Mejorar la recaudación

En la última semana he oído varias declaraciones sobre cómo SAT y el gobierno central buscan mejorar la recaudación. La cosa es más sencilla de lo que pensamos y más compleja de lo que quisiéramos. Sin embargo hay un par de temas que nunca salen en estas declaraciones y caemos en el común problema de mal enfoque.

Como el tema es que la recaudación está baja, las declaraciones y propuestas que salen son para “mejorar” dicha recaudación. La baja recaudación, entonces, se enfoca como el problema. El problema rara vez es la baja recaudación, sino la mala utilización de los recursos.

La recaudación debe ser “conforme a las necesidades del Estado”, según indica el artículo 239 de la Constitución. Es así que la recaudación responde a dichas necesidades. El punto inicial de las preocupaciones fiscales, por tanto, debe ser “¿Para qué necesitamos dinero?” La respuesta debe ser analizada para descubrir si lo que se plantea SON o no necesidades del Estado.

El Estado nace para proteger esferas de Derechos de los ciudadanos. Es así, por ejemplo, que los Estados modernos resultan de textos preconstitucionales que limitaron los poderes de los reyes. El sistema de gobierno del primitivo Israel, fue uno de jueces. Sin “reyes”. Es así que vemos en documentos históricos que los gobernantes han sido limitados para permitir a los individuos mantener y proteger sus esferas de derechos. Es así que la primera constitución moderna, la Federal Americana, se crea para garantizar lo que los colonos consideraban SUS derechos básicos de Vida, Propiedad y Búsqueda de la propia felicidad. Derechos que para ellos eran “inalienables” y “autoevidentes”. Para este siglo XXI, ya no son tan inalienables ni autoevidentes a la luz de las distorsiones lingüísticas que se han incorporado durante los últimos 200 años.

De esos tres derechos básicos, el que llama la atención para determinar cuáles son las necesidades del Estado, es el tercero: La búsqueda de la propia felicidad. Este derecho engloba la totalidad de visiones que podríamos tener sobre los fines del ser humano y a la vez es una definición que permite orientar el rumbo de un gobierno. La felicidad se define “subjetivamente” pues es “propia”. De ello, por tanto, se desprende que cada uno buscará lo que considere SU felicidad y resulta ser un límite y una garantía que los gobernantes deben respetar. Esta definición de “bien común” es la más comprensiva de todas, pues TU FELICIDAD no necesariamente será la mía y si permitimos que un gobernante decida cuál es la felicidad que vale la pena, no será una “felicidad” común a todos. No será un “bien común”, será únicamente el bien de alguno en particular, inhibiendo a los demás de la búsqueda de su propia felicidad.

Esta discusión es la inicial. Esta discusión nos llevará a estar de acuerdo en algunas funciones esenciales del Estado que deberemos tener como prioritarias. Es así que el Estado existe para proteger los fines que cada uno se traza, evitando que otros, incluso el propio Estado, interfieran en ellos. Tenemos así claro que ninguna persona, incluso el Estado, podrá realizar acciones contra la vida o la propiedad de otro. Tampoco acciones que interfieran con sus fines comerciales, personales, religiosos, etc.

Es así que debemos preguntarnos si es lícito que se emprendan acciones gubernamentales con el único fin de cobrar más tributos, pues aparentemente, todo el aparato recaudador del Estado es una grave interferencia en los fines propios de cada uno de nosotros.

He allí donde empezamos a encontrar las causas de las caídas en la recaudación de algunos impuestos. El hecho de pagar impuestos implica que se aumenten los costos de buscar la felicidad propia. Es así que al aumentar los costos, aumenta también el incentivo para encontrar formas de evitarlos. Unas más ingeniosas que otras y unas tan simples como el hecho de no inscribirse, siquiera, en SAT. Es decir, el comercio informal. La informalidad no llega a los niveles enormes que tiene en Guatemala, en países que son muy libres en sus relaciones comerciales.

