La defensa tributaria…

Ayer mientras nos entrevistábamos con un posible cliente, me vino a la mente aquel caso que recibí siendo aún estudiante… Un día de febrero de 2015. Ese primer caso que me tocó “ver qué hacía” durante el año que preparaba mis exámenes para graduarme. Mi jefe de aquel entonces salía de viaje ese mismo día.
Hoy, la firma, Archila & Asociados, con sus 51 años encima, suma más de 100 casos activos en sus diferentes instancias.
Estos procesos nacen, casi todos, de acciones de SAT ocurridas con posterioridad a 2009. Tristemente, si bien el volumen de casos aumenta, no ha aumentado, es peor, ha disminuido el nivel de los ajustes. Cada día son menos técnicos, menos analizados y mucho más contrarios a la jurisprudencia “ancestral”.
Da tristeza que la Administración Tributaria se empiece a dedicar a ajustar en aspectos que no tienen sustento.
Criterios que no tienen sustento ni siquiera desde la perspectiva contable básica, no digamos de la ley. Triste que el contribuyente tenga que sufrir acosos de la autoridad fiscal, cuando todo está correctamente operado.
Escuchar distinciones absurdas como “son bajo criterio técnico, la argumentación jurídica es en otra instancia”, simplemente da terror. No hay criterios técnicos fuera de los jurídicos, pues la Administración Tributaria, la SAT, aplica DERECHO TRIBUTARIO, es decir, que es el brazo aplicador del Sistema Tributario. Ese sistema tributario responde a las normas del derecho, no de la contabilidad ni de la gestión financiera.
Si no comprendemos ese punto, seguiremos haciendo distinciones extrañas y sin sentido. En estos 15 años, por dicha, he podido atestiguar que la razón legal debe prevalecer. Las decenas de tratadistas y los cientos de sentencias consultadas en este lapso -tanto locales como extranjeras- dejan muy claro que la contabilidad es lo de menos… La contabilidad debe ser el resultado de la aplicación de la norma jurídica y la norma jurídica es derivada de la aplicación constitucional, de la integridad del sistema jurídico, de la aplicación de todo el DERECHO…
Es así que no tenga pena de contradecir a su contador, siempre y cuando lo haga con la razón del derecho en la mano. No hay tal cosa como “contabilidad fiscal”… Hay contabilidad que se concilia para cumplir con el derecho tributario… Lo que debe prevalecer es, SIEMPRE el Derecho.

Mario E. Archila M.

Reingeniería en SAT… ¿o cambio de paradigma de la política fiscal?

Ayer 6 de enero de 2015 tuve el gusto de ser invitado a Canal Antigua para hablar de la Superintendencia de Administración Tributaria y su fallo de llegar a la meta de recaudación. Decía en la entrevista que el problema es que requerimos un cambio de paradigma en cuanto a todo el tema fiscal.

Hoy, además, me levanto con la noticia que el Ministerio de Finanzas Públicas le adeuda a SAT parte de su 2 % de comisión sobre lo recaudado y que eso debilita a SAT. Vea la noticia acá.  La noticia, sin embargo, no es necesariamente una sorpresa. Confirma algunas sospechas que tengo sobre el manejo de los asuntos tributarios que este gobierno quiere hacer desde que tomó posesión. Entre ellos, convertir a SAT en un ente represor y mecanismo para presionar a enemigos o estorbos para algunos fines… como la propia competencia comercial que pueda existir.

Veamos algunas acciones que indican que vamos por mal camino. Primero, de política tributaria:

1. Los decretos 4-2012 y 10-2012 en cuanto a las facultades legales dadas a SAT. Se deja de estar en un campo de “derecho tributario” para legalizar un “terrorismo fiscal”. El paradigma tras las reformas en estos decretos es que el contribuyente es un ladrón. Se dan facultades para que SAT “muerda y presione” más duro -eufemismo para menos legal- al contribuyente que ya paga.

