que nuestro Congreso de la República recibió tres propuestas de ley que seguramente causarán conferencias de prensa de más de alguno de los proponentes. Lo que difícilmente causen son resultados positivos. Veamos cada una y sus posibles efectos.

Iniciativa 6658: Dispone aprobar «Reformas al Código Penal en materia de Incumplimiento de Deberes y Homicidio Culposo«, en la cual se adiciona que también comete homicidio culposo el funcionario o empleado público que por incumplir deberes propios de su cargo, cause por omisión la muerte de una persona.

Si bien es una buena idea, imagínense el problema de ahora querer ser ministro de gobernación, ministro de comunicaciones, policía, hasta presidente, si un motín en una cárcel o un bache en una carretera terminan en un fallecido. la cantidad de antejuicios o denuncias penales al dejar el cargo que les esperan. La reforma que debería promoverse para hacer más «preocupados» de sus actos a los funcionarios es procesal. Ahora ya son responsables, aunque el Estado es el responsable solidario, procesalmente debería tener un procedimiento expedido para iniciar y facilitar el daño causado por acción y omisión. hacerlos responsables penales, fuera del análisis jurídico que podrán hacer algunos penalistas de mejor manera que yo, resulta más una barrera para encontrar buenos funcionarios, que un elemento que mejore la calidad de los funcionarios y empleados públicos.

Iniciativa 6659: Dispone aprobar la «Ley Cero Tolerancia al Sicariato» la cual adiciona el artículo 132 al Código Penal, relativo al sicariato, regulando que quien por sí o por interpósita persona, mediante precio, recompensa, promesa remuneratoria o cualquier otro beneficio, dé muerte o cause lesiones graves a otra persona será sancionado con prisión de 30 a 50 años inconmutables. También se modifica el artículo 12, literal c) de la Ley contra la Delincuencia Organizada, estableciendo que si los miembros de grupos delictivos organizados cometieren el delito de sicariato, utilizando a menores de edad, se les impondrá la pena máxima. Se adiciona regulación respecto a programas permanentes de prevención y reinserción, dirigidos a adolescentes en riesgo de ser reclutados por estructuras criminales y se adiciona que el delito de sicariato será considerado de acción pública, y en ningún caso podrá convertirse a acción privada.

El sicariato ya existe como tal en los casos de homicidios calificados. La utilización de menores podría ser un agravante adicional, aunque el problema real existe en la calificación de inimputables que la Constitución da a los menores de edad. Una verdadera reforma podrá ser reducir la minoría de edad penal a 16, por ejemplo. Claro, el verdadero y grave problema sigue siendo procesal, así como estructura del poder judicial. Un sistema oral, como el nuestro, requiere de por lo menos 10-12 jueces por cada 100,000 habitantes. Nosotros estamos alrededor de 6.9-7.7 jueces por cada 100,000 y en algunas otras fuentes se habla de 4.4-6. En una conversación con Grok sobre el tema, concluyó que unos 14-18 jueces por cada 100,000 habitantes sería lo necesario para mantener un buen ritmo judicial. Grok indica que para alcanzar ese rango prudente (12-18), se necesitaría:

Distribución territorial equilibrada (actualmente muy concentrada en Guatemala y áreas urbanas).
Asegura que con 7.7 actuales, el sistema está sobrecargado y vulnerable. Un número prudente para un sistema de juicios orales efectivo en Guatemala sería aspirar a 14-18 por 100,000 habitantes como meta realista a 5-10 años, empezando por llegar al menos a 12 para estabilizarlo. Esto coincidiría con lo que varios reportes locales consideran necesario para reducir la congestión y mejorar el acceso real a la justicia. La priorización, en lo que coincido, implica un aumento progresivo de plazas (priorizando penales, familia y zonas rurales/indígenas). Realizar un fortalecimiento del apoyo a los juzgados: más secretarios, relatores, peritos y tecnología (audiencias virtuales, expediente digital). Se debe, además, fortalecer los filtros previos: un MP más eficiente, mediación obligatoria en civil/familia, desjudicialización de faltas menores. Y lo más importante es generar una carrera judicial meritocrática y capacitación continua en oralidad.

En este punto es grave que cada 5 años cambiamos a TODOS los jueces superiores, al mismo tiempo. Es lógico que el sistema colapse.

Iniciativa 6661: Dispone aprobar la «Ley que declara la Inembargabilidad e Imprescriptibilidad de los Derechos de los Jubilados del Estado» en la cual se reforma el artículo 306 del Código Procesal Civil y Mercantil, estableciendo que son inembargables las pensiones, jubilaciones, montepíos, rentas vitalicias e indemnizaciones de carácter previsional otorgadas por el Estado.

Suena a una genial idea. Ahora bien, lo importante es preguntarse qué le podría suceder a una persona cuyos ingresos son inembargables, sin entrar en el anillo emocional que esa situación puede contemplar. Sencillamente, una persona cuyos ingresos son inembargables resulta en una persona que no es sujeto de crédito.

La intensión, por tanto, sobra cuando el efecto es negativo para quien goza del «beneficio». De esa misma cuenta resulta problemática la disposición que genera salarios inembargables o personas cuyos ingresos se protegen de una medida de cobro. Entre más complicado sea poder cobrar una deuda, menos posibilidades de tener acceso a fuentes de financiamiento legales. Así que con disposiciones de este tipo son los agiotistas los que celebran.

Mario E. Archila

Es hoy. Ya son 50.

