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Ahorremos energía

No me deja de sorprender lo que nuestros politiqueros creen que puede ser “bueno”.
Lea el Siglo XXI del 14 de agosto y verá que ya en primera lectura se aprobó una leyezucha que propuso Boussinot -diputado de la UNE-.
Fuera de las acusaciones de Mario Taracena que la ley obedece a que Boussinot está relacionado con la entidad que importa los foquitos a que se refiere la dichosa ley.
La mentada ley se refiere a que para ayudar a parar el calentamiento global únicamente se podrá vender de un tipo específico de bombillos.
La historia ésa -acá me caerá, pero es cierto- de que el ser humano causa el calentamiento global ya es científicamente debatible y controversial, sin llegar siquiera a ser teoría aceptada. Fuera de eso, jurídicamente se le está violando un fundamental derecho a usted.

¿De qué cuenta ya no podrá comprar el tipo de bombillo que le plazca?

Imagino que este diputado nunca leyó, y si lo hizo, no entendió lo que ya hace como 200 años Bastiat escribió: bastiat.org/es/peticion.html
En esa historia los fabricantes de candelas piden privilegios legales. Igual que esta ley.
Imagino que por lo menos algún asesor ya le dijo a los diputados que la ley viola el GATT.
Usted, si la ley se concreta, deberá pagarle a alguien que tiene la concesión por traer estos foquitos, con la protección actual de que no se puede traer otro producto y futura, que cuando la tecnología mejore, tampoco podrá usted comprar esa mejor tecnología.
No se puede por ley restringir de esta manera el comercio y principalmente su decisión de comprar el producto que más le guste y convenga.
Hace 15 años solo había unos pocos modelos de celulares. Si hubieran obligado por ley a tener solo un tipo de tecnología en el mercado, hoy usted no tendría la opción de comprar una Blackberry o un iPhone, pues esa tecnología no existía.
¿Hay alguien capaz de saber con certeza que la tecnología que el Congreso busca imponer es la última Coca-Cola del desierto?
Creo que ya encontramos donde está el Cristo resucitado.

Mario E. Archila

Lo que hay de nuevo 2

Hoy leía el Siglo XXI mientras pacientemente esperaba por la nueva batería de mi carro, cuando sorprende la noticia de la cifra de muertes violentas diarias en el país: 15.
Es alarmante que salgan estas cifras. Triste, sin embargo, que la noticia se enfoca en quién es el Ministro de Gobernación. El asunto de la seguridad no es por allí que va. La justicia pronta y cumplida requiere una red de tribunales civiles, menores, conocidos como tribunales de Paz, que resuelvan cobros “insignificantes” de una deuda de un par de gallinas o la garantía de un electrodoméstico de Q200.
El Ministro de Gobernación tiene a su cargo la persecución policial, pero la seguridad del Estado involucra a muchos más actores y con mayor importancia que quien comanda a la policía.
El artículo 2 de la Constitución de Guatemala establece que uno de los fines de Estado es la seguridad de la persona. Este fin es del Estado.
Una función básica y aneja al Estado, como lo es la tinta a las páginas de un libro.
¿Dónde radica el problema?
La estructura de nuestro sistema jurídico. Nuestra Constitución que no sirve para lo que debería.
Vea usted: el constitucionalismo surge como el mecanismo para limitar el ejercicio del poder por quien lo ostenta. Ya lo decía Lord Acton.
Lea nuestra constitución y verá que no limita nada, al contrario, establece un montón de nobles deseos y parece que con ello da carta blanca a los gobernantes para que hagan lo que les da la gana. ¿Le parece bueno?
Tenemos una enorme repartición de recursos por intereses, no por prioridades. Así el deporte recibe 3% del presupuesto, la USAC el 5%, pero el Organismo Judicial únicamente el 2%.
¿De qué nos sirve una asignación al deporte tan alta, si matan a 15 chapines al día? ¿O destinar 5% del presupuesto a una Universidad cuando sólo 1% de la población llega a ese nivel y repartida en varias otras, pero el 100% de la población requiere seguridad?
La seguridad deviene de la certeza de una consecuencia. Esa certeza da paz. El deber esencial del Estado es el ejercicio del poder público y la coacción. Sin eso, el Estado deja de ser Estado.
De allí, como Locke lo propuso, el Organismo Judicial debe ser el máximo y más importante Organismo del Estado. No son los tribunales penales ni el Ministerio Público y mucho menos el Ministro de Gobernación los principales actores en materia de seguridad.
Allí la importancia de esa justicia menor pronta y cumplida. Si resolvemos el 90% de esos conflictos en los tres días hábiles a que surgen, tendremos paz generalizada. Eso dará seguridad.
Una constitución que asigne esas prioridades y obligue a los funcionarios a respetar las esferas de actuación de los ciudadanos, es el primer paso para la seguridad general. Hay que quitarse de la cabeza la idea de que la Constitución es la carta a Santa Close. No tendremos Navidad así.

