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Fuera judíos

Fuera judíos. Así sentenciaron a las orillas del lago de Atitlán los pobladores, con la complicidad del alcalde.
Merece comentario, por supuesto, un acto tan deplorable, abusivo, ofensivo y discriminatorio.
Es comparable en hechos a lo que sucede en Gaza, Siria o Irak y lo que el mundo ha vivido con regímenes racistas como EEUU hasta hace unas décadas, Sudáfrica o la Alemania Nazi.
Usted en su vida particular puede tener las preferencias que guste. Si es para casarse, preferir morenas, rubias, altas o bajas, en lo físico; inteligentes o no tanto, en lo intelectual; católicas, pentecostales, judías, musulmanas o ateas en las cuestiones de fe. Para contratar en su empresa, puede querer una cierta altura o tono de piel; preferir mujeres a hombres o al revés; etc. En su vida privada, aunque pueden ser criterios bien tontos, sus preferencias son SUS preferencias. En ese campo podemos tener alguna discrepancia de su conveniencia o inteligencia, pero nada más.
El siguiente grado es cuando provee ya un servicio al público. Allí ya no es tan “su preferencia” quiénes pueden ser sus clientes. Eso ya es discriminar y probablemente, muchos de los casos, pueden ser llevados a tribunales, penales o de derechos humanos.
El último grado, el caso que vivimos en Atitlán, es cuando se utiliza la fuerza del Estado, en este caso municipal, para imponer un criterio discriminador, por lo que sea -raza, credo, ideología política- que convierte el acto en una remembranza de los peores regímenes totalitarios de la historia.
El actuar del pueblo y la complicidad de su autoridad son actos condenables, por cualquier forma que se vea. El Estado está llamado, entre otros, a garantizar: la vida, la libertad y seguridad. Eso incluye la libertad religiosa, la libre movilidad y la igualdad ante la ley.
Es así que el alcalde se ha convertido de autoridad en criminal y nosotros, acá, cual ciudadano romano, viendo cómo se organiza el coliseo para tirar a los leones a quienes no comulgan con la religión del emperador.
No puede ser. Una república pondría tras las rejas al alcalde y sus compinches.
Basta ya de abusos en este país.

 

Mario E. Archila M.

 

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Mejorar la recaudación

En la última semana he oído varias declaraciones sobre cómo SAT y el gobierno central buscan mejorar la recaudación. La cosa es más sencilla de lo que pensamos y más compleja de lo que quisiéramos. Sin embargo hay un par de temas que nunca salen en estas declaraciones y caemos en el común problema de mal enfoque.

Como el tema es que la recaudación está baja, las declaraciones y propuestas que salen son para “mejorar” dicha recaudación. La baja recaudación, entonces, se enfoca como el problema. El problema rara vez es la baja recaudación, sino la mala utilización de los recursos.

La recaudación debe ser “conforme a las necesidades del Estado”, según indica el artículo 239 de la Constitución. Es así que la recaudación responde a dichas necesidades. El punto inicial de las preocupaciones fiscales, por tanto, debe ser “¿Para qué necesitamos dinero?” La respuesta debe ser analizada para descubrir si lo que se plantea SON o no necesidades del Estado.

El Estado nace para proteger esferas de Derechos de los ciudadanos. Es así, por ejemplo, que los Estados modernos resultan de textos preconstitucionales que limitaron los poderes de los reyes. El sistema de gobierno del primitivo Israel, fue uno de jueces. Sin “reyes”. Es así que vemos en documentos históricos que los gobernantes han sido limitados para permitir a los individuos mantener y proteger sus esferas de derechos. Es así que la primera constitución moderna, la Federal Americana, se crea para garantizar lo que los colonos consideraban SUS derechos básicos de Vida, Propiedad y Búsqueda de la propia felicidad. Derechos que para ellos eran “inalienables” y “autoevidentes”. Para este siglo XXI, ya no son tan inalienables ni autoevidentes a la luz de las distorsiones lingüísticas que se han incorporado durante los últimos 200 años.

