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Noticias para alarmarse: El comercio es señal de delincuencia y SAT amenaza con prisión

En la edición de Prensa Libre del 29 de noviembre de 2012 me encontré -me contaron y luego fui a leer- de dos noticias que me alarmaron.

La primera es que “INVESTIGAN NEGOCIOS UBICADOS EN ZONA 15″ por la posibilidad que sean fachadas para el lavado de dinero. La encuentra en la página 10.

¿Qué me alarmó? Que nos estamos convirtiendo en un régimen que duda de cualquier ciudadano. Todo negocio implica la existencia de lavado de dinero o vínculos con el narcotráfico. La noticia dice “Entre los hechos que han desencadenado sospechas para que el Ministerio de Gobernación monte operativos de inteligencia se incluyen el aumento y creciente desarrollo comercial, hurto y robo de vehículos, saqueos a viviendas, ataques armados directos, enfrentamientos y asaltos a peatones”. Está bien que el hurto y robo de vehículos alerte, pero que “el aumento y creciente desarrollo comercial” sea una alarma no puede estar bien.

Triste resulta que el vocero de la Municipalidad declare que “…personas tramitan patente de comercio y tarjeta de salud, pero no cuentan con el permiso de abierto al público, pues quieren operar en áreas residenciales, donde no está permitido”. En el fondo quiere decir que hemos sido expropiados. Si bien el orden es deseable, también lo es que no poder decidir dónde tener un negocio acarrea ilegalidad. También lo es que el hecho de tener que pedir permiso para abrir un negocio en mi casa, no es más que una llana expropiación.

La otra “bella” noticia es que se anuncia que “SAT VA TRAS SUBVALUACIONES”. Acá el tema es escabroso. SAT y Muni firmaron un acuerdo para que SAT fiscalice el IUSI… ¿Es eso legal? SAT y Muni no pueden firmar acuerdos por los que Muni le traslada la administración del IUSI a la SAT. Se requiere de una ley para trasladarlo.

Ahora, el tema incluye que SAT busca recaudar IVA que no recaudó en compraventas de inmuebles. Dice Miguel Gutiérrez, con esa ignorancia de burócrata, que detectaron “simulaciones de valores en compraventas”. Lo que deberían decirle sus abogados en SAT es que para que pueda decir que hubo “simulaciones” debe seguir un proceso judicial que la declare, pues las compraventas de inmuebles se documentan en escrituras públicas, documentos que hacen prueba, por ser faccionados ante Notario Público que goza de fe pública. Si son “simulados” imagino que tiene en su poder ya las sentencias que declaran la nulidad del instrumento público o la simulación del negocio civil. Sin eso, simplemente está haciendo lo que los gringos dicen “bluffing” y hasta puede ser delito, pues está imputando ilícitos a particulares.

La solución, dice SAT a través de Gutiérrez, es que se aplicará una tasa de 3-5% del valor no declarado, sujeto a convenio de pago. ¿Habrá leído la Constitución? No puede hacerse eso sin una ley del Congreso. Si existe “simulación” en el valor y Gutiérrez ya lo detectó, debe iniciar los procesos legales -civiles, administrativos y penales- correspondientes. Si no denuncia, él comete omisión de denuncia. Con sus declaraciones parece que lo que quieren es extorsionar a los contribuyentes y podría caer SAT en exacciones ilegales, coacción y amenazas. Esto con la nueva Ley Anticorrupción está grueso.

Es así que qué lindo es ser funcionario, pero qué bello es que en un Estado de Derecho, el poder no es ilimitado y debería asesorarse mejor antes de hablar.

No cabe duda que este gobierno quiere ser tiránico. No cabe duda…

Mario E. Archila M.

 

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Reforma Constitucional, ¿Camino a la Tiranía?

¿Camino a la Tiranía?

El título no es una acusación, sino una duda. Es una duda respecto a los efectos que la reforma propuesta causarían en nuestro sistema constitucional, político y social.

No quiero dejar ver que nuestro actual presidente desee convertirse en tirano, sino más es una duda sobre la conveniencia de dejar dichas reformas plasmadas a modo que se abra la puerta para que en unos años, algún loco con ínfulas de mesías, tome el poder y se convierta en un dictador tiránico.

República… ¿qué es eso?

Las definiciones más fáciles de comprender dicen que “República del [[latín res publica, «la cosa pública, lo público»), en sentido amplio, es un sistema político que se fundamenta en el imperio de la ley (constitución) y la igualdad ante la ley como la forma de frenar los posibles abusos de las personas que tienen mayor poder, del gobierno y de las mayorías, con el objeto de proteger los derechos fundamentales y las libertades civiles de los ciudadanos, de los que no puede sustraerse nunca un gobierno legítimo.”  La Encyclopædia Britannica de 1922, resaltaba la importancia de la autonomía y del Derecho (incluyendo los derechos humanos) como partes fundamentales para una república.

De estas definiciones, es claro que no puede ser equiparada una República con una democracia, pues se basan en principios distintos:

  1. La república es el gobierno de la ley
  2. La democracia es el gobierno de la mayoría.

Por ello, con el aval de una mayoría, podrían anularse Derechos de las minorías o de un individuo, a modo que se “justifique” dentro de una Democracia un acto que en una República sería considerado “ilegal”.

Sus caracteres son:

  1. La periodicidad en los cargos;
  2. La publicidad de los actos de gobierno, no es posible el secreto de Estado;
  3. La responsabilidad de políticos y funcionarios públicos;
  4. La separación y control entre los poderes;
  5. La soberanía de la ley;
  6. El ejercicio de la ciudadanía, quien pone y depone;
  7. La práctica del respeto, y no la intolerancia, con las ideas opuestas;
  8. La igualdad ante la ley;
  9. La idoneidad como condición de acceso a los cargos públicos.

Cambio de valores en la sociedad y el ciclo actual 

Gracias a los estudios e intuición de Roy H. Williams, hemos llegado a conocer que la sociedad se mueve entre dos polos:

  1. “Yo”
  2. “Nosotros”.

Cada 40 años cambiamos de uno a otro. En el “Yo” vivimos por grandes ideas, por imagen. El lema “yo estoy bien, tú estás bien”. En el “Nosotros” somos de pequeñas acciones, realismo, autenticidad. El lema “yo estoy mal, tú estás mal”.

Sin embargo, llevamos al extremo todo. Llegamos a la plasticidad en el ciclo “yo”. Llegamos al autoritarismo en el ciclo “nosotros”. En el ciclo “yo” caemos en el vacío de la imagen, pero en el ciclo “nosotros” buscamos que lo que uno considere “bueno”, sea impuesto en el resto de la sociedad… aún por la fuerza.

La genialidad de Roy H. Williams está en encontrar que el primer ciclo “nosotros” o “cívico” inicia en 1923… así que el siguiente ciclo inició en 2003… Sorprendente.

Reformas propuestas

No trataré todas las reformas, sino aquellas que inciden directamente en la configuración de la República.