Era viernes. Hace 50 años que si mi primer respiro. Me salieron dientes, se cayeron los dientes. Pasé de algunos centímetros de largo a ser adulto. El cuerpo creció por inercia. El alma, la mente y el espíritu, no. Eso van creciendo por caer, por levantarse, por reflexionar, por cambiar, por probar. La vida es aquello que trasciendes y eso lo he aprendido en mis 40. Llego a 50 con la certeza que la vida es menos complicada de lo que pensé, pero requiere más valentía de la que traje al mundo. Era viernes, hoy es viernes. Inicio y final de un ciclo, para se vengan otros 50. Espero que para esos siguientes 50 ya le sepa a esto de vivir. #cumpleaños

Mario Estuardo Archila

Un problema de competencia

Muchos están emocionados con la entrada en vigencia de la ley. Celebran con bombos y platillos que los precios van a bajar gracias a esta nueva ley.

Bastante equivocada la postura, considerando que no necesariamente tenemos un mercado con prácticas anticompetitivas, sino que es más un mercado con prácticas gubernamentales que impiden la competencia misma.

Lo más escalofriante que demuestran los números, son los trámites en Guatemala.

Veamos tiempos. Según un estudio de Banco Mundial, lo tiempos de aduanas en Guatemala son casi 20 veces más largos para exportación y para la importación casi 9 veces más que en los países desarrollados.

Les dejo el análisis completo que realizara UFM Market Trends acá para que lo vean.

Las barreras al comercio como causa del contrabando: El caso de Guatemala.pdf Download

Ahora bien, ese problema no es únicamente en ese trámite, sino que tenemos el gran problema de la tramititis en el país.

Guatemala, según el Banco Mundial, tiene la mayor cantidad de trámites de Latinoamérica:

Cantidad de trámites en Latinoamérica y Caribe

De estos trámites, cada uno dura en promedio 4.5 horas. ¿Cuánto cuesta un trámite en tiempo-vida de una persona? Con 2 trámites por producto, ya tenemos más de 1 jornada completa de trabajo de 1 persona. Es así que las barreras de entrada son trámites, poco medibles económicamente.

Los aranceles, que es lo que la gente puede cuantificar fácilmente, son tan bajos en Guatemala que pareciera que somos el paraíso de la libertad de comercio. Sin embargo, los productos más necesitados, los de consumo masivo y frecuente, requieren muchos trámites para poder ser comercializados.

Es por ello, que le tengo muy poca fe a la ley de competencia. Es mucho el trabajo que hay que hacer como país para empezar a ver resultados. Todos los trámites, tiempos de aduana, tiempos de logística, etc., son factores que suman al costo y distorsionan precios. Es imposible ser competitivo si debe compensarse que la carga viaja a 12-18 kilómetros por hora en el país y no a 75-100 kilómetros por hora como ocurre en países civilizados. Que para salir de aduana nos tardamos días con la carga y no horas. Que para poner una tienda o vender un producto debemos tener licencia ambiental, sanitaria, municipal, registro de producto, autorizaciones de locales, entre otros 5000 trámites posibles. Luego, de haberse olvidado alguno o de haber cumplido todos, pero con alguna idea de algún burócrata nuevo de turno, estar sujeto a sanciones por seguridad social, seguridad ocupacional, impuestos, juzgados municipales, tránsito, autoridades de ambiente, aduanas, salud y otras.

Cada uno de esos puntos es un “costo adicional” que se vería en una gráfica como se puede ver acá el “precio adicionado por impuesto”, ya que son impuestos que se pagan en tiempo, no en efectivo:

Con eso dicho, consideramos bastante difícil que la ley modifique en algo los precios de venta. Es más, un error en prioridades que establezca dicha Superintendencia de Competencia, podrá causar aún mayores costos a los “agentes económicos” que desplace competencia fuera del mercado, en lugar de abrir la competencia. Es por ello que todo el enfoque inicial de la Superintendencia de Competencia debería ser empujar las reformas legales y reglamentarias para mejorar el ambiente de competencia en el mercado. Una reforma tipo la que Milei inició en Argentina al eliminar normas que permitían controles gubernamentales.

Mario Estuardo Archila M.

Nos quieren ver la cara de burros

Los diputados JULIO CESAR PORTILLO PAZ, PABLO LEONEL CIFUENTES OVALLE, JORGE MARIO VILLAGRAN ALVAREZ, CARLOS ENRIQUE LOPEZ MALDONADO, MARCOS EDUARDO TEBELAN PANTZAY, MANUEL DE JESUS ARCHILA CORDON, JULIO CESAR LOPEZ ESCOBAR, ALBERTO EDUARDO DE LEON BENiTEZ, JAIRO DANILO ORELLANA SANDOVAL, MARIO VELASQUEZ PEREZ, LUIS FERNANDO AGUIRRE ESTRADA, SERGIO LEONEL CELIS NAVAS, CESAR ROBERTO DAvILA CORDOVA Y KEVYN LUIS CARLO ESCOBAR CASTILLO presentaron la iniciativa 6408, Ley de Reducción de precios de la canasta básica, la que pueden leer acá.

Evidentemente estos dignos representantes del pueblo nunca pasaron por un aula de economía de la de verdad, no de esa que dice que el precio se determina por las horas-hombre necesarias para su producción sino que la de verdad.

Estos doctores en populismo, por supuesto, no han entendido qué causaría su dichosa ley, claro, es totalmente inconstitucional, pero seguro tampoco nunca han leído la dichosa Constitución.

La excusa, obviamente, es garantizar el acceso a alimentos y productos esenciales, por supuesto, pero están recetando cianuro disuelto en agua para calmar la sed.

El artículo 3 de esta propuesta, que debería adjetivarla, pero luego dicen que soy maleducado aunque diga la verdad, indica: «Articulo 3: Control de Precios: EI Ministerio de Economía establecerá un sistema de precios máximos para los productos de la canasta básica. los cuales serán revisados y ajustados trimestralmente para reflejar los costos de producción y las condiciones del mercado.»