De esos tres derechos básicos, el que llama la atención para determinar cuáles son las necesidades del Estado, es el tercero: La búsqueda de la propia felicidad. Este derecho engloba la totalidad de visiones que podríamos tener sobre los fines del ser humano y a la vez es una definición que permite orientar el rumbo de un gobierno. La felicidad se define “subjetivamente” pues es “propia”. De ello, por tanto, se desprende que cada uno buscará lo que considere SU felicidad y resulta ser un límite y una garantía que los gobernantes deben respetar. Esta definición de “bien común” es la más comprensiva de todas, pues TU FELICIDAD no necesariamente será la mía y si permitimos que un gobernante decida cuál es la felicidad que vale la pena, no será una “felicidad” común a todos. No será un “bien común”, será únicamente el bien de alguno en particular, inhibiendo a los demás de la búsqueda de su propia felicidad.

Esta discusión es la inicial. Esta discusión nos llevará a estar de acuerdo en algunas funciones esenciales del Estado que deberemos tener como prioritarias. Es así que el Estado existe para proteger los fines que cada uno se traza, evitando que otros, incluso el propio Estado, interfieran en ellos. Tenemos así claro que ninguna persona, incluso el Estado, podrá realizar acciones contra la vida o la propiedad de otro. Tampoco acciones que interfieran con sus fines comerciales, personales, religiosos, etc.

Es así que debemos preguntarnos si es lícito que se emprendan acciones gubernamentales con el único fin de cobrar más tributos, pues aparentemente, todo el aparato recaudador del Estado es una grave interferencia en los fines propios de cada uno de nosotros.

He allí donde empezamos a encontrar las causas de las caídas en la recaudación de algunos impuestos. El hecho de pagar impuestos implica que se aumenten los costos de buscar la felicidad propia. Es así que al aumentar los costos, aumenta también el incentivo para encontrar formas de evitarlos. Unas más ingeniosas que otras y unas tan simples como el hecho de no inscribirse, siquiera, en SAT. Es decir, el comercio informal. La informalidad no llega a los niveles enormes que tiene en Guatemala, en países que son muy libres en sus relaciones comerciales.

La creación de nuevas normas de control, de nuevos procedimientos, de mayores requerimientos legales, no ayuda a que cada uno logre “su propia felicidad”. Es así que ya hemos empezado a ver que medidas como las intervenciones de Aduanas no lograron aumento en recaudación, sino que, por el contrario, baja la misma.

La economía ha establecido que el aumento de tarifas impositivas (deberé decir, del costo total de tributar) no implica que haya un aumento en la recaudación. Laffer hizo su famosa curva, determinando que llega un punto en el que un aumento de tarifa disminuye la recaudación total. Siempre se discute si estamos a la izquierda (se puede subir la tarifa sin ver el efecto negativo) o a la derecha de dicha curva. Creo que es obvio que en Guatemala estamos a la derecha de la curva, pues el 70% de las personas se niega a pagar impuestos. Esto implica que se percibe que el costo de tributar es ya más alto que el beneficio.

En el tema de “las necesidades del Estado”, por tanto, lo importante es considerar que mientras no haya inversión y gasto en lo prioritario (permitir la búsqueda de la felicidad de cada cual) sino que haya utilización del gasto público con fines electorales o privilegiantes, la población en general se resistirá al pago de cualquier exacción que pretenda el Estado. Es así que no podrá encontrarse legislación tributaria que permita llegar a las metas deseadas de recaudación, ya que el problema en sí no es la recaudación, sino el gasto.