2. No hay ningún esfuerzo por incorporar nuevos contribuyentes en esas reformas.

3. El 10-2012 elimina la planilla del IVA y reduce la tasa impositiva de las personas individuales a niveles bajísimos. El ISR corporativo sube por subida de tasas y restricción de gasto, no por facilitación y el de personas crea un incentivo negativo a la tributación, pues evita que los contribuyentes individuales sean fiscalizadores de otros contribuyentes. La planilla del IVA lograba ese efecto. Se logra ver así una baja en la recaudación del IVA y en la facturación en general.

4. Crea, el 10-2012, una ley de aduanas inoperante, abusiva, discrecional e infuncional. Tanto que tuvo que ser reformada en su totalidad por otra no menos abusiva y discrecional. ¿Qué efectos tiene esto? Facilita el contrabando “por aduana”. Efecto que el cruce de información de importaciones Banguat y SAT deja ver claramente.

5. Crece el mercado informal o bien se consolida. Al no existir la presión de contribuyentes requiriendo facturas, se fomenta el mercado informal, lo cual, a su vez, facilita la comercialización de bienes contrabandeados.

6. Creación de procedimientos antojadizos en ventanillas de la propia SAT que hacen altamente oneroso trasladarse a la formalidad.

7. Creación de un Impuesto Sobre la Renta que requiere convenios internacionales para funcionar, así como altos costos de asesoramiento profesional para intentar cumplir correctamente con él. Eleva el costo de cumplimiento y eso, obviamente, evita la incorporación de nuevos contribuyentes. Le permite a los grandes contribuyentes, quienes pagan más del 80% de la tributación y son unos 3000 contribuyentes, ser los únicos con capacidades económicas de funcionar legalmente en el país.

8. Se incorporaron reformas que desnaturalizan la función del Directorio de SAT. Deja de ser un ente técnico para convertirse en un instrumento de recaudación. Ya estamos empezando a ver el inicio de la remoción de directores y lo que puede ser un peligro: la elección de nuevos con las mismas agendas de los otros funcionarios que hemos visto se han elegido bajo este gobierno.

Es así que no es un “fortalecimiento de SAT” lo que se necesita, sino un cambio de paradigma que implique:

1. Simplificación del sistema.

2. Abaratamiento de los costos de cumplimiento. Menos trámites, menos requisitos, menos desconfianza hacia el contribuyente.

3. Hacer gasto público únicamente en 2 ó 3 funciones indispensables; hacer el gasto transparente y eliminar la percepción de corrupción.

4. Dejar de pretender contratar a compañías extranjeras. Nuestra SAT es la administración tributaria más cara de Latinoamérica, o por lo menos de las más caras. Encarecer el funcionamiento no puede ser la solución.

5. Otorgarle verdadera independencia a SAT y dotarle de un cuerpo rector técnico o bien obligarle a seguir criterios judiciales que eviten discutir por siempre lo mismo.

6. Dejar de pretender tener leyes tributarias de países con economías desarrolladas y amplias y pudientes clases medias, para voltear a ver modelos fiscales-tributarios de países que estuvieron quebrados y lograron fomentar crecimiento de sus clases medias y eficiencias en sus recaudaciones.

 

Sin eso, no veo bien el 2015 para los contribuyentes…

 

Mario E. Archila M. 

Devuelven líneas telefónicas

Debo confesar que me atoré de la risa escuchando al presidente diciendo que el impuesto a las líneas telefónicas no debía ser trasladado porque iba sobre las líneas asignadas y no sobre minutos. Me reí mucho.

Era de esperarse que se devolvieran todas las líneas telefónicas que no tenían usuario y que no pagaban nada, pues implicaba 2 cosas:

1. Impuesto al patrimonio. En este caso, un patrimonio que por sí mismo no tiene valor, pues equivale únicamente a la capacidad de colocar ese número telefónico al mercado de minutos.