Identidad de pueblos indígenas

Se reforma el artículo 66 sobre el reconocimiento de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca. El problema acá, respecto a una república es que a nivel constitucional se crean grupos de individuos con mayores o menores derechos que otros. En una República predomina la igualdad ante la ley, que es la eliminación de cualquier privilegio por raza, credo, sexo u otro.

En este mismo artículo se incluye una muy peligrosa frase: “…así como el derecho de acceso a los lugares sagrados legalmente establecidos, debiendo la ley determinar lo que respecta a su identificación y reconocimiento”. Esta frase es una carta blanca para solapar expropiaciones… todo dependerá del Congreso y su inclinación “racial” para otorgar estos privilegios.

Prohibición de indemnización para funcionario

Se incluye en el artículo 110 la prohibición para indemnizar a los funcionarios electos por un período fijo.

Algo que sí es positivo, aunque simplemente el entendimiento de que un funcionario o cualquier empleado contratado para un plazo fijo no puede gozar de indemnización era suficiente y puede hacerse a nivel legislativo.

Carrera del servicio civil

En el actual artículo 113 se establece que los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos sin más que atender a méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Se agrega que se instituye la carrera del servicio civil, que deberá regirse exclusivamente por méritos y que eso lo regulará la Ley del Servicio Civil.

El problema está, de nuevo, en permitir que el Congreso establezca la manera de optar a los cargos como mecanismo para pagar favores o controlar instancias en todo el aparato estatal. ¿Imagine lo que pasaría si establecen dicha carrera de servicio civil a modo que pueda el gobernante de turno incidir en las contrataciones de los empleados municipales?

Idioma oficial

Se permite que el “Estado” reconozca como oficiales los idiomas indígenas que establezca “la ley”. No es necesario un idioma oficial… las implicaciones sí pueden ser la de entorpecer las comunicaciones y la legislación, ya que cada “traducción” sería oficial y podría tener variaciones al momento de su aplicación.

Integración del Congreso 

Se establece un número fijo de diputados. 120 por distritos y 20 por listado nacional. De todos modos, debe modificarse la ley electoral actual para adecuar el tema.

Se elimina el artículo 160 y la posibilidad que los diputados ejerzan otro cargo público con “permiso”.

Se modifica el derecho de antejuicio de los diputados, de modo que si se declara con lugar el antejuicio, NO serán separados del cargo, ni siquiera por condena firme.

VE QUÉ BANDIDOS.

Interpelación a Ministros

En este punto, parece inocente la modificación, sin embargo tiene grandes repercusiones. Se limita la interpelación a Ministros “exclusivamente al ejercicio de su función ministerial”, por lo que actos que se hagan “en abuso de autoridad” no podrán ser objeto de interpelación. Igualmente, se limitan las preguntas adicionales a las preguntas básicas que se comunicaron al Ministro. De esta manera, se garantiza que los ministros no podrán ser sujetos a control por parte del Congreso o, por lo menos, que el control está tan limitado que podrán abusar de sus cargos y no estar sujetos a este control.

Asistencia de Ministros al Congreso

Se aclara en el 168 que los magistrados y jueces no están obligados a presentarse al Congreso. No obstante, se establece que se requiere de quórum de la mitad más uno de los diputados para que se lleven a cabo las sesiones a las que se invitó a los ministros. Esto permite que quien tenga la mayoría, usualmente es el gobierno de turno, impida dichas sesiones rompiendo el quórum y por tanto, veda el control cruzado que las minorías opositoras puedan ejercer.

John Locke y Montesquieu seguro no estarían de acuerdo.

Organismo Judicial

En este tema, se modifica el artículo 205 que contiene las garantías del Organismo Judicial y en lugar de mantener la garantía de no remoción de magistrados y jueces, se establece como garantía la carrera judicial. El tema de la carrera judicial se maneja en la reforma constitucional como algo positivo, sin embargo resulta que el Consejo de la Carrera Judicial llega a tener más control e injerencia en el nombramiento de los jueces y magistrados que la propia Corte Suprema. El problema, entonces, radica en el poder dado a funcionarios menores, controlados desde comisiones de postulación y por los otros organismos del Estado, de modo que realmente el Organismo Judicial deja de ser independiente.

En el artículo 208 se hace la modificación en la que incorporan a nivel constitucional la Carrera Judicial y el Consejo de la Carrera Judicial. Antes este artículo contenía el período de 5 años de los magistrados y jueces de primera instancia. La reforma establece que la “ley de la carrera judicial” normará el proceso de ingreso a dicha carrera y los nombramientos de jueces y magistrados, sus derechos y obligaciones, la formación profesional, las causas de traslado y retiro obligatorio y los procedimientos disciplinarios. Dicha carrera va desde los jueces de paz hasta los magistrados de Corte de Apelaciones y otros tribunales de dicha categoría.

Les da un plazo de 10 años en sus funciones con posibilidad de volver a ser nombrados.

El Consejo de la Carrera Judicial se integra por:

  1. El presidente de la Corte Suprema;
  2. Un miembro titular y un suplente electo por el pleno de la Corte Suprema de Justicia;
  3. Un titular y un suplente por la asamblea de magistrados de Corte de Apelaciones;
  4. Un titular y un suplente por la Asamblea de Jueces de Primera Instancia;
  5. Un titular y un suplente por los jueces de Paz;
  6. Dos miembros titulares y dos suplentes electos por los Decanos de las facultades de Derecho del País;
  7. Un titular y un suplente electos en forma conjunta por la Junta Directiva y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.

Este consejo tiene una composición bastante particular y peligrosa. Ya se sabe y se ha hecho público el poder que grupos de interés ejercen en las facultades de Derecho y el Colegio de Abogados, no digamos en su Junta Directiva.

La integración de los magistrados y jueces queda en manos de organizaciones que pueden ser politizadas fácilmente y la imparcialidad está muy debilitada al hacer nombramientos “interesados”. No hay siquiera participación de la Corte Suprema en la designación de los magistrados ni de instancias públicas de control.

Se cambia el artículo 209 que era que el daba la facultad de nombrar al personal de los tribunales a la Corte Suprema de Justicia y se crea una “Cámara Administrativa” en la Corte Suprema. A esta Cámara se le dan las funciones administrativa, financiera, organizacional y laboral del Organismo Judicial. Funciones que podía perfectamente ejercer un gerente bajo el mando del Presidente del Organismo Judicial y el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema. ¿Qué hay acá detrás?

Pues mi perspectiva es que al crear esta cámara, el control financiero queda directamente acá y es esta cámara la que podrá controlar el Organismo Judicial al ser quién decida sobre la funcionalidad del Organismo Judicial. La Corte Suprema queda, entonces, supeditada a esta Cámara que no tiene funciones jurisdiccionales.