Por otro lado, al crear programas que benefician a unos sobre otros, se crean privilegios y la población se resentirá al ver que el aparato Estatal perjudica más de lo que ayuda, pues las metas de esos “perjudicados” son mucho más que las metas de los pocos beneficiados. La limpieza de los programas y actividades estatales que están reflejadas en el presupuesto debe realizarse. No podemos continuar con programas de regalar cosas, dinero, comida, becas, juegos mecánicos, fiestas, construcciones de cosas innesarias para la población específica y hasta cosas como malos servicios de educación y salud -con los que yo no estoy de acuerdo, pero puedo aceptar que los tengamos. Tampoco es posible buscar presionar por más recaudación si la percepción de corrupción es tan alta. Una administración tributaria haciendo terrorismo, tratando a todos de delincuentes y muy lejos del cumplimiento de la ley, mientras vemos que contrata oficinas de millones de quetzales, mientras el famoso edificio de Finanzas Públicas está medio desierto.

Yo todavía no concibo cómo es que SAT tiene casi el mismo presupuesto que el Organismo Judicial. No me resulta comprensible cómo es que se pretende gastar tanto más en el ente que cobra impuestos, pero no se gasta ni la mitad en la contraloría de cuentas ni se invierte en los tribunales de justicia a los niveles que corresponde.

Creo que es hora de empezar a plantearse cómo sería un país en el que cada 100,000 habitantes cuenta con 1 tribunal de instancia civil y mercantil; por cada homicidio por cada 100,000 habitantes, hay un tribunal de instancia penal. Cada sala de apelaciones no ve más de 2 tribunales de instancia en apelación y la Corte Suprema revisa procesos de incidencia, únicamente, y su jurisprudencia es acatada. Estos procesos, no importa qué, no deberían exceder desde su inicio hasta su última fase en casación de 3 años.

Ahora veamos qué inversión requerimos y reorientemos el presupuesto en ese sentido, eliminando lo más superfluo, hasta que logremos tribunales capaces y aparatos de investigación suficientes. Una vez cumplido eso, iniciemos a ver si gastamos para otros menesteres, fortaleciendo la rendición de cuentas y control del gasto público.

 

Mario E. Archila M. 

 

 

 

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Me sorprenden

losms13

Así parece que son nuestros funcionarios. Me sorprende cómo sueltan una tremenda tontería como crear un impuesto de seguridad.

Seguro que tomaron posesión y nunca se enteraron para qué se crea el Estado. Veamos, pues. Hace muchos años, crea o no en Adán y Eva, hace un chorro de años el ser humano era medio salvaje, medio mono (aunque a algunos no se les ha quitado) y de allí que los grupos sociales primitivos vivían bajo la ley del Tetunte: “El que tiene el tetunte más grande, pone la ley”.
La fuerza bruta daba la autoridad. Como buena manada de primates, se defendía el puesto con quijadas de burro y leños. Claro que el ser humano tiene habilidades superiores a la fuerza bruta. Es así que luego de un par de víctimas de tetuntazos, se descubre que el gorila mayor también tiene que dormir y dormido, el tetunte no sirve de mucho.

La vida, por tanto, es insoportable si la ley del miedo y la fuerza bruta es la que manda. Para ello se desarrollan mecanismos de solución de conflictos que pasan por delegar “autoridad” no poder. Autoridad para resolver quién tiene “derecho”. Consejos de Ancianos, reyes, pretores, sacerdotes, iluminados, etcétera.

Esos mecanismos van desarrollando instituciones, primero religiosas, luego sociales, que se convierten, con el paso del tiempo, en Derecho. Se va reconociendo que si quiero asegurarme que mañana estaré vivo, debo evitar ir a matar o atropellar al vecino. Si me cae mal algo, voy a los “ancianos”, reyes o lo que tenga “autoridad” para que defina quién debe hacer o dejar de hacer por el otro. Ése está autorizado a coaccionar el cumplimiento de lo que decidió.

Estas interacciones son la génesis de lo que luego se convierte en los estados modernos. El primero de ellos, Estados Unidos, allá en 1776. Se conforma, como lo dicen sus documentos fundacionales, para garantizar y proteger “la vida, la propiedad y el derecho a buscar la propia felicidad” de todos. Luego vienen los estados constitucionales europeos de finales del siglo XVIII e inicios del XIX, principiando con Francia. Y las Américas.