Mario E. Archila

Estado de Derecho desde una camioneta 2

Las calles de la ciudad son las rutas legítimas para que usted llegue a su destino.
Evitar choques absurdos, que sucederían si cada uno decide circular del lado que mejor le parezca. Imagínese lo que sería que sale de su casa y se conduce en algún tipo de vehículo, pero debe usted decidir si va por la derecha o la izquierda. Imagínese si no hubiera calles.
Bien el trazado representa el entramado constitucional. Le dice cuáles son las calles -el ámbito que usted puede utilizar para circular- reserva el interior de su casa -su intimidad- y establece hacia dónde puede ir -el sistema de gobierno y modelo económico.
No hay pierde. Debe existir dicho entramado, dicho trazado, para poder llegar a un destino.
Las discusiones políticas se dan en cuanto al ancho de la calle y el destino de las mismas, en algunos casos también, se discute quién hace la calle -autoregulación o ley estatal- o quien debe sancionar las infracciones -arbitraje o juzgados estatales.
Innegablemente una red de caminos, calles y carreteras es necesario para todos los individuos para que puedan sobrevivir. Nadie discute eso, salvo los anarquistas, pero ya imaginamos salir de casa sin que existan dichas calles.
Escoja el destino y el vehículo que mejor le parezca. Lo usaremos en breve para definir estado de derecho y sus virtudes y violaciones.

Lo espero.

Mario E. Archila

Estado de Derecho y las camionetas 1

En cuanto a “camionetas” ya hay controversia: rojos o transurbano. En cuanto al “Estado de Derecho”, los chapines ni la sombra le vemos. Esto es, sin embargo, algo que ha ocurrido desde que este terruño se convirtió en Nación.

Para que usted comprenda el hermoso concepto de “Estado de Derecho”, le invito a salga a la ventana de su casa u oficina y observe el tránsito vehicular. Durante algunas semanas trabajaremos el concepto para que no le quepa duda, cuando escuche hablar a los políticos, cuando sí y cuando no le están vendiendo el verdadero concepto de Estado de Derecho.

En las calles de la ciudad circulan un sin fin de vehículos, peatones, para arriba, abajo, norte, sur, este y oeste. Nadie puede decir con precisión hacia dónde camina aquel con quien se “topa” en un semáforo. De la misma manera, nadie puede saber con precisión hacia dónde va cada uno de los ciudadanos o habitantes de un Estado.

¿Cómo logramos llegar a nuestro destino y cómo definimos nuestro destino? Eso es lo que significa vivir o no en un Estado de Derecho.

El marco general normativo: leyes, costumbres, moral, guían o restringen la actividad en mayor o menor grado. Calificar esas normas de “buenas” o “malas”, es lo que dará o no un acercamiento a ese Estado de Derecho.

A partir de hoy, súbase conmigo a una camioneta y descubramos si estamos cerca o lejos de tan preciado estado.

Caminemos por la ciudad, crucemos la calle, subamos a un bus, alquilemos un taxi. ¿Me acompaña?

Mario E. Archila M.

Hasta cuánto debemos pagar

La cultura tributaria como la promueve la Administración Tributaria de Guatemala parece que es de una vía: pague, pague, pague y no discuta. Si discute, usted no tiene “cultura tributaria”.