Como dijo Jack El Destripador, «vamos por partes». La idea que los costos dictan los precios es una de las ideas económicas más absurdas, infantiles y fuera de lugar que se repite por pericos sin mucha comprensión. Si los costos dictaran los precios, nadie nunca quebraría. Error común de los populistas, pues es OBVIO, que las empresas quiebran a cada rato. Los precios se determinan por «mercado», que es un juego de oferta y demanda, mismo que no pretendo explicar acá, sin embargo es fácil concluir que cuando hay «control de precios» lo que menos existe es condiciones de mercado.

¿Qué sucede cuando se establecen precios máximos? Evidentemente, lo sabe cualquier estudiante de del primer curso economía básica (de nuevo, de la de verdad): se crea escasez.

Esta gráfica, creada por Grok para que no digan, claramente muestra el efecto. La línea azul es la demanda y la línea roja, la oferta. La línea punteada verde es el precio máximo. Ese precio máximo reduce la oferta de esos (4 unidades) y aumenta la demanda natural de dichos bienes (de 5 a 6 unidades). El equilibrio se rompe y existe la escasez, pues ahora faltan 2 unidades para el equilibrio.

Claro, los genios evidentemente ¿qué hacen en el proyecto de ley? Crear un subsidio. Es decir, fijan el precio y aumentan la demanda, bajan la ganancia posible y natural de esos productos, con lo que los productores no podrían vender de manera normal y causa escasez. Para evitar la pérdida por la baja del precio, entonces generan un subsidio. El efecto del subsidio es aumentar artificialmente la oferta a un menor precio, con lo que se aumenta la oferta, normalmente por encima de la cantidad de equilibrio a su precio natural, pues el productor quiere cobrar el subsidio. La calidad probablemente baje y esa ganancia es una ganancia no natural.

En corto, pagamos dos desajustes, los que pagamos impuestos, pues pagamos el subsidio, que usualmente genera sobreproducción. En el ejemplo gráfico anterior, quizás la producción aumente a 8 unidades, pero el consumo será únicamente 6, causando una pérdida de producción pagada con impuestos. Adicionalmente, se desviaron recursos que se usaban en otras cosas para cubrir la sobreproducción y, por tanto, otros productos escasearán al verse desviados a producir bienes subsidiados.

Luego pide la ley, como por arte de magia, que se fomente la Competencia: Artículo 6: Fomento a la Competencia:
Se promoverá la competencia en el mercado de alimentos. facilitando la entrada de
nuevos actores y eliminando practicas monopólicas que afecten los precios de la canasta
básica.

El subsidio aumenta la cantidad de personas que quieren entrar a producir un bien, lo que sí hará que aumente la competencia en el sector, pero no para producir mejor y más barato, sino para cobrar el subsidio. Eso no es competencia sino una práctica parasitaria. Viven de los impuestos, no de vender comida. La pregunta, obviamente, es cómo se hará esto, pues la Superintendencia de Competencia es autónoma y esta ley choca con los principios básicos de libre competencia. Colocar precios máximos y subsidios es totalmente contrario a un principio de libre competencia. Pero los señores diputados crean una Comisión Nacional de la Canasta Básica para garantizar esta su tontería, con las funciones de supervisar los precios en los mercados, implementar el programa de monitoreo y control de precios, proponer ajustes a las políticas de subsidios y exoneraciones fiscales, así como fomentar las participación de la «sociedad civil» en el monitoreo de los precios. Tiene sanciones que son igual de disparatadas.

De la lectura de la propuesta de ley, es evidente que los diputados la están «tirando» para la noticia, no porque pretendan que se apruebe, ya que los defectos en la misma son totalmente evidentes. Crean subsidios sin fuente de financiamiento, comisión sin establecer su estructura, penalizaciones sin tipificación ni procedimiento de aplicación y no definen, en ningún lugar qué es canasta básica. Es, por tanto, un medio de hacer conferencias de prensa y colgarse la medallita, tan mal hecho, que lo que merecen es un coscorrón.

Ah, se me olvidaba, pretenden la exoneración del IVA, que evidentemente está mal redactada y luego, tampoco conocen el efecto final de eliminar el IVA en la venta al consumidor final, pues lo que causan es un costo adicionado en el productor y distribuidor de estos productos para evitar que puedan recuperar su crédito IVA. Es decir, distorsionan la cadena de valor y encarecen el precio final base, ya que el crédito del IVA ya no es compensado.

Allí se lo dejo.

Mario E. Archila

Revelación de Accionistas en SAT

Hay algo que me tiene preocupado que está a punto de suceder: será obligatorio colocar en el RTU en SAT el nombre y porcentaje de los accionistas del contribuyente registrado.

La norma dice literalmente: “Nombres y apellidos completos, razón o denominación social de los accionistas o socios de la persona jurídica y su porcentaje de participación en el capital de esta, cuando corresponda, a través de los medios que para el efecto ponga a su disposición la Administración Tributaria”.

Esta norma me parece muy peligrosa para ser colocada en un registro público. El régimen corporativo en Guatemala mantiene una muy buena protección sobre la información de los accionistas, dado que el Registro de Accionistas es un registro privado en poder de la administración de la sociedad.

Nuestra Constitución por su lado indica:

ARTICULO 24. Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros.

La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Sólo podrán revisarse o incautarse, en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna.

Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones, podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales, cuya publicación ordene la ley.

Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio.

En esta norma constitucional vemos con mucha claridad que los documentos y libros son inviolables. Dentro de esos libros y documentos encontramos los registros de accionistas de las sociedades. El RTU o registro tributario unificado es un registro en SAT destinado a mantener la información del contribuyente a quien se le asigna un NIT. Los accionistas son terceros respecto a dicho contribuyente y sus relaciones tributarias no tienen por qué ser relacionadas o bien registradas en el RTU de la sociedad de la que son accionistas.

El segundo párrafo del artículo constitucional es el que incorpora los alcances de la información que la Administración Tributaria podrá requerir y auditar. Se relaciona, toda, con el pago de impuestos. Es más, se estipula que es punible la revelar cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas. De tal manera que no veo del todo constitucional el requisito.