La creación de nuevas normas de control, de nuevos procedimientos, de mayores requerimientos legales, no ayuda a que cada uno logre “su propia felicidad”. Es así que ya hemos empezado a ver que medidas como las intervenciones de Aduanas no lograron aumento en recaudación, sino que, por el contrario, baja la misma.

La economía ha establecido que el aumento de tarifas impositivas (deberé decir, del costo total de tributar) no implica que haya un aumento en la recaudación. Laffer hizo su famosa curva, determinando que llega un punto en el que un aumento de tarifa disminuye la recaudación total. Siempre se discute si estamos a la izquierda (se puede subir la tarifa sin ver el efecto negativo) o a la derecha de dicha curva. Creo que es obvio que en Guatemala estamos a la derecha de la curva, pues el 70% de las personas se niega a pagar impuestos. Esto implica que se percibe que el costo de tributar es ya más alto que el beneficio.

En el tema de “las necesidades del Estado”, por tanto, lo importante es considerar que mientras no haya inversión y gasto en lo prioritario (permitir la búsqueda de la felicidad de cada cual) sino que haya utilización del gasto público con fines electorales o privilegiantes, la población en general se resistirá al pago de cualquier exacción que pretenda el Estado. Es así que no podrá encontrarse legislación tributaria que permita llegar a las metas deseadas de recaudación, ya que el problema en sí no es la recaudación, sino el gasto.

Por otro lado, al crear programas que benefician a unos sobre otros, se crean privilegios y la población se resentirá al ver que el aparato Estatal perjudica más de lo que ayuda, pues las metas de esos “perjudicados” son mucho más que las metas de los pocos beneficiados. La limpieza de los programas y actividades estatales que están reflejadas en el presupuesto debe realizarse. No podemos continuar con programas de regalar cosas, dinero, comida, becas, juegos mecánicos, fiestas, construcciones de cosas innesarias para la población específica y hasta cosas como malos servicios de educación y salud -con los que yo no estoy de acuerdo, pero puedo aceptar que los tengamos. Tampoco es posible buscar presionar por más recaudación si la percepción de corrupción es tan alta. Una administración tributaria haciendo terrorismo, tratando a todos de delincuentes y muy lejos del cumplimiento de la ley, mientras vemos que contrata oficinas de millones de quetzales, mientras el famoso edificio de Finanzas Públicas está medio desierto.

Yo todavía no concibo cómo es que SAT tiene casi el mismo presupuesto que el Organismo Judicial. No me resulta comprensible cómo es que se pretende gastar tanto más en el ente que cobra impuestos, pero no se gasta ni la mitad en la contraloría de cuentas ni se invierte en los tribunales de justicia a los niveles que corresponde.

Creo que es hora de empezar a plantearse cómo sería un país en el que cada 100,000 habitantes cuenta con 1 tribunal de instancia civil y mercantil; por cada homicidio por cada 100,000 habitantes, hay un tribunal de instancia penal. Cada sala de apelaciones no ve más de 2 tribunales de instancia en apelación y la Corte Suprema revisa procesos de incidencia, únicamente, y su jurisprudencia es acatada. Estos procesos, no importa qué, no deberían exceder desde su inicio hasta su última fase en casación de 3 años.

Ahora veamos qué inversión requerimos y reorientemos el presupuesto en ese sentido, eliminando lo más superfluo, hasta que logremos tribunales capaces y aparatos de investigación suficientes. Una vez cumplido eso, iniciemos a ver si gastamos para otros menesteres, fortaleciendo la rendición de cuentas y control del gasto público.

 

Mario E. Archila M. 

 

 

Me sorprenden

losms13

Así parece que son nuestros funcionarios. Me sorprende cómo sueltan una tremenda tontería como crear un impuesto de seguridad.