Es connatural, por tanto, a la existencia del Estado moderno que la autoridad se delega, principalmente, para dichos fines. Lo demás son adornos (“gracias” Weimar), pero no fundamentales.

Por lo tanto, si las necesidades básicas de un Estado son garantizar y proteger la vida, la propiedad y la libertad, lo que pagamos (ya desde el origen) en tributos, ES para esos fines. Es su causa. Su razón de ser. Ridículo, por tanto, que tengamos que pagar un “impuesto” específicamente para proveernos “seguridad”. Es como que usted vaya a McDonalds, pida un menú y luego que lo paga, le cobren extra por la hamburguesa, pues “con lo que pagó no alcanzó para la hamburguesa del menú”.

El principal análisis es determinar dónde se gasta en lo que no tenga razón fundamental de ser, para ir eliminando dicho gasto superfluo y con ello destruir las fugas del presupuesto. Priorizar el gasto, pues, para que se entienda. Una vez satisfechas a plenitud las razones básicas de ser del Estado, si queremos entrar en la repartición de otros privilegios, pues aceptaremos o no, pagar por ello; pero decirnos que vamos a pagar más por lo que ya es obligación inicial y fundamental, es bien absurdo.

 

Mario E. Archila M. 

 

Foto tomada de: http://marasypandillaslatinas.blogspot.com/2012/07/los-ms-13-la-ms-salvatrucha-13.html

 

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Creo en la humanidad

Afirmación que requiere una ampliación. Mi amiga tuitera Maru Luarca la pide.

En el mundo hay dos visiones predominantes sobre cómo funciona el ser humano en sociedad. La predominante dice que “todos juntos podemos construir un mejor futuro si perseguimos las mismas metas” y la menos aceptada es que “construimos un mejor futuro conforme cada uno pueda escoger sus propias metas”.

El origen, podría ser más atrás, pero para simplificarnos, podemos decir que está en la visión Platónica de la sociedad, la predominante hoy día y la otra, en una visión, si se quiere, más Aristotélica. Platón decía que una clase de personas “especiales” podía decidir por los demás. Aristóteles pedía el ejercicio de virtudes y congruencia de los actos con la realidad.

Llevamos siglos debatiendo el contenido de “bien común”. Unos dicen que es algo que alguien determina por todos y otros, simplemente dicen que es un estado de circunstancias en las que cada uno puede decidir sin coacción arbitraria el camino de su propia felicidad, pues eso es común a todos: buscar cada uno su propia felicidad.

En el mundo vemos que se erigen, por tanto, dos sistemas (con matices entre cada uno) que van de lo colectivo a lo individual.

Dentro de los sistemas colectivistas encontramos el comunismo -de cualquier siglo-, el socialismo, que hay de clase y hasta de empresa (llamado mercantilismo) y dentro de los sistemas individualistas, tenemos algunas expresiones de gobiernos limitados, liberales -clásicos-, libertarismo (estos dos podrían llamarse capitalismo o economías de mercado) y hasta el anarquismo (aunque el anarquismo llega a tal extremo que se convierte en socialismo, por eso es que hay anarquistas de “derecha” y de “izquierda”).

El centro de cada sistema varía. En los colectivistas, el centro de todo es un grupo. El que sea. Su herramienta es el poder. Establecen metas en lo moral, económico y político. Por eso terminan siendo grupos de poder peleando su ejercicio. Quien no tenga un grupo de poder termina desprotegido, anulado, esclavizado.

En el otro lado, los gobiernos son limitados y amarrados en el ejercicio del poder. El centro de todo es el individuo y sus derechos. Se reconoce que cada persona es un fin en sí mismo, por lo que se protege la injerencia en su vida de cualquier externo, sea particular o sea el gobierno mismo.

En los sistemas colectivistas, se anula la capacidad de crear, de pensar, de disentir. Todo se estandariza. Las metas tienen que ser “comunes”. Todo va dirigido a “UN FIN”: el que establezca el grupo. Se premia obstaculizar. Se premia el compadrazgo, las conexiones influyentes, no el talento, pues talento es salirse de la norma, del estándar.