Se modifica el artículo 213 que habla del Presupuesto del Organismo Judicial. Si bien se le asigna un 4% del Presupuesto de Ingresos Ordinarios, ya no es atribución de la Corte Suprema la formulación del presupuesto del Organismo Judicial, sino de la Cámara Administrativa. Los fondos privativos serán ahora administrados por esta Cámara Administrativa. Con ello, queda claro que el control del presupuesto es de esta Cámara, no de la Corte Suprema y por tanto, la Corte Suprema queda vulnerable a la injerencia que los organismos del Estado y otras personas o mafias puedan tener sobre esta Cámara. ¿Garantiza esto la independencia de quienes verdaderamente imparten justicia cuando queda sujeto su presupuesto a burócratas?

En el artículo 214 se modifica la integración de la Corte Suprema y se reducen de 13 a 10 sus integrantes. El Presidente ahora duraría 5 años y podría ser reelecto. El período de los magistrados será de 10 años. Con esta integración, cada Cámara será de 3 magistrados, no 4 como ahora.

En la elección de los magistrados se tienen varios cambios en la integración de la comisión de postulación. Antes los Rectores nombraban a 1 representante para que la presidiera; ahora el Rector de la USAC es quien la preside y los demás rectores nombran a 2 rectores representantes; antes, todos los decanos de Derecho participaban, ahora únicamente el decano de Derecho de USAC y 2 de los otros decanos; antes, la asamblea general del Colegio de Abogados elegía un número igual de representantes, mientras que las reformas proponen que sea integrada por el presidente del Colegio y el presidente del Tribunal de Honor; antes, un número igual de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones, esto se elimina.

¿Ya vio el poder concentrado en la USAC -que es una organización altamente politizada- y de los presidentes del Colegio de Abogados -que también lo está? Muy peligroso.

Además, establece la edad para ser nombrado en 65 años. ¿Qué no es la tercera edad una edad menos corruptible, más sabia y con mayor demostración de trayectoria?

Se modifica el artículo 217 sobre la elección y nombramiento de los magistrados de corte de apelaciones. Acá se otorga al Consejo de la Carrera Judicial el poder de nombrarles, ya no a la Corte Suprema, teniendo un 80% de nombramientos que venir de la carrera judicial y solo 20% de una convocatoria entre abogados activos.

Esta parte es quizás la más alarmante.

Contraloría General de Cuentas

Se le fija, en el artículo 232, un presupuesto mínimo de 1% del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado. Se crea un Consejo que tendrá a su cargo la fiscalización de la Contraloría… ¿Quién fiscaliza al fiscalizador? Dicho Consejo se compone de:

  1. Un miembro nombrado por el Consejo Superior de la USAC;
  2. Dos miembros designados por los rectores de las universidades privadas;
  3. Un miembro designado por las asociaciones empresariales, agrícolas, comerciales e industriales (¿CACIF?)
  4. Un miembro por las federaciones y confederaciones de cooperativas.

¿Le parece la conformación de este Consejo?

Presupuesto General de la Nación

Se agrega en el artículo 238 un párrafo que literalmente dice: “Los recursos financieros que el Estado asigne con obligación de reembolso a los Ministerios de Estado y a las entidades descentralizadas y autónomas, para que los inviertan en la realización de proyectos específicos de beneficio social y que produzcan renta que retorne el capital invertido, podrán darse en fideicomiso”.

Es así que se les da vida constitucional a los fideicomisos para estos fines. Preocupan, más que los fideicomisos, los fines que estarían incluyéndose en la Constitución para poder asignar presupuesto.

El Ejército

Inocentemente destinada o ingenuamente peligrosa… Se le cambian los fines al ejército. En el artículo 244 actual, los fines son “mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior”. La reforma simplemente dice “al servicio del Estado”. ¿Qué implica eso? Un ejército que responda a los intereses del gobernante de turno sin limitación de funciones particulares es muy peligroso. Podría ser un vehículo de intimidación o exterminio, porque es el “servicio del Estado”. Si bien luego agrega que tiene como funciones las anteriormente puestas, ya no es su “destino”, sino sus funciones.

Incorpora acá el actual artículo 250 que dice “El Ejército de Guatemala, se rige por lo preceptuado en la Constitución, su Ley Constitutiva y demás leyes y reglamentos militares”. Por las modificaciones al destino del Ejército, queda en el Congreso que con una ley se pueda modificar el ejército a su antojo creando un estatuto distinto a los miembros del mismo y un fin de Estado distinto.

Se modifica el 246 para permitir que un civil funja como Ministro de la Defensa. Esta modificación va contra la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que establecía que sería inconstitucional que fuera un civil, pues viola la jerarquía del ejército, misma que se establece en el propio artículo 244.

Agrega en el 246 la forma en que el ejército prestará ayuda a la seguridad interior.

Ya se sabe lo que puede suceder cuando el ejército es usado para controlar situaciones eminentemente civiles…

Policía Nacional Civil

En el artículo 250 que hablaba del Ejército y su regulación, se incorpora en la reforma a la Policía Nacional Civil, a quien se le dan atribuciones de investigación y permite que la ley cree otras instancias de investigación “siempre bajo la dirección del MP”. ¿Una policía judicial?

Ministerio Público

Importante es la propuesta en cuanto a modificar la comisión de postulación para nombrar al Fiscal General. Se propone que sea integrada por el Rector de la USAC y dos rectores de las universidades privadas, el presidente de la CSJ, el decano de derecho de la USAC y dos decanos de las facultades de derecho de las universidades privadas y el presidente de la junta directiva y del tribunal de honor del Colegio de Abogados. De nuevo, la USAC tiene un poder mucho mayor, pues actualmente no hay involucramiento del rector de la USAC y participaban todos los decanos de la facultades de Derecho.

Municipalidades

El cambio es un aumento del 10 al 11% del presupuesto a las municipalidades. Esto en el artículo 257.

Corte de Constitucionalidad

Se modifica la integración de la Corte de Constitucionalidad y de 5 titulares y 5 suplentes, pasarían a ser 11 magistrados. Para la elección se establecen mayorías calificadas y que sean 2 magistrados electos por la CSJ, Congreso, Presidente en Consejo de Ministros, Colegio de Abogados en Asamblea; Consejo Superior de la USAC y 1 magistrado por los decanos de las facultades de derecho de las universidades privadas del país.

Crea Cámaras en la Corte de Constitucionalidad para los distintos asuntos y para conocer de las inconstitucionalidades generales, se requiere de 9 magistrados, por sorteo. Ahora serán electos por 10 años, no 5.

La presidencia será por 2 años y por elección con el voto de 7 magistrados. La presidencia, actualmente, es rotativa, anualmente y va del mayor edad al menor. Con esto, imagino las luchas de poder que se crearán…

En cuanto a las funciones, modifica que conocerá en única instancia de los amparos contra el Tribunal Supremo Electoral. ¿Recuerda el caso Sandra Torres y el papel que jugó que la CSJ resolviera en primera instancia el amparo?

Análisis final

Como podrá ver, los cambios que se buscan entregan al control de los intereses políticos la designación de los poderes del Estado.