Seguro que tomaron posesión y nunca se enteraron para qué se crea el Estado. Veamos, pues. Hace muchos años, crea o no en Adán y Eva, hace un chorro de años el ser humano era medio salvaje, medio mono (aunque a algunos no se les ha quitado) y de allí que los grupos sociales primitivos vivían bajo la ley del Tetunte: “El que tiene el tetunte más grande, pone la ley”.
La fuerza bruta daba la autoridad. Como buena manada de primates, se defendía el puesto con quijadas de burro y leños. Claro que el ser humano tiene habilidades superiores a la fuerza bruta. Es así que luego de un par de víctimas de tetuntazos, se descubre que el gorila mayor también tiene que dormir y dormido, el tetunte no sirve de mucho.

La vida, por tanto, es insoportable si la ley del miedo y la fuerza bruta es la que manda. Para ello se desarrollan mecanismos de solución de conflictos que pasan por delegar “autoridad” no poder. Autoridad para resolver quién tiene “derecho”. Consejos de Ancianos, reyes, pretores, sacerdotes, iluminados, etcétera.

Esos mecanismos van desarrollando instituciones, primero religiosas, luego sociales, que se convierten, con el paso del tiempo, en Derecho. Se va reconociendo que si quiero asegurarme que mañana estaré vivo, debo evitar ir a matar o atropellar al vecino. Si me cae mal algo, voy a los “ancianos”, reyes o lo que tenga “autoridad” para que defina quién debe hacer o dejar de hacer por el otro. Ése está autorizado a coaccionar el cumplimiento de lo que decidió.

Estas interacciones son la génesis de lo que luego se convierte en los estados modernos. El primero de ellos, Estados Unidos, allá en 1776. Se conforma, como lo dicen sus documentos fundacionales, para garantizar y proteger “la vida, la propiedad y el derecho a buscar la propia felicidad” de todos. Luego vienen los estados constitucionales europeos de finales del siglo XVIII e inicios del XIX, principiando con Francia. Y las Américas.

Es connatural, por tanto, a la existencia del Estado moderno que la autoridad se delega, principalmente, para dichos fines. Lo demás son adornos (“gracias” Weimar), pero no fundamentales.

Por lo tanto, si las necesidades básicas de un Estado son garantizar y proteger la vida, la propiedad y la libertad, lo que pagamos (ya desde el origen) en tributos, ES para esos fines. Es su causa. Su razón de ser. Ridículo, por tanto, que tengamos que pagar un “impuesto” específicamente para proveernos “seguridad”. Es como que usted vaya a McDonalds, pida un menú y luego que lo paga, le cobren extra por la hamburguesa, pues “con lo que pagó no alcanzó para la hamburguesa del menú”.

El principal análisis es determinar dónde se gasta en lo que no tenga razón fundamental de ser, para ir eliminando dicho gasto superfluo y con ello destruir las fugas del presupuesto. Priorizar el gasto, pues, para que se entienda. Una vez satisfechas a plenitud las razones básicas de ser del Estado, si queremos entrar en la repartición de otros privilegios, pues aceptaremos o no, pagar por ello; pero decirnos que vamos a pagar más por lo que ya es obligación inicial y fundamental, es bien absurdo.

 

Mario E. Archila M. 

 

Foto tomada de: http://marasypandillaslatinas.blogspot.com/2012/07/los-ms-13-la-ms-salvatrucha-13.html

Creo en la humanidad

Afirmación que requiere una ampliación. Mi amiga tuitera Maru Luarca la pide.

En el mundo hay dos visiones predominantes sobre cómo funciona el ser humano en sociedad. La predominante dice que “todos juntos podemos construir un mejor futuro si perseguimos las mismas metas” y la menos aceptada es que “construimos un mejor futuro conforme cada uno pueda escoger sus propias metas”.

El origen, podría ser más atrás, pero para simplificarnos, podemos decir que está en la visión Platónica de la sociedad, la predominante hoy día y la otra, en una visión, si se quiere, más Aristotélica. Platón decía que una clase de personas “especiales” podía decidir por los demás. Aristóteles pedía el ejercicio de virtudes y congruencia de los actos con la realidad.

Llevamos siglos debatiendo el contenido de “bien común”. Unos dicen que es algo que alguien determina por todos y otros, simplemente dicen que es un estado de circunstancias en las que cada uno puede decidir sin coacción arbitraria el camino de su propia felicidad, pues eso es común a todos: buscar cada uno su propia felicidad.