En el Código Tributario, por ejemplo, existen normas para solicitar la presentación de información a un contribuyente, sobre sus relaciones tributarias con otros contribuyentes. Ser accionista no es una actividad que genere obligaciones tributarias por sí sola. El pago de los dividendos podría ocasionar un pago del que la sociedad como contribuyente que lo paga, deba responder e informar sobre las retenciones realizadas, sin embargo, las retenciones podrían hacerse a terceros, ya que los accionistas pueden, bajo distintas figuras legales, ceder los derechos económicos de sus acciones.

Adicionalmente, el hecho que el RTU es un registro al que se puede acceder por el público en general, si dicha información está disponible al público, será un elemento de riesgo personal, por muchas circunstancias, siendo la posibilidad de un secuestro o extorsión una de las principales, por lo que no es recomendable aparecer de manera personal como tal.

En este aspecto, es claro que la utilización de los mecanismos que la ley nos autoriza para guardar en ese nivel el anonimato frente al público será importante. Somos un país que mantiene grandes niveles de inseguridad frente a extorsiones, por lo que veo un grave incumplimiento de parte del Congreso en aprobar leyes que ponen en peligro la integridad de los que puedan ser accionistas de sociedades guatemaltecas.

Podemos concertar una cita para explorar los riesgos y posibles soluciones.

Mario E. Archila

Lavado de dinero legalizado

En el recién aprobado decreto 31-2024, LEY PARA LA INTEGRACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO Y AGROPECUARIO, se incluyó un artículo del que escuché en una entrevista de radio que SAT no dictaminó. Parece ser, entonces, le metieron el gol después de haberle compartido el proyecto.

En la mesa de diálogo interinstitucional, hace unos días, la Superintendencia indicaba que esa norma aplicaba únicamente a los regímenes de la ley. Sin embargo, creo que la intención del Congreso era otra.

Vea lo que nos incluyeron:

ARTICULO 21. Presentación extemporánea o rectificación de declaraciones.

Por el plazo improrrogable de ciento ochenta (180) días, a partir de la entrada en vigencia del reglamento de la presente Ley, el contribuyente o responsable que hubiere omitido su declaración o quisiere rectificarla, podrá realizar la presentación extemporánea o rectificación de sus declaraciones, y el pago que corresponda. Las personas que hayan omitido declarar ingresos, bancarizados o no, obtenidos antes de la vigencia de la presente Ley respecto de los cuales no dispongan de documentación para justificar el origen de estos, ni les permita realizar la correcta determinación de la obligación tributaria, deberán presentar una declaración jurada patrimonial con información referida a la fecha de su presentación. Con base a lo dispuesto en el presente artículo, pagarán en concepto de impuesto una tarifa del cinco por ciento (5%) sobre los ingresos no declarados o los inventarios que quiera registrar para el inicio de su contabilidad, lo cual extinguirá a favor de quien lo realiza las obligaciones tributarias respecto de las cuales se llevó a cabo el pago, teniéndose por cumplidas en el modo, tiempo y forma que establece la ley; así como justificará el origen de los recursos bancarizados o no, que guarden relación con los ingresos no declarados o los inventarios que quiera registrar para su incorporación a lo preceptuado en este Decreto.

La Administración Tributaria podrá otorgar a los contribuyentes facilidades en el pago del impuesto, de conformidad con lo establecido en el Decreto Número 6-91 del Congreso de la República, Código Tributario, hasta por un máximo de dieciocho (18) meses. El presente artículo aplica únicamente para los contribuyentes inscritos en cualquiera de los regímenes o modalidad especial de tributación establecidos en la presente Ley.

La primera impresión pareciera ser que este artículo es parte del régimen nuevo que se crea para los contribuyentes productores primarios y agropecuarios. Sin embargo, el artículo 21 no es parte de dicho régimen, sino de las modificaciones que este decreto incorpora a otras leyes y las normas transitorias. El régimen termina en el artículo 11. El artículo 20 es el que contiene la norma de transición para incorporarse a este nuevo régimen, por lo que el artículo 21 es una norma independiente, que no tiene relación con el régimen.

Si analizamos por partes, esto podemos concluir:

Aplica a “el contribuyente o responsable que hubiere omitido su declaración o quisiere rectificarla, podrá realizar la presentación extemporánea o rectificación de sus declaraciones, y el pago que corresponda”. Es decir, cualquiera que tenga una situación de falta de presentación o necesidad de rectificar, por lo que no aplica al nuevo régimen, dado que en ese régimen nadie ha dejado de presentar declaraciones ni puede rectificar, dado que nunca ha estado vigente.
El siguiente supuesto indica: “Las personas que hayan omitido declarar ingresos, bancarizados o no, obtenidos antes de la vigencia de la presente Ley respecto de los cuales no dispongan de documentación para justificar el origen de estos, ni les permita realizar la correcta determinación de la obligación tributaria, deberán presentar una declaración jurada patrimonial con información referida a la fecha de su presentación”. Esta es la norma que permite la legalización de ingresos sin respaldo, es decir, no excluye lavado de dinero.
1. Omitido declarar ingresos. Es decir, habla del ISR. El régimen nuevo no habla del ISR, sino que se incorpora al régimen del IVA.
2. Bancarizados o no. Es decir que ingresos en efectivo en cualquier cantidad y modo.
3. Dichos ingresos debieron ocurrir antes de la vigencia de la ley y acá debió aclararse si eran o no provenientes de las actividades ahora reguladas. No lo dice, por lo que aplica a todos.
4. Tampoco se requiere tener documentación para justificar el origen, que es cabalmente el supuesto del lavado de dinero.
5. Con una simple declaración jurada patrimonial y el pago de 5% sobre dichos ingresos, su situación queda totalmente legalizada.