Siempre he sido un crítico de la actual constitución, pero no veo mejora en estas propuestas.

Si vivimos ya en un estado fallido porque no contamos con instituciones de justicia -policía, Ministerio Público y tribunales realmente independientes y comprometidos con impartir justicia; estamos rodeados de corrupción que es solapada y consentida por dichos entes de “justicia”, no veo que la reforma reduzca esos problemas, sino que los agrava.

El poder político que se le da a USAC, que ha estado envuelta en varios escándalos por malos manejos internos y situaciones políticas, no es la mejor salida.

Quien controle a los tribunales y la designación de jueces se garantizará inmunidad, por lo que no es el mejor sistema.

El dulce del reconocimiento de la multiculturalidad no es más que un ataque directo a lo que una República representa y abre la puerta para el establecimiento de un régimen racial y discriminatorio, en lugar de uno abierto y de igualdad.

La efervescencia social imperante y la posibilidad de tirar el ejército a calmarla son una mala combinación.

Un par de buenas luces, nada más.

El fracaso del Ministerio Público se reconoce en la reforma, aunque a quien más habría que achacarle la imposibilidad de condenas es al sistema procesal que permite discutir formalismos y no los problemas sometidos a los tribunales.

Considerando todo lo anterior, si bien nuestra actual constitución no es la mejor, considero no vale la pena empujar estas reformas de la manera que parece estar empeñado el actual gobierno, ya que exaltará la lucha y podría ser el detonante de una crisis social mucho mayor.

Sin más, hágase sus conclusiones y vea la historia para tratar de comprender por dónde saltará la liebre con estos textos ahora pretendidos por el gobierno de turno y cómo podrían ser utilizados por los futuros gobernantes, luego de las elecciones.

Hasta la próxima.

 

Mario E. Archila M. 

 

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Reforma Constitucional, ¿Camino a la tiranía?

Todos hemos oído que nadie está de acuerdo con la reforma constitucional plateada por el señor Presidente. Muchas de las objeciones vienen de buscar intereses particulares o de evitar que ciertas herramientas sean eliminadas.

No obstante, hay algunas redacciones que deberán ser vistas con ojos bastante más analíticos.

¿Qué consecuencias pueden traer en el mediano y largo plazo? ¿Cuál es la función real de una constitución? ¿Qué implicaciones para el débil sistema político actual tendrían de ser aprobadas?

Nosotros hicimos ya dicho análisis y, como es costumbre, lo pondremos en términos coloquiales, pues el tema es para todos, no una tertulia entre académicos.

Analizamos las razones por las que, hoy día, no estamos frente a la sociedad de los años 90 que votaron por el “NO”. Analizamos, gracias a estudios de generaciones y valores sociales, por qué hay un gran riesgo de que sea aprobada y cuáles son los valores que refleja éste modelo.

Le diremos lo que puede ser bueno.

Acompáñenos. Jueves 22 de noviembre de 2012, de 7 a 9:30am en el Hotel Camino Real. Usted desayuna rico, nosotros le damos la información.

Le garantizo que nunca ha visto una presentación que une sociología, valores, historia y Derecho… Q350.00 le compran el asiento y se lleva copia de la presentación a su casa. Llame a Doris al 23788484 para que le pida su desayuno.

Lo espero.

Mario E. Archila M.

 

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Jornadas de Derecho Tributario

A los amantes del Derecho Tributario los invito a las jornadas de Derecho Tributario que organiza el Instituto Guatemalteco de Derecho Tributario. Este viernes DOS DE NOVIEMBRE DEL 2012 en el Hotel Princess, desde las 8 am. Brochure: 2 Jornadas Guatemaltecas de Derecho Tributario.

Se tendrán 6 invitados de primer orden, para darles a ustedes, información actualizada, de calidad y con soporte académico respetable:

1. Doctor Cesar García Novoa (Doctor por Santiago de Compostela) Los intangibles en el Derecho Tributario.

2, Doctora Eva Andrés Aucejo (Doctora por la Universidad de Barcelona) Mecanismos de Desjudicialización en Materia Tributaria.

3. Doctor Rafael Vergara (Bolivia) Principio de Seguridad Jurídica.

4. Doctor Manuel Llaca Razo (México), Los precios de transferencia.

5. Doctor Edgar Mendoza (Guatemala) La planeación Fiscal.

6. Licenciado Alfredo Rodríguez Mahuad (Guatemala) La Simulación Tributaria.

La inversión es de únicamente

NO SOCIOS Q. 500.00
SOCIOS Q.300.00

Espero verlos por allí.

Mario E. Archila M.

 

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Claro que hay coherencia

Es curioso que lo que la gente oye que es ser “libertario” no es lo que es. Todo libertario verdadero estará en desacuerdo con que existan leyes como “impuesto a la distribución del cemento” o “del tabaco” y los aranceles. Todo libertario abogará siempre por la desaparición de dichos privilegios.

De la misma manera abogará porque las leyes sean construidas partiendo de la naturaleza humana: creatividad, ingenio y búsqueda de intereses propios y personales; y la consecuente responsabilidad de sus actos.

¿Qué es la responsabilidad? Pues no es más que tragarse las consecuencias, buenas o malas, de los actos en libertad. De allí que leyes que pretenden que “por mi bien” se establezcan impuestos a los “vicios” son contrarios a los libertarios, ya que únicamente causan privilegios. O el impuesto al cemento, que está diseñado de tal manera que se protege el mercado de la competencia, local y extranjera. ¿Quién paga un precio más alto? Todos los que buscan construir su casa o negocio.

La historia ha tenido períodos muy cercanos, si no es que totalmente, “libertarios”. Claro que nunca se les da crédito, pues se analiza e idealiza un resultado concreto, sin ver los inicios de las corrientes de la historia. Se critica que EEUU no es “libertario”, pero se olvida que lo fue hasta la reforma constitucional impulsada por Franklin D. Roosevelt y su “new deal”. Término que enseña que FDR pasó a fundar un nuevo Estado sobre las bases filosóficas de la corriente del “pacto social” y Rousseau; dejando atrás a Hume y Locke, de la escuela filosófica contraria. ¿Se entiende por qué hoy día EEUU no es libertaria?

Ser libertario no es ser anarquista. La anarquía llevaría a un estado de guerra incontrolable. Ser libertario implica niveles de gobierno centrados en lo que es condiciones de cumplimiento de parámetros que, antes de ser económicos, son morales y jurídicos. No es la abolición del gobierno, sino la limitación del mismo a esferas claras.

Para un libertario no hay distinción de clase o raza, pues se cree en la capacidad innata de cada ser humano de encontrar los mejores satisfactores, conforme a sus circunstancias propias, mientras tenga la libertad suficiente para escogerlas y un pueda obligar a cumplir las promesas que le han hecho otros individuos.