En el mundo vemos que se erigen, por tanto, dos sistemas (con matices entre cada uno) que van de lo colectivo a lo individual.

Dentro de los sistemas colectivistas encontramos el comunismo -de cualquier siglo-, el socialismo, que hay de clase y hasta de empresa (llamado mercantilismo) y dentro de los sistemas individualistas, tenemos algunas expresiones de gobiernos limitados, liberales -clásicos-, libertarismo (estos dos podrían llamarse capitalismo o economías de mercado) y hasta el anarquismo (aunque el anarquismo llega a tal extremo que se convierte en socialismo, por eso es que hay anarquistas de “derecha” y de “izquierda”).

El centro de cada sistema varía. En los colectivistas, el centro de todo es un grupo. El que sea. Su herramienta es el poder. Establecen metas en lo moral, económico y político. Por eso terminan siendo grupos de poder peleando su ejercicio. Quien no tenga un grupo de poder termina desprotegido, anulado, esclavizado.

En el otro lado, los gobiernos son limitados y amarrados en el ejercicio del poder. El centro de todo es el individuo y sus derechos. Se reconoce que cada persona es un fin en sí mismo, por lo que se protege la injerencia en su vida de cualquier externo, sea particular o sea el gobierno mismo.

En los sistemas colectivistas, se anula la capacidad de crear, de pensar, de disentir. Todo se estandariza. Las metas tienen que ser “comunes”. Todo va dirigido a “UN FIN”: el que establezca el grupo. Se premia obstaculizar. Se premia el compadrazgo, las conexiones influyentes, no el talento, pues talento es salirse de la norma, del estándar.

En los sistemas en los que cada individuo es un fin por sí mismo, se proscribe que se le den metas a cada uno para dejarlo SER. Para permitirle buscar el fin de su propia vida. Conseguir sus recompensas según su propia escala de valores. Se prohíbe “UNIFORMARLE LA MENTE”. Es un sistema que busca nuevas soluciones y premia ese talento. Evita la injerencia de terceros y evita la coacción arbitraria.

En el primer sistema se confía en un gobernante para que resuelva tus problemas. En el segundo, se confía en el individuo para que solucione sus problemas y en el camino encuentre formas de solucionarle problemas a los demás… Se premia a quien me resuelve mis problemas. Se premia la creatividad, la inventiva.

 

¿Cuál sistema te gusta más?

 

Mario E. Archila M.

Recursos extraordinarios

Todo pinta a que hay más expertos en derecho en Guatemala que abogados. Lo bueno es que la discusión pública sobre un proceso ha despertado el tema del “debido proceso” y nuestra estructura de tribunales.

Tristemente vivimos en un sistema judicial en el que reina la mediocridad. Hay excelentes profesionales en los órganos jurisdiccionales, seguro que sí, pero no son la regla.

Los primeros responsables: centros universitarios. Se enseña sin fundamento sólido. No hay principios, filosofía, doctrina ni jurisprudencia como ejes de las cátedras. Usualmente se leen los códigos y leyes y se discute sobre su “sentido” e “interpretación”, cuando debe comprenderse que el sistema jurídico, tal como se define un sistema lógico, es cerrado, interrelacionado y armónico.

Es cerrado, pues regula toda la realidad desde dentro.

Es interrelacionado, ya que una norma debe interactuar con otra para lograrse llegar a conclusiones, mientras es jerárquico.

Es armónico, ya que debe encontrarse una solución con las normas dadas, a modo de procurar la interpretación que permita a todas vivir dentro del sistema. No se admiten contradicciones en normas de misma jerarquía, por ejemplo, sino que debe encontrarse con apoyo a ciertos principios, la salida que permita su aplicación o bien expulsar la que causa el problema.

En ese orden, hay mecanismos, procesos, para lograr dichas conclusiones. Primero el proceso intelectual de encontrar las normas aplicables a cada caso. Es acá el momento que distingue a un abogado de otro.