Eso es como que el rey Juan Sin Tierra se pare frente a Buckingham y proclame un edicto del Rey estableciendo el pago obligatorio… Ya sabemos en lo que eso paró. (Vea: Pagamos si hay consentimiento: “De allí el grito de guerra de la Revolución Americana: No taxation without representation. Un grito de guerra que no surgió en la Revolución Americana, sino que muchos años antes, allá por el año 1215 cuando se obligó al rey Juan Sin Tierra de Inglaterra a firmar el documento que daría origen, con el pasar de los siglos, a los fundamentos de los Estados Constitucionalmente limitados.
La principal limitación, la chispa que encendió la hoguera de la libertad, fue el inherente e interno fuego por proteger lo propio. Es más que un instinto que usted trabaje y quiera conservar su propiedad. Por ello es que cuando se le cobra a un pueblo para fines que los ciudadanos no comparten o bien, más allá de lo que están dispuestos a pagar voluntariamente por tener un Estado, surgen resistencias enormes.
En Guatemala, la limitante está contenida, por un lado en el principio de legalidad: corresponde con exclusividad al Congreso establecer los impuestos. Se completa con que dichos impuestos deben ser conforme a las necesidades del Estado, por lo que la obligación legal está subordinada a la obligación moral de los gobernantes de usar los tributos para los fines del Estado. Si no se utiliza en ello, la obligación legal se derrumba.
2 normas se suman a esta explicación:
A) El ciudadano tiene la obligación de contribuir al gasto público.
B) Existe el derecho constitucional de resistencia cuando el Estado exige y utiliza el poder público de mala manera.
El segundo punto es obvio cuando se pide matar a una raza entera con la fuerza pública, no así en el caso de impuestos, que depende de la primera y la correcta interpretación del principio de legalidad.
Si lee de nuevo la obligación de contribuir, verá que es “al gasto público” y que los tributos deben ser decretados conforme a las necesidades del Estado.
Si el dinero recaudado se usa, digamos, en fines individuales o partidistas, dígame usted ¿dónde está el gasto público o el fin del Estado?
¿Ve por qué la cultura tributaria no es de una sola vía?

Mario E. Archila

Sistema frente a cultura

Ha surgido un problema “político” en Guatemala. Se busca la elección del nuevo Fiscal General de la Nación. Hace un año se apoyó socialmente una ley para “regular” cómo las comisiones de postulación que manda la Constitución debían elegir a los candidatos. La ley vino en un momento de crisis “institucional” debido al famoso vídeo de Rodrigo Rosenberg.

Ahora el jefe de CICIG, Carlos Castresana, dijo:“No atendieron nada; han respetado las formas para defraudar el fondo. Han producido un resultado contrario no sólo al que quiere la ley, sino la Constitución”, reprochó Castresana, quien dijo que tras el escándalo en las postuladoras de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como del Instituto de la Defensa Pública Penal, “quisimos ser lo más respetuosos posibles con la institucionalidad y, digamos, que les dimos un voto de confianza”. El Editorial del mismo Siglo XXI que publicó las declaraciones citadas arriba, trató el tema. Dicho Editorial coincide en que “Un proceso que en sí es deficiente, podía funcionar si ellos se comprometían con la Constitución y con los intereses generales, pero claramente sólo sirven a los intereses de quienes los han mandado ahí“.

Denota tal proceso un problema de fondo. El problema del Ministerio Público no es de estructura, no es de gente… Es de principios…

La elección del fiscal poco incidirá en la gestión de la institución, por la simple razón que el sistema jurídico alrededor del Ministerio Público no se resuelve con una figura “mesiánica” que resolverá los 17 asesinatos diarios o las bandas de crimen organizado infiltradas a todo nivel. El problema es de la totalidad de dicho sistema jurídico.

Vale describir que el sistema jurídico que impera es uno que requiere que el 100% de los involucrados, gobernados y gobernantes, sean inmaculados, limpios y libres de pecado, para que el mismo presente resultados positivos. Una sola persona íntegra, correcta y moral, no tiene ninguna capacidad de mover dicho aparato de  manera positiva. El sistema descansa en antivalores, por lo que únicamente funciona a la perfección con personas que operan desde dicha oscura perspectiva.

El sistema completa recompensa a quien es irresponsable, por ello otorga extensas facultades a los gobernantes para que suplan las deficiencias de actividad de los gobernados: si lo hiciste mal, te compenso; si no lo haces te compenso; si lo haces bien, te cargo. El sistema completo recompensa la forma sobre la sustancia: si tienes la razón, requieres un formalismo para hacerla cumplir; si eres dueño, el usurpador goza de la propiedad mientras la formalidad transcurre por el tiempo; la razonabilidad no existe dentro del sistema que opera sobre “blanco y negro”. El sistema completo recompensa la falta de honestidad y honorabilidad: ser exitoso en parámetros “occidentales” es calificado de manera negativa; ser “astuto” es “toda la onda”, como dirán los jóvenes. El sistema completo se basa en el incumplimiento: llegue usted a la hora en punto a una reunión y verá cómo ni los meseros están listos para recibirlo. El sistema completo se basa en “salirse con la suya”, no en los “derechos que me corresponden”. Hablo acá de dos tipos de sistemas que coexisten: el sistema social -el ethos- y el sistema jurídico -leyes positivas-.