2. Impuesto adicional a la renta, ya que para cubrirlo, debe generarse renta con la venta de minutos de aire u otros servicios, como internet, mensajitos, televisión por cable.

Y el resultado sería previsible. Si el costo no podía ser diluido en los ingresos que se tienen al mes o bien trasladado directamente al usuario de ese número telefónico, imposible que la decisión racional sea pagar Q30,000,000 mensuales (eso es el dinero que acaban de devolver las compañías telefónicas). Es así que si se lo podían ahorrar, se lo ahorrarían.

En cuanto a la forma en que se concibió el impuesto, vale mencionar que no refleja capacidad de pago por sí mismo. Es como decirle al tendero de la esquina que debe pagar un impuesto porque cada botella de gaseosa que podrá comprarle al camión repartidor, sin importar si las llegue a comprar o las llegue a vender en un futuro.

Los indicadores como inventarios -esto era un inventario de líneas disponibles- los activos, hasta los ingresos, no pueden ser criterios para establecer hechos generadores. Es así como ya lo dijo alguna vez nuestra Corte de Constitucionalidad (y lo dice mucha doctrina) al declarar inconstitucional el impuesto a bebidas que se había establecido a razón de Q1.00 por litro o bien Q1.00 por polvo de refresco para hacer 1 litro. Así que el Toki no tiene impuesto gracias a que la Corte de Constitucionalidad dijo que el “litro” no era una medida de capacidad económica, sino de volumen y que la riqueza se generaba cuando se vendía el “litro” y por tanto no podía gravarse algo que puede ser expectativa de renta…

De tal forma que, por simple análisis racional, vemos que el gobierno previó un ingreso millonario por este impuesto, pero ya ha sido reducido en Q360,000,000 y falta aún ver cuántos usuarios devolverán sus líneas extra cuando les digan que para conservarlas tendrán que cargar por lo menos Q10 y quizás, ya no haya cargas “multiplicadas” para menos de cierta cantidad… Eso bajará un poco más la previsión de recaudación.

Era de esperarse… pero la arrogancia de algunos no tiene medida.

Verdaderamente todavía me sorprenden las declaraciones del presidente y saber que la idea viene del partido de oposición… Imagine lo que viene si ganan.

Mario E. Archila M.

El porno para rebajar el IVA… Laffer y las salidas del mercado

Entre los males del porno, resulta que es una bella herramienta para demostrar que una subida en tarifas impositivas no lleva siempre a un alza en la recaudación. En España, el gobierno aprobó un alza del IVA a ciertas actividades, dentro de ellas las culturales, con lo cual llevó el IVA por espectáculos de teatro a la tarifa más alta de IVA en España: 21 %. Como era de esperarse cuando uno entiende de análisis económico de la tributación, es que un alza en un impuesto al consumo afecte la demanda según su elasticidad y, obviamente, eso depende de la utilidad marginal de dicho producto o servicio y sus sustitutos, entre otros factores.

El teatro, como otros muchos espectáculos públicos, puede ser muy sensible al precio final, toda vez que no es de primera necesidad. En el artículo de Prensa Libre, claramente se demuestra esto: “Un estudio de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza  (Faeteda) cuantificó el impacto sobre las artes escénicas de un IVA al 21% en su primer año de aplicación  (septiembre de 2012-agosto de 2013) . Respecto a los 12 meses anteriores, la recaudación bruta de los espectáculos cayó un 26% y la recaudación neta para las empresas, un 34%. El número de espectadores pasó de 13,1 millones a 9,3  (un 29% menos) y se perdieron unos 1.800 puestos de trabajo directos.” (Edición electrónica del 4 de diciembre de 2014).