Un libertario, por supuesto, que estará siempre contra la oligarquía. Estará contra grupos de interés, ONG´s y actividades particulares financiadas con fondos de los ciudadanos, ya sea directa o indirectamente (vía tributos, subsidios o manejo de políticas financieras).

¿Cuáles son los sectores más protegidos en Guatemala? La agroindustria, como el azúcar, el café y la banca y finanzas.

¿Hay libertarios a favor de dichos privilegios? No. Hay gente que usa frases y discursos de autores y analistas libertarios para buscar sus privilegios. Eso, claramente.

Triste es que se recurra a generalizaciones para descalificar argumentos que tienen asidero en la historia misma y respaldados por estudios y análisis económicos.

Es de aclarar el libre mercado no es un fin, sino el resultado de tener un sistema moral y jurídico basado permitir a cada individuo buscar su propia felicidad, respetando la búsqueda de dicha felicidad propia del vecino. ¿Es esto incongruente con la caridad, la ayuda mútua, la solidaridad? Claramente no. Cada una de esas bellas palabras son virtudes y una virtud sólo puede ser ejercida en libertad. Sí, en libertad de ser caritativo o no; ayudar o no; ser solidario o no.

Es así que no creo que ningún libertario de los que realmente saben qué es ser libertario y busca que se rompan con esos privilegios entregados en las leyes esté en desacuerdo con proponer que se rompa con ellos y se eliminen.

Lo que veo es que en Guatemala hay suficientes cangrejos que por no estar dentro de los privilegios legislados actuales quieren que se les den a ellos y se les quiten a los otros esos privilegios… con esas posturas, ningún libertario estará nunca de acuerdo… y eso es por coherencia.

Mario E. Archila M.

 

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La visión de los impuestos

Me he topado, por azares del destino, con personas que tienen distintas imágenes y opiniones sobre los tributos. Claro que hay quienes están a favor y quienes están en contra.

Hoy motiva estas líneas el punto trascendental respecto a los tributos en general, que se pasa por alto y nos mete en grandes líos.

Los tributos son siempre y al final un tema jurídico. No es un tema económico ni un tema contable. Es un tema jurídico.

De tal manera que debe comprenderse que la economía y la economía política son para “diseño de la política económica de un país”, entre ello, el establecimiento de las metas de recaudación. En la parte contable, la contabilidad es un auxiliar para la administración empresarial y es la base para la determinación de muchos hechos generadores y de muchos aspectos tributarios.

Ninguna de esas ciencias es relevante para las relaciones jurídicas que surgen de las leyes tributarias. Es así que la meta de recaudación no puede ser superior a los límites jurídicos impuestos al poder tributario. La contabilidad tampoco puede servir de base para aplicación de leyes tributarias y menos para su interpretación.

Es por ello que termina siendo un asunto jurídico. Existe toda una ciencia detrás de la interpretación de las normas jurídicas y no digamos de las normas tributarias. El derecho tributario es de origen constitucional. Tanto que las revoluciones que originaron constituciones, nacen por el cobro abusivo de tributos. Puede leer de esos orígenes acá mismo: http://impuestosychocolate.com/2009/10/20/de-chocolates-e-impuestos/

La interpretación jurídica podrá ser contraria a la interpretación contable y a los intereses recaudatorios que se presentaron en los análisis económicos que justifican las metas de recaudación. Pero la interpretación jurídica es el límite natural de la aplicación de cualquier ley, principalmente cuando se trata de una relación personal entre contribuyente y estado.

Hoy oí de algún alto funcionario de SAT que los jueces “tuercen” la ley. No puede negarse que los jueces (magistrados en este caso) pueden cometer errores judiciales y para eso existen los recursos legales correspondientes, pero debe ser siempre matizado el comentario, ya que siempre debe prevalecer el criterio legal. La interpretación constitucional y de normas que desde el Código de Hamurabí han debido ser interpretadas y con lo que, hoy día, contamos ya con más de 5000 años de formación de la ciencia jurídica, que no es más que la interpretación de la normativa.

El derecho tributario, por tanto, es un tema primordialmente de derecho. De instituciones jurídicas como hecho generador, sujeto pasivo, exenciones, sanciones, límites constitucionales, principios que lo ilustran. Hay toda una doctrina de la prueba a la que se sujeta la propia contabilidad y una forma correcta de resolver los conflictos normativos y jerárquicos.

Me da mucha pena que personas ajenas al mundo del derecho descalifiquen tan rápidamente el trabajo de los magistrados, pues un juez puede equivocarse, pero en un proceso tributario son por lo menos 7 magistrados, quienes tienen a su cargo resolver los casos.

¿Hay errores? Sin duda. Pero la mayoría de los casos que he leído y he defendido, han sido resueltos conforme a Derecho.

Es así que con un problema tributario frente a nosotros, la herramienta principal es el Derecho, no la economía ni la contabilidad.

 

Mario E. Archila M.

 

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El IUSI y sus incongruencias

El 19 de julio, a las 7a.m., tendremos nuestro acostumbrado desayuno seminario mensual. El tema: El IUSI y sus falencias. Específicamente trataremos:

1. Inconstitucionalidad del Impuesto Único Sobre Inmuebles por carecer de hecho generador, la ley solo brinda la manifestación de riqueza.

2. Inconstitucionalidad al señalar un objeto gravable “real” que no considera la capacidad de pago, ni establecer deducciones ni descuentos.

3. Atenta contra la propiedad privada, pues obliga a decidir para poder “pagar el impuesto”.

4. Falta de neutralidad y falta de revelación de capacidad de pago.

5. Posibilidad de arbitrariedades, pues la ley permite que mediante delegación de funciones y con disposiciones inferiores a la ley se modifique el valor del inmueble, la base imponible del IUSI.

Espero nos acompañe y profundicemos en este tema. Solo Q224.00 por persona, que incluye desayuno.

Llame al 23788484 con Doris para inscribirse. No quedan muchos espacios.

Mario E. Archila M.

 

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El IUSI y su inconstitucionalidad

Está de moda hablar del IUSI, pues a mucha gente le están revaluando su propiedad. Teorías vienen y van sobre el mismo. En el fondo, el impuesto está tan mal diseñado, que es inconstitucional. Venga  y acompáñenos. Únicamente hay 25 espacios disponibles a Q224.00 cada uno.

Para que un impuesto sea legítimo y pueda ser cobrado, requiere varios aspectos importantes a tomar en cuenta en su diseño. La Constitución de la República tiene dichos parámetros en los artículos 239 y 243. El jueves 19 de julio, de 7 a 9am explicaré, mientras usted cómodamente desayuna en el Camino Real, cuáles son las falencias que tiene este impuesto, cómo dichas falencias hacen que el mismo sea ilegítimo y se desconecta la obligación legal de pagarlo.

La idea es que como ciudadanos empecemos a exigir que nuestras autoridades, principalmente el Congreso de la República, diseñen tributos que cumplan con los límites constitucionales.

Lo espero.

Mario E. Archila M.