En los sistemas en los que cada individuo es un fin por sí mismo, se proscribe que se le den metas a cada uno para dejarlo SER. Para permitirle buscar el fin de su propia vida. Conseguir sus recompensas según su propia escala de valores. Se prohíbe “UNIFORMARLE LA MENTE”. Es un sistema que busca nuevas soluciones y premia ese talento. Evita la injerencia de terceros y evita la coacción arbitraria.

En el primer sistema se confía en un gobernante para que resuelva tus problemas. En el segundo, se confía en el individuo para que solucione sus problemas y en el camino encuentre formas de solucionarle problemas a los demás… Se premia a quien me resuelve mis problemas. Se premia la creatividad, la inventiva.

 

¿Cuál sistema te gusta más?

 

Mario E. Archila M.

 

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Impuesto a los Informales

Me invitaron a Canal Antigua a platicar del tema. Así me entero que hay una propuesta para gravar a los informales, emanada de la Vicepresidenta, con Q150… Todavía no sabemos si mensual o anual… Pero hay una declaración sobre la idea con visos de intención.

Me parece grave que se tiren y filtren esas declaraciones así como así. Principalmente porque el problema de la economía informal no se arregla con “hacerlos pagar impuestos” así, a leño. La formalidad tiene costos que son cada vez más difíciles de cubrir. Costos que son poco cuantificables. Así tenemos el tiempo de hacer los trámites, la probabilidad de revisiones, cobros, sanciones, etc.

Guatemala, en cuanto a estructura de sistemas “simples”, tiene de los mejores… Considerados aisladamente. Es así que tenemos un sistema que era casi perfecto: 5% sobre ingresos para efecto del ISR. Un IVA con tarifa única y sin productos diferenciados o exentos. Estos sistemas fueron modificados del 2004 para acá de manera que ya no son tan simples ni sencillos y con el voraz apetito de los gobiernos, se presiona a la Administración Tributaria a buscar hasta debajo de las piedras recursos. Esto logra reventar en fiscalizaciones continuas sobre quienes ya tributan, con criterios, muchas veces, rebuscados.

Se incluyen sanciones como “cierre de establecimiento” por la simple sospecha de no haber emitido una factura, lo que representa un costo altísimo, pues podría verse alguien impedido de realizar su actividad económica por hasta 10 días o perder su “patente de comercio”. Esta eventualidad es un costo que se suma, no cuantificable, pues es contingente, pero existente.

El tiempo, que mencionaba arriba, surge en las propias ventanillas de SAT y registros públicos. Para inscribirse como comerciante, hay que demostrar dirección con requisitos de ventanilla -contrato de arrendamiento, recibo de agua, luz o teléfono, certificación de propiedad- de forma que el que pretende su inscripción tenga título sobre la dirección. Adicionalmente, se exige la presentación del DPI y la formalidad de grabar su huella digital y foto en el registro Tributario Unificado. Todo esto aumenta el costo, pues el interesado debe acudir personalmente a la ventanilla. Ya no se aceptan “tramitadores” y en caso de no tener tiempo, debe utilizarse un mandato (que cuesta unos Q1,000 en el mercado notarial escriturar y registrar).

Hacer las colas y trámites, para un informal, implica, muchas veces, dejar de percibir los alimentos del día o bien dejar de producir la ganancia de la semana.

El problema son burócratas que rayan en la ignorancia y se disparan criterios irresponsablemente sustentados en micos aparejados. En el Registro Tributario Unificado, toda esta tecnología de seguridad de identidad es irrelevante.

Voy a usar un único ejemplo. El Código Tributario indica que es contribuyente quien actualice los supuestos contenidos en la norma generadores de tributos, PRESCINDIENDO DE SU CAPACIDAD LEGAL según el derecho común.