Es así que el alza en la recaudación no se logra con alza en tarifas. Acá, en esta nota de prensa, lo más interesante es lo bizarro de la solución que una compañía de teatro encontró, tanto para continuar en el negocio aún con el alza de los precios, así como para protestar por tan ridícula gradación de las tarifas del IVA… Resulta que las revistas, incluidas las pornográficas, pagan un IVA preferencial de 4 %. Por ello, la compañía de teatro se convirtió en distribuidora de revistas pornográficas y regaló, con las ediciones de la revista, una entrada para la función de teatro. Así que si un impuesto deja de cumplir con los principios de neutralidad y capacidad de pago, lo mejor, siempre, será encontrar un mecanismo para corregir el problema. A veces lo encuentra el gobierno, a veces lo encuentra el contribuyente…

Lea el artículo de Prensa Libre acá. 

 

Mario E. Archila M.

Ley de Competencia ¿Necesidad, moda compromiso?

Un tema complejo por las disciplinas que se unen en la elaboración de la legislación, su interpretación y aplicación.

Se ha dicho que tenemos ya la obligación de contar con una “ley de competencia” pues se acordó ello en el tratado de libre comercio con la Unión Europea. Es así que surgen algunas dudas respecto a si contamos o no con una ley de competencia. En boca de muchos está  contundentemente que no la teníamos. De esta respuesta depende, entonces, si lo que necesitamos es una ley de competencia o bien una reforma a la actual o lo que tenemos, en caso de responder afirmativamente la primera interrogante, es suficiente. De ello desarrollaremos el contenido de estas páginas.

Ley de Competencia, ¿existe ya?

El Código de Comercio de Guatemala contiene en el Libro II, título II, las normas que corresponden al título referido, denominado “De la protección a la libre competencia”.

Desde 1890 existen regulaciones legales sobre “competencia”, gracias a la denominada “Ley Sherman”. Los efectos en el tiempo son bastante cuestionables. Véase, así, por ejemplo, que Esso Standard Oil fue la primera compañía sancionada con esta ley. Rockefeller fue perseguido como criminal dado que su compañía era demasiado grande. De la aplicación de la ley, surgen 34 empresas más. Sin embargo, hoy día, Exxon-Mobile, la descendente directa de Esso Standard Oil, es la compañía más grande del mundo.

De la misma manera, debe comprenderse que Rockefeller hizo una fortuna impresionante por el hecho de satisfacer mejor que otros y a precios cada vez más accesibles, las necesidades de los consumidores en Estados Unidos del siglo XIX. Es así que un infundado miedo, quizás, llevó a establecer la ley Sherman, para evitar el empleo de ese “tamaño económico” de manera negativa.

Esos miedos han sido bastante superados en los países avanzados y la teoría económica, donde se sabe que no es el tamaño de una empresa el elemento esencial, sino las barreras de entrada y la capacidad de afectar al consumidor inmediato en ese momento dado. Típicamente, las legislaciones de competencia parten del modelo de competencia perfecta, que sabemos es un modelo que permite diseñar escenarios, sin embargo no refleja la realidad, en virtud que es imposible, a priori, conocer la totalidad de la información que el sistema de competencia “perfecto” requiere y mucho menos, que una autoridad de competencia pueda modelar de manera “perfecta” esos escenarios que le permitan predecir el futuro de cierto comportamiento empresarial.

Es así que muchos problemas contemporáneos (trataremos 2 casos reales en líneas venideras) son manifestaciones de los problemas de modelar el escenario, precisamente por la falta de información en los órganos encargados de su aplicación.

El empresario, evidentemente, tiene la información limitada, pero matizada por su nivel de aversión al riesgo, para buscar la mejor estrategia a modo de superar sus costos marginales  o por lo menos lograr equilibrio en los mismos. Esas estrategias pueden ser inversiones a corto plazo, precios bajos -por corto plazo- estrategias de mercadeo, etcétera. La cantidad de variables hacen complejo un sistema de legislación de competencia que pueda actuar como filtro de acciones permitidas y acciones no permitidas (legislaciones de análisis a priori) y otras que requieren mecanismos “correctivos” o sancionatorios. En la jurisprudencia internacional, sin embargo, aún los sistemas correctivos (a posteriori) tienen fallos y permiten poner en duda la verdadera eficacia de estas legislaciones.