 

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Gastos deducibles en las reformas fiscales 4-2012 y 10-2012

Una de las más recientes modificaciones a la actual Ley del Impuesto Sobre la Renta ha sido la referente a los gastos deducibles que se aprobó por medio del decreto 4-2012 del Congreso. A ello se le agrega que a partir del 1 de enero de 2013 nos regirá una nueva ley del Impuesto Sobre la Renta. Esa ley tiene nuevas reglas referentes a la deducibilidad de los gastos.

El 4-2012, si bien no es aplicable para contribuyentes que ya estaban operando antes de la entrada en vigencia el 25 de febrero de 2012, será, seguramente, la razón de ajustes en el período 2012. 

Cambios en los gastos no deducibles

Reforma del 4-2012

El nuevo artículo 39 de la ley del Impuesto Sobre la Renta contiene los costos y gastos no deducibles. De la A a la S. Antes llegábamos sólo a la j). Imagine, pues, que ahora puede deducir menos cosas.

Veamos los más relevantes, en lila mis comentarios:

a) Los que no hayan tenido su origen en el negocio, actividad u operación que genera renta gravada y deben registrarse los gastos de rentas exentas y no afectas.

La primera parte ha dado ya lugar a muchos ajustes. Sugerimos documentar detalladamente el uso de dichos gastos. Por ejemplo, si el gasto es para alguna promoción o marketing en el que monta un evento y regala juguetes, tome fotos de la entrega. Mejor si en las fotos un personero de la entidad sostiene un diario del día o hace que aparezca el evento en el diario. 

b) Los que el titular de la deducción no haya cumplido con la obligación de retener y pagar el Impuesto Sobre la Renta, cuando corresponda. Serán deducibles una vez se haya enterado la retención.

Adicionalmente a que el gasto no es deducible, una retención tardía le hará ganarse una multa de Q1,000 por factura. La retención se debe hacer a los contribuyentes que están en el régimen del 5% y a los pequeños contribuyentes, para el caso de retenciones del ISR y si es agente de retención del IVA, siempre. 

c) Los no respaldados por la documentación legal correspondiente.

Si bien existen criterios judiciales ya en sentencias de casación sobre como entender “documentación legal”, se modificó a modo que ahora, en la Ley del ISR se define “documentación legal” como la exigida por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos y otras disposiciones legales tributarias y aduaneras, para efectos de comprobar los actos y contratos afectos a dichos impuestos, salvo cuando por disposición legal la deducción pueda acreditarse por medio de partida contable, que será el caso de las depreciaciones y la integración del costo de venta por inventarios, por ejemplo.

d) Los que no correspondan al período anual de imposición que se liquida.

e) Los sueldos, salarios y prestaciones laborales, que no sean acreditados con la copia de la planilla del IGSS, cuando proceda.

La clave es “cuando proceda” y por ello es importante el criterio y reglamentos del IGSS, pues evidentemente la aplicación que SAT haga será de la información que IGSS le traslade. 

f) Los respaldados con factura emitida en el exterior en la importación de bienes, que no sean soportados con declaraciones aduaneras de importación y su recibo autorizado de pago; a excepción de los servicios que deberán sustentarse con el comprobante de pago al exterior.

En el pago de servicios al exterior, no necesariamente hay retención, pues no necesariamente dichos servicios son de fuente guatemalteca, así que vale la pena el análisis caso a caso. 

g) Los consistentes en bonificaciones con base en las utilidades.

h) Los de erogaciones que representen una retribución del capital social o patrimonio aportado.

i) Los de intereses pagados que excedan al valor de multiplicar la tasa de interés por un monto de tres veces el activo neto total promedio que resulte de la información presentada por el contribuyente en sus declaraciones juradas anuales. Para efectos de la presente literal se entiende como activo neto total promedio, la suma del activo neto total del cierre del año anterior con la del activo neto total del cierre del año actual, ambos valores presentados en la declaración jurada anual del Impuesto Sobre la Renta y anexos de cada período de liquidación definitiva, divididos entre dos. El activo neto total corresponde al valor en libros de todos los bienes que sean efectivamente de la propiedad del contribuyente. La limitación prevista en este inciso no será de aplicación a entidades bancarias y sociedades financieras sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos.

Si lo entiende, me avisa y me lo explica, porque no he logrado poner la fórmula en papel. Lo que sí es definitivo es que esta fórmula hace que únicamente las entidades que ya cuentan con activos o capital sean sujetos de crédito y por tanto, evita el crecimiento de negocios de servicios. 

j) Las sumas retiradas en efectivo y el valor de los bienes utilizados o consumidos por cualquier concepto por el propietario, sus familiares, socios y administradores, así como los créditos que abonen en cuenta o remesen a las casas matrices, sus sucursales, agencias o subsidiarias.

Son autoconsumos que no implican un gasto necesario para generación de rentas. Serán gasto los autoconsumos necesarios para generar rentas. 

k) Los provenientes de cuentas incobrables, cuando se trate de contribuyentes que operen sus registros bajo el método contable de lo percibido.

l) Los de mantenimiento en inversiones de carácter de recreo personal. Cuando estas inversiones estén incluidas en el activo, junto con el de otras actividades que generen rentas gravadas, se llevarán cuentas separadas para los fines de determinar los resultados de una y otra clase de inversiones.

m) Los de mejoras permanentes realizadas a los bienes del activo fijo, y en general, todas aquellas erogaciones por mejoras capitalizables que prolonguen la vida útil de dichos bienes o incrementen su capacidad de producción.

Deberá tener presente que no podrá destruir los documentos que acreditan las inversiones en mejoras permanentes de activos mientras tenga que depreciarlos, así que el plazo es mayor a los 4 años. 

n) Las pérdidas cambiarias originadas en la adquisición de moneda extranjera para operaciones con el exterior, efectuadas por las sucursales, subsidiarias o agencias con su casa matriz o viceversa.

o) Las primas por seguro dotal o por cualquier otro tipo de seguro que genere reintegro, rescate o reembolso de cualquier naturaleza al beneficiario o a quien contrate el seguro.

p) Los incurridos y las depreciaciones de bienes utilizados indistintamente en el ejercicio de la profesión y en el uso particular, sólo podrá deducirse la proporción que corresponda a la obtención de rentas gravadas. Cuando no se pueda comprobar la proporción de tal deducción, sólo se considerará deducible, salvo prueba en contrario, el cincuenta por ciento (50%) del total de dichos gastos y depreciaciones.

q) El monto de las depreciaciones en bienes inmuebles, cuyo valor base exceda del que conste en la Matrícula Fiscal o en Catastro Municipal. Esta restricción no será aplicable a los contribuyentes que realicen mejoras permanentes o edificaciones a bienes inmuebles que no son de su propiedad, ni a los propietarios de bienes inmuebles que realicen mejoras que no constituyan edificaciones, siempre que dichas mejoras no requieran, conforme a las regulaciones vigentes, de licencia municipal de construcción. En el caso de las depreciaciones que se han venido aplicando antes de la vigencia de esta Ley, y que exceden el valor base, el contribuyente podrá continuar con la depreciación de los mismos como gasto deducible, únicamente si demuestra la inversión efectivamente realizada en los inmuebles.