Es increíble que se legisle de manera tan irresponsable, si fuere el caso que no lo sabían los diputados, o bien de manera tan siniestra que lo hicieron a propósito. SAT, como lo hizo en su presentación, busca cerrar la puerta a esta interpretación literal que hago, sin embargo, le dejaron cuesta arriba el camino.

¿Usted qué opina?

Mario E. Archila M.

Nueva regulación para inscripción y actualización en SAT

El 9 de abril de 2025 entrará en vigencia el nuevo artículo 120 del Código Tributario. El mismo contiene muchas obligaciones nuevas. Varias pueden ser controvertidas, principalmente en nuestra realidad, por lo que es importante conocerlas.

Vamos a comentarlas en más de un artículo, por lo que suscríbase para los que siguen.

Hoy, presentamos un resumen de las obligaciones que contiene el artículo. Originalmente este artículo regulaba la obligación de inscripción y obtención del NIT.

Vale recordar que están obligados a inscribirse en el Registro Tributario Unificado de la Administración Tributaria, las personas individuales, jurídicas, públicas y privadas, lucrativas o no lucrativas, y sus responsables, antes de iniciar actividades. Aunque esto choca con algunas normas concretas que obligan a inscribirse una vez se empieza a actualizar hecho generadores, la obligación de inscripción es previo a iniciar actividades.

Dentro de las cosas importantes que se regulan ahora, tenemos:

1. Verificación por Entidades del Estado

Verificación previa: Las entidades del Estado deben verificar que los solicitantes de permisos o licencias de operación estén inscritos como contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado antes de otorgar dichos permisos.

3. Actualización y Ratificación de Datos

Actualización anual: Los contribuyentes deben actualizar o ratificar sus datos de inscripción al menos una vez al año, dentro del mes de su nacimiento o constitución como persona jurídica.
Modificación de datos: Cualquier modificación de los datos de inscripción debe comunicarse a la Administración Tributaria dentro de los 30 días de ocurrida.
Los datos que deben constar en este registro son:
- Nombres y apellidos completos de la persona individual;
- Denominación o razón social de la persona jurídica, según el caso;
- Denominación de los contribuyentes citados en el artículo 22 de este Código.
  - Vale indicar que el artículo 22 no habla de contribuyentes sino de situaciones especiales como las copropiedades, contratos en participación, fideicomisos, etc.
- Nombre comercial, si lo tuviere;
- Nombres y apellidos completos del representante legal de la persona jurídica o de los contribuyentes citados en el artículo 22 de este Código y de las personas que, de acuerdo con el documento de constitución o sus reformas, tengan la calidad de administradores, gerentes o mandatarios de dichas personas, y copia del documento que acredita la representación, debidamente inscrito ante los registros correspondientes, cuando proceda.
- Nombres y apellidos completos, razón o denominación social de los accionistas o socios de la persona jurídica y su porcentaje de participación en el capital de esta, cuando corresponda, a través de los medios que para el efecto ponga a su disposición la Administración Tributaria;
- Domicilio fiscal;
- Actividad económica principal y secundarias;
- Fecha de iniciación de actividades;
- Inscripción en cada uno de los impuestos a los que se encuentre afecto;
- Si se trata de persona jurídica extranjera, deberá precisarse si actúa como agencia, sucursal o cualquier otra forma de actuación;
- Número de Identificación Tributaria del contador, cuando estén obligados a llevar contabilidad completa.

4. Obligación de uso del NIT

Se incorpora la obligación de utilizar el NIT en todas las relaciones civiles, mercantiles, laborales-patronales, transacciones financieras, notariales, gestiones administrativas y judiciales, y deberá consignarse en toda actuación que se realice ante la Administración Tributaria, en las facturas o cualquier otro documento que se emita de conformidad con las leyes tributarias.

Sigue sin estar claro si la obligación es para compra también, dado que al comprar no se actúa siempre como contribuyente, pues el consumidor final en el IVA no es contribuyente. Ese tema sigue pendiente de aclaración, aunque sabemos que el criterio exteriorizado por SAT es que siempre deben pedirse las facturas, al comprar, con NIT.

5. Cese de Actividades

Cese temporal o definitivo: Los contribuyentes deben avisar del cese temporal o definitivo de sus actividades dentro de los 30 días posteriores al vencimiento de la última declaración correspondiente.
Suspensión de inscripción: La Administración Tributaria puede suspender la inscripción de oficio si la información registral es inconsistente o falsa y cuando de forma consecutiva los contribuyentes presenten doce (12) o más declaraciones con valor cero (Q 0.00) en las casillas correspondientes a ingresos y gastos, sin que pueda determinarse omisión de ingresos correspondientes a las facturas electrónicas emitidas.

5. Obligaciones Adicionales

Dirección de correo electrónico y georreferenciación: Los contribuyentes deben proporcionar una dirección de correo electrónico y la georreferenciación de sus centros de operaciones.
Número de Identificación Tributaria (NIT): El NIT debe ser utilizado en todas las relaciones civiles, mercantiles, laborales, transacciones financieras, notariales, gestiones administrativas y judiciales.

6. Coordinación con Entes de Registro

Provisión de información: Los entes encargados del registro de personas individuales y jurídicas deben proporcionar a la Administración Tributaria toda la información necesaria de forma electrónica y en tiempo real.
Procedimientos administrativos: La Administración Tributaria debe establecer procedimientos para la asignación del NIT y la inscripción simultánea en los registros correspondientes.

De lo anterior, en la siguiente actualización de datos es posible que se requiera la presentación de esta información y se inicie la solicitud de la información que no era obligatoria hasta hoy día.

Mario E. Archila

Impactos y retos de las leyes de competencia

El análisis económico de la legislación de competencia se centra en la eficiencia, que incluye tres componentes básicos: eficiencia en la producción, asignación e innovación. La eficiencia en la producción se logra utilizando la combinación más efectiva de recursos disponibles, mientras que la eficiencia en la innovación se refiere a la creación y difusión de nuevos productos que aumentan la riqueza social. La eficiencia en la asignación se obtiene cuando los bienes se distribuyen a quienes los valoran más, logrando una eficiencia paretiana.