El sistema social es el que precede al sistema jurídico. Se basa en lo que la población -típicamente una élite intelectual, económica, religiosa y militar- considera bueno. Esto se filtra en el resto de la población. Así se crean las leyes positivas del sistema jurídico. Se crean con la “idiosincracia básica” de dichas élites. En Guatemala, dicha imagen deseada es incorrecta. El sistema jurídico se basa en seres humanos inmaculados. Basta con entender que el ser humano, por naturaleza, tiende al mal y por tanto requiere de normas sociales, morales y jurídicas, que delimiten su actuación.

Históricamente, cuando las normas religiosas eran creídas de corazón, los sistemas políticos y jurídicos cambiaron para adecuarse a ellos, pues la población dejaba de obedecer dichas normas jurídicas. Así la Europa “medieval” saltó a la prosperidad por cambios en el paradigma religioso. Tal cambio fue tan profundo en el corazón de las personas que huyeron de las jurisdicciones que consideraban con “leyes incorrectas” para luego fundar un sistema jurídico que partiera de dichos principios religiosos: Estados Unidos. Le recomiendo que lea el Acta de Independencia de los Estados Unidos de América. Lea con atención. Se sorprenderá.

El sistema jurídico guatemalteco, por su lado, parte de la imagen contraria: el ser humano se comportará de manera inmaculada… siempre y cuando sea de la élite. De allí que surge un sistema “mesiánico”, incongruente, sin entendimiento de la naturaleza humana. Utilizando el ejemplo del Fiscal General como punto de partida, la aseveración que no importa quién sea electo, no pasará nada, se basa en aspectos muy puntuales de dicho sistema:

  • El monopolio de la acción penal. Se parte de la premisa que el Derecho Penal afecta principalmente a la “sociedad” como un ente concreto. Se parte de la premisa que el ofendido por un delito penal no tiene la capacidad -económica, intelectual, legal, etc.- para llevar el caso a buen término. Una acción penal subsidiaria, que permitiera en primer lugar al ofendido ser el atacante y únicamente en caso de no existir tal ofendido o renunciar o solicitarlo el mismo, será labor del “Ministerio Público”. El 99% de los casos podrían ser llevados a juicio, pues es sabido que la gran mayoría de lo que es perseguido, lo es, porque el ofendido se constituye como querellante adhesivo, pero acá debe convencer al fiscal y luego al juez.
  • La discrecionalidad en el sistema. El fiscal a cargo del caso es quien decide si prosigue, si investiga, si hay motivos suficientes. Usualmente dicho proceso, por la naturaleza misma del sistema y sus recompensas, hará que el fiscal decida perseguir los casos que le impliquen menor cantidad de tiempo invertido y mayor certeza de la condena -no de la culpabilidad.
  • La falta de prioridad del Estado al sector justicia. El Ministerio Público sufre lo que todo guatemalteco sufre al final. No hay prioridad real de las funciones de justicia del Estado. Como se parte de un sistema en el que las élites pensaron que la actividad de los gobernantes, que serían ellos, debería ser una de salvación de los ignorantes humanos que tendrían a su cargo, para elevarse como “el salvador y mesías” de Guatemala, se asignaron prioridades lejos del óptimo para crear un verdadero Estado fuerte: en el que el sector justicia es el organismo más importante. Vea la historia. Roma llegó a dominar el mundo gracias a un sistema judicial impresionante. El Derecho Romano que vale la pena estudiar no es el de la recopilación de Justiniano, sino los procesos de formación del Derecho desde la época de los reyes romanos, hasta el apogeo de la República. El paradigma era que los jueces debían resolver lo más pronto posible, la mayor cantidad de conflictos entre particulares para mantener la paz. En Guatemala, el Organismo Judicial tiene asignado 2% de presupuesto en la Constitución (Artículo 213. Presupuesto del Organismo Judicial. (Reformado). Es atribución de la Corte Suprema de Justicia formular el presupuesto del Ramo; para el efecto, se le asigna una cantidad no menor del dos por ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado, que deberá entregarse a la Tesorería del Organismo Judicial cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano correspondiente…). Frente a otros organismos o entidades que tienen:
  • Universidad de San Carlos 5% (Artículo 84. Asignación presupuestaria para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa no menor del cinco por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, debiéndose procurar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del nivel académico).
  • La Superintendencia de Administración Tributaria tiene una “comisión” del 2% de lo que recauda para su operación;
  • El deporte tiene una asignación de por lo menos el 3% del presupuesto (Artículo 91. Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Para ese efecto, se destinará una asignación privativa no menor del tres por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado.)