El detalle es tener a la mano dichas inversiones, que pudieron haber sido casi 20 años atrás. 

r) El monto de las donaciones realizadas a organizaciones no gubernamentales, asociaciones y fundaciones no lucrativas, de asistencia, servicio social, iglesias y entidades de carácter religioso, que no cuenten con la solvencia fiscal del período al que corresponde el gasto, emitida por la Administración Tributaria.

La solvencia fiscal la deben tramitar estas entidades en junio de cada año, por lo que, considero, si el período fiscal es de enero a diciembre, la solvencia obtenida en junio de un año, abarca el segundo semestre del año calendario en curso y el primer semestre del siguiente año. Si la donación ocurre en agosto, por tanto, la solvencia fiscal debe ser de junio. Ahora bien, SAT ha emitido dichas solvencias fiscales con validez de 30 días y podría pretender que dicha solvencia haya estado vigente en el momento de hacer la donación, aunque no es lo que el Código Tributario establece. 

s) El monto de costos y gastos del período de liquidación que exceda al noventa y siete por ciento (97%) del total de la renta bruta. Este monto excedente podrá ser trasladado exclusivamente al período fiscal siguiente, para efectos de su deducción.

La disposición del primer párrafo de esta literal, no es aplicable a los contribuyentes que tuvieren pérdidas fiscales durante dos (2) períodos de liquidación definitiva anual consecutivos o que tengan un margen bruto inferior al cuatro por ciento (4%) del total de sus ingresos gravados. Para el efecto, los contribuyentes deberán presentar informe, previo a que venza la presentación de la declaración jurada anual y los anexos a que hace referencia el artículo 54 de la presente Ley, por medio de declaración jurada prestada ante notario, acompañando los estados financieros auditados y medios de prueba documental que acrediten tales extremos.

Modificación ridícula a la ley, pues una pérdida fiscal por 2 años consecutivos es imposible de tener, ya que aplico la regla del 97%. Antes de la reforma, dicha norma (39 j) decía “pérdidas”, con lo que claramente se refería a pérdidas financieras. 

En el 10-2012

En el Decreto 10-2012, libro I, que contiene la nueva ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2013, la cosa es muy similar. Tenemos, no obstante, 3 artículos que regulan la “no deducibilidad” de los gastos.

Requisitos para la deducibilidad

El artículo 22 contiene los requisitos que se deben cumplir para que los gastos y costos sean deducibles.

1. Que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o generar la renta gravada o para conservar su fuente productora y para aquellos obligados a llevar contabilidad completa, deben estar debidamente contabilizados.

Debidamente contabilizados es entrar en honduras, pues no sabemos qué normativa aplica. Hay varias posturas. ¿Principios Generalmente Aceptados, NIC, NIF? 

Luego, ya no dicen “que sean necesarios”, sino que hay 4 calificativos para que el gasto sea deducible: “útil”, “necesario”, “pertinente” o “indispensable”.

2. Que se haya retenido y pagado el ISR, cuando corresponda.

La retención del ISR en esta nueva ley debe hacerse en los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la factura. Ojo con esto o se ganará una multa de Q1,000 por factura. 

3. En el caso de los sueldos y salarios, las planillas de las contribuciones a la seguridad social presentada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuando proceda.

Misma consideración anterior.

4. Tener los documentos y medios de respaldo, entendiéndose por tales:

a. Facturas, facturas de pequeño contribuyente y facturas especiales autorizadas por la Administración Tributarias.

c. Facturas o documentos, emitidos en el exterior.

d. Testimonio de escrituras públicas autorizadas por Notario, o el contrato privado protocolizado.

e. Recibos de caja o notas de débito, en el caso de los gastos que cobran las entidades vigiladas e inspeccionadas por la Superintendencia de Bancos.

f. Planillas presentadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y los recibos que éste extienda, libros de salarios, planillas, en los casos de sueldos, salarios o prestaciones laborales, según corresponda.

g. Declaraciones aduaneras de importación con la constancia autorizada de pago, en el caso de importaciones.

h. Facturas especiales autorizadas por la Administración Tributaria.

  1. Otros que haya autorizado la Administración Tributaria.

Vea que se limita el tipo de documentos y ya no se aceptan los documentos del régimen del Impuesto de Timbres Fiscales. Mucho ojo.

Costos y Gastos No Deducibles

Luego, además, tenemos los “costos y gastos no deducibles” en el artículo 23,

a) Los que no hayan tenido su origen en el negocio, actividad u operación que genera renta gravada.

Los contribuyentes están obligados a registrar los costos y gastos de las rentas afectas y de las rentas exentas en cuentas separadas, a fin de deducir únicamente los que se refieren a operaciones gravadas. Si no se lleva registro, SAT hará la distribución directamente proporcional al total de gastos directos entre el total de rentas gravadas, exentas y no afectas.

b) Los gastos financieros incurridos en inversiones financieras para actividades de fomento de vivienda, mediante cédulas hipotecarias o bonos del tesoro de la República de Guatemala u otros títulos valores o de crédito emitidos por el Estado, toda vez los intereses que generen dichos títulos de crédito estén exentos de impuestos por mandato legal.

c) Cuando no se haya cumplido con la obligación de efectuar la retención y pagar el Impuesto Sobre la Renta, cuando corresponda. Serán deducibles una vez se haya enterado la retención.

d) Los no respaldados por documentación legal exigida por esta Ley y otras disposiciones legales tributarias y aduaneras. Lo anterior, salvo cuando por disposición legal la deducción pueda acreditarse por medio de partida contable.

Si bien es igual al punto 4 del artículo 22, hay que comprender alcances importantes. En el caso de servicios que se prestan en locales arrendados, las facturas no están, muchas veces, a nombre del inquilino, por lo que el gasto sería “no deducible”.

e) Los que no correspondan al período anual de imposición que se liquida, salvo los regímenes especiales que permite la ley.

f) Los sueldos, salarios y prestaciones laborales, que no sean acreditados con la copia de la planilla de las contribuciones a la seguridad social presentada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuando proceda.

g) Los respaldados con factura emitida en el exterior en la importación de bienes, que no sean soportados con declaraciones aduaneras de importación debidamente liquidadas con la constancia autorizada de pago; a excepción de los servicios que deberán sustentarse con el comprobante de pago al exterior.