Aunque se suele pensar que el proceso competitivo es el resultado de la rivalidad entre empresas por la aceptación de sus productos por parte de los consumidores, en realidad las empresas no compiten directamente entre sí como una rivalidad de X contra Y. Cada empresa, al actuar en el mercado, desarrolla estrategias, acciones e innovaciones para satisfacer necesidades al menor costo posible para el cliente y obtener la mayor utilidad posible para sí misma. Las compañías más eficientes podrán prescindir de la idea de que compiten contra alguna otra en particular, dado que todos compiten por los mismos recursos escasos de los clientes, no entre sí.

Por lo anterior, los resultados eficientes benefician al consumidor mediante precios más bajos y un mayor excedente del consumidor. La perspectiva habitual de estas leyes y las autoridades de competencia indica que las prácticas restrictivas de la competencia, como la colusión y las estrategias de precios predatorios, pueden limitar la competencia y perjudicar a los consumidores, aunque muchas veces el consumidor es el que se beneficia más de las prácticas o, en el caso de innovaciones, las prefiere, aunque a ojos de personas con otras preferencias pareciera que es una preferencia irracional.

Componentes del Análisis de Eficiencia

Los tres componentes básicos de un análisis económico de eficiencia son:

Eficiencia en la producción,
Eficiencia en la asignación y
Eficiencia en la innovación.

Cada uno de estos componentes juega un papel crucial en la promoción de mercados competitivos y en la mejora del bienestar del consumidor. Debido a la complejidad de las interacciones del mercado, el análisis externo a menudo se realiza desde una perspectiva estática. Esto puede impedir ver que prácticas consideradas “excluyentes” o “predatorias” podrían beneficiar al consumidor y a la dinámica de competencia a mediano y largo plazo.

Eficiencia en la Producción

La eficiencia en la producción se alcanza cuando los bienes se producen utilizando la combinación más efectiva de recursos disponibles bajo la tecnología existente. Esto significa lograr el mayor nivel de producción con los menores costos posibles. Estas prácticas optimizan el uso de recursos, aumentan la productividad y reducen los costos operativos.

Eficiencia en la Asignación

La eficiencia en la asignación se obtiene cuando el stock existente de bienes e insumos se distribuye a aquellos compradores que los valoran más, generalmente a través del sistema de precios. Este concepto está estrechamente relacionado con la eficiencia paretiana, una situación en la que no se pueden reasignar los bienes o recursos para mejorar las condiciones de algún agente sin perjudicar a otro. Un caso ilustrativo de eficiencia en la asignación es el uso de inteligencia artificial en la asignación de recursos en procesos de fabricación manual, como se observa en el caso Pikokaizen (Leerlo acá). Esta tecnología permite reducir el tiempo de entrega y mejorar la flexibilidad y proximidad en la atención a los mercados.

Eficiencia en la Innovación

La eficiencia en la innovación, también conocida como eficiencia dinámica, se refiere a la capacidad de una economía para generar y difundir nuevos productos que incrementen la riqueza social. Este tipo de eficiencia es fundamental para el crecimiento económico a largo plazo, ya que fomenta la creación de tecnologías y procesos innovadores.

Los ejemplos más importantes, históricos, de innovación que podríamos tener en mente son los grandes avances en productos y formas de hacer negocios de John D. Rockefeller. Si bien, por esos mismos avances se le acusó de prácticas anticompetitivas, la evidencia indica que su “gran poder” derivaba de bajas constantes en los precios al público e innovaciones científicas que le permitían ser rentable por encima de sus demás “competidores”. Para mayor comprensión del caso Esso Standard, puede leer este artículo.

El Proceso Competitivo

Las firmas compiten por la aceptación de sus bienes o servicios por parte de los consumidores, ya que mientras mayor sea el número de unidades que coloquen en el mercado, mayor será su proporción de ingresos. Los resultados eficientes desde el punto de vista de la firma están vinculados con el bienestar del consumidor, ya que precios más bajos aumentan el excedente del consumidor, es decir, la diferencia entre el precio que un consumidor está dispuesto a pagar y el precio que efectivamente paga.

Paradigma Estructura-Conducta-Desempeño (ECD)

El paradigma Estructura-Conducta-Desempeño (ECD) sostiene que la estructura del mercado (concentración del mercado, condiciones de entrada y grado de diferenciación del producto) determina la conducta de las empresas (precio, investigación, inversiones, publicidad, etc.), y esta conducta a su vez determina el desempeño de las empresas. Este desempeño se refleja en variables como la relación entre el precio y el costo marginal, la gama de productos, la tasa de innovación, los beneficios y la capacidad de distribución.

Prácticas Restrictivas de la Competencia

Las prácticas restrictivas de la competencia pueden dividirse en tres grupos básicos: prácticas colusorias, prácticas exclusionarias y conductas de explotación.

A) La colusión, por ejemplo, consiste en un acuerdo entre competidores para limitar la competencia entre ellos, lo que los convierte en un monopolio. Las tres conductas clásicas que caracterizan a un cártel son: la fijación de precios monopólicos, restricción de la producción y asignación de territorios o grupos de consumidores.

B) Las prácticas exclusionarias son aquellas conductas que dificultan la permanencia de competidores en el mercado o impiden la entrada de nuevos competidores. Entre ellas se incluyen: precios predatorios, exclusión de acceso a instalaciones esenciales, descuentos de fidelidad, ataduras y ventas vinculadas (obligar a los clientes a comprar un producto adicional o complementario junto con el producto principal, dificultando la entrada de competidores en el mercado del producto complementario), y negativa a suministrar.