Desde la perspectiva jurídica, cualquier regulación debe pasar el examen de la justicia. De tal manera, prácticas que mejoran el rendimiento empresarial, bajan precios al consumidor  o presentan innovaciones importantes en bienes y servicios no pueden ser coartadas por reglas para proteger la “competencia”, cuando la competencia tiene como resultado precisamente bajar precios, mejorar el rendimiento empresarial y provocar innovaciones en bienes y servicios.

Es así que, como apunta Hayek “… en determinados supuestos la existencia del monopolio (o del oligopolio) puede ser deseable consecuencia del correcto funcionamiento de la competencia. Dicho en otras palabras: la competencia ‘habrá cumplido su papel’ aun cuando engendre, por lo menos transitoriamente, alguna situación de tipo monopolista…”

Es así que me he atrevido a expresar que Guatemala ya cuenta con una ley de protección de competencia, basado en el artículo 361 del Código de Comercio que establece que “Todas las empresas tienen la obligación de contratar con cualquiera que solicite los productos o servicios que prestan, observando igualdad de trato entre las diversas categorías de consumidores”.

Citando a Hayek, comprendiendo que “…lo que permite a la gran empresa controlar la conducta ajena (poder) no es tanto el volumen de recursos controlados como la posibilidad de suspender la entrega de mercancías que la gente perentoriamente precisa consumir…” Y agrega que este poder no deriva de la posibilidad de controlar los precios, sino del hecho …” de que la empresa está en situación de discriminar entre los diferentes compradores…”.

Por lo tanto, la obligación que establece la ley es una norma de protección de competencia y contra el ejercicio de poder de mercado. Las normas que siguen se sitúan en el campo de “competencia desleal”, aunque la definición de “competencia desleal” es lo suficientemente amplia como para permitir la incorporación vía jurisprudencial de ciertas figuras que la ciencia económica y la doctrina del derecho económico ya han creado. Se define, así, en el artículo 362 como actos desleales “Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, se considerará competencia desleal y, por lo tanto, injusto y prohibido”.

Es así que como actos contrarios a la buena fe comercial y al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles pueden encontrarse, en el proceso judicial, los pactos colusivos, pactos de restricción de oferta, las protecciones territoriales, entre otros.

El procedimiento es un juicio ordinario que pueden iniciar los particulares, las asociaciones gremiales o la Procuraduría General de la Nación.

¿Suficiente?

Personalmente considero que es suficiente la legislación sustantiva para lograr la regulación que se requiere. Sin duda hay que realizar reformas, pero en la parte procesal.

La principal reforma es en el procedimiento, pero es una reforma general al sistema de justicia, ya que el juicio ordinario se convierte en un largo proceso, lleno de trabas. Es así que para este tipo de procesos debe permitirse en Guatemala:

a) Acción colectiva; de modo que puedan adherirse a un juicio varios consumidores ofendidos por el comportamiento. Acción tipo “class action” en Estados Unidos.

b) La modificación a los procedimientos judiciales para evitar los litigios de forma (con recursos entorpecedores);

c) La acción por la Procuraduría General de la Nación ya existe, pero falta formar a los profesionales dentro de dicha institución para reconocer estas prácticas; y, por último, la más importante:

d) La prohibición del artículo 361 citado anteriormente, debe ser claramente incluida en las acciones legales posibles, ya que hoy día, si no se interpreta el acto 361 como un acto de “competencia desleal” no existe acción judicial posible. He allí que debe modificarse el artículo 364 para incluir claramente en él, la acción por actos “monopólicos”.

Considero positivo que es una acción judicial directa y no como se ha realizado en varios países y se presentó en la charla como lineamiento para la ley local, en cuanto a crear una Superintendencia de Competencia, pues el sistema de control de los actos administrativos involucraría un litigio administrativo en dicha dependencia, entre el infractor y la Superintendencia, lo que impide el acceso como parte al público, a otros agentes económicos y luego, de todas maneras, desemboca en un juicio “contencioso administrativo” que no es más que un juicio “ordinario” de única instancia; entre el infractor y dicha Superintendencia.