Acá lo importantes es conservar el comprobante de pago al exterior. También se deberá tener presente que en el pago de servicios al exterior, no necesariamente hay retención, pues no necesariamente dichos servicios son de fuente guatemalteca, así que vale la pena el análisis caso a caso. 

h) Los consistentes en bonificaciones con base en las utilidades o las participaciones de utilidades.

i) Las erogaciones que representen una retribución del capital social o patrimonio aportado.

j) De nuevo, los autoconsumos que no implican un gasto necesario para generación de rentas. Entiendo que los que sí son necesarios, sí son gasto o costo deducible. Existe ya una sentencia de casación al respecto.

k) Los intereses y otros gastos financieros acumulados e incluidos en las cuentas incobrables, cuando se trate de contribuyentes que operen sus registros bajo el método contable de lo percibido.

l) Los derivados de adquisición o de mantenimiento en inversiones de carácter de recreo personal. Cuando estas inversiones estén incluidas en el activo, junto con el de otras actividades que generen rentas gravadas, se llevarán cuentas separadas para los fines de determinar los resultados de una y otra clase de inversiones.

Recuerde hacer la separación y conservar la documentación mientras esté depreciando. 

m) El valor de las mejoras permanentes realizadas a los bienes del activo fijo, y, en general, todas aquellas erogaciones por mejoras capitalizables que prolonguen la vida útil de dichos bienes o incrementen su capacidad de producción.

Deberá tener presente que no podrá destruir los documentos que acreditan las inversiones en mejoras permanentes de activos mientras tenga que depreciarlos, así que el plazo es mayor a los 4 años. 

n) Las pérdidas cambiarias originadas en la adquisición de moneda extranjera para operaciones con el exterior, efectuadas por las sucursales, subsidiarias o agencias con su casa matriz o viceversa.

o) Las pérdidas cambiarias originadas de revaluaciones, reexpresiones o remediciones en moneda extranjera, que se registren por simples partidas de contabilidad.

Esto se incluye acá porque existen más de 5 sentencias de casación firmes que permitían que se dedujeran dichas pérdidas cambiarias.

p) Las primas por seguro dotal o seguro que genere reintegro, rescate o reembolso de cualquier naturaleza al beneficiario o a quien contrate el seguro.

q) Los gastos incurridos y las depreciaciones de bienes utilizados indistintamente en el ejercicio de la profesión y en el uso particular, en la proporción que no corresponda a la obtención de rentas gravadas y se presume, salvo prueba en contrario, el cincuenta por ciento (50%) del total de dichos gastos y depreciaciones.

Imagínese así que tendrá que llevar una bitácora de los kilómetros que recorre con la familia y los de trabajo.

r) El monto de las depreciaciones en bienes inmuebles, cuyo valor base exceda del que conste en la matrícula fiscal o en catastro municipal. Esta restricción no será aplicable a los propietarios de bienes inmuebles que realicen mejoras permanentes que no constituyan edificaciones, siempre que dichas mejoras no requieran, conforme a las regulaciones vigentes, de licencia municipal de construcción.

s) El monto de las donaciones realizadas a entidades sociales, políticas o religiosas que no estén legalmente constituidas, autorizadas e inscritas conforme a la ley o que no cuenten con la solvencia fiscal del período al que corresponde el gasto, emitida por la Administración Tributaria.

Vea la consideración que hice sobre la solvencia al comentar el 4-2012. 

Deducibilidad de intereses

La última limitación expresa es a la deducibilidad de los intereses, en el artículo 24. Se divide así:

1. Un techo al monto de intereses pagados al valor de multiplicar la tasa simple máxima anual que determine la Junta Monetaria por tres veces el monto del activo neto total promedio presentado por el contribuyente en su declaración jurada anual.

2. La tasa de interés no puede exceder de la tasa simple máxima anual que determine la Junta Monetaria en los primeros quince (15) días de los meses de enero y julio de cada año para el respectivo semestre, tomando como base la tasa ponderada bancaria para operaciones activas del semestre anterior.

  1. Para préstamos en el exterior, los contratos deberán ser con entidades bancarias o financieras, registradas y vigiladas por el órgano estatal de vigilancia e inspección bancaria, y autorizadas para la actividad de intermediación en el país de otorgamiento.
    1. En este caso, la tasa de interés no podrá exceder a la tasa simple máxima anual que determine la Junta Monetaria menos el valor de la variación interanual del tipo de cambio del Quetzal respecto de la moneda en que esté expresado el contrato de préstamo, durante el período al que corresponde la declaración jurada anual del Impuesto Sobre la Renta.

Lo único bueno que encontramos es que ya no hay una absurda limitación porcentual a los gastos (regla del 97%), pero probablemente con tanto requisito, la “utilidad fiscal” será mucho más alta ahora que antes y con ello, a pesar de haberse bajado la tarifa (bueno, a partir del 2014), el monto de impuesto final a pagar será mayor. 

Como ve, no es tan cierto que hay baja de impuestos, ya que mientras más se limiten los gastos y costos, más utilidad -artificialmente logrado- habrá y por tanto, mayor impuesto pagará. 

Mario E. Archila M. 

 

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Reforma a la Constitución

Durante muchos años he dicho que nuestra Constitución sirve tanto como el papel de baño. La razón para ello es porque no está pensada como instrumento republicano de limitación a quien ejerce el poder, sino al contrario, está pensado como un instrumento que establece sueños para ser cumplidos por un aparato estatal en favor de grupos de poder o de interés.

Con esa perspectiva, evidentemente los resultados de su aplicación son los que saltan a la vista: inconformidad, corrupción, abusos de todos lados, legalización del compadrazgo como método de garantía de derechos y carreras políticas mesiánicas que logran enriquecimiento absurdo de los que ganan y sus allegados.

El Presidente Otto Pérez Molina exalta y promueve una reforma constitucional. De nuevo, no niego su necesidad. Cuestiono, eso sí, que haya una clase política, empresarial o académica que realmente esté planteando una reforma que resuelva los problemas arriba establecidos.

No creo que la reforma que el señor Presidente promueva ataque esos problemas. No creo que cuente con asesores que estén dispuestos a ceder sus cuotas de poder y hacer planteamientos que vayan encaminados a regresar a Guatemala por la senda de una vida republicana (lea “regresar” con un tono sarcástico, pues nunca lo hemos sido) y mucho menos que busque reducir los ámbitos de intromisión de los funcionarios, para reducir el nivel de corrupción por interferencia.

Se dice que la constitución debe ser más democrática, más participativa, más abierta y más inclusiva, pero todos esos términos son simplemente para darle espacios a más organizaciones y grupos de interés y reducir cada vez más las esferas de derechos de todos. Se compartimentalizan los derechos y se reparte la piñata a costa de los ciudadanos. Se agrupa falsamente a la sociedad “civil” en grupúsculos de interés particular, sin ver que son los ciudadanos de a pie, los trabajadores y emprendedores (no empresarios) los que requieren que se les expedite el camino al éxito personal, sin importar cómo considere definir dicho éxito mas que con la clara y delimitada esfera de no intervenir con el del vecino.

Veo muy peligrosa una reforma constitucional en este momento, pues los grupos que apoyan la misma no han presentado proyectos que resuelvan el fondo, sino que lo agravarán en el futuro.

Mario E. Archila M. 

 

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