Luego de ese proceso intelectual tendremos el proceso legal como tal. Ya sea la formulación de un contrato o el proceso litigioso, según sea el caso. Dicho proceso tiene, cada uno, sus pasos y reglas para lograr el fin para el que ha sido creado.

En los procesos litigiosos, juicios, tenemos 2 planos de normas. Las normas procesales que en blanco y negro constan en las leyes procesales y las normas “inspiradoras” o los principios, que dan el fundamento para esas leyes procesales. Estos principios son usualmente normas constitucionales, pero otras muchas veces son normas contenidas en las partes generales de los mismos código procesales o bien en la legislación sustantiva.

Es por ello que tenemos 2 tipos de “recursos” (no uso el término recurso en su acepción técnico-jurídica exacta) para resolver “errores” de los tribunales.

Los que afectan la normativa procesal o las conclusiones dentro del proceso: recursos ordinarios como la apelación o bien, los que afectan la normativa “inspiradora” o principios. Es así que los primeros son usualmente “ordinarios” y los segundos, extraordinarios.

Dentro del grupo de extraordinarios, tenemos, en Guatemala, el amparo y la casación.

El amparo es constitucional y se activa cuando se violan principios constitucionales, tales como presunción de inocencia, debido proceso, etc. La casación es un recurso extraordinario, técnico-jurídico, que examina errores judiciales de sentencias. Estos errores son por interpretación de hechos (prueba), aplicación de leyes (error en derecho) o violación procesal.

Estos recursos extraordinarios, sin embargo, deben ser, como su término lo dice, extraordinarios. No obstante, por vicios en la comprensión de ciertos principios y por la existencia de deficiente formación profesional de todos los actores -jueces, abogados, fiscales- termina siendo que los más altos tribunales juzgan “de ordinario” casi todos los casos en Guatemala.

Es así que el primer vicio acá relatado se topa con el segundo gran vicio: un sistema mal diseñado de normativas procesales y recursos.

Menudo reto frente a nosotros. Resolver el embrollo.

Mario E. Archila M. 

La causa en la obligación Tributaria

Hemos estado enfrascados en los temas prácticos de la reforma tributaria. Creo, sin embargo, que la discusión real no ha sido abordada y allí, no habría muchos argumentos para pretender “subir la carga tributaria”.

La Constitución guatemalteca dice “Corresponde con exclusividad al Congreso de la República establecer impuestos… arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo con la equidad y justicia…”

El tema a nivel mediático y de discusión en cada reforma es “nivel de carga” y el vago señalamiento que sin x% de carga del PIB, no llegamos nunca a cumplir los fines previstos…

La Constitución misma señala que las cargas deberán ser establecidas conforme a las necesidades del Estado. Es así que lo que justifica, la causa, la existencia de los tributos y legitima su cobro es precisamente que sean conforme a las necesidades del Estado.

Eso implica que:

1. Debemos conocer y aceptar cuáles son las necesidades previstas.

2. Si las cargas exceden las necesidades previstas, sucedería una especie de enriquecimiento ilícito del Estado.

3. Si los recursos se usan en otro destino, debe la población tener un recurso para revocar su consentimiento al cobro.

El tema se vuelve escabroso, pues las corrientes intelectuales “estatistas” y muchos, con dogma de fe, indican que es un deber pagar, no importa en qué se use. No obstante, es el uso, el destino de los recursos, lo que legitima, constitucionalmente, el tributo.

La principal discusión se ha dejado de lado. Se ha utilizado hasta la Biblia para justificar no entrar en esta discusión. Creo, sin embargo, que es un deber ciudadano cuestionar el uso de los recursos y no permitir que se pretenda cobrar para fines que no se comparten, no son importantes o ni siquiera son fines del Estado.

El plan de gasto de un gobierno central es lo que debe ser discutido y ampliamente comunicado a la población.

Es así que no resulta tan importante, en el mediano y largo plazo, cómo debo pagar, sino si estoy pagando por lo correcto.

Mario E. Archila M.