Es así que una persona puede ser contribuyente por el hecho que realiza actividades para las que su edad no le otorga capacidad legal. Imaginemos, que se emplea como “Técnico en Botánica a domicilio”, alias jardinero, pues, pero tiene 13 años de edad. Según la ley del IVA, es un servicio. Por tanto se genera el impuesto. No entrega factura porque no logra obtener un NIT porque en SAT le dicen que como es menor de edad y no tener obligatoriamente un NIT, no se puede.

El Código Tributario indica que aún y cuando el Código Civil (derecho común) no le otorgue dichas capacidades, él es contribuyente. Se registra (vea el 120 del Código Tributario) indicando, declarando, cuál es su nombre (nombres y apellidos), no que deba probar dicha identidad con documento alguno, ya que no es relevante para efectos de pago de tributos, y señalará la dirección que establecerá como domicilio fiscal. Es una declaración ante autoridad. Tiene efectos y no puede la administración tributaria tratar a los contribuyentes de “mentirosos” y exigir prueba de todo lo que le declaran.

Es así que por esta circunstancia, su técnico en botánica no le entrega factura. Ni siquiera de pequeño contribuyente…

 

 

Mario E. Archila M.

 

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Derrumbes y seguridades

Deslave

Deslave

 

Don Jorge Palmieri publicó esta foto en su blog. Dele una visita al artículo. Habla de otros temas.

Entrando en el tema que quiero, esta fotografía es la ilustración de estos temas. El clamor popular es “¿Y los estudios de impacto ambiental? ¿La Muni no lo previó? ¿Dónde estaban las autoridades cuando se hizo esto?”

Acá es de ver que la carretera pasa por donde pasa, haya o no impacto ambiental negativo. Los estudios de impacto ambiental son una estrategia para dar comodidad respecto a que “alguien” está haciendo algo por proteger el ambiente. ¿Sirven de algo o son un simple requisito? Requisito que muchas veces es una excusa más para pedir algunos centavitos extra.

Las municipalidades otorgan licencias de construcción, pero nadie se pregunta realmente para qué es que se deben solicitar licencias de construcción y mucho menos, si dichas licencias de construcción son un requisito aceptable. Las licencias de construcción, realmente, no son para verificar estos extremos. Son vehículos de recaudación. Simplemente. Aunque existiera un POT (Plan de Ordenamiento Territorial), las licencias de construcción no podrían, por sí, evitar estas situaciones. ¿Por qué? Porque su función es regular el uso del suelo, no verificar las condiciones geológicas donde se construirá un proyecto. Es así que autorizarían que cierta zona sirva para uso comercial, residencial, mixto; para construir o no un centro comercial, etcétera. Sin embargo, que el suelo tenga o no capacidad de mantenerse firme en ciertas condiciones es trabajo del ingeniero de suelo, el ingeniero civil encargado de la obra, el desarrollador de un proyecto y propietario que compra. Bastante evidente resulta saber que si se compra en la ladera de un barranco y más, a la orilla de un corte de carretera, que “algo” hay que hacer para que no se lave el terrenito que compré. Acá, el propietario quizás llegará a decir, “pero le dieron la licencia de construcción, eso quiere decir que aguantaba” y el sentido común perdió ante el mismo estatismo.

El ministerio de comunicaciones contrata a quien realiza la carretera, pero ¿valida, supervisa y traza la ruta por el lugar más adecuado?

Realmente lo dudo. Muchas veces encontramos rótulos que indican “curva peligrosa” y yo me pregunto “¿No pudieron trazar la ruta de modo que la curva no fuera tan pronunciada?”

En la fotografía se observa que se derrumbó el jardín de una gran casa-habitación. No observo tuberías de desagüe de aguas pluviales; como tampoco un muro de contención adecuado para el corte enorme que se hizo para la carretera. Recordemos que el agua de lluvia de manera natural es absorbida por el suelo. Cuando se hace una construcción de concreto, la misma cantidad de agua que cae es absorbida por una menor superficie, pues el concreto no tiene la misma capacidad de absorción que la tierra. A menor área e igual cantidad de agua, mayor saturación y la tierra pierde su consistencia… resultado inmediato, lodo. Resultado mediato, deslave.