C) Una conducta de explotación en materia de competencia se refiere a prácticas abusivas llevadas a cabo por una empresa que tiene una posición dominante en el mercado. Estas prácticas están diseñadas para explotar a los consumidores o a otros participantes del mercado, aprovechando su poder de mercado para obtener beneficios excesivos o imponer condiciones injustas. Entre ellas se incluyen: precios excesivos, condiciones comerciales injustas (por ejemplo, una empresa dominante podría exigir contratos de exclusividad que impidan a los proveedores trabajar con competidores), discriminación de precios y limitación de la producción.

Si bien estos conceptos buscan precisar un marco de aplicación de las sanciones en materia de competencia, el grado de subjetividad para analizar los datos y formarse conclusiones puede estar sesgado por el tipo de ideología que tenga el analista, así como el conocimiento de economía y derecho que pueda tener quien aplica la ley.

Actualmente, ante la falta de reglamentos para la Ley de Competencia, debemos comenzar a analizar nuestras conductas, comunicaciones, publicidad y contratos para identificar focos de riesgo que deberán ser corregidos en los próximos 23 meses. Esto nos permitirá alinearnos con la legislación y los futuros reglamentos antes del 9 de diciembre de 2026, cuando entre en vigor la sección de protección de la competencia de la ley.

Mario E. Archila

La Verdad sobre la Ley de Competencia y Empresas

Muchas personas creen que la ley de competencia está para atacar a las grandes corporaciones, por lo que su negocio no será afectado por la Superintendencia de Competencia. Eso es simplemente falso.

La única instancia que tiene umbrales por tamaño es el caso de concentraciones. En lo demás se usa el criterio de posición de dominio dentro del mercado relevante. Allí el truco.

Por ejemplo, el caso de Telefónica en España. En 2013, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigó a Telefónica por prácticas anticompetitivas en el mercado de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales. Aunque Telefónica no tenía un dominio absoluto en el mercado nacional de telecomunicaciones, sí tenía una posición dominante en ciertas áreas rurales donde era el único proveedor de servicios de banda ancha.

La CNMC concluyó que Telefónica había abusado de su posición dominante en estas áreas al imponer precios excesivos y condiciones contractuales desfavorables a los consumidores.

Es así que la posición de dominio puede existir por alguna de estas razones:

Tamaño de participación en la economía y dentro del sector en general.
Participación dentro de un territorio específico.
Por un producto o servicio específico.

De allí que una compañía puede pensar que no tendrá problemas porque su participación de mercado es un 5, 10 o 15%. Sin embargo, podría ocurrir que en un departamento o municipio del país es el único oferente o bien, que uno de sus productos considerado individualmente sí tiene una participación de 80-90%.

Al no existir en la ley parámetros de tamaño de las corporaciones, cualquier agente económico está sujeto a la ley y a sus sanciones.

Mario Estuardo Archila

Menos de 2 años para corregir estas prácticas: Ley de Competencia parte 1

En la nueva ley de Competencia se tienen varias secciones que entrarán en vigor el 9 de diciembre de 2026. Esto quiere decir que la cuenta regresiva para corregir lo que podrían ser prácticas «anticompetitivas» según esta ley ha iniciado.

Las primeras son las «absolutas». El artículo 5 las define como cualquier acuerdo, contrato, convenio, decisión o práctica concertada entre dos o más agentes económicos competidores.

Esto implica, por lo tanto, que estamos frente a los famosos acuerdos horizontales. En principio deberán ser acuerdos entre competidores que causan, según la ley, distorsiones. Revisemos cada uno de los supuestos:

Acordar, concertar, fijar o manipular precios, cargos, descuentos, honorarios, regalías, tarifas o tasas, en forma directa o indirecta, en la venta o compra de bienes o servicios;
Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes o servicios, ya sea por territorio, por volumen de ventas o compras, por tipo de productos o servicios, por tiempos o espacios determinados o determinables, por clientes o vendedores, por reparto de las fuentes de insumos o por cualquier otro medio;
Fijar, limitar o restringir la producción, la demanda, la distribución o la comercialización de bienes o servicios, ya sea por cantidad, volumen o frecuencia; o,
Concertar o coordinar ofertas en los procesos de contrataciones públicas nacionales o internacionales, tales como licitaciones, cotizaciones, concursos o subastas. Se exceptúan de esta prohibición las ofertas presentadas conjuntamente por dos o más agentes económicos, que claramente sean identificadas como oferta conjunta o consorcio en el documento presentado por los oferentes.

En cualquier caso, siempre debe demostrarse plenamente el acuerdo y, además, los agentes pueden presentar defensas por eficiencia.

Ahora bien, probar plenamente el acuerdo, empecemos por allí, es el requisito sine qua non para poder sancionar. Sin la existencia del acuerdo, no es posible la sanción, entenderíamos. Algunos países permiten presumir los acuerdos por la identificación de «actos externos» que demuestran dichos acuerdos. En esos casos, sin embargo, se ha llegado hasta acuñar el término de «Price Signaling» para indicar que no hay acuerdo sino comportamientos reactivos a la competencia en situaciones muy particulares, tal como sucedió en Chile con el caso de las farmacias donde el «price signaling» resultó en la exoneración de las empresas acusadas de colusión. En este caso, varias cadenas de farmacias fueron acusadas de colusión para fijar precios de medicamentos. Sin embargo, el tribunal determinó que no había suficiente evidencia para probar que hubo un acuerdo explícito entre las empresas. El tribunal concluyó que las acciones de las farmacias podían interpretarse como «price signaling» en lugar de colusión directa. Esto significa que las empresas estaban ajustando sus precios en respuesta a las señales del mercado y la competencia, en lugar de haber llegado a un acuerdo explícito para fijar precios.

Este caso destaca cómo el «price signaling» puede ser una defensa válida en ciertos contextos, especialmente cuando no hay pruebas claras de un acuerdo explícito entre las partes.