Cabe entonces la pregunta, sistémicamente, ¿qué es la prioridad? En un país en el que sólo el 1% de la población llega a la Universidad, aproximadamente, 5% del presupuesto está dirigido a una de las universidades. El deporte, en un país de desnutridos, ocupa 3% del presupuesto. Pero para cubrir la justicia, se destina únicamente 2% del presupuesto al Organismo Judicial. La recaudación de impuestos tiene un presupuesto casi igual que todo un organismo del Estado.

17 asesinatos al día y 2% del presupuesto en jueces, son cifras alarmantes.

La segunda pregunta es ¿qué moral refleja un sistema así?

Imagino que es una en la que cada acción debe quedar sin consecuencia, por lo que se anula la responsabilidad de los actos. Sin responsabilidad de los actos de las personas, simplemente seguiremos viviendo en la Edad Media, mientras que las sociedades que aprendieron que cada acto tiene una consecuencia moral, social y jurídica, entraron hace más de 200 años en la Era Moderna.

¿Hasta cuándo seguiremos así?

Interés social sobre interés particular

La dichosa regla constitucional del interés particular cede ante el interés social ha causado tanto revuelo, que no queda más que hablar de ella para aclarar el sentido real y propio de la norma constitucional.

¿Cuánto mide usted? Tiene relevancia la pregunta. Siga leyendo.

La mayoría de la población en Guatemala, según Google, mide alrededor de 1.60 (mujeres y hombres). Si usted mide menos de eso o más de eso y se ubica en una famosa campana de Gauss en los extremos superiores e inferiores de la curva, será por definición estadística, una “minoría”. Por ejemplo, yo mido 1.92 cms, lo que me hace estar en el extremo superior de la estadística en Guatemala y arriba del promedio en el país con el promedio más alto del mundo (1.85). En el promedio mundial soy altísimo, en el país específico más alto del mundo, seguro que no me veré como Gulliver en el país de los enanos…

Para qué sirve esta base que parece no tener relación con el tema: pues vea usted cómo es que el concepto de interés social se ha tergiversado.

La salud de la población es de interés social. Sin duda. A mejor salud de la población, mejores condiciones, menor gasto, menor improductividad, etc. A mis 1.92 cms de estatura, los dolores de espalda son muy frecuentes. No digamos el usual golpe en la cabeza con gabinetes a la altura “promedio”, la repisa que pueda ser limpiada por el/la conserje “promedio”, etc. Así que para el grupo de personas en un rango de estatura fuera de lo “común”, los problemas de salud relacionados a la altura son más frecuentes. Por ello, como es de interés social la salud, se pasa una “ley” en el Congreso que proteja la salud de este grupo de “grandotes”, pues es de interés social mantener la salud. Para ello, se otorga un “subsidio por estatura”, equivalente a Q300 mensuales para compensar el deterioro de su salud.

Acá vienen los impuestos: ¿de dónde más iba a salir el dinero para pagarlo? El que se opone, tiene un “interés particular” -su bolsa- frente a un interés social -la salud de la población- y un interés social reflejado por la preocupación de la Asociación de Personas Altas de Guatemala. La norma constitucional permite que dicho interés social prevalezca. Y como es un interés social, se convierte en una “necesidad del Estado” y con eso, se cumple con el principio de legalidad material contenido en el artículo 239 de la Constitución.

Ahora bien, si TODOS entendemos que si bien hay intereses en juego en este ejemplo, ninguno de ellos es “interés social”, pues el interés social del 100% de las personas que componen la sociedad guatemalteca es que se emita legislación y se establezcan tributos respetando el principio de IGUALDAD ANTE LA LEY.

De esa cuenta, el respeto de la igualdad ante la ley es el verdadero interés social, pues representa el interés de todos, no de un grupo que vendió su “interés particular” de grupo, frente al interés “individual”. Al darse el ejemplo, se está violando el DERECHO INDIVIDUAL de gozar de IGUALDAD ANTE LA LEY, aunque haya diferencias por circunstancias naturales o de cualquier otra índole.

Una ley que protege, fomenta, ayuda o desarrolla una actividad frente a la generalidad simplemente porque hay un grupo de presión que logró argumentar la “sociabilidad” de su deseo, viola derechos. Al violar derechos tan básicos, se viola el interés verdaderamente social.

Allí se la dejo para que medite cuántas distorsiones legislativas aguantamos por el mencionado “interés social”.