Es así que no veo del todo accesible dicha vía, con el inconveniente adicional que una Superintendencia tiende a atender problemas coyunturales y de política, más que verdaderos problemas de competencia. Tenemos que considerar que la evaluación de los funcionarios encargados puede ser fuerte y de corto plazo, a modo que se vean tergiversadas sus funciones reales (“The importante of time in antitrust analysis results from the fact that the policy maker is necessarily concerned with short-un dislocaciones in the market. We could presume that all markets will eventually become competitive, but antitrust is concerned with ensuring that this occurs sooner rather than later. The concern is not unique to antitrust … in the long run all of us will be dead. But the fact does not undermine the state´s concern to protect us from murderers or see to it that we are provided with nutrition and health care”.

Caso ejemplificativo

El caso Nestlé/Perrier, por ejemplo, para citar un caso que demuestra el alto grado de complejidad y en su caso, subjetividad a que se sujeta este tipo de legislación, tenemos que para definir el mercado relevante del producto, “agua embotellada”, se discutió que para unos -Perrier- el mercado relevante era “bebidas no alcohólicas” pues todas ellas tenían la misma función: quitar la sed. La Comisión Europea de Competencia, por su parte, argumentó que el mercado relevante debía ser, no sólo porque el cliente buscaba “quitarse la sed” sino “quitarse la sed con un producto sano -no endulzado”, pero eso llevaba a incluir el agua entubada y por tanto, que Coca-Cola era un potencial entrante, ya que Coca-Cola requiere a sus embotelladores iniciar el proceso con agua potable entubada antes de mezclar el jarabe y las burbujas. Para ello, la Comisión agregó a su definición de mercado relevante “producto líquido para quitarse la sed de una fuente natural que proveyera minerales”. Surge entonces la noción que el agua gasificada puede ser parte del mercado relevante o no.

Es por ello que resulta muy complicado dar poderes de decisión a oficinas gubernamentales, ya que el juego de los términos para incluir o excluir un producto o una situación, puede causar mayores distorsiones a la competencia que simplemente permitir la interacción.

Mario E. Archila M.

República, ¿qué es?