Revisiones a realizar

De lo anterior corresponde, por tanto, recomendar que se revisen las prácticas indicadas para establecer si existe en la organización cualquier tipo de acuerdo que pueda ser interpretado como una de las conductas prohibidas. Luego de identificar los posibles acuerdos que tengan estos vicios, antes de actuar sobre ellos, rescindirlos o modificarlos, deberá realizarse un análisis de eficiencias para determinar si puede o no ser sostenido como válido por eficiencia. Luego, de no pasar este examen de eficiencia, deberá iniciarse el proceso para eliminarlos.

Uno a uno, podemos analizar posibles defensas por eficiencia. Veamos:

Acordar, concertar, fijar o manipular precios, cargos, descuentos, honorarios, regalías, tarifas o tasas, en forma directa o indirecta, en la venta o compra de bienes o servicios

Los acuerdos entre competidores para comprar o vender a cierto precio máximo o mínimo podrá ser considerado ilegal. No obstante, podrían ser acuerdos de precios que contribuyen a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los consumidores una participación en el beneficio resultante. Por ejemplo, el acuerdo de comprar materia prima al mismo precio o de manera conjunta. Según la ley, es requisito en las prácticas prohibidas absolutas que no se impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos ni que la práctica en cuestión elimine la competencia en una parte significativa del mercado. Es por ello que asegurar el abastecimiento de materia prima pactando comprarla a un precio mínimo o máximo o en conjunto, podría tener los beneficios necesarios para garantizar beneficios al consumidor y no restringir competencia.

Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes o servicios, ya sea por territorio, por volumen de ventas o compras, por tipo de productos o servicios, por tiempos o espacios determinados o determinables, por clientes o vendedores, por reparto de las fuentes de insumos o por cualquier otro medio

La limitaciones de territorio o líneas de productos son muy comunes, por lo que es posible que existan acuerdos entre competidores para «repartir» su territorio. Esos pactos de «no competencia» en territorios o segmentos son muy complicados y pocas veces se logra exoneración en ellos. Se tiene, sin embargo, algunos cuantos casos positivos. En el caso Concord Boat Corp. v. Brunswick Corp., el tribunal de apelaciones exoneró a Brunswick basándose en varios puntos clave:

Deficiencias en la evidencia: El tribunal encontró que las pruebas presentadas por los demandantes eran insuficientes para demostrar que las prácticas de Brunswick tenían un efecto anticompetitivo significativo. En particular, se cuestionó la validez de los análisis económicos presentados.
Eficiencias procompetitivas: Brunswick argumentó que sus prácticas comerciales, incluyendo los descuentos y contratos a largo plazo, generaban eficiencias que beneficiaban a los consumidores. El tribunal aceptó que estas prácticas podían mejorar la distribución y disponibilidad de los productos, lo cual es un beneficio procompetitivo.
Falta de evidencia de daño: El tribunal también señaló que los demandantes no lograron demostrar un daño claro y directo a la competencia o a los consumidores como resultado de las prácticas de Brunswick.

En resumen, el tribunal concluyó que las prácticas de Brunswick no constituían una violación de las leyes antimonopolio debido a la falta de pruebas convincentes y a la existencia de posibles beneficios procompetitivos.

En conclusión, en el caso de tener este tipo de acuerdos, si bien acá no son horizontales, es necesario poder demostrar los beneficios pro competencia.

Fijar, limitar o restringir la producción, la demanda, la distribución o la comercialización de bienes o servicios, ya sea por cantidad, volumen o frecuencia

La restricción de demanda o de oferta será siempre un hecho cuestionable. El pacto con los competidores para restringir oferta o demanda será aún mucho más cuestionable. Ahora bien, podría darse el caso que ante una acción «desleal» de un proveedor de insumos para la fabricación de los bienes que los competidores producen sea necesario pactar entre competidores dejar de comprar a dicho proveedor. Esa acción, personalmente, considero podrá ser defendible, ya que si un proveedor de un «insumo esencial» se pone complicado en la negociación o pretende restringir su venta o subir sus precios por encima de lo que están dispuestos a pagar, podrá existir un caso de colusión para «dar una lección» al proveedor.

Concertar o coordinar ofertas en los procesos de contrataciones públicas nacionales o internacionales, tales como licitaciones, cotizaciones, concursos o subastas. Se exceptúan de esta prohibición las ofertas presentadas conjuntamente por dos o más agentes económicos, que claramente sean identificadas como oferta conjunta o consorcio en el documento presentado por los oferentes

Esto es, básicamente, un pacto para manipular un sistema de contratación público. Cuestionable que las compras gubernamentales estén dentro de un sistema de «mercado», pero sí es claro que coludir para manipularlo está del lado de los actos fraudulentos.

Revisiones, ¿dónde?

En este momento, pues hay menos de 24 meses para revisar esos contratos que pudieran existir con este tipo de pactos. Es importante considerar que es altamente probable que la futura Superintendencia de Competencia inicie su cacería de pactos colusivos en las asociaciones empresariales y gremiales. Los clubes de personas de negocios también son un foro en el que se sospecha los directores y gerentes llegan a esos «pactos». De tal manera que vale la pena revisar lo que se ha acordado dentro de esas organizaciones.

Acciones a realizar

Una vez ubicados los riesgos en acuerdos, vale la pena la revisión de los mismos y su evaluación externa para determinar si es sostenible o debe modificarse. En el caso de las organizaciones, dado que seguirán existiendo y se estará participando en el futuro, se recomienda que se inicie un programa de capacitación de ejecutivos y empleados para que sepan qué hacer en dichas organizaciones, qué no deben hacer y cómo actuar en el caso de verse en momentos que llevan a esos temas.

En Consortium Legal Guatemala tenemos un equipo multidisciplinario dispuesto a ayudarle con la evaluación de los contratos, acuerdos, sus contenidos, así como capacitar a toda la organización en esta nueva ley y sus posibles consecuencias. Llámeme.

Mario E. Archila M.