El constructor de la casa lo debía saber. El constructor de la carretera, lo debía saber. La municipalidad, pues podría saberlo, pero su rol es establecer usos y estética de los barrios y zonas de su municipio, no prever que se caerá una casa. El dueño, lo pudo ver venir.

Tenemos tantas autoridades involucradas que creemos que es de ellos el papel de prever, mitigar y prevenir las consecuencias de nuestros actos. Carecemos de un sistema que llegue a determinar qué sucedió. Un sistema legal que no hará posible que se cobre al responsable tanto del corte de la carretera, como de las construcciones que “aflojaron” la tierra en la parte alta de la montaña.

Me lleva al tema final. ¿Cómo le hago para ir a cobrar las responsabilidades civiles y penales?

 

Así es. Tenemos un sistema social de asignación de responsabilidades que lo único que dice es “¿Qué autoridad permitió esto?” y todos nos lavamos las manos, pues la culpa, no es de nadie.

 

Mario E. Archila M.

 

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Las lecciones del porno: muestra de intervencionismo

A veces hacer un punto requiere un ejemplo extremo. Ahora la realidad me lo provee. Resulta ser que en California se pretende obligar que la industria porno, sí, leyó bien, porno, obligue al uso del preservativo. Vea la noticia acá: http://www.aidshealth.org/archives/news/california-to-create-new-condoms

La excusa presentada por los promotores es que “Es la primera vez que el público ha escuchado de los planes de Cal/OSHA de proponer y presentar lo que AHF ve son altamente necesarios cambios a la ley californiana de Patógenos Sanguíneos, para proteger de mejor manera a los trabajadores y actores en la industria de filmes para adultos” (“This is the first time the public has heard of Cal/OSHA’s plans to draft and introduce what AHF sees are much-needed safety amendments to California’s Bloodborne Pathogens Statute in order to better protect workers and performers in the adult film industry”).

Vamos al fondo del asunto: ES PORNO. El VIH es una enfermedad de transmisión sexual y por contacto de fluidos. El porno es eso. La conducta. ¿Hay porno con condón? Seguramente. Todos sabemos que el porno no es una realidad. El problema radica en el porno mismo. Por supuesto que es un problema… a varios niveles. Un problema que no justifica interferencias, eso sí.

Un actor o actriz porno sabe que tener sexo por horas con muchos y por orificios que no necesariamente fueron pensados para lo que el guión exige, elevará las posibilidades de contagio. Es, obviamente, una conducta de riesgo.

El hecho de obligar que usen condón no aliviará el problema… Se hará Porno en Estados o países que no lo exigen. Se “talento porno” no requiere de visas particulares o licencias. Perfectamente puede ser una industria clandestina. Allí el riesgo será mucho peor.

El consumo del producto es lo que empuja a las productoras a presentar las escenas que filman. El uso del preservativo no es la cura del SIDA. La conducta sexual sana, sí. Por lo que el fondo no es el condón en el porno, sino el porno mismo. De allí, a prohibirlo, es otra cosa.

Como sociedad debemos entender que la responsabilidad es parte esencial de la libertad y por ello, que alguien quiera hacer de su vida una zona de riesgo, muy su problema. Si una actriz o actor desea disminuir su propio riesgo, pues trabajará únicamente en producciones que utilicen, permiten o admitan el uso del condón. Si eso no vende, no le quedará más que dedicarse a otra profesión menos riesgosa.

Pretender, sin embargo, que somos “libres de consumir porno” pero no sabemos que podemos contagiarnos y por eso “hay que cuidar a los actores y al público” es decirnos irresponsables, por ley.

Estos son los problemas de quienes creen que la ley debe “educar” y “moralizar”. La responsabilidad de los actos implica que la consecuencia lógica de una conducta debe ser asumida por quien realizó dicha conducta.

De tal manera que la ley no puede llegar a eliminar la responsabilidad. Si eso sucede, deja de ser libertad.

Mario E. Archila M.

 
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Publicado por en 27 mayo 2013 en Interés social, Libertad

 

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