Desde el ahora famoso video de Gloria Alvarez sobre el populismo video Gloria Alvarez se ha llevado alguna discusión respecto al contenido.
La mayoría, totalmente sin fundamento y un ataque directo y ofensivo a Gloria, no a la idea.
¿Importa dónde estudió Gloria para establecer que su idea es errónea? No. Eso es una falacia. ¿Importa dónde trabaja o ha trabajado para declarar que la idea es errónea? No. También sería una falacia. ¿Es la idea sobre la pobreza de un país solo válida si la expresa un pobre? Tampoco. Y así, otro montón de críticas. Las “mejores” que he leído en redes sociales es que “entona mal y se vistió feo” por lo que la idea expresada no puede estar bien. Eso es populismo.
Hay que tener claro que una idea es correcta o no, es un juicio verdadero o falso, por la idea, por el juicio mismo, no por cómo se expresa ni por quién lo dijo.
Es así que resulta bastante fuera de lugar que se pretenda decir que el discurso disfraza la izquierda de “populismo” y “la derecha” de República. Quien piense eso, no entendió el discurso y supongo no entendió porque no sabe qué quiere decir “república”.
Primero vamos a decir que “república” no es una palabra que se pone en el nombre de un país y ya. Así, por ejemplo, tanto la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana serían lo mismo. O el Reino Unido de los Países Bajos y el Reino Unido de la Gran Bretaña no serían “República”.
En una república, el Estado no mata a sus disidentes. En una república, los fines de cada ciudadano son respetados mientras no interfieran con los fines del vecino y no impliquen el uso de la fuerza. En una República, ningún grupo, individuo o mayoría es superior al Derecho. Hay instituciones por encima de los caprichos de cualquier gobernante -tiranía- o capaces de encauzar por el espíritu del derecho a cualquier dictador.
La República no es un concepto adjetivo, de adorno. Es un concepto sustantivo, de esencia.
Regresando con los ejemplos dados, en Gran Bretaña o los Países Bajos (Holanda), hay república, pero son reinos. Esos reyes no son electos democráticamente, pero tienen autoridad -no necesariamente poder, pero sí autoridad- y sus parlamentos son los vehículos representativos.
Así es que no se llaman república, sino reino, pero nadie niega que son dos de los países con mayor respeto y garantía por la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Es tan respetado su sistema, que los tribunales de Londres, Rotterdam y La Haya son utilizados mundialmente para resolver conflictos de toda índole.
A pesar de ser reinos, en esos países es innegable la protección a los derechos básicos e inalienables de todos sus ciudadanos. Los gobernantes ejercen verdadera autoridad. Es tanta la autoridad que ejercen, que a pesar de no tener armas, los policías en Londres mantienen el orden.
En estos países usted nunca oye de represiones contra personas que opinan distinto, el incumplimiento de un contrato se resuelve judicialmente muy rápidamente, pues se respetan derechos. Difícilmente hay un caso de corrupción o abuso de poder en dichos países.
Agregando al tema, recuerde que en Inglaterra, la Cámara Alta del Parlamento, no es electa, sino nombrada por el Rey. Son vitalicios y la Corte Suprema es parte de esa Cámara Alta. Eso garantiza la República, aunque dirán los ultra demócratas que esos sistemas no sirven pues no son “democráticos”.
Allí empieza el tema de fondo. La democracia no garantiza los derechos de nadie. Lo que garantiza los derechos de todos son esos mecanismos que permiten el gobierno de leyes y no de hombres.
El populismo surge cuando esos mecanismos no están implementados o son débiles. No es un tema ideológico, sino de realidad. Si el mecanismo permite que un grupo, individuo o mayoría oprima a otro, ¿a quién le importa si es derecha o izquierda? El populismo, por tanto, se cuela más fácilmente es sistemas democráticos sin limitaciones republicanas o con esas limitaciones muy mal establecidas.
Gran Bretaña o los Países Bajos tienen siglos de existir. Han sobrevivido, a pesar de tener reyes, gracias a que consolidaron sus instituciones republicanas. El rey no es todo poderoso. El parlamento tampoco. Los jueces son independientes de ambos en su actuar. La elección democrática de los representantes parlamentarios no puede servir para oprimir a la minoría que perdió. El primer ministro puede ser removido por incapacidad de gobernar y todos ellos están sujetos a ser procesados ante un juez ordinario. El poder del rey es limitado e imposible de ejercer más, sea por su voluntad o por deseos de algún grupo. Tendría que destruir todo el sistema.
Es por ello que el término “populismo” no se refiere a ideología, sino a perversión del sistema. Se trata de mecanismos de persuasión que buscan:
1. Perpetuar en el ejercicio del poder a un grupo, individuo o supuesta mayoría;
2. Sujetar los derechos de todos a la conveniencia de quien ejerce el poder;
3. Utilizar el puesto de gobierno para la propia conveniencia;
4. Convertir en dependientes del aparato gubernamental a los votantes mayoritarios;
5. Evitar la aplicación de la ley en los que ejercen dicho poder;
Lo que nos lleva a sistemas opresivos, sean de derecha -dictaduras- o de izquierda -tiranías.
En ese sentido, el populismo no es ideológico, sino sistémico. Es una estrategia para esos fines perversos. Pervierte el sistema mismo y busca hacer ver que se actúa dentro del marco legal. La forma prevalece y no la sustancia.

Por ello, si se va a criticar algún concepto, no lo hagamos sobre la forma, sino en su fondo.

Mario E. Archila M.